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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00311-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00311-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR EL NUMERAL SEXTO de la sentencia proferida el veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se accedió a las pretensiones y condenó al departamento de Risaralda a asumir los aportes legales que le correspondían como «empleador encubierto». Segundo. MODIFICAR EL ORDINAL TERCERO de la sentencia apelada, el cual quedará de la siguiente forma: «[…] Tercero: Como consecuencia de la declaración que antecede y, a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar, en favor del señor Luis Alfredo Sosa Naranjo, a partir del 7 de noviembre de 2020, una pensión de jubilación por aportes con fundamento en la Ley 71 de 1988, con base en el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes y/o cotizaciones durante el último año anterior al de adquisición del status de pensionado, esto es, del 7 de noviembre de 2019 al 6 de noviembre de 2020, de conformidad con los términos y parámetros indicados en la parte motiva de este fallo. Adicionalmente SE ORDENA: Al señor Luis Alfredo Sosa Naranjo, al municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y al departamento de Risaralda, acreditar documentalmente y manifestar al momento del cumplimiento de la sentencia, a cuál entidad de previsión y por qué valores efectuaron cotizaciones a pensión por los períodos durante los cuales el Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 66001-23-33-000-2021-00311-01 (3359-2024) accionante fungió como docente contratista a través de OPS para dichas autoridades locales, en caso de haberlas hecho. De lo contrario, si no realizaron dichos giros, indicar lo propio al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Una vez se concrete lo anterior, si la entidad accionada advierte que faltaron cotizaciones o se presenta diferencia en la proporción que le correspondía a las mencionadas entidades como empleadoras o al accionante como trabajador, según […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00311-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00311-01 (3359-2024)
Demandante: Luis Alfredo Sosa Naranjo
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) – Departamento
de Risaralda

Temas: Reconocimiento de pensión por aportes de la Ley 71 de 1988 a
favor de un docente con acumulación de tiempos cotizados del
sector privado y del sector público, en virtud de la Ley 91 de
1989. El régimen pensional se determina en virtud de la fecha
de vinculación como maestro oficial sin importar el tipo de
relación laboral. Aplicación de la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019. REVOCA PARCIALMENTE, MODIFICA Y
CONFIRMA EN LO DEMÁS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las entidades
demandadas contra la sentencia proferida el veinticinco (25) de abril de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual
accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Luis Alfredo Sosa Naranjo instauró demanda1 en contra de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y el departamento de Risaralda, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

1 Ver índice 1 de SAMAI – Tribunales.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00311-01 (3359-2024)

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 0505 del 3 de agosto de 2021
expedida por el secretario de educación de Risaralda, por medio de la cual se negó
la pensión de jubilación por aportes.

A título de restablecimiento del derecho, se reconozca dicha prestación en cuantía
del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicio anterior al cumplimiento del estatus ocurrido el 7 de junio de 2020,
sin exigir el retiro definitivo del cargo.

Se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la consolidación del derecho y
la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto.

Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y que se disponga sobre la condena en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 14 de julio de 1957 y realizó aportes al antiguo ISS (hoy Colpensiones)
y cuenta con 583,86 semanas, pero que 548.58 son tiempos simultáneos, por lo que
cuenta con 35.28 para efectos de acreditar tiempo de servicio.

Que antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, estuvo vinculado
mediante orden de prestación de servicios con el departamento de Risaralda y la
Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, entre el 11 de abril de 1994 y el 19 de diciembre
de 2003.

Que el acto acusado reconoció una pensión de jubilación por aportes a los 57 años
de edad y con 1.300 semanas de cotización, y en su lugar debió reconocer la misma
con 1.000 semanas y sin exigir el retiro definitivo del servicio.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Consideró vulnerados: los artículos 7 de la Ley 71 de 1988, 15 de la Ley 91 de 1989,
6 de la Ley 60 de 1993, 115 de la Ley 115 de 1993, 279 de la Ley 100 de 1993, 81
de la Ley 812 de 2003, 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

Afirmó que los docentes vinculados antes del 23 de junio de 2003 pueden acogerse
a un régimen de transición que respeta las normas vigentes al momento de su
entrada, siempre que cumplan con requisitos como 20 años de aportes al ISS o
servicios públicos, y la edad mínima según el género.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 18 de enero de 2022 fue admitida la demanda2 se notificó a la Nación –
Ministerio de Educación – FOMAG y al departamento de Risaralda.

