Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2022-00012-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2022-00012-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2022-00012-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintiséis (26) de Febrero de Dos mil Veintiséis (2026)
Radicado: 18001-23-33-000-2022-00012-01 (2816-2025)1
Demandante: Gladys Salazar Salazar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación Ley 33 de
1985, (docente vinculado antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003).
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Tercera de Decisión, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada; providencia
corregida por medio del auto del Treinta (30) de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025),
dictado por la misma corporación.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1.1. Pretensiones
1. La señora Gladys Salazar Salazar, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de la Resolución No.1399
1
Expediente electrónico.
2
El demandante presentó reforma a la demanda, la cual fue admitida mediante auto del 30 de septiembre de 2022, actuaciones
visibles en el Tribunal de origen, índice 00023 de Samai, expediente digital, archivos «15_ED_14REFORMADEMANDA(.pdf)
NroActua 25», páginas 3 a 19 y; «18_ED_17AUTOADMITEREFORMA(.pdf)».
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Número Interno: 2816-2025
Demandante: Gladys Salazar Salazar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
del Dos (02) de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020), por medio de la cual la Secretaría
de Educación Departamental del Caquetá le negó la pensión de jubilación.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) el reconocimiento de la pensión de
jubilación de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985; (ii) el pago de manera
retroactiva a partir del Ocho (8) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), fecha en que
adquirió el estatus de pensionada y; (iii) el pago de las sumas debidamente indexadas
desde la fecha de causación hasta la fecha de la sentencia.
3. Como pretensión subsidiaria, solicitó (i) el reconocimiento de la pensión vejez conforme
a la Ley 812 de 2003, en concordancia con la Ley 100 de 1993, en caso de considerarse
que no cumple con los requisitos para el reconocimiento, teniendo en cuenta el tiempo
que laboró por orden de prestación de servicios y el tiempo que ha laborado por
nombramiento provisional y en propiedad; (ii) el pago de las costas y agencias en derecho
y; (iii) que se hagan las demás declaraciones y condenas a que haya lugar de manera
extra y ultra petita de conformidad con el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social.
1.1.2 Hechos
4. La señora Gladys Salazar Salazar, nació el Ocho (08) de Febrero de Mil Novecientos
Sesenta y Tres (1963), es decir que, a la fecha de la presentación de la demanda 3,
contaba con Cincuenta y Ocho (58) años de edad.
5. Adujo que, laboró como docente por orden de prestación de servicios sin hacer aportes
a pensión en la Escuela Rural Mixta El Zafiro y Cachingal de Puerto Guzmán - Putumayo,
desde el Primero (1°) de Octubre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) y el Veinte
(20) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995).
6. Asimismo indicó que, ejerció funciones como docente y realizó aportes al sistema de
seguridad social, en períodos anteriores al Veintitrés (23) de junio de Dos Mil Tres (2003),
fecha en que entró en vigencia la Ley 812 de 2003, como docente para el Municipio de
Curillo y el Fondo Educativo Departamental, en distintos períodos comprendidos entre el
3
17 de enero de 2022, actuaciones del Tribunal de origen, índice 00023 de Samai, archivo «15_ED_14REFORMADEMANDA(.pdf)
NroActua 25», páginas 3 a 19.
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Número Interno: 2816-2025
Demandante: Gladys Salazar Salazar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Primero (1) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) y el Trece (13) de junio
de Dos Mil Tres (2003), mediante diversas modalidades de vinculación provisional,
contrato de trabajo y OPS.
7. De otra parte, enfatizó que, durante el tiempo en que se desempeñó como docente
mediante contrato, orden o autorización de prestación de servicios en los Departamentos
de Putumayo y Caquetá, prestó el servicio de manera personal, recibió remuneración y
estuvo sujeta a subordinación de los rectores y a las directrices de las respectivas
Secretarías de Educación, ejerciendo las mismas funciones que un docente de planta.
8. Expuso que, posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y antes de ser
nombrada en provisionalidad, continuó prestando sus servicios como docente contratada
por el Fondo Educativo Departamental desde el Primero (1°) de Agosto de Dos Mil Tres
(2003) hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo año. Asimismo, indicó que, ha
laborado como docente oficial nombrada desde el Veintiséis (26) febrero de Dos Mil
Cuatro (2004) hasta el Ocho (08) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018).
9. En ese sentido, determinó que, el Ocho (08) de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018),
fecha en la cual alcanzó la edad de Cincuenta y Cinco (55) años, acreditaba un total de
8265 días de tiempos de servicio a la docencia, equivalentes a Veintidós (22) años, Once
(11) meses y Doce (12) días.
10. Afirmó que, el Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil Veinte (2020), solicitó el
reconocimiento de la pensión de jubilación ante la Secretaría de Educación del Caquetá;
sin embargo, mediante Resolución No. 001399 del Dos (2) de diciembre de Dos Mil Veinte
(2020), la entidad le negó la prestación al considerar que, le era aplicable el régimen
previsto en la Ley 812 de 2003 y el sistema de prima media establecido en la Ley 100 de
1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
1.2. Concepto de violación
11. La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes:
12. Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 13, 23, 48, 53 y 243.
Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 1.
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Número Interno: 2816-2025
Demandante: Gladys Salazar Salazar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Leyes 33 de 1985, artículo 1 y; 812 de 2003, artículo 81.
