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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00847-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
25 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00847-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el nueve (9) de marzo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la siguiente forma: «[…] Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer la pensión de jubilación por aportes a favor de la señora Norma Rocío Castañeda Barbosa con efectividad a partir del 21 de agosto de 2018, sin condicionarla a la demostración del retiro definitivo del servicio. La anterior prestación será equivalente al 75% del salario base de liquidación, entendido como tal, el promedio de los factores sobre los cuales se hubiesen realizado o debido realizar cotizaciones de aquellos previstos expresamente en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, así como los consagrados en normas posteriores con carácter salarial para efectos pensionales en el caso de los docentes, los cuales en el presente asunto corresponden al salario y a la bonificación pedagógica percibidas por la actora entre el 21 de agosto de 2017 y el 20 de agosto de 2018. En este punto se advierte que, en el caso en que no se hubiesen hecho descuentos para pensión sobre la aludida bonificación, la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG dentro de sus competencias y por tratarse de aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas necesarias para obtener el pago del monto actualizado y total de la cotización sobre dicho emolumento por parte del distrito de Bogotá en su proporción como empleador y de la accionante en su porcentaje como trabajadora. Para el efecto, se autorizará el descuento de la condena de los valores que por ese exclusivo concepto haya tenido que asumir la demandante para financiar en su totalidad la mencionada prestación, sin perjuicio de las acciones que deberá adelantar el ente ministerial frente a la aludida entidad territorial para lo propio. […]» Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00847-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00847-01 (3708-2022)
Demandante: Norma Rocío Castañeda Barbosa
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Vinculados: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y
Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A.

Temas: Reconocimiento de pensión por aportes de la Ley 71 de 1988 a
favor de un docente con acumulación de tiempos cotizados del
sector privado y del sector público educativo, en virtud de la ley
91 de 1989. El régimen pensional se determina en virtud de la
fecha de vinculación sin importar el tipo de relación laboral.
Aplicación de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.
MODIFICA SENTENCIA Y CONFIRMA EN LO DEMÁS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
por Colpensiones contra la sentencia proferida el nueve (9) de marzo de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Norma Rocío Castañeda Barbosa instauró demanda1 en contra de la
Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, con vinculación de
Colpensiones y de Porvenir S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

1 Ver el expediente digital en el índice 11 de SAMAI.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00847-01 (3708-2022)

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) 1284 del 21 de febrero de 2020 y
(ii) 2580 del 5 de mayo de 2020; por medio de las cuales la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá en nombre y representación del Ministerio de Educación –
FOMAG le negó el reconocimiento de una pensión ordinaria de jubilación por
aportes con base en el régimen de la Ley 71 de 1988, y confirmó dicha decisión
respectivamente.

A título de restablecimiento del derecho, se reconozca dicha prestación de
conformidad con la norma mencionada, esto es, en cuantía del 75% del promedio
de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio
anterior al cumplimiento del estatus, con el debido reajuste anual y con la indexación
de las sumas adeudadas por este concepto.

Se realicen las gestiones y trámites necesarios para que Porvenir S.A. y
Colpensiones trasladen a favor del FOMAG los recursos actualizados que por
concepto de pensión hubiese cotizado mientras estuvo afiliada a tales
administradoras.

Que se ordene el pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 141 de
la Ley 100 de 1993, y no se obligue a realizar ningún descuento sobre la condena
a título de aportes en salud al no haber hecho uso de este servicio.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 21 de agosto de 1963 e inició a laborar en el sector privado mediante
contratos de trabajo en virtud de los cuales realizó aportes a pensión ante el
entonces ISS (hoy Colpensiones), e igualmente a las administradoras pensionales
Protección, Colfondos, ING y Porvenir S.A. en virtud de un traslado de régimen y de
AFP.

Del 26 de abril al 27 de junio y del 14 de julio al 12 de diciembre de 2003 ejerció el
cargo de docente oficial en interinidad al servicio del distrito capital de Bogotá.
Luego, esta entidad la nombró en provisionalidad como educadora distrital entre el
19 de enero de 2004 y el 18 de enero de 2007, y, finalmente, fue designada en
propiedad en dicho cargo desde el 19 de enero de 2007, al menos hasta el 13 de
septiembre de 2019 cuando se certificó que seguía activa al servicio de la
mencionada entidad territorial y afiliada al respectivo Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

El 7 de febrero de 2020 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación con
base en las Leyes 91 de 1989 y 71 de 1988, la cual fue negada en virtud del acto
demandado que fue confirmado al resolver el recurso de apelación en su contra.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00847-01 (3708-2022)

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Consideró vulnerados: los artículos 2, 3, 16, 25, 29, 48, 53, 58 y 228 de la
Constitución Política; y las Leyes 71 de 1988, 91 de 1989, 4 de 1992, 100 de 1993
y 812 de 2003.

