Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00145-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2022-00145-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00145-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2022-00145-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 17001-23-33-000-2022-00145-01 (5380-2024)
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG1)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación Ley 33 de
1985; maestro vinculado con anterioridad a la Ley
812 de 2003
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la Sentencia del 17 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
La señora Martha Lucía Bermúdez Gómez, por intermedio de apoderada
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de la Resolución 4652-6 del 16 de septiembre de 2021,
mediante la cual la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
1
En adelante FOMAG.
2
Las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.
2
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación solicitada mediante petición del 17 de agosto de 2021.
A título de restablecimiento del derecho
La demandante pidió que se condene a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG a
reconocer y ordenar el pago de una pensión de jubilación equivalente al 75%
de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del estatus
jurídico de pensionada, es decir a partir del 23 de abril de 2018, con base en
la Ley 33 de 1985.
La señora Martha Lucía Bermúdez Gómez pidió, además, reconocer y ordenar
el pago de los ajustes con ocasión a la disminución del poder adquisitivo de
las sumas adeudadas y de las mesadas pensionales de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 192 del CPACA; por otro lado, que la Nación –
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio FOMAG cumpla la sentencia en los términos de los artículos
192 y 195 del CPACA.
La parte actora, finalmente, solicitó el pago de intereses y la condena en costas
al demandado.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La señora Martha Lucía Bermúdez Gómez nació el 23 de abril de 1963.
La demandante puso de presente que ha laborado como docente por contrato
por el siguiente tiempo: del 06 de marzo al 06 de diciembre de 1989, del 1° de
marzo hasta el 15 de diciembre de 1990, del 04 de febrero hasta el 06 de
diciembre de 1991, del 1° de febrero hasta el 15 de diciembre de 1992, del 1°
de febrero hasta el 15 de diciembre de 1993, del 07 de febrero hasta el 09 de
diciembre de 1994, del 04 de marzo hasta el 15 de diciembre de 1996 y del 1°
de abril hasta el 15 de diciembre de 1997, para el municipio de Risaralda.
3
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Asimismo, como docente por contrato en el municipio de Risaralda a través de
la Cooperativa Multiactiva de Educación de Caldas en los siguientes lapsos:
del 21 de febrero hasta el 02 de diciembre de 1998, del 15 de febrero hasta el
25 de junio de 1999 y del 1° de marzo hasta el 23 de junio de 2000.
En igual sentido, en la Secretaría de Educación Departamental de Caldas, por
contrato de prestación de servicios en el siguiente tiempo: del 14 de junio de
2000 hasta el 30 de diciembre del 2000, del 29 de enero de 2001 hasta el 30
de diciembre del 2001, del 04 de febrero del 2002 hasta el 30 de diciembre de
2002, del 27 de enero de 2003 hasta el 27 de enero de 2003.
Posteriormente, fue vinculada como docente oficial en la Institución Educativa
Centro Educativo El Cairo del municipio de Risaralda el 19 de marzo de 2004,
cargo que desempeña en la actualidad.
Finalmente, señaló que el 17 de agosto de 2021 solicitó a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio- FOMAG el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
Dicha petición fue negada a través del acto administrativo 4652-6 del 16 de
septiembre de 2021.
1.2. Concepto de violación.
La apoderada de la demandante señaló vulnerados el artículo 1 inciso 2 de la
Ley 33 de 1985, artículo 15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989, artículo 6
de la Ley 60 de 1993, artículo 115 de la Ley 115 de 1993, artículo 279 de la
Ley 100 de 1993, artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1 y 2 del Decreto
3752 de 2003.
Expuso que la señora Martha Lucía Bermúdez Gómez estaba vinculada con
anterioridad «al 23 de junio de 2003»3 (sic), y que a partir de ese momento se
3
Así fue expresado por el demandante índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00,
archivo 1° página 16.
4
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
entiende vinculada para los efectos del cumplimiento del artículo 81 de la Ley
812 de 2003.
Hizo alusión a la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 16 de marzo
de 2017 radicado núm. 25-000-23-42-000-2012-00275-01, con relación a la
situación de la demandante y aseguró que se encuentra acreditado que la
vinculación al sector público en la docencia oficial de la actora fue antes del
«23 de junio de 2006»4 (sic), toda vez que la exigencia en la norma no es
acreditar el vínculo laboral sino haber tenido una vinculación con el servicio
oficial antes del «26 de junio de 2003»5 (sic).