13. Señaló que, los actos administrativos demandados desconocieron la existencia de
una verdadera relación laboral encubierta bajo contratos y órdenes de prestación de
servicios, pese a que la actora desempeñó funciones propias de un docente de planta,
de manera personal y bajo subordinación, con lo cual se vulneró el principio de primacía
de la realidad sobre las formas.
14. Alegó que, la administración aplicó de manera errónea el régimen general previsto en
la Ley 100 de 1993, desconociendo el régimen especial del Magisterio, el cual le es
aplicable por haberse vinculado al servicio educativo con anterioridad a la expedición de
la Ley 812 de 2003.
15. Finalmente, indicó que, los períodos laborados con anterioridad a la entrada en vigor
de dicha ley, independientemente de si fueron objeto de cotización o no, debían sumarse
para efectos del reconocimiento pensional, dado que cumplía con los requisitos de edad
y tiempo de servicio previstos en las Leyes 33 y 62 de 1985. Asimismo, sostuvo que, el
acto administrativo cuestionado adolece de falsa motivación, pues no realizó una
valoración integral de los tiempos trabajados ni consideró adecuadamente la verdadera
naturaleza de su labor como docente.
2. Contestación de la demanda4
16. La Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG, a través de apoderado
judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda al señalar que, no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a lo establecido en la Ley 33 de
1985, toda vez que, la vinculación con el FOMAG fue posterior al Veintisiete (27) de Junio
de Dos Mil Tres (2003), razón por la cual le resultan aplicables las disposiciones de la
Ley 100 de 1993.
17. Propuso las excepciones, que denominó: «litisconsorcio necesario por pasiva»; «legalidad de
los actos administrativos atacados de nulidad»; «inexistencia de la obligación con fundamento en la ley» ;
«caducidad»; «prescripción» y; «genérica».
4
Actuaciones del Tribunal de origen, índice 00023 de Samai, expediente digital, archivo «14_ED_13CONTESTACIONDEMAND(.pdf)
NroActua 25».
5
Número Interno: 2816-2025
Demandante: Gladys Salazar Salazar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
3. Sentencia de primera instancia5
18. El Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Tercera de Decisión, mediante sentencia
del Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte accionada, así:
«Primero. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 1396 del 2 de
diciembre de 2020, expedida por la secretaría de educación del Departamento de Caquetá, por
medio de la cual se niega el reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora Gladys
Salazar Salazar, y a título de restablecimiento del derecho se ordena a la Nación — Ministerio
de Educación — FNPSM, lo siguiente.
• Reconocer y pagar a favor de la señora Gladys Salazar Salazar, una pensión de jubilación
equivalente al 75% del promedio de las cotizaciones efectuadas durante el año anterior a la
adquisición de su estatus jurídico respectivo (8 de febrero de 2017 a 8 de febrero de 2018), con
inclusión únicamente de los factores salariales descritos en la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales
se hubiesen efectuado cotizaciones, ello con efectividad desde el 8 de febrero de 2018 y en
adelante las mesadas que se causen.
• Pagar las mesadas adeudadas de manera actualizada de conformidad con la formula (sic)
expuesta en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Denegar las demás pretensiones de la demanda.
Tercero. Condenar en costas a la parte demandada en favor de la demandade (sic) Gladys
Salazar Salazar. Por Secretaría liquídense y como agencias en derecho establézcase el 4% de
las pretensiones de la demanda. Respecto de las costas por concepto de expensas y honorarios,
serán reconocidas en la medida de su comprobación por parte de la Secretaría de este Tribunal.
[…]».
19. Como fundamento de la decisión, adujo que, no era posible desconocer las
vinculaciones que tuvo la señora Gladys Salazar Salazar como docente entre 1994 y
2003, aun cuando algunas de ellas se hubieran realizado mediante órdenes de prestación
de servicios, pues, cuando fue nombrada a través del Decreto 908 del Diecisiete (17) de
febrero de Dos Mil Cuatro (2004), con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, ya
ostentaba previamente la condición de docente.
20. En ese sentido, expuso que, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades y tratándose de docentes oficiales, estimó procedente contabilizar
el tiempo durante el cual la demandante laboró para el Estado bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
21. De otra parte, encontró acreditado que, la accionante cumplió los 55 años de edad el
Ocho (8) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), fecha en la cual ya contaba con más
5
Actuaciones del Tribunal de origen, índice 00017 de Samai.
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Número Interno: 2816-2025
Demandante: Gladys Salazar Salazar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
de 20 años de servicio, consolidando así su estatus pensional, dado que, laboró por más
de dos décadas en el servicio docente oficial y su vinculación inicial ocurrió antes de la
Ley 812 de 2003, aunque hubiera mediado interrupciones o contratos a término fijo.
22. Por lo anterior, concluyó que, a la demandante le resulta aplicable el régimen previsto
en la Ley 33 de 1985 y, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en
un monto equivalente al 75% del promedio de las cotizaciones efectuadas durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional, incluyendo únicamente
los factores salariales previstos en la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieran
realizado aportes.
23. Por otro lado, determinó que, no se configuró la prescripción trienal de las mesadas,
toda vez que, la demandante adquirió el estatus de pensionada el Ocho (8) de febrero de
Dos Mil Dieciocho (2018), presentó la solicitud de reconocimiento el Diecisiete (17) de
septiembre de Dos Mil Veinte (2020) y, acudió a la jurisdicción el Veintinueve (29) de
marzo de Dos Mil Veintidós (2022).
