Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00137-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00137-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2021-00137-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2021-00137-01 (5326-2023)
Demandante: Huberto Bermúdez Marín
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Vinculado: Municipio de Armenia
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado
antes de la Ley 812 de 2003 – Ley 33 de 1985
Decisión: Confirma parcialmente la decisión que accede parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Adiciona. Condena en costas.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide los recursos de apelación interpuestos por las
partes en contra de la sentencia de 30 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío - Sala Quinta de Decisión1, corregida2 el 18 de mayo
de 2023 y que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por
el señor Huberto Bermúdez Marín en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda3.
2.1.1. Pretensiones.
2. El señor Huberto Bermúdez Marín, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad del acto
ficto configurado el 4 de septiembre de 2021 frente a la petición de 4 de junio del
1 Con ponencia del magistrado Luis Javier Rosero Villota.
2 En cuanto al nombre del demandante “Huberto” Bermúdez Marín.
3Link one drive, índice 19 de la primera instancia. Archivo «002DemandaAnexos.pdf».
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mismo año, en cuanto le negó al demandante su solicitud de reconocimiento y
pago de la pensión de la pensión de jubilación de conformidad con las «Leyes 33
de 1985 y 71 de 1988».
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle una pensión de jubilación, equivalente al
75% de los salarios, sobresueldos y las primas recibidas, anteriores al
cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, es decir a partir de 18 de febrero
de 2020, momento en que cumplió los 55 años de edad y 1000 semanas de
cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo, de conformidad con las «Leyes
33 de 1985 y 71 de 1988».
4. Además, solicitó que se le paguen las diferencias adeudadas, los intereses de
mora y los ajustes de valor sobre las mismas de acuerdo con el IPC; que se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 188, 189, y 192 del
CPACA y que condene en costas a la parte demandada.
2.1.2. Hechos.
5. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:
6. El señor Huberto Bermúdez Marín nació el 18 de febrero de 1965 y durante su
vida laboral realizó aportes a COLPENSIONES y al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante FONPREMAG.
7. Según lo indicó laboró como docente en el servicio público, antes y durante la
vigencia de la Ley 812 de 2003 por contratos de prestación de servicios y luego
por nombramientos en provisionalidad y en propiedad al servicio de la Secretaría
de Educación Municipal de Armenia, esto es, desde el año 1995 hasta el año
2002 y posteriormente a través de los citados nombramientos.
8. Al estimar que cumplió con los requisitos exigidos para el reconocimiento
pensional como son 1000 semanas de cotizaciones y 55 años de edad solicitó
ante la entidad demandada el reconocimiento de la pensión, pero aquella guardó
silencio configurándose el acto administrativo negativo del 4 de septiembre de
2021 a través del cual se le negó su petición.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
9. Como normas vulneradas citó los artículos 1.° de la Ley 33 de 1985, 7.° y 9.°
de la Ley 71 de 1988, artículo 15, numerales 1.° y 2.° de la Ley 91 de 1989, 6.°
de la Ley 60 de 1993, 115 de la Ley 115 de 1993, 279 de la Ley 100 de 1993,
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, 1.° y 2.° del Decreto 3752 de 2003.
10. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto demando
incurrió en desconocimiento de la ley; esto, porque el artículo 7.° de la Ley 71 de
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1988 permitió a los funcionarios públicos, incluidos los docentes oficiales,
acumular veinte años de aportes efectuados en cualquier época tanto al Instituto
de Seguros Sociales como al sector público y si bien antes de esta norma no era
posible sumar tales tiempos pese a tener amplias semanas de cotización o años
de servicio, la citada norma solucionó esta problemática.
11. Asimismo, los docentes vinculados antes de 2003 continúan amparados por
la normatividad anterior a la Ley 812 de 2003, incluida la posibilidad de computar
aportes al ISS, con el fin de proteger a quienes ingresaron al sector público con
cierta edad, pero acreditaban cotizaciones anteriores a junio de 2003.