2. Contestación de la demanda6.
La accionada manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda y
propuso como excepciones las que denominó: falta de legitimación en la causa
por pasiva, buena fe y la genérica.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia proferida el 17 de mayo de 20247, accedió las pretensiones de la
demanda y en consecuencia ordenó lo siguiente:
«Primero: Se declaran infundadas las excepciones de “Falta de legitimación en la
causa por pasiva”, “La buena fe” y la “Genérica” propuestas por la Nación – Ministerio
de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Segundo: Se declara la nulidad de la Resolución No. 4652-6 de 16 de septiembre de
2021, expedida por el Secretario de Educación del departamento de Caldas en
representación de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la cual se negó el reconocimiento
de una pensión de vejez a la edad de 55 años.
4
Así fue expresado por el demandante índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00,
archivo 1° página 18.
5
Ibid.
6
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 16.
7
índice 15 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00.
5
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Tercero: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación – Ministerio
de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que reconozca
y pague en favor de la señora Martha Lucía Bermúdez Gómez una pensión de vejez
calculada en un 75% del ingreso base de liquidación - que corresponde al promedio de
la asignación básica y de la bonificación mensual docente - devengado por la
demandante durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, entre
el 27 de abril de 2019 y el 27 de abril de 2020, con efectos fiscales a partir del 27 de
abril de 2020. Lo anterior, de conformidad con la Ley 33 de 1985 y la Ley 62 del mismo
año; y sin que se exija el retiro definitivo del servicio para gozar de dicha prestación
vitalicia.
Cuarto: La entidad demandada deberá actualizar las sumas adeudadas en favor de la
demandante conforme al inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A., y para tal efecto
atenderá la pauta fijada por el Consejo de Estado, reseñada en la parte considerativa
de este proveído. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes.
Quinto: Conminar a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a realizar todas las actuaciones
interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro al municipio
de Risaralda y al departamento de Caldas, únicamente de las diferencias en los aportes
a pensión dejados de efectuar en beneficio de la señora Martha Lucía Bermúdez Gómez
(si existieren luego de comparar los valores efectivamente aportados por este a
Colpensiones como contratista), y en todo caso solo en el porcentaje que le habría
correspondido a las referidas autoridades como empleadores de aquella, esto por los
períodos durante los cuales prestó sus servicios mediante órdenes de prestación de
servicios.
Sexto: Se condena en costas a la parte demandada por concepto de agencias en
derecho a cargo de la parte demandada y en favor de la parte demandante, fijando por
concepto de agencias en derecho el tres por ciento (3%) de lo pedido en la demanda.
[…]».
En tal sentido, consideró que las modalidades de vinculación como la
temporalidad, los nombramientos en provisionalidad, el ejercicio de la
docencia por hora cátedra o por contratos de prestación de servicio, resultan
válidos al tratarse de una prestación que tiene origen en labores de educador.
De acuerdo con ello, determinó con base en los certificados de tiempo de
servicio aportados en la demanda, que la actora prestó sus servicios como
docente en el sector oficial por un lapso superior a los 20 años.
6
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Por lo anterior, concluyó que la accionante en calidad de docente oficial afiliada
al FNPSM, con acumulación de aportes públicos y con el ejercicio de dicha
actividad como educadora antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, acreditó
los requisitos y condiciones para que le sea reconocida una pensión de
jubilación ordinaria con base en los preceptos de la Ley 33 de 1985, efectiva
desde la fecha de adquisición del estatus jurídico, lo cual tuvo lugar el 27 de
abril de 2020 cuando cumplió los 55 años de edad, por cuanto los 20 años de
servicio público en el magisterio, los cumplió en el año 2013.
Finalmente, frente a la prescripción señaló que conforme a la parte motiva de
la Resolución No. 4652 – 6 del 16 de septiembre de 2021, la demandante
reclamó el derecho prestacional el 17 de agosto de 2021, es decir, cuando no
habían trascurrido los 3 años siguientes a la fecha de efectividad de la pensión,
lo cual ocurrió el 27 de abril de 2020, motivo por el cual, determinó que en el
caso concreto no ha operado el fenómeno de la prescripción.