24. Finalmente, señaló que, la actora reúne la totalidad de los requisitos legales para el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación reclamada, por lo que la obligación
recae en el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – FOMAG, como entidad a la cual se encontraba afiliada al momento de
adquirir el estatus pensional y última responsable de la recepción de los aportes
correspondientes.
25. La anterior sentencia fue corregida por medio del auto del Treinta (30) de mayo de
Dos Mil Veinticinco (2025)6, en virtud de solicitud de la parte actora. En esta providencia
se resolvió:
Primero. Corregir la sentencia proferida el 29 de enero de 2025 por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este auto.
En consecuencia, se corrige el ordinal primero de la sentencia, el cual quedará así:
«Primero. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 1396 del 2 de
diciembre de 2020, expedida por la secretaría de educación del Departamento de Caquetá, por
medio de la cual se niega el reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora Gladys
Salazar Salazar y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación — Ministerio
de Educación — FNPSM, lo siguiente.
6
Samai-Tribunal- índice 41.
7
Número Interno: 2816-2025
Demandante: Gladys Salazar Salazar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
• Reconocer y pagar a favor de la señora Gladys Salazar Salazar, una pensión de jubilación
equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados durante el año
anterior a la adquisición de su estatus jurídico (8 de febrero de 2017 al 8 de febrero de
2018), con inclusión únicamente de los factores salariales descritos en la Ley 62 de 1985 y
sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones, ello con efectividad desde el 8 de febrero
de 2018 y en adelante las mesadas que se causen.
• Pagar las mesadas adeudadas de manera actualizada de conformidad con la formula (sic)
expuesta en la parte motiva de esta providencia. […]».
26. En ella sostuvo el Tribunal que, incurrió en un error meramente formal, pues, en el
ordinal primero de la parte resolutiva de la providencia se indicó que la prestación social
reconocida se calcularía del «75% del promedio de las cotizaciones efectuadas durante el año
anterior a la adquisición de su estatus jurídico» y; en el capítulo 2.6.1 de la parte motiva de la
providencia con relación a liquidación de la demandante, señaló que se determinaría «con
el ingreso base de liquidación equivalente al 75% de los factores salariales devengados durante el año
inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus pensional siempre que correspondan con los descritos
en la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones», motivo por el cual
corrigió dicho ordinal, en lo que respecta los factores que se deben de tener en cuenta
en la liquidación de la pensión, sin que ello implique modificación de fondo de la decisión
adoptada.
4. El recurso de apelación7
27. La Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio FOMAG, impetró recurso de apelación, contra la sentencia de
primera instancia, en procura que se revoque lo allí decidido y, en su lugar, se nieguen
las pretensiones de la demanda.
28. Como fundamento de la alzada, adujo que, conforme a la Ley 91 de 1989 y al artículo
81 de la Ley 812 de 2003, la demandante se encuentra sometida al régimen de prima
media, por haberse vinculado al servicio educativo oficial con posterioridad a la entrada
en vigencia de dicha ley, específicamente desde el Veintiséis (26) de Febrero de Dos Mil
Cuatro (2004), razón por la cual no le resulta aplicable la Ley 33 de 1985.
29. Finalmente, manifestó su inconformidad con la liquidación ordenada en la sentencia
apelada, al considerar que se incluyeron factores salariales no cotizados, como la
«bonificación mensual», lo cual contraviene lo dispuesto en la sentencia SUJ-014 -CE-S2 -
7
Actuaciones del Tribunal de origen. índice 00020 de Samai.
8
Número Interno: 2816-2025
Demandante: Gladys Salazar Salazar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
2019 del Consejo de Estado8.
5. Trámite de segunda instancia
30. Por medio de auto del Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)9, el
consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247
del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó
al Despacho para fallo. La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Asimismo, el
Ministerio Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
31. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
32. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 328 10 del Código General del
Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
33. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le
corresponde a la Sala establecer, si se revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de
Caquetá, Sala Tercera de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Para el efecto se analizará:
8
M.P César Palomino Cortés.
9
Samai - índice 00004.
10
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».
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Número Interno: 2816-2025
Demandante: Gladys Salazar Salazar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
34. Si a la accionante le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
conforme la Ley 33 de 1985, con ocasión del régimen de transición de la Ley 812 de
2003.
35. Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Pruebas recaudadas; y 2.3 Caso
concreto.
2.1. Marco normativo y jurisprudencial
36. En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada con el
75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año» . Posteriormente, sus
derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el
derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que acumularan 20 años de
servicio y cumplieran 55 años, liquidada con el 75% «del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio».
37. Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio concebido como una cuenta especial de la Nación, que tenía como finalidad
realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo
tiene dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro
por vejez, de invalidez y la sustitución pensional.
38. Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).
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Número Interno: 2816-2025
Demandante: Gladys Salazar Salazar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
39. En ese orden, aunque si bien es cierto que, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo
es que, no especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite
al régimen vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese
régimen atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 11,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en
cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley
100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.
40. De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la
edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de
esta misma disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que, la
base de liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos
de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones de
los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes”.
41. Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo
se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en las ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de
1985.
42. Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que, a través del
11
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.
