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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00046-01

Pensión de jubilación de docentes oficiales

Fecha
25 de abril de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
91 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00046-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Problema jurídico

  1. ¿A la docente oficial con acumulación de aportes del sector público y privado le asiste el derecho a la pensión de jubilación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio conforme a la Ley 71 de 1988, sin condicionar su goce al retiro definitivo del servicio?

Reglas

  1. Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 se rigen por la Ley 33 de 1985 y el ingreso base solo incluye los factores sobre los que se hayan efectuado aportes.

    «son únicamente aquellos sobre los que se hayan»
  2. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se rigen por el régimen de prima media de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con edad de 57 años.

    «con excepción de la edad que será de 57 años para hombres»
  3. La fecha relevante para definir el régimen aplicable al docente es la de su nombramiento anterior o posterior al 27 de junio de 2003.

    «la del nombramiento anterior o posterior al 27 de junio»
  4. No es viable conceder la pensión de jubilación por aportes con base en la Ley 71 de 1988 a la docente cuya primera vinculación oficial es posterior a la Ley 812 de 2003.

    «no es viable conceder a favor de la demandante una pensión»
  5. No procede el análisis extra petita del régimen pensional cuando no se advierte una probable vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social o al mínimo vital.

    «toda vez que no se advierte una probable vulneración de»

Decisión

Confirma la sentencia del 19 de mayo de 2021 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda. Sin condena en costas de segunda instancia.

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 19 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Ana Cecilia Riaño Romero contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00046-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

25 de abril de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021)
Demandante: Ana Cecilia Riaño Romero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021)
Demandante: ANA CECILIA RIAÑO ROMERO
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO1

Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente
oficial. Aplicación integral de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. Fecha de
vinculación posterior a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003. No es procedente aplicar el
régimen pensional de la Ley 71 de 1988.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011 (Modificada por la Ley 2080 de 2021)
O-074-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Ana Cecilia Riaño Romero en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 1 a 3)

1. Declarar la nulidad de la Resolución 1179 del 15 de mayo de 2019, por
medio de la cual la Secretaría de Educación del Municipio de Soacha en
representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio negó a la libelista el reconocimiento de una pensión de jubilación
por aportes.
1 En adelante FNPSM.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Demandante: Ana Cecilia Riaño Romero

2. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada
reconocer y pagar a favor de la demandante una pensión de jubilación por
aportes calculada sobre el 75% del promedio de todos los salarios y primas
devengadas durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico
respectivo, y con efectividad desde el 15 de noviembre de 2014, ello sin
exigir la demostración del retiro definitivo del servicio en razón de la
compatibilidad de dicha prestación con el salario como educadora oficial.

3. Conminar a la parte pasiva del litigio al pago de las mesadas atrasadas a
partir del momento de la consolidación del derecho hasta cuando la señora
Riaño Romero sea incluida en nómina.

4. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y
siguientes del CPACA en cuanto a la actualización monetaria de los valores
a cancelar, reconocimiento de intereses moratorios, y finalmente, que se
condene en costas a la entidad demandada.

Supuestos fácticos relevantes de la demanda (Folios 3 a 4)

1. La señora Ana Cecilia Riaño Romero nació el 15 de noviembre de 1958.
Durante su vida laboral realizó cotizaciones al extinto ISS (hoy
Colpensiones) para un total acumulado de 583 semanas.

2. La demandante fue nombrada en propiedad como docente oficial adscrita
a la Secretaría de Educación del Municipio de Soacha a partir del 18 de
julio de 2005, y al menos, a la fecha de presentación de la demanda (2 de
julio de 2019) continuaba en ejercicio de dicho cargo.

3. La libelista solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación el 23 de
abril de 2019 ante la Secretaría de Educación Municipal de Soacha. Esta
entidad negó tal petición a través de la Resolución 1179 del 15 de mayo de
2019, pues exigió la acreditación de más de 1.300 semanas y la
demostración del retiro definitivo del servicio para conceder la prestación.

SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL

En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que conforme
al auto del 1.° de octubre de 2020 (folio 72), el a quo prescindió de esta en
aplicación del artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020, ello con el fin
de correr traslado para alegar de conclusión y proferir sentencia anticipada por
tratarse de un litigio de pleno derecho sin pruebas pendientes para practicar.

