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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00640-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00640-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia proferida el diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la siguiente forma: «Segundo.-: Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio: RECONOCER Y PAGAR la pensión de jubilación a que tiene derecho el señor JOSE MARIA GARCIA VINASCO, de conformidad con los preceptos de la Ley 33 de 1985. Para el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá al 75% y el IBL al promedio de lo devengado y objeto de cotización en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional (16 de febrero de 2010 y el 15 de febrero de 2011), incluyendo como factor salarial únicamente la asignación básica; ello con efectividad a partir del 16 de febrero de 2011, sin necesidad de demostrar el retiro del servicio. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 19001-23-33-000-2020-00640-01 (2290-2025) Los valores resultantes serán indexados con base en el IPC conforme el artículo 187 del CPACA, siguiendo la siguiente fórmula: R = Rh. índice final Índice inicial Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes empezando por la primera mesada pensional que se dejó de devengar. Opera la prescripción de derechos anteriores al 29 de julio de 2016. Adicionalmente SE ORDENA: Al señor José María García Vinasco, acreditar documentalmente y manifestar al momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia, a cuál entidad de previsión y por qué valores efectuó cotizaciones a pensión por los períodos durante los cuales fungió como docente contratista del municipio de Corinto, en caso de haberlas hecho. De lo contrario, si no realizó tales aportes, indicar lo propio al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. A la Nación – Ministerio de Educación - FOMAG, realizar las actuaciones interadministrativas a que haya lugar para obtener el pago de las cotizaciones […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2020-00640-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2020-00640-01 (2290-2025)
Demandante: José María García Vinasco
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) –
Departamento del Cauca – Secretaría de Educación

Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente oficial.
Aplicación integral de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019. Fecha de vinculación anterior a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 y períodos de servicio con vínculos como
docente contratado mediante OPS. MODIFICA Y CONFIRMA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor José María García Vinasco instauró demanda1 en contra de la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

1. Que se declare la nulidad del acto n.° 0620-07-2020 del 29 de julio de 2020,

1 Ver índice 33 de SAMAI – Tribunales, expediente digital.

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Radicado: 19001-23-33-000-2020-00640-01 (2290-2025)

mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación.

2. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y
pago de la mencionada pensión según lo previsto en las Leyes 33 de 1985 y
71 de 1988, liquidada con base al promedio de lo devengado entre el 15 de
febrero de 2010 y el 15 de febrero de 2011, con efectos fiscales desde el 15
de febrero de 2011.

3. Que se cancelen las mesadas pensionadas causadas desde la fecha del
estatus hasta el momento en que sea incluido en nómina, y que los valores
sean pagados de manera indexada, con los ajustes de valor e intereses
moratorios según disponen los artículos 187, 189, 192 y 195 de la Ley 1437
de 2011 y el 141 de la Ley 100 de 1993.

4. Que los aportes al sistema de salud que deban ser descontados de su
mesada pensional, sean en la cuantía establecida en el numeral 5.° del
artículo 8 de la Ley 91 de 1989.

5. Que se ordene el reajuste anual de la mesada en el mismo porcentaje que
sea incrementado el salario mínimo legal mensual.

6. Que la entidad dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 187,
189, 192 y 195 del CPACA, y que sea condenada en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

7. Que cuenta con más de 55 años de edad y que laboró como docente oficial
desde el 19 de diciembre de 1978 hasta el 30 de diciembre de 1991,
nombrado por el departamento del Valle del Cauca mediante Resolución
18119 de 1978. De manera posterior, afirmó que prestó sus servicios a favor
del departamento del Cauca, nominado por Decreto 0097 de 2004, y que ha
desempeñado sus labores desde el 27 de febrero de 2004 al menos hasta la
fecha de presentación de la demanda, pues seguía activo en el servicio.

8. Que, una vez cumplió la totalidad de los requisitos, el 29 de julio de 2019
solicitó ante el FOAMG el reconocimiento pensional, sin embargo, la
Secretaría de Educación del Cauca negó lo pedido mediante el acto acusado.