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Número Interno: 2816-2025
Demandante: Gladys Salazar Salazar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
artículo 8112 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes oficiales, con
el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones regulado por la
Ley 100 de 1993.
43. En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la
entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, enseguida reguló que los docentes oficiales
vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al
Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de
pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres».
44. El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que, “el régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.
45. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201913,
en la cual, estableció que, para definir el régimen pensional que regula el derecho a la
pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o
territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio
educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:
«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la
12
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de
2003.
13
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
12
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entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».
46. De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que, para quienes
se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año14, la liquidación
de la pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde “ al mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los
factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo” 15.
47. Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley
812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son
beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100
de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81
de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 16. Esto quiere decir,
que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo
previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y no la
regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones […]».
48. En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicarán
las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años. Y de tiempo o semanas:
20 años de servicio con un monto: 75% con un IBL o Componente temporal del último
año anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en consideración de la
compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista
por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según
corresponda.
14
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
15
0937-2017. MP César Palomino Cortés.
16
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del Decreto
3752 de 2003.
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49. En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les aplicará
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito de tiempo
de servicios, según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y
el monto del que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos
10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
50. De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», contenido en los
artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado
por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
51. Es importante destacar, aunque parezca de Perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite
sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.
2.2. Pruebas recaudadas.
52. Cédula de ciudadanía17 de Gladys Salazar Salazar que da cuenta que, nació el Ocho
(08) de Febrero de Mil Novecientos Sesenta y Tres (1963).
53. Mediante escrito del Primero (1) de septiembre de (1994), el alcalde municipal de
Puerto Guzmán, solicitó a la demandante prestar sus servicios como docente en la
escuela rural mixta El Zafiro, núcleo educativo de José María, a partir del Primero (1°) de
Octubre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) hasta el Diecisiete (17) de
Diciembre del mismo año por «el sistema de contrato»18.
54. Contrato 0026 del Cinco (5) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995)19, por
parte del Fondo Educativo Regional FER, el cual tiene como objeto prestar los servicios
como docente en la escuela mixta del municipio de Puerto Guzmán a partir del Primero
(1) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995) al Treinta (30) de junio de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995).
17
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00036 de Samai, archivo «60_ED_31RESPUESTASED(.pdf) NroActua 36», página 8.
18
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00023 de Samai, archivo «15_ED_14REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 23», página
24.
19
Ibid, página 28 a 29.
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55. Memorando No. 094 del Catorce (14) de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y
Cinco (1995), donde el coordinador de novedades y hojas de vida del Fondo Educativo
Regional, le comunica a la demandante que ha sido nombrada como docente de la
Escuela Rural Mixta Cachingal del Municipio de Puerto Guzmán, a partir del Veintidós
(22) de Agosto hasta el Veinte (20) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco
(1995)20.
56. Decreto Municipal No. 009 del Primero (1°) de Febrero de Mil Novecientos Noventa y
Seis (1996), por medio del cual se nombra provisionalmente a la demandante como
docente, para la concentración Escolar Angel Cuniberti y se fija su remuneración21.
57. Decreto Municipal No. 058 del Veinticinco (25) de Mayo de Mil Novecientos Noventa
y Seis (1996) por medio del cual se nombra provisionalmente a la accionante como
docente por el término de 4 meses y se fija su remuneración22.
58. Certificado emitido por la directora de Núcleo Educativo José María, que acredita que
la señora Gladys Salazar Salazar, laboró como docente en la institución educativa de
Cachingal Núcleo Educativo de José María del Municipio de Puerto Guzmán bajo el
sistema de contrato municipal y contrato del Fondo Educativo Regional desde el Primero
(1°) de Febrero de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) hasta el Quince (15) de
Enero de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996)23.
59. Certificado del Cuatro (4) de julio de Dos Mil Dos (2002), emitido por la Secretaría de
Educación departamental de Caquetá, que acredita que la señora Gladys Salazar
Salazar, laboró como docente de la siguiente manera24:
20
Ibid, página 31.
21
Ibid, páginas 32 a 34.
22
Ibid, páginas 35 a 36.
23
Ibid, página 37.
24
Ibid, página 44.
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60. Decreto No. 000908 del Diecisiete (17) de Febrero de Dos Mil Cuatro (2004), por
medio del cual fue nombrada provisionalmente, para desempeñar el cargo de docente en
el Centro Educativo El Libertador sede Curillo Medio ubicada en el área Rural del
municipio de Curillo25.
61. Resolución No. 001152 del Dieciséis (16) de Noviembre de Dos Mil Cuatro (2004), por
medio de la cual se reconoce el grado de Normalista Superior a la docente Gladys Salazar
Salazar a partir del Quince (15) de Julio de Dos Mil Cuatro (2004), y se acredita que
labora por nombramiento provisional en el Centro Educativo El Libertador sede Curillo
Medio26.
62. Decreto No. 0000979 del Dos (02) de Diciembre de Dos Mil Ocho (2008), por medio
del cual se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la demandante y se
dispuso su designación en periodo de prueba27.
63. Decreto 000281 del Diez (10) de Febrero de Dos Mil Diez (2010), por medio del cual
la demandante fue nombrada en propiedad como docente en el Centro Educativo El
Libertador del Municipio de Curillo - Caquetá28.