La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG presentó memorial3 en el que se
opuso a todas las pretensiones, argumentando que el acto demandado se ajusta a
la ley porque el régimen aplicable al actor es el previsto en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003 teniendo en cuenta que fue vinculado como docente el 13 de julio
de 2006, y que en tal virtud, no cumple los requisitos para pensionarse, pues al
momento de presentar la demandada solo contaba con 55 años, y la norma vigente
aplicable a su caso exige 57 años.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación y (ii)
genérica.

Por su parte, el departamento de Risaralda4 señaló que el demandante no cumple
los requisitos legales para acceder al derecho pensional, pues se vinculó al servicio
educativo oficial el 17 de febrero de 2004, es decir, con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual le aplican las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003. Indicó que el actor solo acreditó 1.012,72 semanas de
cotización de las 1.300 exigidas por la norma, de modo que no cumple el tiempo
mínimo requerido para consolidar el derecho reclamado.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de los requisitos mínimos
para el reconocimiento de la pensión de jubilación, (ii) inexistencia de la obligación,
(iii) falta de legitimación por pasiva, y (iv) genérica.

El 21 de septiembre de 20225 el tribunal difirió para la sentencia la decisión de la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva; efectuó el decreto de
pruebas; fijó el litigio, y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

El Tribunal Administrativo de Risaralda mediante sentencia del 25 de abril de 2024
accedió a las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

En cuanto al régimen pensional aplicable al demandante, tuvo en cuenta las
diversas órdenes y constancias de prestación de servicios suscritas por el actor con

2 Ver índice 4 de SAMAI – Tribunales.
3 Ver índice 10 de SAMAI – Tribunales.
4 Ver índice 11 de SAMAI – Tribunales.
5 Ver índice 14 de SAMAI – Tribunales.
6 Ver índice 24 de SAMAI – Tribunales.

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el municipio de Santa Rosa de Cabal, que acreditan labores docentes entre 1994 y
2003, y que en ese sentido, su primer vínculo con la docencia oficial se produjo el
11 de abril de 1994, anterior al 27 de junio de 2003, por lo que se encuentra
amparado por el régimen anterior, es decir por el de la Ley 71 de 1988.

Que respecto al tiempo prestado, acreditó los 20 años exigidos en consideración al
ejercicio de la actividad docente, inicialmente mediante contratos de prestación de
servicios y, posteriormente, tanto en provisionalidad como «en propiedad», esto
junto con el tiempo en el que realizó aportes al sistema pensional por labores en el
sector privado.

Que la fecha en la que el actor demostró el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos fue el 7 de febrero de 2020, sin embargo, estimó que el pago de la pensión
se ordenaría desde el 7 de junio de 2020, tal como fue solicitado en la demanda,
para respetar el principio de congruencia previsto en el artículo 281 del CGP y evitar
un fallo extrapetita.

Precisó que el FOMAG es el responsable del pago de la prestación, pues el
demandante cotizó en dicho fondo durante más de 14 años consecutivos. No
obstante, advirtió que el mismo podrá reclamar las cuotas partes correspondientes
a otras entidades como Colpensiones, conforme al artículo 11 del Decreto 2709 de
1994.

Respecto a los periodos en que el actor prestó sus servicios mediante contratos de
prestación de servicios con el departamento de Risaralda, señaló que el fondo de
pensiones deberá verificar y recaudar los aportes faltantes tanto al empleador como
al trabajador, por lo que a su vez condenó al departamento de Risaralda, en calidad
de empleador encubierto, a asumir los aportes que le correspondían.

RECURSO DE APELACIÓN

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG7 interpuso recurso de
apelación. Expresó que el docente ingresó al servicio oficial el 12 de julio de 2005,
esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por tanto, le
resulta aplicable el régimen pensional de prima media previsto en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.

Manifestó que la excepción de los docentes oficiales de recibir simultáneamente
pensión y sueldo no aplica para la pensión ordinaria de jubilación.

A su vez expuso que los contratos de prestación de servicios no otorgan la calidad
de empleado público, y si bien puede declararse una relación laboral encubierta,
estos periodos no se computan como tiempo de servicio docente para la pensión de

7 Ver índice 29 de SAMAI – Tribunales.

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jubilación, salvo que exista una sentencia judicial que lo acredite. Señaló que, en el
caso puntual, al no haber sentencia, el FOMAG no tiene obligación de reconocer
dichos tiempos.

Por su parte, el departamento de Risaralda8 interpuso el recurso de alzada
manifestando su inconformidad con la obligación de pago de los aportes a la
seguridad social del demandante que se le impuso, esto pese a que la vinculación
del docente con la entidad entre 1998 y 2000 se dio mediante contratos de
prestación de servicios.