Expresó que debe darse aplicación a la Ley 812 de 2003 para que su pensión sea
reconocida por acumulación de aportes con fundamento en la Ley 71 de 1988, ya
que su primera vinculación como docente oficial tuvo lugar antes de la entrada en
vigencia de la primera norma, esto a través de una designación en interinidad que
es perfectamente viable para ser considerada una relación legal ordinaria con los
mismos efectos de un nombramiento en provisionalidad o en propiedad, tal como
se precisó en sentencia del 27 de junio de 2018 proferida por el Consejo de Estado
en el proceso con radicado 2014-00812-01 (3597-2015).

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 3 de mayo de 2021 fue admitida la demanda.2 Al mismo tiempo se vinculó a las
Administradoras de Pensiones Colpensiones y Porvenir S.A. a quienes, junto con la
entidad accionada, se les notificó esta decisión.

La AFP Porvenir S.A.3 señaló que todas las pretensiones van encaminadas al
reconocimiento pensional de parte de la Nación - Ministerio de Educación Nacional
• FOMAG, por lo que, si la actora acredita los requisitos de ley para ser beneficiaria
de la pensión que pretende, no se opone a dicho reconocimiento, como tampoco al
traslado de los pocos aportes que tenga como parte integrante de su historia laboral.
En todo caso, afirmó que la reclamante no reúne los presupuestos para que a la
fecha pueda ser titular de un derecho pensional con esta administradora.

Propuso como excepciones las de: (i) falta de causa para pedir e inexistencia de las
obligaciones pensionales a cargo de porvenir, (ii) cobro de lo no debido, (iii) falta de
legitimación por activa, (iv) ausencia de derecho sustantivo e incumplimiento de los
requisitos legales para acceder al pago de la prestación solicitada, y (v) buena fe.

La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG4 argumentó que teniendo en
cuenta la historia laboral de la demandante, y que la misma se vinculó como docente
en propiedad en el año 2005, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, sus derechos pensionales son los del régimen de prima media
consagrados en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y por tanto no le es aplicable

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.

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lo dispuesto por la Ley 71 de 1988, más aún cuando el período en interinidad fue
con interrupciones que no permiten mantener el régimen inicial.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación o
cobro de lo no debido, y (ii) legalidad del acto administrativo.

Colpensiones5 manifestó que no existe ninguna obligación a su cargo respecto de
las pretensiones de la demanda, ya que van dirigidas contra el Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG a fin de que dicha entidad le reconozca y pague una
pensión de jubilación en aplicación de las Leyes 812 de 2003, 91 de 1989 y 71 de
1988, situación que conlleva una falta de legitimación en la causa por pasiva.

Propuso como excepciones: (i) inexistencia del derecho reclamado, (ii) prescripción,
(iii) buena fe, y (iv) genérica.

El 30 de noviembre de 20216 se celebró la audiencia inicial en la que se fijó el litigio,
se declaró fracasada la etapa de conciliación y se decretaron las pruebas, las cuales
fueron recaudadas y practicadas en la audiencia celebrada ese mismo día en la que
finalmente se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para conceptuar si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 9 de marzo de
2022 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad de los actos
demandados y ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG reconocer
a la actora la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988 a partir del 21 de agosto de
2018, pero condicionada a la demostración del retiro definitivo del servicio y
calculada sobre el 75% del promedio salarial objeto de cotización durante los últimos
10 años anteriores al estatus. Se abstuvo de condenar en costas.

Igualmente dispuso que la mencionada entidad tendría que realizar las gestiones
necesarias para obtener la cuota parte de la pensión a cargo de Colpensiones, por
lo que la habilitó para que repita contra esta última entidad a fin de que concurra al
pago de la prestación.

Expresó que la accionante ingresó al servicio de la docencia oficial antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), pues estuvo
nombrada como educadora al servicio del Estado desde el 29 de abril de 2003,
precisamente hasta la primera fecha en mención, bajo la modalidad de interinidad
que es perfectamente válida para los efectos de dicha norma, pues no se distinguió

5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.

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sobre el tipo de vinculación requerido para ser beneficiaria de la transición. En todo
caso, el 14 de julio de 2003 nuevamente fue nombrada en las mismas condiciones,
lo que hace que no haya existido solución de continuidad entre la terminación de la
primera vinculación y la siguiente, en la medida en que no corrieron más de 15 días
hábiles.