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Afirmó que con el acto administrativo demandado se transgredieron los
artículos: 1, 2, 4, 6 ,13, 25, 29, 48, 53, 90, 121 ,125 y 209 de la Constitución
Política; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 137 de la Ley 1437 de 2011;
1.° de la Ley 71 de 1988; literal a) numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de
1989; 115 de la Ley 115 de 1994; 279 de la Ley 100 de 1993; 4.° de la Ley
700 de 2001; 9 de al Ley 797 de 2003; 81 de la Ley 812 de 2003; 160 de la
Ley 1151 del 2007; parágrafos transitorios 1 y 2 del Acto Legislativo 01 de
2005, y la Ley 33 de 1985.

10. Que el acto acusado desconoce su derecho sustancial al pago de una
pensión de jubilación liquidada con todos los factores salariales devengados,
pues cumplió con todos los requisitos que exige la norma.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

11. El 8 de abril de 2022 fue admitida la demanda2 y se notificó a las
demandadas, quienes se opusieron a las pretensiones. La Nación –
Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, sostuvo que3, conforme a la
historia laboral del demandante, este se vinculó como docente en propiedad
después del 2003, por lo que le aplica la Ley 812 de 2003.

12. Propuso como excepciones las que denominó: (i) no comprender la demanda
a todos los litisconsortes necesarios, (ii) falta de legitimación en la causa por
pasiva, (iii) inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido, (iv) legalidad
del acto administrativo expedido, y (v) prescripción.

13. Por su parte, la Gobernación del Cauca manifestó4 no estar legitimada en la
causa por pasiva y no ser la llamada a responder por las pretensiones de la
demanda; que, en su lugar, el reconocimiento directo de las prestaciones
está a cargo de la Nación.

14. Propuso como excepciones las que denominó: (i) excepción de inexistencia
de la obligación a cargo del departamento del cauca-secretaria de educación
y cultura, y (ii) excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

15. El 12 de marzo de 20255, el tribunal fijó el litigio y consideró como pruebas
los documentos presentados por las partes con la demanda y su
contestación, esto en orden de dictar sentencia anticipada. Corrió traslado a

2 Ibid, archivo: 004AutoAdmisorio.
3 Ibid, archivo: 008ContestacionMinEducacion-Fomag.
4 Ibid, archivo: 009ContestacionDepartamentodelCauca.
5 Ibid, archivo: 018AutoCorreTrasladoAlegatos.

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las partes para presentar por escrito sus alegatos de conclusión, y al
Ministerio Público para presentar concepto.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

16. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 10 de abril de
2025, accedió a las pretensiones. Expuso que, el actor acreditó la prestación
del servicio de docente oficial a favor del departamento del Valle del Cauca
entre el 19 de diciembre de 1978 y el 30 de diciembre de 1991, lo que
demuestra una vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 y habilita la
aplicación del régimen de la Ley 33 de 1985.

17. Que además quedó probado que el actor volvió a vincularse como docente
el 27 de febrero de 2004 mediante Decreto 0097 de 2004, al servicio del
departamento del Cauca, al menos hasta septiembre de 2018, fecha del
certificado de factores salariales N.º 50982, y concluyó que el demandante
demostró el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión el 16
de febrero de 2011.

18. Respecto a la liquidación, ordenó el reconocimiento de la pensión con una
tasa de reemplazo del 75% del IBL, teniendo en cuenta los factores salariales
previstos en la Ley 62 de 1985.

19. Declaró la prescripción de las mesadas causadas antes del 29 de julio de
2016 y se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN7

20. La demandada interpuso recurso de apelación. Expresó que el tiempo
aportado por el demandante no puede ser tenido en cuenta para aplicar la
Ley 33 de 1985, pues su vinculación al FOMAG se produjo el 27 de febrero
de 2004, es decir, después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Por ello, reiteró que el régimen pensional aplicable es el previsto en la Ley
100 de 1993.

21. Que de la documentación presentada por el demandante se concluye que
solo tuvo una vinculación provisional a partir del 20 de agosto de 2009, y que
los periodos anteriores corresponden a órdenes de prestación de servicios,
modalidad que no permite acreditar tiempo para pensión a falta de prueba
sobre aportes al sistema de seguridad social.

6 Ibid, archivo: 025SentenciaPrimeraInstancia.
7 Ibid, archivo: 027RecursoApelacionFiduprevisora.

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22. Por lo expuesto afirmó que el actor no acreditó los 20 años de servicios
necesarios para acceder a la pensión de jubilación.

