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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2021-00052-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2021-00052-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la siguiente forma: «[…] Cuarto: En consecuencia, ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar al señor Carlos Alberto Sánchez Álvarez, una pensión de jubilación por aportes desde el 24 de agosto de 2015, pero con efectos fiscales a partir del 1.° de septiembre de 2017 por efectos de la prescripción trienal, teniendo en cuenta los preceptos de la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994 esto es, en un monto equivalente al 75% del promedio de la asignación básica percibida por el demandante durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, correspondiente al periodo trascurrido entre el 24 de agosto de 2014 y el 23 de agosto de 2015; sin estar condicionada a la demostración del retiro definitivo del servicio. […]» Segundo. CONFIRMAR la providencia recurrida en todo lo demás. Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 23001-23-33-000-2021-00052-01 (0177-2025) Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2021-00052-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2021-00052-01 (0177-2025)
Demandante: Carlos Alberto Sánchez Álvarez
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento de pensión por aportes de la Ley 71 de 1988 a
favor de un docente con acumulación de tiempos cotizados del
sector privado y del sector público, en virtud de la Ley 91 de
1989. El régimen pensional se determina en virtud de la fecha
de vinculación como maestro oficial sin importar si hubo o no
interrupción en el vínculo. Aplicación de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. MODIFICA SENTENCIA Y
CONFIRMA EN LO DEMÁS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se accedió a
las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Carlos Alberto Sánchez Álvarez instauró demanda1 en contra de la
Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto presunto derivado de la configuración del
silencio administrativo negativo ante la ausencia de respuesta a la petición del 1.º
de septiembre de 2020, por medio del cual la Secretaría de Educación

1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

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Departamental de Córdoba en nombre y representación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de una pensión
ordinaria de jubilación por aportes a la edad de 55 años y con 1.000 semanas de
cotización.

3. A título de restablecimiento del derecho, se reconozca dicha prestación en
cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante
el último año de servicio anterior al cumplimiento del estatus ocurrido el 15 de
noviembre de 2015, efectiva desde esta misma fecha, sin exigir el retiro definitivo
del servicio por ser compatible con el salario percibido en actividad.

4. Se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la consolidación del derecho,
la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto, así como el
reconocimiento de intereses moratorios hasta que se materialice el respectivo
abono.

5. Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y que se disponga sobre la condena en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que nació el 3 de diciembre de 1954 y realizó aportes al antiguo ISS (hoy
Colpensiones) por concepto de 292 semanas acumuladas por contratos de trabajo
en el sector privado.

7. Que fue nombrado por el departamento de Córdoba en el cargo de maestro oficial
en propiedad desde el 15 de junio de 2001, por lo menos hasta la fecha de
presentación de la demanda (23 de febrero de 2021), cuando seguía en ejercicio de
dicho cargo, efectuando cotizaciones al FOMAG.

8. Que el 1.º de septiembre de 2020 solicitó el reconocimiento de la pensión de
jubilación ante la Secretaría de Educación de la mencionada autoridad, y para ello
pretendía que le fuera aplicado el régimen especial del magisterio para consolidar
el derecho con base en la Ley 71 de 1988 por acumulación de aportes privados y
públicos, pero la parte accionada se abstuvo de dar respuesta a la petición.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Considera vulnerados: los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de
1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de
1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

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10. Manifiesta que a los docentes vinculados con anterioridad al año 2003 se les
aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812 del mismo año, es decir
la Ley 71 de 1988 por haber prestado el servicio público y privado con aportes al
antiguo ISS, pues si se trataba de proteger a los educadores que con alguna edad
ingresaban al sector público después del 26 de junio de 2003, y que lograban
acreditar cualquier trabajo antes de la menciona fecha, todas las disposiciones
legales vigentes anteriores a la entrada en vigencia de la primera ley en mención
tendrían que ser aplicables.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

11. La demanda fue admitida el 13 de mayo de 2021.2 La Nación – Ministerio de
Educación – FOMAG3 aseguró que si bien el actor estuvo vinculado como docente
en el periodo comprendido entre 1° de marzo de 2001 y 5 de agosto de 2003, no se
observa que esta vinculación haya sido ininterrumpida, pues entre 2003 y 2007 no
presentó afiliación al FOMAG. Planteó que como tuvo una interrupción superior a
los 15 días, se configuró la solución de continuidad, lo que hace que la fecha de
ingreso a tomar sería el 1 de enero de 2008, cuando tomó posesión del cargo, data
en la cual ya se encontraba vigente la Ley 812 de 2003, lo que hizo que fuera esta
la que regulara la prestación reclamada.

