Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00438-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00438-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00438-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 73001-23-33-000-2021-00438-01 (0551-2024)
Demandante : Eulalia Aguirre Nieto
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
Fomag y Departamento del Tolima
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación por aportes
conforme a la Ley 71 de 1988; maestro vinculado con
posterioridad a la Ley 812 de 2003
Decisión Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la
sentencia del 19 de enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1. Pretensiones.
La señora Eulalia Aguirre Nieto, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la
nulidad del oficio TOL2021EE033731 de 17 de septiembre de 2021, proferido
por la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - Departamento del Tolima, mediante el
cual se niega el reconocimiento de una pensión.
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Cuaderno físico
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Nº Interno: 0551-2024
Demandante: Eulalia Aguirre Nieto
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a las
demandadas a: (i) reconocer y pagar pensión de jubilación, con el 75% de los
factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al
cumplimiento del estatus; (ii) reconocer la compatibilidad entre pensión y
sueldo y; (iii) sufragar los intereses moratorios y las costas procesales.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La accionante nació el 13º de enero de 1962 y labora para la secretaría de
educación del Tolima, en calidad de docente, desde el 10 de septiembre de
2012.
Tuvo vinculaciones también como provisional que datan de 2006 con la
secretaria de educación de Bogotá; asimismo, con órdenes de prestación de
servicios, así como con cotizaciones al instituto de los seguros sociales hoy
Colpensiones.
La entidad negó el reconocimiento pedido a través del acto administrativo
censurado.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
De la Constitución Nacional, artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58.
Leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989, 812 de 2003.
Acto Legislativo 01 de 2005.
Ley 100 de 1993, artículo 279.
Decretos 2277 de 1979, 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978.
La parte demandante expuso que como el régimen pensional de los docentes
vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, es el de las Leyes 33 y 62
de 1985, en su caso se reúnen las exigencias que permiten su reconocimiento.
Sustenta su afirmación en la providencia emitida por la Sección Segunda,
consejero ponente: César Palomino Cortés, del veinticinco (25) de abril de dos
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Nº Interno: 0551-2024
Demandante: Eulalia Aguirre Nieto
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
mil diecinueve (2019), SUJ-014 -CE-S2-2019.
Hace referencias a otras providencias de la misma corporación.
2. Contestación de la demanda.
• Fomag no contestó la demanda.
• El Departamento del Tolima se opuso a todas y cada una de las pretensiones
de la demanda. Formuló como excepciones las que denomina como
inexistencia del derecho reclamado, imposibilidad legal del departamento para
acceder a lo pretendido por inaplicación de las normas y reconocimiento
oficioso de excepciones.
Sobre el estudio de la situación pensional podemos destacar: «Ahora, ha de
tenerse en cuenta, que conforme se demuestra con el certificado de Historia Laboral de la
accionante, la docente EULALIA AGUIRRE NIETO, tiene como fecha de vinculación al servicio
Público de Educación del Departamento del Tolima el 05 de noviembre del 2010, fecha
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003; por lo anterior su régimen pensional
es el estipulado en la Ley 812 de 2003 y 100 de 1993, conforme al cual se obtiene la pensión
a partir de 57 años de edad y 20 años de servicio, por tanto, dicha disposición le es aplicable,
en su integridad, luego para que acceda al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
debe cumplir con los requisitos señalados en las citadas disposiciones, presupuestos que aún
no cumple la actora.».
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia proferida el
diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023), negó las pretensiones
de la demanda (con condena en costas).
Consideró que la actora no reúne el tiempo de servicio como docente oficial,
pues solo aparece acreditado 18 años, 10 meses y 26 días, de modo que no
acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985.
En lo referente a la ley 71 de 1988 sostuvo que: «Así las cosas, y tal como se aprecia
en el documento de identidad de la actora Eulalia Aguirre Nieto, la misma nació el 13 de enero
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Nº Interno: 0551-2024
Demandante: Eulalia Aguirre Nieto
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de 1962, de donde se advierte, que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley de
Seguridad Social - el 01 de abril de 1994-, la misma tenía 32 años de edad; igualmente se
observa que para dicha calenda, la accionante había prestado sus servicios por un periodo de
2 años y 10 meses, ya que esta se vinculó a la docencia desde el 01 de febrero de 1997; en
tal sentido, no existe asomo de duda para esta Colegiatura, que la aquí demandante no
acreditó ni el requisito de edad, ni el de tiempo de servicios para ser acreedora del régimen
de transición aludido.
