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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00600-01

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
40 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00600-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ADICIONAR el ordinal «primero bis» a la sentencia apelada, el cual indicará lo siguiente: «[…] Primero Bis: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva invocada por el municipio de Medellín. […]» SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a las entidades demandadas, según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. CUARTO: ACEPTAR LA RENUNCIA presentada por la abogada Esperanza María Regina Rosero Lasso, portadora de la tarjeta profesional 141.130, como apoderada del municipio de Medellín, conforme al memorial allegado en el índice 6 de SAMAI. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2020-00600-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-00600-01 (7813-2023)
Demandante: Isaías de Jesús López Torres
Demandados: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y, Municipio de
Medellín

Temas: Compatibilidad entre pensión y salario de docente oficial. Fecha
de efectividad de la pensión y del retroactivo de mesadas
adeudadas. Legitimación en la causa por pasiva. ADICIONA Y
CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las entidades
demandadas contra la sentencia proferida el cuatro (4) de septiembre de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Isaías de Jesús López Torres instauró demanda1 en contra de la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el municipio de Medellín, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) parcialmente
de la Resolución 201950007438 del 4 de febrero de 2019, por medio de la cual el
municipio de Medellín en nombre y representación del FOMAG reconoció una
pensión ordinaria de jubilación a favor del demandante, ello en punto al

1 Folios 1 a 6.

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condicionamiento del goce de la prestación al retiro definitivo del servicio; así como
de la (ii) Resolución 201950053500 del 4 de junio de 2019 que resolvió
negativamente un recurso de reposición interpuesto contra el referido acto inicial.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a las entidades
demandadas a reconocer la compatibilidad entre la pensión otorgada al accionante
y el salario que ha devengado como educador oficial, y que, por tanto, la primera
sea concedida con efectividad desde la fecha en que adquirió el estatus jurídico
respectivo, sin exigir la terminación de su vínculo estatal.

Que las sumas adeudadas se reconozcan con los ajustes anuales y con base en la
prima de servicio como factor salarial, e igualmente que sean debidamente
indexadas.

Que se dé cumplimiento al fallo conforme al artículo 192 del CPACA y que se
condene en costas a la parte pasiva.

HECHOS

Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que el accionante ha laborado al servicio del municipio de Medellín en calidad de
docente oficial vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003.

Que, el 10 de agosto de 2018 solicitó ante la entidad territorial demandada el
reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación por haber laborado al
servicio del magisterio durante más de 20 años.

Que la autoridad respondió a la petición a través de la Resolución 201950007438
del 4 de febrero de 2019, esto en el sentido de conceder el goce la prestación, pero
condicionada a la demostración del retiro definitivo del servicio. Que, ante tal punto,
el reclamante interpuso recurso de reposición resuelto mediante la Resolución
201950053500 del 4 de junio de 2019, la cual confirmó la decisión inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 13,
23, 46 y 48 de la Constitución Política; así como las Leyes 91 de 1989 y 100 de
1993, al igual que los Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978 y
2277 de 1979.

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Que la pensión de los educadores oficiales se paga con fundamento en la Ley 91
de 1989, por la cual se aprobó la creación del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Que, para los educadores vinculados a dicho fondo, la mencionada
norma no exige la obligación de retirarse del servicio para cobrar la prestación
reconocida, ya que tienen compatibilidad entre sueldo y pensión.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 27 de enero de 2021 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a las entidades
demandadas.

La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG3 manifestó que es improcedente
la compatibilidad entre la pensión de jubilación y la retribución que recibe el
demandante por el ejercicio de la docencia, pues lo anterior contraría el artículo 128
de la Constitución Política, así como el régimen jurídico aplicable, dada la
vinculación territorial financiado con recursos propios del municipio de Medellín,
pues estas son las consecuencias que impone el artículo 8 de la ley 71 de 1988.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación, (ii)
pago de lo no debido, y, (iii) genérica.

El municipio de Medellín4 aseguró que, no existe norma alguna que reconozca la
compatibilidad de salario y pensión para los docentes territoriales, pues debido a
que fueron nombrados sin el cumplimiento de requisitos y sin autorización previa
del Ministerio de Educación, reciben un salario mayor al de los docentes nacionales
y nacionalizados y, como no pueden ser equiparados, es necesario el retiro para
hacer efectiva la pensión.

Formuló como excepciones las siguientes: (i) falta de legitimación en la causa por
pasiva, (ii) inexistencia del derecho, (iii) inexistencia de la obligación, (iv)
prescripción, (v) buena fe, (vi) compensación, y, (vii) genérica.

