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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00001-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00001-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Veintidós (22) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 29 Número interno: 6475- 2024 Demandante: Laura Stella Niño Vargas Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 253 del Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), mediante la cual, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó la pensión de jubilación a la demandante. TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a favor de la señora Laura Stella Niño Vargas, una pensión de jubilación de conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985, equivalente al setenta y cinco (75%) de lo devengado durante el año anterior a la fecha en que adquirió el estatus pensional- Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil Diecinueve (2019) y Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil Dieciocho (2018), con la inclusión de los factores salariales que sirvieron de base de cotización, de conformidad con lo establecido en la Ley 62 de 1985, así como, demás factores creados en favor de los docentes y que tengan carácter prestacional. El pago de la pensión de jubilación reconocida la demandante se efectuará a partir de la fecha de consolidación del estatus pensional, es decir, desde el Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil Diecinueve (2019), sin que tenga que acreditar el retiro del servicio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: La entidad accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final índice inicial […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2021-00001-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., Nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 15001-23-33-000-2021-00001-01 (6475-2024)1
Demandante : Laura Stella Niño Vargas
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG).
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Pensión de jubilación – Docente
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Veintidós (22) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024)2, proferida por la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de
la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda3

1.1. Pretensiones

1. La señora Laura Stella Niño Vargas, a través de apoderado judicial, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
por medio de la cual, solicitó la nulidad de la Resolución No. 253 del Veinte (20) de
noviembre de Dos Mil Veinte (2020), que negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación.

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pretende
que, se ordene a la parte demandada, reconocer y pagar la pensión de jubilación,
equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) de los salarios y primas recibidas, anteriores

1Expediente electrónico SAMAI:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=150012333000202100001011100103.
2 Sala de decisión integrada por los magistrados Diego Mauricio Higuera Jiménez, Félix Alberto Rodrígurez Riveros y

Luis Ernesto Arciniegas Triana.
3 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”.

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Número interno: 6475- 2024
Demandante: Laura Stella Niño Vargas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)

al cumplimiento del estatus de pensionada, es decir, a partir del Ocho (8) de julio de Dos Mil
Dieciocho (2018).

3. Asimismo, solicita se le condene a: i) reconocer y pagar los ajustes con motivo de la
disminución del poder adquisitivo sobre cada una de las sumas adeudadas, ii) reconocer y
pagar las mesadas atrasadas desde el momento de consolidación del derecho, iii) ordenar
que se incluya en la nómina pensional, iv) reconocer y pagar intereses moratorios a partir
de la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta que se efectúe el pago de los valores
adeudados, v) cumplir con la sentencia en los términos que disponen los artículos 192 y
195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y vi) en
costas.

4. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, son los
siguientes.

5. La señora Laura Stella Niño Vargas, nació el Veintiocho (28) de julio de Mil
Novecientos Sesenta y Tres (1963), por lo cual, a la fecha de la presentación de la
demanda, tenía más de cincuenta y cinco (55) años.

6. Señaló que, fue vinculada bajo órdenes de prestación de servicios, para el ejercicio
de labores docentes, en los siguientes periodos, las cuales, fueron celebradas con las
entidades territoriales, que a continuación se identifican:

Entidad territorial Plazo contractual

Municipio de Del Dieciséis (16) de agosto al Treinta (30) de noviembre de Mil Novecientos
Covarachi(í)a- Noventa y Cuatro (1994)
Boyacá, Secretaría Del Veintiuno (21) de febrero al Treinta (30) de noviembre de Mil Novecientos
de Educación Noventa y Cinco (1995)
Departamento de Del Nueve (9) de marzo al Quince (15) de junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho
Boyacá, Secretaría (1998)
de Educación Del Trece (13) de julio al Treinta (30) de noviembre de Mil Novecientos Noventa y
Ocho (1998)
Del Ocho (8) de enero al Once (11) de junio de Mil Novecientos Noventa y Nueve
(1999)
Del Dieciocho (18) de agosto al Veintiséis (26) de noviembre de Mil Novecientos
Noventa y Nueve (1999)
Del Cuatro (4) de febrero al Nueve (9) de junio del Dos Mil (2000)
Del Diez (10) de julio al Primero (1) de Diciembre del Dos Mil (2000)
Del Diecinueve (19) de febrero al Quince (15) de junio de Dos Mil Uno (2001)

Del Nueve (9) de julio al Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Uno (2001)
Del Primero (1) de febrero al Primero (1) de abril de Dos Mil Dos (2002)

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Número interno: 6475- 2024
Demandante: Laura Stella Niño Vargas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)

Del Dos (2) de abril al Treinta (30) de noviembre de Dos Mil Dos (2002)
Municipio de Del Veinticinco (25) de febrero al Veinticuatro (24) de marzo de Dos Mil Tres (2003)
Duitama, Secretaría Del Veintinco (25) de marzo al Veinticuatro (24) de junio de Dos Mil Tres (2003)
de Educación Del Veinticinco (25) de junio al Cuatro (4) de julio de Dos Mil Tres (2003)
Del Veintitrés (23) de julio al Veinte (20) de septiembre de Dos Mil Tres (2003)
Del Veintidós (22) de septiembre al Doce (12) de diciembre de Dos Mil Tres (2003)

7. Sostuvo que, con posterioridad, fue vinculada en provisionalidad, en la Secretaría
de Educación de Duitama- Boyacá, entre el Treinta (30) de diciembre del Dos Mil Tres
(2003) y el Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Seis (2006).

8. Afirmó que, fue vinculada en periodo de prueba a la Secretaría de Educación de
Sogamoso- Boyacá, entre el Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Seis (2006) y el Dieciocho
(18) de enero de Dos Mil Siete (2007) y seguidamente, fue vinculada en propiedad, desde
el Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Siete (2007), desempeñando ese cargo hasta la
fecha de presentación de la demanda.

9. Indicó que, le resulta aplicable el régimen de pensión de jubilación regulado por la
Ley 33 de 1985, por lo cual, cuando cumplió cincuenta y cinco (55) años de edad y veinte
(20) años de servicios, solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
el reconocimiento prestacional, a partir del Ocho (8) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018),
fecha de cumplimiento del estatus pensional, sin embargo, la entidad negó el
reconocimiento, mediante la Resolución No. 253 del Veinte (20) de noviembre de Dos Mil
Veinte (2020), pues afirmó que no tenía derecho.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

10. La parte demandante expresa que, el acto administrativo objeto de censura,
vulnera el artículo 1 de la Ley 33 de 1985; artículo 15 de la Ley 91 de 1989; el artículo 6
de la Ley 60 de 1993; el artículo 115 de la Ley 115 de 1993; el artículo 279 de la Ley 100
de 1993; el artículo 81 de la Ley 812 de 2003; y los artículos 1 y 2 del Decreto 3752 de
2003.

11. Expone que, el acto demandado, fue expedido con violación de las normas en que
debería fundarse, toda vez que, la actora cumple con los requisitos legales para acceder
al reconocimiento de la pensión de jubilación, sin embargo, le fue negado.