64. Formato Único de Certificado de Historia, con consecutivo número 706, expedido el
Siete (7) de diciembre de (2007) por la secretaria de educación del Putumayo29, la cual
certifica que para los periodos del Primero (1) de febrero de Mil Novecientos Noventa y
25
Ibid, página 49.
26
Ibid, páginas 50 a 51.
27
Ibid, páginas 52 a 53.
28
Ibid, páginas 55 a 56.
29
Ibid, páginas 70 a 72.
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Cinco (1995) al Treinta (30) de junio siguiente, y del Veintidós (22) de agosto de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995) al Veinte (20) de diciembre del mismo año, la
demandante no cotizó.
65. Certificado de Tiempo de Servicio como docente expedido por la Secretaría de
Educación del Departamento del Caquetá, del Cuatro (4) de abril de Dos mil Once
(2011)30.
66. Certificado del Doce (12) de Agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), emitido por el
secretario de Gobierno del Municipio de Curillo - Caquetá, que acredita que la señora
Gladys Salazar Salazar, laboró como docente de la siguiente manera 31:
30
Ibid, página 61.
31
Ibid, páginas 59 a 60.
17
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67. Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones emitido por COLPENSIONES a fecha
Veintidós (22) de Julio de Dos Mil Veinte (2020)32.
32
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00023 de Samai, archivo «15_ED_14REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 23», páginas
63 a 67.
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68. Resolución No. 001399 del Dos (02) de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020) 33, por
medio de la cual, la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, le negó a la
demandante, el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, de conformidad con
la solicitud radicada por la demandante bajo el radicado el Doce (12) de septiembre de
Dos Mil Diecinueve (2019)34.
69. Formato Único de Certificado de Historia, con consecutivo número 778, expedido el
Ocho (08) de Febrero de Dos Mil Veintiuno (2021), emitido por la Secretaría de Educación
del departamento del Caquetá35.
70. Certificado de salarios por parte de la Secretaría De Educación del Departamento de
Caquetá del Ocho (8) de enero de Dos Mil Veinte (2020)36, donde se enlista los factores
salariales de la accionante desde el Primero (1) de enero de Dos Mil Trece (2013) hasta
el (30) diciembre de Dos Mil Quince (2015).
71. Certificado de salarios por parte de la Secretaría de Educación del Departamento de
33
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00023 de Samai, archivo «15_ED_14REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 23», páginas
21 a 23.
34
Actuaciones del Tribunal de origen, índice 00023 de Samai, archivo «60_ED_31RESPUESTASED.pdf», página 29.
35
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00023 de Samai, archivo «15_ED_14REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 23», páginas
70 a 72.
36
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00023 de Samai, archivo «15_ED_14REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 23», página
73.
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Caquetá del Ocho (8) de enero de Dos Mil Veinte (2020)37, donde se enlista los factores
salariales devengados por la accionante desde el Primero (1) de enero de Dos Mil
Dieciséis (2016) hasta el (30) diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), tales como la
asignación básica, la bonificación mensual docente, la bonificación pedagógica, la prima
de servicio, la prima de vacaciones y la prima de navidad.
72. Durante el proceso se escucharon los siguientes testimonios:
Audiencia de pruebas del 20 de octubre de 2023
Identificación Testimonios
Nohoralba Lozano
Angarita, Minuto 15:25 y en adelante de la grabación:
Amiga de la
demandante. Indicó que, es docente de profesión desde hace 35 años, mencionó que, conoció a la profesora
Gladys Salazar mientras la testigo fungía como secretaria en el año 1994. Expresó que, la
demandante se fue a trabajar en Puerto Guzmán – Putumayo, porque la habían contratado. Por
otro lado, señaló que, la demandante cumplía las funciones de docente y que además de dichas
funciones en lo rural se cumplían otras labores adicionales. Manifestó que, en el año 1995 trabajó
en la Escuela Rural Mixta y posteriormente laboró en la Escuela Cachingal. Adicional, indicó que
se vinculó al municipio de Curillo por medio de contratos y reemplazos. Por otra parte, expuso
que, posterior a 1997, logró que el departamento de Caquetá le otorgara contrato por medio de
prestación de servicios, nombramientos provisionales y que, hasta la fecha está trabajando en
la Escuela Rural El Libertador. Expuso además que la demandante se encuentra con
complicaciones de salud. La testigo mencionó que primero fue secretaria y que ella quería ser
docente y que, en el municipio de Curillo la nombraron como docente y trabajó por orden de
prestación de servicios varios años. Dijo que a los docentes les exigían bastante trabajo, algunas
veces duplicando el trabajo al laborar por medio de prestación de servicios. Señaló que, al ser
docentes rurales, al ser citados al centro o al núcleo, tenían que desplazarse al mismo. Comunicó
que en las labores como docentes, tenían que cumplir con horas extras y con sobrecarga de
trabajo. Declaró que, las clases impartidas y sus horarios eran establecidas por las instituciones
y los jefes inmediatos y que, el docente no tenía derecho a descanso. Afirmó que, los contratos
de prestación de servicios, para la época, eran suscritos con la Secretaría de Educación38.