Aseguró que por esa razón es destinataria del régimen de la Ley 91 de 1989 que
remite a las normas del personal de la Rama Ejecutiva del orden nacional, dentro
de las cuales se encuentra la Ley 71 de 1988 que consagra la pensión por aportes
que se configura cuando se hayan realizado cotizaciones derivadas del sector
privado.

Que, al verificar los requisitos, la accionante acreditó la edad de 55 años el 21 de
agosto de 2018, fecha para la cual no tenía acumulados 20 años de servicio
exclusivamente como docente oficial, pero sí demostraba tener ese mismo tiempo
de cotización entre la labor desempeñada con particulares y la ejecutada como
servidora pública, ya que reportó a Colpensiones aportes equivalentes a 363,86
semanas (7,076 años), mientras que como educadora ante el FOMAG cotizó un
total de 15 años, 1 mes y 28 días.

Que, al cumplir con estos presupuestos, efectivamente tenía derecho al pago de la
pensión reclamada, solo que sin la compatibilidad de esta prestación con el salario
en actividad, pues a tal beneficio no pueden acceder quienes como la actora
ingresaron al magisterio a partir de la vigencia del Estatuto de Profesionalización
Docente (Decreto Ley 1278 de 2002), más aún porque al haber tenido que acumular
aportes privados para obtener el derecho, se entiende que no quedó exenta de las
previsiones del régimen general de la Ley 100 de 1993.

Señaló que, por tal motivo y en atención a la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, el IBL deberá calcularse con base en el 75% del promedio de
factores salariales que hubiesen sido objeto de cotización dentro de los 10 años
anteriores al estatus, pero solo de aquellos enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62
de 1985, por lo que, para lo propio deberá computarse únicamente el salario según
lo probado en los certificados de ingresos allegados a la actuación.

Que para financiar la prestación reconocida, la Nación – Ministerio de Educación –
FOMAG deberá realizar las gestiones administrativas para obtener el pago de la
cuota parte que le corresponde a Colpensiones por los aportes efectuados a dicha
entidad de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994,
reglamentario del artículo 7.º de la Ley 71 de 1988, mientras que frente a los
recursos que detenta Porvenir S.A. como administradora del RAIS, se tendrán que
adelantar las actuaciones necesarias para que se realice el traslado de tales
cotizaciones a favor del mencionado fondo.

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Respecto de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 indicó
que estos debían ser negados porque no se han causado en la medida en que el
derecho solo se hace efectivo una vez acreditado el retiro del servicio. Sobre la
prescripción trienal de mesadas manifestó que esta no se había configurado, ya que
como la actora obtuvo su estatus el 21 de agosto de 2018 y la reclamación
administrativa fue presentada oportunamente (dentro de los 3 años siguientes), el 7
de febrero de 2020.

RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandante8 interpuso recurso de apelación. Afirmó que si bien se
concedió el derecho al reconocimiento pensional, no se estudió la aludida prestación
bajo el régimen exceptuado del magisterio oficial colombiano, sino bajo los
parámetros de la Ley 100 de 1993, lo que resultó en un trato inequívoco al haber
ordenado la liquidación con fundamento en el IBL de los 10 últimos años anteriores
al estatus y condicionada al retiro definitivo del servicio, ya que estos requisitos son
propios del régimen de transición establecido en la mencionada norma, mas no los
de la Ley 71 de 1988 que era la que debía aplicarse en su integridad.

Planteó que sí le asiste el derecho reclamado íntegramente bajo los preceptos de
la mencionada norma, ya que al tener en cuenta que fue docente del escalafón del
Decreto 2277 de 1979 luego de haber estado vinculada con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, automáticamente queda excluida de la aplicación
de la Ley 100 de 1993, al punto de que los requisitos a verificar no son los
contemplados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino los de la Ley 91 de 1989
que a su vez remite a las Leyes 33 y 62 de 85, y en casos como el suyo con
existencia de aportes privados, a la Ley 71 de 1988.

Que, por tal motivo, el IBL debe ser calculado sobre la base del promedio de todos
los factores sobre los cuales haya efectuado cotizaciones durante el último año
anterior a la consolidación del derecho, con efectividad desde esa misma fecha por
ser compatible la pensión con el salario que percibía en actividad.

