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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00976-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00976-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – CONFIRMAR parcialmente, la sentencia del Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en el presente proveído. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia del Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que reconozca a la señora Ana Bolena Salamanca Caicedo, 27 Numero interno: 0285-2025 Demandante: Ana Bolena Salamanca Demandado: Fomag identificada con cédula de ciudadanía núm. 31.835.802, la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 liquidada con el 75% del promedio de lo devengado por concepto de asignación básica durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional (2018 – 2019) y efectiva a partir del 20 de junio de 2019 (fecha de estatus), sin exigir retiro definitivo del servicio para su inclusión en nómina. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Una vez en firme esta sentencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00976-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Cinco (5) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026).

Radicado : 76001-23-33-000-2021-00976-01 (0285-2025)1
Demandante : Ana Bolena Salamanca Caicedo
Demandado : Ministerio de Educación Nacional y Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento pensión por aportes Ley 71 de 1988
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia dictada el Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

1. La señora Ana Bolena Salamanca Caicedo, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el propósito de solicitar la nulidad del
siguiente acto administrativo:

1.1 Acto administrativo ficto configurado el Cinco (5) de febrero de Dos Mil Veintiuno
(2021), como consecuencia de la falta de respuesta a la petición radicada ante la entidad
demandada, el Cinco (5) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), mediante la cual, se
solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación.

1 Expediente electrónico
2 Ff. 1 a 7 expediente físico.

2
Numero interno: 0285-2025
Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

1.2 A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) El reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de los salarios y
primas devengados con anterioridad al cumplimiento del estatus de pensionada, esto es,
el Veinte (20) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), fecha en la que cumplió cincuenta
y cinco (55) años de edad y acreditó mil (1.000) semanas de cotización, sin exigir el retiro
del servicio como requisito para su disfrute y en compatibilidad con el salario que percibe
como docente; (ii) El cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y
195 de la Ley 1437 de 2011; (iii) La actualización de los valores reconocidos, en atención
a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda respecto de cada una de las sumas
adeudadas; y (iv) El reconocimiento y pago de los intereses moratorios, así como la
condena en costas a la entidad demandada.

1.2 Hechos

2. La señora Ana Bolena Salamanca Caicedo, nació el Veinte (20) de junio de Mil
Novecientos Sesenta y Cuatro (1964), por lo que a la fecha de presentación de la
demanda tenía más de 55 años de edad.

3. Efectuó aportes al ISS, hoy Colpensiones, que corresponden a 766 semanas. Fue
vinculada por orden de prestación de servicios, a partir del Dieciséis (16) de enero de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995), y mediante Resolución No. 060 del Veinticinco (25)
de abril de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), en la secretaría de educación
departamental del Valle del Cauca, como directora en el centro docente No. 20 Policarpa
Salavarrieta, siendo posesionada a través de acta No. 464 del Tres (03) de mayo de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995).

4. Fue vinculada a la docencia oficial en propiedad, en el año 2003 hasta la fecha de la
presentación de la demanda. Por lo tanto, al haber realizado sus aportes antes del
Veintitrés (23) de junio de Dos Mil Tres (2003), tiene derecho a la pensión de jubilación
por aportes, de conformidad con la Ley 812 de 2003 y la Ley 71 de 1988.

5. Solicitó el reconocimiento de la pensión por aportes, el Cinco (5) de noviembre Dos Mil
Veinte (2020), configurándose el acto ficto el Cinco (5) de febrero de Dos Mil Veintiuno
(2021).

3
Numero interno: 0285-2025
Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

6. La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes: artículo 7 de la Ley
71 de 1988; artículo 15 numerales 1° y 2 de la Ley 91 de 1989; artículo 6 de la Ley 60 de
1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993, artículo 279 de la Ley 100 de 1993; artículo 81
de la Ley 812 de 2003 y; los artículos 1° y 2 del Decreto 3752 de 2003.

7. Según la parte demandante, el acto acusado desconoce las normas en las que debía
fundarse, pues acreditó aportes al ISS con anterioridad al 26 de junio de 2003, por lo que
cumple el presupuesto previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 para ser
beneficiaria de la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.

8. Por lo tanto, sostuvo que la pensión se le debe reconocer teniendo en cuenta los
requisitos de 55 años de edad y 1.000 semanas de cotización a la docencia oficial.

2. Contestaciones de la demanda.

La Fiduprevisora actuando como apoderada de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG

9. El apoderado de la entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

9.1 Sostuvo que, con fundamento en la jurisprudencia y en la normatividad previamente
citadas, y atendiendo a la historia laboral de la demandante, quien se vinculó como
docente en propiedad a partir del año 2015, esto es, con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, su situación pensional se rige por el régimen de prima
media con prestación definida previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

9.2 En ese orden, afirmó que las pretensiones orientadas al reconocimiento de una
pensión por aportes con fundamento en la Ley 71 de 1988, no están llamadas a
prosperar, por cuanto el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG, no es una entidad de previsión social en los términos de dicha norma y, en todo
caso, esta no resulta aplicable en razón de la fecha de vinculación de la actora al servicio
docente oficial.