No obstante lo anterior, la Sala concluye que si bien a la accionante en este proveído se le
niega el derecho a la pensión pretendida con base en la ley 33 de 1985, por el hecho de no
encontrase acreditados los 20 años de servicios exigidos la precitada disposición, se deja claro
que el periodo causado con posterioridad a la petición efectuada al ente previsional podrá
alegarse para completar los 20 años de servicio como docente oficial y así obtener la
prestación conforme a la Ley 33 de 1985.».
4. El recurso de apelación:
4.1 La parte demandante formuló alzada contra la anterior decisión. Esgrimió
que el Tribunal no tuvo en cuenta el tiempo de servicio laborado en el Colegio
Bachillerato Académico Rosarista entidad que lo certifica como al servicio del
Municipio de Ibagué como docente rural, toda vez que Funimedis funcionaba
como una cooperativa de tercerización laboral la cual recibía el rubro del ente
territorial para el pago de honorarios al docente.
Periodo que se refiere a los periodos comprendidos entre el 7 de febrero y el
30 de noviembre de 2011, así como entre el 27 de febrero y el 14 de diciembre
de 2012, para un total de 1 año, 7 meses y 8 días.
Teniendo en consideración ese periodo emerge en sentir de la recurrente el
reconocimiento a la luz de la Ley 33 de 1985.
Si tal escenario no es acogido solicita que se estudie su situación en los
términos de la Ley 71 de 1988, computando para ello las semanas cotizadas
a Colpensiones.
5. Alegatos de conclusión
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En auto del 10 de abril de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para
alegar; no obstante, la actora presentó escrito donde insistió en la revocatoria
de la sentencia apelada con fundamento en las razones explicitadas en
precedencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo de Tolima, que negó las pretensiones. Para el efecto se
analizará si (i) a la accionante le asiste derecho al reconocimiento de la
pensión de jubilación conforme la Ley 33 de 1985 o la por aportes prevista en
la Ley 71 de 1988 o, por el contrario, carece de razón, pues su vinculación a
la docencia oficial pese a que es anterior a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, no reúne la totalidad de tiempo de servicios en el servicio docente,
es decir, sin incluir tiempo laborado a través de órdenes de prestación de
servicios como tampoco lo cotizado al Instituto de los Seguros Sociales hoy
Colpensiones.
Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Hechos
probados; y 2.3 Caso concreto.
2.1. Marco normativo y jurisprudencial.
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En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de
jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20
años de servicio y llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión
vitalicia de jubilación liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos
devengados durante el último año». Posteriormente, sus derechos
pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el
derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que acumularan 20
años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio».
Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía
como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes.
En estos términos, el Fondo tiene dentro de sus funciones, reconocer la
pensión de jubilación, post mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la
sustitución pensional.
Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes
afiliados a dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los
empleados del sector público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b)
de la Ley 91 de 1989 según el cual “para los docentes vinculados a partir del
1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se
nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de
Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).
En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
corresponderá al equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año de servicios, también lo es que, no especificó los requisitos de
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reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen atendiendo
a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 2,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto
teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional
establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del
artículo 279 de esta normativa.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que
el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos
y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de
Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma disposición,
modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los
gastos de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las
horas extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa
que, en todo caso, “las pensiones de los empleados oficiales de cualquier
orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de
base para calcular los aportes”.
Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones
de cómo se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto
que como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las
condiciones fijadas, en las ya mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
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Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.
Radicado 68001233100020110027601.
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Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario", puesto que a través del artículo 813 introdujo importantes
cambios en el régimen de los docentes oficiales, con el fin de incorporar a este
sector al sistema de seguridad en pensiones regulado por la Ley 100 de 1993.
En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al
servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa]
ley»; sin embargo, enseguida reguló que los docentes oficiales vinculados a
partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al
Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres».