12. Sostuvo que, por encontrase vinculada antes del Veintitrés (23) de junio de Dos Mil
Tres (2003), fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, la cobija el régimen
anterior a la promulgación de la mencionada ley, es decir, la Ley 33 de 1985 aplicable a

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Número interno: 6475- 2024
Demandante: Laura Stella Niño Vargas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)

los servidores públicos, por lo que, la entidad demandada erró al negarle la pensión bajo
el análisis de lo preceptuado en la Ley 100 de 1993.

13. Con fundamento en la sentencia del dieciséis (16) de marzo de Dos Mil Diecisiete
(2017), proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
el asunto con radicado 1078-2024, señaló que, al considerar que, la vinculación tuvo lugar
antes del «Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Tres (2003)», su régimen se rige por la Ley
91 de 1989 y por ende, el correspondiente a los empleados del orden nacional, definido
en la Ley 33 de 1985 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, sin que resulte exigible
que, se encontrara laborando a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
pues únicamente es exigible reportar una vinculación antes del «Veintiséis (26) de junio
de Dos Mil Tres (2003)».

14. Bajo lo expuesto en la sentencia de Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil
Dieciocho (2018), proferida por Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el asunto con radicado 3864-2015, estableció que, la modalidad de vinculación
bajo contratos de prestación de servicios, es susceptible de computarse para efectos del
reconocimiento del derecho pensional.

1.3. Contestación de la demanda4

15. Tras oponerse a las pretensiones, la demandada arguyó que, no resulta
jurídicamente procedente aplicar a la demandante las disposiciones consagradas en la
Ley 33 de 1985, pues, argumentó que, la demandante se vinculó como docente afiliada
al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio, con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, de suerte que, el régimen pensional que le corresponde
está guiado por las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

16. Agregó que, en el escenario en que se reconociera la prestación, los factores
llamados a integrar la base de liquidación, constituirían aquellos de que trata el Decreto
1158 de 1994, siempre que, sobre estos se hubieren realizado los respectivos aportes al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones.

17. Argumentó que, no hay lugar a la condena en costas, pues, no está demostrado
que se hubieren causado expensas, aunado a lo cual, señaló que, los argumentos de
defensa parten de criterios eminentemente jurídicos, sin que constituyan temeridad o mala
fe.

4 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00009- Archivo
“211_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CONTESTACIONDEMANDA(.PDF)”.

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Demandante: Laura Stella Niño Vargas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
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18. Formuló las excepciones que denominó «legalidad de los actos administrativos atacados
de nulidad», «[la] demandante no es beneficiario de las disposiciones normativas que se alegan [sic]»,

«factores salariales que integran el ingreso base de liquidación », «ineptitud de la demanda por carencia
de fundamento jurídico» e «improcedencia de condena en costas».

1.4. Sentencia de primera instancia5

19. Mediante sentencia del Veintidós (22) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, negó las pretensiones de
la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.

20. La Sala del Tribunal determinó que, se demostró que, la demandante ingresó a la
docencia oficial a través de una vinculación legal y reglamentaria, en provisionalidad,
desde el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Tres (2003), la cual, se extendió hasta el
Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Veinte (2020), es decir, con posterioridad al
Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Tres (2003), fecha de entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, por tanto, las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en pensiones,
ocurrieron con posterioridad a la vigencia de la norma en cita.

21. Afirmó que, en los periodos laborados bajo las órdenes de prestación de servicios,
comprendidos entre los años Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) y Dos Mil Tres
(2003), no se demostró que, se hubiesen realizado aportes en pensiones durante su
ejecución y, si bien, la apoderada de la parte demandante, allegó una sentencia de
primera instancia del Primero (1) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023), en que el
Juzgado Tercero Administrativo de Duitama- Boyacá, declaró la existencia de la relación
laboral entre el departamento de Boyacá y la demandante, frente a los contratos de
prestación de servicios celebrados entre los años Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998)
y Dos Mil Dos (2002), dicha providencia no podía tenerse en cuenta, pues, fue allegada
por fuera de las etapas probatorias ordinarias y aun no se encontraba en firme.

22. Sostuvo que, la ausencia en la demostración de la realización de aportes al Sistema
de Seguridad Social en pensiones, durante el término en que fue vinculada mediante
órdenes de prestación de servicios, impide el reconocimiento pensional en los términos
de las Leyes 33 y 62 de 1985. Además, de considerarse el tiempo de servicios que
acreditó, conforme la vinculación a partir del año Dos Mil Tres (2003), la demandante no
cumpliría con el requisito de tiempo de servicios equivalente a Veinte (20) años,
comoquiera que, acreditó cotizaciones durante Dieciséis (16) años y Veintisiete (27) días.

5 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00038.

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Número interno: 6475- 2024
Demandante: Laura Stella Niño Vargas
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Sociales del Magisterio (FOMAG)

23. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante, pues, indicó
que, la demanda se fundamentó en precedentes jurisprudenciales proferidos en asuntos
con apariencia semejante e indicó que, en procesos de naturaleza laboral, resulta
desproporcionado condenar en costas a la parte débil de tal relación.

1.5. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante6

24. La parte demandante, interpuso recurso de apelación, en el cual, argumentó que,
el tiempo laborado bajo órdenes de prestación de servicios, es computable para efectos
del reconocimiento de la pensión de jubilación y expuso que, no se requiere de una
sentencia judicial que así lo determine, pues, según la jurisprudencia del Consejo de
Estado7, la naturaleza de la labor docente desarrollada en el marco de contratos u órdenes
de prestación de servicios, es constitutiva de una relación laboral y los periodos que se
hayan acumulado bajo dicha modalidad de vinculación, tienen efectos pensionales frente
al tiempo de servicios.

25. Precisó que, en consideración a que los periodos en los cuales la demandante
prestó servicios docentes, bajo contratos de prestación de servicios, anteceden a la
vigencia de la Ley 812 de 2003, en virtud de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, se encuentra excluida de la aplicación del régimen general de pensiones.

26. A partir de las anteriores consideraciones, afirmó que, el régimen aplicable a la
demandante, se encuentra previsto por las leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, cuyos
requisitos, de edad y tiempo de servicios cumple, pues, se acreditó la vinculación anterior
a la vigencia de la Ley 812 de 2003, ha prestado sus servicios durante más de veinte (20)
años y tiene más de Cincuenta y Cinco (55) años.

27. En lo que corresponde a la doble asignación, afirmó que, según lo establecido por
el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 y el Decreto 2277 de 1979, resultan compatibles la
asignación pensional de jubilación y el salario percibido por concepto del servicio activo,
razón por la cual, para el disfrute de la pensión de jubilación, no se requiere el retiro del
servicio, aspecto que, tiene lugar en el asunto, pues, la demandante actualmente presta
sus servicios al magisterio.

28. Finalmente, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia, se declare la
nulidad de la Resolución No. 253 del Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020)
y, se ordene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento

6 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00044- Archivo “SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00038.”
7 Al respecto citó la sentencia de Diecisiete (17) de junio de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Subsección A de

la Sección Segunda del Consejo de Estado en el asunto con radicado No. 4678-2021.