4
Numero interno: 0285-2025
Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

9.3. Por último, propuso las excepciones que denominó «inexistencia de la obligación o cobro
de lo no debido, legalidad del acto administrativo expedido».

3. La sentencia de primera instancia3.

10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del Treinta (30) de
septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas, disponiendo:

10.1 El A-quo constató que, la demandante se vinculó al servicio público educativo oficial,
antes del Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Tres (2003), fecha de entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, por lo que era beneficiara del régimen de transición allí previsto.

10.2 Precisó que, en virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), están exceptuados del
régimen general. En consecuencia, el régimen aplicable puede ser el de las Leyes 33 y
62 de 1985 (cuando todo el tiempo es público) o el de la Ley 71 de 1988 (cuando existen
tiempos públicos y privados). En el caso de la docente, quien cotizó al sector privado ante
el extinto ISS y al sector público ante el FOMAG, resulta aplicable la Ley 71 de 1988 y el
Decreto 2709 de 1994.

10.3 Respecto de los requisitos, señaló que: (i) Edad: Conforme al artículo 7° de la Ley
71 de 1988, se exigen 55 años para mujeres, cumplidos por la accionante el Veinte (20)
de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), pues nació el Veinte (20) de junio de Mil
Novecientos Sesenta y Cuatro (1964); (ii) tiempo de servicios: La norma exige 20 años
de aportes acumulados en cualquier tiempo; (iii) Se acreditaron: 4766 semanas cotizadas
a Colpensiones, equivalentes a 5.362 días, es decir, 14 años, 1 mes y 0 días y 14 años,
11 meses y 28 días cotizados al FOMAG, certificados al Veinte (20) de agosto de Dos
Mil Veinte (2020).

10.4 Del material probatorio constató que la primera vinculación al sector público ocurrió
desde el Tres (3) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), según acta de
posesión 464, vinculada al departamento del Valle.

3 Samai, actuación del tribunal de origen, índice 24

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Numero interno: 0285-2025
Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

10.5 La Sala consideró válidos todos los periodos cotizados, incluso los anteriores a la
Ley 812 de 2003. Respecto al IBL y bajo la regla de unificación fijada por el Consejo de
Estado en la Sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, la pensión de
jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, debe liquidarse con el 75% del
promedio de los factores sobre los cuales se efectuaron aportes durante el año anterior
a la consolidación del estatus pensional, en consonancia con el artículo 1° de la Ley 62
de 1985.

10.6 Así las cosas, durante el año anterior al estatus (2016–2017), la docente devengó
asignación básica, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad, pero solo
cotizó sobre la asignación básica, por lo que este será el único factor para la liquidación.

10.7 Por lo tanto, declaró la nulidad del acto administrativo acusado y ordenó el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes a favor de la demandante,
liquidada con el 75% del promedio de la asignación básica del año anterior al estatus
pensional, efectiva desde el Veinte (20) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), sin exigir
retiro definitivo del servicio para su inclusión en nómina. Además, como el derecho nació
el Veinte (20) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019) y la prescripción trienal fue
interrumpida con la solicitud radicada el Cinco (5) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020),
no operó la prescripción de mesadas.

10.8 En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto configurado el 05 de febrero de 2021, el cual
fue radicado ante la entidad demanda el 05 de noviembre de 2020.

SEGUNDO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que reconozca a la señora Ana Bolena Salamanca
Caicedo, identificada con cédula de ciudadanía núm. 31.835.802, la pensión de jubilación por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988 liquidada con el 75% del promedio de lo devengado por
concepto de asignación básica durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional
(2013 – 2014) y efectiva a partir del 23 de noviembre de 2014 (fecha de estatus),sic sin exigir
retiro definitivo del servicio para su inclusión en nómina.

TERCERO: ORDENAR a La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que pague en favor de la señora Ana Bolena Salamanca
Caicedo, identificada con cédula de ciudadanía núm. 31.913.299 las mesadas pensionales
causadas a partir del 20 de junio de 2019.

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Numero interno: 0285-2025
Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: NO CONDENAR EN COSTAS en esta instancia.»

4. Del recurso de apelación4.

11. Inconforme con la decisión de primera instancia, la apoderada de la Fiduprevisora
interpuso recurso de apelación, señalando que, la docente Ana Bolena Salamanca
Caicedo, se vinculó en propiedad al servicio educativo oficial el Diecinueve (19) de agosto
de Dos Mil Cinco (2005). En consecuencia, sostuvo que no resulta aplicable al caso la
Ley 71 de 1988, dado que su vinculación fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003.