12. Propuso la excepción de legalidad del acto administrativo demandado.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

13. El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia del 18 de noviembre
de 2024 accedió a las pretensiones, en el sentido de declarar la nulidad del acto
demandado y ordenar a la entidad accionada reconocer la pensión de jubilación por
aportes de que trata la Ley 71 de 1988 a favor del actor, con efectividad a partir del
27 de julio de 2015, pero con efectos fiscales desde el 1.º de septiembre de 2017
ante la declaratoria de la excepción de prescripción, liquidada con el 75% de lo
devengado en el último año anterior a la adquisición del estatus pensional, teniendo
en cuenta la asignación básica como único factor salarial. Se abstuvo de condenar
en costas.

14. Expresó que se encuentra acreditado que el demandante se desempeñó de
manera interrumpida en el sector privado y en el sector público como docente,
encontrándose la primera vinculación oficial el 1° de marzo de 2001 cuando fue
nombrado conforme a las Resoluciones 221 de 15 de junio de 2001 y 269 de 16 de

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.

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julio de 2001. Por esto se concluye que prestó sus servicios como maestro estatal
antes del 26 de junio de 2003, pues a pesar de la solución de continuidad que se
configuró en el marco de la relación laboral, lo cierto es que desde el preciso
momento en que detentó una vinculación legal y reglamentaria adquirió el derecho
a dársele el tratamiento normativo y jurisprudencial propio de los educadores del
magisterio en lo que respecta al régimen pensional que reclama, tal como el
Consejo de Estado lo precisó en un caso similar en sentencia del 2 de junio de 2022
(3061-2021).

15. Afirmó que, conforme a lo expuesto, es viable aplicar las normas anteriores al
régimen general, en particular las de la Ley 71 de 1988 para el reconocimiento de
una pensión por aportes, ya que el reclamante cumplió con los requisitos previstos
en esta norma al haber acreditado más de 60 años al momento de radicar su
petición, así como el tiempo de servicio.

16. Sobre este último punto contabilizó 292 semanas a Colpensiones equivalentes
a 5 años, 8 meses y 24 días, y verificó que el accionante estuvo vinculado en
provisionalidad en la institución Sergio Martínez desde el 1° de marzo de 2001 hasta
el 30 de mayo de 2001 lo que equivale a 2 meses y 29 días; luego continuó en
provisionalidad desde el 29 junio de 2001 hasta el 5 de agosto de 2008 cuando fue
declarado insubsistente, esto durante 7 años 1 mes y 5 días.

17. Consecutivamente fue nombrado en propiedad en la misma institución desde el
11 de agosto de 2008 y tomó posesión el 14 de agosto de esa anualidad de forma
ininterrumpida sin indicar fecha de terminación conforme al certificado expedido por
el FNPSM, sin embargo, en atención a que la petición de reconocimiento de pensión
fue realizada el 1° de septiembre de 2020, se contará hasta dicha fecha, lo que
equivaldría a 12 años y 16 días. Sostuvo que todos estos períodos equivalen a un
total de 25 años y 24 días que permiten tener satisfecha esta exigencia.

18. Por lo anterior expuso que el demandante tiene derecho a la pensión por
aportes desde el cumplimiento de los 20 años de servicio cotizado, es decir, desde
el 27 de julio de 2015, calculada sobre un 75% del promedio de la asignación salarial
percibida durante este último año que es el único factor percibido y objeto de aportes
al tenor del listado del artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, sin incluir otros factores
adicionales según la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, y sin que su
efectividad esté condicionada a la demostración de la terminación de su vínculo
legal y reglamentario debido a la garantía de percibir doble asignación que tienen
de manera excepcional los maestros oficiales.

19. Indicó que la prestación estaría a cargo del FOMAG por ser la última entidad de
previsión a la que se encontraba afiliado el actor, sin perjuicio de que esta pueda
reclamar las cuotas partes que en efecto correspondan a Colpensiones ante la cual
se realizaron aportes del sector privado, tal como lo prevé el artículo 11 del Decreto
2709 de 1994.