7

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Demandante: Laura Stella Niño Vargas
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de la pensión de jubilación a la demandante, bajo el régimen previsto en la Ley 33 de
1985, en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los
salarios que sirvieron de base para realizar los aportes pensionales, durante el año de
consolidación del estatus pensional, con efectos fiscales desde la consolidación del
derecho y sin exigir el retiro del cargo para devengar la prestación.

1.2. Trámite de segunda instancia

29. Por auto de Treinta (30) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026)8, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

1.3. Solicitud probatoria en segunda instancia.

30. El Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)9, la apoderada judicial
de la parte demandante se pronunció, a efectos de reiterar su inconformidad con la
sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, la exigencia que planteó el
Tribunal referente a la declaratoria judicial previa de una relación laboral durante el periodo
en que laboró bajo órdenes de prestación de servicios, desconoce la jurisprudencia del
Consejo de Estado, según la cual, en este tipo de actividades es consustancial la
existencia de una relación laboral. En suma, indicó que, dicha carga resulta
desproporcionada, pues, si no se realizaron los aportes pensionales durante los periodos
de ejecución contractual, no se puede atribuir al empleado esa omisión, ni debe soportar
las consecuencias de la omisión, máxime si se considera que, no hay lugar someter a una
persona de la tercera edad, al curso de un proceso judicial en que se discuta la existencia
de la relación laboral.

31. Posteriormente, el Veintiséis (26) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)10, informó
que, en el asunto identificado con radicado No. 15238 33 33 003 2020 00690 00 (01), el
Tribunal Administrativo de Boyacá, profirió la sentencia del Veintiuno (21) de octubre de
Dos Mil Veinticuatro (2024), en que, confirmó la sentencia de primero (1) de diciembre de
Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Boyacá, que,
declaró la existencia de la relación laboral entre el departamento de Boyacá y la señora
Laura Stella Niño Vargas. Además, adjuntó copia de las providencias proferidas en dicho
proceso judicial, la constancia de ejecutoria y el acto administrativo que cumplió con lo

8 SAMAI- Índice 00005.
9 SAMAI- Índice 00010.
10 SAMAI- Índice 00011.

8

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Demandante: Laura Stella Niño Vargas
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ordenado en las sentencias; medios de prueba respecto de los cuales, solicitó su
incorporación.

32. Mediante auto del Veintiséis (26) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), el despacho
sustanciador, negó la incorporación de los medios de prueba bajo la solicitud de la parte
demandante, comoquiera que, las piezas documentales se allegaron por fuera del término
de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, es decir, al margen de las
oportunidades previstas en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo. A su vez, se advirtió que, las providencias judiciales
aportadas constituyen documentos públicos en los términos del artículo 243 del Código
General del Proceso, por ende, su valoración y existencia puede ser realizada por el juez
oficiosamente sin necesidad de incorporación.

33. Sin embargo, en el auto en mención, frente a demás medios probatorios, el
despacho sustanciador procedió a su incorporación de oficio, en ejercicio de las facultades
previstas por el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, por lo cual, corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.

34. El Veintidós (22) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024)11 la parte demandante
se pronunció, reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

35. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

36. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo12, el Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso13, cuando ambas partes hayan apelado la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

11 SAMAI- Índice 00021.
12 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones

de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.
13 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,

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Número interno: 6475- 2024
Demandante: Laura Stella Niño Vargas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)

2.2. Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

37.1. ¿Los periodos de servicio, bajo vinculación por contratos u órdenes de
servicios anteriores a la vigencia de la Ley 812 de 2003, deben tenerse en cuenta
para el reconocimiento pensional pretendido por la demandante?

37.2. De resultar afirmativa la respuesta al interrogante anterior, se establecerá si
¿Se debe revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las
pretensiones de la demanda, comoquiera que, a la señora Laura Stella Niño Vargas
le asiste derecho a la pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985, en
cuantía del 75% del promedio de los salarios que sirvieron de base para realizar
los aportes pensionales durante el año de durante el año de consolidación del
estatus pensional, con efectos fiscales desde la consolidación del derecho y sin
exigir el retiro del cargo para devengar la prestación?

38. Con el fin de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos:
2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al régimen pensional, 2.4. Cómputo
de la labor docente ejercida mediante contratos de prestación de servicios, 2.5.
Compatibilidad entre pensión y las contraprestaciones percibidas por concepto del
ejercicio de la docencia oficial, 2.6. Hechos probados y 2.7. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al régimen pensional14.

39. En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara veinte (20) años de
servicio y llegara a cincuenta (50) años, tendría derecho a una pensión vitalicia de
jubilación liquidada con el setenta y cinco por ciento (75%) del «promedio de los sueldos
devengados durante el último año». Posteriormente, sus derechos pensionales fueron

regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el derecho a obtener una pensión
de jubilación para aquellos que acumularan veinte (20) años de servicio y cumplieran
cincuenta y cinco (55) años, liquidada con el setenta y cinco por ciento (75%) «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite
de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, consejero ponente:

Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del Cinco (5) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026). radicado76001-
23-33-000-2021-00976-01 (0285-2025).

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40. Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio concebido como una cuenta especial de la Nación, que tiene como finalidad
realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el
Fondo tiene dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem,
de retiro por vejez, de invalidez y la sustitución pensional de los docentes afiliados.

41. Ahora bien, en la ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a dicho
Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según
el cual «para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados,
y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de
Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector
público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional ».

(Subrayado fuera de texto).

42. En ese orden, aunque, si bien es cierto, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó
que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario mensual promedio del último año de
servicios, también lo es que, no especificó los requisitos de reconocimiento de la
prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los pensionados del sector
público nacional. Ahora, ese régimen atendiendo a la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado15, corresponde al consagrado para el sector público
en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en
materia pensional establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del
artículo 279 de esta normativa.

43. De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el
empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y
llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años tendrá derecho a que la respectiva
Caja de Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma
disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que, la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos de
representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la

15 Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.

Radicado 68001233100020110027601

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bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, « las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que
hayan servido de base para calcular los aportes.»

44. Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993 no varió las condiciones como se
venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que, como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en la
mencionada Ley 91 de 1989, en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de
1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley
33 de 1985.

45. Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 « Por la cual se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario», puesto que, a través del

artículo 8116introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes oficiales,
con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones regulado
por la Ley 100 de 1993.

46. En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público
educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, enseguida reguló que los

docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor – Veintisiete (27) de junio
de Dos Mil Tres (2003) -, deben ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, « con los requisitos previstos en él,
con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres ».

47. El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación
con el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que, « el régimen
pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los
derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos
del artículo 81 de la Ley 812 de 2003».

16 Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto

Nacional 3752 de 2003.

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48. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de Veinticinco (25) de
abril de Dos Mil Diecinueve (2019)17, en la cual, estableció que, para definir el régimen
pensional que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes
nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de partida
la fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos la citada
sentencia estableció:

«[…] I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. […]».

49. De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que, para quienes
se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el Veintisiete (27) de junio de dicho
año18, la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde « al
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los
que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y
por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo »19

50. Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley
812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son
beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de
1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la
citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años. Esto quiere decir, que para
el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la
Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y no la
regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de

17 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.

18 Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.

19 0937-2017. MP César Palomino Cortés.

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liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]».