Colpensiones9 impugnó la sentencia. Expuso que la demanda se dirigió contra el
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, ya que los hechos y pretensiones son tendientes a la nulidad de las
Resoluciones 1284 del 21 de febrero de 2020 y 2580 del 5 de mayo de 2020
expedidos por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá con los cuales se negó
el reconocimiento de una pensión de jubilación a la demandante, por lo que resulta
evidente la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor.

8 Ibid.
9 Ibid.

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Afirmó que de las peticiones de la actora no ha tenido conocimiento, pues ante ella
no se ha radicado solicitud de reconocimiento pensional, y por ende, no ha tenido
la oportunidad de estudiar y pronunciarse sobre los hechos de este proceso, lo que
también implica una falta de agotamiento de control en sede administrativa.

Que respecto de la pretensión sobre el pago de intereses moratorios de que trata el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, esta no es procedente dado que solo es viable
desde el momento del reconocimiento formal de la prestación, lo cual no ha ocurrido
en la medida en que no se ha resuelto la pertinencia del derecho reclamado al estar
precisamente en discusión en vía judicial.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 2 de agosto de 202210 se admitieron los recursos de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

El Ministerio Público11 solicitó que se revoque la sentencia apelada. Argumentó
que el tribunal de origen respetó las reglas sobre los factores a tener en cuenta
según la sentencia de unificación de 2019, pero dio aplicación al promedio salarial
establecido en la sentencia de unificación de 2018, por lo que se debe revocar esta
decisión a fin de dar cabal aplicación a todos los criterios establecidos en la primera
providencia que señaló concretamente la regla que rige para el ingreso base de
liquidación en el caso de las pensiones de jubilación de los docentes, esto es, la
prevista en la Ley 33 de 1985 y no la del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 sobre el
período de los 10 años.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección si a la demandante con acumulación de tiempos
cotizados del sector privado y como docente oficial le asiste derecho a la pensión
por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, esto es, en cuantía del 75% del promedio
de los factores salariales sobre los que se haya efectuado aportes durante el año
anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, y con efectividad desde esa
misma fecha. Igualmente se tendrá que establecer si Colpensiones como vinculada
a la actuación carece de legitimación en la causa por pasiva.

Marco normativo y jurisprudencial

10 Ver índice 4 de SAMAI.
11 Ver índice 9 de SAMAI.

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Acerca de la determinación del régimen pensional aplicable a un docente en
virtud de su primera fecha de vinculación al servicio educativo

Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación a
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado,12 en la cual se estableció principalmente la forma de liquidar
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados
remisorios de la Ley 91 de 1989.

Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.

Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es más
amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, 13 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia
de sus pretensiones.

Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según
el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones
pendientes de definición y que no se hayan consolidado bajo el fenómeno de cosa
juzgada.

Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el marco
jurídico pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación
al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa relación inicial fue
continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de prestación de servicios,
con un nombramiento legal y reglamentario en provisionalidad, en propiedad o

12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-

CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
13 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a)

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»

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temporal como una interinidad, así como tampoco si para la mencionada fecha la
reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.

Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones del maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto
a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de
haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber
ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,14 es claro que esta situación corresponde
a un tránsito legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa legítima que tenía el maestro de pensionarse con una
regulación más favorable.

Ahora, debido al caso particular abordado por el proveído unificador de referencia,
este únicamente planteó unas reglas para fijar los regímenes aplicables en eventos
de educadores oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido prestado en el sector
público y cotizado exclusivamente al FOMAG, lo que hacía pertinente en virtud de
la Ley 91 de 1989 hacer una remisión directa a la Ley 33 de 1985 para determinar
el derecho pensional.

Por lo mismo, en esa oportunidad no fue posible analizar y definir el supuesto
cuando, por ejemplo, como se advierte para el presente litigio, la docente tiene un
período de servicio educativo que no es suficiente para adquirir la prestación con
base en esta última norma, pero igualmente realizó cotizaciones a otra
administradora como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones), derivadas de
actividades laborales prestadas mediante contratos de prestación de servicios, por
contratos de trabajo con personas jurídicas de derecho privado, o como trabajador
independiente; con las que pretende satisfacer la exigencia del tiempo de labor.

Bajo tal supuesto, la normativa aplicable necesariamente sería la Ley 71 de 1988
que regulaba la materia en lo que respecta a la denominada “pensión por aportes”,
la cual se da con la acumulación de tiempos de servicio cotizados al mencionado
ISS y a otras entidades de previsión como lo prevé el artículo 7.º de dicha norma.