El 3 de junio de 2022 se resolvió la excepción previa de falta de integración del
litisconsorte necesario propuesta por el mencionado municipio, con base en la cual
solicitó la vinculación de la FIDUPREVISORA S.A. Para el efecto se aseguró que
Aunque esta última es una sociedad de economía mixta de carácter indirecto del
orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado,
su actuación en relación con las prestaciones en discusión se limita a ser la
administradora de los recursos del FOMAG, razón por la cual la demanda se debió
dirigir únicamente contra la Nación – Ministerio de Educación, pues solo ante una
eventual sentencia condenatoria, dicha compañía tendría que asumir el pago de la

2 Ver índice 9 de SAMAI – Tribunales.
3 Ver índice 12 de SAMAI – Tribunales.
4 Ver índice 13 de SAMAI – Tribunales.

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indemnización correspondiente, de acuerdo con las cláusulas del contrato
correspondiente.

El 28 de febrero de 20235 se fijó el litigio con base en las pretensiones, los hechos
y los argumentos de defensa de las partes, igualmente se decretaron las pruebas
solicitadas y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para conceptuar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 4 de septiembre de
2023 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de
declarar la nulidad parcial de la resolución de reconocimiento pensional en cuanto
a la condición de retiro del servicio para la efectividad de la prestación, la cual se
reconocería desde el 9 de abril de 2015, pero con efectos fiscales desde el 10 de
agosto de 2015 por prescripción trienal. Adicionalmente, negó las demás
pretensiones.

Que la Corte Constitucional ha considerado que, si el artículo 5 del Decreto Ley 224
de 1972 favorece a los docentes al servicio de entidades públicas al prescribir que
el ejercicio de la docencia no es incompatible con el goce de la pensión, resulta
contrario a la norma constitucional y legal del régimen excepcional que, para recibir
la prestación, una docente deba renunciar al cargo, con lo cual se torna equivocada
la decisión administrativa que con fundamento en los artículos 128 de la
Constitución y 19 de la Ley 4 de 1992 imponga condiciones para recibir la mesada
pensional.

Que la excepción del artículo 19 de la Ley 4 de 1992 debe interpretarse en armonía
con todas las disposiciones que regulan el régimen especial del magisterio, según
las cuales, los docentes pueden devengar de manera simultánea la pensión y el
salario, esto es, se trata de un caso excepcional determinado por el legislador, por
lo que la pensión de un educador oficial no debe estar sujeta a la terminación de su
vínculo legal y reglamentario.

Que, en relación con la prima de servicios, aunque es cierto que esta tiene
naturaleza salarial en las normas generales (Ley 5 de 1978, Decreto 710 de 1978,
58 Decreto 1042 de 1978), también es cierto que fue excluida por el legislador de
1985 de los conceptos salariales sobre los cuales se deben realizar aportes a
pensión.

Que, además, en el caso de los docentes, se trata de la prima de servicios creada
según Decreto 1545 de 2013 y conforme al artículo 4º del mismo decreto, solamente

5 Ver índice 22 de SAMAI – Tribunales.
6 Ver índice 30 de SAMAI – Tribunales.

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constituye factor salarial para liquidar vacaciones, prima de vacaciones, cesantías
y prima de navidad y no constituye factor salarial para liquidar pensiones, con lo
cual, sobre la suma devengada por concepto de prima de servicios no se hacen
aportes y tampoco puede incluirse en la liquidación de la mesada inicial de una
pensión.

Que en el presente caso se evidenció que el docente solicitó el reconocimiento
pensional el 10 de agosto de 2018 y radicó la demanda el 26 de septiembre de
2019. Ahora, según la Resolución 201950007438 de 4 de febrero de 2019, la
pensión fue reconocida por haber adquirido el estatus el 9 de abril de 2015, razón
por la cual, las mesadas causadas entre esta última fecha y el 10 de agosto de 2015
se encuentran afectadas por prescripción.

RECURSOS DE APELACIÓN

La Nación – Ministerio de Educación - FOMAG7 impugnó la sentencia de primera
instancia a fin de que esta sea revocada, para lo cual aseguró que el régimen
jurídico aplicable para al demandante corresponde al de un docente vinculado como
territorial de carácter municipal financiado con recursos propios del propio ente, ello
conforme a los convenios, acuerdos y disposiciones legales reguladoras de las
formas de vinculación al servicio del magisterio, previstas en el artículo 1.º de la Ley
91 de 1989.

Que, por esa razón, la normativa aplicable en materia pensional es el artículo 8 de
la Ley 71 de 1988, así como la Ley 60 de 1993, derogada por la Ley 715 de 2001 y
su Decreto Reglamentario 196 de 1995, los cuales establecieron la posibilidad de
afiliar a los docentes territoriales al FOMAG a través de un convenio administrativo
celebrado entre la entidad territorial y las autoridades del orden nacional que
administran los recursos de la educación.