Que de acuerdo con la jurisprudencia, para que pueda declararse la existencia de
una relación laboral encubierta, es necesario demostrar subordinación continuada,
prestación personal del servicio y remuneración, y que en el presente caso no existe
prueba que acredite una relación laboral entre el demandante y el departamento de
Risaralda, ni fundamento jurídico para reconocer prestaciones laborales o imponer
al ente territorial el pago de cotizaciones a la seguridad social.

Concluyó que el tribunal incurre en un defecto fáctico, al carecer de sustento
probatorio y desconocer el precedente del Consejo de Estado, el cual establece que
el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios no puede
computarse para efectos pensionales ni laborales. Además, recuerda que, según la
Ley 100 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, los contratistas son responsables de realizar
sus propios aportes al sistema de seguridad social durante la vigencia del contrato.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 16 de agosto de 20249 se admitió el recurso y por no haber pruebas que decretar
no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.

En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio, y el Ministerio
Público no emitió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección si al demandante, en su calidad de docente oficial
con acumulación de aportes del sector privado y público, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del FOMAG, según la
Ley 71 de 1988, en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales
devengados y objeto de cotización en el año anterior a la adquisición del estatus
jurídico respectivo y con efectividad desde tal fecha.

8 Ver índice 28 de SAMAI – Tribunales.
9 Ver índice 4 de SAMAI.

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Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación a
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado,10 en la cual se estableció principalmente la forma de liquidar
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados
remisorios de la Ley 91 de 1989.

Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.

Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es más
amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, 11 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia
de sus pretensiones.12

Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el marco
jurídico pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación
al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa relación inicial fue
continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de prestación de servicios,
con un nombramiento legal y reglamentario en provisionalidad, en propiedad o
temporal como una interinidad, así como tampoco si para la mencionada fecha el
reclamante seguía o no vinculado bajo dicha calidad.

Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones del maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto

10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-

CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
11 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a)

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
12 Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la

parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan
consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del
pronunciamiento de segunda instancia.

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a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de
haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber
ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,13 es claro que esta situación corresponde
a un tránsito legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista
especialmente para quien haya ejercido labores como educador.

Ahora, debido al caso particular abordado por el proveído unificador en mención,
este únicamente planteó unas reglas para fijar los regímenes aplicables en eventos
de profesores oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido prestado en el sector
público y cotizado exclusivamente al FOMAG, lo que hacía pertinente en virtud de
la Ley 91 de 1989 hacer una remisión directa a la Ley 33 de 1985 para determinar
el derecho pensional.

Por lo mismo, en esa oportunidad no fue posible analizar y definir el supuesto
cuando, por ejemplo, como se advierte para el presente litigio, la docente tiene un
período de servicio educativo que no es suficiente para adquirir la prestación con
base en esta última norma, pero igualmente realizó cotizaciones a otra
administradora como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones), derivadas de
actividades laborales prestadas mediante contratos de prestación de servicios, por
contratos de trabajo con personas jurídicas de derecho privado, o como trabajador
independiente; con las que pretende satisfacer la exigencia del tiempo de labor.

Bajo tal supuesto, la normativa aplicable necesariamente sería la Ley 71 de 1988
que regulaba la materia en lo que respecta a la denominada “pensión por aportes”,
la cual se da con la acumulación de tiempos de servicio cotizados al mencionado
ISS y a otras entidades de previsión como lo prevé el artículo 7.º de dicha norma.

Acerca de la posibilidad de tener en cuenta esta norma como el marco regulatorio
de los maestros que se encuentren en las referidas condiciones, esta Subsección14

13 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Laboral. Radicación: 40.662.
14 Al respecto ver las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección “A”, del 31 de julio de 2025 proferida en el proceso 25000-23-42-000-2020-
00847-01 (3708-2022), y del 14 de agosto de 2025 dictadas en los procesos 68001-23-33-000-2020-00819-01
(0380-2023) y 05001-23-33-000-2020-03991-01 (5790-2023). En dichas providencias se precisó lo siguiente:
«[…] al observar los antecedentes legislativos de la referida Ley 91 de 1989, expuestos en la ponencia para
primer debate en el Senado de la República, es posible concluir que los educadores sometidos a la primera
regla de unificación de la sentencia del 25 de abril de 2019 por haberse vinculado antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, no solo pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de
1988, la cual hace parte integral de la normativa aplicable a los servidores del orden nacional, tal como el mismo
artículo 11 de esta última ley lo contempló, así como el Consejo de Estado lo ha corroborado en varias de sus
providencias.
En consecuencia, es dable aplicar la mencionada providencia, aun para los casos en que se solicite el
reconocimiento de la pensión por aportes, por lo que los docentes bajo este supuesto se someterán a los
requisitos de dicha norma, pero también quedarán regidos por los postulados jurisprudenciales en materia de
fijación del IBL, los cuales no se oponen a lo regulado específicamente para esta clase de prestación en el
artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994.