51. En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicaran
las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: cincuenta y cinco (55) años. Y
de tiempo o semanas: veinte (20) años de servicio con un monto: setenta y cinco por
ciento (75%) con un IBL o componente temporal del último año anterior a la
adquisición del derecho a la pensión, en consideración de la compatibilidad del
ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5º
de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según corresponda.

52. En contraste, a los docentes vinculados a partir del Veintisiete (27) de junio de Dos
Mil Tres (2003), se les aplicará las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Requisito de
edad: Cincuenta y Siete (57) años. Requisito de tiempo de servicios, según
corresponda, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el monto del que
resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34, según corresponda en el tiempo
y con IBL o componente temporal de los últimos Diez (10) años o toda la vida laboral,
de acuerdo con el artículo 21 de la citada Ley.

53. De conformidad con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación
a la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a
su vez, remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» ,
contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968,
este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

2.4. Cómputo de la labor docente ejercida mediante contratos de prestación de
servicios.

54. Respecto de los periodos laborados mediante contratos de prestación de servicios,
esta corporación ha precisado que pueden considerarse para acreditar el ejercicio de
la función docente oficial y, por ende, computarse para efectos pensionales.

55. Ello se apoya, ante todo, en la definición material de la labor docente prevista en el
artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, que alude al ejercicio de la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales en distintos niveles, lo cual se centra en la naturaleza
de la actividad, más allá de la forma de vinculación.

56. En ese orden, y de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el docente
contratado por prestación de servicios desarrolla su labor de forma personal y bajo
directrices propias del servicio público educativo, en términos análogos al docente

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vinculado legal y reglamentariamente. De ahí que, en la sentencia de unificación del
25 de agosto de 201620, se haya resaltado, la subordinación y la sujeción a
reglamentos, calendario académico y órdenes jerárquicas, lo cual justifica la
protección a la luz de los principios de primacía de la realidad e igualdad.

57. En tal sentido, se ha entendido viable el reconocimiento pensional con inclusión de
tiempos laborados por contratos de prestación de servicios, ya sea cuando se
pretende la declaración de una relación laboral encubierta o, incluso, cuando se
solicita únicamente su cómputo para efectos pensionales, en aplicación de principios
como, la primacía de la realidad, favorabilidad y pro homine. A ese respecto, el
Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:

«se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios es viable cuando se
pretende la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que
únicamente se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual»21

58. Ahora bien, la admisión de esos tiempos para efectos pensionales no releva el deber
de recaudo de aportes al sistema. De hecho, el ordenamiento contempla instrumentos
para el pago o cobro de aportes omitidos o insuficientes, y, además, el Decreto 3752
de 2003- artículo 2- asigna a las entidades territoriales o de previsión a cargo los
trámites de prestaciones causadas antes de la afiliación al FOMAG, con la
responsabilidad correlativa frente a omisiones en el pago de aportes.

59. En consecuencia, para la Ley 812 de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato
de prestación de servicios antes del 27 de junio de 2003, se aplica el régimen anterior,
esto será, el previsto en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, o a la ley
71 de 1988, indistintamente de interrupciones posteriores o de cambios en la
modalidad de vinculación.

60. Esta interpretación se sostiene, de una parte, porque la Ley 812 de 2003 no distinguió
modalidades de vinculación y se limitó al criterio temporal de ingreso; y, de otra,
porque, conforme a la sentencia C-555 de 1994, la diferenciación entre docentes
empleados públicos y docentes contratistas no puede conducir al desconocimiento de
derechos irrenunciables cuando realizan la misma actividad en situaciones idénticas o

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de unificación

del 25 de agosto de 2016, exp. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de

enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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análogas. En tal virtud, la vinculación inicial anterior a la Ley 812 de 2003, aun bajo
contratos de prestación de servicios, no impide la aplicación del régimen anterior.

2.5. Compatibilidad entre pensión y las contraprestaciones percibidas por
concepto del ejercicio de la docencia oficial

61. En relación con la supuesta incompatibilidad entre pensión y salario docente, debe
reiterarse que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, prevé expresamente que, para
afiliados al FOMAG, las prestaciones serán compatibles con pensiones o cualquier
clase de remuneración.

62. Además, ese entendimiento ha sido respaldado por disposiciones históricas que
reconocieron la compatibilidad en el ejercicio de la docencia, verbi gratia, el Decreto
224 de 1972 y la Ley 60 de 1993, así como por el literal g) del artículo 19 de la Ley 4
de 1992, interpretado por esta corporación como una salvaguarda de las
disposiciones.

63. A ello se le puede sumar, que la única norma que estableció de forma expresa una
incompatibilidad de pensiones, se halla en el art. 45 del Decreto 1278 de 2002, el cual
y luego de un análisis constitucional, fue declarado inexequible con sentencia C-1157
de 2003, en consideración a que el Ejecutivo, no podía suprimir una excepción
configurada por el legislador.

64. En ese contexto, la jurisprudencia ha reiterado que los maestros oficiales pueden
percibir salario y pensión simultáneamente, tanto si se vincularon antes como después
de la Ley 812 de 2003, dado que la compatibilidad se reconoce por razón de la
actividad docente oficial y no por la pertenencia a un régimen específico.

65. Con todo, la compatibilidad se encuentra delimitada al ejercicio de la docencia oficial,
precisión que acota el alcance de la excepción frente a la prohibición general de doble
asignación del tesoro público.

66. Por ende, no resultará jurídicamente atendible, condicionar el reconocimiento o
disfrute de la pensión de jubilación del docente a la desvinculación del servicio, en
tanto y en cuanto, la compatibilidad constituye uno de los rasgos característicos del
régimen del magisterio, en los términos en que ha sido desarrollado normativamente
y reiterado en sede jurisprudencial de esta misma subsección.

2.6. Hechos probados

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67. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base
en el material probatorio aportado al plenario y de acuerdo con los hechos constatados
por esta Subsección, se destaca:

68. La señora Laura Stella Niño Vargas, nació el Veintiocho (28) de julio de Mil
Novecientos Sesenta y Tres (1963), conforme lo determinan el registro civil de
nacimiento22 y la copia de la cédula de ciudadanía23, que obran en el expediente.

69. La señora Niño Vargas, ejecutó contratos de prestación de servicios para el desarrollo
de actividades docentes, con entidades territoriales, en los siguientes periodos:

Entidad Identificación del Plazo contractual Tiempo de servicios
territorial contrato u orden de
prestación de
servicios

Departamento Orden de prestación Desde su perfeccionamiento Tres (3) Meses y Seis
de Boyacá, de servicios de Nueve hasta el Quince (15) de junio de (6) Días
Secretaría de (9) de marzo de Mil Mil Novecientos Noventa y
Educación Novecientos Noventa Ocho (1998)
y Ocho (1998)24

Orden de prestación Desde su perfeccionamiento al Cuatro (4) Meses y
de servicios No. 361 Treinta (30) de noviembre de Diecisiete (17) Días
del Trece (13) de julio Mil Novecientos Noventa y
de Mil Novecientos Ocho (1998)
Noventa y Ocho
(1998)25

Orden de prestación Desde su perfeccionamiento al Cinco (5) Meses y Tres
de servicios No. 361 V Once (11) de junio de Mil (3) Días
de Mil Novecientos Novecientos Noventa y Nueve
Noventa y Nueve (1999)
(1999)26

Orden de prestación Del Dieciocho (18) de agosto28 Tres (3) Meses y Ocho
de servicios No. 244 al Veintiséis (26) de noviembre (8) Días
PM de Mil de Mil Novecientos Noventa y
Novecientos Noventa Nueve (1999)
y Nueve (1999)27

22 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 26.
23 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 25.
24 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 33 a 35.
25 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 36 a 38.
26 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 39 a 41.
27 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 42 a 44.
28 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 63.

