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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01895-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01895-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia proferida el once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la siguiente forma: «[…] Segundo: Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a título de restablecimiento del derecho, reliquidar y pagar la pensión de vejez de la señora Elcy del Socorro López Osorno identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.005.265, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, esto es, en un monto equivalente al 75% del salario base de liquidación, entendido como tal, el promedio de los factores sobre los cuales se hubiesen realizado o debido realizar cotizaciones de aquellos previstos expresamente en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985, así como los consagrados en normas posteriores con carácter salarial para efectos pensionales en el caso de los educadores, los cuales en el presente asunto corresponden al salario y a la bonificación mensual docente, percibidas por la actora entre el entre el 6 de junio de 2016 hasta el 6 de junio de 2017. La liquidación de la pensión de vejez será con efectos fiscales desde el 6 de junio de 2017. En este punto se advierte que, únicamente en el eventual caso en que no se hubiesen hecho descuentos para pensión sobre los emolumentos a incluir en el IBL, la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG dentro de sus competencias y por tratarse de aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas necesarias para obtener el pago del monto actualizado y total de la cotización sobre dichos conceptos por parte del municipio de Medellín en su proporción como empleador y de la accionante en su porcentaje como trabajadora, para lo cual, solo bajo ese supuesto, se autoriza el descuento de la condena exclusivamente de los valores que debía asumir la reclamante. Además, como se tiene demostrado que por parte de la accionante existen giros a pensión a otros fondos diferentes al FOMAG como a Colpensiones por tiempos que […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-01895-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01895-01 (2247-2025)
Demandante: Elcy del Socorro López Osorno
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente oficial.
Aplicación integral de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019. Fecha de vinculación anterior a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 y períodos de servicio con vínculos como
docente contratada mediante OPS. MODIFICA Y CONFRIMA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la se accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Elcy del Socorro López Osorno instauró demanda1 en contra de la
Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

1. Que se declare la nulidad de la Resolución 6258 del 6 de junio de 2017, por
no haber reconocido la pensión de jubilación por aportes a los 55 años de
edad y 1000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del servicio.

1 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo: 001Demanda.

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01895-01 (2247-2025)

2. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y
pago de la mencionada pensión, equivalente al 75% de los salarios y primas
recibidas antes de cumplir el estatus, esto es, desde el 21 de mayo de 2014,
con los ajustes de valor que correspondan sobre las mesadas adeudadas.

3. Que la entidad dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y
195 del CPACA; y que sea condenada en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

4. Que cuenta con más de 55 años de edad, realizó aportes al antiguo ISS (hoy
Colpensiones) y cuenta con 871 semanas cotizadas.

5. Sostiene que fue vinculada a la docencia oficial en 1997, prestando sus
servicios de manera provisional en el municipio de Medellín desde el 24 de
febrero de 1997 hasta el 30 de noviembre de 1998, y luego a favor del
FOMAG desde el 4 de mayo de 1999 hasta el 21 de mayo de 2016, de
manera interrumpida.

6. Que el acto demandado reconoció una pensión de jubilación por aportes a
los 57 años de edad y con 1.300 semanas de cotización, pero que en realidad
debió otorgar la misma con 1.000 semanas y sin exigir el retiro definitivo del
servicio.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Consideró vulnerados los artículos 7 de la Ley 71 de 1988, 15 de la Ley 91
de 1989, 6 de la Ley 60 de 1993, 115 de la Ley 115 de 1993, 279 de la Ley
100 de 1993, 81 de la Ley 812 de 2003, y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

8. Afirmó que fue vinculada con anterioridad al 23 de junio de 2003, que realizó
aportes al antiguo ISS y le aplican las disposiciones de la Ley 71 de 1988,
por lo que el acto acusado vulnera las normas en las que debía haberse
fundado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. El 31 de octubre de 2018 fue admitida la demanda2, se notificó a la
demandada, quien guardó silencio.