4. El recurso de apelación
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag8
solicitó revocar la sentencia y negar las pretensiones de la demanda, al
considerar que la accionante tuvo varios periodos sin vinculación que duraron
más de 15 días de diferencia entre una vinculación y otra, por lo que dicha
situación cambia el régimen jurídico aplicable al docente al momento de
realizar el estudio de la procedencia del reconocimiento pensional.
5. Trámite de segunda instancia
Mediante auto del 28 de octubre de 20249, el despacho sustanciador admitió
el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67
de la Ley 2080 de 2021 y, al no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo el 18 de noviembre siguiente.
8
índice 19 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00.
9
índice 4 del aplicativo Samai.
7
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Asimismo, el Ministerio
Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)10, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión, que accedió a las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, se analizará si a la accionante le
asiste derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley
33 de 1985; y si para tal efecto, se puede tener en cuenta, el tiempo servido al
ejercicio docente a través de contratos de prestación de servicios, aunque
entre una y otra vinculación hayan pasado más de 15 días.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 3. Marco normativo y jurisprudencial; 4. Hechos probados; y 5. Caso
concreto.
3. Marco normativo y jurisprudencial.
10
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”
8
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
3.1 Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional docente
En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de
jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20
años de servicio y llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión
vitalicia de jubilación liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos
devengados durante el último año». Posteriormente, sus derechos
pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el
derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que acumularan 20
años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio».
Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía
como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes.
En estos términos, el Fondo tiene dentro de sus funciones, reconocer la
pensión de jubilación, post mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la
sustitución pensional.
Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes
afiliados a dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los
empleados del sector público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b)
de la Ley 91 de 1989 según el cual “para los docentes vinculados a partir del
1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se
nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de
Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).
9
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
corresponderá al equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año de servicios, también lo es que, no especificó los requisitos de
reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen atendiendo
a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 11,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto
teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional
establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del
artículo 279 de esta normativa.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que
el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos
y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de
Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma disposición,
modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los
gastos de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las
horas extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa
que, en todo caso, “las pensiones de los empleados oficiales de cualquier
orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de
base para calcular los aportes”.
Así las cosas, el nacimiento de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones
de como se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto
que como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las
condiciones fijadas, en la ya mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con
11
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.
Radicado 68001233100020110027601.
10
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario", puesto que a través del artículo 8112 introdujo importantes
cambios en el régimen de los docentes oficiales, con el fin de incorporar a este
sector al sistema de seguridad en pensiones regulado por la Ley 100 de 1993.
En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al
servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa]
ley»; sin embargo, en seguida reguló que los docentes oficiales vinculados a
partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al
Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres».
El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de
la Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en
relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso
que “El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido
para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley
812 de 2003”.
12
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto
Nacional 3752 de 2003.
11
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado
cambio legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25
de abril de 201913, en la cual estableció que para definir el régimen pensional
que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes
nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de
partida la fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos
términos quedó explicado en la citada sentencia:
«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al
servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A
estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57
años para hombres y mujeres».
De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para
quienes se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27
de junio del mismo año14 la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación
sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985,
los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la
Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo”15.
Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de
la Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
13
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
14
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
15
0937-2017. MP CésarPalomino Cortés.
12
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley
812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 16. Esto quiere decir,
que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse
en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».
En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les
aplicarán las leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 71 de 1988. Requisito de edad:
55 años para mujeres y 60 años para hombres (en el caso de la Ley 71 de
1988). Requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio. Monto: 75% con
un IBL o componente temporal: del último año anterior a la adquisición del
derecho a la pensión, en consideración a la compatibilidad del ejercicio de la
docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la
Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según corresponda.
En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les
aplicará la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años.
Requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Monto: el que resulte de aplicar las reglas
previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el
tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos 10 años o toda la vida
laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con
antelación a la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley
91 de 1989 que, a su vez, remite al «[…] régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional», contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945
y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la
Ley 33 de 1985.