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ya se ha pronunciado en el sentido de que lo propio es procedente en la medida en
que se apliquen también los criterios jurisprudenciales expuestos anteriormente.

Al respecto, bajo dicha línea de interpretación también se precisó la forma en que
debe calcularse el respectivo IBL pensional, para lo cual se indicó que este
corresponderá al 75% del promedio de los factores salariales percibidos durante el
último año de servicio anterior a la adquisición del estatus, sobre los cuales se
hubiesen realizado o debieran haberse efectuado cotizaciones, siempre y cuando
estén exclusivamente consagrados en el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de
1985, así como en las normas posteriores que les haya otorgado el carácter salarial
para efectos pensionales15 como ya lo ha sostenido esta corporación en casos
similares.16

Resolución del caso concreto

Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la normativa
que gobierna el caso del accionante en virtud de la fecha de su primer ingreso al
servicio educativo oficial.17

Para ello debe acudirse inicialmente a la orden de prestación de servicios suscrita
el 11 de abril de 199418 entre la alcaldía de Santa Rosa de Cabal y el demandante,
medio a partir del cual se corrobora que este último efectivamente laboró por
primera vez como docente contratado para ejercer funciones eminentemente
educativas desde el 11 de abril de hasta el 17 de junio de 1994 en el Instituto
Técnico Industrial del municipio.

De allí que, este derecho deberá determinarse con base en el 75% del promedio de los factores salariales
percibidos durante el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus, sobre los cuales se hubiesen
realizado cotizaciones y que estén exclusivamente consagrados en el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de
1985, así como los previstos en normas posteriores con carácter salarial para efectos pensionales como ya lo
ha sostenido esta corporación en casos similares.
Se aclara que este último precepto legal también es aplicable en el caso del derecho bajo estudio, por ser
aquella la norma que regula la materia en el caso de los servidores públicos como son los docentes que
reclaman el pago de dicha prestación al FOMAG.
Al respecto, basta con verificar que los docentes afiliados al aludido fondo que soliciten el reconocimiento de la
pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, lo hacen precisamente en su calidad de empleados públicos al
momento de consolidar su estatus, solo que pretenden acumular algún tiempo de servicio privado, lo que hace
que los factores de salario que pueden integrar el IBL pensional solo puedan ser los del último año anterior a la
adquisición del derecho que necesariamente ocurre cuando están vinculados al servicio oficial.
Tal hecho implica que, únicamente podrían incluirse para el cálculo de la pensión los emolumentos que hayan
sido objeto de cotización bajo dicha calidad de servidores del Estado, los cuales están expresamente
consagrados en la Ley 62 de 1985 que es la norma aplicable para estos mismos, tal como se precisó en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la cual, según lo referido anteriormente, también debe ser
observada para definir la referida prestación derivada de la acumulación de aportes privados y públicos. […]»
15 Por ejemplo, en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018.
16 Al respecto ver sentencias proferidas por esta misma Subsección en sentencias del 22 de junio de 2023

dictadas en los procesos con números internos 5111-2022, 4056-2021 y 1863-2022.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
18 Demanda, página 60.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00311-01 (3359-2024)

Ahora, la entidad demandada negó el derecho reclamado por medio del acto
acusado al afirmar que el docente registró su última afiliación el 17 de febrero de
2004 y que el régimen aplicable para su pensión es el establecido en la Ley 812 de
2003.

Al margen de esta consideración, lo cierto es que no existe controversia acerca de
la labor ejercida materialmente por el demandante como docente, pero sí sobre cuál
es el tipo de vinculación habilitante para analizar el derecho prestacional, por tanto,
se puede tener demostrado el hecho de que inició su labor propiamente educativa
el 11 de abril de 1994, fecha que definitivamente es anterior a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).

Se concluye entonces que, conforme a las reglas de la sentencia de unificación del
25 de abril de 2019 y el marco normativo desarrollado anteriormente, el hecho de
que el primer vínculo del actor haya sido mediante un contrato de prestación de
servicios no desdice la naturaleza educativa del servicio prestado que es lo que lo
hace beneficiario del régimen anterior al de la Ley 812 de 2003, por lo que es viable
verificar la situación jurídica reclamada de acuerdo con las previsiones del artículo
81 de dicha norma.