SENTENCIA APELADA
(Folios 85 a 93)

El a quo profirió sentencia escrita el 19 de mayo de 2021 por medio de la cual
denegó las pretensiones de la demandante, ello con fundamento en las
siguientes consideraciones:

En primer lugar, el Tribunal expuso que la Ley 100 de 1993 no rigió en forma
directa las prestaciones de los docentes vinculados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, dado que los exceptuó de su aplicación
por expresa previsión de su artículo 279. Por esta razón, aseguró que las
pensiones de jubilación de los educadores oficiales vinculados hasta antes del
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Demandante: Ana Cecilia Riaño Romero

27 de junio de 2003, se encuentran sometidas al régimen previsto en la Ley
33 de 1985, cuyos factores para determinar la base sobre la cual se debe
liquidar la prerrogativa son los previstos en la Ley 62 de 1985 o en la Ley 71
de 1988 si consiste en una acumulación de aportes. No obstante, aclaró que
quienes ingresaron a partir de dicha fecha, efectivamente se rigen por las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, tal como lo expuso el Consejo de Estado
en sentencia del 25 de abril de 2019.

Adicionalmente señaló que, desde el 20 de junio de 2002 los docentes que
sean incorporados al servicio público se rigen por el Estatuto de
Profesionalización Docente previsto en el Decreto 1278 de dicha anualidad,
normativa que en su artículo 63 fijó como una de las causales de retiro del
servicio «la obtención de la pensión de jubilación, pensión vejez, gracia o
invalidez». Con base en tal postulado, indicó que para quienes se encuentren
sometidos a aquella regulación, es inviable aplicar los artículos 5.° de la Ley
24 de 1972, el inciso 3 del artículo 6 de la Ley 60 de 1991 y el Decreto 2277
de 1979, con base en los cuales se permitía a los maestros devengar al mismo
tiempo tanto el salario como la pensión.

Una vez analizadas las pruebas del proceso, consideró que la demandante no
contaba con la acumulación de tiempos públicos laborados antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que su situación jurídica sí tendría
que regirse por la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifican. Precisó
además que, en este caso la libelista no era beneficiaria del régimen de
transición, puesto que para el 25 de julio de 2005 cuando entró en vigor el Acto
Legislativo 01 de 2005, solo completó 583 semanas cotizadas equivalentes a
11 años, 1 mes y 7 días, de manera que no cumplió el requisito de tener
acreditadas 750 semanas a la data en comento a fin de ser cobijada por la
situación jurídica aludida.

Por último manifestó que, si bien según lo expuesto no pueden prosperar los
pedimentos de la parte activa, debía añadirse que, en todo caso, el
reconocimiento de la pensión bajo estudio en los términos del artículo 63 del
Decreto 1278 de 2002, impone que su efectividad se condicione al retiro
definitivo del servicio.

Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia
profirió sentencia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 101 a 105)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de acceder a
sus pedimentos. Argumentó que, del artículo 11 de la Ley 71 de 1988, se
entiende que las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4 de 1976, 44 de 1980 y 113
de 1985, así como sus decretos reglamentarios, se hacen extensivas a favor
de los servidores públicos afiliados de cualquier naturaleza como lo serían
quienes laboran en el sector educativo que gozan de la transitoriedad del
régimen especial pensional.

Sostuvo que la Ley 71 de 1988 posibilita a los trabajadores obtener la pensión
de jubilación con base en la sumatoria de los tiempos cotizados al Instituto de
los Seguros Sociales y como servidor público afiliado en las demás cajas de

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previsión de cualquier orden. En virtud de lo anterior, afirmó que la pensión por
aportes es procedente reconocerla en favor de los docentes oficiales, siempre
que se acredite que existió alguna vinculación con anterioridad al 27 de junio
de 2003.

A partir de las pruebas obrantes en el expediente, aseveró que la docente Ana
Cecilia Riaño Romero, además de contar en la actualidad con más de 55 años,
demostró que ha laborado en entidades públicas y privadas que le permiten
acumular más de 583 semanas aportadas al entonces ISS. Resaltó que la
libelista se vinculó a la docencia oficial en el año 2005 y aún ejerce tal empleo,
por lo que es dable concluir que por remisión directa del artículo 81 de la ley
812 del 2003, ha de entenderse que las normas aplicables a su caso son la
Ley 71 de 1988, en concordancia con lo previsto en las Leyes 33 de 1985 y 62
de ese mismo año, las cuales contemplan una pensión equivalente al 75%
como ingreso base de liquidación, la cual debe estar conformada por todos
los factores salariales devengados en el último año de servicio.