Definido lo anterior se destaca que, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 en su inciso
primero estableció que el régimen prestacional de los docentes vinculados antes
del 27 de junio de 2003 sería el de las disposiciones anteriores a dicha normativa,
esto es, el definido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que en su numeral 2.º,
inciso 2.º expresamente consagró que el marco jurídico pensional de los maestros
vinculados a partir del 1 de enero de 1981 (nacionales y nacionalizados), y para
aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, correspondería al previsto
para los pensionados del sector público nacional.

14 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Laboral. Radicación: 40.662.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00847-01 (3708-2022)

Con esa precisión y al observar los antecedentes legislativos de la referida Ley 91
de 1989, expuestos en la ponencia para primer debate en el Senado de la
República,15 es posible concluir que los educadores sometidos a la primera regla
de unificación de la sentencia del 25 de abril de 2019 por haberse vinculado antes
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no solo pueden ser beneficiarios
de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de 1988, la cual hace parte integral
de la normativa aplicable a los servidores del orden nacional, tal como el mismo
artículo 11 de esta última ley lo contempló,16 así como el Consejo de Estado lo ha
corroborado en varias de sus providencias.17

En consecuencia, es dable aplicar la mencionada providencia, aun para los casos
en que se solicite el reconocimiento de la pensión por aportes, por lo que los
docentes bajo este supuesto se someterán a los requisitos de dicha norma, pero
también quedarán regidos por los postulados jurisprudenciales en materia de
fijación del IBL, los cuales no se oponen a lo regulado específicamente para esta
clase de prestación en el artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994.18

De allí que, este derecho deberá determinarse con base en el 75% del promedio de
los factores salariales percibidos durante el último año de servicio anterior a la
adquisición del estatus, sobre los cuales se hubiesen realizado cotizaciones y que
estén exclusivamente consagrados en el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de 1985,

15 Gaceta del Congreso de la República 103 del 17 de octubre de 1989. De esta exposición de motivos se resalta

lo siguiente: «[…] EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO Y DEL PLIEGO DE MODIFICACIONES […] Acerca del
artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación;
recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición
en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de
extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite.
[…]»
16 «[…] Artículo 11 .- Esta ley y las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113

de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en materia de pensiones y
sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de
previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de Previsión
Social del Sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen
pensiones de jubilación, vejez e invalidez. […]»
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del

27 de agosto de 2020 (Rad.: 25000-23-42-000-2015-01757-01 (2315-2018)), del 30 de enero de 2020 (Rad.:
08001233300020140119901 (2751-2017)), y del 19 de enero de 2023 (Rad.: 15001-23-33-000-2019-00103-01
(3083-2022)). De estas providencias se destaca lo siguiente: «[…] Por otro lado, es pertinente aclarar que si
bien en la precitada sentencia de unificación la Sala Plena hizo alusión a los parámetros de aplicación del
régimen pensional previsto por la Ley 33 de 1985, no es menos cierto que dicho régimen no era el único
reglamentado para los servidores públicos o trabajadores oficiales que fueran beneficiarios de la transición,
pues antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, también se encontraban contempladas, verbi
gracia, los postulados consagrados en la Ley 71 de 1988, los cuales fueron previstos por el legislador para
quienes acumularon tiempo de servicio al sector oficial y al sector privado, y en ese sentido, precisó que tenían
derecho a la pensión quienes acreditaran 20 años de aportes en cualquier tiempo y acumulados en una o varias
entidades de previsión social, siempre que cumplieran 60 años en el caso de los hombres y 55 años si son
mujeres. Aunado a ello, se tiene que el Decreto 2709 de 1994, reglamentario del artículo 7 de la Ley 71 de 1988,
indicó en su artículo 6.º que: «[…] El salario base para la liquidación de las pensiones por aportes, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios. […]». En consecuencia, la
Subsección considera que las reglas de unificación también deben aplicarse a los beneficiarios de la pensión
por aportes que a su vez están inmersos en el régimen transición […]»
18 Reglamentario del artículo 7.° de la Ley 71 de 1988.

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así como los previstos en normas posteriores con carácter salarial para efectos
pensionales19 como ya lo ha sostenido esta corporación en casos similares.20

Se aclara que este último precepto legal también es aplicable en el caso del derecho
bajo estudio, por ser aquella la norma que regula la materia en el caso de los
servidores públicos como son los docentes que reclaman el pago de dicha
prestación al FOMAG.

Al respecto, basta con verificar que los docentes afiliados al aludido fondo que
soliciten el reconocimiento de la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, lo hacen
precisamente en su calidad de empleados públicos al momento de consolidar su
estatus, solo que pretenden acumular algún tiempo de servicio privado, lo que hace
que los factores de salario que pueden integrar el IBL pensional solo puedan ser los
del último año anterior a la adquisición del derecho que necesariamente ocurre
cuando están vinculados al servicio oficial.

