Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
Por el contrario, aclaró que si el docente se incorpora al magisterio con
posterioridad a dicha fecha, el régimen atribuible es el de la Ley 100 de 1993,
con excepción de la edad para consolidar el derecho que será de 57 años tanto
para hombres como para mujeres.
Añadió que la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988,
por mandato del Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 1.°, es
procedente reconocer en favor de los docentes oficiales siempre que se
acredite que existió alguna vinculación como docente con anterioridad al 27
de junio de 2003. Caso contrario, el régimen pensional sobre el cual debe
versar el reconocimiento, si lo hubiere, deberá verificarse bajo el marco
normativo de la Ley 100 de 1993.
Al verificar la situación concreta de la demandante, aseguró que aquella no se
encuentra cubierta por la transitoriedad del régimen pensional del sector
docente debido a su fecha de ingreso al magisterio.
Al respecto recalcó que de la afirmación plasmada en el libelo, puntualmente
en el hecho 3, se advierte que esta fue nombrada como educadora estatal el
12 de julio de 2005, lo cual se constata de las pruebas aportadas y practicadas.
Es decir, se logró corroborar que la señora Marín Cardona tuvo una vinculación
formal como maestra con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003,
razón por la cual, su régimen pensional aplicable es el del sistema general
consagrado en Ley 100 de 1993.
Según lo expuesto, aseveró que no le asiste el pretendido derecho a la
demandante, toda vez que no reúne las condiciones que amparan la
posibilidad transitoria de acceder a la pensión de jubilación por aportes de que
trata la Ley 71 de 1988 en la forma como fue solicitada.
Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia
profirió sentencia en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 136 a 157, C1)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
acceda a sus pretensiones. Para ello argumentó que en atención a lo previsto
en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el cual aún se encuentra vigente según
lo consagrado en el artículo 160 de la Ley 1151 de 2007, los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados con anterioridad al 26 de
junio de 2003 (cuando entró en vigencia la primera ley en comento), están
cobijados por el régimen pensional previsto en las normas que hacían parte
del ordenamiento jurídico para ese momento, mientras que para aquellos
educadores que fueran nombrados con posterioridad la referida data, se les
aplicaría el régimen prestacional de prima media fijado en la Ley 100 de 1993,
con excepción del requisito de edad de pensión de vejez.
Adicionalmente planteó que la prohibición de doble asignación del tesoro
público consagrada en la Constitución Política, fue regulada por el artículo 19
de la Ley 4 de 1992. No obstante, en el sector de los docentes al que pertenece
actualmente la libelista, el literal g) de dicho artículo conservó las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
compatibilidades que existían para sus remuneraciones, como lo sería en este
caso entre pensión y salario, tal como lo prevén los artículos 5 del Decreto 224
de 1972 y 277 de la Ley 100 de 1993.
Por esta razón indicó que para disfrutar de la mentada prestación económica,
no se requiere del retiro del servicio, pues existe la posibilidad de percibir de
las prestaciones reconocidas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio con el salario mensual como educadora oficial.
Seguidamente señaló que de conformidad con los certificados de cotizaciones
adjuntos con la demanda, se puede verificar que la demandante efectuó
aportes al entonces ISS en razón de sendas vinculaciones mediante órdenes
de prestación de servicios celebradas con el departamento del Quindío bajo la
siguiente relación:
Afirmó que lo anterior se puede constatar en los extractos de Colpensiones
donde se evidencian sus empleadores, así como el número de semanas
aportadas con anterioridad al 26 de junio de 2003. Sostuvo que dichas
vinculaciones con el ente territorial permiten colegir una relación estatal en el
servicio docente, situación que ha sido decantada ampliamente por el Consejo
de Estado al considerar que el tiempo de servicio prestado bajo esta modalidad
desdibuja el nexo contractual y conlleva a que en razón de tales
circunstancias, para los maestros no prescriba la validez de este tipo
cotizaciones para efectos de su reconocimiento pensional, tal como lo
manifestó el referido juez colegiado en sentencia del 19 de enero de 2017.
Resaltó que los aportes acumulados obedecen a diversas vinculaciones tanto
en el sector privado como público de la siguiente manera:
«[…] a. Como empleada pública desempeñándose como Secretaria de la oficina de
información del Departamento del Quindío, durante el periodo comprendido entre el
27 de abril de 1976 al 30 21/04/1977, realizando los aportes para pensión, a la Caja
Nacional de Previsión Social.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
b. En el sector privado por los servicios prestados en diferentes instituciones como:
Círculo de periodistas del Quindío, Independiente; en el sector público en la docencia
por orden de prestación de servicios al servicio del Departamento del Quindío y
Municipio de Armenia, realizando cotizaciones para cubrir el riesgo de vejez, al
Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones- desde el período comprendido del 1 de julio de 1978 hasta el 31 de
diciembre de 2005, tiempo equivalente a un total de 514.71 semanas, de las cuales
para este proceso solo se van a tener en cuenta 510.42 semanas, en virtud a que
desde el 12 de julio de 2005 hasta la fecha se encuentra cotizando al Fondo Nacional
de prestaciones Sociales del Magisterio, lo anterior de conformidad con los arts. 18
de la L.100/93, 20 del D. 692/94 y posteriormente con el art. 30 del D. 1406/99, en los
cuales se establece que no es posible sumar semanas de cotización que se hubiesen
hecho de manera simultánea en la doble calidad de afiliado dependiente e
independiente, toda vez que dichas disposiciones consagran, la sumatoria de salarios
para efectos de incrementar el monto de la pensión, no para acumular semanas.
c. Nuevamente como empleada del sector público, pero en calidad de Técnico código
401 grado 13 para la institución educativa Luis Eduardo Clavo Cano de Circasia,
nombrada por medio del Decreto No. 000216, expedida por el Gobernador para la
época, LUIS FERNANDO VELASQUEZ BOTERO, con acta de posesión No. 095 del
10 de abril de 2003.
d. Una vez surtidos todos los trámites para el nombramiento en propiedad, fue
vinculada bajo esta modalidad a la docencia oficial por medio de la Resolución No.
001381 de fecha 11 de julio de 2005 con acta de posesión No. 903 del 12 de julio de
2005 desde el periodo comprendido 12 de julio de 2005 y hasta la fecha,
desempeñándose como docente oficial en esta entidad. […]».
Sobre el punto precisó que, a pesar de tener claro que con la expedición de la
Ley 91 de 1989 quedarían automáticamente afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio los docentes nacionales y nacionalizados
que se encontraban vinculados a la fecha de su promulgación, así como
aquellos que fueran nombrados en adelante, lo cierto es que debe advertirse
que el tiempo laborado por la señora Marín Cardona como docente, en virtud
del cual efectuó aportes al entonces ISS, no supone que su calidad como
educadora hubiese ocurrido solo a partir del 12 de julio de 2005, sino mucho
antes, por lo que debe aplicarse la Ley 71 de 1988 y en consecuencia
reconocer la pensión deprecada.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante (índice 12 del registro en SAMAI): instó nuevamente que
se revoque la decisión apelada y en su lugar se acceda a sus pretensiones.
Para ello trajo a colación la mayoría de los argumentos esbozados en su
recurso de alzada, sin embargo, solicitó que en caso de que existiera duda
sobre las vinculaciones anteriores de la libelista como docente, se acudiera a
las facultades oficiosas del juez para decretar los medios de convicción
pertinentes.
La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal según la constancia secretarial visible a folio 319 del cuaderno
2.
CONSIDERACIONES
Competencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:
¿A la señora Alba Mery Marín Cardona en su calidad de docente oficial con
acumulación de aportes del sector público y privado, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, ello conforme a la Ley 71 de 1988
en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados
en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico respectivo como en
efecto lo previó la Ley 33 de 1985 aplicable por remisión expresa al caso
concreto?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: debido a la condición especial
de docente oficial que detenta la demandante, resulta aplicable a su caso de
reconocimiento pensional la sentencia de unificación dictada por la Sección
Segunda de esta Corporación el 25 de abril de 2019, por lo que le asiste el
derecho a que el FNPSM le otorgue y pague una pensión de jubilación de
conformidad con los preceptos de las Leyes 71 de 1988 y 33 de 1985, con
inclusión de los factores sobre los cuales se hubiesen efectuado aportes, tal
como lo prevé la segunda norma en comento que enlista de manera taxativa
los emolumentos que deben conformar el IBL de la pensión, ello como se
explica a continuación:
La calidad de docente oficial de la demandante
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado y el sustento argumentativo del recurso de apelación de la parte activa,
se infiere que esta instó el reconocimiento de la pensión de jubilación con
fundamento en la Ley 71 de 1988.