Expuso que de la regulación en cita resulta claro y evidente que, si el educador
había laborado con anterioridad al 26 de junio del 2003 y adicionalmente
realizó aportes a alguna caja de previsión del sector público o el extinto ISS,
debe respetársele el régimen de transición que contiene el artículo 81 de la ley
812 del 2003.

Resaltó que bajo dicho contexto, al revisar su actividad como docente oficial y
privada, logra acumular más de 1.000 semanas de cotización aportadas antes
del 23 de junio de 2003, lo que le otorga derecho al reconocimiento de la
prestación en litigio con base en la Ley 71 de 1988, ello en compatibilidad con
el salario por pertenecer al régimen especial del magisterio.

En todo caso, planteó que tal como lo previó el artículo 15 de la Ley 91 de
1989, a los servidores públicos docentes vinculados después de 1990 les fue
unificado el régimen de prestaciones económicas y sociales con el del resto
de empleados públicos del orden nacional, por lo que les son aplicables todas
aquellas normas destinadas para estos últimos, tal como sería en este evento
la Ley 71 de 1988.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el asunto sub examine no se presentaron alegaciones finales ni concepto
del Ministerio Público, dado que según la constancia secretarial visible a folio
105 del plenario, tampoco fue necesario decretar ni practicar pruebas de
segunda instancia. La ausencia de un período probatorio en esta oportunidad
tornaba improcedente agotar el referido trámite, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, vigente para la época de interposición del recurso de apelación
objeto de estudio).

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
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según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.

Problema jurídico

¿A la señora Ana Cecilia Riaño Romero en su calidad de docente oficial con
acumulación de aportes del sector público y privado, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, ello conforme a la Ley 71 de 1988
en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados
en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico respectivo y con
efectividad a partir de tal fecha sin condicionar su goce al retiro definitivo del
servicio?

Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: debido a la condición especial
de docente oficial que detenta la demandante, resulta aplicable a su caso de
reconocimiento pensional la sentencia de unificación dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019. Empero, debido a que
su primera y única vinculación oficial como docente tuvo lugar desde el 18 de
julio de 2005, es decir, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, no le asiste el derecho a que el FNPSM le otorgue y pague
una pensión de jubilación de conformidad con los preceptos de la Ley 71 de
1988, pues su régimen pensional aplicable sería el de las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, ello como se explica a continuación:

 La calidad de docente oficial de la demandante

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado y el sustento argumentativo del recurso de apelación de la parte activa,
se infiere que esta instó el reconocimiento de la pensión de jubilación con
fundamento en la Ley 71 de 1988.

Dicha posición jurídica la asumió en el entendido de que a lo largo de su
historia laboral, aquella realizó cotizaciones al entonces ISS (hoy
Colpensiones), provenientes de relaciones laborales en el sector privado, al
igual que de una vinculación legal y reglamentaria con el Estado para
desempeñarse como docente oficial al servicio de la Secretaría de Educación
del Municipio de Soacha, en virtud de la cual asegura que efectuó aportes al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Pues bien, sobre el particular la parte demandada esgrimió en el acto
administrativo reprochado que, el nombramiento formal de la libelista como
docente del magisterio oficial, solo ocurrió hasta el 18 de julio de 2005
conforme al Decreto 770 del 12 de julio del mismo año, razón por la cual la
normativa aplicable a su caso para el reconocimiento prestacional deprecado
no podía ser la Ley 71 de 1988, sino la Ley 100 de 1993.

Ahora, para definir esta controversia en punto a la normativa aplicable al caso
de la libelista, resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de
la cual aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le
permitiría acceder a uno u otro régimen pensional con motivo de la
excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos.
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Al respecto, se resalta que a la presente actuación fueron allegados como
material probatorio relevante, solo los siguientes dos documentos:

i) Certificado de semanas cotizadas a Colpensiones con corte al 9 de abril
de 2019, en el que se relacionan los aportes efectuados en razón de
diferentes vínculos laborales particulares de la señora Riaño Romero
entre el 19 de febrero de 1988 y julio de 2005. Se resalta que solo
figuran empleadores privados como los siguientes: «COLEGIO
KAPEIROT/MAR, MARÍA STELLA RODRÍGUEZ, COMUNIDAD DE
HERMANO (sic), HNAS NTRA SRA DE LA (sic), HOGAR BAMBI BOGOTÁ Y
EL CÍRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A.S.». (Folios 26 a 32).

