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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00939-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00939-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió a las pretensiones. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00939-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00939-01 (6935-2023)
Demandante: Ivonne Guzmán Dávila
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento de pensión ordinaria de jubilación con base en
Ley 33 de 1985. Fecha de vinculación como docente anterior a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. El régimen
pensional se determina en virtud de la fecha de vinculación como
maestro oficial sin importar si hubo o no interrupción en el
vínculo. Aplicación de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Ivonne Guzmán Dávila instauró demanda1 en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la Resolución 000464 del 22 de abril de 2021, por
medio del cual le fue negado el reconocimiento y pago de una pensión ordinaria de
jubilación con base en el régimen de las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 62 de
1985.

1
Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00939-01 (6935-2023)

3. A título de restablecimiento del derecho, se conceda dicha prestación equivalente
al 75% de los factores percibidos durante el año anterior a la adquisición de su
estatus jurídico, con efectividad desde esa misma fecha en compatibilidad con el
salario, junto con el pago de las mesadas atrasadas con la indexación sobre las
sumas adeudadas por este concepto, así como el reconocimiento de intereses
moratorios hasta que se materialice el respectivo abono.

4. Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192
del CPACA; y que, además, se disponga sobre la condena en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que nació el 6 de abril de 1964 y fue nombrada como docente oficial por parte
del departamento de Cundinamarca desde el 26 de abril de 1999, al menos hasta
el 18 de junio de 2019 cuando se certificó que seguía activa.

6. Que el 10 de marzo de 2020 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación,
expresando que le debía ser aplicado el régimen propio del magisterio para
consolidar el derecho con base en la Ley 33 de 1985, por disposición de la Ley 91
de 1989. Sin embargo, esta petición fue negada en el sentido de asegurar que como
la reclamante tuvo una interrupción en su vínculo, se entiende que su último ingreso
ocurrió el 15 de enero de 2007, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, lo que hace que su régimen aplicable no sea el solicitado,
sino el de la Ley 100 de 1993.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Consideró vulnerados: el Acto Legislativo 01 de 2005; los artículos: 1, 2, 3, 4, 6,
13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; así como las Leyes 91 de 1989, 812
de 2003, 33 y 62 de 1985 y 100 de 1993; e igualmente los Decretos 2285 de 1955,
224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978 y 2277 de 1979.

8. Expresó que la vinculación por primera vez es la que determina el régimen
pensional de los docentes, independientemente que se encuentre hoy escalafonada
bajo el Decreto 1278 de 2002, ya que, si el ingreso como docente fue con
anterioridad al 27 de junio 2003, en lo referente al régimen pensional se les aplica
la normativa anterior que es la Ley 91 de 1989 artículo 15, la cual remite a las
disposiciones prestacionales de la Ley 33 de 1985, que es la que resulta aplicable
a su situación jurídica.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

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2

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00939-01 (6935-2023)

9. La demanda fue admitida el 2 de mayo de 2022.2 La Nación – Ministerio de
Educación – FOMAG3 precisó que en atención a la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 25 de abril de 2019, debe tenerse en cuenta que como la
vinculación de la accionante en calidad de docente se efectuó con posterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no existe duda que el régimen
pensional aplicable es el contenido en la Ley 100 de 1993 y no el reclamado.

10. Propuso la excepción de legalidad de los actos administrativos.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 26 de mayo
de 2023 accedió a las pretensiones, en el sentido de declarar la nulidad del acto
demandado y ordenar a la entidad accionada reconocer la pensión de jubilación a
favor de la actora en cuantía del 75% del promedio de la asignación básica, la
bonificación mensual docentes, y la bonificación pedagógica percibidas entre el 11
de mayo de 2018 y el 10 de mayo de 2019, con efectividad desde el 11 de mayo de
2019 al no haber operado la prescripción de mesadas. Además, dispuso que no
habría lugar a descontar ningún concepto a cargo de la demandante a título de
aportes pendientes de pago sobre estos últimos dos emolumentos, sin perjuicio del
deber de la entidad accionada de realizar las respectivas gestiones de cobro para
obtener estos montos. Por último condenó en costas a la parte demandada.

12. Expresó que no debe entenderse que las interrupciones ocurridas en el vínculo
de la actora, bien sea por la finalización de la relación laboral o por el cambio del
tipo de vinculación, traigan como consecuencia la aplicación de las reglas del
Sistema General de Pensiones, pues si se demuestra que se contaba con la relación
legal como docente del sector oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, las normas aplicables son las contenidas en la Ley 91 de 1989 y
por ende la Ley 33 de 1985.