2 Ibid, archivo: 003AutoAdmisorio.

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10. En la audiencia inicial3 se fijó el litigio; se señaló que no existía ánimo
conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas. El 7 de abril de 20214, se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para conceptuar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

11. El Tribunal Administrativo del Antioquia, mediante sentencia del 11 de julio
de 2025, accedió a las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
Expuso que a la demandante se le reconoció la pensión de vejez mediante
la Resolución 6258 del 6 de junio de 2017 conforme a Ley 100 de 1993, pero
que su vinculación al servicio docente ocurrió con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable para su
reconocimiento pensional era el previsto en la Ley 71 de 1988 y el Decreto
2709 de 1994.

12. Consideró que la demandante cumplió con los requisitos del artículo 7 de la
Ley 71 de 1988, al contar con más de 55 años de edad y acreditar las
semanas de cotización exigidas. Asimismo, precisó que la falta de
continuidad en la prestación del servicio docente no impedía el acceso a
dicho régimen pensional, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado.

13. Para la liquidación del ingreso base de liquidación, expresó que solo podían
considerarse los factores salariales previstos en la Ley 62 de 1985,
excluyendo primas no cotizadas ni legalmente autorizadas.

14. Por último, señaló que, aunque la normativa y la jurisprudencia permiten la
compatibilidad entre salario y pensión para los docentes, este aspecto no fue
objeto de pronunciamiento, dado que la actora se retiró del servicio en julio
de 2017, según los considerandos de la resolución demandada.

15. En consecuencia, accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la
nulidad de la Resolución 6258 de 2017 y ordenó la reliquidación de la pensión
de vejez al 75 % del IBL, calculado con los factores legales correspondientes
al periodo comprendido entre el 6 de junio de 2016 y el 6 de junio de 2017,
con efectos a partir del 6 de junio de 2017, sin que se precisaran cuáles
debían integrarlo.

3 Ibid, archivo: 013ActaDeAudiencia (InicialPruebasAlegatosYJuzgamiento).
4 Folio 212.
5 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo: 004Sentencia.

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RECURSO DE APELACIÓN6

16. La demandada interpuso recurso de apelación. Expresó que la docente
ingresó al servicio oficial a partir del 2015, esto es, con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por tanto, le resulta aplicable el
régimen pensional de prima media previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003.

17. Manifestó que, conforme a lo expuesto en los hechos, se presume que la
demandante no contaba con las semanas de cotización requeridas por la Ley
100 de 1993, y que, en consecuencia, no acredita los presupuestos exigidos,
pues para acceder a la prestación social de que se trata debía contar con
1300 semanas, y en el caso particular, no logró demostrar el cumplimiento
de dicho requisito normativo.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

18. El 1.° de octubre de 20257 se admitió el recurso y por no haber pruebas que
decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.

19. En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.

20. El agente del Ministerio Público rindió concepto8 solicitando que se confirme
el fallo apelado al considerar que la actora inició labores como docente oficial
el 24 de febrero de 1997, antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, y que
acumuló aportes públicos y privados suficientes para el reconocimiento
pensional. Por ello, su situación se rige por la Ley 71 de 1988 y el Decreto
2709 de 1994, sin que sea aplicable el régimen de transición de la Ley 100
de 1993.

CONSIDERACIONES

21. Deberá resolver la Subsección si a la demandante, en su calidad de docente
oficial con acumulación de aportes del sector privado y público, le asiste el
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del
FOMAG, según la Ley 71 de 1988, en cuantía del 75% del promedio de los
factores salariales devengados y objeto de cotización en el año anterior a la
adquisición del estatus jurídico respectivo y con efectividad desde tal fecha.

6 Ver índice 52, Ibid.
7 Ver índice 5 de SAMAI.
8 Ver índice 10 en SAMAI.

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Marco normativo y jurisprudencial

22. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar
aplicación a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado,9 en la cual se estableció
principalmente la forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes prevista bajo los postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.

23. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio
acatamiento acerca del entendimiento de los diferentes regímenes
pensionales aplicables a los educadores del Estado en atención a la fecha
de vinculación, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.

24. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es
más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se
extiende también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo,10
tal como acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco
normativo que rige la situación particular de la accionante es esencial para
verificar la pertinencia de sus pretensiones.11

25. Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar
el marco jurídico pensional del educador oficial es la acreditación de su
primera vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba
verificarse si esa relación inicial fue continua, con interrupciones, o si fue
mediante contratos de prestación de servicios, con un nombramiento legal y
reglamentario en provisionalidad, en propiedad o temporal como una
interinidad, así como tampoco si para la mencionada fecha el reclamante
seguía o no vinculado bajo dicha calidad.

9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-

CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
10 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a)

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
11 Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la

parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan
consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del
pronunciamiento de segunda instancia.

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26. Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones del maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en
cuanto a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la
acreditación de haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo
cual podía haber ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues
en observancia del principio de la condición más beneficiosa,12 es claro que
esta situación corresponde a un tránsito legislativo sin un régimen de
transición específico que hace necesario proteger la expectativa de
pensionarse con una regulación más favorable prevista especialmente para
quien haya ejercido labores como educador.

27. Ahora, debido al caso particular abordado por el proveído unificador en
mención, este únicamente planteó unas reglas para fijar los regímenes
aplicables en eventos de profesores oficiales cuyo tiempo de servicio
hubiese sido prestado en el sector público y cotizado exclusivamente al
FOMAG, lo que hacía pertinente en virtud de la Ley 91 de 1989 hacer una
remisión directa a la Ley 33 de 1985 para determinar el derecho pensional.

28. Por lo mismo, en esa oportunidad no fue posible analizar y definir el supuesto
cuando, por ejemplo, como se advierte para el presente litigio, la docente
tiene un período de servicio educativo que no es suficiente para adquirir la
prestación con base en esta última norma, pero igualmente realizó
cotizaciones a otra administradora como lo era el entonces ISS (hoy
Colpensiones), derivadas de actividades laborales prestadas mediante
contratos de prestación de servicios, por contratos de trabajo con personas
jurídicas de derecho privado, o como trabajador independiente; con las que
pretende satisfacer la exigencia del tiempo de labor.

29. Bajo tal supuesto, la normativa aplicable necesariamente sería la Ley 71 de
1988 que regulaba la materia en lo que respecta a la denominada “pensión
por aportes”, la cual se da con la acumulación de tiempos de servicio
cotizados al mencionado ISS y a otras entidades de previsión como lo prevé
el artículo 7.º de dicha norma.

30. Acerca de la posibilidad de tener en cuenta esta norma como el marco
regulatorio de los maestros que se encuentren en las referidas condiciones,
esta Subsección13 ya se ha pronunciado en el sentido de que lo propio es

12 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Laboral. Radicación: 40.662.
13 Al respecto ver las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección “A”, del 31 de julio de 2025 proferida en el proceso 25000-23-42-000-2020-
00847-01 (3708-2022), y del 14 de agosto de 2025 dictadas en los procesos 68001-23-33-000-2020-00819-01
(0380-2023) y 05001-23-33-000-2020-03991-01 (5790-2023). En dichas providencias se precisó lo siguiente:
«[…] al observar los antecedentes legislativos de la referida Ley 91 de 1989, expuestos en la ponencia para
primer debate en el Senado de la República, es posible concluir que los educadores sometidos a la primera

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procedente en la medida en que se apliquen también los criterios
jurisprudenciales expuestos anteriormente.