ii) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral de la
demandante emitido por el FNPSM el 14 de febrero de 2019, en el que
consta que aquella fue nombrada como docente en propiedad de la
Secretaría de Educación del Municipio de Soacha de conformidad con
el Decreto 770 del 12 de julio de 2005, posesionada para tal efecto
desde el 18 de julio del mismo año. (Folios 33 a 34).

A partir de lo expuesto, se observa en el sub examine que la libelista tuvo
sendas relaciones contractuales de trabajo sostenidas con diferentes
empleadores privados, en su mayoría con el Colegio Kapeirot y con el Círculo
de Viajes Universal S.A.S. Lo anterior tuvo lugar en un período comprendido
entre el 19 de febrero de 1988 y el 17 de julio de 2005. A lo largo de dicho
lapso, no se advierte que ante el ISS (hoy Colpensiones) se hayan efectuado
cotizaciones derivadas de vínculos legales y reglamentarios con entidades
públicas, o efectuados por la misma demandante en calidad de contratista del
Estado.

Por otro lado, se destaca que la señora Riaño Romero igualmente ha ejercido
labores como servidora pública en calidad de docente oficial al servicio del
municipio de Soacha, luego de ser nombrada en propiedad y haber tomado
posesión del cargo desde el 18 de julio de 2005, y al menos, conforme al
hecho tercero del escrito introductor, hasta la fecha de presentación de la
demanda (2 de julio de 2019)3. Por lo anterior, durante este último período no
existe duda de la existencia de una vinculación formal con el Estado como
educadora de este.

Conforme a este contexto fáctico se estima que, por la calidad de docente
oficial que detenta la libelista, para la solución jurídica del presente caso,
deben aplicarse los postulados a título de reglas previstos en la sentencia de
unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 20194, emanada de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual pese a relacionarse
concretamente con el ingreso base de liquidación en el régimen pensional de
los maestros vinculados al FNPSM, resulta útil en cuanto a las previsiones
normativas sobre requisitos y condiciones jurídicas para acceder y consolidar
el derecho prestacional propiamente dicho.

 Sobre la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019 y su aplicación para determinar el régimen pensional
aplicable a la libelista

3 Ver sello de presentación personal ante la Oficina Judicial obrante a folio 1 del expediente.
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación

SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-2017).

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Al respecto se recuerda que la providencia en comento fue dictada por la
Sección Segunda de esta Corporación, con el fin de sentar jurisprudencia
respecto del ingreso base de liquidación para determinar la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al FNPSM,
específicamente en cuanto a la aplicación de la subregla fijada en la sentencia
igualmente de unificación del 28 de agosto de 2018 acerca de los factores
salariales a incluir y en lo atinente a los regímenes existentes para tales
educadores en virtud de las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003.

Empero, al verificar las reglas jurisprudenciales planteadas en aquella
providencia, es dable considerar que esta también desarrolló postulados
claros y de obligatoria observancia sobre los regímenes pensionales
aplicables a los docentes en atención a la fecha de vinculación al magisterio
oficial, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.

Pues bien, la determinación de tal punto es esencial en el sub iudice, habida
cuenta de que al hallar el marco normativo que rige la situación particular de
la demandante, es posible verificar el cumplimiento de requisitos y
condiciones para estimar la procedencia o no del derecho pensional
reclamado y sus elementos constitutivos.

Acerca de los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según su ordinal segundo
de la parte resolutiva, ello a fin de que se extendieran a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de consolidación
del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente es pertinente y
necesario su estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite.