Dicha posición jurídica la asumió en el entendido de que a lo largo de su
historia laboral, aquella realizó cotizaciones al entonces ISS (hoy
Colpensiones), provenientes de relaciones laborales en el sector privado, al
igual que de algunas vinculaciones legales y reglamentarias con el Estado,
así como de órdenes de prestación de servicio celebrados con el
departamento del Quindío, a través de los cuales prestaba su servicio como
maestra para la respectiva Secretaría de Educación.
Igualmente indicó que efectuó aportes al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio en razón de su vinculación legal y reglamentaria como
docente oficial del referido ente territorial.
Pues bien, sobre el particular la parte demandada esgrime que el
nombramiento formal de la libelista como docente del magisterio oficial, solo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
ocurrió hasta el 12 de julio de 2005 en virtud de del Decreto 1381 del 11 de
julio del mismo año.
Empero, la señora Alba Mery Marín Cardona aduce que a pesar de este
hecho, lo cierto es que el desempeño de sus funciones como educadora en
las instituciones educativas públicas de la Secretaría de Educación del
Departamento del Quindío, tuvo lugar desde el 2 de febrero de 1988 en razón
de múltiples contratos de prestación de servicios.
Ahora, con base en estas dos posturas factuales del litigio, resulta evidente
que la entredicha condición de docente estatal, debe ser validada en esta
oportunidad, pues en atención a la data a partir de la cual se asuma dicha
calidad se podrá realizar el análisis pensional adecuado con motivo de la
excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos.
Al respecto, se resalta que a la presente actuación fue allegado el material
probatorio solicitado luego del decreto oficioso en esta instancia, consistente
en algunos documentos relacionadas en el auto del 14 de octubre de 2021
proferido por esta Sala de decisión (visible en el índice 14 del registro en
SAMAI). De tales medios de convicción se corrió traslado conforme a lo
ordenado en el proveído en cita, esto sin que las partes se hubiesen
pronunciado al respecto, tal como se advierte en la constancia secretarial
visible en el índice 24 del registro en SAMAI. Dichos elementos de prueba que
permiten definir el punto de análisis en comento son los siguientes:
i) Certificado emitido el 10 de noviembre de 2021 por la Secretaría de
Educación Departamental del Quindío en la que se indica que la
demandante se desempeñó como docente de la entidad bajo los
siguientes contratos de prestación de servicios:
«[…] - Contrato de Prestación de Servicios N° 004 de 1998, desde el 2
de febrero hasta el 31 de diciembre de 1998, mediante el cual se
compromete para con la Secretaría de Educación Departamental en la
sección de Educación Ambiental a cumplir con las funciones que le sean
asignadas en la Secretaría de Educación Departamental o en el sitio
que le sea asignado.
• Contrato de Prestación de Servicios N° 014 de 1999, desde el 18 de
mayo hasta el 31 de diciembre de 1999, mediante el cual se compromete
a programar, organizar, dirigir ejecutar y evaluar las actividades de
enseñanza y aprendizaje de la especialidad de Agroindustria con los
alumnos de los grados 10° y 11°, al igual que realizar las actividades
de prácticas de la especialidad de Agroindustria con los alumnos de los
grados 10° y 11°(entre otras).
• Contrato de Prestación de Servicios N° 006 de 2000, desde el 14 de
febrero hasta el 30 de diciembre de 2000, mediante el cual se
compromete a programar, organizar, dirigir ejecutar y evaluar las
actividades de enseñanza y aprendizaje de la especialidad de
Agroindustria con los alumnos de los grados 10° y 11°, al igual que
realizar las actividades de prácticas de la especialidad de Agroindustria
con los alumnos de los grados 10° y 11°(entre otras).
• Contrato de Prestación de Servicios N° 007 de 2001, desde el 13 de
marzo hasta el 31 de diciembre de 2001, mediante el cual se obliga
con la Secretaría de Educación Departamental a prestar sus servicios
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
en el Instituto de Media Técnica Luis Eduardo Calvo Cano del municipio
de Circasia con las siguientes funciones: programar, organizar, dirigir
ejecutar y evaluar las actividades de enseñanza y aprendizaje de la
especialidad de Agroindustria con los alumnos de los grados 10° y 11°,
al igual que realizar las actividades de prácticas de la especialidad de
Agroindustria con los alumnos de los grados 10° y 11°(entre otras).
• Contrato de Prestación de Servicios en Educación N° 003 de 2002,
desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2002, mediante el
cual se obliga con la Secretaría de Educación Departamental a prestar
sus servicios en el Instituto de Media Técnica Luis Eduardo Calvo Cano
del municipio de Circasia con las siguientes funciones: programar,
organizar, dirigir ejecutar y evaluar las actividades de enseñanza y
aprendizaje de la especialidad de Agroindustria con los alumnos de los
grados 10° y 11°, al igual que realizar las actividades de prácticas de
la especialidad de Agroindustria con los alumnos de los grados 10° y
11°(entre otras). […]». (Ver índice 19 del registro en SAMAI).
ii) Contratos de prestación de servicios n.° 004 de 1998, 014 de 1999,
006 de 2000, 007 de 2001, 003 de 2002; todos suscritos entre la
libelista y la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío,
por medio de los cuales la contratista debía desempeñarse como
docente durante los períodos referidos en la certificación anterior, esto
con claras funciones de carácter educativo como las siguientes: «1)
Programar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de enseñanza
aprendizaje de la especialidad de Agroindustria con los alumnos de los grados
10° y 11° […] 5) Analizar y evaluar los resultados académicos e introducir los
correctivos orientados a facilitar el aprendizaje de los estudiantes. […] 7)
Asumir las direcciones del grupo de sección cuando le sean asignados. 8)
Realizar actividades de nivelación, refuerzo y recuperación académica de los
estudiantes. […]». (Ver índice 19 del registro en SAMAI).
iii) Constancia signada el 28 de abril de 2009 por el rector y la secretaria
de la Institución Educativa Luis Eduardo Calvo Cano de Circasia
(Quindío), en la que se manifiesta que la señora Marín Cardona se
desempeñó en ese centro educativo como docente desde el 19 de
mayo de 1999 hasta el 11 de julio de 2005 y como coordinadora desde
el 12 de julio de 2005 hasta el 28 de abril de 2009. (Ver índice 20 del
registro en SAMAI).
iv) Certificación del 29 de noviembre de 2021 suscrita por el rector de la
Institución Educativa Libre de Circasia (Quindío), por medio de la cual
se señala lo siguiente: «[…] Mediante el presente escrito, hago constar que
conozco personalmente a la señora ALBA MERY MARÍN CARDONA, con
quien compartí labores como docentes que fuimos de la Institución Educativa
Luis Eduardo Calvo Cano de Circasia, la profesora desarrollaba funciones de
docencia al igual que yo desde el año 2000 y en el momento de mi retiro de
dicha institución en el año 2005, aún continuaba como docente de
agroindustria […]». (Ver índice 20 del registro en SAMAI).
v) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral de la
demandante, proferido por el FNPSM, en el que consta que la señora
Marín Cardona fue nombrada como docente nacional en propiedad de
la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío de
conformidad con el Decreto 1381 del 11 de julio de 2005, posesionada
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
para tal efecto desde el 12 de julio de la misma anualidad. (Folios 33 a
34, C1).
A partir de lo expuesto, se observa en el sub examine que la libelista se
desempeñó como docente en instituciones educativas del departamento del
Quindío en los siguientes períodos: i) del 2 de febrero hasta el 31 de
diciembre de 1998, ii) del 18 de mayo hasta el 31 de diciembre de 1999,
iii) del 14 de febrero hasta el 30 de diciembre de 2000, iv) del 13 de
marzo hasta el 31 de diciembre de 2001 y v) del 1.° de febrero hasta el
31 de diciembre de 2002. Lo anterior a través de sendos contratos de
prestación de servicios con objetos claramente de cumplimiento de funciones
de enseñanza.
Por otro lado, se destaca que la demandante igualmente ha ejercido labores
como servidora pública en calidad de docente oficial al servicio del
departamento del Quindío, luego de ser nombrada en propiedad y haber
tomado posesión del cargo desde el 12 de julio de 2005, el cual ha ocupado
al menos, y conforme al hecho tercero del escrito introductor, hasta la fecha
de presentación de la demanda (11 de octubre de 2018)4. Durante este último
período no existe duda de la existencia de una vinculación legal y
reglamentaria con el Estado como educadora de este.
Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios
de la demandante con la mentada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho
de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus actividades fue otra
diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que
los efectos jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan configurado
en su momento.