Que dicha normativa dispuso que estos serían afiliados de conformidad con las
disposiciones que regían los empleados públicos del departamento o municipio,
encontrando que en tales acuerdos no fue plasmada la prerrogativa de percibir
salario y pensión simultáneamente, por lo que es indispensable acreditar el retiro
del servicio para hacer efectivo el pago de la prestación reconocida por el FOMAG.

El municipio de Medellín8 interpuso recurso de apelación a fin de que se revoque
el fallo del juez de origen bajo el entendido de que la secretaría de educación de
esta autoridad carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no obra en
representación del FOMAG como mal lo señala la sentencia de primera instancia,
ni tampoco administra los recursos de dicho fondo, dado que tales competencias
fueron fijadas en cabeza de la Fiduprevisora S.A. por virtud del artículo 3º y 5º

7 Ver índice 33 de SAMAI – Tribunales.
8 Ver índice 34 de SAMAI – Tribunales.

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numeral 1º de la Ley 91 de 1989, artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y Decreto 2831
de 2005, de manera que es dicha sociedad la que debe responder por la condena.

Que, en todo caso, el demandante no puede ser incluido en la nómina de
pensionados del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por cuanto su
vinculación como docente municipal con recursos propios no le permite dicho
beneficio; motivo por el cual los actos administrativos demandados se expidieron en
el marco de las normas superiores que los fundamentan.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 13 de febrero de 20249 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

La parte demandante10 se pronunció sobre los recursos aduciendo que los
docentes que adquieran su estatus de pensionado, sí tienen derecho a seguir
trabajando y percibiendo salario en desarrollo de sus actividades, ya que pese a ser
servidores públicos, se encuentran sometidos a un régimen especial que permite la
compatibilidad entre salario y pensión.

Las entidades demandadas guardaron silencio.

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Deberá resolver la Subsección si el municipio de Medellín tiene que responder por
el adecuado reconocimiento de la pensión de jubilación del demandante, y, en caso
afirmativo, determinar si la prestación debe ser efectiva desde la fecha de
adquisición del estatus jurídico, o sea, en compatibilidad con la percepción del
salario como docente oficial durante el tiempo en que el reclamante haya estado en
servicio activo.

Marco normativo y jurisprudencial

a. Sobre la legitimación de la autoridad encargada del reconocimiento
pensional de los docentes

9 Ver índice 7 de SAMAI.
10 Ver índice 4 de SAMAI.

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Al respecto, el Consejo de Estado11 ha señalado en reiteradas oportunidades que la
entidad encargada del reconocimiento y pago de las pensiones ordinarias de los
maestros oficiales, únicamente es la Nación - Ministerio de Educación - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues este corresponde a una
cuenta especial adscrita a dicha cartera gubernamental, administrada bajo la figura
de una fiducia y generada precisamente para gestionar y asumir las prestaciones
del personal docente del Estado debidamente afiliado.

De hecho, los artículos 4 y 5 de la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989 (por medio
de la cual se creó este fondo), contemplan lo siguiente:

«[…] Artículo 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley,
siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con
posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley,
quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los requisitos
formales que se exijan a éstos, para mejor administración del Fondo, no podrán
imponer renuncias a riesgos ya asumidos por las entidades antecesoras, las
cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios interadministrativos.
El personal que se vincule en adelante, deberá cumplir todos los requisitos de
afiliación de naturaleza formal o normativa y económica.

«[…] Artículo 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
tendrá los siguientes objetivos:

1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado […]»

En lo que tiene que ver con el manejo de los recursos que integran el FOMAG, el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 reguló que, para tal propósito, el Gobierno Nacional
suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza
estatal o de economía mixta la cual se encargaría de ello, así:

«[…] Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial,
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por
una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más
del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el
correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones
necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que,
en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será
una suma fija, o variable determinada con en los costos administrativos que se
generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de
Educación Nacional […]»

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

18 de febrero de 2021, radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014). Subsección B, sentencia del
14 de febrero de 2013, número interno 1048-2012.

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Ahora, a través del Decreto 1775 del 3 de agosto de 1990 se reglamentó el
funcionamiento del mencionado fondo, para lo cual los artículos 5 a 8 consagraron
que:

«[…] Artículo 5º Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán radicadas
en la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional.

La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en las
normas reglamentarias.

Artículo 6º Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de
prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a realizar el
estudio de la documentación.

Artículo 7º Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se procederá a
efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad fiduciaria.

Artículo 8º Reconocimiento. Efectuada la liquidación, el delegado permanente del
Ministerio ante el Fondo Educativo Regional, expedirá la resolución de
reconocimiento. […]». (Subrayas fuera del texto original).