31. Al respecto, bajo dicha línea de interpretación también se precisó la forma
en que debe calcularse el respectivo IBL pensional, para lo cual se indicó
que este corresponderá al 75% del promedio de los factores salariales
percibidos durante el último año de servicio anterior a la adquisición del
estatus, sobre los cuales se hubiesen realizado o debieran haberse
efectuado cotizaciones, siempre y cuando estén exclusivamente
consagrados en el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, así como en
las normas posteriores que les haya otorgado el carácter salarial para
efectos pensionales14 como ya lo ha sostenido esta corporación en casos
similares.15

Resolución del caso concreto

32. Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la
normativa que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su
primer ingreso al servicio educativo oficial.16

regla de unificación de la sentencia del 25 de abril de 2019 por haberse vinculado antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, no solo pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de
1988, la cual hace parte integral de la normativa aplicable a los servidores del orden nacional, tal como el mismo
artículo 11 de esta última ley lo contempló, así como el Consejo de Estado lo ha corroborado en varias de sus
providencias.
En consecuencia, es dable aplicar la mencionada providencia, aun para los casos en que se solicite el
reconocimiento de la pensión por aportes, por lo que los docentes bajo este supuesto se someterán a los
requisitos de dicha norma, pero también quedarán regidos por los postulados jurisprudenciales en materia de
fijación del IBL, los cuales no se oponen a lo regulado específicamente para esta clase de prestación en el
artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994.
De allí que, este derecho deberá determinarse con base en el 75% del promedio de los factores salariales
percibidos durante el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus, sobre los cuales se hubiesen
realizado cotizaciones y que estén exclusivamente consagrados en el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de
1985, así como los previstos en normas posteriores con carácter salarial para efectos pensionales como ya lo
ha sostenido esta corporación en casos similares.
Se aclara que este último precepto legal también es aplicable en el caso del derecho bajo estudio, por ser
aquella la norma que regula la materia en el caso de los servidores públicos como son los docentes que
reclaman el pago de dicha prestación al FOMAG.
Al respecto, basta con verificar que los docentes afiliados al aludido fondo que soliciten el reconocimiento de la
pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, lo hacen precisamente en su calidad de empleados públicos al
momento de consolidar su estatus, solo que pretenden acumular algún tiempo de servicio privado, lo que hace
que los factores de salario que pueden integrar el IBL pensional solo puedan ser los del último año anterior a la
adquisición del derecho que necesariamente ocurre cuando están vinculados al servicio oficial.
Tal hecho implica que, únicamente podrían incluirse para el cálculo de la pensión los emolumentos que hayan
sido objeto de cotización bajo dicha calidad de servidores del Estado, los cuales están expresamente
consagrados en la Ley 62 de 1985 que es la norma aplicable para estos mismos, tal como se precisó en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la cual, según lo referido anteriormente, también debe ser
observada para definir la referida prestación derivada de la acumulación de aportes privados y públicos. […]»
14 Por ejemplo, en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018.
15 Al respecto ver sentencias proferidas por esta misma Subsección en sentencias del 22 de junio de 2023

dictadas en los procesos con números internos 5111-2022, 4056-2021 y 1863-2022.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01895-01 (2247-2025)

33. Para ello debe acudirse inicialmente al Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral expedido el 22 de junio de 2016 por la
Secretaría de Educación de Medellín, en el que se observa y ratifica que se
desempeñó como docente oficial por primera vez, desde el 27 de marzo de
1997 hasta el 30 de noviembre de 1998.

34. Ahora, la entidad demandada negó el derecho reclamado en los términos
solicitados por la actora a través de la Resolución 6258 del 6 de junio de
2017. Adicionalmente, en vía judicial se observa que no contestó la demanda,
pero en su recurso señaló que la actora ingresó por primera vez a la docencia
oficial a partir del 2015.

35. Sin embargo, con base en el medio de convicción antes referido, es posible
asegurar que la demandante se desempeñó como maestra en el municipio
de Medellín a partir del 27 de marzo de 1997, por tanto, se concluye que,
como el primer vínculo docente ocurrió antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, sí era dable verificar su situación jurídica de acuerdo con
las previsiones del artículo 81 de dicha norma, las cuales habilitan la
posibilidad de tener en cuenta la regulación anterior contenida en los artículos
2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, disposiciones que
remiten a las normas de los empleados públicos del orden nacional,
consagradas esencialmente en la Ley 33 de 1985, pero también en la Ley 71
de 1988 para la pensión por aportes como se precisó en acápites anteriores,
tal como lo estimó el tribunal de origen.