23. Manifestó además que la bonificación mensual no puede incluirse como
factor salarial para la liquidación de una eventual pensión, dado que no está
prevista en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

24. El 1.° de octubre de 20258 se admitió el recurso y por no haber pruebas que
decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.

25. En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.

26. El Ministerio Público no rindió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

27. Deberá resolver la Subsección si al demandante, como docente oficial con
vinculaciones mediante relaciones legales y reglamentarias, y servicios
prestados a través de contratos u órdenes de prestación de servicios (OPS),
le asiste derecho a la pensión con base en la Ley 33 de 1985, en cuantía del
75% del promedio de los factores salariales sobre los que se haya efectuado
cotizaciones durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, y
con efectividad desde esa misma fecha.

Marco normativo y jurisprudencial

28. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar
aplicación a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado,9 en la cual se estableció
principalmente la forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes prevista bajo los postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.

29. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio
acatamiento acerca del entendimiento de los diferentes regímenes

8 Ver índice 4 de SAMAI.
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-

CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.

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pensionales aplicables a los educadores del Estado en atención a la fecha
de vinculación al magisterio, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.

30. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices unificadoras es
más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se
extiende también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo,
tal como acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco
normativo que rige la situación particular del accionante es esencial para
verificar la pertinencia de sus pretensiones.

31. Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente
según el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas
las situaciones pendientes de definición jurídica que no se hayan consolidado
el fenómeno de cosa juzgada, tal como se presenta en el litigio objeto de
examen.

32. Con las anteriores precisiones se resalta que la sentencia de unificación10 en
comento fijó en síntesis las siguientes reglas de interpretación normativa:

«[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo

10 El sustento jurídico de estas reglas fue, esencialmente, los siguientes planteamientos: «[…] 51. En criterio de

la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en
el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en
el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de
los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de
igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener
en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de
la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación
ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
[...] 67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y nacionalizados y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
Edad: 55 años
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%
Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii)
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». (Resalta la Sala).

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régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta
son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]». (Subrayado fuera de texto).

33. Como se observa, el criterio relevante para determinar el marco jurídico
pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación al
magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27
de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si para esa
fecha el reclamante seguía o no vinculado bajo dicha calidad, pues en
observancia del principio de la condición más beneficiosa,11 es claro que esta
situación corresponde a un tránsito legislativo sin un régimen de transición
específico, que hace necesario proteger la expectativa legítima que tenía el
maestro de pensionarse con una regulación más favorable.

34. Ahora, frente al supuesto en que un solicitante haya acumulado tiempos de
labor como docente a través de contratos u órdenes de prestación de
servicios (OPS), la Sala resalta que en la sentencia de unificación CESUJ2-
5 del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado,12 se precisó
que la labor de los maestros con ese tipo de vínculo no es diferente ni opuesto
al que se deriva de una relación laboral legal y reglamentaria, pues también
se distingue por reunir los elementos esenciales del trabajo como la
subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración, lo que
permite considerar dichos lapsos como verdaderos períodos con efectos
prestacionales, no solo para computarlos, sino además a fin de determinar el
régimen pensional aplicable.13

11 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Laboral. Radicación: 40.662
12
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de
agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se señaló: «[…] la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]».
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

24 de febrero de 2022. Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). En esta providencia se planteó
que: «[...] Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la demandante con
la mentada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus

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Radicado: 19001-23-33-000-2020-00640-01 (2290-2025)

Resolución del caso concreto

35. Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la
normativa que gobierna el caso del accionante en virtud de la fecha de su
primer ingreso al servicio educativo oficial14.

36. En tal sentido, debe acudirse inicialmente al Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido el 13 de noviembre
de 201815 por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, en el que se
observa y se ratifica que se desempeñó como docente oficial desde el 19 de
diciembre de 1978 hasta el 30 de diciembre de 1991.

37. Ahora, la entidad demandada negó el derecho reclamado a través de la
Resolución 0620-07-2020 del 29 de julio de 2020 e interpuso el recurso de
apelación sosteniendo el mismo argumento, esto es, que el actor ingresó por
primera vez a la docencia oficial el 27 de febrero de 2004.