12. Reprochó el apoderado que el acto administrativo demandado desconoce las
normas transitorias aplicables al accionante, pues los docentes que aportaron
antes del 26 de junio de 2003 mantienen los beneficios del régimen previo a la
Ley 812 de 2003. Así, si el docente laboraba antes de esa fecha, ya fuera
cotizando a una caja de previsión o al ISS, debe respetársele el régimen de
transición previsto en el artículo 81 de dicha ley
2.2. Contestación de la demanda.
2.2.1. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora SA4, se opuso a las
pretensiones de la demanda para lo cual señaló que los docentes nacionalizados
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 conservan el régimen prestacional
vigente en cada entidad territorial. Por su parte, los docentes nacionales y
quienes ingresaron al servicio oficial a partir del 1.° de enero de 1990 se rigen
por las normas aplicables a los empleados del orden nacional, contenidas en los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, así como por las
disposiciones que se expidan con posterioridad.
13. En cuanto a la pensión por aportes precisó que de conformidad con el artículo
7.° de la Ley 71 de 1988 y los Decretos 1160 de 1989, 2709 de 1994 y 3752 del
2003, el derecho le asiste a todo docente que acredite en cualquier tiempo veinte
años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de
Seguros Sociales y en uno o varias entidades de previsión social del sector
público, por lo que su pensión será equivalente al 75% del promedio de los
factores salariales devengados el año anterior al estatus.
14. Adujo, además, que la Ley 812 de 2003 establece que el régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados antes de su
vigencia será el contemplado en las normas anteriores. En cambio, quienes se
vinculen después de su expedición deben ser afiliados al FOMAG bajo el régimen
de prima media con prestación definida previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2002, con los requisitos allí fijados, salvo la edad de pensión, que es de 57
años. En consecuencia, se debe verificar la fecha efectiva de vinculación como
4 Link one drive, índice 19 de la primera instancia.
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docente oficial, y si la misma fue anterior o posterior a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003.
15. Finalmente, propuso como excepciones: (i) inexistencia de la obligación y (ii)
la excepción genérica.
2.2.2. Municipio de Armenia5.
16. A través de apodero se opuso a las pretensiones de la demanda. Para ello
señaló que al ente territorial le asisten actuaciones de delegataria para los
trámites administrativos y operativos frente a la expedición de actos
administrativos relacionados con pensiones de jubilación, correspondiendo a la
entidad fiduciaria seleccionada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio la potestad para la aprobación, reconocimiento y pago de los
emolumentos reconocidos, en virtud de lo preceptuado en los artículos 3.° de la
Ley 91 de 1989, 81 de la Ley 812 de 2003 y en el mismo Decreto 2831 de 2005,
como es el caso la Fiduciaria La Previsora S.A., con ocasión del contrato de
fiducia mercantil que para el efecto suscribió con el Ministerio de Educación
Nacional.
17. De otro lado, en este caso el docente se vinculó formalmente en
provisionalidad al sector educativo mediante Resolución 0635 del 3 septiembre
2003 y se posesionó el 8 de septiembre de ese mismo año, y por ende le son
aplicables las disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
18. Propuso las excepciones de «falta de legitimación material en la causa por
pasiva», «ausencia de conculcación de derecho o prerrogativa que asista a la
parte accionante con ocasión del procedimiento adelantado por el municipio de
Armenia – Secretaría de Educación Municipal –, con base en las limitadas y
específicas competencias que le asigna el artículo 2.4.4.2.3.2.2 del decreto 1075
de 2015» y «genérica».
2.3. La sentencia apelada6.
19. El Tribunal Administrativo del Quindío - Sala Quinta de Decisión, mediante
sentencia de 30 de marzo de 2023 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
20. Para ello, se refirió en primer lugar al fenómeno de la compatibilidad pensional
y con ello al artículo 128 constitucional 19 de la Ley 4ª de 1992, de lo que coligió
que los docentes que gozan del régimen de transición de la Ley 812 de 2003
pueden gozar del derecho a la pensión de vejez y el salario, no así a quienes no
se les aplica dicha normativa anterior, pues para ellos si rige plenamente la
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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incompatibilidad consagrada en el artículo 45 del Decreto Ley 1278 de 2002, de
ejercer el cargo y gozar de la pensión de jubilación, vejez, gracia y similares.
21. Luego abordó el marco normativo de la pensión docente y con ello las Leyes
33 y 62 de 1985, 91 de 1989, 115 de 1994, 100 de 1993 y 812 de 2003, así como
a la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 25 de abril de 2019, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado 68001-
23-33-000-2015-00569-01 y las subreglas allí establecidas.