El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de
la Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en
relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso
que “El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido
para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley
812 de 2003”.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado
cambio legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25
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Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto
Nacional 3752 de 2003.
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de abril de 20194, en la cual estableció que para definir el régimen pensional
que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes
nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de
partida la fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos
términos quedó explicado en la citada sentencia:
«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».
De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para
quienes se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27
de junio del mismo año5, la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación
sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985,
los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la
Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo”6.
Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de
la Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley
812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 7. Esto quiere decir,
que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse
en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
4
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
5
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
6
0937-2017. MP César Palomino Cortés.
7
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo
3 del Decreto 3752 de 2003.
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69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».
En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les
aplicaran las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años.
Requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio. Monto: 75%.con un IBL
o Componente temporal: del último año anterior a la adquisición del derecho a
la pensión, en consideración de la compatibilidad del ejercicio de la docencia
con el goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la Ley 224 de
1972; o último año de prestación de servicios, según corresponda.
En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les
aplicará las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años.
Requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Monto: el que resulte de aplicar las reglas
previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el
tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos 10 años o toda la vida
laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con
antelación a la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley
91 de 1989 que, a su vez, remite al «[…] régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional», contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945
y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la
Ley 33 de 1985.
Es importante destacar, aunque parezca de Perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985,
solo permite sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.
2.1.3 La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance.
Antes de la expedición de la Ley 71 de 1988, no era posible que los
trabajadores del sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido
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en los dos sectores para efectos de obtener su derecho pensional, esto traía
como consecuencia que unos y otros no logran en varias oportunidades
completar el tiempo para acceder a dicha prestación.
A través de esta, el legislador buscó dar solución a esta contingencia
consagrando la “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según el
artículo 7º de esta disposición, como aquella que se obtiene sumando los
tiempos de cotización en el sector público y privado. De acuerdo con ello, a
partir de esta normatividad, los empleados oficiales y públicos y los
trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y 60 años si es
varón, y 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias
entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, con los efectuados
ante el I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante
la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual
particular u oficial y la legal y reglamentaria.
Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la
Ley 71 de 1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios
de pensión que existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado
en el artículo 11º de la misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las
leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de
1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en
materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de
los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades
de previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales
y jurídicas que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e
invalidez".
La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que
con anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones
no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el
tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión
social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido
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a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros
Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era
procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a
diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes
entidades de previsión social oficial o al ISS".
En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por
aportes se convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y
los trabajadores particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su
historia laboral, independientemente de si estas tuvieron origen en el sector
público o privado, para cubrir su riesgo de vejez.
La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que
ha tenido la expedición de la Ley 71 de 1998 al consagrar la pensión por
aportes. Sobre dicha prestación, esta Corporación8 también se ha
pronunciado de la siguiente manera:
«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la
Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los
trabajadores del sector privado era diferente al aplicable a los servidores
públicos, al punto de que por regla general no era posible, para efectos de la
pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de vínculo laboral. Para
remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual, en su
artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación
por acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los
tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»
De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad
para empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos
pensionales.
2.1.4 Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988,
a los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-
000-2005-05520-01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
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Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión
había salvado el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a
partir de la sentencia del 30 de enero del 2025 con radicado interno 0391-2022,
acompañó la posición mayoritaria de la Sala, en la que se determinó que la
Ley 71 de 1988 si era aplicable a los docentes estatales.
Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
llegó a la mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de
conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala expresó en esta oportunidad
varios razonamientos que dan lugar a esta interpretación. En síntesis, fueron
los siguientes:
En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal
b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional» lo que significa que
dicha expresión también incluye que puedan ser beneficiarios de la Ley 71 de
1988 puesto que esta normativa está dirigida a todos los empleados públicos en
general, sin hacer exclusión expresa de algún sector.
En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989
no remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes
no hacen parte de la categoría de «empleados oficiales» 9 a los que esta última
norma gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que
esta última ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del
sector público nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985
es la única aplicable a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden
ser desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en
su artículo 11, analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado
de manera sistemática con el 7 por ser parte de un mismo texto legal y referirse
a igual materia, determinó que su contenido y las disposiciones que quedaron
vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de
1985, junto con la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos mínimos» en
materia de pensiones y sustituciones pensionales aplicables «al sector público
en general y en todos los niveles».