13. Manifestó que la accionante tiene derecho a la prestación reclamada, ya que
cuenta con nombramiento como docente oficial antes de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, además con más de cincuenta y cinco (55) años de edad, y
adquirió el estatus jurídico de pensionada el 10 de mayo de 2019 fecha en la que
acreditó los veinte (20) años de servicio como educadora estatal.

14. Sobre la liquidación pensional añadió que debe efectuarse en un 75% de los
factores devengados en el último año anterior a la adquisición del estatus de
jubilada, por tratarse de una maestra de quien se predica la compatibilidad entre el
salario en actividad y la pensión, de manera que se tiene que reconocer la pensión

2
Ibid.
3
Ibid.
4
Ibid.

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3

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00939-01 (6935-2023)

con el promedio de los factores recibidos en el periodo del 11 de mayo de 2018 al
10 de mayo de 2019, siempre y cuando sobre los factores computables hubiese
realizado cotizaciones como lo dispone el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, lo cual
se predica tanto de la asignación básica como de la bonificación mensual docente
y la bonificación pedagógica que demostró que percibía de manera habitual.

15. En cuanto a la prescripción afirmó que el estatus de pensionada bajo la Ley 33
de 1985 lo adquirió el 10 de mayo de 2019, presentó solicitud de reconocimiento
pensional el 10 de marzo de 2020 y la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho fue radicada el 8 de noviembre de 2021, por lo que no se encuentra
configurada esta excepción en la medida en que no transcurrieron más de tres años
entre estas fechas.

RECURSO DE APELACIÓN5

16. La parte demandada interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
del material probatorio practicado se encuentra plenamente acreditado que la
demandante se vinculó por última vez como docente afiliada al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, de manera que su régimen pensional corresponde al de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, tal como se planteó en
la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019.

17. Dijo que la accionante pretende que se le incluyan una serie de factores
salariales no incluidos en la ley aplicable al caso concreto; sin embargo, indicó que
el Consejo de Estado mediante la referida providencia dirimió la controversia
correspondiente a la inclusión de emolumentos en el IBL, bajo el argumento de que
a los educadores oficiales no les es aplicable lo contemplado en la sentencia de
unificación de fecha 28 de agosto de 2018, pues estos pertenecen a un régimen
especial, en virtud del cual no es posible el cómputo de otros haberes laborales
sobre los cuales no se realizaron los aportes correspondientes.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

18. El 4 de diciembre de 20236 se admitió el recurso de apelación. La parte
demandante7 se pronunció frente al recurso al señalar que no está en discusión
una pensión por aportes como lo señala la entidad apelante, por lo que no tendría
sustento jurídico la impugnación, más aún cuando tampoco se requiere demostrar
el cumplimiento de los requisitos del régimen de transición como lo sostiene la
entidad demandada por ser docente beneficiaria de las disposiciones de la Ley 91
de 1989.

5
Ibid.
6
Ver índice 4 de SAMAI.
7
Ver índice 8 de SAMAI.

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4

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Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

19. Deberá resolver la Subsección si a la demandante como docente oficial con una
vinculación con solución de continuidad le asiste derecho a la pensión según la Ley
33 de 1985, en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales sobre los
que haya efectuado cotizaciones durante el año anterior a la adquisición del estatus
jurídico, y con efectividad desde esa misma fecha.

Marco normativo y jurisprudencial

20. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la subsección dar aplicación
a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,8 en la cual se estableció principalmente la forma
de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los
postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.

21. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.

22. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es
más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo,9 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia
de sus pretensiones.10

8
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
9
Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación planteadas fueron las siguientes: «[…] a)
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
10
Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la
parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan
consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del
pronunciamiento de segunda instancia.

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23. Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el
marco jurídico pensional de un educador oficial es la acreditación de su primera
vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa
relación inicial fue continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de
prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en
provisionalidad, en propiedad o temporal como una interinidad, así como tampoco
si para la mencionada fecha la reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.

24. Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones de un maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto
a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de
haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber
ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,11 es claro que esta situación corresponde
a un cambio legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista
especialmente para quien haya ejercido labores como educador del Estado.

Resolución del caso concreto

25. Como se desprende de lo expuesto, es indispensable determinar cuál es la
normativa que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su primer
ingreso al servicio educativo oficial,12 sin que cobre relevancia el argumento de
apelación relativo a que en este caso se presentó una interrupción del vínculo
original y que solo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
fue nombrada por última vez.