22. Luego de analizar las pruebas allegadas concluyó que en efecto el
demandante se vinculó con anterioridad a la docencia oficial con anterioridad a
la Ley 812 de 2003; esto a través de nombramiento provisional por el municipio
de Armenia como docente oficial desde el 6 de julio de 1995 y por diferentes
periodos intermitentes hasta el año 1999. Luego se vinculó a través de contrato
como docente en la institución educativa «La Adiela» del municipio de Armenia y
a través de las cooperativas COOPOCAP y COOPEQ desde el 1.° de abril del
año 2000 y en diversos periodos hasta el año 2003; inmediatamente se le vinculó
como docente en provisionalidad en el municipio de Armenia a través de la
Resolución 0431 del 1.° de septiembre de 2003, cargo en el que permaneció
desempeñándose hasta el 9 de abril de 2021 fecha en que fue emitida la
certificación expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Armenia.
23. Así mismo verificó que el accionante realizó aportes para Colpensiones en
diversas etapas desde el año de 1994.
24. Luego estimó que el tiempo de servicios prestados a través de contratos de
prestación de servicios podía ser atendido para efectos pensionales, razón por la
cual encontró como acreditadas 1508 semanas hasta la fecha de expedición del
certificado laboral el 9 de abril de 2021.
25. Sin embargo consideró que era confusa la demanda en cuanto se había
solicitado tanto la aplicación de la Ley 71 de 1988 como de la Ley 33 de 1985; al
respecto indicó que era claro que la labor desempeñada por el demandante fue
en el sector de la docencia pública, inclusive con las vinculaciones laborales
particulares, por lo que la circunstancia de haber efectuado aportes a ISS, ahora
COLPENSIONES, por virtud de esas relaciones contractuales no impedía la
aplicación del régimen de pensión contemplado en la Ley 33 de 1985 y no el de
la Ley 71 de 1988. En esa medida, como se vinculó al servicio docente desde el
5 de julio de 1995, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
su pensión debía liquidarse de conformidad con lo señalado en la Ley 33 de 1985.
26. Por lo anterior declaró la nulidad del acto ficto configurado el 4 de septiembre
de 2021 y ordenó el reconocimiento pensional desde el cumplimiento del estatus
jurídico de pensionado a partir del 18 de febrero de 2020. Ordenó tener en cuenta
frente a los factores atender «[...] únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado aportes o cotización al sistema de pensiones, de acuerdo con el
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artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo; sobre una tasa de reemplazo
del 75% del ingreso base de liquidación, respecto del salario promedio del año
anterior a adquirir el status. Sin perjuicio de factores de salario reconocidos
posteriormente con incidencia en la liquidación pensional como la bonificación
mensual, si se hubiese devengado».
27. Finalmente ordenó dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 188, 192 y 195 del CPACA y se abstuvo de imponer condena en costas,
2.4. Recurso de apelación
2.4.1. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FIDUPREVISORA S.A.7 presentó
recurso de apelación, en el que, solicitó revocar de la sentencia de primera
instancia y con ello, denegar las pretensiones del actor.
28. Indicó que el señor Huberto Bermúdez Marín no es beneficiario del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, pues al 1.° de abril de 1994 no se encontraba
afiliado a FONPREMAG, ni tampoco alcanzó a colmar los requisitos exigidos para
que fuera pensionado. Adicionalmente, la aplicación de las Leyes 91 de 1989 y
33 de 1985 se encuentra vedada, como quiera que el docente no se vinculó al
magisterio antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, a que su afiliación
data del 2 de mayo de 2005.
29. En ese entendido es la fecha en que ingresó al sector docente oficial la que
en el caso en concreto regula la situación pensional del demandante. Así las
cosas, de acuerdo con la unificación jurisprudencial de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, los docentes afiliados al FONPREMAG vinculados al servicio
a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 son beneficiarios del
régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de
1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad - 57 años-. A pesar
de lo anterior, a la fecha el demandante si bien reúne el requisito de edad exigido
no cumple con el requisito de las semanas cotizadas (1300 semanas), para que
se conceda la prestación periódica, razón por la cual se deberán las pretensiones
de la demanda.