Celso Heladio Pérez
Guevara, Minuto 56:00 y en adelante de la grabación:
Amigo de la
demandante. Manifestó que, trabaja como docente desde el año 1996 y que desde hace 24 años conoció a la
demandante cuando fueron vinculados por la Alcaldía Municipal de Curillo donde les hicieron un
nombramiento provisional. Indicó que, la demandante trabajó en la vereda El Conquistador y la
vincularon a las escuelas de las veredas. Expresó que, vienen laborando como compañeros de
trabajo en diferentes veredas. Dijo que, trabajó con la Alcaldía hasta 1999 y que luego pasaron
al departamento donde les hicieron un contrato de 3 a 4 meses. Declaró que, posteriormente
fueron vinculados en la Secretaría de Educación por nombramiento provisional. Expuso que la
demandante pasó un concurso y fue nombrada por mérito y que hasta la fecha ha venido siendo
nombrada gracias a dicho concurso. Indicó que, en su carrera docente estuvo por contrato de
prestación de servicios y en nombramiento provisional. Señaló que, cumplían con las mismas
funciones que los empleados de planta. Sostuvo que, la labor para impartir las clases, se cumplía
en la escuela así como los horarios y que, no daban clases fuera del contexto. Declaró que, no
podían ausentarse en ningún momento y que los permisos se los pedían al alcalde o al secretario
de educación. Finalmente añadió que, era el mismo municipio quien hacía los contratos y que
luego pasaron a la entidad territorial donde se repetían las circunstancias.39
2.3. Caso concreto.
37
Ibid, página 74.
38
Sistema de Audiencia de la Rama Judicial, identificación 18001233300020220001200,
https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/share/f5bb428d-0116-4007-bd5c-e01b761073c2, Grabación de Audiencia de
Pruebas, índice 00044 de Samai, minuto 15:25 y en adelante de la grabación.
39
Sistema de Audiencia de la Rama Judicial, identificación 18001233300020220001200,
https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/share/f5bb428d-0116-4007-bd5c-e01b761073c2, Grabación de Audiencia de
Pruebas, índice 00044 de Samai, minuto 56:00 y en adelante de la grabación.
20
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73. En el sub lite se tiene que la demandante, nació el Ocho (08) de febrero de Mil
Novecientos Sesenta y Tres (1963)40, por lo que, cumplió los Cincuenta y Cinco (55) años
de edad, el Ocho (8) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018).
74. Conforme a las pruebas oportuna y legalmente aportadas al expediente, la señora
Gladys Salazar Salazar acreditó los siguientes tiempos públicos:
Períodos
Empleador Cargo Total Días
Desde Hasta
Municipio de Puerto
Docente OPS 78
Guzmán41 01/10/1994 17/12/199442
Municipio de Puerto
Docente OPS 150
Guzmán43 01/02/1995 30/06/199544
Municipio de Puerto
Docente OPS 121
Guzmán45 22/08/1995 20/12/199546
Municipio de Curillo 47 Docente provisional 05/02/1996 10/12/1998 1040
Docente contrato de
Municipio de Curillo 48 317
trabajo 18/01/1999 30/11/1999
Municipio de Curillo 49 Docente OPS 17/01/2000 10/06/2000 146
Municipio de Curillo50 Docente OPS 11/07/2000 30/11/2000 143
Municipio de Curillo51 Docente provisional 24/04/2001 31/05/2001 38
Municipio de Curillo52 Docente contrato laboral 01/06/2001 15/12/2001 198
Municipio de Curillo53 Docente contrato laboral 15/01/2002 15/12/2002 335
Municipio de Curillo54 Docente OPS 31/03/2003 13/06/2003 75
Municipio de Curillo55 Docente OPS 01/08/2003 31/10/2003 92
Municipio de Curillo56 Docente OPS 01/11/2003 30/11/2003 30
Secretaría de Educación Docente
1754
Departamental de Caquetá57 provisional 26/02/2004 14/12/2008
40
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00036 de Samai, archivo «60_ED_31RESPUESTASED(.pdf) NroActua 36», página 8.
41
Actuaciones del Tribunal de origen, índice 00023 de Samai, archivo «15_ED_14REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 23», página
24.
42
Actuaciones del Tribunal de origen, índice 00023 de Samai, archivo «15_ED_14REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 23», página
4, según el escrito de la reforma a la demanda, el apoderado de la demandante señaló que para dicho periodo la accionante no realizó
aportes a pensión.
43
Ibid, página 28 a 29.
44
Actuaciones del Tribunal de origen, índice 00023 de Samai, archivo «15_ED_14REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 23», página
58, según certificado de historia laboral de la secretaría de educación del departamento del Putumayo, para dicho periodo no cotizó.
45
Actuaciones del Tribunal de origen, índice 00023 de Samai, archivo «15_ED_14REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 23», página
31.
página 31.
46
Actuaciones del Tribunal de origen, índice 00023 de Samai, archivo «15_ED_14REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 23», página
58, según certificado de historia laboral de la secretaría de educación del departamento del Putumayo, para dicho periodo no cotizó.
47
Ibid, página 59.
48
Ibid.
49
Ibid, página 59.
50
Ibid, página 44.
51
Ibid, página 45.
52
Ibid, página 59.
53
Ibid.
54
Ibid, página 61.
55
Ibid.
56
Ibid, página 61.
57
Ibid
21
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Secretaría de Educación Docente
459
Departamental de Caquetá58. periodo de prueba 15/12/2008 18/03/2010
Secretaría de Educación Docente
3980
Departamental de Caquetá59 propiedad 19/03/2010 08/02/202160
Total: 24 años, 6 meses y 6 días
8956
75. En ese sentido, aquellos docentes oficiales cuya vinculación sea anterior al Veintisiete
(27) de Junio de Dos Mil Tres (2003) tendrán derecho a adquirir la pensión de jubilación
previstas en las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 71 de 1988. Por su parte, los educadores
que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder a la pensión de vejez
contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 9 de la
Ley 797 de 2003).