Adicionalmente, el artículo 180 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación),
señaló que: «[…] Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por intermedio del Representante
del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial, a la que se encuentre
vinculado el docente. […]». Es decir, se ratifica el hecho de que la concesión de
prestaciones como las pensiones de los educadores, está a cargo del FOMAG, solo
que por intermedio de una entidad territorial.

Sobre el trámite para el reconocimiento pensional, es de destacar que el Decreto
2831 de 2005 en sus artículos 3.º y 4.º dispuso lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 3° Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo
con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley
962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones
sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades
territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.

Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente deberá:

1. Recibir y radicar en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con
el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la
sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.

2. Expedir con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos
del Fondo y conforme a los formatos únicos por ésta adoptados, certificación de
tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o
causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.

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3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad
fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la
certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo.

4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones
económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962
de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites
administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos
previstos en la Ley.

5. Remitir a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos
de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de éste, junto con la respectiva
constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a
que éstos se encuentren en firme.

PARÁGRAFO PRIMERO: Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que
sean interpuestos contra las decisiones adoptadas de conformidad con el
procedimiento aquí establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con
anterioridad se hayan adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a
cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa,
disciplinaria, fiscal y penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan
por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba
pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa
aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los
recursos de tal Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.

ARTÍCULO 4°. Trámite de solicitudes, El proyecto de acto administrativo de
reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad
que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente
pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria
que se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de
resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera
precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva
secretaría de educación. […]».

Y finalmente, según el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, el legislador reiteró y
precisó que es el FOMAG quien define la situación prestacional de los docentes al
plantear que:

«[…] ARTÍCULO 56. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN MATERIA DEL
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las prestaciones
sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por
el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la

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que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se
hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la
entidad territorial. […]». (Subrayado intencional).

En consecuencia, dicho fondo adscrito al Ministerio de Educación Nacional, por
medio de su fiduciaria, es quien finalmente reconoce a los docentes afiliados las
prestaciones como las pensiones ordinarias de jubilación, pues está a cargo de la
aprobación de los proyectos de actos administrativos remitidos por las secretarías
de educación territoriales, y, por tanto, es la autoridad que expresa la decisión que
concreta o niega el derecho.

b. Acerca de la compatibilidad entre la pensión y el salario.

La Constitución Política de 1886 estableció la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público o de empresas o instituciones en que
tuviera parte el Estado, con excepción de los casos especialmente establecidos por
el legislador. Así lo dispuso en el artículo 64 ibidem en el siguiente sentido:

«[…] Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o
de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para
casos especiales determinen las leyes. Entiéndase por tesoro público el de la
nación, los departamentos y los municipios. […]»

Con posterioridad, el Decreto Ley 1317 de 18 de julio de 1960,9 reiteró la prohibición
prevista en el artículo 64 de la Constitución Política de 1886. No obstante, estableció
algunas excepciones a dicha regla, entre ellas la referida a las asignaciones
provenientes de establecimientos educativos oficiales, siempre y cuando no se
tratara de docentes que cumplieran su labor en tiempo completo, así:

«[…] Artículo 1º. Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo
las excepciones que se determinan a continuación:

a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter
oficial, siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo. […]»
[Resalta la Sala]

De igual forma, el Decreto 1042 de 7 de junio de 197812 planteó lo propio en los
siguientes términos:

«[…] Artículo 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De conformidad
con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado público podrá recibir
más de una asignación que provenga del tesoro, o de empresas o instituciones en

12 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,

departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se
dictan otras disposiciones».

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que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de
honorarios.

Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones
que a continuación se determinan:

a) Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de
tiempo completo. […]» [Resalta la Sala].

Sin embargo, con la expedición de la Ley 91 de 1989,13 el legislador permitió la
compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación con la pensión gracia, esto
teniendo en cuenta el carácter especial de que esta última, entendida como una
recompensa por parte de la Nación a la labor docente.

Posteriormente, con la expedición de la Constitución Política de 1991 se reiteró la
prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público, en los
siguientes términos:

«[…] Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el
de las descentralizadas. […]»

De acuerdo con lo anterior, es claro que la prohibición constitucional de percibir
doble asignación proveniente del tesoro público impide la coexistencia de dos o más
emolumentos que tengan como fuente u origen el ejercicio de empleos o cargos
públicos. En este sentido, la norma comprende dos prohibiciones: i) desempeñar
dos empleos de forma simultánea y ii) recibir más de una asignación del tesoro
público.

Por otro lado, el artículo 128 Constitucional fue desarrollado por el artículo 19 de la
Ley 4.ª de 1992,14 así:

13 «Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que

se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976
y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación».
14 «Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política.»