30. En cuanto a la inclusión de periodos laborados mediante órdenes de
prestación de servicios, es importante precisar que el tiempo a lo largo del cual
el demandante cumplió actividades como educador del municipio de Armenia a
través de contratos de prestación de servicios, no debe ser considerado como un
período durante el cual existió una relación laboral entre las partes por el
desempeño material de funciones como docente oficial, esto para efectos
exclusivamente pensionales, por lo cual no se consolida su derecho a percibir la
7 Ibidem. Archivo «18_MemorialWeb_RECURSODEAPELACION.pdf».
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prestación deprecada como lo pretende, ante la falta de declaración previa de
existencia de una relación laboral encubierta como requisito para computar el
período correspondiente en materia pensional.
2.4.2. El apoderado del demandante8 apeló la decisión de primera instancia, e
efectos de que se ordene en la liquidación pensional la inclusión de la bonificación
pedagógica que según señaló devengó en el año de consolidación de su estatus
pensional (18 de febrero de 2020) dado que fue creada por el Decreto 2354 de
2018, con efectos de factor salarial computable para todos los efectos legales.
2.5. Alegatos de segunda instancia
31. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
32. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
33. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1509 de la Ley 1437 de 2011.
34. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
3.2. Problema jurídico
35. Deberá la Sala verificar cuál es el régimen aplicable al demandante y una vez
establecido lo anterior, verificará la Sala ¿si le asiste derecho al reconocimiento
de la pensión de jubilación en virtud de lo establecido por la Ley 33 de 1985 e
1988 con inclusión de los tiempos laborados a través de contratos de prestación
de servicios?; si la respuesta al anterior interrogante es positiva, se deberá
verificar si deben incluirse las bonificaciones mensual docentes y pedagógica en
la liquidación pensional.
8 Ibidem. Archivo «037Recurso de apelación demandante.pdf».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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36. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales y con ello a la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019, la compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el
caso de los docentes y se verificará el acervo probatorio.
3.3. Fondo del asunto
3.3.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.
37. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Consejo de Estado10 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la
pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989,
oportunidad en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:
«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.
b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»
38. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:
a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33
de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios
y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.
10Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
39. Como se advierte, la Sala únicamente estableció reglas orientadas a
determinar los regímenes aplicables a los educadores oficiales cuyo tiempo de
servicio hubiese sido prestado en el sector público y cotizado de manera
exclusiva a FONPREMAG. Precisamente por esa circunstancia, y conforme a lo
previsto en la Ley 91 de 1989, resultaba necesario remitirse de forma directa a la
Ley 33 de 1985 para establecer la procedencia del derecho pensional.
40. En consecuencia, en aquella oportunidad no se analizaron aquellos casos en
que el docente registra un período de servicio educativo insuficiente para
consolidar la prestación bajo la referida Ley 33 de 1985, pero adicionalmente
efectuó cotizaciones al entonces Instituto de Seguros Sociales —hoy
Colpensiones— derivadas de actividades desarrolladas mediante contratos de
prestación de servicios, contratos laborales con entidades privadas o como
trabajadora independiente; aportes con los cuales busca completar el tiempo
requerido11.
41. Es evidente que no existe ninguna justificación jurídica que imposibilite
extender la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes en los casos
señalados, máxime que los antecedentes legislativos 12 de la Ley 91 de 1989, dan
cuenta que se contempló y validó como aplicable a los educadores del
magisterio13. A lo que se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado
sentencia de 19 de enero de 202314 también avaló la aplicación de la Ley 71 de
1988 al sector docente, teniendo en cuenta además las previsiones de la
sentencia de unificación de 2019, tantas veces mencionada 15, precisando a su
11 Sentencia de 31 de julio de 2025, dictada por esta misma Subsección con ponencia del consejero Jorge
Iván Duque Gutiérrez, dentro del proceso radicado 25000-23-42-000-2020-00847-01 (3708-2022).
12 Gaceta del Congreso de la República 103 de fecha 17 de octubre de 1989.
13 “Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones
de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera
de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la
autorización legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación
financiera lo permite.