Tal hecho implica que, únicamente podrían incluirse para el cálculo de la pensión
los emolumentos que hayan sido objeto de cotización bajo dicha calidad de
servidores del Estado, los cuales están expresamente consagrados en la Ley 62 de
1985 que es la norma aplicable para estos mismos, tal como se precisó en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la cual, según lo referido
anteriormente, también debe ser observada para definir la referida prestación
derivada de la acumulación de aportes privados y públicos.

Esta conclusión se sustenta además en que debe primar el derecho a la igualdad
en el caso de los docentes pensionados, al margen de que lo sean por aportes o
por jubilación ordinaria, ya que la integración de las Leyes 71 de 1988 y 62 de 1985
obedece que no es adecuado que existan regímenes diferenciados en materia de
liquidación dentro de una misma categoría de empleados públicos.

Es decir, sería vulneratorio de la mencionada garantía constitucional si algunos
educadores se pensionaran con cualquier factor salarial, sin importar si el
emolumento devengado estaba o no consagrado en las normas para efectos de
aportes, mientras que otros sí lo hagan con los haberes expresamente previstos
para el efecto.

Resolución del caso concreto

Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la normativa
que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su primer ingreso al

19 Por ejemplo, en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018.
20 Al respecto ver sentencias proferidas por esta misma Subsección en sentencias del 22 de junio de 2023

dictadas en los procesos con números internos 5111-2022, 4056-2021 y 1863-2022.

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servicio educativo oficial.21

En tal sentido, debe acudirse inicialmente al certificado laboral emitido el 13 de
septiembre de 2019 por la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá,22 así como a la constancia acumulada de pagos
efectuados a la reclamante23 por concepto de interinidad para el año 2003 en los
meses de mayo, junio y diciembre que corroboran la prestación del servicio como
docente vinculada por dicha entidad territorial para los períodos comprendidos entre
el 29 de abril y el 27 de junio, y del 14 de julio al 12 de diciembre de 2003.

Ahora, la entidad accionada negó el derecho reclamado por medio de los actos
demandados24 al afirmar que la primera vinculación legal y reglamentaria en
provisionalidad, válida para determinar el régimen ocurrió el 19 de enero de 2004,
es decir, después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que no
era dable conceder el derecho con fundamento en la Ley 71 de 1988.

Al margen de esta consideración, lo cierto es que la parte accionada nunca ha
puesto en duda la existencia y ejecución de ese primer vínculo en interinidad de la
actora, sino que se centró en vía administrativa y judicial en asegurar que el mismo
no eran válido para determinar la normativa aplicable, ya que para el efecto tendría
que verificarse solo el último mediante relación legal y reglamentaria.

Lo expuesto significa que, al no existir controversia acerca de la labor ejercida
materialmente por la demandante como docente, pero sí sobre cuál es el tipo de
vinculación habilitante para analizar el derecho prestacional, se puede tener
demostrado el hecho de que inició su labor como educadora estatal el 29 de abril
de 2003, fecha que definitivamente es anterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 (27 de junio de 2003).

Se concluye entonces que, conforme a las reglas de la sentencia de unificación del
25 de abril de 2019 y el marco normativo desarrollado anteriormente, el hecho de
que el primer vínculo de la accionante haya sido en interinidad, con interrupción o
mediante OPS no desdice la naturaleza educativa del servicio prestado que es lo
que la hace beneficiaria del régimen anterior al de la Ley 812 de 2003, por lo que
es viable verificar la situación jurídica reclamada de acuerdo con las previsiones del
artículo 81 de dicha norma.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
22 Ver expediente digital en el índice 11 de SAMAI.
23 Ver expediente digital en el índice 11 de SAMAI.
24 Ver expediente digital en el índice 11 de SAMAI.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00847-01 (3708-2022)

Bajo este contexto, efectivamente la pensión de la educadora debía analizarse
conforme a la regulación previa contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15
numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten a las normas de los
empleados públicos del orden nacional, consagradas esencialmente en la Ley 33
de 1985, pero también en la Ley 71 de 1988 para la pensión por aportes como se
precisó en acápites anteriores, tal como lo estimó acertadamente el tribunal de
origen.

Acorde con lo expuesto, se encuentra que la reclamante sí había acreditado los
requisitos necesarios para consolidar el derecho a una pensión de jubilación como
la pretendida con base en los postulados de la última ley en mención, pero adicional,
conforme a los lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado
proferida el 25 de abril de 2019 sobre la materia.

Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye que:

i) la demandante bajo su calidad de mujer acreditó la edad de 55 años el 21 de
agosto de 201825;

ii) de la sumatoria de los tiempos cotizados a Colpensiones con motivo de sus
vínculos contractuales privados (para un total de 363,86 semanas), así como de los
períodos laborados para el magisterio y objeto de aportes al FOMAG como docente
en interinidad, en provisionalidad y finalmente en propiedad, se observa que
acreditó 20 años de labor el 26 de junio de 2016,26 y

iii) dentro del período comprendido entre el 21 de agosto de 2017 y el 20 de agosto
de 2018 (año anterior al estatus configurado con la edad que fue posterior al tiempo
de servicio)27, la educadora devengó, entre otros conceptos, solamente la
asignación básica y la bonificación pedagógica que son los únicos haberes
salariales computables y percibidos en su caso sobre el que debieron realizarse
aportes y que se encuentran enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 y en
el del Decreto 2354 de 2018 respectivamente.

En este punto se advierte que en el certificado de salarios entre 2017 y 2018 no se
indica que se hubiesen hecho descuentos para pensión sobre la aludida
bonificación, por lo que, en todo caso, como sí era factor computable y debe ser
tenido en cuenta en la liquidación, la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG
dentro de sus competencias y por tratarse de aportes imprescriptibles, deberá

25 Según las copias de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento que obran en el expediente

digital, la actora nació el 21 de agosto de 1963.
26 Para el efecto se tuvieron en cuenta los tiempos cotizados a Colpensiones que, por un total de 363,86

semanas, equivalían a 6 años, 11 meses y 26 días. Igualmente se sumaron los períodos de servicio al distrito
de Bogotá debidamente certificados, los cuales arrojaron un total de 13 años y 4 días para poder obtener la
fecha de los 20 años de labor el 26 de junio de 2016. El reporte de semanas cotizadas y el certificado laboral
obran en el expediente digital del índice 11 de SAMAI.
27 De conformidad con la certificación de factores salariales que obra en el expediente digital.

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realizar las gestiones interadministrativas necesarias para obtener el pago del
monto actualizado y total de la cotización sobre dicho emolumento por parte del
distrito de Bogotá en su proporción como empleador y de la accionante en si
porcentaje como trabajadora.

Para el efecto, se autorizará el descuento de la condena de los valores que por ese
exclusivo concepto haya tenido que asumir la demandante para financiar en su
totalidad la mencionada prestación, sin perjuicio de las acciones que deberá
adelantar el ente ministerial frente a la aludida entidad territorial para lo propio.

Con todo, dicha prestación debe concederse con efectividad desde el 21 de agosto
de 2018, esto es, cuando la accionante adquirió el estatus jurídico pensional, y sin
el condicionamiento del retiro definitivo del servicio como lo aseguró el tribunal de
origen, en la medida en que este derecho sí es compatible con el salario de docente
de conformidad con los artículos 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto
224 de 1972, aplicables a su caso particular por haber sido vinculada antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.28

De hecho, esto se justifica en la medida en que, así la demandante hubiese sido
nombrada en vigencia del Estatuto Docente del Decreto 1278 de 2002, no sería
dicha norma la que tendría que aplicarse para definir la efectividad de su prestación,
pues como se ha expuesto jurisprudencialmente, la determinación del régimen
pensional aplicable a los docentes no se concreta por las fechas de vigor de los
estatutos de profesionalización, ni de la calidad de su nombramiento como maestra
nacional, nacionalizada o territorial, pues lo cierto es que, para determinar lo propio
solo debe hacerse remisión a la Ley 812 de 2003 y a la acreditación de que el primer
vínculo educativo hubiese tenido lugar antes de la vigencia de esta última
regulación.

Ahora, acertó la primera instancia al no haber declarado la prescripción de mesadas
en la medida en que entre las fechas de exigibilidad del derecho (21 de agosto de
2018), de radicación de la reclamación administrativa (7 de febrero de 2020),29 y de
la presentación de la demanda (7 de octubre de 2020),30 no transcurrieron más de
tres años de que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

Como se observa, el fallo apelado debe ser modificado en cuanto a la forma de
calcular el IBL pensional, porque en realidad no debió aplicarse la fórmula del
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, sino la prevista para la Ley 71 de 1988 en su
integridad y complementada con las disposiciones de la sentencia de unificación del
25 de abril de 2019, por lo que no era procedente ordenar la liquidación con los
factores cotizados durante los 10 años anteriores al estatus y mucho menos

28 Sobre este planteamiento ver sentencia del 23 de octubre de 2024 proferida por esta misma Subsección en

el proceso con radicado 05001-23-33-000-2020-00600-01 (7813-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
29 Ver expediente digital obrante en el índice 11 de SAMAI.
30 Ibid.