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20. Por último, explicó que como el reclamante adquirió el estatus pensional el 27
de julio de 2015 pero presentó la reclamación tendiente a solicitar el reconocimiento
pensional el 1.° de septiembre de 2020, se entienden prescritas las mesadas
pensionales causadas con 3 años de antelación a esa fecha, es decir, aquellas que
surgieron con anterioridad al 1° de septiembre de 2017.

RECURSO DE APELACIÓN5

21. La parte demandada interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
los tiempos laborados mediante órdenes de prestación de servicios no generan
vínculo laboral ni dan lugar a la adquisición de derechos pensionales, conforme lo
ha establecido la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, salvo que exista
sentencia judicial previa que declare la existencia de contrato realidad, lo cual no
ocurrió en este proceso.

22. En consecuencia, no podían computarse dichos períodos para acreditar el
cumplimiento del requisito de tiempo de servicio exigido por la Ley 71 de 1988.

23. Añadió que del material probatorio practicado se encuentra plenamente
acreditado que el demandante se vinculó como docente afiliado al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, de manera que su régimen pensional corresponde al de
prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

24. Dijo que en sentencia del 28 de enero de 2021 emitida por el Consejo de Estado
en el proceso con radicado 76001-23-33-000-2013-00942-01(2075-18) se abordó el
régimen pensional aplicable a los docentes con acumulación de tiempos laborados
en el sector privado, en la que se estableció que, si el educador es beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, se debe aplicar la Ley 71 de 1988 que
permite la acumulación de tiempos de servicio en diferentes sectores para acceder
a la pensión.

25. Sin embargo, si el maestro no es titular de dicho beneficio, su situación se rige
íntegramente por la Ley 100 de 1993, tal como sucede en el caso particular.

26. Argumentó que, en todo caso, los factores salariales que deben ser tenidos en
cuenta para la liquidación de la prestación, serían solamente los contenidos en el
Decreto 1158 de 1994, siempre y cuando sobre estos se hayan realizado las
respectivas cotizaciones.

5 Ibid.

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27. Frente a la condena en costas manifestó que esta no debe ser objetiva, sino
que el juez tendría que analizar la buena fe de la entidad respecto a sus actuaciones
procesales, al punto de que encontraría que no se generó ninguna conducta que dé
lugar a esta carga.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

28. El 7 de abril de 20256 se admitió el recurso de apelación.

29. La parte demandante7 aseguró que a partir de las pruebas se desvirtúa la
premisa incorrecta indicada por la entidad demandada que sirvió como fundamento
del recurso de apelación, en la cual, se indicó que su vinculación se dio el 22 de
agosto de 2008, pues tal como se logró demostrar, ha laborado como docente oficial
desde el año 2001, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, lo que lo hace acreedor de su pensión de conformidad con los lineamientos
establecidos en la Ley 71 de 1988, tal como lo declaró el tribunal de primera
instancia.

30. El Ministerio Público8 emitió concepto en el que solicitó que se confirme el fallo
apelado al plantear que se logró acreditar que el actor se desempeñó de manera
interrumpida en el sector privado y en sector público, esto es, como docente,
evidenciándose que su primera vinculación oficial data del 1º de marzo de 2001,
siendo nombrado mediante los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones 221 del 15 de junio de 2001 y 269 del 16 de julio de 2001; razón por
la cual, según la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, se le debe aplicar lo
contemplado en la Ley 71 de 1998 para acceder a la pensión de jubilación por
aportes.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

31. Deberá resolver la Subsección si al demandante, en su calidad de docente
oficial con acumulación de aportes del sector privado y público, le asiste el derecho
al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del FOMAG, según la
Ley 71 de 1988, en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales
devengados y objeto de cotización en el año anterior a la adquisición del estatus
jurídico respectivo y con efectividad desde tal fecha, y si para el efecto debía ser
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

6 Ver índice 4 de SAMAI.
7 Ver índice 8 de SAMAI.
8 Ver índice 9 de SAMAI.

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Marco normativo y jurisprudencial

32. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación
a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,9 en la cual se estableció principalmente la forma
de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los
postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.

33. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.

34. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es
más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, 10 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia
de sus pretensiones.11

35. Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el
marco jurídico pensional de un educador oficial es la acreditación de su primera
vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa
relación inicial fue continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de
prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en
provisionalidad, en propiedad o temporal como una interinidad, así como tampoco
si para la mencionada fecha la reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.