14 C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).
15 Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y
por ende tampoco están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella,
los educadores vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.
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vez que los factores de liquidación corresponden a los enlistados en la Ley 62 de
1985, sobre los cuales se hubieran efectuado cotizaciones.
42. Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala
estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de
1985, los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter
salarial, como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos
docentes (Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de
2018); no siendo posible extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los
que hubiere cotizado en el año anterior a la adquisición del estatus, pues, ello
podría tener como consecuencia la existencia de distintos regímenes al interior
del servicio docente, que conllevaría a la vulneración de derechos como el de
igualdad, y desconocería lo dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio jurisprudencial de la sentencia
del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha liquidación con todos los
emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no contenidos en las
disposiciones de liquidación pensional.
3.3.2. Vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional.
43. Esta Subsección en múltiples pronunciamientos 16 ha tenido en cuenta el
tiempo laborado por el docente mediante contratos de prestación de servicios
para el reconocimiento de prestaciones de carácter periódico y donde se ha
considerado que los tiempos de servicios desarrollados a través de contratos de
prestación de servicios previos al año 2003, son aptos para lograr el
reconocimiento pensional docente según las previsiones de transición del artículo
81 de la Ley 812 de 2003, que permiten aplicar la regulación anterior contenida
en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989 y que remite
para efectos pensionales al régimen de los empleados públicos del orden
nacional.
44. En estos casos se ha considerado que en estas contrataciones el ejercicio
material de la labor educativa bajo una relación laboral encubierta, si bien no se
declara como tal en los procesos de reconocimiento pensional, sí son
considerados para efectos prestacionales como es el caso de la pensión ordinaria
de jubilación. Esto se señaló en la sentencia en cita: «[…] Lo expuesto se asegura
en la medida en que la sola naturaleza de las funciones ejercidas por la
accionante durante el tiempo que celebró contratos de prestación de servicios
con el distrito capital de Bogotá, dan cuenta de que en atención al principio de la
realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53 Constitucional, y sin
necesidad de concederle judicialmente la calidad de empleada pública, aquella
16 Se pueden consultar entre otras, la sentencia de esta Subsección de 23 de mayo de 2024, dentro del
proceso radicado 25000-23-42-000-2019-01673-01.
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sí puede ser asimilada a una docente con un vínculo oficial formal a lo largo de
los lapsos enlistados».
3.4. Análisis del caso concreto
45. En este caso las pruebas allegadas dan cuenta de lo siguiente:
➢ Nació el 18 de febrero de 1965 como lo indica su cédula de ciudadanía
visible en el archivo aportado con la demanda, índice 19 del expediente
digitalizado de la primera instancia17, por lo que cumplió los 55 años de
edad el 18 de febrero de 2020.
➢ Periodos laborados a través de la relación legal y reglamentaria:
➢ Junto con la demanda se aportaron copias de los siguientes actos
administrativos y acta de posesión:
Acto administrativo Tipo de nombramiento Tiempo
Decreto 247 del 6 de julio Nombramiento «temporal» 4 meses y 19
de 1995 suscrito por el como docente, desde el 17 días
alcalde municipal de de julio hasta el 8 de
Armenia18 diciembre de 1995
Acta de posición 430 de
14 de julio de 1995.
Decreto 028 del 9 de Nombramiento «temporal» 9 meses y 18
febrero de 1996, suscrito como docente, desde el 12 días
por el alcalde de de febrero al 30 de
Armenia, por el que se noviembre de 1996.
nombra al demandante
para prestar sus servicios
docentes en la Institución
Educativa Los Quindos.
Decreto 014 del 19 de Nombramiento «temporal» 9 meses y 11
febrero de 1997 suscrito como docente, desde el 19 días
por el alcalde de de febrero al 30 de
Armenia, por el que se noviembre de 1997.
nombra al demandante
para prestar sus servicios
docentes en la Institución
Educativa Los Quindos.
Decreto 019 del 18 de Nombramiento «temporal» 9 meses y 12
febrero de 1998 suscrito como docente, desde el 18 días
por el alcalde de de febrero al 30 de
Armenia, por el que se noviembre de 1998.
nombra al demandante
para prestar sus servicios
17 Link one drive, índice 19 de la primera instancia. Archivo «002DemandaAnexos.pdf».
18 Ibidem. Archivo «002DemandaAnexos.pdf».
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docentes en la Institución
Educativa La Adiela.