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Orden de prestación Desde su perfeccionamiento al Cuatro (4) Meses y
de servicios No. 388 Nueve (9) de junio del Dos Mil Cinco (5) Días
del Cuatro (4) de (2000)30
febrero del Dos Mil
(2000)29

Orden de prestación Desde su perfeccionamiento al Cuatro (4) Meses y
de servicios No. Primero (1) de Diciembre del Veintiún (21) Días
1163.V. del Diez (10) Dos Mil (2000)32
de julio del Dos Mil
(2000)31

Orden de prestación Desde el Diecinueve (19) de Tres (3) Meses y
de servicios No. 109 febrero al Quince (15) de junio Veintiséis (26) Días
PM del Diecinueve de Dos Mil Uno (2001)34
(19) de febrero de Dos
Mil Uno (2001) 33

Orden de prestación Del Nueve (9) de julio al Cinco Cuatro (4) Meses y
de servicios No. 1022 (5) de diciembre de Dos Mil Veintiséis (26) Días
del Nueve (9) de julio Uno (2001)36
de Dos Mil Uno
(2001)35

Orden de prestación Del Dos (2) de abril al (30) de Siete (7) Meses y
de servicios No. 0882 noviembre de Dos Mil Dos Veintiocho (28) Días
del Dos (2) de abril de (2002) 38
Dos Mil Dos (2002)37

Orden de prestación Del Primero (1) de febrero al Diez (10) Meses
de servicios No. 0882 (30) de noviembre de Dos Mil
del Primero (1) de Dos (2002)40
febrero de Dos Mil
Dos (2002)39

Municipio de Orden de prestación Del Veinticinco (25) de febrero Un (1) Mes
Duitama, de servicios No. SED- al Veinticinco (25) de marzo de
Secretaría de 001-0100-2003 del Dos Mil Tres (2003) 42
Educación Veinticinco (25) de
febrero de Dos Mil
Tres (2003)41

29 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 45 a 47.
30 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 63.
31 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 48 a 50.
32 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 63.
33 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 51 a 53.
34 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 63.
35 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 54 a 56.
36 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 63.
37 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 60 a 62.
38 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 60 a 62.
39 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 57 a 59.
40 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 57 a 59.
41 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 64 a 65.
42 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 64 a 65.

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Orden de prestación Término pactado: Del Un (1) Mes
de servicios No. SED- Veinticinco (25) de marzo al
001-0305-2003 del Veinticinco (25) de junio de Dos
Veinticinco (25) de Mil Tres (2003)44.
marzo de Dos Mil Tres
(2003)43 Término ejecutado: Un (1)
Mes45.

Contrato adicional No. Del Veinticinco (25) de junio al Nueve (9) Días
01 a la Orden de Cuatro (4) de julio de Dos Mil
prestación de Tres (2003)
servicios No. SED-
001-0305-200346

Orden de prestación Del Veintitrés (23) de julio al Un (1) Mes y Veintiocho
de servicios No. SED- Veinte (20) de septiembre de (28) Días
001-0305-2003 del Dos Mil Tres (2003) 48
Veintitrés (23) de julio
de Dos Mil Tres
(2003)47

Orden de prestación Del Veintidós (22) de Dos (2) Meses y Veinte
de servicios No. SED- septiembre al Doce (12) de (20) Días
001-628-2003 del diciembre de Dos Mil Tres
Veintidós (22) de (2003)50
septiembre de Dos Mil
Tres (2003)49

Tiempo total ejecutado bajo contratos u órdenes de prestación de Cuatro (4) años, Cinco
servicios (5) Meses y Veinticinco
(25) Días

70. Mediante Resolución No. 1080 del Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Dos (2002)51,
expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá, la señora Laura Stella Niño
Vargas fue ascendida en el escalafón nacional docente, al grado No. Diez (10).

71. Según certificado de tiempo de servicios, expedido el Catorce (14) de mayo de Dos
Mil Tres (2003)52, proferido por la Secretaría de Educación de la gobernación de
Boyacá, la demandante prestó sus servicios, bajo designación mediante acto
administrativo del Nueve (9) de julio de Dos Mil Uno (2001)53, en la Institución

43 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 68 y 69.
44 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 70.
45 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 70.
46 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 73.
47 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 74 y 75.
48 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 74 y 75.
49 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 76 y 77.
50 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 76 y 77.
51 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 83.
52 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 63.
53 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 63.

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Número interno: 6475- 2024
Demandante: Laura Stella Niño Vargas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)

Educativa Normal Superior de Soacha, entre el Nueve (9) de julio y Cinco (5) de
diciembre de Dos Mil Uno (2001).

72. Obra Acta No. 296 del Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Tres (2003)54, según la
cual, la señora Laura Stella Niño Vargas se posesionó en el cargo de docente de la
planta global de cargos del municipio de Duitama, empleo, en que fue nombrada en
provisionalidad, por medio del Decreto No. 399 del Treinta (30) de diciembre de Dos
Mil Tres (2003).

73. De conformidad con el Acta de Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Siete (2007)55, la
señora Laura Stella Niño Vargas, se posesionó en el cargo de docente de la planta de
personal del sector educativo del municipio de Sogamoso, empleo en que fue
nombrada en propiedad, mediante el Decreto No. 020 del Diecinueve (19) de enero de
Dos Mil Siete (2007).

74. Según Formato Único para la expedición de certificado de historia laboral, identificado
bajo consecutivo No. 2913 del Veintiséis (26) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018) 56,
emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la señora Niño
Vargas, prestó sus servicios como docente en el Instituto Técnico Santo Tomás de
Aquino de Duitama- Boyacá, entre el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Tres (2003)
y el Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Seis (2006).

75. De acuerdo con la constancia de Quince (15) de noviembre de Dos Mil Dieciocho
(2018)57, expedida por el municipio de Sogamoso, Boyacá, la señora Laura Stella Niño
Vargas, labora como docente de la planta de cargos del municipio, registrando las
siguientes novedades:

Identificación del acto Objeto Lapso Tiempo de
administrativo servicios

Decreto No. 257 del Nombramiento en Desde el Dieciséis (16) de Un (1) año y Dos
Doce (12) de diciembre periodo de prueba enero de Dos Mil Seis (2006) (2) días
58
de Dos Mil Cinco (2005) como docente al Dieciocho (18) de enero de
Dos Mil Siete (2007)

54 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 84.
55 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 86.
56 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 79.
57 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folio 81.
58 Al respecto se destaca la comunicación que obra a Folio No. 85 del Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA

NIÑO VARGAS - P55 .pdf(.PDF)”- Índice 00003- Tribunal de origen- SAMAI.