16
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el
artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
13
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Es importante destacar, aunque parezca de Perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985,
solo permite sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.
Ahora bien, respecto de aquellos vinculados con posterioridad a la vigencia de
la Ley 812 de 2003, y que les resulta aplicable el régimen de prima media de
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, se debe verificar el cumplimiento de los
requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la primera normatividad,
en virtud del cual al cumplir con los mismos podría resultarle aplicables las
normas anteriores, como serían la Ley 33 de 1985 o 71 de 1988, siempre que
no se sobrepase el límite temporal de que trata el artículo 1°, parágrafo
transitorio 4° del Acto Legislativo 1 de 2005,17 conforme al cual el régimen de
transición feneció el 31 de julio de 2010, conservándose hasta el 31 de
diciembre de 2014 sólo para quienes acrediten 750 semanas cotizadas el 25
de julio de 2005, con su entrada en vigencia.
4. Hechos probados.
i) Registro civil de nacimiento de la actora18, que da cuenta de que nació el 27
de abril de 1963.
ii) Certificación por parte del director del núcleo de desarrollo educativo número
30 con sede en Risaralda – Caldas19, en la que se hace constar que la
accionante laboró como docente de tiempo completo en el centro educativo La
Bohemia, a través de contratos en las siguientes fechas:
17
"…Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que
estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios
a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año
2014".
"Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen".
18
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° página 27.
19
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° página 30.
14
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
iii) Certificado de experiencia laboral en horas expedido por parte del secretario
de educación municipal de Risaralda20, en el que hace constar que la
demandante laboró como docente de tiempo completo en la modalidad de
contratos municipales, OPS departamentales, entidades privadas y convenios
con cooperativas, así:
iv) Constancia suscrita por el alcalde municipal de Risaralda21, de los tiempos
en los que la actora laboró al servicio del municipio por contrato de solución
educativa, de la siguiente manera:
20
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° página 31.
21
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° página 32.
15
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
v) Contrato de prestación de servicios en el programa de soluciones educativas
suscrito entre el departamento de Caldas y la señora Martha Lucía Bermúdez
Gómez22, con una duración de 9 meses entre marzo a diciembre contados a
partir de 1989.
vi) Orden de prestación de servicios suscrita entre el representante legal de la
casa de la cultura “Bernardo Arias Trujillo” de Risaralda y la accionante23, para
la prestación de servicio docente por el periodo académico de marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1996;
en el establecimiento educativo La Bohemia.
vii) Certificación suscrita por el gerente de la Cooperativa Multiactiva de
Educación de Caldas24, de los tiempos en los que la actora laboró como
docente en el municipio de Risaralda por contratos así:
22
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° páginas 33 a 34.
23
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° páginas 35 a 38.
24
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° página 49.
16
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
viii) Copias de las autorizaciones de prestación de servicios de la Secretaría
de Educación del departamento de Caldas25, bajo los números 876, 170, 560
y 775 a la señora Martha Lucía Bermúdez Gómez, para la prestación de
servicios en calidad de docente, sin que se precisen los tiempos de dicha
vinculación.
ix) Reporte de semanas cotizadas de la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) del 22 de junio de 2018, que indica que la
demandante acreditó 183,86 semanas, comprendidas desde enero de 1998 a
2004.26
x) Certificación del tiempo de servicio en el formato único para la expedición
de historia laboral, de la Secretaría de Educación de Caldas27 del 25 de junio
de 2021, en la que se indica que la demandante es docente de primaria con
escalafón 2BE, que se encuentra activo, nombrada en propiedad.
25
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° páginas 50 a 53.
26
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° páginas 54 a 58.
27
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° páginas 59 a 60.