Lo expuesto implica que sin perjuicio del vínculo contractual existente en los
lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita pronunciamiento sobre
una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella
época, sí debe entenderse que la señora Marín Cardona ejerció funciones
propias e inherentes a la condición de docente estatal desde el 2 de febrero
de 1998, es decir, a partir de la primera ejecución del contrato de prestación
de servicios como docente, suscrito con la mentada autoridad departamental
para ser desarrollado en algunas de sus instituciones educativas.
Adicionalmente, esta conclusión halla respaldo en la sentencia de unificación
CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado 5,
en la cual se precisó que «[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de
prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos
es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación,
en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten
permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes
autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii)
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo
por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades
4 Ver sello de presentación personal ante la Oficina Judicial obrante a folio 23, C1.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25
de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado. […]».
A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en
los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente,
fundada en vínculos contractuales con entidades de derecho público o a su
servicio, es posible tener por configurados los tres elementos constitutivos de
una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la
actividad desarrollada por un educador, hace que esta sea necesariamente
personal, remunerada y sometida a reglamentaciones, instrucciones y
lineamientos de obligatorio cumplimiento.
Esto en la medida en que la educación es un servicio público esencial
regulado por directrices imperativas inherentes a la ejecución de una política
pública. Lo anterior se asegura sin perjuicio de la carga probatoria que le
corresponde al docente para «[…] demostrar la permanencia, es decir, que la labor
sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de
comparación con los demás empleados de planta […]»6.
A manera de colofón de estas precisiones, la Subsección encuentra ajustada
a la realidad jurídica y jurisprudencial del caso, el tener como demostrada a
favor de la libelista la prestación de servicios propios de una docente oficial
por el tiempo que se ejecutaron los contratos respectivos celebrados entre
aquella y el departamento del Quindío. Ello en atención a que los mentados
vínculos contractuales, en esencia lo que consolidaron fue una relación laboral
subrepticia que implica tener en cuenta su vigencia para efectos de acumular
ese lapso al período de labores de la demandante como educadora estatal y
por ende que se deriven las consecuencias, que en lo que respecta al marco
normativo aplicable le correspondían en virtud de dicha calidad, tal como fue
deprecado en la demanda.
No obstante, debe resaltarse que tanto las pretensiones formuladas, así como
el litigio fijado, limitaron los efectos de la referida situación, solo a los impactos
que en lo atinente al derecho a la pensión conlleva esta evidencia de una
relación laboral oculta, y no al reconocimiento de otro tipo de prestaciones o
derechos derivados de un vínculo laboral asimilable al legal y reglamentario
que detentan los docentes oficiales, pues ello no había sido materia de
discusión.
En suma, para el caso sub iudice, las referidas consideraciones únicamente
implican tener el período durante el cual subsistió la enervada relación
contractual, como tiempo de servicio efectivamente laborado y acumulable en
materia de acreditación de requisitos para acceder al reconocimiento de una
pensión de jubilación por parte de la señora Marín Cardona, sobre el cual
efectivamente debieron efectuarse las respectivas cotizaciones.
Lo expuesto también ha sido materia de pronunciamiento por parte de esta
Subsección con base en las consideraciones esbozadas, específicamente
6 Ídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
para casos de reconocimiento7 y de reliquidación pensional8, que fueron
analizados bajo los mismos supuestos del sub examine, relacionados con una
docente que se desempeñó como tal a través de contratos de prestación de
servicios.
Conforme a este entendido, se estima que, para la solución jurídica del
presente caso, deben aplicarse los postulados a título de reglas previstos en
la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 20199,
emanada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual pese a
relacionarse concretamente con el ingreso base de liquidación en el régimen
pensional de los docentes oficiales vinculados al FNPSM, resulta útil en
cuanto a las previsiones normativas sobre requisitos y condiciones jurídicas
para acceder y consolidar el derecho prestacional propiamente dicho.
Sobre la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019
Al respecto se recuerda que la providencia en comento fue dictada por la
Sección Segunda de esta Corporación, con el fin de sentar jurisprudencia
respecto del ingreso base de liquidación para determinar la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al FNPSM,
específicamente en cuanto a la aplicación de la subregla fijada en la sentencia
igualmente de unificación del 28 de agosto de 2018 acerca de los factores
salariales a incluir y en lo atinente a los regímenes existentes para tales
educadores en virtud de las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003.
Empero, al verificar las reglas jurisprudenciales planteadas en aquella
providencia, es dable considerar que esta también desarrolló postulados
claros y de obligatoria observancia sobre los regímenes pensionales
aplicables a los docentes en atención a la fecha de vinculación al magisterio
oficial, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.
Pues bien, la determinación de tal punto es esencial en el sub iudice, habida
cuenta de que al hallar el marco normativo que rige la situación particular de
la demandante, es posible verificar el cumplimiento de requisitos y
condiciones para estimar la procedencia o no del derecho pensional
reclamado y sus elementos constitutivos.
Acerca de los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según su ordinal segundo
de la parte resolutiva, ello a fin de que se extendieran a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de consolidación
del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente es pertinente y
necesario su estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite.
Ahora, en concreto, se resalta que a lo largo del proveído aludido, el Consejo
de Estado precisó que de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.° del Acto
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencias del 11 de febrero de 2021 dictadas en los procesos con radicados: 81001-23-33-000-2013-
00079-01 (4021-2014) y 81001-23-33-000-2013-00005-01 (4114-2014); así como en providencia del 18
de febrero de 2021 proferida en el proceso con radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014).
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
del 18 de noviembre de 2020. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00082-01 (4676-2017).
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación
SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-2017).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que regulan el
derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales tanto
nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está condicionada a
la fecha de ingreso al servicio educativo estatal, así:
i) Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
quienes, en virtud de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto
en la Ley 33 de 1985 y los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso
base de liquidación, son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1.° de la Ley 62 de 1985.
Al respecto, la mencionada providencia fijó la siguiente regla:
«[…] En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo. […]» (Negrilla del texto original).
Así, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1.º de enero de 1981 tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1.º de enero de 1990 pero en todo caso antes del 27
de junio de 2003 cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:
Edad: 55 años para hombres y mujeres
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%.
Ingreso Base de Liquidación: Que comprende i) el período del último año
anterior a la adquisición del estatus y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, aplica el régimen pensional de prima media regulado en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, esto con los requisitos previstos en dicha
reglamentación, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres
y mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto 1158
de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Sobre este grupo de docentes la sentencia de unificación fijó la siguiente regla:
«[…] Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones. […]» (Negrilla conforme a la
transcripción).
En ese orden, los parámetros que se deben atender para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados
con posterioridad a la Ley 812 de 2003, son los siguientes:
Edad: 57 años para hombres y mujeres
Semanas de cotización: Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por
artículo 9 de la Ley 797 de 2003
Tasa de remplazo: 65%-85%10
Ingreso Base de Liquidación: Comprende i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores
al reconocimiento de la pensión y ii) los factores salariales contemplados en
el Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, gastos de
representación, prima técnica, cuando sea factor de salario, primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario,
remuneración por trabajo dominical o festivo, bonificación por servicios
prestados, remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.
En suma, se colige que la aplicación de uno u otro régimen está condicionada
a la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada
docente. Para el asunto de marras, tal como se expuso en el primer acápite
referente a la condición de educadora estatal de la demandante, esta debe
ser considerada como tal desde el 2 de febrero de 1998 cuando ejerció
funciones inherentes a la mentada profesión en establecimientos de la
Secretaría de Educación del Departamento del Quindío, aun en el entendido
de que lo hizo a través de sendos contratos de prestación de servicios
suscritos con la entidad territorial.
Se destaca que dicha modalidad contractual estuvo autorizada por la Ley 115
de 1994 en el artículo 105 parágrafo 3, como un mecanismo de vinculación
del servicio docente hasta su declaratoria de inexequibilidad mediante
sentencia C-555 de 1994, en la cual se destacó que el cumplimiento de tal
oficio entraña una verdadera relación laboral, por lo cual, en efecto ha de
considerarse que la vinculación como educadora estatal de la demandante
fue desde la ejecución de sendos contratos de prestación de servicios, esto
es, anterior a la Ley 812 de 2003.
De este modo, conforme a las reglas jurisprudenciales precisadas hasta este
punto, el marco normativo aplicable a la situación jurídica de la señora Alba
Mery Marín Cardona para determinar el derecho prestacional debatido, sería
en un primer acercamiento, el consagrado en la Ley 33 de 1985. Empero,
debe tenerse en cuenta el hecho de que la libelista alega la realización de
aportes derivados del servicio prestado tanto en el sector privado como en el
10 Los porcentajes varían de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
público a fin de acreditar el tiempo de servicio requerido, lo cual distorsiona el
ajuste de la mentada norma al caso sub lite.