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condicionando el derecho a la demostración del retiro definitivo del servicio, sino
como se expuso anteriormente.

Por otro lado, en cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva planteada por Colpensiones en su recurso, la Sala advierte que dicha entidad
no fue condenada directamente en este proceso, sino que, por el solo hecho de
haber recibido cotizaciones de la demandante cuando estuvo afiliada a esta entidad,
la misma fue vinculada como litisconsorte por tener una obligación legal de concurrir
con el pago de la pensión en la cuota parte que le corresponda como lo determinó
el juez de origen, ello en aplicación directa del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994
que debe aplicarse exclusivamente para asuntos como el presente donde la pensión
se reconoce en virtud de la Ley 71 de 1988 que es la que precisamente dicha norma
reglamenta.

Es decir, Colpensiones si bien no es la responsable directa de asumir el pago de la
pensión objeto de condena, ya que esta obligación recae en cabeza del Ministerio
de Educación – FOMAG conforme al artículo 10 del decreto en mención, lo cierto
es que sí tiene legitimación en la causa formal para estar vinculada a la actuación,
no de manera obligatoria porque su ausencia en el proceso no afectaría la decisión
final sobre la legalidad de los actos, pero sí para intervenir con motivo del interés
directo y la eventual afectación que puede tener en virtud de la aludida disposición
normativa que le es aplicable.

De hecho, debido a su presencia opcional en el litigio es que para la parte actora no
debía requerirse el agotamiento del requisito de la vía administrativa frente a ella
como lo sostuvo dicha autoridad, porque la carga que podría llegar a asumir
Colpensiones no necesitaba de una petición para su ejecución, sino de la situación
que se definiera respecto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, quien es el verdadero obligado a responder por el derecho a restablecer.

Como resultado de lo desarrollado hasta este punto, se modificará la sentencia de
primera instancia en los puntos anunciados previamente, y se confirmará en todo lo
demás.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202131 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando

31 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

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los argumentos esbozados por Colpensiones en sus distintas intervenciones, no se
presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos
razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá
condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el nueve (9) de
marzo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por medio de la cual se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la siguiente
forma:

«[…] Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, se ORDENA a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer la
pensión de jubilación por aportes a favor de la señora Norma Rocío Castañeda
Barbosa con efectividad a partir del 21 de agosto de 2018, sin condicionarla a la
demostración del retiro definitivo del servicio.

La anterior prestación será equivalente al 75% del salario base de liquidación,
entendido como tal, el promedio de los factores sobre los cuales se hubiesen
realizado o debido realizar cotizaciones de aquellos previstos expresamente en el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985, así como los consagrados en normas posteriores
con carácter salarial para efectos pensionales en el caso de los docentes, los cuales
en el presente asunto corresponden al salario y a la bonificación pedagógica
percibidas por la actora entre el 21 de agosto de 2017 y el 20 de agosto de 2018.

En este punto se advierte que, en el caso en que no se hubiesen hecho descuentos
para pensión sobre la aludida bonificación, la Nación – Ministerio de Educación –
FOMAG dentro de sus competencias y por tratarse de aportes imprescriptibles,
deberá realizar las gestiones interadministrativas necesarias para obtener el pago
del monto actualizado y total de la cotización sobre dicho emolumento por parte del
distrito de Bogotá en su proporción como empleador y de la accionante en su
porcentaje como trabajadora.

Para el efecto, se autorizará el descuento de la condena de los valores que por ese
exclusivo concepto haya tenido que asumir la demandante para financiar en su
totalidad la mencionada prestación, sin perjuicio de las acciones que deberá
adelantar el ente ministerial frente a la aludida entidad territorial para lo propio. […]»

Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada.

Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia a Colpensiones.

Cuarto. Reconocer personería para actuar como apoderada general de
Colpensiones a la abogada Karina Vence Peláez, y como apoderado sustituto de la

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parte demandante al abogado Miguel Arcángel Sánchez Cristancho, ambos
portadores de las tarjetas profesionales 81.621 y 205.059 respectivamente, de
conformidad con los poderes obrantes en el índice 30 y 20 de SAMAI.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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