17
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
xi) Certificado de salarios por parte de la Secretaría de Educación de Caldas28,
donde se enlista los factores salariales de la accionante desde el 19 de marzo
de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006.
xii) Certificado de salarios consecutivo No. 263929, por parte de la Secretaría
de Educación de Caldas, de los factores salariales de la demandante, desde
el 01 de enero de 2007 hasta el 24 de junio de 2021.
xiii) Por Decreto 582 de junio de 200530, el gobernador de Caldas y la
Secretaría de Educación, nombraron a la señora Martha Lucía Bermúdez
Gómez como docente en el área de básica primaria en la Institución Educativa
Centro Educativo El Cairo del municipio de Risaralda.
xiv) Acta de posesión 339 del 12 de mayo de 200631, como docente en
propiedad en el área básica primaria del Centro Educativo El Cairo del
municipio de Risaralda, y, nombrada mediante Decreto 431 de 18 de abril de
2006.
xvii) Certificación de no pensión de la gerencia de determinación de derechos
dirección de nómina de pensionados de Colpensiones del 10 de junio del
202132, suscrita por el director de nómina de pensionados, en la que se hace
constar que la accionante no figura percibiendo pensión por parte de esa
administradora.
28
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° páginas 61 a 62.
29
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° páginas 63 a 66.
30
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° páginas 67 a 68.
31
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° página 71.
32
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° página 73.
18
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
4.1 Actuación administrativa.
Escrito de 17 de agosto de 202133, a través del cual, la demandante pidió a la
parte demandada, la pensión de jubilación, con fundamento en la Ley 33 de
1985. Frente a esta petición obtuvo respuesta negativa mediante Resolución
4652-6 del 16 de septiembre de 202134.
5. Caso concreto.
La señora Martha Lucía Bermúdez Gómez, acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar el reconocimiento de la pensión de
jubilación equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores
al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada, es decir a partir del 23 de
abril de 2018, con base en la Ley 133 de 1985.
El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión, accedió a las
pretensiones de la demanda al considerar que la accionante en calidad de
docente oficial afiliada al FNPSM, con acumulación de aportes públicos y con
el ejercicio de dicha actividad como educadora antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, acreditó los requisitos y condiciones para que le sea reconocida
una pensión de jubilación ordinaria con base en los preceptos de la Ley 33 de
1985.
La demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, para
que el fallo de primera instancia sea revocado, al señalar que como la
demandante tuvo varios periodos sin vinculación que duraron más de 15 días
de diferencia entre una vinculación y otra, por lo que dicha situación cambia el
régimen jurídico aplicable al docente al momento de realizar el estudio de la
procedencia del reconocimiento pensional.
En el sub lite se tiene que la demandante (i) nació el 27 de abril de 1963, (ii)
33
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° página 74 a 81.
34
índice 14 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00, archivo 1° página 83 a 86.
19
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
prestó sus servicios como docente por contrato de prestación de servicios con
anterioridad a la Ley 812 de 2003, por los periodos comprendidos entre el 6 de
marzo al 6 de diciembre de 1989, 1° de marzo al 15 de diciembre de 1990, 4
de febrero al 06 de diciembre de 1991, 1° de febrero al 15 de diciembre de
1992, 1° de febrero al 15 de diciembre de 1993, 7 de febrero al 9 de diciembre
de 1994, 4 de marzo al 15 de diciembre de 1996, 1° de abril al 15 de diciembre
de 1997, 21 de febrero al 02 de diciembre de 1998, 15 de febrero al 25 de
junio de 1999, 26 de junio al 10 de diciembre de 1999, 1° de marzo al 23 de
junio de 2000, 14 de junio al 15 de diciembre de 2000, 29 de enero al 9 de
diciembre de 2001, 4 de febrero al 13 de diciembre de 2002 y 27 de enero al
12 de diciembre de 2003, (11 años, 5 meses y 29 días); (iii) prestó sus servicios
en la secretaría de educación de Caldas, en calidad de docente, desde el 19
de marzo de 2004 hasta la fecha de expedición del certificado del 24 de junio
de 2021, (17 años, 3 meses y 6 días); (iv) según el reporte de Colpensiones
cuenta con semanas cotizadas (183,86 semanas); y (v) mediante escrito del
17 de agosto de 2021, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, ante lo cual obtuvo respuesta negativa
mediante Resolución 4652-6 del 16 de septiembre de 2021.
Ahora bien, aquellos docentes cuya vinculación sea anterior al 27 de junio de
2003 tendrán derecho a adquirir la pensión de jubilación de que tratan las
Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 71 de 1968. Por su parte, los educadores que
ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder a la pensión de
vejez contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el
9 de la Ley 797 de 2003).