38. Con base en el medio de convicción antes referido, es posible asegurar que
el demandante se desempeñó como maestro en el departamento del Valle
del Cauca a partir del 19 de diciembre de 1978, por tanto, se concluye que,
como el primer vínculo docente ocurrió antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, sí era dable verificar su situación jurídica de acuerdo con
las previsiones del artículo 81 de dicha norma, las cuales habilitan la
posibilidad de tener en cuenta la regulación anterior contenida en los artículos
2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, disposiciones que
remiten para efectos de esta prestación en litigio al régimen de los empleados
públicos del orden nacional consagrado esencialmente en la Ley 33 de 1985,
tal como lo estimó acertadamente el tribunal de origen.

39. Lo expuesto corrobora la ilegalidad del acto administrativo demandado, como

actividades fue otra diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que los efectos
jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan configurado en su momento. Lo expuesto implica que sin
perjuicio del vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita
pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella época, sí
debe entenderse que la señora Marín Cardona ejerció funciones propias e inherentes a la condición de docente
estatal desde el 2 de febrero de 1998, es decir, a partir de la primera ejecución del contrato de prestación de
servicios como docente, suscrito con la mentada autoridad departamental para ser desarrollado en algunas de
sus instituciones educativas. […] A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en
los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente, fundada en vínculos contractuales
con entidades de derecho público o a su servicio, es posible tener por configurados los tres elementos
constitutivos de una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada
por un educador, hace que esta sea necesariamente personal, remunerada y sometida a reglamentaciones,
instrucciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento. […]»
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
15 Expediente digital, demanda, página 33.

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se determinó en primera instancia, porque el reclamante sí había acreditado
los requisitos necesarios para consolidar el derecho a una pensión de
jubilación con base en los postulados de esta última ley en comento, pero
adicional, conforme a los lineamientos de la sentencia de unificación del
Consejo de Estado proferida el 25 de abril de 2019 sobre la materia.

40. Respecto a la sumatoria de todos los tiempos laborados por el actor y
demostrados en el proceso, debe precisarse que el FOMAG en su recurso
de apelación manifestó que los periodos trabajados mediante contrato de
prestación de servicios no pueden ser considerados para el cómputo de la
pensión por la falta de prueba sobre los aportes al sistema de seguridad
social, sin embargo, en atención al marco normativo y jurisprudencial
aplicable, lo primero que debe recordarse es que, las vinculaciones de un
docente bajo la modalidad contractual de OPS no impide considerar tales
interregnos para contabilizarlos a fin de cumplir el requisito del tiempo de
servicio.

41. En esta clase de contrataciones es evidente que el ejercicio material de la
labor educativa necesariamente se da bajo una relación laboral encubierta,
que, aunque no se declarará como tal en este proceso debido a que lo propio
no es materia del litigio como fue establecido, sí permite advertirla,
considerarla y afirmarla judicialmente para efectos prestacionales como los
de la pensión ordinaria de jubilación.16

42. De hecho, resulta claro que la sola naturaleza de las funciones ejercidas por
el accionante durante el tiempo que celebró contratos de prestación de
servicios con el municipio de Corinto, da cuenta de que en atención al
principio de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53
Constitucional, y sin necesidad de concederle judicialmente la calidad de
empleado público, aquel sí puede ser asimilado (sin los efectos jurídicos), a
un docente con un vínculo oficial formal a lo largo de los interregnos
enlistados.17

43. Pues bien, sobre el reconocimiento pensional se resalta que, a partir del
material probatorio obrante en el expediente, el demandante acreditó 55 años
de edad el 16 de junio de 200818 y de la sumatoria de los tiempos servidos
como docente, al revisar la fecha de efectividad de la pensión determinada
en la sentencia de primera instancia, se advierte que esta no se ajusta con
exactitud al momento en que el actor acreditó el cumplimiento de los 20 años

16 Tales afirmaciones encuentran respaldo en la sentencia del 20 de junio de 2024 dictada por el Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con radicado 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-
2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
17 Esta tesis también fue expuesta en sentencia del 18 de febrero de 2021, dictada por esta Subsección en el

proceso con número interno 4163-2014.
18 Según la cédula de ciudadanía que obra en el expediente digital, el actor nació el 15 de junio de 1953.