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Demandante: Laura Stella Niño Vargas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)

Decreto No. 020 del Nombramiento en Entre el Diecinueve (19) de Un (1) año, Diez
Diecinueve (19) de propiedad enero de Dos Mil Siete (2007) (10) Meses y
enero de Dos Mil Siete al Diez (10) de diciembre de Veintiún (21)
(2007) Dos Mil Ocho (2008) Días

Resolución No. 1445 Traslado en permuta a Desde el Once (11) de Nueve (9) Años,
del Once (11) de la Institución Educativa diciembre de Dos Mil Ocho Once (11)
diciembre de Dos Mil Integrada Joaquín (2008), hasta la fecha de Meses y Cuatro
Ocho (2008) González Camargo expedición del certificado. (4) Días

Tiempo de servicios Doce (12) Años, Nueve (9) Meses y Veintisiete
(27) Días

76. Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios, emitido por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que data del Veintinueve (29)
de enero de Dos Mil Veinte (2020)59, la señora Laura Stella Niño Vargas es docente
en servicio activo y laboró ininterrumpidamente entre el Primero (01) de enero de Dos
Mil Once (2011) y el Treinta y Uno de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

77. El Nueve (9) de junio de Dos Mil Veinte (2020)60, la demandante solicitó al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación, equivalente al Setenta y Cinco por ciento (75 %) de los salarios
y primas percibidas, anteriores al cumplimiento del estatus jurídico, esto es, a partir del
Ocho (8) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018), y su inclusión en la nómina de
pensionados, junto con el pago del retroactivo pensional desde la fecha de causación
del derecho y el valor de los ajustes, producto de la disminución del poder adquisitivo
de las mesadas atrasadas.

78. Por medio de la Resolución No. 253 del Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Veinte
(2020)61, se negó a la señora Laura Stella Niño Vargas, el reconocimiento de la pensión
de jubilación, pues se estableció que, la docente fue vinculada en vigencia de la Ley
812 de 2003, motivo por el cual, su reconocimiento se regía por la Ley 100 de 1993.
Decisión que le fue notificada el Treinta (30) de noviembre de Dos Mil Diecisiete
(2020).

59 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 87 a 90.
60 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 96 a 101.
61 SAMAI- Tribunal de origen- Índice 00003- Archivo “2_ED_DEMANDA - LAURA STELLA NIÑO VARGAS - P55

.pdf(.PDF)”- Folios 104 a 105.

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79. A través de sentencia del Nueve (9) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024) 62,
proferida en el asunto identificado con radicado No. 15238-33-33-003-2020-00069-01,
la Sala de Decisión No. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, confirmó la sentencia
proferida el primero (1) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023) por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Duitama63, providencia que entre otras cosas:
declaró la nulidad del oficio de Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016)
expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá; declaró la existencia de una
relación laboral entre el Departamento de Boyacá y la señora Laura Stella Niño Vargas
en los periodos contractuales ejecutados entre los años Mil Novecientos Noventa y
Ocho (1998) y Dos Mil Dos (2002); ordenó al Departamento de Boyacá la liquidación
y pago de los aportes pensionales durante los periodos que integraron la ejecución de
los contratos; y declaró que el tiempo laborado por la señora Niño Vargas era
computable para efectos pensionales. En punto de los periodos objeto de prestación
de los servicios, el Tribunal identificó los siguientes plazos:

80. Mediante la Resolución No. 9811 del Once (11) de diciembre de Dos Mil Veinticinco
(2025)64, la gobernación del departamento de Boyacá, reconoció y ordenó el pago de
aportes pensionales en favor de la señora Laura Stella Niño Vargas, en cumplimiento
de lo ordenado en las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas
respectivamente por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Duitama y
el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el medio de control de nulidad y

62 SAMAI- Índice 00011- Archivo “8_MemorialWeb_Otro-SOLICITUDINCORPORAC(.pdf)” – Folios 37 a 57.
63 La copia de la providencia obra al consecutivo 36 del expediente contenido en el aplicativo SAMAI del Tribunal de

origen.
64 SAMAI- Índice 00011- Archivo “8_MemorialWeb_Otro-SOLICITUDINCORPORAC(.pdf)” – Folios 58 a 65.

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restablecimiento del derecho identificado con radicado No. 15238-33-33-003-2020-
00069-00, lo anterior, respecto de los siguientes plazos de ejecución contractual:

«Artículo 1. RECONOCER Y PAGAR los aportes patronales al régimen de pensiones de la señora
LAURA STELLA NIÑO VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.019.696, por la
suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS M/L ($ 11.941.866), por concepto de aportes a pensión por los periodos de su
vinculación como trabajadora, comprendido ente 14 de marzo al 15 de junio de 1998, del 15 de julio
al 30 de noviembre de 1998, del 27 de enero al 11 de junio de 1999, del 18 de agosto al 26 de
noviembre de 1999, del 04 de febrero al 09 de junio de 2000, del 10 de julio al 01 de diciembre de
2000, del 19 de febrero al 15 de junio de 2001, del 18 de julio al 05 de diciembre de 2001, del 01 de
febrero al 30 de noviembre de 2002 […]»

2.7. Caso concreto.

81. En el caso objeto de estudio, la señora Laura Stella Niño Vargas, pretende que, se
declare la nulidad de la Resolución No. 253 del Veinte (20) de noviembre de Dos Mil
Veinte (2020), mediante la cual, la entidad demandada negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación y, en ese sentido, se revoque la sentencia de primera instancia
y, se acceda a las pretensiones de la demanda. Así, a efectos de resolver los puntos
que integran el problema jurídico, la Sala procederá en su respectivo orden.

82. En sede del primer problema jurídico, es necesario señalar que, los tiempos laborados
que se derivan de las órdenes de prestación de servicios, reseñadas en el párrafo
Sesenta y Nueve (69) de la presente providencia, ejecutadas en el interregno
comprendido entre los años Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998) y el Dos Mil Tres
(2003), son computables a efectos del reconocimiento pensional pretendido por la
parte demandante.

83. En este punto, se debe distinguir, al interior del periodo en que la vinculación se originó
en los contratos de prestación de servicios, que, obra un primer interregno,
comprendido entre los años Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998) y el Dos Mil Dos
(2002), en relación con el cual, la sentencia proferida el primero (1) de diciembre de
Dos Mil Veintitrés (2023) por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Duitama, que fue confirmada por la Sala de Decisión No. 1 del Tribunal Administrativo
de Boyacá en sentencia del Nueve (9) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024);
periodo sobre el cual, se declaró la existencia de una relación encubierta, entre las
entidades territoriales frente a las cuales la demandante prestó sus servicios docentes.

84. Así, respecto del interregno señalado, en las citadas providencias se determinó que,
los periodos en que se gestó la relación encubierta, serían reconocidos para efectos

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pensionales, circunstancia ante la cual, se encuentra acreditado que la demandante,
ostentó un vínculo en el sector docente, el cual está llamado a computarse para el
reconocimiento de la pensión de jubilación, por virtud de la declaratoria realizada en
las sentencias en mención.