9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-

CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
10 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a)

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
11 Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la

parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan
consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del
pronunciamiento de segunda instancia.

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36. Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones de un maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto
a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de
haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber
ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,12 es claro que esta situación corresponde
a un cambio legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista
especialmente para quien haya ejercido labores como educador del Estado.

37. Ahora, debido a las condiciones del caso particular abordado por el proveído
unificador en mención, este únicamente planteó unas reglas para fijar los
regímenes aplicables en eventos de profesores oficiales cuyo tiempo de servicio
hubiese sido prestado en el sector público y cotizado exclusivamente al FOMAG, lo
que hacía pertinente en virtud de la Ley 91 de 1989 hacer una remisión directa a la
Ley 33 de 1985 para determinar el derecho pensional.

38. Por lo mismo, en esa oportunidad no fue posible analizar y definir el supuesto
cuando, por ejemplo, como se advierte para el presente litigio, el docente tiene un
período de servicio educativo que no es suficiente para adquirir la prestación con
base en esta última norma, pero igualmente realizó cotizaciones a otra
administradora como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones), derivadas de
actividades laborales prestadas mediante contratos de prestación de servicios, por
contratos de trabajo con personas jurídicas de derecho privado, o como trabajador
independiente; con las que pretende satisfacer la exigencia del tiempo de labor.

39. Bajo tal supuesto, la normativa aplicable necesariamente sería la Ley 71 de
1988 que regulaba la materia en lo que respecta a la denominada “pensión por
aportes”, la cual se da con la acumulación de tiempos de servicio cotizados al
mencionado ISS y a otras entidades de previsión como lo prevé el artículo 7.º de
dicha norma.

40. Acerca de la posibilidad de tener en cuenta tal disposición como el marco
regulatorio de los maestros que se encuentren en las referidas condiciones, esta
Subsección13 ya se ha pronunciado en el sentido de que lo propio es procedente

12 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Laboral. Radicación: 40.662.
13 Al respecto ver las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección “A”, del 31 de julio de 2025 proferida en el proceso 25000-23-42-000-2020-
00847-01 (3708-2022), y del 14 de agosto de 2025 dictadas en los procesos 68001-23-33-000-2020-00819-01
(0380-2023) y 05001-23-33-000-2020-03991-01 (5790-2023). En dichas providencias se precisó lo siguiente:

«[…] al observar los antecedentes legislativos de la referida Ley 91 de 1989, expuestos en la ponencia para
primer debate en el Senado de la República, es posible concluir que los educadores sometidos a la primera
regla de unificación de la sentencia del 25 de abril de 2019 por haberse vinculado antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, no solo pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de

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en la medida en que se apliquen también los criterios jurisprudenciales expuestos
anteriormente.

41. Al respecto, bajo dicha línea de interpretación también se precisó la forma en
que debe calcularse el respectivo IBL pensional, para lo cual se indicó que este
corresponderá al 75% del promedio de los factores salariales percibidos durante el
último año de servicio anterior a la adquisición del estatus, sobre los cuales se
hubiesen realizado o debieran haberse efectuado cotizaciones, siempre y cuando
estén exclusivamente consagrados en el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de
1985, así como en las normas posteriores que les haya otorgado el carácter salarial
para efectos pensionales14 como ya lo ha sostenido esta corporación en casos
similares.15

Resolución del caso concreto

42. Como se desprende de lo expuesto, es indispensable determinar cuál es la
normativa que gobierna el caso del accionante en virtud de la fecha de su primer
ingreso al servicio educativo oficial,16 sin que cobre relevancia que en este caso se

1988, la cual hace parte integral de la normativa aplicable a los servidores del orden nacional, tal como el mismo
artículo 11 de esta última ley lo contempló, así como el Consejo de Estado lo ha corroborado en varias de sus
providencias.

En consecuencia, es dable aplicar la mencionada providencia, aun para los casos en que se solicite el
reconocimiento de la pensión por aportes, por lo que los docentes bajo este supuesto se someterán a los
requisitos de dicha norma, pero también quedarán regidos por los postulados jurisprudenciales en materia de
fijación del IBL, los cuales no se oponen a lo regulado específicamente para esta clase de prestación en el
artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994.