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de servicio, pues se estimó a partir del 16 de febrero de 2011, pero, al
efectuar un cálculo preciso y adecuado sobre el momento en que el actor
consolidó materialmente la prerrogativa bajo examen, se encuentra que
dicha fecha ocurrió el 18 de agosto de 2009, teniendo en cuenta los
siguientes interregnos demostrados:

Entidad Desde Hasta Tiempo
laborado
Departamento 19 de diciembre de 30 de diciembre de 13 años y 12
del Valle del 1978 1991 días.
Cauca19
1.° de octubre de 30 de octubre de 1 mes.
1998 1998
1.° de enero de 1999 30 de enero de 1 mes.
1999
1.° de abril de 1999 30 de abril de 1999 1 mes.
1.° de mayo de 1999 31 de mayo de 1 mes y 1 día.
1999
1.° de junio de 1999 30 de junio de 1999 1 mes.
1.° de julio de 1999 31 de julio de 1999 1 mes y 1 día.
1.° de agosto de 31 de agosto de 1 mes y 1 día.
1999 1999
1.° de septiembre de 30 de septiembre 1 mes.
1999 de 1999
Municipio de 1.° de octubre de 31 de octubre de 1 mes y 1 día.
Corinto20 1999 1999
1.° de noviembre de 30 de noviembre de 1 mes.
1999 1999
1.° de enero de 2000 31 de marzo de 3 meses y 1
2000 día.
1.° de abril de 2000 30 de junio de 2000 3 meses.
1.° de octubre de 31 de diciembre de 3 meses y 1
2000 2000 día.
15 de enero de 2001 14 de abril de 2001 3 meses.

16 de abril de 2001 15 de julio de 2001 3 meses.
15 de octubre de 30 de diciembre de 3 meses.
2001 2001
Departamento 27 de diciembre de 4 de octubre de 14 años, 7
del Cauca21 2004 meses y 8 días.

19 Ver Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido el 13 de noviembre de

2018 por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca. Página 33 de la demanda.
20 Ver contratos de prestación de servicios visibles en el expediente administrativo aportado por el departamento

del Cauca, archivo: 009ContestacionDepartamentodelCauca, páginas 144 a 210.
21 Ver Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral no. 50982 expedido el 4 de octubre

de 2018 por la Secretaría de Educación del Cauca. Página 36 de la demanda.

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201822
TOTAL: 29 años, 11
meses y 26
días.

44. A pesar de ello, debido a los principios procesales de justicia rogada,
congruencia y debido proceso, no será del caso emitir un pronunciamiento
respecto la diferencia advertida en la fecha de consolidación del derecho,
toda vez que no solo la parte activa no reclamó ni demandó lo propio, sino
que esta instancia se habilitó con motivo de la impugnación del apelante
único que en este caso es la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), quien
formuló argumentos frente a la decisión de acceder al reconocimiento
pensional sin mencionar fundamento alguno acerca de la configuración del
estatus pensional; más aún cuando cualquier disposición sobre el particular
agravaría las condiciones ya definidas en su contra, vulnerándose el principio
de la non reformatio in pejus previsto en el artículo 328 del CGP.23 Así las
cosas, deberá confirmase la decisión del tribunal respecto a lo señalado.

45. En lo que concierne a la liquidación de la pensión, debe advertirse que el
tribunal de origen se limitó a señalar que el reconocimiento sería «[…] con
una tasa de remplazo del 75% del IBL calculado del año de servicios anterior
a la adquisición del estatus pensional, el cual transcurrió entre el 16 de
febrero de 2010 y el 15 de febrero de 2011, y los factores que hayan servido
de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985. […]»; por
su parte, la entidad accionada en su recurso de apelación manifestó que la
bonificación mensual no puede incluirse como factor salarial para la
liquidación por no estar prevista en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

46. Sobre el particular, es de precisar que el IBL pensional tendrá que ser
calculado según lo estableció el tribunal de primera instancia24, sin incluir
haberes adicionales, a excepción de aquellos creados legalmente como
conceptos de salario objeto de descuento para aportes a pensión como los
previstos en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018,

22 Fecha del Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral n.° 50982, en el que se señala

que el docente seguía activo en el servicio.
23 «[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.
[…]
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
[…]»
24 Sobre el 75% del promedio de los factores salariales que sirvieron de base para las cotizaciones durante el

año anterior a la adquisición del estatus jurídico, y que hubiesen estado enlistados en el artículo 1.º de la Ley
62 de 1985.