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«[…] Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Exceptúense las siguientes asignaciones:

(…) g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]»

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993 declaró la
exequibilidad de la norma al indicar que tal precepto se ajusta al postulado relativo
a la incompatibilidad entre dos o más asignaciones del erario, ello con base en los
siguientes planteamientos:

«[…] Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad,
no lo es menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la
remuneración de los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la
concurrencia de dos o más cargos públicos en una misma persona, tanto como
recibir más de una asignación que provenga del erario público. El término
"asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro
público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así, bien
podía el legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada
Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto
caso de que se hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado por medio de
ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional, por
cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo. […]» [Resalta la
Sala].

Bajo el panorama expuesto, se advierte que la prohibición establecida por la
Constitución Política de recibir dos o más pagos con fuente de financiación de
recursos públicos abarca también a las pensiones, en términos generales, siempre
y cuando su origen provenga de aportes derivados de vinculaciones con el Estado.

De hecho, este postulado fue advertido por legislador en desarrollo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, toda vez que en el artículo
279, inciso 2.° de dicha norma, se consagró expresamente la compatibilidad de las
prestaciones y salarios docentes de la siguiente forma:

«[…] ARTÍCULO 279. Excepciones. (…) Así mismo, se exceptúa a los afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de
1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier
clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de
bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de
conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. […]»

En cuanto al ejercicio de la docencia como una de las excepciones aludidas, el
artículo 5 del Decreto 224 de 1972 dispone:

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«[…] Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente
apto para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir
sesenta y cinco (65) años de edad. […]»

Sobre el asunto, es preciso colocar de presente que la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha sido pacífica, pues así se deriva de las sentencias del 14 de agosto
de 200914, del 30 de marzo de 201715 y del 28 de marzo de 2019,14 cuando en esta
última se expuso que:

«[…] el goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de
empleos docentes, es decir, permite a los docentes percibir la pensión de jubilación
y el salario simultáneamente.

De la misma forma, esta Corporación ha reiterado que a los docentes le está
permitido percibir simultáneamente pensión de jubilación, de gracia y, el salario por
los servicios que puedan prestar; sin embargo, resulta improcedente el
reconocimiento de dos pensiones ordinarias de jubilación, toda vez que no
existe norma que lo autorice. Así se estableció en la sentencia del 3 de mayo de
2001 con ponencia de la doctora Ana Margarita Olaya Forero, dentro del expediente
No. 2841 - 2000:
“(...) Reiteradamente esta Corporación ha, expresado que es improcedente
reconocer dos pensiones ordinarias de jubilación, así la preceptiva jurídica
aplicable a los docentes permita a éstos percibir simultáneamente pensión de
jubilación y el sueldo por los servicios docentes que pueden seguir prestando.
Así, en la sentencia del 10 de abril de 1997, Actora: Eunice Arias de Arias, Exp. No.
12.776, Consejera Ponente Dra. Dolly Pedraza de Arenas, luego de determinar que
la pensión cuyo reconocimiento requería la demandante era la pensión ordinaria de
jubilación, puntualizó que la misma podría ser compatible con otras pensiones, por
ejemplo, con la pensión gracia del orden nacional pero no con otra pensión ordinaria
de jubilación. Se tiene entonces, que ni las normas a que se ha hecho referencia ni
ninguna otra disposición superior, establece la compatibilidad de la percepción de la
pensión gracia con dos pensiones ordinarias de jubilación, o la compatibilidad de
percibir dos pensiones ordinarias de jubilación, categoría que se reitera, tendría la
pensión cuyo reconocimiento reclama la demandante [...]». [Resalta la Sala].

Con base en esta línea jurisprudencial, se advierte que esta Corporación ha
reconocido que la excepción a la prohibición prevista en la norma relativa de no
recibir una pluralidad de asignaciones provenientes del tesoro público, para el caso
de los docentes, se refiere a los siguientes eventos: i) la pensión gracia y la pensión
ordinaria de jubilación; y ii) la pensión de jubilación y el salario percibido por el
ejercicio de la docencia.

En consecuencia, el personal docente está exceptuado de la prohibición de doble
asignación del tesoro público, consagrada en el artículo 128 de la Constitución
Política, en el entendido de que de conformidad con el Decreto 224 de 1972 pueden
seguir ejerciendo la docencia y percibir además su mesada pensional.

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En el referido contexto jurídico, resulta pertinente recordar que, en su momento, con
la entrada en vigencia del Decreto 1278 de 200215, el Gobierno Nacional consideró
necesario contemplar un régimen de incompatibilidades para los educadores
oficiales, el cual se desarrolló a través del artículo 45 de la siguiente forma:

«[…] ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes
para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el sector educativo
estatal es incompatible con:

a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares. [...]»