Bajo este contexto, efectivamente la pensión del educador debía analizarse
conforme a la regulación previa contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15
numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten a las normas de los
empleados públicos del orden nacional, consagradas esencialmente en la Ley 33
de 1985, pero también en la Ley 71 de 1988 para la pensión por aportes como se
precisó en acápites anteriores, tal como lo estimó el tribunal de origen.

Acorde con lo expuesto, se encuentra que el reclamante sí había acreditado los
requisitos necesarios para consolidar el derecho a una pensión de jubilación como
la pretendida con base en los postulados de la última ley en mención, pero adicional,
conforme a los lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado
proferida el 25 de abril de 2019 sobre la materia.

Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye que:

i) el apelante en su calidad de hombre acreditó la edad de 60 años el 14 de julio de
201719;

ii) al tener en cuenta toda clase de vínculo laboral del actor, tanto en el sector público
como privado bajo cualquier cargo, incluido el de docente, se encuentra que:

19 Según las copias de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento que obran en el archivo de la

demanda, el actor nació el 14 de julio de 1957.

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De la sumatoria de los lapsos por aportes realizados a Colpensiones como
trabajador independiente (583,86 semanas, correspondientes a 11 años, 2
meses y 23 días), al igual que los periodos en calidad de educador con OPS
celebradas al servicio del municipio de Santa Rosa de Cabal y al departamento de
Risaralda (1 año y 29 días)20, así como el interregno prestado como educador
estatal afiliado al FOMAG y nombrado formalmente en carrera por esta última
entidad territorial desde el 29 de febrero de 2013 al 15 de abril de 2021 (8 años, 1
mes y 16 días)21, se concluye que solo hasta el 7 de noviembre de 202022 logró
acreditar los 20 años de servicio público y privado objeto de aportes para obtener el
derecho a la pensión de la Ley 71 de 1988.

Lo anterior a diferencia de lo estimado el tribunal, que, si bien fue acertado al
acceder al reconocimiento de la prerrogativa solicitada, así como en el análisis de
la prescripción23 la contabilización de los períodos de servicio no se encuentra
ajustada a los tiempos efectivamente reconocidos, por lo tanto, tendrá que
modificarse el ordinal tercero respecto de la configuración del estatus pensional y el
año anterior al mismo, los cuales son posteriores a lo determinado inicialmente, esto

20 Según el certificado del director administrativo de la secretaría de educación departamental de Risaralda y

las órdenes de prestación de servicios del 11 de abril de 1994, 18 de julio de 1994, del 5 de mayo de 1999, del
6 de agosto de 1999, del 2 de septiembre de 1999, del 30 de septiembre de 1999, y la número 1466. Las
pruebas reposan en el archivo de la demanda.
En este punto se aclara que las OPS ejecutadas durante los periodos comprendido entre el 11 de abril de 1994
y el 17 de junio de 1994; 9 de marzo de 2001 y el 7 de diciembre de 2001; 4 de febrero de 2003 y el 30 de junio
de 2003; 25 de agosto de 2003 y el 19 de diciembre de 2003, no serán tenidos en cuenta para efectos del
cómputo, pues se observa que hubo simultaneidad de períodos laborados entre el 15 y el 31 de mayo de 1978.
Al respecto, si bien esta concurrencia puede aumentar el monto de la cotización, no permite computar dos veces
un mismo interregno para determinar el cumplimiento del requisito del tiempo de servicio cotizado, tal como la
Corte Constitucional en sentencia SU-446 de 2022 lo precisó al asegurar que: «[…] cuando un trabajador realiza
dos cotizaciones por dos fuentes diferentes se aumenta el monto de la cotización, pero no el tiempo que
representa, por lo que el “cálculo para efectos de establecer el cumplimiento del requisito de semanas de
cotización se debe hacer por el tiempo efectivamente laborado, sin sumar los aportes simultáneos” […]».
21 Según el Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral expedido 2 de diciembre de

2020 por la mencionada dependencia territorial, visible en el archivo de la demanda, el demandante fue
vinculado en provisionalidad del 17 de febrero de 2004 hasta el 31 de mayo de 2006, y en carrera, desde el 1.°
de junio de 2006 al menos hasta la fecha del certificado, pues el mismo indica que seguía activo en el servicio.
No obstante, para efectos del cómputo del tiempo de servicio, el periodo en provisionalidad no será incluido en
la sumatoria por coincidir íntegramente con lapsos ya contabilizados conforme a las semanas cotizadas en
Colpensiones. En igual sentido, tampoco se considerará el intervalo comprendido entre el 1.° de junio de 2006
y el 28 de febrero de 2013, correspondiente al nombramiento en carrera, por concurrir también con los aportes
efectuados al mismo fondo.
22 Conforme al siguiente cálculo:

DESDE HASTA AÑOS MESES DIAS
583,86 Semanas cotizadas a Colpensiones 11 2 23
18/07/1994 30/09/2000 (OPS) 1 0 29
29/02/2013 7/11/2020 7 8 8
TOTAL 19 + 1= 20 AÑOS 10 + 2 = 12 MESES (1 AÑO) 60 DIAS (2 MESES)

23 Al advertir que, en efecto, entre la adquisición del derecho (7 de noviembre de 2020) y la presentación de la

petición de reconocimiento pensional (15 de abril de 2021) y la interposición de la demanda (21 de septiembre
de 2021) que fue presentada dentro del término de interrupción, no transcurrieron más de 3 años de los previstos
para el efecto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, de manera que no
se causó el fenómeno.

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en beneficio de la parte apelante y sin vulnerar el principio de la non reformatio in
pejus, previsto en el artículo 328 del CGP24.

Debe precisarse que, aunque en las pruebas aportadas por el actor solo se acredita
el ejercicio de la labor docente hasta el 2 de diciembre de 2020—fecha de los
certificados de historia laboral en los que consta que para entonces continuaba
activo en el servicio—, lo cierto es que el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Salarios, expedido el 27 de abril de 202125 y allegado por la entidad
con los antecedentes administrativos, permite concluir que el docente permaneció
en el desempeño de sus funciones al menos hasta la fecha de su emisión, pues así
lo certifica expresamente. En consecuencia, y en aplicación de la libertad probatoria
consagrada en el artículo 165 del CGP26, dicho documento resulta idóneo y
suficiente para generar convicción sobre este aspecto.

Ahora bien, en cuanto al extremo final del vínculo legal y reglamentario tenido en
cuenta, pese a la continuidad de la actividad al menos hasta el 27 de abril de 2021,
se considerará únicamente el tiempo prestado hasta la fecha en que el reclamante
presentó su solicitud pensional ante la entidad demandada y por cuyo acto de
respuesta invocó la acción que en esta vía judicial cursa, es decir, hasta el 15 de
abril de 2021. Tal determinación se adopta en garantía del debido proceso y el
privilegio de decisión previa propio de la administración.

Pues bien, todo lo expuesto demuestra que al accionante se le debió reconocer una
pensión por aportes bajo los preceptos de la Ley 71 de 1988, tal como fue solicitada,
de manera que se encuentra convalidada la ilegalidad del acto reprochado al haber
negado el derecho reclamado, lo cual implica su anulación.

Del restablecimiento del derecho

Advertida la nulidad de la aludida decisión, resulta indispensable determinar la forma
de restablecer el derecho en litigio, razón por la cual se ordenará el reconocimiento
a cargo de la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG de una pensión por
aportes a favor del demandante, basada en los preceptos de la Ley 71 de 1988 y
en las reglas de unificación de la sentencia del 25 de abril de 2019 proferida por
esta corporación.

Pues bien, respecto de la forma de liquidación pensional, lo primero que debe

24 «[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.[…]El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.[…]»
25 Páginas 18 a 32, antecedentes administrativos.
26 «Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento,

el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes
y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios
semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.»

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resaltarse es que, para el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2019 y
el 6 de noviembre de 2020 (año anterior al estatus configurado con los 20 años de
servicio que se acreditaron con posterioridad al cumplimiento de la edad), el
educador devengó27: asignación básica, bonificación mensual docente, bonificación
pedagógica, y «He Com.Planta Lic. y Prof 2B- (d.1278)»; no obstante, los factores
incluidos para dicha liquidación no serán objeto de discusión porque su
determinación en primera instancia no fue controvertida, por lo que se mantendrá
en los términos fijados por el tribunal de origen, esto es, únicamente con la inclusión
de la asignación básica.

Ahora, frente al argumento del departamento de Risaralda relacionado con la
obligación de pago de los aportes a la seguridad social, por no haberse declarado
previamente la existencia de una vinculación de carácter laboral considera la Sala
que la orden impartida en primera instancia debe ser revocada.

Si bien en esta clase de contrataciones es evidente que el ejercicio material de la
labor educativa necesariamente se da bajo una relación laboral encubierta, la misma
no se declarará en esta instancia judicial por cuanto no constituye materia del litigio;
sin embargo, tal situación sí puede ser advertida judicialmente para efectos
prestacionales, particularmente en lo referente a la pensión ordinaria de jubilación.