De allí que, este derecho deberá determinarse con base en el 75% del promedio de los factores salariales
percibidos durante el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus, sobre los cuales se hubiesen
realizado cotizaciones y que estén exclusivamente consagrados en el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de
1985, así como los previstos en normas posteriores con carácter salarial para efectos pensionales como ya lo
ha sostenido esta corporación en casos similares.

Se aclara que este último precepto legal también es aplicable en el caso del derecho bajo estudio, por ser
aquella la norma que regula la materia en el caso de los servidores públicos como son los docentes que
reclaman el pago de dicha prestación al FOMAG.

Al respecto, basta con verificar que los docentes afiliados al aludido fondo que soliciten el reconocimiento de la
pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, lo hacen precisamente en su calidad de empleados públicos al
momento de consolidar su estatus, solo que pretenden acumular algún tiempo de servicio privado, lo que hace
que los factores de salario que pueden integrar el IBL pensional solo puedan ser los del último año anterior a la
adquisición del derecho que necesariamente ocurre cuando están vinculados al servicio oficial.

Tal hecho implica que, únicamente podrían incluirse para el cálculo de la pensión los emolumentos que hayan
sido objeto de cotización bajo dicha calidad de servidores del Estado, los cuales están expresamente
consagrados en la Ley 62 de 1985 que es la norma aplicable para estos mismos, tal como se precisó en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la cual, según lo referido anteriormente, también debe ser
observada para definir la referida prestación derivada de la acumulación de aportes privados y públicos. […]»
14 Por ejemplo, en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018.
15 Al respecto ver sentencias proferidas por esta misma Subsección en sentencias del 22 de junio de 2023

dictadas en los procesos con números internos 5111-2022, 4056-2021 y 1863-2022.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»

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Radicado: 23001-23-33-000-2021-00052-01 (0177-2025)

presentaron vínculos con interrupciones y que solo con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003 fue nombrado en propiedad y afiliado al FOMAG
sin solución de continuidad, pues como se explicó en el marco jurídico en mención,
el legislador no contempló tal circunstancia como un elemento excluyente para que
un docente accediera o no al régimen pensional anterior al de la Ley 100 de 1993.

43. Ahora bien, para definir este punto debe acudirse a la copia de la Resolución
221 del 15 de junio de 200117 por medio de la cual se vinculó al actor temporalmente
como maestro oficial del municipio de Planeta Rica (Córdoba) en una vacante de la
planta de personal de la entidad que ya venía ocupando, así como a la Resolución
269 del 16 de julio de 200118 en la que se reconoce y ordena el pago de los salarios
percibidos por este desde el 1º de marzo hasta el 30 de mayo de 2001, derivados
de la mencionada designación.

44. Además, se verifican las certificaciones del rector de la Institución Educativa
Sergio Martínez de la mencionada autoridad territorial expedida el 27 de noviembre
de 2017,19 y del secretario de educación municipal suscrita el 26 de septiembre de
2024;20 medios de convicción con base en las cuales no queda duda para la Sala
que el reclamante comenzó a ejercer labores como docente desde el 1.º de marzo
de 2001, fecha que definitivamente es anterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 (27 de junio de 2003).

45. En este punto se aclara que ni de las afirmaciones del accionante ni de las
pruebas practicadas se observa que este haya tenido vínculos previos mediante
órdenes o contratos de prestación de servicio, por lo que el argumento de apelación
de la demandada relacionado con la improcedencia de tener en cuenta tiempos
laborados bajo dicha modalidad hasta tanto no se haya declarado una relación
laboral encubierta no encuentra ningún sustento para ser abordado en esta
oportunidad.

46. Precisado lo anterior, se concluye entonces al igual que el juez de primera
instancia que, conforme a las reglas de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019 y el marco normativo desarrollado anteriormente, el hecho de que el primer
vínculo del accionante haya tenido una interrupción no desdice la naturaleza
educativa del servicio prestado que es lo que lo hace beneficiario del régimen
anterior al de la Ley 812 de 2003, por lo que es viable verificar la situación jurídica
reclamada de acuerdo con las previsiones del artículo 81 de dicha norma.

17 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.

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47. De allí que, efectivamente la pensión del educador debía analizarse conforme
a la regulación previa contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de
la Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten a las normas de los empleados
públicos del orden nacional, consagradas esencialmente en la Ley 33 de 1985, pero
también en la Ley 71 de 1988 para la pensión por aportes como se precisó en
acápites anteriores.