12. Indicó que, si bien la demandante acredita determinados tiempos de prestación de
servicios, aquellos desempeñados bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios solo son computables para efectos pensionales, mas no para predicar la
existencia de una relación legal y reglamentaria que permita el reconocimiento de la
pensión de jubilación bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985. Añadió que, aun en el
evento de pretender la aplicación de la Ley 71 de 1988, en lo relativo a la acumulación
de tiempos laborados en el sector privado, era indispensable acreditar los requisitos del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

13. Sobre el particular, afirmó que la demandante nació el Veinte (20) de junio de Mil
Novecientos Sesenta y Cuatro (1964), por lo que al Primero (1) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994) contaba con treinta (30) años de edad, sin cumplir
los treinta y cinco (35) exigidos para las mujeres por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
De igual forma, tampoco demostró acreditar quince (15) años de servicios al Treinta (30)
de junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), conforme a los tiempos certificados.

14. En conclusión, sostuvo que, al no ser beneficiaria del régimen de transición, no era
procedente aplicar el régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 ni en la Ley 71 de
1988.

15. Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al
señalar que el acto administrativo que negó el reconocimiento pensional no fue expedido

4 Samai, actuación del tribunal de origen, índice 27

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Numero interno: 0285-2025
Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

por la Fiduprevisora, entidad que actúa únicamente como pagadora de las prestaciones
aprobadas por el ente territorial. En ese orden, manifestó que, en caso de una eventual
condena, corresponde al ente territorial proferir el respectivo acto administrativo, mientras
que su representada se limita a dar cumplimiento a lo allí dispuesto, razón por la cual, no
está llamada a reliquidar la pensión reclamada, siendo el empleador directo la Secretaría
de Educación, autoridad que además determina el escalafón docente.

5. Trámite de segunda instancia

16. Mediante auto de fecha Catorce (14) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)5, se
admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el artículo 247 de la Ley 2080 de
2021.

6 Concepto del Ministerio Público.

17. Adujó que, con fundamento en el acervo probatorio, se acreditó que la demandante
se vinculó al servicio público docente el Tres (3) de mayo de Mil Novecientos Noventa y
Cinco (1995), mediante Resolución 060 del 25 de abril de 1995, expedida por el
Departamento del Valle del Cauca, secretaría de Educación, es decir, con anterioridad al
Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Tres (2003). El posterior nombramiento en propiedad
en el año 2005 no desvirtúa que su ingreso al servicio oficial ocurrió desde 1995, aun
cuando inicialmente no hubiera sido en esa modalidad.

18. Así las cosas, consideró aplicable la Ley 71 de 1988, de conformidad con la
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, según la cual, los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, se rigen por las normas anteriores,
sin que sea exigible que la vinculación hubiese sido en propiedad.

19. Concluyó que la actora cumple los requisitos de la Ley 71 de 1988, al reunir la edad
y el tiempo de aportes necesarios para acceder a una pensión equivalente al 75% del
promedio de los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del
estatus pensional, sobre los cuales efectuó cotizaciones. Asimismo, no se probó que su
vinculación hubiese sido mediante contratos de prestación de servicios, sino que desde
1995 existió una relación legal y reglamentaria.

5 Samai, índice 5

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Numero interno: 0285-2025
Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

20. Finalmente, precisó que la Ley 71 de 1988 permite la acumulación de tiempos
públicos y privados (55 años de edad y 20 años de aportes para mujeres), sin que sea
necesario estar cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues, dicha
acumulación es propia de la citada ley y el régimen de transición solo define la norma
aplicable.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

21. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)6, el Juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

22. Corresponde a la Sala establecer, si revoca la sentencia del Treinta (30) de
septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para el
efecto, se plantean los siguientes cuestionamientos:

i) ¿Determinar si la señora Ana Bolena Salamanca acreditó los requisitos para el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, consagrada en la Ley 71 de
1988? Asimismo, se determinará si el tiempo laborado a través de orden de servicio
es computable.
ii) Determinar si existe falta de legitimación en la causa por pasiva como lo aduce la
Fiduprevisora.

22.1 Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre el sistema general de pensiones
docentes; 2.4. Hechos probados; y 2.5. Caso concreto.

6
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer
más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”

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Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

2.3 Marco Normativo y jurisprudencial

23. En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma
que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

24. Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad
realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo
tiene dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro
por vejez, de invalidez y la sustitución pensional.

25. Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados
a dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).

26. En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo
es que, no especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite
al régimen vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese
régimen atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 7,

7
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.

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Numero interno: 0285-2025
Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en
cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley
100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.

27. De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la
edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de
esta misma disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la
base de liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos
de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

28. Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo
se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en la ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de
1985.

29. Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba
el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que a
través del artículo 818 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.

30. En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con

8
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de
2003.

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Numero interno: 0285-2025
Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, enseguida reguló que
los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003),
deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres
y mujeres».

31. El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

32. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 20199,
en la cual estableció que para definir el régimen pensional que regula el derecho a la
pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o
territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio
educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:

«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en
dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».

33. De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para quienes
se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año10, la liquidación
de la pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde “al mismo régimen de

9
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
10
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.

12
Numero interno: 0285-2025
Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto
en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la
Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados
en el mencionado artículo”11.

34. Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley
812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y
son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la
Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el
artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 12. Esto
quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse
en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y
no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso
base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones […]».

35. En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicaran
las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años. Requisito de tiempo o
semanas: 20 años de servicio. Monto: 75% con un IBL o Componente temporal: del último
año anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en consideración de la
compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista
por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según
corresponda.

36. En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les aplicará
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito de tiempo
de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos
10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

37. De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a
la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,

11
0937-2017. MP César Palomino Cortés.
12
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del Decreto
3752 de 2003.

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Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

38. Es importante destacar, aunque parezca de Perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite
sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.

2.4 La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance.

39. Antes de la expedición de la Ley 71 de 1988, no era posible que los trabajadores del
sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido en los dos sectores para
efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como consecuencia que unos y otros
no logran en varias oportunidades completar el tiempo para acceder a dicha prestación.

40. A través de esta, el legislador buscó dar solución a esta contingencia consagrando la
“pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según el artículo 7º de esta
disposición, como aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización en el sector
público y privado. De acuerdo con ello, a partir de esta normatividad, los empleados
oficiales y públicos y los trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y
60 años si es varón, y 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias
entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, con los efectuados ante el
I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante la acumulación de
aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y
reglamentaria.

41. Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la Ley 71
de 1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios de pensión que
existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado en el artículo 11º de la
misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a.
de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán
en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de
previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas que
reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez".

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42. La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que con
anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían
obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el tiempo servido en entidades
oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían
hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun
cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido
a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades
de previsión social oficial o al ISS".

43. En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por aportes se
convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su historia laboral,
independientemente de si estas tuvieron origen en el sector público o privado, para cubrir
su riesgo de vejez.

44. La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que ha
tenido la expedición de la Ley 71 de 1998 al consagrar la pensión por aportes. Sobre
dicha prestación, esta Corporación13 también se ha pronunciado de la siguiente manera:

«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la Constitución
de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los trabajadores del sector
privado era diferente al aplicable a los servidores públicos, al punto de que por regla general
no era posible, para efectos de la pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de
vínculo laboral. Para remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual,
en su artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación por
acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos de
cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»

45. De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad para
empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos pensionales.

2.5 Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988, a los
docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003.

13
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-000-2005-05520-
01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.

15
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46. Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión había
salvado el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a partir de la sentencia
del 30 de enero del 2025 con radicado interno 0391-2022, acompañó la posición
mayoritaria de la Sala, en la que se determinó que la Ley 71 de 1988 si era aplicable a
los docentes estatales.

47. Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, llegó a
la mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de conformidad con lo previsto
en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989.
La Sala expresó en esta oportunidad varios razonamientos que dan lugar a esta
interpretación. En síntesis, fueron los siguientes:

En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal b), del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional» lo que significa que dicha expresión también incluye
que puedan ser beneficiarios de la Ley 71 de 1988 puesto que esta normativa está dirigida a
todos los empleados públicos en general, sin hacer exclusión expresa de algún sector.

En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no remitió
también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no hacen parte de la
categoría de «empleados oficiales»14 a los que esta última norma gobierna. Tal entendimiento
conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última ley no contiene un régimen pensional
aplicable a los empleados «del sector público nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que
la Ley 33 de 1985 es la única aplicable a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden ser
desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11,
analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con
el 7 por ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12
de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos
mínimos» en materia de pensiones y sustituciones pensionales aplicables «al sector público
en general y en todos los niveles».

En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales deben
ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para que se les aplique
el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, para tener derecho a
pensionarse con las normas del régimen pensional de los empleados del sector público
nacional. En efecto, el numeral referido trae como única condición la de ser docente oficial
nacional o nacionalizado vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de
1990. En ninguno de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la
docencia oficial.

En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados
por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo
cierto es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que
a los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71
de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.

14
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los clasificó en su artículo 3 como
«empleados oficiales de régimen especial».

16
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48. Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen una
interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente, sino además
de ello, corresponden a una interpretación que materializa el principio de favorabilidad en
materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Ciertamente,
considerar que la denominada pensión por aportes creada por la Ley 71 de 1988, es
aplicable a los docentes oficiales, conlleva a la obligación de optar por la situación más
favorable al empleado, incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones
posibles, como en el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15
de la Ley 91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional» podría acogerse una primera
interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó la Ley 71 de 1988,
y una segunda, que sí los incluye, bajo la idea que los docentes como empleados públicos
también pueden acceder al régimen pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley
71 de 1988, postura que fue expuesta por la Sala.

49. De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una interpretación
finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos precedentes, tenía como
objetivo que cualquier empleado del sector público o privado, contara con la posibilidad
de sumar sus cotizaciones, sin importar el origen del sector en donde éstas fueron
causadas, en tal sentido, considerar que los docentes no tienen derecho a sumar sus
aportes a la luz de dicha normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho
a la igualdad de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71
de 1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados públicos,
oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los excluiría, y con ello
se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de aquellos que no puedan
obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.

50. Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes también
puedan acumular las semanas sin importar que cambien de empleador, permite sin duda
que se materialice el derecho fundamental a percibir una pensión de vejez, que solamente
tiene origen en el trabajo continuado del trabajador que espera en algún momento recibir
el ahorro que ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.

2.6 Marco normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación por
aportes.

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51. Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se aplique la
Ley 71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio docente público oficial
con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que entró en vigencia la Ley 812 del
mismo año. Cumplida esta condición, y en el evento en que los docentes hayan prestado
sus servicios en entidades públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la
pensión por aportes, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:

«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en
una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)
años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago
de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades
involucradas».

52. Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, de la
siguiente manera:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o. de la
Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de
edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o
más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y
en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio. Para
los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o
muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en
la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez.
El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre
ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se
tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social, fondos
de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial,
comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario
base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el
cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo
pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

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Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación
por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de la pensión de
jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior
a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».

53. Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una pensión
de jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados oficiales y
trabajadores cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20 años continuos o
discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de cualquier orden y en el
ISS (hoy Colpensiones); 2) que cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.

54. De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar esta
pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario promedio base
para los aportes durante el último año de servicios, en aplicación de lo consagrado en los
artículos 6º. y 8º. del Decreto 2709, así como de los factores previstos en la Ley 62 de
1985 y demás normas posteriores que creen prestaciones sociales con carácter salarial,
y en consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.

2.7 Hechos probados

55. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio aportado al plenario y de acuerdo con los hechos constatados por
esta Subsección, se destaca:

a) Acto ficto de fecha Cinco (5) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), radicado ante
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio15
b) El Registro Civil de Nacimiento acreditó que la señora Ana Bolena Salamanca
nació el Veinte (20) de junio de Mil Novecientos Sesenta y Cuatro (1964)16.
c) Formato único para la expedición de certificado de salarios, en el cual se detalla,
los factores salariales devengados por la demandante, como: asignación básica,
bonificación mensual docentes, bonificación pedagógica, prima de navidad, prima
de servicios y prima de vacaciones docentes17.
d) Formato único para la expedición del certificado de historia laboral, consecutivo
No. 1145102, de fecha Veinte (20) de agosto de Dos Mil Veinte (2020), expedido

15
Samai, actuación tribunal de origen, índice 3; archivo 2_EXPEDIENTEDIGITAL_02ANEXOSANABOLEN(.PDF) NroActua 3; pag 4-8
16
Samai, actuación tribunal de origen, índice 3; archivo 2_EXPEDIENTEDIGITAL_02ANEXOSANABOLEN(.PDF) NroActua 3; pag 9
17
Samai, actuación tribunal de origen, índice 3; archivo 2_EXPEDIENTEDIGITAL_02ANEXOSANABOLEN(.PDF) NroActua 3; pag 10-11

19
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por el Fondo de Prestaciones del Magisterio; que señala que la accionante prestó
sus servicios como docente de secundaria, nombrada en provisionalidad:18

e) Formato único para la expedición del certificado de historia laboral, consecutivo
No. 1145102, de fecha Veinte (20) de agosto de Dos Mil Veinte (2020), expedido
por el Fondo de Prestaciones del Magisterio; que señala que la accionante prestó
sus servicios como docente de secundaria, escalafón 2CE, que se encuentra
activa, nombrada en provisionalidad.19

f) Reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por Colpensiones el Doce
(12) de agosto de Dos MIL Veinte (2020), en el cual, refieren que la demandante

18
Samai, actuación tribunal de origen, índice 3; archivo 2_EXPEDIENTEDIGITAL_02ANEXOSANABOLEN(.PDF) NroActua 3; pag 14-15
19
Samai, actuación tribunal de origen, índice 3; archivo 2_EXPEDIENTEDIGITAL_02ANEXOSANABOLEN(.PDF) NroActua 3; pag 12-13

20
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cotizó desde el Veintisiete (27) de septiembre de Mil Novecientos Ochenta y
Cuatro (1984) hasta el Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Cinco (2005),
cotizando un total de 766, semanas20.
g) Acta de posesión No. 464 del Tres (3) de mayo de Mil Novecientos Noventa y
Cinco (1995), expedida por la División de recursos humanos de la secretaria de
educación del Valle del Cauca, en el cual, se especifica que la docente tomó
posesión del cargo de directora en el centro docente No. 20 Policarca
Salavarrieta21:

h) El director del núcleo rural de desarrollo educativo No. 016 Arroyohondo, certificó
el Veintiuno (21) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), que la señora
Ana Bolena Salamanca, laboró como directora encargada y con dirección de grupo
desde el Dieciséis (16) de enero hasta el Quince (15) de abril de Mil Novecientos
Noventa y Cinco (1995), en la escuela No. 20 Policarpa Salavarrieta.22
i) La secretaria de educación municipal de Santiago de Cali, mediante Acta de
posesión No, 4645 del Treinta (30) de octubre de Dos Mil Seis (2006), nombró en
propiedad en el cargo de docente a la señora Salamanca23. Indicando que
prestaría sus servicios en la institución educativa INEM, Jorge Isaac
2.8. Caso concreto