26. En atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable desarrollado
anteriormente, lo primero que debe recordarse es que, a diferencia de las
afirmaciones de la entidad recurrente, las vinculaciones de un docente, así hayan
sido interrumpidas, no desdicen el hecho de que haya ejercido labores educativas
y mucho menos cuando fue a través de una relación legal y reglamentaria, pues el
criterio de la supuesta continuidad no fue fijado para tal fin en la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019, sino solamente el de la demostración de algún
tiempo de labor oficial como maestra antes de que entrara a regir la ley de
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006.

11
Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00939-01 (6935-2023)

27. Ahora bien, para definir este punto debe acudirse al Formato Único para la
Expedición del Certificado de Historia Laboral del 11 de octubre de 2019 expedido
por Secretaría de Educación Departamental de Cundinamarca,13 así como al
Decreto 0824 del 23 de marzo de 1999,14 pues a partir de estos medios probatorios
se corrobora que fue nombrada por dicha entidad en provisionalidad para
desempeñar el cargo de docente desde el 26 de abril de 1999 hasta el 29 de
diciembre de 2006, por lo que se puede tener demostrado el hecho de que inició su
labor propiamente educativa el 26 de abril de 1999, fecha que definitivamente es
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).

28. Se concluye entonces al igual que el juez de primera instancia que, conforme a
las reglas de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, es viable verificar
la situación jurídica reclamada de acuerdo con las previsiones del artículo 81 de
dicha norma.

29. De allí que, efectivamente la pensión de la educadora debía analizarse
conforme a la regulación previa contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15
numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten a las normas de los
empleados públicos del orden nacional, consagradas esencialmente en la Ley 33
de 1985 cuando se acumulan solo tiempos de origen público, tal como lo estimó
acertadamente el tribunal de origen.

30. Bajo este entendido se corrobora la ilegalidad del acto administrativo
demandado, más aún porque la demandante sí había acreditado los requisitos
necesarios para consolidar el derecho a una pensión de jubilación con base en los
postulados de la aludida Ley 33 de 1985, pero adicional, conforme a los
lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 25
de abril de 2019 sobre la materia.

31. Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye al
igual que en la sentencia recurrida que: i) la accionante acreditó 55 años de edad el
6 de abril de 2019;15 ii) de la sumatoria de los tiempos servidos como docente oficial
nombrada entre el 26 de abril de 1999 y el 29 de diciembre de 2006, y 15 de enero
de 2007, al menos hasta el 10 de marzo de 2020 cuando se radicó la petición y aún
seguía activa, se observa que acreditó 20 años de labor el 10 de mayo de 2019,16 y
iii) dentro del período comprendido entre el 10 de mayo de 2018 y el 9 de mayo de
2019 (año anterior al estatus configurado con los 20 años servicio que se
acreditaron con posterioridad al cumplimiento de la edad), la educadora devengó la
asignación básica, la bonificación mensual docente, y la bonificación pedagógica
como únicos haberes salariales computables y percibidos en su caso sobre los que

13
Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
14
Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
15
La demandante nació el 6 de abril de 1964. Ver copia de la cédula de ciudadanía obrante en el expediente
digital del índice 2 de SAMAI.
16
Ver certificados de información laboral y de salarios expedidos por el la Secretaría de Educación
Departamental de Cundinamarca en los antecedentes administrativos que reposan en el expediente digital.

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debió realizar aportes y que se encuentran enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62
de 1985 y en los decretos únicos prestacionales de los maestros, tal como lo
determinó el tribunal de origen.

32. Con todo, acertó el tribunal al afirmar que dicha prestación debe concederse
con efectividad desde el momento en que la accionante adquirió la condición
habilitante de la pensión, esto es, desde el 10 de mayo de 2019, ello en la medida
en que este derecho es compatible con el salario de docente sin necesidad de
demostrar el retiro del servicio de conformidad con los artículos 19, literal g) de la
Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, aplicables a su caso particular por
haber sido vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

33. Ahora, se concuerda en que no prospera la excepción de prescripción de las
mesadas porque efectivamente entre las fechas de exigibilidad del derecho (10 de
mayo de 2019), de radicación de la reclamación administrativa (10 de marzo de
2020),17 y de la presentación de la demanda (8 de noviembre de 2021),18 no
transcurrieron más de tres años de que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969.

34. Estos argumentos son suficientes para confirmar el fallo apelado.

Condena en costas de segunda instancia

35. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

36. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

37. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

17
Ver parte motiva del acto demandado, visible en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
18
Ver acta individual de reparto del proceso en el expediente digital.

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38. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiséis (26) de mayo de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se accedió a las pretensiones.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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