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tal como lo ha sostenido esta corporación en recientes providencias.25

47. Sin embargo, es necesario modificar la orden dada en el ordinal segundo,
toda vez que la determinación de los factores salariales en sede judicial es
indispensable para determinar el valor de la prestación y el tribunal de origen
omitió tal deber.

48. Pues bien, según la certificación de factores salariales n.° 50982 del 4 de
octubre de 2018 expedida por la Secretaría de Educación del Cauca26, el
actor devengó entre el 16 de febrero de 2010 y el 15 de febrero de 2011 los
siguientes emolumentos: asignación básica, pago sueldo de vacaciones,
subsidio de alimentación, prima de navidad, y prima de vacaciones docentes.

49. En consecuencia, la pensión deberá ser calculada con base en el 75% del
promedio de la asignación básica, que es el único factor computable
conforme a la regla de unificación respecto del IBL descrita anteriormente, y
que hayan sido percibidos por el reclamante entre el 16 de febrero de 2010
y el 15 de febrero de 2011.

50. La prestación se otorgará con efectividad desde el 16 de febrero de 2011,
esto es, cuando el actor adquirió el estatus jurídico habilitante, en la medida
en que la pensión objeto de reconocimiento es compatible con el salario de
docente sin necesidad de demostrar el retiro del servicio de conformidad con
los artículos 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972,
aplicables al caso particular del accionante por haber sido vinculado antes de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 200327.

51. Por otra parte, como en el presente caso se tuvo en cuenta la existencia de
una relación laboral, únicamente para efectos pensionales del actor durante
los períodos en los cuales aquél se desempeñó como docente contratado,
como ya se mencionó, la entidad demandada debe efectuar el cobro de los
aportes.

52. Sobre este punto se aclara que, en el proceso no obra prueba del giro de
cotizaciones para los mencionados períodos a ninguna entidad de previsión,
de manera que, es responsabilidad del FOMAG verificar con el demandante

25 La mencionada normativa adicional a la Ley 62 de 1985, corresponde a la creación de otros factores salariales

propios de los educadores oficiales sobre los cuales se realizan aportes a pensión, los cuales son: la asignación
adicional para personal directivo docente, la bonificación mensual y la bonificación pedagógica. Tales
emolumentos han sido incluidos para efectos del cálculo de la pensión de los docentes que los hubiesen
devengado durante el año anterior a la consolidación de su estatus, según se ha expuesto por parte de esta
misma Subsección en sentencias del 22 de junio de 2023 dictadas en los procesos con números internos 5111-
2022, 4056-2021 y 1863-2022.
26 Ver página 39 de la demanda.
27 Sobre este planteamiento ver sentencia del 23 de octubre de 2024 proferida por esta misma Subsección en

el proceso con radicado 05001-23-33-000-2020-00600-01 (7813-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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si este los realizó y a cuál fondo lo hizo, así como que tales montos
correspondan a los valores totales por dicho concepto sobre los factores que
se ordenan tener en cuenta en esta sentencia. En caso contrario, deberá
realizar las gestiones interadministrativas necesarias para obtener el pago
completo del aporte.

53. Se advierte que, si eventualmente el empleador no asumió la proporción del
pago que por este mismo concepto le correspondía al actor, el FOMAG deberá
verificar mensualmente si este último realizó los aportes a pensión por los
tiempos en que laboró mediante contratos de prestación de servicios en su
porcentaje como trabajador, y en caso afirmativo, también verificará si existe
una diferencia entre las sumas.