Resolución 340 del 23 de Nombramiento «temporal» 8 meses y 12 de
marzo de 1999, suscrita para laborar como días.
por el alcalde de Armenia docente, desde el 23 de
para laborar como marzo al 30 de noviembre
docente La Adiela. de 1999-
Total: 3 años, 5 meses y 12 días
➢ Por contrato de trabajo.
Contrato individual de Cooperativa de 8 meses y 29 días
trabajo a término fijo, de Profesionales para
1 de marzo de 2000. Capacitación y Servicios-
COOPOCAP. Del 1.° de
Prestar sus servicios marzo al 30 de noviembre
como docente de de 2000.
matemáticas en la
Institución Educativa La Valor: $546.579
Adiela, en el Municipio de mensuales
Armenia
Contrato individual de Cooperativa de 3 meses y 8 días
trabajo a término fijo de Profesores y Educadores
21 de marzo de 2001. – COOPEQ.
Para prestar sus servicios Del 21 de marzo al 29 de
como docente en la junio 2001
Institución Educativa La Valor: $597.029
Gran Colombia, en el mensuales
municipio de Armenia.
Contrato individual de Cooperativa de 3 meses y 10 días
trabajo a término fijo 263, Profesores y Educadores
para prestar sus servicios - COOPEQ
como docente en la
Institución Educativa La Del 4 de marzo al 14 de
Florida, en el municipio junio de 2002
de Armenia.
Valor: $644.791
mensuales
Contrato individual de Cooperativa de 4 meses y 15 días
trabajo a término fijo 782, Profesores y Educadores
para prestar sus servicios - COOPEQ
como docente en la
Institución Educativa La Del 15 de junio al 30 de
Florida, en el municipio noviembre de 2002
de Armenia
Valor: $683.480
mensuales
Contrato de prestación de Secretaría de Educación 275 días
servicios 454 de 2003, Municipal de Armenia
para prestar sus servicios
como docente en la Por 275 días
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Institución Educativa
Rufino José Cuervo Valor total: $6´512.000
Centro, en el municipio de
Armenia
Adición al contrato de Secretaría de Educación No se indica fecha
prestación de servicios Municipal de Armenia de inicio y
454 de 2003. Docente en el sistema terminación, por lo
integral de Adultos que no se tomará
Sede Gustavo esta adición a la
Matamoros suma de tiempos
de servicios.
Valor $ 1´134.480
Tiempo total, sin la adición: 2 años, 5 meses y 7 días.
➢ Relación legal y reglamentaria.
Acto administrativo Tipo de nombramiento Tiempo
Resolución 0431 del 1 de Provisionalidad 3 de septiembre
septiembre de 2003, por de 2003 al 1.° de
medio de la cual se Posesión el 3 de mayo de 2005
nombra al demandante diciembre de 2003, visible
como docente en en el archivo de la
provisionalidad, suscrito contestación del
por el alcalde de Armenia vinculado.
Según certificación 1 año, 7 meses y
expedida por la 27 días
profesional especializada
de la Secretaría de
Educación Municipal de
Armenia de 12 de abril de
2021, continuó en ese
nombramiento hasta el
1.° de mayo de 2005
Resolución 1348 del 29 Propiedad. Según Desde el 2 de
de abril de 2005, por certificado 649 de 9 de mayo de 2005 y
medio de la cual se le abril de 2021 expedido continuaba activo
nombra en propiedad por la Secretaría de el 12 de abril de
como docente en la Educación de Armenia 2021.
Institución Educativa seguía activo.
Rufino José Cuervo 15 años,11 meses
Centro, en el Municipio de y 3 días.
Armenia. Según
certificado 649 de 9 de
abril de 2021 expedido
por la Secretaría de
Educación de Armenia
Total 17 años y 7 meses
➢ Total tiempo acreditado en la docencia oficial a través de relación legal
y reglamentaria y contratos de prestación de servicios/ contrato de
trabajo con cooperativa: 23 años, 5 meses y 19 días, al 12 de abril de
2021.