No obstante, debe recordarse que la Corte Constitucional16 mediante la sentencia
C-1157 de 2003 declaró inexequible dicha norma bajo los siguientes postulados:

«[…] una norma habilitante debe conferir facultades concretas para modificar el
régimen disciplinario, si el Congreso desea atribuir al Gobierno facultades
extraordinarias para reformar la estructura de la falta disciplinaria o el régimen de
los deberes y prohibiciones de un servidor público; pero eso no significa que la
concesión de facultades para un cambio de una ley, que no tenga relación directa
con el régimen disciplinario, exija igualmente que la norma habilitante prevea que el
Gobierno también puede reformar el régimen disciplinario. Ahora bien, en el
presente caso, el artículo 111, numeral 2 de la Ley 715 de 2001 no atribuyó
competencia al Gobierno para modificar el régimen disciplinario de los educadores,
y sin embargo el Ejecutivo expidió el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, que
realmente tiene implicaciones disciplinarias específicas, pues modifica el régimen
de deberes de los docentes y directivos docentes, lo cual implica una alteración del
contenido particular de las posibles faltas disciplinarias de estos servidores públicos.
19- Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que el
artículo 45, referido a las incompatibilidades, fue también expedido
excediendo las facultades que le fueron otorgadas al Gobierno. En efecto, una
incompatibilidad implica una prohibición para un servidor público de realizar otros
oficios u actividades, mientras se desempeña como servidor público. La violación
del régimen de incompatibilidades tiene obvias consecuencias disciplinarias, por lo
que el Gobierno no podía reformar dicho régimen, puesto que el Congreso no lo
habilitó expresamente para tal efecto. Por tanto, es evidente que el ejecutivo
desbordó las facultades conferidas y por tanto el artículo 45 deberá ser
declarado inexequible. […]» [Negrita fuera de texto].

Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, denota al margen de las consideraciones sobre la falta de competencia
del Gobierno Nacional para modificar el régimen disciplinario de los maestros
oficiales, que el legislador en el marco de sus potestades había contemplado una
clara excepción a la prohibición del artículo 128 Superior en cabeza de los docentes
estatales, la cual no podía ser modificada por el Ejecutivo, en razón a que
claramente, desde la concepción de la Ley 4.ª de 1992, se pretendió eliminar la
incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la pensión de jubilación

15 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.»
16 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-1157 del 4 de diciembre de 2003. Expediente: D-

4677.

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de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones remunerativas y la
especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función pública.

En todo caso, es de destacar que según el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, «[…]
el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley. […]», por lo que aquellos educadores quedaron cobijados por las
disposiciones anteriores en materia prestacional, tal como lo era el Decreto 224 de
1972, específicamente en su artículo 5.º respecto de la compatibilidad entre salario
y pensión, el cual es el centro de discusión del caso bajo examen.

En suma, los educadores del Estado (tanto nacionales como territoriales sin
distinción), a quienes se les aplique el régimen específico de pensiones del
magisterio por haberse vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, están habilitados normativamente para encontrarse jubilados en pleno goce
de su respectiva prestación, y al mismo tiempo continuar en el ejercicio de su cargo
como educadores del Estado, al menos hasta cumplir la edad de retiro forzoso
equivalente a 70 años conforme a la Ley 1821 de 2016.

Resolución del caso concreto

a. Sobre la entidad llamada a responder en el presente asunto

Inicialmente, frente a la legitimación en la causa por pasiva del municipio de
Medellín y su defensa asegurando que la entidad encargada del reconocimiento
pensional en debate es la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG a través de
la Fiduprevisora S.A., esto por cuanto la entidad territorial solo elaboró el acto
administrativo demandado, pero no decidió sobre el mismo, se destaca que,
conforme al marco normativo y jurisprudencial descrito anteriormente, es la referida
cartera gubernamental en comento la que debe asumir todas las condenas relativas
a la forma en que se haya concedido la prestación del accionante.

Lo anterior por cuanto según la Ley 91 de 1989 relativa a la creación del aludido
fondo, así como en atención a la reglamentación de los trámites que le son propios,
prevista en los Decretos 1775 de 1990 y 2831 de 2005, para la Sala es claro,
conservando la postura pacífica de esta corporación sobre la materia, que los entes
territoriales en las actuaciones de concesión de prerrogativas como las pensiones
del magisterio, solo intervienen a título de facilitadores para elaborar un proyecto de
acto administrativo, mas no para emitir una decisión unilateral y propia frente al
otorgamiento del derecho.