Se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el proveído
unificador en comento respecto del régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, se señaló lo siguiente:

«35. Antes de abordar el estudio de los factores que integran el ingreso base
de liquidación de las pensiones de jubilación y de vejez de los servidores
públicos vinculados al servicio docente, la Sala considera necesario precisar
los siguientes aspectos:

 Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema
Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la
Ley 100 de 1993.
 Al estar exceptuados del Sistema, no son beneficiarios del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco
les aplica el artículo 21 de la citada ley, en materia de ingreso base de
liquidación del monto de la mesada pensional.
 El régimen pensional para estos docentes está previsto en la Ley 91 de
1989, normativa que no establece condiciones ni requisitos especiales para
adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del
numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.
 De acuerdo con la tesis reiterada de la Sección Segunda del Consejo de
Estado sobre el régimen de pensiones para los docentes nacionales y
nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio exceptuados del Sistema General de Pensiones, esta clase de
servidores públicos no gozan de un régimen especial de jubilación, pues ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 así lo establecieron, y tampoco lo hizo la

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Ley 115 de 1994 que ratificó el régimen de jubilación previsto en la Ley 33 de
1985, como norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo
de la Ley 6 de 1945 o el Decreto 3135 1968, antecesoras de la Ley 33 de 1985,
lo fueron bajo disposiciones “generales” de pensiones del sector administrativo,
que no tuvieron el carácter de “especiales”.
Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.» (Negrilla conforme a la transcripción).

Ahora, en concreto, se resalta que a lo largo del proveído aludido, el Consejo
de Estado precisó que de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.° del Acto
Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que regulan el
derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales tanto
nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está condicionada a
la fecha de ingreso al servicio educativo estatal, así:

i) Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
quienes, en virtud de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto
en la Ley 33 de 1985 y los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso
base de liquidación, son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1.° de la Ley 62 de 1985.

Al respecto, la mencionada providencia fijó la siguiente regla:

«[…] En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo. […]» (Negrilla del texto original).

Así, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1.º de enero de 1981 tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1.º de enero de 1990 pero en todo caso antes del 27
de junio de 2003 cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:

 Edad: 55 años para hombres y mujeres
 Tiempo de servicios: 20 años
 Tasa de remplazo: 75%.
 Ingreso Base de Liquidación: Que comprende i) el período del último año
anterior a la adquisición del estatus y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

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Demandante: Ana Cecilia Riaño Romero

ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, aplica el régimen pensional de prima media regulado en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, esto con los requisitos previstos en dicha
reglamentación, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres
y mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto 1158
de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Sobre este grupo de docentes la sentencia de unificación fijó la siguiente regla:

«[…] Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones. […]» (Negrilla conforme a la
transcripción).

En ese orden, los parámetros que se deben atender para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados
con posterioridad a la Ley 812 de 2003, son los siguientes:

 Edad: 57 años para hombres y mujeres
 Semanas de cotización: Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por
artículo 9 de la Ley 797 de 2003
 Tasa de remplazo: 65%-85%5
 Ingreso Base de Liquidación: Comprende i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores
al reconocimiento de la pensión y ii) los factores salariales contemplados en
el Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, gastos de
representación, prima técnica, cuando sea factor de salario, primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario,
remuneración por trabajo dominical o festivo, bonificación por servicios
prestados, remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.

En suma, se colige que la aplicación de uno u otro régimen está condicionada
a la primera fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada
docente. Para el asunto de marras, tal como se expuso en el acápite referente
a la condición de educadora estatal de la demandante, esta debe ser
considerada como tal desde el 18 de julio de 2005 cuando ejerció funciones
inherentes a la mentada profesión luego de ser nombrada en propiedad bajo
dicho cargo al servicio del municipio de Soacha, ello a través de una relación
legal y reglamentaria concretada con la posesión respectiva, que solo tuvo
lugar desde aquella data conforme al formato único para la expedición de
certificado laboral (folios 33 a 34), fecha que en todo caso es posterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).

5 Los porcentajes varían de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

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Demandante: Ana Cecilia Riaño Romero

De acuerdo con esta precisión, se destaca que por el hecho de que la señora
Ana Cecilia Riaño Romero solo haya demostrado la existencia de un nexo
laboral con el Estado como maestra oficial con posterioridad a la promulgación
de la norma referida (lo cual esta misma ratifica en su recurso de apelación
visible de folios 101 a 105), resulta inviable verificar su situación pensional
conforme a las previsiones de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, toda vez
que, aun bajo la premisa del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en el entendido
de que fue vinculada después de 1990 (se reitera, el 18 de julio de 2005), tal
situación en nada distorsiona ni modifica la línea jurisprudencial creada para
definir asuntos como el sub examine, según la cual la fecha relevante para los
mentados efectos es la del nombramiento anterior o posterior al 27 de junio de
2003. Con base en tal contexto jurídico, para definir la presente controversia,
en este caso se debe acudir a la regla jurisprudencial ii) enunciada
anteriormente.