76. Así las cosas, dado que, la demandante se vinculó con anterioridad a la Ley 812 de
2003, el Primero (1) de octubre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), le resultan
aplicables a su situación pensional, las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989 y, en ese sentido,
al tener más de 55 años de edad, cumplidos el Ocho (8) de febrero de Dos Mil Dieciocho
(2018) y más 20 años de servicios públicos, tiene derecho al reconocimiento de la pensión
de jubilación, la cual se hace efectiva desde la fecha de adquisición del estatus jurídico
respectivo y liquidada en un monto equivalente al 75% del IBL calculado con el promedio
de la asignación básica devengada durante el año anterior a la adquisición del estatus
jurídico pensional y los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones, en aplicación de lo
consagrado en las Leyes 33 y 62 de 1985.
77. Debe decirse que, el tiempo laborado a través de órdenes de servicio o contratos de
prestación de servicios, celebrados con los municipios de Puerto Guzmán y Curillo del
Caquetá, serán tenidos en cuenta comoquiera que, en pronunciamiento de esta Sala61,
se ha considerado que la prestación del servicio docente por órdenes de trabajo o
contratos de prestación de servicios es válida para efectos del reconocimiento de la
pensión y, en aplicación del principio de la realidad sobre las formas62, es relevante para
el reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales 63.
58
Ibid, página 61.
59
Ibid.
60
Fecha del certificado.
61
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), Radicado
:76001233300020210010801 (0560-2025).
62
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado :17001-23-33-000-2020-
00038-01 (6307-2022), Demandante: Miguel Ángel González Vélez
63
Sobre este punto, es del caso decir que, si bien la Ley 60 de 1993 contemplaba la posibilidad de vincular docentes por contratos
de prestación de servicios, parágrafo uno del artículo 6, mediante sentencia C- 555 de 1994, la Corte Constitucional lo declaró
22
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78. En el caso sub examine y teniendo en consideración el alcance del recurso de alzada
presentado por la parte demandada, la Sala considera que no le asiste razón al señalar
que, el ingreso a la docencia oficial fue el Veintiséis (26) de febrero de Dos Mil Cuatro
(2004), posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, toda vez que, la
demandante prestó sus servicios en calidad de docente por OPS desde el Primero (1) de
octubre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) al municipio de Puerto Guzmán, por
lo tanto, la accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
conforme a la Ley 33 de 1985.
79. La Sala resalta que, frente al argumento consistente en que el fallo de primera
instancia, ordenó la liquidación de la pensión de jubilación de la docente con el 75% de
los factores salariales, incluyendo la «bonificación mensual», en contravía de lo establecido
en la sentencia SUJ-014 -CE-S2 -2019 del Consejo de Estado64, la Sala reitera la regla
de unificación65 orientada a establecer que el ingreso base de liquidación de las
pensiones de los docentes regidos por la Ley 91 de 1989, debe ser integrado por los
factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes, de acuerdo con el
artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
80. Al respecto, dicha norma, prevé:
«ARTÍCULO 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de
Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su
remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los
efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales
a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando
se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados;
horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los
empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que
hayan servido de base para calcular los aportes». (Resalta la Sala)
81. La sentencia del Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida
por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Tercera de Decisión, corregida por medio
inexequible, por violación del principio de igualdad. En ese sentido, el principio de primacía de la relación laboral supone el
reconocimiento de los emolumentos económicos laborales y se logra a través de un proceso judicial donde se busque dicha
pretensión, y aunque en este expediente este no sea su propósito, en aras de materializar esa garantía constitucional se tiene por
relevante el tiempo prestado por contratos cuyo objeto sea la docencia.
64
M.P César Palomino Cortés.
65
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-014 -CE-S2 -2019 de 25 de abril de 2019, expediente
680012333000201500569-01 (935-2017), C. P. César Palomino Cortés.
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del auto del Treinta (30) de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), dictado por la misma
corporación, quedó en los siguientes términos:
«Primero. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 1396 del 2
de diciembre de 2020, expedida por la secretaría de educación del Departamento de Caquetá,
por medio de la cual se niega el reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora
Gladys Salazar Salazar y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación —
Ministerio de Educación — FNPSM, lo siguiente.
• Reconocer y pagar a favor de la señora Gladys Salazar Salazar, una pensión de jubilación
equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados durante el año
anterior a la adquisición de su estatus jurídico (8 de febrero de 2017 al 8 de febrero de
2018), con inclusión únicamente de los factores salariales descritos en la Ley 62 de 1985 y
sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones, ello con efectividad desde el 8 de
febrero de 2018 y en adelante las mesadas que se causen.
• Pagar las mesadas adeudadas de manera actualizada de conformidad con la formula (sic)
expuesta en la parte motiva de esta providencia. […]».