Acerca de este postulado y como se vislumbra de lo expuesto con antelación,
la sentencia unificadora aludida solo desarrolló la determinación de los
regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio
hubiese sido prestado únicamente en el sector público. No obstante, dicha
providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo como
sucede en el sub iudice, la docente también tiene acumulados tiempos
cotizados en el sector privado y aportados a otra administradora como lo era
el entonces ISS (hoy Colpensiones).
Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente
correspondía a la Ley 71 de 1988 que regulaba lo propio en lo que respecta a
la denominada «pensión por aportes» y no la Ley 33 de 1985.
Empero, sin perjuicio de lo anterior, la Subsección advierte que la falta de
pronunciamiento expreso en la sentencia de unificación bajo estudio, no
implica que aquella no pueda aplicarse o que deba resolverse el caso sin su
observancia. Esta situación lo que conlleva es el planteamiento de un ejercicio
hermenéutico sistemático y teleológico que concite tanto el marco normativo
que rige lo propio como los lineamientos jurisprudenciales existentes sobre la
materia, a fin de articular de manera coherente, posturas jurídicas que
permitan resolver el problema jurídico planteado.
Este presupuesto interpretativo ya ha sido aplicado para resolver procesos de
reconocimiento y reliquidación pensional con base en la Ley 71 de 1988, pero
con sujeción de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 que
desarrollaba fundamentos sobre la base de la Ley 33 de 1985.
Al respecto se destacan las sentencias de esta Subsección11 que en los
asuntos en comento han precisado lo siguiente:
«[…] Por otro lado, es pertinente aclarar que si bien en la precitada sentencia
de unificación la Sala Plena hizo alusión a los parámetros de aplicación del
régimen pensional previsto por la Ley 33 de 1985, no es menos cierto que dicho
régimen no era el único reglamentado para los servidores públicos o
trabajadores oficiales que fueran beneficiarios de la transición, pues antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, también se encontraban
contempladas, verbi gracia, los postulados consagrados en la Ley 71 de 1988,
los cuales fueron previstos por el legislador para quienes acumularon tiempo
de servicio al sector oficial y al sector privado, y en ese sentido, precisó que
tenían derecho a la pensión quienes acreditaran 20 años de aportes en
cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades de previsión social,
siempre que cumplieran 60 años en el caso de los hombres y 55 años si son
mujeres.
Aunado a ello, se tiene que el Decreto 2709 de 1994, reglamentario del artículo
7 de la Ley 71 de 1988, indicó en su artículo 6.º que: «[…] El salario base para
la liquidación de las pensiones por aportes, será el salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios. […]».
11Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencias del 27 de agosto de 2020 (Rad.: 25000-23-42-000-2015-01757-01 (2315-2018)) y del 30 de
enero de 2020 (Rad.: 08001233300020140119901 (2751-2017)).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
En consecuencia, la Subsección considera que las reglas de unificación
también deben aplicarse a los beneficiarios de la pensión por aportes que a su
vez están inmersos en el régimen transición […]»
Bajo este contexto, encuentra la Sala que para los casos de docentes con
acumulación de aportes del sector público y del privado como es el de la
demandante, la regla jurisprudencial de la sentencia de unificación relativa al
régimen pensional aplicable a tales servidores, vinculados antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, sería la Ley 33 de 1985 en armonía con la
Ley 71 de 1988, esta última para permitir el cómputo de los tiempos cotizados
en el sector privado y público a fin de acceder al reconocimiento de la pensión
de jubilación. La aludida Ley 71 de 1988 previó para el referido efecto en su
artículo 11 una integración normativa en materia pensional para los empleados
del sector público y privado que se hicieran titulares de dicha prestación, a
saber:
«Artículo 11 .- Esta ley y las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44
de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y
se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades
de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas
aplicables a las entidades de Previsión Social del Sector privado, lo mismo que
a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de
jubilación, vejez e invalidez.»
Por lo expuesto, la aplicación de la Ley 71 de 1988 en los asuntos de docentes
oficiales con acumulación de aportes en el sector privado, que solicitan el
reconocimiento o reliquidación de su pensión de jubilación, no modifica la
posición adoptada por esta Corporación mediante la sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019. Para el caso de marras resulta necesario entonces
remitirse a la mentada norma que complementa el régimen de pensiones, en
el sentido de que esta permite el cómputo de las cotizaciones efectuadas por
el trabajador cuando aquel hubiese laborado en entidades de orden público y
privado con el propósito de acceder a dicho beneficio pensional. Lo anterior,
en observancia de los requisitos de edad, tiempo y monto pensional previstos
en la Ley 33 de 1985, como en efecto se consideró en la mentada providencia.
De ello, que el Sistema Integral de Seguridad Social no puede concebirse
como un conjunto de postulados normativos aislados entre sí, pues aquel
corresponde a una articulación de preceptos que atienden la constante
transformación de las realidades sociales en las cuales interactúan sus
afiliados. Como en efecto lo consideró la doctrina nacional especializada en la
materia, el doctor Gerardo Arenas Monsalve en cuanto a la aplicación de la
Ley 71 de 1988 para aquellos casos en que los trabajadores que se hicieron
beneficiarios del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, pues si bien esta norma «[…] no constituye propiamente un régimen
anterior; pero su aplicación por transición es válida e interesa, como se ha señalado
con acierto, “a aquellas personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100, después
de ésta, no reunían los requisitos para pensionarse con base en la Ley 33/85 o con
el Decreto 758/90, esto es, que no tenían 20 años de servicio público, en el primer
caso, ni quinientas semanas cotizadas al ISS en los últimos veinte años al
cumplimiento de la edad o 1000 semanas en cualquier tiempo, en el segundo caso,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
pero que sumando los tiempos cotizados en ambos sectores, éstos arrojan no menos
de veinte años de aportes […]»12.
Aun con esta línea de intelección esbozada, es imperioso aclarar que tal como
se contempló en la providencia objeto de referencia, los docentes a quienes
les aplica este régimen anterior al 27 de junio de 200313, se encuentran
exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por mandato del artículo
279 de la Ley 100 de 1993. Por esa misma razón, aquellos no son beneficiarios
del régimen de transición estipulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
tampoco están sometidos a las condiciones que en materia de ingreso base
de liquidación pensional desarrolló el artículo 21 ibídem.
En este sentido, al no resultar regentes para el caso de los aludidos
educadores oficiales las previsiones que sobre el ingreso base de liquidación
formuló la Ley 100 de 1993, evidentemente el período para la determinación
de tal concepto no podría ser el correspondiente al del artículo 21 de la norma
ejusdem, sino el previsto en la Ley 33 de 1985, tal como lo señaló la mentada
sentencia de unificación, lo cual, además es concordante con las
estipulaciones que sobre la materia previó la Ley 71 de 1988 (en este caso
particular de pensión por acumulación de aportes privados y públicos)14, esto
es, el señalado en el artículo 6.° del Decreto 2709 de 199415 que indicó lo
siguiente:
«Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho
instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.» (Líneas fuera de texto).
Ahora bien, tal como se resaltó en la norma trasuntada, el período que debe
tenerse en cuenta para calcular el IBL de la pensión por aportes es el del
último año de servicios. Sin embargo, dicho presupuesto contempla la
excepcionalidad legal que le sea propia, y por tal motivo, al verificar que el
presente caso se trata de una pensión por aportes de una docente oficial,
claramente se presenta una divergencia que atañe a que el período aludido
es el del año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus jurídico
pensional y no el de la última anualidad de labores.
A este punto se arriba en la medida en que precisamente, la condición
especial de los educadores estatales, implica que estos pueden percibir dos
asignaciones del tesoro público como serían específicamente el salario y la
pensión ordinaria de jubilación, tal como lo contempla el artículo 19, literal g)
de la Ley 4.ª de 1992, así como el artículo 5.° del Decreto 224 de 1992 y el
artículo 70 del Decreto 2277 de 1979.
12 Gerardo Arenas Monsalve. El régimen de transición pensional. En: derecho colombiano de la
seguridad social, p. 293.
13 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
14 Esta conclusión ya fue advertida en sentencia de esta Subsección proferida el 18 de febrero de 2021
en un proceso de reliquidación pensional bajo el radicado: 25000-23-42-000-2013-06853-01 (4391-
2014).
15 Reglamentario del artículo 7.° de la Ley 71 de 1988.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
Aquel planteamiento supone que no era necesaria la demostración ante el
FNPSM del retiro definitivo del servicio para hacer efectiva su prestación, pues
a pesar de tratarse de una pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988,
la calidad de docente oficial es preponderante y genera la aplicación de
previsiones excepcionales como esta.