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46. De acuerdo con ello, el cumplimiento de los 20 años de servicios y los 55
años de edad confluyeron el 18 de febrero de 2020, con la acreditación de este
último requisito.
47. Como ya se vio, el Tribunal Administrativo del Quindío - Sala Quinta de
Decisión, accedió a las pretensiones de la demanda, para lo cual consideró que
los periodos en los que el demandante laboró con anterioridad a la vigencia de la
Ley 812 de 2003, permitían la aplicación de las previsiones de la Ley 33 de 1985.
48. En efecto, le asistió razón al Tribunal de acuerdo con lo señalado en el acápite
precedente, pues de una parte los tiempos acreditados fueron en el sector
público, por lo que no era posible la aplicación de la ley 71 de 1988 solicitada en
la demanda y de otra parte, sólo para aquellos docentes cuya vinculación sea
posterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, esto es, al 27 de junio del
mismo año, en materia pensional les son aplicables las normas contenidas en la
Ley 100 de 1993, junto con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de
2003, salvo respecto de la edad para adquirir el estatus pensional, la cual, según
el artículo 81 de la mencionada Ley 812 de 2003, es de 57 años para hombres y
mujeres.
49. En este caso está suficientemente acreditado que se vinculó como docente
oficial, antes de que empezara a regir la Ley 812 de 2003, es decir, desde el mes
de julio de 1995 y si bien se presentó el fenómeno de la solución de continuidad
esto no puede afectar los tiempos de servicios desplegados por el demandante
como para justificar la aplicación de la Ley 100 de 1993.
50. Es de destacar que en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la
Sección Segunda del Consejo de Estado19 estableció dos escenarios para la
aplicación de las normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes
de acuerdo con su fecha de vinculación; empero, en ella no se hizo ningún tipo
de diferenciación frente al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o
provisionalidad o por contrato de prestación de servicios, para catalogar los
tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la
aplicación de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la
solución de continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968. Por el contrario,
se estableció con toda claridad que el derecho a la pensión de jubilación de los
docentes vinculados a partir del 1.° de enero de 1981 nacionales y
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1.° de enero de 1990, de acuerdo
con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años
de edad, 20 de servicios y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.
19Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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51. Una vez establecido que consolidó su derecho pensional a la luz de la Ley 33
de 1985, dado que la primera vinculación legal y reglamentaria a la docencia por
parte del demandante ocurrió en el año 1995, se evidencia por tanto, que se
encuentra cobijado por la excepción consagrada en el literal g) del artículo 19 de
la Ley 4ª de 1992 y por consiguiente es beneficiario de la compatibilidad entre la
pensión de jubilación y el salario en los términos del artículo 5.° del Decreto 224
de 1977; así pues, sí tenía derecho a devengar la aludida prestación y a la vez
continuar en ejercicio de su cargo docente hasta el cumplimiento de los 70 años
de edad, considerados como la edad de retiro forzoso en virtud de la Ley 1821
de 2016.
52. Ahora bien, es de precisar que el a quo solamente ordenó la inclusión en la
pensión de aquellos factores enlistados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985
sobre los cuales se hubieran realizado aportes e hizo mención a la «bonificación
mensual» sin precisar si se refería la bonificación mensual docentes u otra.
53. Frente a los factores salariales en la apelación el demandante solicitó la
inclusión de la bonificación pedagógica. Si bien hizo alusión a la bonificación
mensual docentes no solicitó expresamente su inclusión; sin embargo, dado que
esta providencia fue apelada por ambas partes la Sala cuenta con la competencia
para pronunciarse en segunda instancia, además, sobre la bonificación mensual
docentes.
54. En efecto, como ya lo ha señalado Sala en anteriores oportunidades, los
sucesivos decretos por los cuales se fija la remuneración de los servidores
públicos sometidos al régimen especial del Estatuto Docente — Decreto Ley
2277 de 1978— y del Estatuto de Profesionalización Docente — Decreto Ley
1278 de 2002— han establecido unas asignaciones adicionales para los
directivos docentes, de acuerdo con las funciones asignadas y las jornadas en
que laboren, las cuales deben ser tenidas en cuenta para el cálculo del ingreso
base de cotización al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.