48. Lo expuesto incluso sin tener que haber analizado la aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 como lo sostuvo la parte recurrente, pues el actor
consolidó su situación jurídica con base en la normativa anterior a esta última, solo
por aplicación directa del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, ello sin tener que acudir
a las previsiones transitorias del régimen general que no regulaba su situación,
precisamente por haberse vinculado con anterioridad a la entrada en vigor de esta
última ley (27 de junio de 2003).

49. Acorde con lo expuesto, se encuentra que el reclamante sí había acreditado los
requisitos necesarios para consolidar el derecho a una pensión de jubilación como
la pretendida con base en los postulados de la Ley 71 de 1988, pero adicional,
conforme a los lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado
proferida el 25 de abril de 2019 acerca de la materia.

50. Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye
que:

i) el actor en su calidad de hombre acreditó la edad de 60 años el 3 de diciembre
de 201421;

ii) al tener en cuenta toda clase de vínculo laboral del reclamante, tanto en el sector
público como privado bajo cualquier cargo, incluido el de docente nombrado, se
encuentra que:

51. De la sumatoria de los lapsos por aportes realizados a Colpensiones en virtud
de contratos con particulares (292 semanas, correspondientes a 5 años, 7 meses
y 14 días),22 así como de los períodos como educador estatal temporal nombrado
formalmente por el municipio de Planeta Rica desde el 1.º de marzo hasta el 30 de
mayo de 2001 (2 meses y 29 días), luego designado en provisionalidad por esa
misma autoridad desde el 29 de junio de 2001 hasta el 5 de agosto de 2008 (7 años,

21 Según las copias de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento del actor que obran en el

expediente digital del índice 2 de SAMAI, este nació el 3 de diciembre de 1954.
22 De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas a Colpensiones, el reclamante tenía un total de 822,86

semanas por concepto de aportes realizados entre 1978 y 2000 en razón de algunos vínculos de carácter
privado con un particular, así como de vínculos legales y reglamentarios sostenidos con el municipio de Pradera
en calidad de supervisor de presupuesto de renta pública (del 1 de julio de 1992 al 4 de julio de 1995) y jefe de
división (del 21 de julio de 1998 al 30 de mayo de 2000); los cuales fueron objeto de cotización a dicha entidad
de previsión y que pueden ser tenidos en cuenta para acreditar el total del tiempo de servicio requerido. La
prueba aludida se encuentra en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.

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1 mes y 7 días), y finalmente nombrado por el departamento de Córdoba en período
de prueba y posteriormente en propiedad a partir del 14 de agosto de 2008 en
adelante,23 se concluye que el 24 de agosto de 201524 logró acreditar los 20 años
de servicio público y privado objeto de aportes para obtener el derecho a la pensión
de la Ley 71 de 1988.

52. Contrario a esta fecha, el tribunal de origen estimó que el cumplimiento de dicho
requisito tuvo lugar el 27 de julio de 2015. Sin embargo, revisado el cálculo anterior,
lo cierto es que el demandante solo acumuló los 20 años de cotizaciones
habilitantes de la pensión hasta el 24 de agosto de 2015, fecha que es posterior a
la definida en primera instancia, razón por la cual, como esta determinación al
postergar la efectividad de la prestación favorece a la parte demandada en su
calidad de apelante única, se realizará la modificación del estatus conforme a lo
definido anteriormente.

iii) Para el período comprendido entre el 24 de agosto de 2014 y el 23 de agosto
de 2015 (año anterior al estatus configurado a los 20 años de servicio que se
acreditaron con posterioridad a los 60 años de edad), el educador devengó,25 entre
otros conceptos, solamente la asignación básica como el único haber salarial
computable y percibido en su caso sobre el que debió realizarse aportes y que se
encuentra enlistado en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.

53. Lo expuesto demuestra que al accionante se le debió reconocer una pensión
por aportes bajo los preceptos de la mencionada ley, tal como fue solicitada, de
manera que se encuentra configurada la ilegalidad del acto reprochado por falsa
motivación al haber negado el derecho reclamado, lo cual implica su anulación, tal
como lo determinó el juez de origen y como lo solicitó el Ministerio Público en su
concepto.