85. Sobre este punto, se encuentra que, más allá del criterio material rector de la actividad
docente, a partir del análisis de las providencias como documento público, las cuales
son contentivas de los interregnos en que se ejecutaron los contratos de prestación de
servicios, está demostrado el ejercicio de la actividad docente por virtud de la relación
encubierta que fue declarada.

86. En relación con los contratos de prestación de servicios, celebrados en el año Dos Mil
Tres (2003), las sentencias citadas, no incluyeron la declaratoria de la relación
encubierta sobre los contratos de prestación de servicios celebrados con el municipio
de Duitama- Boyacá, para el ejercicio de labores educativas, por tanto, el análisis sobre
el tiempo de servicios a diferencia del interregno previamente relacionado, se realizará
a partir del criterio material que rige la actividad docente, conforme a continuación se
expone.

87. La jurisprudencia de esta corporación, bajo el criterio material de la labor docente
previsto en el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, ha expuesto, que, no es posible
generar una distinción a partir de la forma de vinculación frente a los empleados
sujetos a un régimen legal y reglamentario. A lo anterior, se debe añadir que, la Ley
812 del 2003, no distinguió las modalidades de vinculación, pues, únicamente se limitó
a determinar un criterio temporal de ingreso, por ende, aquellos tiempos de servicio
desempeñados bajo contratos u órdenes de prestación de servicios, resultan
computables.

88. En tal sentido, al encontrarse demostrado que, la demandante prestó sus servicios
bajo el ejercicio de labores educativas, a través de órdenes de prestación de servicios
que suscribió con el municipio de Duitama en el año Dos Mil Tres (2003), los periodos
en que se ejecutaron dichos negocios jurídicos, son susceptibles de computarse para
efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación que, pretende a través del
presente medio de control.

89. La Sala, encuentra que, el criterio bajo el cual, el Tribunal negó las pretensiones de la
demanda resulta errado, pues, exigir la demostración de las cotizaciones a pensión,
para computar con carácter pensional los periodos laborados con origen en órdenes
de prestación de servicios, contraría el criterio material decantado por la jurisprudencia
de esta corporación, a partir del cual, la labor docente no está definida bajo la

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modalidad de vinculación del educador, en tanto, se fundamenta en el carácter de la
labor que desarrolla.

90. Tampoco resulta acertada la negativa de las pretensiones en la prexistencia de un
proceso judicial, que declare la existencia de una relación encubierta, a partir de la
celebración de contratos de prestación de servicios, pues, como se estableció en el
marco jurídico que antecede, el proceso ordinario de reconocimiento de la pensión de
jubilación, no está necesariamente predeterminado por la declaratoria previa de una
relación laboral en cubierta, en tanto, la vinculación al servicio docente a través de
órdenes de prestación de servicios, por sí misma tiene aptitud de generar efectos en
materia pensional.

91. Así las cosas, a efectos de analizar el reconocimiento pensional, la Sala computará
los periodos laborados por la señora Laura Stella Niño Vargas, que, integraron los
periodos en que se determinó la existencia de la relación laboral declarada por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Duitama y la Sala de Decisión No. 1
del Tribunal Administrativo de Boyacá, así como aquellos interregnos, en los cuales la
demandante laboró, a través de las órdenes de prestación de servicios suscritas con
el municipio de Duitama.

92. A efectos de resolver el segundo problema jurídico, es indispensable determinar cuál
es la normativa que gobierna el caso de la accionante, en virtud de la fecha de su
primer ingreso al servicio educativo oficial65.

93. La Sala, al efectuar el recuento de los hechos acreditados a la luz de la valoración
probatoria, encuentra que, la señora Laura Stella Niño Vargas, a partir de la relación
encubierta que fue declarada, laboró por primera vez, al servicio de la Secretaría de
Educación del departamento de Boyacá, prestando sus servicios como docente, en el
Instituto «Pedro José Sarmiento» del municipio de Socha- Boyacá, desde la fecha de
perfeccionamiento del contrato hasta el Quince (15) de junio de Mil Novecientos
Noventa y Ocho (1998).

94. Precisado lo anterior, se debe señalar que, en cumplimiento del artículo 81 de la Ley
812 de 2003, el parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política -
adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005- y la Sentencia de
Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de

abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con este fallo en el
que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual aquella asumió la calidad
de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen pensional con motivo de la
excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»

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(2019), el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio educativo oficial
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 -Veintisiete (27) de junio de Dos
Mil Tres (2003)-, es el previsto en la Ley 91 de 1989, que habilita la remisión a la Ley
33 de 1985.

95. Así, teniendo en cuenta que, la demandante se vinculó al servicio docente el Nueve
(9) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), es decir, con anterioridad a
la vigencia de la Ley 812 de 2003, le resultan aplicables las disposiciones que regían
a los servidores públicos del orden nacional, por ende, corresponde verificar si, la
demandante acreditó los requisitos previstos en el régimen de pensión ordinaria de
jubilación prevista por la Ley 33 de 1985, es decir, Cincuenta (55) años de edad y
Veinte (20) años de servicios.

96. Frente al requisito de edad, se demostró que, la señora Laura Stella Niño Vargas,
nació el Veintiocho (28) de julio de Mil Novecientos Sesenta y Tres (1963), por lo que,
al momento de presentación de la solicitud de reconocimiento pensional ante la
demandada- Nueve (9) de junio de Dos Mil Veinte (2020)- contaba con más de
cincuenta y cinco (55) años.

97. En cuanto al requisito de tiempo de servicio, a partir de las circunstancias expuestas
en el acápite de hechos probados, se demostró que, el demandante prestó sus
servicios, a partir de las siguientes modalidades de vinculación y durante los siguientes
periodos:

Instrumento que sustentó la vinculación Tiempo de servicios
de la docente

Declaratoria de relación encubierta Tres (3) años, Diez (10) Meses y Veintiocho (28)
Días

Órdenes de prestación de servicios suscritas Seis (6) Meses y Veintisiete (27) Días
con el municipio de Duitama- Boyacá

Acto administrativo del Nueve (9) de julio de Cuatro (4) Meses y Veintiséis (26) Días
Dos Mil Uno (2001)

Decreto 399 del Treinta (30) de diciembre de Dos (2) Años y Dieciséis (16) Días
Dos Mil Tres (2003)

Decreto No. 257 del Doce (12) de diciembre Un (1) año y Dos (2) días
de Dos Mil Cinco (2005)

Decreto No. 020 del Diecinueve (19) de enero Un (1) año, Diez (10) Meses y Veintiún (21) Días
de Dos Mil Siete (2007)

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Resolución No. 1445 del Once (11) de Once (11) Años, Cinco (5) Meses y Veintiocho (28)
diciembre de Dos Mil Ocho (2008) 66 Días

Tiempo total de servicios Veintiún (21) Años, Tres (3) Meses y Veintiocho (28)
días

98. Así pues, el demandante adquirió el estatus pensional el Treinta y Uno (31) de enero
de Dos Mil Diecinueve (2019), fecha en la cual, cumplió el requisito de Veinte (20) años
de servicios, fecha en que a su vez, tenía más de Cincuenta y Cinco (55) años de
edad.