En consecuencia, la orden que se profiera sobre este aspecto no tendrá el carácter
condenatorio para la entidad empleadora, sino que será de naturaleza facultativa
para el FOMAG, con el propósito de que gestione el recobro de los valores que
debieron ser pagados a título de aportes al sistema de seguridad social por las
partes contratantes. Este aspecto que será objeto de adición a la sentencia
recurrida, al igual que el alcance que deberá darse a dicha orden respecto del
tiempo laborado por el actor al servicio del municipio de Santa Rosa de Cabal, que
no fue objeto de pronunciamiento en la decisión de primera instancia.

Por lo tanto, para los interregnos laborados28 por el actor mediante órdenes de
prestación de servicios a favor del municipio de Santa Rosa de Cabal y del
departamento de Risaralda al advertirse que no se aportó prueba que demostrara
la realización de las cotizaciones completas a pensión por dichos lapsos a ninguna
entidad de previsión, será responsabilidad del FOMAG verificar con el demandante

27 De conformidad con la certificación de factores salariales que obra en el archivo de la demanda, página 41.
28 Del 11 de abril de 1994 al 17 de junio de 1994, del 18 de julio de 1994 al 30 de noviembre de 1994, del 26 de

mayo de 1998 al 12 de junio de 1998, del 13 de julio de 1998 al 30 de julio de 1998, del 5 de mayo de 1999 al
18 de junio de 1999, del 21 de junio de 1999 al 2 de julio de 1999, del 6 de agosto de 1999 al 31 de agosto de
1999, del 2 de septiembre de 1999 al 30 de septiembre de 1999, del 1 de octubre de 1999 al 24 de octubre de
1999, del 10 de febrero de 2000 al 29 de febrero de 2000, del 1 de marzo de 2000 al 31 de marzo de 2000, del
3 de abril de 2000 al 14 de abril de 2000, del 24 de abril de 2000 al 30 de abril de 2000, del 1 de mayo de 2000
al 31 de mayo de 2000, del 1 de junio de 2000 al 16 de junio de 2000, del 17 de junio de 2000 al 31 de agosto
de 2000, del 4 de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2000, del 9 de marzo de 2001 al 7 de diciembre
de 2001, del 4 de febrero de 2003 al 30 de junio de 2003, del 25 de agosto de 2003 al 19 de diciembre de 2003,
del 12 de febrero de 2004 al 29 de febrero de 2004, del 1 de julio de 2004 al 30 de diciembre de 2004, del 24
de enero de 2005 al 6 de mayo de 2005, del 9 de junio de 2005 al 31 de diciembre de 2005 y del 1 de enero de
2006 al 15 de diciembre de 2006.

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si este los realizó y a cuál fondo lo hizo, así como que tales montos correspondan a
los valores totales por dicho concepto sobre los factores que se ordenan tener en
cuenta en esta sentencia. En caso contrario, deberá realizar las gestiones
necesarias y legales para obtener el pago completo del aporte.

Si eventualmente las referidas entidades territoriales o quien haya fungido como
empleador del docente no asumieron la proporción del pago que por esta misma
carga les correspondía tanto a estos como al actor, el fondo a través de la autoridad
ministerial deberá verificar mensualmente si este último realizó las cotizaciones a
pensión por los tiempos en que laboró para las entidades, bien sea mediante vínculo
legal y reglamentario o a través de órdenes de prestación de servicios, y en caso
afirmativo, también verificará si existe una diferencia entre tales sumas.

Para ello, tanto las mencionadas autoridades locales como el docente deberán
acreditar ante el FOMAG los pagos que hubiesen realizado a dicho fondo o a
cualquier otro durante sus respectivos vínculos (si las hicieron).

Una vez se concrete lo anterior, si se advierte que faltaron aportes o se presenta
diferencia en la proporción que le correspondía a los aludidos contratantes y al
accionante como trabajador, estos tendrán que cancelar o completar, según el
caso, el porcentaje que tenían a su cargo, por lo que, exclusivamente en el caso en
que ocurra ese supuesto, se autorizará el descuento de la condena de los valores
que por esa carga haya tenido que asumir el demandante para financiar en su
totalidad la mencionada prestación, sin perjuicio de las acciones que deberá
adelantar el ente ministerial frente al referido ente territorial o empleadores para lo
propio.

Si se demuestra que tales pagos se efectuaron a otro fondo diferente al FOMAG,
la autoridad accionada gestionará que quienes hayan recibido los giros o hubiesen
tenido el deber de efectuar la afiliación a alguna entidad de previsión, asuman la
obligación legal de concurrir con el pago de la pensión en la cuota parte que le
corresponda en aplicación directa del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, el cual
debe ser tenido en cuenta exclusivamente para asuntos como el presente donde la
pensión se reconoce en virtud de la Ley 71 de 1988 que es la que precisamente
dicha norma reglamenta. Lo propio deberá realizar con Colpensiones por los
aportes efectuados a esta última que fueron computados en este caso para
consolidar el derecho pensional del actor.