20
Samai, actuación tribunal de origen, índice 3; archivo 2_EXPEDIENTEDIGITAL_02ANEXOSANABOLEN(.PDF) NroActua 3; pag 16-17
21
Samai, actuación tribunal de origen, índice 3; archivo 2_EXPEDIENTEDIGITAL_02ANEXOSANABOLEN(.PDF) NroActua 3; pag 26
22
Samai, actuación tribunal de origen, índice 3; archivo 2_EXPEDIENTEDIGITAL_02ANEXOSANABOLEN(.PDF) NroActua 3; pag 27
23
Samai, actuación tribunal de origen, índice 3; archivo 2_EXPEDIENTEDIGITAL_02ANEXOSANABOLEN(.PDF) NroActua 3; pag 28

21
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56. La señora Ana Bolena Salamanca, en su calidad de docente oficial afiliada al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pretende el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes, a partir del momento en que cumplió los requisitos
previstos en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988.

57. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al haber acreditado la demandante, su vinculación al
servicio público antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y cumplir los requisitos
de edad y tiempo de servicios, exigidos para acceder a la pensión de jubilación.

58. Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación, argumentando que, la señora Salamanca se vinculó en propiedad al servicio
docente, el Diecinueve (19) de agosto de Dos Mil Cinco (2005), esto es, con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

59. Sostuvo además que, si la demandante pretendía completar el tiempo de servicios
para acceder al reconocimiento pensional, conforme a los parámetros de la Ley 71 de
1988, debía acreditar su condición de beneficiaria del régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En tal sentido, indicó que, al haber nacido el Veinte
(20) de junio de Mil Novecientos Sesenta y Cuatro (1964), al Primero (1) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994), contaba con treinta (30) años de edad, sin cumplir
los treinta y cinco (35) exigidos por la citada disposición.

60. Agregó que, tampoco acreditó quince (15) años de servicios al Treinta (30) de junio
de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995). En consecuencia, concluyó en la
improcedencia de aplicar la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988.

61. Finalmente, solicitó se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.

62. En consecuencia, se procede a resolver los puntos de inconformidad, formulados por
la entidad demandada.

• Requisitos para el Reconocimiento de la pensión por aportes

63. Ahora bien, con el fin de determinar si la parte actora tiene derecho al reconocimiento
de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, la Sala procederá

22
Numero interno: 0285-2025
Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

a examinar los requisitos establecidos en dicha normativa, a saber: (i) Que la demandante
demuestre su vinculación al servicio docente oficial con anterioridad al Veintisiete (27) de
junio de Dos Mil Tres (2003), fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003; (ii)
Que acredite veinte (20) años de aportes, continuos o discontinuos, cotizados en una o
varias entidades de previsión social de cualquier orden y en el Instituto de Seguros
Sociales, ISS, hoy Colpensiones; y (iii) Que cumpla cincuenta y cinco (55) años de edad,
si es mujer, o sesenta (60) años, si es hombre.

64. Así las cosas, se procede a revisar el material probatorio aportado, en aras de
establecer si la demandante cumple los requisitos señalados:

65. En el sub lite, se tiene que la señora Ana Bolena Salamanca (i) nació el Veinte (20)
de junio de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1964); (ii) la secretaría de educación
departamental del Valle del Cauca, la designó para desempeñar las funciones de
directora del centro docente No. 20 «Policarpa Salavarrieta», por la licencia concedida a
Celmira Osorio de Arias, tomando posesión del cargo mediante Acta No.464 del Tres (3)
de mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995); (iii) realizó aportes ante el ISS,
hoy Colpensiones, desde el Veintisiete (27) de septiembre de Mil Novecientos Ochenta y
Cuatro (1984), cotizando 766 semanas, lo que equivaldría a 5362 días, que en total sería
catorce (14) años, ocho (8) meses y cuatro (4) días; (iv) se vinculó como docente en
provisionalidad desde el veintiuno (21) de Noviembre de Dos Mil Tres (2003), mediante
resolución no. 2662 del Veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Tres (2003) y fue nombrada
en propiedad, mediante acta de posesión No. 4645 del Treinta (30) de octubre de Dos Mil
Seis (2006), para prestar sus servicios en la institución educativa «INEM Jorge Isaac», lo
que se traduce en 16 años, 11 meses y 15 días, de cotizaciones al FOMAG.24

66. De conformidad con lo expuesto, se advierte, en primer lugar, que la vinculación
inicial de la demandante al servicio docente, tuvo lugar el Tres (3) de mayo de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995), fecha a partir de la cual, prestó sus servicios al
Departamento del Valle del Cauca, en virtud del nombramiento efectuado mediante
Resolución No. 060 de 1995.