En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales
deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para
que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen pensional
de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral referido trae
como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado vinculado
a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno de sus
9
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los clasificó en
su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
14
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apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban
cobijados por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados
oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la
excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley
disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que tal enunciado
normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a los docentes
no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71 de
1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen
una interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente,
sino además de ello, corresponden a una interpretación que materializa el
principio de favorabilidad en materia laboral consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política. Ciertamente, considerar que la denominada pensión por
aportes creada por la Ley 71 de 1988, es aplicable a los docentes oficiales,
conlleva a la obligación de optar por la situación más favorable al empleado,
incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones posibles, como en
el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley
91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional» podría acogerse una
primera interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó
la Ley 71 de 1988, y una segunda, que sí los incluye, bajo la idea que los
docentes como empleados públicos también pueden acceder al régimen
pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley 71 de 1988, postura que
fue expuesta por la Sala.
De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una
interpretación finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos
precedentes, tenía como objetivo que cualquier empleado del sector público o
privado, contara con la posibilidad de sumar sus cotizaciones, sin importar el
origen del sector en donde éstas fueron causadas, en tal sentido, considerar
que los docentes no tienen derecho a sumar sus aportes a la luz de dicha
normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho a la igualdad
de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71 de
1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados
públicos, oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los
15
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excluiría, y con ello se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de
aquellos que no puedan obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.
Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes
también puedan acumular las semanas sin importar que cambien de
empleador, permite sin duda que se materialice el derecho fundamental a
percibir una pensión de vejez, que solamente tiene origen en el trabajo
continuado del trabajador que espera en algún momento recibir el ahorro que
ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.
2.1.5 Marco normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación
por aportes.
Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se
aplique la Ley 71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio
docente público oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que
entró en vigencia la Ley 812 del mismo año. Cumplida esta condición, y en el
evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la pensión por
aportes, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a
una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas».
Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre
de 1994, de la siguiente manera:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el
artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
16
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Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en
cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez
se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación
de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad
profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la
más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por
aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de
previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al
Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto
deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión
de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación.
El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario
mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo
lo previsto en la ley».
Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una
pensión de jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados
oficiales y trabajadores cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de
previsión de cualquier orden y en el ISS (hoy Colpensiones); 2) que cumplan
la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.
De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar
esta pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario
promedio base para los aportes durante el último año de servicios, en
aplicación de lo estipulado en los artículos 6º. y 8º. del Decreto 2709, así como
de los factores previstos en la Ley 62 de 1985 y demás normas posteriores
17
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que creen prestaciones sociales con carácter salarial, y en consecuencia,
sirven de base para calcular los aportes a pensión.
2.2. Hechos probados.
• Cédula de ciudadanía10 de la actora, que da cuenta que nació el 1º de enero
de 1962.
• Constancia expedida el 21 de enero de 2002, por el Director del núcleo de
desarrollo educativo en la que consta11 que la accionante laboró a través de
órdenes de prestación de servicio por los siguientes periodos:
Contrato Periodo Institución Municipio
educativa
Orden de trabajo 1 de febrero a 30 ERM La Colonia Villarrica
municipal de noviembre de
1997
Orden de trabajo 1 de febrero a 30 ERM La Colonia Villarrica
municipal de noviembre de
1998
Orden de trabajo 1 de febrero a 30 ERM Riolindo Villarrica
municipal de noviembre de
1999
Orden de trabajo 1 de febrero a 30 ERM La Colonia Villarrica
municipal de noviembre de
2000
Orden de trabajo 1 de febrero a 30 Instituto Técnico Villarrica
municipal de noviembre de Agrícola Luis
2001 Brutamente
En total laboró a través de órdenes de prestación de servicios 4 años y dos
meses.