99. Con base en el análisis realizado en precedencia, resulta desvirtuada la legalidad de
la Resolución No. 253 del Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), pues,
se advierte que, contrario a la decisión que adoptó la demandada, la situación
pensional de la señora Laura Stella Niño Vargas, se regía por las disposiciones de la
Ley 33 de 1985, comoquiera que, acreditó una vinculación al servicio del magisterio,
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, y demostró los requisitos previstos por
dicha norma para el reconocimiento de la pensión de jubilación, específicamente, el
tiempo de servicios requerido.

100. En relación con la compatibilidad entre pensión y las contraprestaciones percibidas
por concepto del ejercicio de la docencia oficial, tal como se indicó en precedencia, el
personal docente se encuentra exceptuado de la prohibición de devengar doble
asignación del erario, pues, el reconocimiento y goce de la pensión no está sujeto al
retiro del servicio. Así, los docentes oficiales están habilitados para percibir mesadas
pensionales y continuar en el ejercicio del cargo hasta tanto cumplan con la edad de
retiro forzoso, por lo cual, el disfrute de la prestación pensional a que tiene derecho la
demandante, no se encuentra sujeto a su retiro de la labor docente.

101. Ahora, considerando que, resultó desvirtuada la presunción de legalidad respecto de
la Resolución No. 253 del Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), por
cuanto la demandante demostró los requisitos orientados al reconocimiento de la
prestación, es consecuente su anulación y a título de restablecimiento del derecho,
corresponde a la demandada, el reconocimiento de la pensión de jubilación en favor
de la señora Laura Stella Niño Vargas, de conformidad con lo dispuesto en las leyes
91 de 1989 y 33 de 1985, esto es, con el Setenta y Cinco (75%) del salario devengado
durante el año inmediatamente anterior a la fecha en que adquirió el estatus67, es decir,

66 Contabilizado hasta la fecha de presentación de la reclamación administrativa, es decir, hasta el Nueve (9) de junio

de Dos Mil Veinte (2020).
67 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-014 -CE-S2 -2019 de 25 de abril de 2019, expediente

680012333000201500569-01 (935-2017), C. P. César Palomino Cortés.

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entre el Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil Diecinueve (2019) y el Treinta y Uno
(31) de enero de Dos Mil Dieciocho (2018), incluyendo los factores salariales que
debieron servir de base a las cotizaciones, conforme lo establecido por la Ley 62 de
1985, así como, aquellos creados a favor de los docentes con posterioridad a esta
disposición y que, tengan carácter pensional68, siempre que, los hubiese devengado
la docente.

102. Habida cuenta que se accederá al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
que pretende la parte demandante, resulta indispensable verificar la configuración del
fenómeno prescriptivo sobre las mesadas adeudadas. En tal sentido, la Sala encuentra
que, la demandante adquirió el estatus pensional el Treinta y Uno (31) de enero de
Dos Mil Diecinueve (2019), presentó la reclamación administrativa el Nueve (9) de
junio de Dos Mil Veinte (2020) y acudió a la jurisdicción el Nueve (9) de diciembre de
Dos Mil Veinte (2020)69, por lo cual, se interrumpió el término de prescripción, en virtud
de lo previsto por los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848
de 1969, por ende, no se configuró el fenómeno prescriptivo.

103. Las sumas que deberá sufragar la accionada se actualizarán de acuerdo con la
fórmula según la cual, el valor presente (R) se determinará al multiplicar el valor
histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente a la fecha de la causación de la prestación). La fórmula que debe aplicar
la entidad demandada es la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

104. Se aclara que, por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe
aplicarse, mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de la
causación de cada uno de ellos.

105. Siendo así las cosas, la Sala revocará la sentencia que negó las pretensiones de la
demanda, y en consecuencia, declarará la nulidad de la Resolución No. 253 del Veinte
(20) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), mediante la cual , la demandada negó la
pensión de jubilación en favor de la señora Laura Stella Niño Vargas y se ordenará su
reconocimiento , a partir del Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil Diecinueve (2019),
con el setenta y cinco por ciento (75%) de los factores sobre los cuales efectuó

68 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis

(2026). Radicado No. 6495-2024. CP Juan Enrique Bedoya Escobar.
69 Archivo “3_ED_Recepcion correo11.pdf(.PDF)”

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Número interno: 6475- 2024
Demandante: Laura Stella Niño Vargas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)

cotizaciones durante el año de servicios anterior a esa fecha, con inclusión de los
factores salariales descritos en la Ley 62 de 1985 y todos aquellos que , la norma
disponga como factor salarial para los docentes que hubiese devengado en el
interregno en mención; el disfrute de la prestación reconocida, no estará sujeto al retiro
del servicio, comoquiera que, la educadora está exceptuada de la prohibición de doble
asignación del tesoro público.

2.8. Condena en costas

106. Comoquiera que se revocará en su integridad la providencia de primera instancia, en
lo que corresponde a la determinación sobre las cosas procesales, al revisarse la
conducta de la parte vencida a lo largo de la actuación procesal, no evidencia la sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir no se cumplen
los presupuestos exigidos en el artículo 188 de la ley 1437 del 2011, razón por la cual, no
se impondrá condena en costas.

2.9. Conclusión

107. La Sala revocará la decisión de primera instancia y reconocerá la pensión de
jubilación a la demandante, al demostrarse que, se vinculó al servicio docente con
anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003 y, cumplió con los requisitos bajo las
leyes 33 y 62 de 1985, en sede del cual, la docente acreditó los requisitos de edad y
tiempo de servicios. La cuantía de la prestación será equivalente al Setenta y Cinco por
ciento (75%) del promedio de lo devengado por la señora Niño Vargas, durante el año
anterior a la fecha en que adquirió el estatus, incluyendo los factores de cotización,
prestación cuyo disfrute no resulta incompatible con las contraprestaciones percibidas por
la demandante por concepto de la actividad docente. Además, se concluyó que, no se
configuró la prescripción debido a la interrupción producto de la presentación de la
reclamación administrativa.

108. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Veintidós (22) de agosto de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, que
negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

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Demandante: Laura Stella Niño Vargas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 253 del Veinte (20) de noviembre
de Dos Mil Veinte (2020), mediante la cual, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, negó la pensión de jubilación a la demandante.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a favor de la señora Laura
Stella Niño Vargas, una pensión de jubilación de conformidad con las leyes 33 y 62 de
1985, equivalente al setenta y cinco (75%) de lo devengado durante el año anterior a la
fecha en que adquirió el estatus pensional- Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil
Diecinueve (2019) y Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil Dieciocho (2018), con la
inclusión de los factores salariales que sirvieron de base de cotización, de conformidad
con lo establecido en la Ley 62 de 1985, así como, demás factores creados en favor de
los docentes y que tengan carácter prestacional.

El pago de la pensión de jubilación reconocida la demandante se efectuará a partir de la fecha
de consolidación del estatus pensional, es decir, desde el Treinta y Uno (31) de enero de
Dos Mil Diecinueve (2019), sin que tenga que acreditar el retiro del servicio, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: La entidad accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo previsto en el artículo
192 del CPACA.

QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

SEXTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Demandante: Laura Stella Niño Vargas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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