67. Lo anterior significa que, su vinculación se produjo con anterioridad al Veintisiete (27)
de junio de Dos Mil Tres (2003), fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En

24
Tiempo que se obtiene desde el 21/11/2003 hasta la fecha de la reclamación administrativa 5/11/20, teniendo en cuenta en que seguía vincula a la docencia.
No obstante, se evidencia, que hay periodos concomitantes entre las semanas cotizadas al ISS y al fomag, aspecto que se puntualizará en los párrafos
siguientes.

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Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

esos términos, la demandante es beneficiaria del régimen de transición previsto en dicha
normativa y, en consecuencia, podía acceder al reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes conforme a la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 2709 de
1994, al estar demostrada, la acumulación de tiempos laborados en el sector público y
privado.

68. En segundo lugar, la demandante acreditó veinte (20) años de aportes, continuos o
discontinuos, conforme a lo previsto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, toda vez que,
efectuó cotizaciones en los siguientes períodos:

Entidad de Desde Hasta Total
previsión
Colpensiones 27 de septiembre de 20 de noviembre de 12, años, 10,
1984 2003 meses y 21 días25
Tiempo cotizado a 21 de noviembre de 31 de agosto 2005 1, año, 9 meses y
Colpensiones y 2003 6 días
Fomag26
FOMAG 1 de septiembre de 20 de junio de 2019 13 años, 9
2005 (fecha en la que meses, 6 días
cumplió 55 años de
edad
TOTAL 28 años, 4
meses, 33 días

69. En tercer lugar, en cuanto al cumplimiento del requisito de edad, previsto en el
artículo 7º de la citada ley, por tratarse de una mujer, debía acreditar cincuenta y cinco
(55) años. Conforme al registro civil de nacimiento que obra en el expediente, la señora
Ana Bolena Salamanca cumplió dicha edad, el Veinte (20) de junio de Dos Mil Diecinueve
(2019), fecha en la cual, adquirió el estatus pensional.

70. De acuerdo con lo expuesto, y contrario a lo sostenido por la entidad demandada, la
docente tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes. En
efecto, se logró determinar que la vinculación de la actora al servicio docente oficial, se
produjo desde el Tres (3) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Ninco (1995), cuando
fue designada para cubrir una licencia por noventa (90) días, sin que mediara contratación
a través de órdenes de servicio o contratos de prestación de servicios.

25 El tiempo de 12 años, 10 meses y 21 días se obtiene de la siguiente operación: Colpensiones acreditó 766 semanas cotizadas, equivalentes a 5.362
días. Sin embargo, existen periodos concomitantes entre las semanas cotizadas al ISS y el tiempo de servicio prestado como educadora oficial entre el
21/11/2003 y el 31/08/2005, los cuales corresponden a 652 días.
En consecuencia, al restar estos 652 días de los 5.362 días certificados por Colpensiones, se obtiene un total de 4.710 días, equivalentes a 672 semanas,
lo que corresponde a 12 años, 10 meses y 21 días.

26 El cálculo entre el 21/11/2003 y el 31/08/2005 da un total de 652 días, lo que equivale a 1 año, 9 meses y 6 días.

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Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

71. No obstante, aun en el evento que la vinculación inicial hubiera tenido lugar bajo dicha
modalidad contractual, esta Sala ha sostenido en reiterados pronunciamientos que, el
tiempo servido como docente mediante órdenes de trabajo o contratos de prestación de
servicios, es válido para efectos del reconocimiento pensional, en aplicación del principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades27, dado que, lo relevante es la efectiva
prestación del servicio docente oficial28.

72. La Sala resalta que, esta postura se armoniza con la interpretación que ha realizado
la Corte Constitucional29, en la medida en que, dicha forma de vinculación no es ajena a
quienes posteriormente se incorporan en propiedad a la planta docente de las entidades
territoriales, siendo sustancialmente similares las funciones desempeñadas. Por tanto,
quienes ingresan mediante una relación legal y reglamentaria como aquellos vinculados
bajo modalidades contractuales, deben acreditar los mismos requisitos sustanciales para
efectos del reconocimiento pensional.

73. De otra parte, resulta equivocado afirmar que, la demandante no es titular del derecho
prestacional por haber adquirido la propiedad en el año 2015, o por no cumplir los
requisitos del régimen de transición previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Ello
es así, porque tratándose de docentes oficiales, la aplicación de la Ley 71 de 1988,
depende que la vinculación al servicio docente público oficial, se haya producido con
anterioridad al Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003), fecha de entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003.