 De la situación particular de la libelista

En primer lugar, al analizar puntualmente la negativa de reconocimiento
pensional por parte del FNPSM, se observa que en la Resolución 1179 del 15
de mayo de 2019 (folios 38 a 39), dicha entidad adoptó tal decisión con base
en la siguiente motivación:

«[…] Que la entidad fiduciaria LA PREVISORA S.A, quien administra los recursos del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, devolvió la prestación en
estado NEGADA, mediante hoja de revisión con número identificador 1773852, con
fecha de estudio del 05 de mayo 2019 y recibido en esta Secretaria el 09 de mayo de
2019, indicando en sus observaciones: "SENORES SECRETARIA DE EDUCACION
EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2831 DE 2005 ARTICULO 4 Y 1272 SE
PROCEDE A NEGAR LA SOLICITUD POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

EL DOCENTE INGRESA EN VIGENCIA DE LEY 812 DE 2003 A PARTIR DE 19-07-
2005, POR LO QUE SE DEBE APLICAR EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
CONSAGRADO EN LA LEY 100 DE 1993 EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO
9 Y SUBSIGUIENTES DE LA LEY 797 DE 2003 SEGUN EL ARTÍCULO 21 DE LA
LEY 100 DE 1993, HABER CUMPLIDO 57 ANOS DE EDAD EL CUAL LOS
ADQUIERE AL 2015 Y HABER COTIZADO 1300 SEMANAS a 2015.

Una vez contabilizado el tiempo la docente cumplirá las semanas solo hasta el
22/07/2019, fecha en la que cumple las 1300 semanas…”.

Que conforme lo anterior, se acata la observación hecha por la FIDUPREVISORA
S.A., teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1272 de 2018 […]». (Mayúscula
y cursiva del texto original).

Según lo transcrito se desprende que la autoridad demandada acertó en
cuanto al régimen normativo aplicable a la señora Riaño Romero frente a su
solicitud de reconocimiento pensional, pues efectivamente tuvo en cuenta
como fecha de vinculación al Estado en calidad de docente oficial, la de la
única relación legal y reglamentaria bajo tal empleo generada el 18 de julio de
2005, data que por ser posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, implicaba que el derecho prestacional reclamado tendría que ser
verificado en atención a los preceptos sobre requisitos y cálculo del IBL
consagrados en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, tal como se determinó
en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de abril
de 2019.

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Demandante: Ana Cecilia Riaño Romero

Por ello, resulta palmario que el acto administrativo demandado se ajusta a
derecho en punto al marco normativo que gobierna la situación jurídica
pensional de la demandante, pues la motivación y fundamento jurídico de
dicha decisión, se acompasa con la línea jurisprudencial interpretativa que se
aplica actualmente de manera uniforme para esta clase de asuntos, lo cual
implica a su vez denegar las pretensiones de la demanda, tal como lo
determinó el a quo.

 Sobre eventuales pronunciamientos ultra o extra petita en litigios
relacionados con el derecho a la pensión de jubilación

Ahora, esta Subsección ha planteado que en ciertos casos donde se advierte
una decisión tendiente a negar el reconocimiento pensional, por cuanto la
parte activa fundamentó sus pedimentos en normas que no le son aplicables,
es procedente excepcionalmente y con base en cada asunto particular que el
juez analice oficiosamente la situación concreta del demandante, a fin de que
de acuerdo con la regulación que realmente gobierna su prestación, se
verifique qué tipo de derecho pudo haber consolidado en orden de garantizar
una tutela judicial efectiva que procure asimismo por la protección y
materialización de los derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital6.

No obstante lo anterior, en el sub lite no es viable tener en cuenta esta postura
diferencial para realizar un estudio con premisas normativas distintas a las que
fueron materia de pronunciamiento en esta oportunidad, habida cuenta de que
no se materializan los supuestos para su configuración como pasa a verse.

Al respecto, desde el punto de vista procesal, se reitera que la competencia
del ad quem en este escenario se circunscribe exclusivamente a los reparos
expuestos por la libelista como argumentos de censura en su alzada, debido
a que aquella fue la única apelante, tal como lo prevé el artículo 328 del Código
General del Proceso. Dicha regla se deriva del derecho fundamental al debido
proceso y especialmente del principio de congruencia desarrollado en el
artículo 281 ibidem.