55. En este sentido, para los años 2014 y 2015, a través del Decreto 1566 de
2014, se creó la bonificación «para los servidores públicos docentes y directivos
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que
se pagan con cargo al Sistema General de Participaciones» en los siguientes
términos, y con carácter salarial para todos los efectos legales:
«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores públicos docentes y directivos
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media,
regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979, el Decreto Ley 1278 de 2002 o el Decreto
804 de 1995, y pagados con cargo al Sistema General de Participaciones, una
bonificación, que se reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de junio
de 2014 y hasta el treinta y uno (31) diciembre de 2015, mientras el servidor público
permanezca en el servicio.
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La bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor
salarial para todos los efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos
que se efectúen por ese concepto se realizarán de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.
El valor de la bonificación de 2014 se tendrá en cuenta como base para liquidar el
incremento salarial de 2015. El valor de la bonificación de 2015 se tendrá en cuenta
como base para liquidar el incremento salarial de 2016 ».
56. De otra parte, en cuanto a la bonificación pedagógica tampoco figura dentro
de los factores señalados en la Ley 62 de 1985, empero, lo cierto es que fue
creada a través del Decreto 3.° del Decreto 2354 de 2018 «Por el cual se crea la
Bonificación Pedagógica para los docentes y directivos docentes de las plantas
de personal de docentes oficiales de las entidades territoriales certificadas en
educación» en cuyo artículo 2.°14 estableció: «Créase la
Bonificación Pedagógica para los docentes y directivos docentes de las plantas
de personal de docentes oficiales de las entidades territoriales certificadas en
educación, la cual será cancelada a partir del año 2018 y en su artículo 3.°,
numeral 4.°, se consideró como «[…] factor salarial para todos los efectos
legales.».
57. En este caso, de conformidad con el certificado de salarios aportado con la
demanda, expedido por la Secretaría de Educación Municipal de Armenia el 9 de
abril de 2021, se tiene que en el año 2020 el demandante percibió asignación
básica, bonificación mensual docentes, bonificación pedagógica, prima de
navidad, prima de servicios y prima vacaciones docentes.
58. En ese orden de ideas, dado que la bonificación mensual docentes y la
bonificación pedagógica fueron creadas como factores salariales para todos los
efectos legales y fueron devengadas por el demandante en el año de
consolidación del estatus, deberán tenerse en cuenta, junto con la asignación
básica para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación
a que tiene derecho el demandante, esto es, de acuerdo con su naturaleza
jurídica y de acuerdo con la regla establecida respecto del ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados antes
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que se confirmará
parcialmente la decisión recurrida salvo el numeral 3.° de la parte resolutiva que
se modificará para ordenar la inclusión de las citadas bonificaciones en la
liquidación pensional.
59. De igual forma se adicionará la sentencia para ordenar a FONPREMAG
realizar el cobro de las cuotas partes que correspondan por todos los aportes
pensionales que COLPENSIONES ha recibido a nombre del demandante gestión
que no comprometerá el pago de la mesada pensional.
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3.5. De la condena en costas en segunda instancia
60. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
61. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
62. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
63. En consecuencia, se impondrán costas a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío.
64. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 30 de marzo de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío - Sala Quinta de
Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho incoada por el señor Huberto Bermúdez Marín
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, salvo el numeral tercero que se modifica
en los siguientes términos:
«3. Los factores que deberán incluirse en la liquidación de la mesada
pensional serán la asignación básica, la bonificación mensual docentes y
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la bonificación pedagógica devengados en el año anterior a la adquisición
del estatus pensional (18 de febrero de 2019 – 18 de febrero de 2020),
sobre una tasa de reemplazo del 75%».
SEGUNDO: ADICIONAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
de proferida el 30 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Quindío
en el sentido de precisar que la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deberá adelantar las
actuaciones administrativas necesarias para realizar el cobro de las cuotas partes
que correspondan por todos los aportes pensionales que COLPENSIONES ha
recibido a nombre del señor Huberto Bermúdez Marín, sin que esto interrumpa el
pago de la mesada pensional.
TERCERO. Se confirma en lo demás la sentencia proferida el 30 de marzo de
2023 por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso del epígrafe.
CUARTO: Se condena en costas en esta instancia a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío, de
conformidad con lo señalado en precedencia.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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