54. Para ello, tanto el municipio de Corinto, al igual que el docente, deberán
acreditar ante el FOMAG las cotizaciones que hubiesen realizado a dicho
fondo o a cualquier otro durante su vínculo contractual (si las hicieron). Una
vez se concrete lo anterior, si la entidad demandada advierte que faltaron
cotizaciones o se presenta diferencia en la proporción que le correspondía
al accionante como empleado, este tendrá que cancelar o completar, según
el caso, el porcentaje que tenía a su cargo, por lo que se autoriza a la
autoridad accionada a que descuente los valores que le correspondan al
educador, única y exclusivamente bajo el referido supuesto.

55. Si se demuestra que tales pagos se hicieron a otro fondo diferente al
FOMAG, la autoridad demandada deberá realizar las gestiones necesarias
para obtener el traslado de los recursos actualizados a su favor para asumir
en su totalidad el pago de la pensión.

56. Por lo expuesto se adicionará el numeral segundo de la sentencia en los
términos señalados y se confirmará lo demás.

De la condena en costas en segunda instancia

57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile
un interés público. Esto creó una excepción a la regla general, según la cual

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no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose
de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume. En ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

59. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo
en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

60. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de
origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia proferida el
diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del
Cauca, por medio de la se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la
siguiente forma:

«Segundo.-: Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio:

RECONOCER Y PAGAR la pensión de jubilación a que tiene derecho el
señor JOSE MARIA GARCIA VINASCO, de conformidad con los preceptos
de la Ley 33 de 1985. Para el cálculo del monto pensional, la tasa de
reemplazo corresponderá al 75% y el IBL al promedio de lo devengado y
objeto de cotización en el último año de servicio anterior a la adquisición del
estatus pensional (16 de febrero de 2010 y el 15 de febrero de 2011),
incluyendo como factor salarial únicamente la asignación básica; ello con
efectividad a partir del 16 de febrero de 2011, sin necesidad de demostrar el
retiro del servicio.

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Los valores resultantes serán indexados con base en el IPC conforme el
artículo 187 del CPACA, siguiendo la siguiente fórmula:

R = Rh. índice final
Índice inicial

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes empezando por la primera mesada pensional
que se dejó de devengar.

Opera la prescripción de derechos anteriores al 29 de julio de 2016.

Adicionalmente SE ORDENA:

Al señor José María García Vinasco, acreditar documentalmente y manifestar
al momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia, a cuál entidad de
previsión y por qué valores efectuó cotizaciones a pensión por los períodos
durante los cuales fungió como docente contratista del municipio de Corinto,
en caso de haberlas hecho. De lo contrario, si no realizó tales aportes, indicar
lo propio al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

A la Nación – Ministerio de Educación - FOMAG, realizar las actuaciones
interadministrativas a que haya lugar para obtener el pago de las cotizaciones
por el período de contratación por servicios del actor con el municipio de
Corinto comprendido entre 1998 y 2001 (con sus respectivos intervalos y
lapsos anuales), en caso de que estas no se hayan pagado aún, o en el
evento en que tales valores sean inferiores o presenten diferencias respecto
de las liquidadas por el mismo fondo.

Se advierte que, si el mencionado ente territorial no asumió la proporción del
pago que por este mismo concepto le correspondía al demandante, la entidad
demandada deberá verificar mensualmente si este último realizó los aportes
a pensión por los tiempos en que laboró mediante contratos de prestación de
servicios en su porcentaje como trabajador, y en caso afirmativo, también
verificará si existe una diferencia entre las sumas.

Para ello, el municipio de Corinto, al igual que el demandante, deberán
acreditar ante el FOMAG las cotizaciones que hubiesen realizado a dicho
fondo o a cualquier otro durante su vínculo contractual (si las hicieron). Una
vez se concrete lo anterior, si la entidad accionada advierte que faltaron
cotizaciones o se presenta diferencia en la proporción que le correspondía al
accionante como empleado, este tendrá que cancelar o completar, según el
caso, el porcentaje que tenía a su cargo, por lo que se autoriza a la autoridad
demandada que descuente los valores que le correspondan al reclamante
por todos los interregnos de labor como contratista con la respectiva
autoridad municipal, única y exclusivamente bajo el referido supuesto.

Si se demuestra que tales pagos se hicieron a otro fondo diferente al FOMAG,
la autoridad demandada deberá realizar las gestiones necesarias para
obtener el traslado de los recursos actualizados a su favor para asumir en su
totalidad el pago de la pensión.

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Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida.

Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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