Es decir, la normativa aplicable a este caso nunca ha delegado en los municipios la
facultad para reconocer o no una pensión ordinaria de jubilación de los educadores
afiliados al FOMAG. Por el contrario, en virtud de la aprobación por parte de este
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último, es evidente que aquel fondo adscrito al Ministerio de Educación Nacional,
actuando a través de su administrador fiduciario, es quien detenta la potestad para
definir las condiciones, la liquidación y todos los aspectos propios de la prerrogativa
bajo estudio, tal como sería su fecha de efectividad, pues la manifestación de
voluntad que finalmente produce efectos es la del referido ente nacional y no la del
territorial.

Cuando se discute la compatibilidad entre la pensión de jubilación de una docente
oficial y el salario que esta ha devengado desde que adquirió el estatus jurídico
respectivo por continuar en ejercicio de su cargo, es dicha cartera gubernamental
representando al fondo la que debe responder por la condena que se imponga para
ordenar el reconocimiento de la prestación desde el momento de consolidación del
derecho, sin condicionarla a la terminación del vínculo legal y reglamentario.

Lo anterior en la medida en que, el fondo en comento, administrado por la fiduciaria
respectiva, es quien ha estado al tanto del trámite pensional, pues fue quien dio el
visto bueno para el reconocimiento de la prestación, al punto de que no podría
asegurarse que no puede cumplir la condena a imponer, toda vez que la decisión
implica únicamente una variación en los efectos fiscales de la pensión, es decir, en
la efectividad de la prerrogativa, por lo que lo propio es inherente a la decisión de la
mencionada autoridad.

Por lo expuesto, habría sido procedente declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el municipio de Medellín. No
obstante, es de destacar que lo propio no fue advertido en primera instancia por el
tribunal de origen, pues omitió pronunciarse sobre la situación particular del referido
ente territorial.

Por tal razón, en aplicación del artículo 187, inciso 2.º del CPACA, 17 debido al
fundamento anterior sobre la innecesaria intervención del municipio de Medellín en
el proceso de la referencia, se declarará probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva invocada por dicha autoridad, pues el silencio
del juez de primera instancia no impide que en esta oportunidad se determine la
procedencia de este medio de defensa, más aún cuando no se desconoce el
principio procesal de la non reformatio un pejus, toda vez que lo anterior no
desmejora la situación creada al organismo ministerial, pues en la parte resolutiva
del fallo impugnado, este era el único al que le era exigible la condena.

b. Acerca de la compatibilidad entre salario y pensión.

Al respecto, se aclara que en el asunto de la referencia no está en discusión el

17 «[…] En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador

encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]».

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reconocimiento de la pensión de jubilación a favor del actor, así como tampoco su
liquidación con inclusión o no de determinados factores, pues la parte recurrente en
este caso fue la Nación – Ministerio de Educación, planteando su inconformidad
solamente en punto a la fecha de efectividad de la prestación, argumentando que
por haber sido un educador del orden territorial, pagado con recursos del propio
municipio de Medellín, la norma aplicable era la Ley 71 de 1988 que obligaba a que
se demostrara el retiro definitivo del servicio para hacer efectiva la prerrogativa.

No obstante, lo cierto es que en la Resolución 201950007438 del 4 de febrero de
2019,18 dicha autoridad local en representación del FOMAG concedió la prestación
en comento a favor del demandante, ello con fundamento en los preceptos de la
Ley 33 de 1985, dado que, tal como esta misma entidad lo reconoció en dicho acto,
aquel demostró que ingresó a laborar como maestro oficial desde el 1.º de
noviembre de 1999, es decir, antes del 27 de junio de 2003 cuando entró en vigor
la Ley 812 del mismo año.

Por tal motivo, una vez corroborado lo expuesto, y en el entendido de que no es
posible examinar en esta causa judicial el marco jurídico con el que se concedió la
pensión bajo estudio, resulta claro que el accionante ostentó la calidad de docente
estatal con una fecha de vinculación legal y reglamentaria que le permite tener la
Ley 33 de 1985 como regulación aplicable en materia pensional, al punto de que,
en efecto, aquel es titular de las condiciones y excepciones que le son propias a
este tipo de servidores, ello debido a la naturaleza del régimen laboral que les fue
diseñado tanto constitucional como legalmente en razón de la Ley 91 de 1989.

Ahora bien, a partir del acto administrativo, se puede extraer que la fecha de
consolidación del estatus jurídico del reclamante fue el 9 de abril de 2015 cuando
cumplió 20 años de servicio público como educador.

Sin embargo, lo cierto es que la entidad demandada condicionó a la demostración
del retiro definitivo del servicio, el goce efectivo de la pensión que el reclamante
había materializado desde la data en mención, por lo que técnicamente, ello implicó
la negación del retroactivo de las mesadas causadas a partir de la fecha estatus,
todo por considerar, en esencia, que dicha prerrogativa era incompatible con el
ejercicio de un cargo público como el de la docencia oficial en virtud de la prohibición
del artículo 128 constitucional.