Por último, en cuanto a los factores salariales a incluir en el cálculo del ingreso
base de liquidación de la pensión por aportes a que tienen derecho los
maestros oficiales con acumulación de cotizaciones del sector público y
privado, debe señalarse que éstos efectivamente corresponden únicamente a
aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los descuentos respectivos y
que se encuentren enlistados específicamente en el artículo 1.º de la Ley 62
de 1985.
Por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a estos, puesto que tal
presupuesto fue objeto de definición de regla jurisprudencial de manera
general en la sentencia de unificación objeto de estudio para esta clase de
servidores, sin que por el hecho de consolidarse este caso en una pensión por
aportes o por la condición de educadores ello pueda variar para contabilizar
todos los emolumentos de tipo remunerativo que se hubiesen percibido.
El caso concreto
Con base en lo expuesto hasta este punto, se procede a aplicar las reglas de
unificación al presente caso bajo las aclaraciones advertidas previamente, así:
RÉGIMEN PENSIONAL APLICABLE SEGÚN FECHA DE VINCULACIÓN COMO DOCENTE
«I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley Fecha de vinculación al A la demandante le es
33 de 198516 para los docentes nacionales, nacionalizados servicio público educativo aplicable el régimen de la
y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial oficial: la fecha inicial de pensión por aportes
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de vinculación de la libelista fue el previsto en la Ley 71 de
200317. 2 de febrero de 1998 cuando 1988, por cuanto al
II) Régimen pensional de prima media para aquellos inició la ejecución del primer margen de haberse
docentes que se vincularon a partir de la entrada en contrato de prestación de vinculado a través de
vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también servicios docentes con el contratos de prestación de
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del departamento del Quindío, a servicios con el
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media través del cual se desempeñó departamento del Quindío,
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con como educadora oficial en esta fungió como docente
los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de establecimientos educativos después del 1.° de enero
la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.» públicos adscritos a la de 1990 y antes del 27 de
(Negrilla del texto original). Secretaría de Educación del junio de 2003.
mentado ente administrativo.18
REQUISITOS PENSIÓN DE JUBILACIÓN LEY 71 DE 1988
«ARTÍCULO 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, Tiempo de servicios: Cotizó La demandante acreditó
los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte al ISS (hoy Colpensiones) con los requisitos para
(20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y aportes del sector privado y obtener la pensión de
acumulados en una o varias de las entidades de previsión público un total de 490 jubilación prevista en la
social que hagan sus veces, del orden nacional, semanas19, lo cual equivale Ley 71 de 1988, esto es,
16 Que para el caso de los docentes con aportes privados y públicos corresponde al de la pensión
regulada en la Ley 71 de 1988, tal como se expuso anteriormente.
17 27 de junio de 2003.
18 Según los contratos de prestación de servicios y certificación sobre el punto obrantes en el índice 19
del registro en SAMAI.
19 Si bien se reportan 514 semanas, debe tenerse en cuenta que ello se debe a que la fecha final de
cotización indicada ante el ISS fue el 31 de diciembre de 2005, a pesar de que desde el 12 de julio del
mismo año se realizaron aportes directos al FNPSM, por lo que del acumulado referido deben
descontarse 24 semanas del tiempo excedente que arrojan un resultado final de 490 semanas, repartidas
en una empresa particular denominada Círculo de Periodistas del Quindío, además como independiente,
como empleada pública en calidad de profesional universitaria del departamento del Quindío (ver índice
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital aproximadamente a 9 años y 4 más de 20 años de
y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a meses, comprendidos de aportes a pensión tanto
una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta manera discontinua entre el del sector privado como
(60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) 1.° de agosto de 1978 hasta el público y 55 años de
años o más si es mujer.» 11 de julio de 2005. edad.
Del mismo modo, desde el 12
de julio de 200520, la libelista
ha efectuado aportes como
afiliada al FNPSM, al menos
hasta el 11 de octubre de 2018
(fecha de presentación de la
demanda)21, para un
acumulado de 13 años, 2
meses y 29 días por su
servicio en el sector público
como docente oficial
nombrada y posesionada en el
departamento del Quindío.
El total del período acumulado
por labores y cotizaciones en
ambos sectores es de 22
años, 6 meses y 29 días, es
decir, más de 20 años de
aportes.
Edad: Cumplió 55 años el 9 de
diciembre de 2011, pues nació
el 9 de diciembre de 195622.
PERÍODO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
«Decreto 2709 de 1994 (regulatorio del artículo 7.° de la Ley Consolidación del estatus La pensión de jubilación se
71 de 1988). Artículo 6º. Salario base para la liquidación de pensional: a pesar de que el 9 debe liquidar con el salario
la pensión de jubilación por aportes. El salario base para la de diciembre de 2011 la promedio que sirvió de
liquidación de esta pensión, será el salario promedio que demandante cumplió 55 años base para los aportes
sirvió de base para los aportes durante el último año de de edad, solo fue hasta el 12 durante el año anterior a la
servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley23. de marzo de 2016 cuando fecha de adquisición del
logró acumular 20 años de estatus jurídico pensional,
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el cotización tanto al sector esto es, del 12 de marzo
promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los privado como público, pues al de 2015 al 12 de marzo de
aportes durante el último año y dicho instituto deberá 11 de julio de 2005 acreditaba 2016.
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el 9 años y 4 meses, de suerte
período correspondiente.» (Subrayado fuera de texto). que le hacían falta 10 años y 8
meses que contados a partir
del 12 de julio de 2005 cuando
se vinculó al servicio como
docente en propiedad,
efectivamente arrojaría una
fecha definitiva
19 del registro en SAMAI), e igualmente como docente contratista de la Secretaría de Educación
Departamental. Estas últimas vinculaciones con la referida autoridad corresponden a los lapsos durante
los cuales se determinó que en efecto existió la prestación de servicios por parte de la demandante como
docente oficial, computables para efectos del reconocimiento de la pensión bajo dicha calidad. Lo anterior
conforme al reporte de semanas cotizadas a Colpensiones visible de folios 37 a 38, C1.
20 Fecha a partir de la cual la demandante fue nombrada en propiedad en el cargo de docente del
Municipio de Armenia y vinculada al FNPSM según el formato único para la expedición del certificado de
historia laboral de aquella visible a folio 36 del plenario.
21 Ver sello de presentación personal ante la Oficina Judicial a folio 23, C1. Esta fecha se indica en la
medida en que según lo asegurado en el libelo en el hecho tercero y a la vez corroborado al momento
de fijar el litigio en desarrollo de la audiencia inicial celebrada el 9 de mayo de 2019 (ver folio 89 vuelto,
C1), la docente a la fecha de presentación de la demanda no se había retirado del servicio.
22 De acuerdo con la información del registro civil de nacimiento que reposa a folio 32, C1.
23 Tal como se expuso anteriormente, para el caso de los docentes oficiales el período de liquidación de
la pensión por aportes corresponde al año anterior a la fecha de adquisición del estatus jurídico
respectivo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
correspondiente al 12 de
marzo de 2016.
FACTORES SALARIALES A INCLUIR EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y MONTO
«[…] En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación Factores devengados y Los factores a incluir en el
de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley cotizados25 asignación IBL son el salario o
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión básica, asignación adicional asignación básica
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden rector 30%, bonificación mensual, más la
nacional previsto en la Ley 33 de 198524, los factores que mensual docente, prima de bonificación mensual
se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que navidad, prima de servicios, docente y las
se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con prima de vacaciones y asignaciones adicionales
el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se asignación adicional de rector y de coordinador
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el coordinador 20% equivalentes al 30% y
mencionado artículo.» Tasa de reemplazo 20% respectivamente. El
aplicable: 75% del salario monto de la pensión será
Factores del artículo 1.° de la Ley 62 de 1985: a) base de liquidación. el 75% de tal concepto
asignación básica, b) gastos de representación; c) primas devengado en el año
de antigüedad, d) técnica, ascensional y de capacitación; e) anterior a la fecha de
dominicales y feriados; f) horas extras; g) bonificación por adquisición del estatus
servicios prestados; y h) trabajo suplementario o realizado pensional.
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
«Decreto 2709 de 1994 (regulatorio del artículo 7.° de la Ley
71 de 1988). Artículo 8º. Monto de la pensión de
jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75% del salario
base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por
aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho
salario, salvo lo previsto en la ley.».