10
Samai otras corporaciones 00035, 23_EXPEDIENTEDIGITAL_004_DEMANDA(.pdf) NroActua 35
11
Samai otras corporaciones 00035, 23_EXPEDIENTEDIGITAL_004_DEMANDA(.pdf) NroActua 35
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• Certificado expedido12 por la Secretaria de Educación de Bogotá donde la
solicitante trabajó por el interregno comprendido desde el 17 de marzo de 2006
hasta el 30 de julio de 2010, lo que se traduce en 4 años, 4 meses y 13 días.
• Formato único para la expedición de certificado de historia laboral del del 19
de julio de 2021, donde se acredita13 que la accionante trabajó desde el 04 de
noviembre hasta el 10 de diciembre del 2010, laboró para la secretaria de
Educación del Tolima por 1 mes y seis días.
• Certificado expedido14 por el Rector del Colegio Bachillerato Académico
Rosarista el 11 de julio de 2016, donde indica que la peticionaria trabajó para
dicha institución por los periodos comprendidos entre el 7 de febrero y el 30 de
noviembre de 2011, así como entre el 27 de febrero y el 14 de diciembre de
2012, para un total de 1 año, 7 meses y 8 días.
• Reporte15 de semanas cotizadas a Colpensiones del 7 de mayo de 2021, con
99 semanas.
• El 13 de febrero de 2025, la Sala solicitó el formato de la Fiduprevisora S.A.
único actualizado para la expedición de tiempo de servicio.
• Dicha prueba, del 1 de abril de 2005 proveniente de la Profesional
especializada Talento Humano de la Secretaria de Educación del Tolima, fue
remitido al plenario y obra en el folio 00017 de Samai y se le dio traslado. De
ella podemos destacar que se acreditó tiempo de servicios entre el 10 de
septiembre de 2012 y el 31 de octubre de 2024, para un total de 11 años, 0
meses y 21 días.
Actuación administrativa.
• Oficio TOL2021EE033731 de 17 de septiembre de 2021, por medio del cual
12
Samai otras corporaciones 00035, 23_EXPEDIENTEDIGITAL_004_DEMANDA(.pdf) NroActua 35
13
Samai otras corporaciones 00035, 23_EXPEDIENTEDIGITAL_004_DEMANDA(.pdf) NroActua 35
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la entidad negó la solicitud prestacional que aquí se reclama.
2.3. Caso concreto.
La señora Eulalia Aguirre Nieto acude en sede de nulidad y restablecimiento
del derecho para solicitar el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes, con el 75% de los factores salariales devengados en el año anterior a
la adquisición del estatus pensional.
El Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda, al
estimar que a la actora no reúne las exigencias para el reconocimiento de una
pensión de jubilación a la luz de la Ley 33 de 1985.
También se hizo el análisis bajo los términos de la Ley 71 de 1988 pero dicha
Colegiatura estimó que no era aplicable por remisión de la Ley 100 de 1993
comoquiera que no estaba en régimen de transición.
La demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, por
cuanto el Tribunal no tuvo en cuenta el tiempo de servicio laborado en el
Colegio Bachillerato Académico Rosarista entidad que lo certifica como al
servicio del Municipio de Ibagué como docente rural, toda vez que Funimedis
funcionaba como una cooperativa de tercerización laboral la cual recibía el
rubro del ente territorial para el pago de honorarios al docente.
Este análisis impone el reconocimiento pensional en los términos de la Ley 33
de 1985. Sí no es así, se debe otorgar conforme la Ley 71 de 1988.
En el sub lite se tiene que la demandante (i) nació el 13 de enero de 1962; (ii)
laboró como docente en la secretaría de educación del Tolima a través de
órdenes de prestación de servicios, entre el 1 de febrero de 1997 y el 30 de
noviembre de 2001, para un total de cuatro (4) años y dos meses; prestó
sus servicios como docente en la Secretaria de Educación de Bogotá por el
interregno comprendido entre el 17 de marzo de 2006 y el 30 de julio de 2010,
lo que se traduce en 4 años, 4 meses y 13 días; (iii) reporte de Colpensiones
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de 99 semanas que equivale a 1 año, 10 meses y 24 días; y (iv) prestó sus
servicios a la Secretaria de Educación del Tolima como docente por dos
periodos: desde el 04 de noviembre hasta el 10 de diciembre del 2010 y entre
el 10 de septiembre de 2012 y el 31 de enero de 2024, para un total de 11
años, 1 mes y 27 días.