36. Acorde con lo expuesto, se encuentra que la reclamante sí había acreditado
los requisitos necesarios para consolidar el derecho a una pensión de
jubilación como la pretendida con base en los postulados de la última ley en
mención, pero adicional, conforme a los lineamientos de la sentencia de
unificación del Consejo de Estado proferida el 25 de abril de 2019 sobre la
materia.

37. Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye
que:

i) la apelante en su calidad de mujer acreditó la edad de 55 años el
21 de mayo de 201417;

ii) al tener en cuenta toda clase de vínculo laboral de la actora, tanto
en el sector público como privado bajo cualquier cargo, incluido el
de docente, se encuentra que:

17 Según la copia del registro civil de nacimiento que obran en el archivo de la demanda, la actora nació el 21

de mayo de 1959.

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38. De la sumatoria de los lapsos por aportes realizados a Colpensiones como
trabajadora independiente (817 semanas, correspondientes a 15 años, 8
meses y 19 días), al igual que los periodos laborados como educadora
estatal afiliada al FOMAG, nombrada en provisionalidad por el municipio de
Medellín (8 años, 9 meses y 6 días)18, se concluye que solo hasta el 21 de
mayo de 2014 logró acreditar los requisitos necesarios para obtener la
pensión de la Ley 71 de 1988, cuando cumplió los 55 años de edad, esto es,
posterior al cumplimiento de los 20 años de servicio público y privado objeto
de aportes (14 de enero de 201119).

39. Pues bien, sobre el reconocimiento se resalta que, al revisar la fecha de
efectividad de la pensión determinada en la sentencia de primera instancia,
se advierte que esta no se ajusta con exactitud al momento en que la actora
consolidó su derecho, pues se estimó a partir del 6 de junio de 2017.

40. A pesar de ello, debido a los principios procesales de justicia rogada,
congruencia y debido proceso, no será del caso emitir un pronunciamiento
respecto la diferencia advertida en la fecha de consolidación del derecho,
toda vez que no solo la parte activa no reclamó ni demandó lo propio, sino
que esta instancia se habilitó con motivo de la impugnación del apelante
único que en este caso es la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), quien
formuló argumentos frente a la decisión de acceder al reconocimiento
pensional sin mencionar fundamento alguno acerca de la configuración del
estatus pensional; más aún cuando cualquier disposición sobre el particular
agravaría las condiciones ya definidas en su contra, vulnerándose el principio
de la non reformatio in pejus previsto en el artículo 328 del CGP.20

18 Según el Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral expedido 22 de junio de 2016

por la mencionada dependencia territorial, visible en el archivo de la demanda, la demandante fue vinculada en
provisionalidad en los siguientes periodos: del 27 de marzo de 1997 al 30 de noviembre de 1998; del 4 de mayo
de 1999 al 9 de diciembre de 2005; del 6 de mayo de 2008 al 5 de diciembre de 2008; del 2 de febrero de 2010
al 13 de abril de 2010; del 25 de mayo de 2010 al 30 de junio de 2015, y del 23 de julio de 2015 al 1.° de agosto
de 2015. No obstante, para efectos del cómputo del tiempo de servicio, los periodos laborados entre el 1.° de
marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1997, y entre el 1.° de mayo de 1999 y el 30 de septiembre de 2004, no
serán incluidos en la sumatoria por coincidir íntegramente con lapsos ya contabilizados conforme a las semanas
cotizadas en Colpensiones.
19 Conforme al siguiente cálculo:

DESDE HASTA AÑOS MESES DIAS
817 Semanas cotizadas a Colpensiones 15 8 19
01/04/1997 14/01/2011 4 3 11
TOTAL 19 + 1= 20 AÑOS 11 + 1 = 12 MESES (1 AÑO) 30 DIAS (1 MES)

20 «[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.
[…]
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
[…]»

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41. Así las cosas, se confirmará la decisión del tribunal respecto a lo señalado,
en tanto se demuestra que a la accionante se le debió reconocer una pensión
por aportes bajo los preceptos de la Ley 71 de 1988, tal como fue solicitada,
de manera que se encuentra convalidada la ilegalidad del acto reprochado al
haber negado el derecho reclamado, lo cual implica su anulación.