23 Sobre estos tiempos de servicio obran como pruebas la Resolución 221 del 15 de junio de 2001, la Resolución

269 del 16 de julio de 2001, las certificaciones del rector de la Institución Educativa Sergio Martínez de la
mencionada autoridad territorial expedida el 27 de noviembre de 2017 y del secretario de educación municipal
suscrita el 26 de septiembre de 2024, el acta de inscripción de docente temporal del 29 de junio de 2001, el
Decreto 001694 de 2008 que declara insubsistente un nombramiento, el Decreto 002263 de 2008 con la que se
hace un nombramiento en período de prueba al actor, el acta de posesión respectiva y el Decreto 0861 de 2009
que lo nombra en propiedad en la referida plaza docente. Estos documentos obran en el expediente digital del
índice 2 de SAMAI.
24 Conforme al siguiente cálculo:

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
292 SEMANAS COTIZADAS A COLPENSIONES 5 7 14
1/03/2001 30/05/2001 0 2 29
29/06/2001 5/08/2008 7 1 7
14/08/2008 24/08/2015 7 0 10
TOTAL 19 + 1 = 20 AÑOS 10 + 2 = 12 MESES (1 AÑO) 60 (2 MESES)

25 De conformidad con la certificación de factores salariales que obra en el expediente digital.

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54. Además, en primera instancia se dispuso adecuadamente que la parte
accionada gestionará ante Colpensiones la concurrencia en el pago de la pensión
en la cuota parte que le corresponda en aplicación directa del artículo 11 del
Decreto 2709 de 1994, el cual debe ser tenido en cuenta exclusivamente para
asuntos como el presente donde la pensión se reconoce en virtud de la Ley 71 de
1988 que es la que precisamente dicha norma reglamenta.

55. Con todo, dicha prestación se concederá con efectividad desde el 24 de agosto
de 2015, esto es, cuando el accionante adquirió el estatus jurídico pensional, y sin
el condicionamiento del retiro definitivo del servicio, en la medida en que este
derecho sí es compatible con el salario de docente de conformidad con los artículos
19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, aplicables a su caso
particular por haber sido vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.26

56. Ahora, frente al fenómeno jurídico de la prescripción de mesadas también
acertó la primera instancia, pues se concluye que esta excepción se configuró en
la medida en que entre las fechas de exigibilidad del derecho (24 de agosto de
2015), de radicación de la reclamación administrativa (1.º de septiembre de 2020),27
y de la presentación de la demanda (23 de febrero de 2021),28 transcurrieron más
de tres años de que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, por lo que
la prestación debe ser concedida con efectividad desde el mismo día en que se
consolidó, pero con efectos fiscales solo a partir del 1.º de septiembre de 2017, tal
como se determinó en el fallo recurrido.

57. Por último, acerca del argumento de apelación contra la supuesta condena en
costas en primera instancia, debe precisarse que dicha orden no fue impartida en
la sentencia impugnada, por lo que resulta inane pronunciarse al respecto.

58. Estos argumentos son suficientes para modificar la sentencia apelada en el
punto referido y confirmarla en todo lo demás, tal como lo solicitó el Ministerio
Público en su concepto.

Condena en costas de segunda instancia

59. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta

26 Sobre este planteamiento ver sentencia del 23 de octubre de 2024 proferida por esta misma Subsección en

el proceso con radicado 05001-23-33-000-2020-00600-01 (7813-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
27 Según afirmación de la propia parte demandante en sus hechos.
28 Ver acta de reparto en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.

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materia.

60. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público.

61. Esto creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

62. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

63. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto con las modificaciones ordenadas en esta oportunidad,
aquella se beneficia parcialmente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el dieciocho (18)
de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la
siguiente forma:

«[…] Cuarto: En consecuencia, ordenar a la Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar al señor
Carlos Alberto Sánchez Álvarez, una pensión de jubilación por aportes desde el 24
de agosto de 2015, pero con efectos fiscales a partir del 1.° de septiembre de 2017
por efectos de la prescripción trienal, teniendo en cuenta los preceptos de la Ley 71
de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994 esto es, en un monto equivalente
al 75% del promedio de la asignación básica percibida por el demandante durante
el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, correspondiente al periodo
trascurrido entre el 24 de agosto de 2014 y el 23 de agosto de 2015; sin estar
condicionada a la demostración del retiro definitivo del servicio. […]»

Segundo. CONFIRMAR la providencia recurrida en todo lo demás.

Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

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Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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