En resumen, la señora Alba Mery Marín Cardona en su calidad de docente
oficial afiliada al FNPSM, con acumulación de aportes privados y públicos y
con el ejercicio de dicha actividad como educadora antes de la vigencia de la
Ley 812 de 2003, acreditó los requisitos y condiciones para que le sea
reconocida una pensión de jubilación ordinaria con base en los preceptos de
la Ley 33 de 1985, articulada con la Ley 71 de 1988 y su Decreto
Reglamentario 2709 de 1994, efectiva desde la fecha de adquisición del
estatus jurídico respectivo y liquidada en un monto equivalente al 75% del IBL
calculado con el promedio de la asignación básica, la bonificación mensual
docente y las asignaciones adicionales de rector y de coordinador
equivalentes al 30% y 20% respectivamente, devengadas durante el año
anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, es decir, del 12 de
marzo de 2015 al 12 de marzo de 2016.
24 Entiéndase Ley 71 de 1988 para efectos del caso sub examine.
25 Conforme a la certificación de conceptos devengados obrante de folios 35 a 36, C1. Respecto de los
factores objeto de cotización, estos se entienden como aquellos constitutivos de salario, que en el caso
de la demandante efectivamente es la asignación mensual conformada no solo por la remuneración
ordinaria, sino también por las asignaciones adicionales como rector 30% y como coordinador 20%, tal
como se contempla en al artículo 2.° del Decreto 1027 de 2011 «Por el cual se modifica la remuneración
de los servidores públicos docentes y directivo docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica y media que se rige por el Decreto-ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones
de carácter salarial para el sector educativo estatal».
Igualmente debe tenerse en cuenta la bonificación mensual docente, pues fue creada precisamente
como factor salarial objeto de cotización de acuerdo con el artículo 1.°, inciso 2.° del Decreto 1566 de
2014 que reza: «[…] La bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial
para todos los efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese
concepto se realizarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes. […]». Esta bonificación
fue regulada posteriormente en cuanto a su monto por los Decretos 1272 de 2015 y 120 de 2016.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
Pues bien, en el presente asunto se verifica que la libelista formuló petición
de reconocimiento prestacional el 19 de junio de 2018 (folios 27 a 31, C1),
frente a la cual la entidad demandada no había dado respuesta a la fecha de
presentación del libelo (11 de octubre de 2018), por lo que, en efecto, se había
configurado el fenómeno del silencio administrativo negativo de acuerdo con
lo previsto en el artículo 83 del CPACA, en virtud del cual se entiende proferido
un acto administrativo presunto que deniega la reclamación sobre la
prerrogativa bajo estudio.
Empero, lo cierto es que la falta de reconocimiento pensional a favor de la
señora Marín Cardona se encuentra injustificada, pues se demostró con base
en la argumentación precedente que, aquella reunió y acreditó con suficiencia
los requisitos consagrados en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, a fin de
obtener el derecho a percibir una pensión de jubilación por aportes, pues
acumuló más de 20 años de cotizaciones derivadas de servicios prestados
tanto en el sector público como privado y cumplió 55 años de edad, así como
se evidenció en el cuadro precedente.
Esto significa que en razón de la necesaria declaratoria de nulidad del acto
administrativo demandado, debe ordenarse además el consecuente
restablecimiento del derecho conculcado, el cual precisamente corresponde
al reconocimiento y pago de la prestación deprecada.
Al respecto, es válido aclarar que dicha pensión debe sujetarse a las reglas
de unificación jurisprudencial fijadas en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del
25 de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.
De este modo, la prerrogativa en mención tendrá que ser calculada en un 75%
del ingreso base de liquidación que corresponde al promedio de la asignación
básica, la bonificación mensual docente y las asignaciones adicionales de
rector y de coordinador equivalentes al 30% y 20% respectivamente,
devengadas por la libelista durante el año anterior a la adquisición del estatus
pensional, esto es, desde el 12 de marzo de 2015 al 12 de marzo de 2016 y
con efectividad a partir de esta última fecha.
Es decir, no es procedente la inclusión de todos los emolumentos percibidos
por aquella en ese mismo período como lo depreca en la demanda, pues
conforme a la línea interpretativa de cierre referida, solo pueden computarse
los factores sobre los cuales la docente hubiese realizado aportes y que
estuviesen enlistados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. En este caso
como se analizó, solo corresponde incluir la asignación básica, la bonificación
mensual docente y las asignaciones adicionales de rector y de coordinador
equivalentes al 30% y 20%, no así las primas de navidad, de servicios y de
vacaciones.
De otro lado, en cuanto a la procedencia de la condena aludida a cargo de la
Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, debe destacarse que, en efecto, esta es la entidad responsable
del reconocimiento y pago de la pensión por aportes en comento a favor de la
libelista, habida cuenta de que aquella se encuentra actualmente afiliada a
dicho fondo de previsión, por lo que además es la última a la cual ha realizado
las cotizaciones respectivas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
Aunado a lo anterior se destaca que el Consejo de Estado26 ha señalado en
reiteradas oportunidades que la entidad encargada del reconocimiento y pago
de las prestaciones de los docentes, únicamente es la Nación, Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En
efecto, los artículos 4 y 5 de la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989 indican:
«[…] Artículo 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de
la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo
2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella. Serán
automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados que se
encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley,
quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los
requisitos formales que se exijan a éstos, para mejor administración del
Fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya asumidos por las
entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los
convenios interadministrativos. El personal que se vincule en adelante,
deberá cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o
normativa y económica.
«[…] Artículo 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, tendrá los siguientes objetivos:
1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado […]»
La citada norma señaló que quedarían automáticamente afiliados al fondo los
docentes nacionales o nacionalizados vinculados a la fecha de su
promulgación, esto es, el 29 de diciembre de 1989, así como el personal
vinculado con posterioridad, siempre que cumplieran los requisitos de afiliación
de naturaleza formal y económica. Esto debido al proceso de nacionalización
de la educación oficial llevado a cabo mediante la Ley 43 de 1975.
Por su parte, respecto del manejo de los recursos que integran el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el artículo 3 de la Ley 91 de
1989, reguló que para tal efecto el Gobierno Nacional suscribiría un contrato
de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de
economía mixta la cual se encargaría de ello. Textualmente, señaló:
«[…] Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos
serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en
la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno
Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que
contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la
presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable
determinada con en los costos administrativos que se generen. La celebración
del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional […]»
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 18 de febrero de 2021, radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014). Subsección B,
sentencia del 14 de febrero de 2013, número interno 1048-2012.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
Con posterioridad, el presidente de la República mediante Decreto 1775 del 3
de agosto de 1990, en sus artículos 5 a 8, reglamentó el funcionamiento del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la siguiente
manera:
«[…] Artículo 5º Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con
el reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán
radicadas en la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo
Regional.
La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en
las normas reglamentarias.
Artículo 6º Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de
prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a
realizar el estudio de la documentación.
Artículo 7º Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se
procederá a efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad
fiduciaria.
Artículo 8º Reconocimiento. Efectuada la liquidación, el delegado permanente
del Ministerio ante el Fondo Educativo Regional, expedirá la resolución de
reconocimiento. […]». (Subrayas fuera del texto original).
Por lo tanto, puede afirmarse que en los actos administrativos en los que se
reconocen prestaciones económicas a favor de los afiliados del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es a la fiduciaria que lo
administra la que le corresponde aprobar o improbar el proyecto de resolución.
Lo expuesto en virtud de los artículos 5 a 8 del Decreto 1775 de 1990 y 5 del
Decreto 2831 de 2005.
En suma, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es quien
debe cancelar las sumas y emolumentos que se pagan a los docentes
afiliados a este y no Colpensiones para el presente caso, debido a la
naturaleza especial de la primera entidad de previsión referida, en punto a sus
obligaciones prestacionales con el magisterio y puntualmente con los
educadores oficiales vinculados a aquella que han hecho los correspondientes
aportes.
Sin perjuicio de lo expuesto, se resalta también el hecho de que a la docente
no le ha sido concedido por parte de alguna autoridad diferente otra pensión
de jubilación que fuere incompatible con la que es objeto de condena, pues
así se extrae de las certificaciones que aseguran lo propio emitidas por la
Dirección del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación del Quindío
el 19 de febrero de 2018 y por Colpensiones el 15 de febrero del mismo año.