Así las cosas, dado que la demandante se vinculó con anterioridad a la Ley
812 de 2003 (6 de marzo de 1989), y tener cotizaciones en el sector público,
le resultan aplicables a su situación pensional las Leyes 33 de 1985 y 91 de
1989. Lo anterior porque cumplió 55 años de edad (el 27 de abril de 2018) y
20 de servicios públicos (el 20 de septiembre de 2012), tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación, efectiva desde la fecha de
adquisición del estatus jurídico respectivo y liquidada en un monto equivalente
al 75% del IBL calculado con el promedio de la asignación básica devengada
20
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, tal como
lo determinó el a quo.
Frente a la vinculación de los docentes vía contrato de prestación de servicios
la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 201635, indicó
que: «[…] no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento
subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los
docentes – empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección
y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el
ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii)
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico
de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud
de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes-
contratistas merecen una protección especial por parte del Estado».
Bajo esta misma línea, en relación con la contabilización de ese tiempo para
efectos del reconocimiento pensional, esta Subsección en sentencia del 6 de
noviembre del 202036, precisó:
«…Consecuente con lo anterior, y de acuerdo con la más reciente tesis planteadas por
esta Corporación, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades y en tratándose de docentes oficiales, esta Subsección estima que resulta
procedente contabilizar el tiempo durante el cual estos prestaron sus servicios al Estado
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación […]»
Por lo expuesto, los tiempos laborados a través de contratos de prestación de
servicios celebrados como docente con el departamento de Caldas y el
municipio de Risaralda, interrumpidamente, por los periodos comprendidos
entre el 6 de marzo al 6 de diciembre de 1989, 1° de marzo al 15 de diciembre
de 1990, 4 de febrero al 06 de diciembre de 1991, 1° de febrero al 15 de
diciembre de 1992, 1° de febrero al 15 de diciembre de 1993, 7 de febrero al 9
de diciembre de 1994, 4 de marzo al 15 de diciembre de 1996, 1° de abril al
15 de diciembre de 1997, 21 de febrero al 02 de diciembre de 1998, 15 de
35
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
36
C.P.: César Palomino Cortés, seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020), radicación número: 52001-23-33-000-
2014-00394-01(3021-16).
21
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
febrero al 25 de junio de 1999, 26 de junio al 10 de diciembre de 1999, 1° de
marzo al 23 de junio de 2000, 14 de junio al 15 de diciembre de 2000, 29 de
enero al 9 de diciembre de 2001, 4 de febrero al 13 de diciembre de 2002 y 27
de enero al 12 de diciembre de 2003, serán tenidos en cuenta comoquiera que
en aplicación del principio de la realidad sobre las formas37, es relevante para
el reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales.
Ahora bien, al acreditarse el ingreso al servicio público a la docencia oficial
antes del 27 de junio de 2003, a través de las órdenes de prestación de
servicios suscritas con el departamento de Caldas y el municipio de Risaralda,
la demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
conforme a la Ley 33 de 1985.
En ese sentido, contrario a lo establecido por el demandado en el recurso de
apelación, los contratos u órdenes de prestación de servicios son válidos para
demostrar el vínculo como docente oficial antes de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, debido a la naturaleza de la función docente, sumado a
que la Ley 33 de 1985, refiere a 20 años continuos o discontinuos, sin que sea
un impedimento que haya una interrupción entre una vinculación y otra.
5.1 Condena en costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas
y revocará la decisión de primera instancia en tanto condenó en costas a la
parte demandada, pues no se observa que hubiese realizado análisis de
temeridad o mala fe.
DECISIÓN
37
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado :17001-
23-33-000-2020-00038-01 (6307-2022), Demandante: Miguel Ángel González Vélez
22
Número Interno: 5380-2024
Demandante: Martha Lucía Bermúdez Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
En atención a lo anterior, la Sala confirmará parcialmente la sentencia del
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión, que accedió
las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 17 de mayo de 2024,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de
Decisión, accedió las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR el ordinal sexto de la sentencia proferida el 17 de
mayo de 2024, por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de
Decisión, en su lugar se dispone no condenar en costas.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo
de Caldas, Sala Segunda de Decisión de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En
consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.