La Sala encuentra ajustado el análisis del tribunal de primera instancia, en relación
con la posibilidad legal de los maestros oficiales de continuar en la respectiva plaza
y recibir su correspondiente salario, y a la vez percibir una pensión ordinaria de
jubilación.

Esto por cuanto dicha excepción a la regla del referido artículo 128 superior, se

18 Folios 11 a 13.

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desarrolló expresamente de los artículos 19 de la Ley 4.ª de 1992, 5 del Decreto
224 de 1972 y 279, inciso 2.° de la Ley 100 de 1993, los cuales habilitan la
compatibilidad entre salario y pensión para los educadores, siempre y cuando se
ajuste a los mismos supuestos del presente caso, es decir, que la prestación de
jubilación haya sido otorgada con base en la Ley 33 de 1985 por remisión de la Ley
91 de 1989.

De hecho, como argumento adicional, es adecuado precisar que, en el presente
asunto, el demandante fue nombrado en vigencia del Estatuto Docente del Decreto
2277 de 1979 y no en la del Decreto 1278 de 2002, el cual, así hubiese sido la
norma que rigiera su vinculación, no sería la que tendría que aplicarse para definir
su petición pensional.

Este planteamiento se justifica en la medida en que, como se ha expuesto
jurisprudencialmente, la determinación del régimen pensional aplicable a los
docentes no se concreta por las fechas de vigor de los mencionados estatutos, sino
por la de la Ley 812 de 2003. Por ello, cuando el vínculo inició antes del 27 de junio
de 2003, para reconocer la pensión se deberá remitir a la Ley 91 de 1989, que dirigía
el asunto bajo la Ley 33 de 1985, pero cuando lo propio suceda después, la
prerrogativa se deberá someter al régimen general de la Ley 100 de 1993.

Incluso, la situación del reclamante tampoco estaría gobernada por el artículo 19 de
la Ley 344 de 199619 como lo asegura la parte apelante en su recurso, puesto que
dicha norma expresamente señala que el condicionamiento del retiro del servicio
para acceder a la pensión de jubilación, no debe exigirse para el caso del personal
regido por la Ley 91 de 1989, esto es, para los maestros afiliados al FOMAG,
concretamente para aquellos vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 como es el caso del actor.

En consecuencia, el demandante al ser un educador oficial con derecho a una
pensión de jubilación conforme a las reglas y condiciones propias del régimen de la
Ley 91 de 1989, sí tenía derecho a devengar la aludida prerrogativa y a la vez
continuar en ejercicio de su cargo docente hasta el cumplimiento de los 70 años de
edad, considerados como la edad de retiro forzoso en virtud de la Ley 1821 de 2016.

De esta manera, tal como se estimó en el fallo recurrido, al accionante se le debe
pagar el retroactivo indexado de las mesadas pensionales adeudadas desde el 9 de
abril de 2015, y hasta el pago material de la prestación, que correspondería cuando
se acredite el retiro definitivo del servicio.

19 ARTÍCULO 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor

público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio
o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.

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Con base en lo expuesto anteriormente, tendrá que adicionarse a la sentencia
apelada el ordinal «primero bis», a fin de declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el municipio de Medellín.

En lo demás, se confirmará la providencia de primera instancia que accedió
parcialmente a los pedimentos de la demanda, bajo los planteamientos precitados,
incluido el análisis de la prescripción, pues este fenómeno efectivamente se
consolidó si se tiene en cuenta que la fecha de exigibilidad de la prerrogativa se
configuró el 9 de abril de 2015, mientras que la petición de reconocimiento pensional
se presentó el 10 de agosto de 2018 y la demanda el 26 de septiembre de 2019,20
es decir, luego de más de 3 años siguientes a la adquisición del estatus, lo que
implica conceder el pago de las mesadas adeudadas a partir del 10 de agosto de
2015 como lo estimó el juez de origen.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos de los recursos de apelación presentados por las entidades
demandadas no presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la
condena en costas. Contrario a ello, dichas autoridades manifestaron
planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

20 Ver sello de radicación en el folio 1.

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FALLA

PRIMERO: ADICIONAR el ordinal «primero bis» a la sentencia apelada, el cual
indicará lo siguiente:

«[…] Primero Bis: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva invocada por el municipio de Medellín. […]»

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a las entidades
demandadas, según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.

CUARTO: ACEPTAR LA RENUNCIA presentada por la abogada Esperanza María
Regina Rosero Lasso, portadora de la tarjeta profesional 141.130, como apoderada
del municipio de Medellín, conforme al memorial allegado en el índice 6 de SAMAI.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

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