Sobre el punto, dichos documentos consagran lo siguiente respectivamente:
«Que la señora ALBA MERY MARÍN CARDONA identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.601.764 de Circasian (sic), no devenga pensión por parte del
Departamento del Quindío» (folio 42, C1), «Que revisada la Nómina de
Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, el
(la) señor(a) ALBA MERY MARÍN CARDONA identificado(a) con Cédula de
Ciudadanía No. 24601764, NO FIGURA percibiendo por parte de esta
Administradora.» (folio 43, idem). (Negrilla y subrayado conforme a la
transcripción).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
Aunado a ello, los mentados aportes los ha efectuado la demandante al
FNPSM desde el 12 de julio de 200527 y al menos hasta la fecha de
presentación de la demanda (11 de octubre de 2018). Lo expuesto se ajusta
y se fundamenta al tenor del artículo 10 del Decreto 2709 de 1994 (regulatorio
de la Ley 71 de 1988), que sobre el particular reza lo siguiente:
«ARTICULO 10. ENTIDAD DE PREVISION PAGADORA. La pensión de
jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de
previsión a la que efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación
continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En caso
contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la
entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes.
[…]». (Líneas intencionales).
Esto se precisa sin perjuicio de que el FNPSM reclame las cuotas partes que
en efecto correspondan a la entidad de previsión frente a la cual la libelista
realizó las cotizaciones del sector privado (Colpensiones), habida cuenta de
que se trata de un caso de una pensión por aportes, tal como lo prevé el
artículo 11 ibídem.28
En cuanto a los aportes efectuados por la demandante y
adeudados por la entidad territorial empleadora
En el caso particular se observa que la señora Marín Cardona se desempeñó
formalmente como docente para la entidad territorial vinculada por medio de
contratos de prestación de servicios celebrados de manera intermitente
durante los períodos comprendidos entre el 2 de febrero y el 31 de
diciembre de 1998, del 18 de mayo hasta el 31 de diciembre de 1999,
del 14 de febrero hasta el 30 de diciembre de 2000, del 13 de marzo
hasta el 31 de diciembre de 2001 y del 1.° de febrero hasta el 31 de
diciembre de 2002.
Al evidenciar este hecho, resulta adecuado inferir que por la calidad de
contratista que ostentó en su momento la libelista, esta no podía encontrarse
afiliada al FNPSM, pues para ello debía haber sido nombrada y posesionada
como docente oficial mediante acto administrativo. Bajo este contexto, es
pertinente sostener que aquella no pudo haber realizado las respectivas
cotizaciones a la mentada entidad de previsión, lo cual en principio trastocaría
el reconocimiento de la prestación en litigio.
No obstante, precisamente en virtud de lo anterior y según el reporte de
semanas cotizadas a Colpensiones por parte de la demandante (folios 37 a
38, C1), se encuentra que aquella efectivamente realizó los aportes que le
correspondían en su calidad para ese momento de contratista, puntualmente
durante el lapso referido anteriormente.
27 Ver certificado de historia laboral que obra de folios 33 a 34, C1.
28 «Artículo 11. Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes
para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con
la cuota parte correspondiente.
Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el
proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán
del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se
entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo aportado a esta entidad,
dividido por el tiempo total de aportación.»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
Incluso, además de lo anterior, a partir de este mismo medio de convicción se
avizora un doble pago de la mentada cotización, girado tanto a la precitada
entidad como al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, esto
únicamente para el período comprendido entre el 12 de julio y el 31 de
diciembre de 2005. Lo anterior en la medida en que según el formato único
para la expedición de certificado de historia laboral de la demandante,
proferido por el FNPSM (visible de folios 33 a 34, C1), se desprende que esta
fue nombrada como docente en propiedad de la Secretaría de Educación del
Departamento del Quindío de conformidad con el Decreto 1381 del 11 de julio
de 2005, posesionada para tal efecto desde el 12 de julio del mismo año, y
por lo tanto vinculada al fondo en comento durante ese mismo tiempo en el
que evidentemente se efectuaron cotizaciones.
Ahora, en cuanto a la autoridad obligada a realizar el pago de los mentados
conceptos en casos donde se evidencian relaciones laborales encubiertas por
contratos de prestación de servicios docentes, la misma intelección de la
sentencia de unificación jurisprudencial CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de
2016 proferida por el Consejo de Estado29, dicta que el sujeto responsable de
tal carga inexorablemente debe ser quien ocultó dicho vínculo de trabajo, el
cual para el asunto de marras sería efectivamente el departamento del
Quindío. Empero, ante su ausencia como demandado o vinculado en la
presente actuación en calidad de posible litisconsorte facultativo, no podría
impartirse una orden directa a aquella entidad territorial tendiente a que realice
los giros respectivos por el mentado concepto.
Al margen de esta consideración, debe tenerse en cuenta que los aportes a
pensión por su propia naturaleza, equivalen a tributos en clave de
contribuciones parafiscales con una destinación específica que los hace
imprescriptibles como se anunció en la sentencia reseñada anteriormente.
Con base en ello, su recaudo puede decretarse en cualquier momento de
manera actualizada en las proporciones que tanto al trabajador como al
empleador le habrían correspondido durante el período en el que se ocultó la
relación laboral, a fin de que la entidad de previsión obligada pueda pagar sin
detrimento patrimonial la prestación reconocida30. Esto se sustenta con base
en la misma providencia de unificación precitada que previó lo siguiente:
«[…] la Administración deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre
los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar
al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones
que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajador. […]»
De este modo, si bien el departamento del Quindío se encontraba obligado al
pago de los aportes derivados de la relación laboral encubierta, debe tenerse
en cuenta que estos implican una carga compartida entre el empleador y el
29 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del
25 de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015).
30 Posición reiterada por esta Subsección en sentencia del 18 de febrero de 2021 dictada en el proceso
con radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
trabajador, por lo que efectivamente tendrá que seguirse la regla prevista en
la jurisprudencia aludida, en el sentido de que el FNPSM deberá verificar
mensualmente si se presenta alguna diferencia entre los aportes efectuados
por la entonces contratista durante el tiempo en el cual se presentó la relación
laboral encubierta dentro de sus respectivos intervalos o duración de los
contratos, ello con base en el reporte de semanas cotizadas emitido por
Colpensiones.
De esta manera, en atención a que el ente territorial aludido no se encuentra
vinculado a la actuación, pero debe primar el principio de sostenibilidad
financiera del sistema en razón de los aportes a los que aquel estaba obligado,
se ordenará al FNPSM, ejecutar las actuaciones interadministrativas
pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro al departamento del
Quindío, únicamente de las la sumas faltantes por concepto de cotizaciones
a pensión pendientes de la señora Alba Mery Marín Cardona (si existieren), y
en todo caso solo en el porcentaje que le habría correspondido a la referida
autoridad como empleador de aquella, esto por los períodos durante los
cuales se evidenció una relación laboral subrepticia basada en sendas
relaciones contractuales.
Por último, en cuanto a la doble cotización comprobada a la que se hizo
mención anteriormente, la Subsección estima que no es procedente emitir
pronunciamiento relativo a la posible devolución del mayor valor descontado
a la demandante en razón de aquel concepto, habida cuenta de que lo propio
no fue objeto de solicitud o discusión en sede administrativa, ni fue planteado
específicamente como pretensión en el libelo para haber constituido materia
de controversia, así como tampoco se formuló en clave de reparo impugnativo
en la apelación bajo examen.
Por estas consideraciones que se acompasan con el fin ulterior del principio
procesal de la congruencia previsto en el artículo 281 del CGP, el cual es
irradiado por el principio constitucional del debido proceso consagrado en el
artículo 29 Superior, se advierte la improcedencia de manifestarse de fondo
sobre el particular ante la ausencia de litigio en este aspecto.
Lo expuesto cobra mayor sentido si se tiene en cuenta además que una
eventual orden de devolución de aportes recaería sobre Colpensiones y no
frente al FNPSM, toda vez que este último sí debe ostentar dichos pagos a fin
de financiar la prestación reconocida. En todo caso, se advierte que la primera
autoridad en comento no fue demandada ni vinculada a la presente actuación,
precisamente por la inexistencia de pretensiones relativas a este aspecto de
la doble cotización, de manera que igualmente se evidencia la inviabilidad de
resolver lo propio oficiosamente.
Ahora bien, ante la advertencia probatoria de este hecho relacionado con
pagos dobles de aportes a pensión a diferentes entidades de previsión, lo
cierto es que la Sala sí deberá ordenar que en el cobro por parte de la entidad
demanda a Colpensiones respecto de las cuotas partes que esta debe asumir
por las cotizaciones que le fueron efectuadas en virtud de las relaciones
laborales sostenidas con empresas del sector privado y como contratista del
Estado, no se incluya el tiempo durante el cual el FNPSM sí percibió el pago
respectivo, esto es, desde el 12 de julio hasta el 31 de diciembre de 2005,
conforme al reporte de semanas cotizadas expedido por la primera.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
En conclusión: la señora Alba Mery Marín Cardona en su calidad de docente
oficial antes de la Ley 812 de 2003 con acumulación de aportes del sector
público y privado, en efecto tiene derecho a que el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio le reconozca y pague la pensión de
jubilación conforme a las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988 por aplicación
integradora y analógica de la sentencia de unificación de la Sección Segunda
del Consejo de Estado proferida el 25 de abril de 2019, y en atención a su
calidad de educadora estatal al margen de las formas de vinculación mediante
las cuales desempeñó dichas funciones en instituciones públicas educativas
del Estado.