Bajo tal entendido, resulta necesario destacar que la parte recurrente insistió
como sustento impugnativo para el reconocimiento de su pensión de jubilación
que, dicha prestación debía concederse exclusivamente con base en los
preceptos de la Ley 71 de 1988, la cual, como se advirtió previamente, no es
el régimen aplicable a su situación particular. En tal sentido, la confirmación
de la negativa de las pretensiones se encuentra justificada en lo que respecta
a un análisis adjetivo de la presente causa judicial, más aún cuando se advierte
que en el libelo no se formularon pedimentos subsidiarios basados en la
aplicación de los postulados de la Ley 100 de 1993, en caso de que no
prospera la reclamación principal.

De otro lado y sin perjuicio de lo esbozado previamente, en razón del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, se ha considerado en algunos casos
particulares que resulta oportuno realizar exámenes holísticos de la situación
pensional de la parte demandante como garantía y eficacia de las

6 Sobre esta postura jurisprudencial, ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, de fechas: 20 de febrero de 2020 (25000-23-42-000-2015-00298-01 (3013-2016)) y 29 de
octubre de 2020 (25000-23-42-000-2015-00298-01 (2569-2018)).

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prerrogativas constitucionales a la seguridad social y el mínimo vital. Lo propio
siempre y cuando se advierta que estas podrían verse vulneradas sin sustento
jurídico válido y preferente ante una decisión que niegue el reconocimiento del
derecho pensional en tensión. Ello se acompasa con la posibilidad de emitir
de manera excepcional fallos de carácter ultra o extra petita en el marco de la
presente jurisdicción, basados puntualmente en la evidencia de posibles
afectaciones a preceptos prevalentes como los aludidos, sin que se predique
el desconocimiento del principio de la congruencia y del debido proceso, tal
como se ha explicado en sentencias de esta Subsección7.

Sin embargo, en el caso particular no se avizora una transgresión de los
referidos postulados superiores, toda vez que la libelista se encuentra en una
situación que no podría predicarse de vulnerabilidad en lo que corresponde a
tales derechos. Sobre el punto se destaca que, aquella tanto en su demanda
como en el recurso de alzada manifestó que a las respectivas fechas de
interposición de cada una (2 de julio de 2019 y 8 de junio de 2021
respectivamente), continuaba vinculada al servicio activo oficial como docente
del municipio de Soacha en razón del nombramiento en propiedad que le fue
realizado a través del Decreto 770 del 12 de julio de 2005.

Adicionalmente, a lo largo del proceso y con motivo del referido hecho, la parte
activa no ha manifestado que se encuentre en una situación o condición de
vulnerabilidad económica que ponga en riesgo sus derechos a la vida digna o
al mínimo vital. Es decir, hasta este momento no ha planteado una posible
vulneración de tales prerrogativas ante la negativa del reconocimiento
prestacional deprecado.

La mentada circunstancia implica que la señora Riaño Romero aún detenta
una relación legal y reglamentaria con el Estado, la cual genera
necesariamente el pago de su correspondiente salario, de las prestaciones
vigentes que haya consolidado, así como de la afiliación y realización de
aportes tanto al Sistema de Seguridad Social en Salud, como el de Pensiones
y Riesgos Laborales. Lo propio se puede extraer incluso de la consulta que la
Sala efectuó en la base de datos pública del Registro Único de Afiliados
(RUAF)8, que se encuentra disponible en el Sistema Integral de Información
de la Protección Social del Ministerio de Salud (SISPRO), en la que se
identifica que la libelista al 25 de marzo de 2022 permanece activa como
cotizante, tal como se verifica a continuación:

7 Sobre el punto, consultar sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, proferidas el 8 de abril de 2021 en los procesos con radicados: 17001-
23-33-000-2016-00689-01 (4930-2019) y 17001-23-33-000-2016-00905-01 (4463-2019).
8 https://ruaf.sispro.gov.co/default.aspx

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De hecho, otro elemento fáctico a tener en cuenta en este caso es que la
demandante nació el 15 de noviembre de 19589, de manera que actualmente
tiene 63 años. Esta circunstancia permite inferir que aquella aún se encuentra
en el rango límite de 70 años de edad para configurar una situación de retiro
forzoso conforme lo consagrado en la Ley 1821 de 2016, de suerte que incluso
podría, de ser su voluntad, continuar en ejercicio de su labor por 7 años más
en razón de un vínculo derivado de un nombramiento en propiedad que le
garantizará el ingreso que ha devengado a lo largo de su labor como docente.