En el mismo certificado se indica que tuvo cuatro (4) meses y tres (3) días de
licencia no remunerada.
De acuerdo con lo anotado en el acápite precedente, aquellos docentes cuya
vinculación sea anterior al 27 de junio de 2003 tendrán derecho a adquirir la
pensión de jubilación que tratan las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985 o 71 de
1988 (en caso de acumulación de tiempos públicos y privados). Por su parte,
los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003).
En este orden de ideas, dado que la accionante se vinculó al servicio oficial
docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (5 de abril de
1976), efectuó aportes al entonces ISS, prestó sus servicios a través de
contratos de servicios y al Fomag por más de 20 años de servicios, resulta
evidente que el régimen prestacional aplicable a su caso es el de la Ley 71 de
1988 y el Decreto 2709 de 1994 y, en ese sentido, al tener más de 55 años de
edad (cumplidos el 13 de enero de 2017), el estatus pensionado lo adquirió
el 1 de noviembre de 2022 cuando reúne los veinte años de servicios,
tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, con
inclusión de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último
año de servicios, en aplicación de lo estipulado en los artículos 6º. y 8º. del
Decreto 2709.
Debe decirse que el tiempo laborado a través de contrato de prestación de
servicios celebrados con la secretaria de educación del Tolima por los
interregnos del 1 de febrero a 30 de noviembre de 1997; del 1 de febrero a 30
de noviembre de 1998; del 1 de febrero a 30 de noviembre de 1999; del 1 de
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febrero a 30 de noviembre de 2000; y del 1 de febrero a 30 de noviembre de
2001, serán tenidos en cuenta comoquiera que en aplicación del principio de
la realidad sobre las formas16, es relevante para el reconocimiento de la
pensión de jubilación de los docentes oficiales17.
Esta determinación, implica de contera que, el periodo correspondiente al
Colegio Bachillerato Académico Rosarista no se tendrá en cuenta luego que
ya aparece reflejado en el reporte de Colpensiones bajo la cotización que
efectuó la Fundación Funimedes. Además, debe tenerse en cuenta que al
tratarse de una entidad privada18este tiempo no podía ser tomado en cuenta
para el reconocimiento pensional en los términos de la Ley 33 de 1985.
Por otro lado, resulta oportuno precisar que, por ser el derecho pensional de
carácter imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en
cualquier época por los interesados. Contrario sensu, para el caso de las
mesadas pensionales adeudadas, el legislador ha establecido el fenómeno de
la prescripción, de manera que se pagan solamente las causadas hasta tres
(3) años antes de la fecha en que se haya formulado la correspondiente
reclamación ante la demandada, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de
196819.
En el caso sub examine, el reconocimiento prestacional se efectuará a partir
de la adquisición del estatus jurídico de jubilada de la actora (1 de noviembre
16
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado :17001-
23-33-000-2020-00038-01 (6307-2022), Demandante: Miguel Ángel González Vélez
17
Sobre este punto, es del caso decir que, si bien la Ley 60 de 1993 contemplaba la posibilidad de vincular docentes
por contratos de prestación de servicios, parágrafo uno del artículo 6, mediante sentencia C- 555 de 1994, la Corte
Constitucional lo declaró inexequible, por violación del principio de igualdad. En ese sentido, el principio de primacía
de la relación laboral supone el reconocimiento de los emolumentos económicos laborales y se logra a través de un
proceso judicial donde se busque dicha pretensión, y aunque en este expediente este no sea su propósito, en aras
de materializar esa garantía constitucional se tiene por relevante el tiempo prestado por contratos cuyo objeto sea la
docencia.