42. Ahora, respecto de la forma de liquidación pensional, lo primero que debe
resaltarse es que, para el período comprendido entre el entre el 6 de junio
de 2016 hasta el 5 de junio de 2017 (año anterior al estatus), la educadora
devengó21: asignación básica, bonificación mensual docente, prima de
servicios, prima de navidad, prima de vacaciones docentes, pago
incapacidad común ambulatoria, factores sobre los cuales no se pronunció el
tribunal de origen pues se limitó a señalar sobre el particular que el
reconocimiento sería «[…] en un monto equivalente al 75% del IBL calculado
con el promedio de la asignación básica y demás factores salariales
percibidos en el año anterior de adquisición del estatus. […]».

43. Por lo anterior, es necesario modificar la orden dada en el ordinal segundo,
toda vez que la determinación de los factores salariales en sede judicial es
indispensable para determinar el valor de la prestación.

44. En consecuencia, se torna necesario en esta oportunidad acudir a la regla
jurisprudencial de la sentencia del 25 de abril de 2019 que, respecto al tema
que nos ocupa, dispone que quien haya tenido una vinculación docente
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (como se determinó
para el caso de la actora), el ingreso base de liquidación de la pensión
comprende:

i) el período correspondiente al año anterior a la consolidación del
estatus pensional o a la terminación del vínculo legal y
reglamentario, y

ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes,
pero no sobre cualquiera de ellos indistintamente, sino solo frente
a los que normativa y expresamente se hayan consagrado como
haberes de carácter salarial susceptibles de descuentos a pensión,
como son los previstos en la Ley 62 de 1985, y en los Decretos
633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018, los cuales, se
repite, son: asignación básica, gastos de representación; primas
de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales
y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados;
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de

21 De conformidad con la certificación de factores salariales visible en el folio 205.

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descanso obligatorio; asignación adicional para personal directivo
docente, bonificación mensual y bonificación pedagógica.

45. Contrastados los factores enlistados en la anterior disposición con los
devengados por la interesada durante el último año de servicios anterior a la
fecha de consolidación del estatus jurídico, se concluye que, el único factor
salarial que coincide para su caso con el listado del artículo 1.° de la Ley 62
de 1985, es la asignación básica, razón por la cual, en principio, este sería el
único emolumento por incluir en la base de liquidación de conformidad con la
sentencia de unificación.

46. Sin embargo, advierte la Sala que la bonificación mensual que devengó la
demandante durante el año anterior a la adquisición de su estatus pensional,
pese a no estar señalada de manera expresa en la referida norma, sí debe
ser computada por disposición de los respectivos decretos que las
consagraron como factor salarial, tal como lo indicó el artículo 1.º del Decreto
1566 de 2014.

47. Ahora, aunque en el plenario no se encuentra prueba relativa a que sobre
este último concepto se haya efectuado aportes, toda vez que el certificado
de salarios no contiene dicha información, tal circunstancia no obsta para
ordenar su contabilización en la liquidación de la pensión de la reclamante,
por cuanto constituye un elemento de remuneración respecto del cual se
debieron efectuar cotizaciones a pensión.

48. Lo cual, en todo caso, sería responsabilidad de la Nación – Ministerio de
Educación – FOMAG, quien dentro de sus competencias y por tratarse de
aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas
necesarias para obtener el pago del monto actualizado y total de la cotización
sobre dichos emolumentos por parte del municipio de Medellín en su
proporción como empleador y de la accionante en su porcentaje como
trabajadora, ello siempre y cuando estos giros no se hayan hecho, para lo
cual, solo bajo ese supuesto, se autoriza el descuento de la condena
exclusivamente de los valores que debía asumir el reclamante.