Lo expuesto hasta este punto denota que en el asunto sub iudice no se
presentan las condiciones que involcuren una afectación a la vida digna o al
mínimo vital, que habiliten efectuar estudios extra petita bajo la aplicación de
otros regímenes pensionales diferentes al que fue formulado en la demanda
como sustento en clave de concepto de violación.

Incluso, con la confirmación de la negativa de las pretensiones tampoco se
vulneraría el derecho fundamental a la seguridad social, toda vez que la
decisión de fondo en este caso consiste en denegar el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 por no ser este
el régimen aplicable, pero sin que se haya ralizado pronunciamiento respecto
de tal reclamación a la luz de los preceptos de la Ley 100 de 1993.

Por ello, claramente al margen de lo resuelto en esta causa judicial, lo cierto
es que la señora Ana Cecilia Riaño Romero podría solicitar el pago de una
pensión de jubilación ante la entidad demandada, o las demás competentes
según el contexto jurídico que se plantee en su momento, con base en la
aplicación de esta última normativa. Lo anterior cuando acredite la satisfacción
de los requisitos y condiciones específicas que le sean aplicables por su
calidad de docente oficial, de acuerdo con las reglas de unificación
jurisprudencial de la sentencia emitida por el Consejo de Estado el 25 de abril
de 2019 para los educadores con vinculación inicial después de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.

En conclusión: a la señora Ana Cecilia Riaño Romero en su calidad de
docente oficial, no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación conforme a la Ley 71 de 1988, toda vez que,
precisamente por las condiciones especiales de su empleo, y en aplicación de
las reglas desarrolladas en la sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado el 25 de abril de 2019 para esta clase de servidores, no podría
considerarse a la libelista como beneficiaria del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 por estar exceptuada de dicha normativa, así como tampoco
respecto de la transición prevista en la Ley 812 de 2003, por cuanto su primera
y única relación legal y reglamentaria como educadora del Estado tuvo lugar
el 18 de julio de 2005, es decir, con posterioridad al 27 de junio de 2003
cuando entró en vigencia esta última norma.

En tal sentido, no es viable conceder a favor de la demandante una pensión
de jubilación por aportes con base en los postulados de la Ley 71 de 1988,
pues su nombramiento oficial como maestra estatal ocurrió cuando había
cobrado vigor la Ley 812 de 2003, según la cual, su situación pensional debe
ser determinada de acuerdo con los requisitos y condiciones consagradas
para tal efecto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, de manera articulada

9 Ver copia de la cédula de ciudadanía a folio 24 del plenario.

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con las reglas jurisprudenciales definidas en la aludida sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019.

Adicionalmente, se destaca que no era viable en el presente caso efectuar un
análisis extra petita de la situación jurídica de la señora Riaño Romero, a fin
de verificar la posible consolidación de la prestación en comento conforme a
la Ley 100 de 1993, toda vez que no se advierte una probable vulneración de
sus garantías fundamentales a la seguridad social o al mínimo vital, en razón
de la cual se constituya la excepción a la observancia del principio de
congruencia que rige las actuaciones judiciales, puesto que la libelista no
adujo ni demostró que se encontraba en una condición de vulnerabilidad
respecto de tales prerrogativas, al contrario se observa que detenta una
estabilidad laboral que le permite estar en una situación de garantía de sus
derechos fundamentales.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F el
19 de mayo de 2021, la cual denegó las pretensiones de la demanda, lo
anterior habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de
apelación formulado por la libelista.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201610, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.

10 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP11, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que,
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público12.

Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas a la demandante, en la medida que a pesar de haber resultado
vencida en esta oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP
no es posible la comprobación de dicha carga, en tanto no hubo intervención
de las partes en segunda instancia ante la ausencia de un período probatorio
y el consecuente traslado de alegatos de conclusión según lo previsto en el
artículo 247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021), tal como se indica en la constancia secretarial visible a folio
105 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 19 de mayo de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Ana Cecilia Riaño Romero contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

11 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
12 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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Demandante: Ana Cecilia Riaño Romero

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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