Con todo, dicha prestación se concederá con efectividad desde el 7 de noviembre
de 2020, esto es, cuando el accionante adquirió el estatus jurídico pensional, y sin
el condicionamiento del retiro definitivo del servicio, en la medida en que este
derecho sí es compatible con el salario de docente de conformidad con los artículos
19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, aplicables a su caso

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particular por haber sido vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 200329.

De hecho, esto se justifica en la medida en que, así el educador hubiese sido
nombrado en vigencia del Estatuto Docente del Decreto 1278 de 2002, no sería
dicha norma la que tendría que aplicarse para definir la efectividad de su prestación,
pues como se ha expuesto jurisprudencialmente, la determinación del régimen
pensional aplicable a los docentes no se concreta por las fechas de vigor de los
estatutos de profesionalización, ni de la calidad de su nombramiento como maestro
nacional, nacionalizado o territorial, pues lo cierto es que, para determinar lo propio
solo debe hacerse remisión a la Ley 812 de 2003 y a la acreditación de que el primer
vínculo educativo hubiese tenido lugar antes de la vigencia de esta última
regulación.

Las sumas de dinero que resulten de la condena se ajustarán al valor presente de
acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

Estos argumentos son suficientes para revocar parcialmente y modificar la
sentencia apelada.

De la condena en costas en segunda instancia

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue

29 Sobre este planteamiento ver sentencia del 23 de octubre de 2024 proferida por esta misma Subsección en

el proceso con radicado 05001-23-33-000-2020-00600-01 (7813-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se accedió parcialmente a las peticiones del recurso de apelación en la
medida en que se modificará el fallo en algunos aspectos a su favor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR EL NUMERAL SEXTO de la sentencia proferida el veinticinco
(25) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, por medio de la cual se accedió a las pretensiones y condenó al
departamento de Risaralda a asumir los aportes legales que le correspondían como
«empleador encubierto».

Segundo. MODIFICAR EL ORDINAL TERCERO de la sentencia apelada, el cual
quedará de la siguiente forma:

«[…] Tercero: Como consecuencia de la declaración que antecede y, a título de
restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Nación – Ministerio de Educación
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar, en
favor del señor Luis Alfredo Sosa Naranjo, a partir del 7 de noviembre de 2020, una
pensión de jubilación por aportes con fundamento en la Ley 71 de 1988, con base
en el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes y/o cotizaciones
durante el último año anterior al de adquisición del status de pensionado, esto es,
del 7 de noviembre de 2019 al 6 de noviembre de 2020, de conformidad con los
términos y parámetros indicados en la parte motiva de este fallo.

Adicionalmente SE ORDENA:

Al señor Luis Alfredo Sosa Naranjo, al municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda)
y al departamento de Risaralda, acreditar documentalmente y manifestar al
momento del cumplimiento de la sentencia, a cuál entidad de previsión y por qué
valores efectuaron cotizaciones a pensión por los períodos durante los cuales el

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accionante fungió como docente contratista a través de OPS para dichas
autoridades locales, en caso de haberlas hecho. De lo contrario, si no realizaron
dichos giros, indicar lo propio al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

Una vez se concrete lo anterior, si la entidad accionada advierte que faltaron
cotizaciones o se presenta diferencia en la proporción que le correspondía a las
mencionadas entidades como empleadoras o al accionante como trabajador, según
el caso, y solo en el caso en que ocurra ese supuesto, se autorizará el descuento
de la condena de los valores que por esa carga haya tenido que asumir el
demandante para financiar en su totalidad la mencionada prestación, sin perjuicio
de las acciones que por potestad legal deberá adelantar el ente ministerial frente a
las referidas entidades territoriales para lo propio.

Si se demuestra que los aludidos pagos se efectuaron a otro fondo diferente al
FOMAG, la autoridad accionada gestionará que quienes hayan recibido los giros o
hubiesen tenido el deber de efectuar la afiliación a alguna entidad de previsión,
asuman la obligación legal de concurrir con el pago de la pensión en la cuota parte
que le corresponda en aplicación directa del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
Lo propio deberá realizar con Colpensiones por los aportes efectuados a esta última
que fueron computados en este caso para consolidar el derecho pensional de la
reclamante. […]»

Tercero. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida.

Cuarto. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia a la parte
apelante.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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