49. Estos emolumentos a los que se ha hecho referencia individualmente fueron
establecidos con naturaleza salarial computable en lo que respecta al IBC
con posterioridad a la expedición de la Ley 62 de 1985 y del Decreto 1158 de
1994. Por esa razón, es claro que en su momento no estaba contemplado
como factor a incluir en el cálculo del IBL pensional, situación que en la
actualidad no es óbice para que sea tenido en cuenta en la liquidación de la
prestación por cumplir con las condiciones exigidas para lo propio.

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50. Es de señalar que la presente discusión en cuanto a la bonificación mensual
no ha sido ajena a esta Subsección, pues en sentencia proferida el 17 de
septiembre de 202022, se llegó a la misma conclusión: «[…] En cuanto a la
bonificación mensual, también ordenada en la sentencia, si bien no se
encuentra enlistada en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, por haberse creado
posteriormente –Decreto 1566 del 19 de agosto de 2014- sí constituye factor
salarial para la liquidación de su pensión […]».

51. De otra parte, como se tiene demostrado que por parte de la accionante
existen giros a pensión a otro fondo diferente al FOMAG como a
Colpensiones, por tiempos que fueron tenidos en cuenta en esta oportunidad,
la autoridad accionada gestionará que tales autoridades asuman la
obligación legal de concurrir con el pago de la pensión en la cuota parte que
le corresponda en aplicación directa del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994,
el cual debe ser tenido en cuenta exclusivamente para asuntos como el
presente donde la pensión se reconoce en virtud de la Ley 71 de 1988 que
es la que precisamente dicha norma reglamenta.

52. Estos argumentos son suficientes para modificar la sentencia apelada en los
puntos advertidos y confirmar lo demás.

De la condena en costas en segunda instancia

53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile
un interés público; creando así una excepción a la regla general, según la
cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien,
tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

22 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de septiembre de 2020. Exp. 47001-

23-33-000-2017-00415-01 (4592-2018). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. En igual sentido, se pronunció
la Subsección B, en sentencia del 21 de octubre de 2021, emitida en el proceso con radicado 25000-23-42-000-
2017-04527-01 (3284-20). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo
en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

56. En consecuencia, se impondrán costas a la demandada por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia proferida el
once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, por medio de la se accedió a las pretensiones, el cual quedará
de la siguiente forma:

«[…] Segundo: Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a título de restablecimiento del
derecho, reliquidar y pagar la pensión de vejez de la señora Elcy del Socorro López
Osorno identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.005.265, de conformidad con
el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, esto es, en un monto
equivalente al 75% del salario base de liquidación, entendido como tal, el promedio
de los factores sobre los cuales se hubiesen realizado o debido realizar cotizaciones
de aquellos previstos expresamente en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985, así como
los consagrados en normas posteriores con carácter salarial para efectos
pensionales en el caso de los educadores, los cuales en el presente asunto
corresponden al salario y a la bonificación mensual docente, percibidas por la actora
entre el entre el 6 de junio de 2016 hasta el 6 de junio de 2017. La liquidación de la
pensión de vejez será con efectos fiscales desde el 6 de junio de 2017.

En este punto se advierte que, únicamente en el eventual caso en que no se
hubiesen hecho descuentos para pensión sobre los emolumentos a incluir en el IBL,
la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG dentro de sus competencias y por
tratarse de aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones
interadministrativas necesarias para obtener el pago del monto actualizado y total
de la cotización sobre dichos conceptos por parte del municipio de Medellín en su
proporción como empleador y de la accionante en su porcentaje como trabajadora,
para lo cual, solo bajo ese supuesto, se autoriza el descuento de la condena
exclusivamente de los valores que debía asumir la reclamante.

Además, como se tiene demostrado que por parte de la accionante existen giros a
pensión a otros fondos diferentes al FOMAG como a Colpensiones por tiempos que
fueron tenidos en cuenta en esta oportunidad, la autoridad accionada gestionará
que tal autoridad asuma la obligación legal de concurrir con el pago de la pensión

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en la cuota parte que le corresponda en aplicación directa del artículo 11 del Decreto
2709 de 1994.

Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida.

Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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