74. Cumplida dicha condición, y acreditada la acumulación de tiempos laborados en
entidades públicas y privadas, la docente puede acceder al reconocimiento de la pensión
por aportes, conforme a los requisitos previstos en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, sin
que el legislador haya condicionado tal derecho a la circunstancia de ostentar la
propiedad del cargo, ni al cumplimiento de los requisitos propios del régimen de
transición, como lo serían la edad de treinta y cinco (35) años para la mujer, o quince (15)
años de servicio al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

75. En consecuencia, supeditar el reconocimiento del derecho pensional a tales

27
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado :17001-23-33-000-2020-00038-01 (6307-2022),
Demandante: Miguel Ángel González Vélez
28
Sobre este punto, es del caso decir que, si bien la Ley 60 de 1993 contemplaba la posibilidad de vincular docentes por contratos de prestación de servicios,
parágrafo uno del artículo 6, mediante sentencia C- 555 de 1994, la Corte Constitucional lo declaró inexequible, por violación del principio de igualdad. En ese
sentido, el principio de primacía de la relación laboral supone el reconocimiento de los emolumentos económicos laborales y se logra a través de un proceso
judicial donde se busque dicha pretensión, y aunque en este expediente este no sea su propósito, en aras de materializar esa garantía constitucional se tiene
por relevante el tiempo prestado por contratos cuyo objeto sea la docencia.
29
Entre otras, la sentencia C-517 de 1999

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Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

exigencias, no resulta legalmente admisible.

• Falta de legitimación en la causa por pasiva.

76. En relación con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, la Sala
precisa que, mediante la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con el objeto de atender
el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En tal virtud, dentro de sus
funciones se encuentra el reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación, post
mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la sustitución pensional.

77. Así las cosas, se advierte que la orden de reconocimiento pensional, se dirigió a la
entidad competente, esto es, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
el cual, a través de la Fiduprevisora en su condición de entidad pagadora, deberá dar
cumplimiento de la solicitud.

78. Igualmente, resulta equivocada la afirmación de la parte apelante, pues en el presente
asunto, no se está ordenando la reliquidación de una prestación previamente reconocida,
sino el reconocimiento mismo del derecho pensional el cual, está a cargo del FOMAG, y
si bien es cierto, la entidad territorial, a través de su secretaría de educación, expide el
acto administrativo, tampoco es menos cierto que, lo hace en representación del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cual es la entidad legitimada por pasiva
y cuya representación judicial fue ejercida por FIDUPREVISORA S.A. En este orden de
ideas, la legitimación en la causa por pasiva no radica en el ente territorial.

79. Con fundamento en todo lo anterior, se confirmará el reconocimiento pensional. No
obstante, la Sala observa que existe una discrepancia en la parte considerativa y
resolutiva del fallo apelado, respecto de la fecha del estatus, pues en el acápite
«conclusión» se determinó:

«Conclusión. Comoquiera que la demandante acreditó su vinculación al servicio público
educativo oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y el cumplimiento de
los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos para acceder a la pensión pretendida,
la Sala declarará la nulidad del acto administrativo acusado y ordenará el reconocimiento
de la pensión de jubilación por aportes en favor de la demandante, liquidada con el 75%
del promedio de lo devengado por concepto de asignación básica durante el año anterior
a la consolidación del estatus pensional y efectiva a partir del 20 de junio de 2019 (fecha
de estatus), sin exigir retiro definitivo del servicio para su inclusión en nómina»

80. Sin embargo, en el ordinal SEGUNDO de la sentencia recurrida, se precisó como

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Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

fecha de estatus, así:

«SEGUNDO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que reconozca a la señora Ana Bolena Salamanca Caicedo,
identificada con cédula de ciudadanía núm. 31.835.802, la pensión de jubilación por aportes
prevista en la Ley 71 de 1988 liquidada con el 75% del promedio de lo devengado por concepto
de asignación básica durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional (2013 –
2014) y efectiva a partir del 23 de noviembre de 2014 (fecha de estatus), sin exigir retiro
definitivo del servicio para su inclusión en nómina.»

81. Por lo tanto, y aunque no fue un motivo de apelación, de conformidad con el artículo
328 y 285 del Código General del Proceso, esta Sala ordenará de oficio la aclaración de
la fecha del estatus, precisándose como se expuso en la parte considerativa del fallo del tribunal, que
la pensión de jubilación por aportes sería efectiva a partir del Veinte (20) de junio de Dos
Mil Diecinueve (2019). En consecuencia, se modificará el numeral segundo de la
sentencia de primera instancia.

2.9 Condena en costas

82. Revisado la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

83. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. – CONFIRMAR parcialmente, la sentencia del Treinta (30) de septiembre de
Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en
el presente proveído.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia del Treinta (30) de
septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, el cual quedará así:

ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio que reconozca a la señora Ana Bolena Salamanca Caicedo,

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Demandante: Ana Bolena Salamanca
Demandado: Fomag

identificada con cédula de ciudadanía núm. 31.835.802, la pensión de jubilación por aportes
prevista en la Ley 71 de 1988 liquidada con el 75% del promedio de lo devengado por
concepto de asignación básica durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional
(2018 – 2019) y efectiva a partir del 20 de junio de 2019 (fecha de estatus), sin exigir retiro
definitivo del servicio para su inclusión en nómina.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Una vez en firme esta sentencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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