82. En ese sentido, la sentencia del Tribunal fue clara al ordenar que la pensión se
liquidara con inclusión únicamente de los factores salariales descritos en el artículo 1º de
la Ley 62 de 1985 y respecto de los cuales se hubiesen efectuado las correspondientes
cotizaciones. Dicha disposición consagra de manera taxativa los factores que integran la
base de liquidación, dentro de los cuales no se encuentra la bonificación mensual; sin
embargo, en el caso de los docentes oficiales la Sala ha precisado que66, existen algunos
emolumentos que fueron creados con posterioridad a la Ley 62 de 1985 y los mismos por
disposición legal tienen carácter salarial para ser parte de las cotizaciones, en ese orden,
deberán igualmente incluirse en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación,
siempre que se acredite que fueron devengados por el docente. A saber, a través del
Decreto 1566 de 2014 se creó la bonificación mensual efectiva a partir del 1° de junio
de 2014, la cual ha sido fijada año a año y es factor salarial con efectos legales para el
cálculo de los aportes. No obstante, en este caso, no es posible realizar un análisis
completo de lo devengado por la demandante, y como debe ser integrado el IBL de la
prestación, en virtud del principio de la non reformatio in pejus, que proscribe hacer más
gravosa la situación del FOMAG, como apelante único.
83. Por otro lado, resulta oportuno precisar que, por ser el derecho pensional de carácter
imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en cualquier época por los
interesados. Contrario sensu, para el caso de las mesadas pensionales adeudadas, el
legislador ha establecido el fenómeno de la prescripción, de manera que se pagan
66 C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), Radicado : 52001-23-33-
000-2020-01145-01(2539-2024).
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solamente las causadas hasta tres (3) años antes de la fecha en que se haya formulado
la correspondiente reclamación ante la demandada, conforme al artículo 41 del Decreto
3135 de 196867.
84. En el caso sub examine, se tiene que, la demandante adquirió el estatus jurídico de
pensionada el Ocho (8) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), radicó la correspondiente
solicitud de reconocimiento el Doce (12) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019)68
e, interpuso la demanda el Diecisiete (17) de enero de Dos Mil Veintidós (2022)69, razón
por la cual, en la presente oportunidad no se configuró el fenómeno de la prescripción de
mesadas.
85. En este punto, la Sala advierte que, el A-quo de manera errónea señaló como fecha
de la solicitud de reconocimiento el Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil Diecinueve
(2019) y, como fecha de interposición de la demanda el Veintinueve (29) de marzo de
Dos Mil Veintidós (2022); sin embargo, como en el presente asunto no se configuró el
fenómeno jurídico de la prescripción, la Sala no modificará ese aspecto.
86. Finalmente, la Sala precisa que, el A-quo omitió señalar que, en el caso que no se
hayan efectuado los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, durante el
tiempo laborado a través de órdenes de prestación de servicios, las entidades de
previsión deben adelantar las gestiones necesarias para su cobro, puesto que son
necesarias para la financiación de la prestación reconocida, por lo tanto, se adicionará
en ese sentido el numeral primero de la sentencia de primera instancia.
87. Siendo así las cosas, la Sala procederá a confirmar parcialmente la sentencia de
primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pero por
las razones expuestas a lo largo de este proveído.
2.4 Condena en costas.
88. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
67
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde
que la respectiva obligación se haya hecho exigible, El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ente la autoridad competente
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
68
Actuaciones del Tribunal de origen, índice 00023 de Samai, archivo «60_ED_31RESPUESTASED.pdf», página 29.
69
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», página 41.
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presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, se
revocarán las impuestas en primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta sede.
89. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del Veintinueve (29) de enero
de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
Tercera de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda;
providencia corregida por medio del auto del Treinta (30) de mayo de Dos Mil Veinticinco
(2025), dictado por la misma corporación, conforme a lo expuesto en el presente proveído.
SEGUNDO: ADICIONAR el numeral primero de la sentencia del Veintinueve (29) de
enero de Dos Mil Veinticinco (2025), que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Tercera de Decisión;
providencia corregida por medio del auto del Treinta (30) de mayo de Dos Mil Veinticinco
(2025), dictado por la misma corporación, la cual quedará así:
«Primero. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 1396 del 2 de
diciembre de 2020, expedida por la secretaría de educación del Departamento de Caquetá, por
medio de la cual se niega el reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora Gladys
Salazar Salazar, y a título de restablecimiento del derecho se ordena a la Nación — Ministerio
de Educación — FNPSM, lo siguiente.
• Reconocer y pagar a favor de la señora Gladys Salazar Salazar, una pensión de jubilación
equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados durante el año anterior a
la adquisición de su estatus jurídico (8 de febrero de 2017 a 8 de febrero de 2018), con inclusión
únicamente de los factores salariales descritos en la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se
hubiesen efectuado cotizaciones, ello con efectividad desde el 8 de febrero de 2018 y en adelante
las mesadas que se causen.
• Pagar las mesadas adeudadas de manera actualizada de conformidad con la fórmula expuesta
en la parte motiva de esta providencia.
• En el caso que no se hayan efectuado los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones,
durante el tiempo laborado a través de órdenes de prestación de servicios, las entidades de
previsión deben adelantar las gestiones necesarias para su cobro, puesto que son necesarias
para la financiación de la prestación reconocida».
TERCERO: REVOCAR el numeral tercero, de la sentencia del Veintinueve (29) de enero
de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Tercera de Decisión, providencia corregida por medio del auto del Treinta (30) de mayo
de Dos Mil Veinticinco (2025), dictado por la misma corporación, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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