18
https://colegiorosarista.edu.co/ En la página web de la institución educativa se define como una institución:
COLEGIO DE BACHILLERATO ACADEMICO ROSARISTA DE IBAGUE (NO OFICIAL), PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL “CONSTRUYENDO UNA NUEVA CULTURA”. Más adelante, en su reseña histórica se dice:”
Nuestra Institución fue fundada en el mes de diciembre del año 1996 por FRANCISCO COVALEDA Y LUCILA
SUAREZ CARDOZO. Su primera sede estaba ubicada en la avenida Guabinal Nº 19-68 Bario Interlaken, en las
instalaciones pertenecientes a la Cooperativa de Maestros y Empleados de la Educación del Tolima (COOPEMTOL).
en los años 1997 y 1998 se conocía con el nombre de” COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”
19
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, El simple reclamo escrito del empleado o
trabajador ente la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero sólo por un lapso igual».
22
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de 2022) sin lugar a declarar la prescripción.
Por último, la Sala advierte que si bien la letra g del artículo 19 de la Ley 4ª de
199220 se refiere a las asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor
beneficiarían a los docentes oficiales pensionados, no quiere decir que se
excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con posterioridad, habida
cuenta que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa época
favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con
la regulación vigente a la promulgación de la citada Ley, razón por la cual no
es dable condicionar la pensión de jubilación de la demandante a la
desvinculación del servicio, máxime cuando le es reconocida su prestación en
virtud de la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes21.
Razones suficientes para revocar la sentencia que negó pretensiones y en su
lugar se anula el oficio TOL2021EE033731 de 17 de septiembre de 2021, por
los cuales la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag le negó la
pensión de jubilación por aportes y se ordenará su reconocimiento a partir del
1 de noviembre de 2022.
Las sumas que deberá sufragar la accionada se actualizarán de acuerdo con la
fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará al multiplicar el valor
histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el
índice inicial (vigente a la fecha de la causación de la prestación). La fórmula que
debe aplicar la entidad demandada es la siguiente:
R = Rh. índice final
índice inicial
20
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que
provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúanse las siguientes asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados».
21
En igual sentido, ver sentencia de esta sala de decisión de (ii) 25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-
000-2013-01579-01 (3862-2014), C. P. César Palomino Cortés.
23
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Se aclara que, por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula
debe aplicarse mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento
de la causación de cada uno de ellos.
2.4. Condena en costas.
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que
dichas normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las
costas, lo cual implica examinar la actuación procesal de la parte vencida,
verificar con certeza su causación y constatar que la conducta desplegada
revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado adverso del
proceso.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se
revocarán las impuestas en primera instancia y se abstendrá de imponerlas en
esta sede.
III. DECISIÓN
Visto lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal Administrativo del
Tolima, que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar en su lugar,
se declarará la nulidad del oficio TOL2021EE033731 de 17 de septiembre de
2021, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (Fomag) reconocer y pagar pensión de jubilación por aportes a
la actora a partir del 1 de noviembre de 2022, con el 75% de los factores sobre
los cuales efectuó cotizaciones durante el año de servicios anterior a esa
fecha, en aplicación de lo consagrado en la Ley 71 de 1988 y en los artículos
6º y 8º del Decreto 2709 de 1994, así como de los factores previstos en la Ley
62 de 1985 y demás normas posteriores que creen prestaciones sociales con
carácter salarial.
24
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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. - REVOCAR la sentencia del 19 de enero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda
en el proceso instaurado por la señora Eulalia Aguirre Nieto contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (Fomag), por las razones expuestas; en su lugar:
DECLARAR la nulidad del oficio TOL2021EE033731 de 17 de septiembre de
2021, por medio del cual se negó a la demandante la pensión de jubilación por
aportes.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar pensión de
jubilación por aportes a la actora a partir del 1 de noviembre de 2022, con el 75%
de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el año de servicios
anterior a esa fecha, en aplicación de lo consagrado en la Ley 71 de 1988 y en
los artículos 6º y 8º del Decreto 2709 de 1994, así como de los factores previstos
en la Ley 62 de 1985 y demás normas posteriores que creen prestaciones
sociales con carácter salarial, conforme a la parte motiva.
La accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, teniendo en
cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial
La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo previsto en
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Nº Interno: 0551-2024
Demandante: Eulalia Aguirre Nieto
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro
el artículo 192 del CPACA.
SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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