Dicha prestación debe concederse con efectividad a partir del 12 de marzo de
2016 cuando la libelista adquirió el estatus jurídico respectivo, y en un monto
correspondiente a una tasa de reemplazo del 75% sobre el ingreso base de
liquidación, calculado sobre el promedio de los factores salariales respecto de
los cuales la demandante realizó aportes durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional, que equivalen en el presente caso a la
asignación básica, la bonificación mensual docente y las asignaciones
adicionales de rector y de coordinador equivalentes al 30% y 20%
respectivamente.
De la prescripción de mesadas pensionales y el restablecimiento
del derecho
Habida cuenta de que se accederá al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación deprecada por la parte activa con efectividad desde el 12 de marzo
de 2016, resulta indispensable verificar la ocurrencia o no del fenómeno
prescriptivo sobre las mesadas adeudadas.
Al respecto, el Consejo de Estado31 ha señalado que la configuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual
no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde
que la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción
del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969 aplicable al sub examine, que reza lo siguiente:
«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
En consecuencia, para determinar la fecha de exigibilidad del derecho a
restablecer a partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el lapso referido
en el presente caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta data se
concreta desde el 12 de marzo de 2016 cuando la demandante adquirió el
estatus jurídico pensional y por consiguiente consolidó la prerrogativa a
percibir la prestación en litigio.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
Ahora bien, tal como se verifica de la petición obrante de folios 27 a 31, C1, la
señora Marín Cardona reclamó el derecho prestacional en mención el 19 de
junio de 2018, esto es, antes del vencimiento de los 3 años siguientes a la
fecha de efectividad de la pensión, por lo que según el numeral 2.° de la norma
en cita, la demandante interrumpió el término en cuestión solo por ese mismo
lapso contado desde el 19 de junio de 2018 hasta el 19 de junio de 2021.
Bajo este entendido, lo cierto es que la libelista radicó la demanda el 11 de
octubre de 201832, es decir, dentro del referido período de interrupción, de
manera que evidentemente no se configuró el fenómeno prescriptivo bajo
estudio.
Bajo este entendido, a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, reconocer y pagar a favor de la señora Alba Mery
Marín Cardona la pensión de jubilación a que tiene derecho de conformidad
con los preceptos de la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de
1994, esto es, en un monto equivalente al 75% del promedio de la asignación
básica, la bonificación mensual docente y las asignaciones adicionales de
rector y de coordinador equivalentes al 30% y 20%, estas en los montos
percibidos por la libelista durante el año anterior a la adquisición del estatus
jurídico, correspondiente al período comprendido entre el 12 de marzo de 2015
al 12 de marzo de 2016, con efectividad desde esta última data.
Por lo expuesto, se condenará a la parte demandada a pagar las mesadas
adeudadas desde el 12 de marzo de 2016 hasta la inclusión de la demandante
en la respectiva nómina de pensionados, ello de manera actualizada de
conformidad con el inciso 4.° del artículo 187 del CPACA. Dicha entidad dará
cumplimiento a la sentencia con base en los términos y previsiones de los
artículos 189 y 192 ibídem.
Igualmente se conminará al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a que repita en contra de Colpensiones por las cuotas partes que a
esta le corresponden en cuanto a la financiación de la pensión reconocida a la
libelista de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994
(regulatorio de la Ley 71 de 1988), por tratarse de una pensión por aportes.
Ello bajo la aclaración de que no podrá reclamarse lo propio por el período
comprendido entre el 12 de julio y el 31 de diciembre de 2005 ante la evidencia
de una doble cotización durante ese lapso.
Por último, la entidad demandada deberá realizar todas las actuaciones
interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro al
departamento del Quindío, únicamente de las diferencias en los aportes a
pensión dejados de efectuar en beneficio de la señora Marín Cardona (si
existieren luego de comparar los valores efectivamente aportados por esta a
Colpensiones como contratista), y en todo caso solo en el porcentaje que le
habría correspondido a la referida autoridad como empleadora de aquella, esto
por los períodos comprendidos entre el 2 de febrero y el 31 de diciembre
de 1998, del 18 de mayo hasta el 31 de diciembre de 1999, del 14 de
febrero hasta el 30 de diciembre de 2000, del 13 de marzo hasta el 31
de diciembre de 2001 y del 1.° de febrero hasta el 31 de diciembre de
32 Ver folio 23, C1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
2002, durante los cuales se advirtió una relación laboral subrepticia basada en
sendos vínculos contractuales.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone revocar la sentencia apelada proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío el 5 de julio de 2019, la cual denegó las
pretensiones de la demanda, esto a fin de acceder a tales pedimentos
conforme a la declaración de nulidad y la orden de restablecimiento del
derecho referida anteriormente, lo anterior habida cuenta de que prosperan los
argumentos del recurso de apelación formulado por la parte demandante.
De la condena en costas
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201633, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP34, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
33 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
34 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público35.
Por tanto, bajo este hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en
costas de ambas instancias a la entidad demandada y a favor de la
demandante, en la medida que conforme el numeral 4.º del artículo 365 del
CGP se revocará totalmente la providencia apelada, lo que implica que la
primera resultó vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia proferida el 5 de julio de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Quindío que denegó las pretensiones de la demanda, en el
proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovió la señora Alba Mery Marín Cardona contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio. En su lugar,
Segundo: Declarar la nulidad del acto administrativo presunto derivado del
silencio administrativo negativo configurado ante la ausencia de respuesta de
fondo a la petición formulada por la libelista el 19 de junio de 2018, con la que
esta buscaba el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.
Tercero: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, reconocer y pagar a favor de la señora Alba Mery Marín
Cardona la pensión de jubilación a que tiene derecho de conformidad con los
preceptos de la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994,
esto es, en un monto equivalente al 75% del promedio de la asignación básica,
la bonificación mensual docente y las asignaciones adicionales de rector y de
coordinador equivalentes al 30% y 20%, estas en los monos percibidos por la
libelista durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico,
correspondiente al período comprendido entre el 12 de marzo de 2015 al 12
de marzo de 2016, con efectividad desde esta última data.
En razón de lo expuesto, se condena a la parte demandada a pagar las
mesadas adeudadas a favor de la señora Marín Cardona desde el 12 de marzo
de 2016 hasta la inclusión de aquella en la respectiva nómina de pensionados,
esto de manera actualizada de conformidad con el inciso 4.° del artículo 187
del CPACA, es decir, con base en la siguiente fórmula:
R= Rh x índice final
Índice inicial
Cuarto: Se conmina a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a que repita en contra de Colpensiones
35 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019)
Demandante: Alba Mery Marín Cardona
por las cuotas partes que a esta le corresponden en cuanto a la financiación
de la pensión reconocida a la libelista de conformidad con el artículo 11 del
Decreto 2709 de 1994 (regulatorio de la Ley 71 de 1988), por tratarse de una
pensión por aportes. Se aclara que no podrá reclamarse lo propio por el
período comprendido entre el 12 de julio y el 31 de diciembre de 2005 ante la
evidencia de una doble cotización durante ese lapso.
Asimismo, se ordena a la entidad demandada, realizar todas las actuaciones
interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro al
departamento del Quindío, únicamente de las diferencias en los aportes a
pensión dejados de efectuar en beneficio de la demandante (si existieren luego
de comparar los valores efectivamente aportados por esta a Colpensiones
como contratista), y en todo caso solo en el porcentaje que le habría
correspondido a la referida autoridad como empleador de aquella, esto por los
períodos comprendidos entre el 2 de febrero y el 31 de diciembre de 1998,
del 18 de mayo hasta el 31 de diciembre de 1999, del 14 de febrero
hasta el 30 de diciembre de 2000, del 13 de marzo hasta el 31 de
diciembre de 2001 y del 1.° de febrero hasta el 31 de diciembre de 2002,
durante los cuales se advirtió una relación laboral subrepticia basada en
sendas relaciones contractuales.
Quinto: Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandada y a
favor de la demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo.
Sexto: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia con base en
los términos y previsiones de los artículos 189 y 192 del CPACA.
Séptimo: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co