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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00353-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00353-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Condenar en costas al demandante en segunda instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2021-00353-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2021-00353-01 (0478-2026)
Demandante: Marco Aurelio Alegría Ordoñez
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente oficial.
Aplicación integral de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019. No acreditó fecha de vinculación anterior a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003. Carga de la prueba.
CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Marco Aurelio Alegría Ordoñez instauró demanda1 en contra de la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la Resolución 0771-09-2020 del 27 de septiembre
de 2020, mediante el cual se le negó una pensión.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y
pago de la mencionada pensión según lo previsto en las Leyes 33 de 1985, 62
de 1985 y 91 de 1998, liquidada con el 75% del promedio de lo devengado en el
último año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional.

1 Ver índice 1 de SAMAI – Tribunales.

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00353-01 (0478-2026)

4. Que se reconozca la compatibilidad entre la pensión y sueldo que cobija a los
docentes vinculados antes de la expedición de la ley 812 de 2003, y que se dé
cumplimiento a la sentencia según los artículos 189 y 192 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que laboró como docente oficial al servicio de la Alcaldía de La Sierra, Cauca
entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 1986, 1996 y 1998, y que a su vez
laboró bajo modalidad de orden de prestación de servicios de manera
interrumpida, primero a favor del mismo municipio, entre 1998 y 2002, luego para
la Secretaría de Educación del Cauca, entre el 2003 y el 2021.

6. Que adquirió su estatus pensional el 29 de junio de 2018, fecha en la que
acreditó 55 años de edad y 20 años de servicio.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Consideró violados los artículos: 1, 2, 3, 4, 6 ,13, 25, 29, 53, 58 de la Constitución
Política; las Leyes 91 de 1998, 812 de 2003, 33 y 62 de 1985, 100 de 1993; el
Acto Legislativo 01 de 2005, y los Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y
1045 de 1978 y 2277 de 1979.

8. Que estuvo vinculado a la docencia oficial antes de la Ley 812 de 2003, por lo
que es beneficiario de régimen prestacional anterior a dicha norma.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. El 4 de mayo de 2022 fue admitida la demanda2. La entidad manifestó que3 el
demandante ingresó al servicio docente en el año 2015, razón por la cual no
tiene derecho a la pensión reclamada bajo la Ley 33 de 1985 ni a que se
computen los tiempos laborados mediante contratos de prestación de servicios
para efectos pensionales.

10. Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación o
cobro de lo no debido, (ii) legalidad del acto administrativo expedido, (iii)
litisconsorcio necesario por pasiva, y (iv) prescripción.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

2 Ver índice 6 de SAMAI– Tribunales.
3 Ver índice 9 de SAMAI– Tribunales.
4 Ver índice 24 de SAMAI – Tribunales.

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11. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 9 de octubre de
2025, negó las pretensiones. Expuso que, si bien encontró acreditada una
vinculación docente anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no
tuvo por demostrado que el demandante completara los 20 años de servicio,
pues los períodos laborados mediante contratos de prestación de servicios solo
fueron acreditados con una certificación expedida por el municipio, sin aportarse
los respectivos contratos que permitieran verificar la existencia, duración y
continuidad de tales vínculos. Con fundamento en la carga de la prueba,
concluyó que las certificaciones, por sí solas, no acreditan la relación contractual
alegada.

RECURSO DE APELACIÓN5

12. El demandante interpuso recurso de apelación por considerar que, de acuerdo
con la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, los certificados de tiempo
de servicio sí constituyen prueba idónea para acreditar la vinculación docente
siempre que detallen la autoridad, la institución y los extremos temporales,
requisitos que cumplen las constancias aportadas. Además, los documentos que
prueban sus servicios bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios
gozan de presunción de autenticidad y nunca fueron tachados de falsos.

13. Expuso que el tribunal contaba con la facultad de decretar pruebas de oficio con
el fin de esclarecer cualquier duda sobre dichas vinculaciones. De igual forma,
alega que la Nación omitió su deber legal de aportar el expediente administrativo
del demandante. Argumentó que el juez ignoró los precedentes jurisprudenciales
que obligan a contabilizar los tiempos laborados como contratistas docentes
debido a la subordinación y permanencia de sus funciones.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

14. El 11 de marzo de 20266 se admitió el recurso. En la oportunidad para
pronunciarse, las partes guardaron silencio.

15. El agente del Ministerio Público rindió concepto7 solicitando que se confirme el
fallo apelado al considerar que, el actor se vinculó oficialmente al servicio
docente el 24 de febrero de 2004, por lo que, en principio, le resulta aplicable el
régimen de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Estimó que, aunque se
aportaron certificaciones para demostrar servicios docentes anteriores al 27 de
junio de 2003 y reconoce que los tiempos laborados mediante contratos de
prestación de servicios pueden ser computables, concluyó que tales documentos
carecen de soporte suficiente y que, aun valorándolos, el demandante no
acredita el tiempo suficiente exigido por la Ley 33 de 1985.

5 Ver índice 27 de SAMAI – Tribunales.
6 Ver índice 4 de SAMAI.
7 Ver índice 8 de SAMAI.

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Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

16. Deberá resolver la Subsección si al demandante, como docente oficial con
vinculaciones mediante relaciones legales y reglamentarias, le asiste derecho a
la pensión con base en la Ley 33 de 1985, en cuantía del 75% del promedio de
los factores salariales sobre los que se haya efectuado cotizaciones durante el
año anterior a la adquisición del estatus pensional, y con efectividad desde esa
misma fecha.

Marco normativo y jurisprudencial

17. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación
a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,8 en la cual se estableció principalmente la
forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo
los postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.

18. Lo anterior porque, además

19. de dicho punto, tal providencia en sus reglas jurisprudenciales desarrolló
lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento acerca del entendimiento
de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los educadores del Estado
en atención a la fecha de vinculación al magisterio, debido a la expedición de la
Ley 812 de 2003.

20. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices unificadoras es más
amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo
que rige la situación particular del accionante es esencial para verificar la
pertinencia de sus pretensiones.

21. Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente
según el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las
situaciones pendientes de definición jurídica que no se hayan consolidado el
fenómeno de cosa juzgada, tal como se presenta en el litigio objeto de examen.

22. Con las anteriores precisiones se resalta que la sentencia de unificación9 en
comento fijó en síntesis las siguientes reglas de interpretación normativa:

8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-

CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
9 El sustento jurídico de estas reglas fue, esencialmente, los siguientes planteamientos: «[…] 51. En criterio de

la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en

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«[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no
se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica
el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de
la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]».
(Subrayado fuera de texto).

23. Como se observa, el criterio relevante para determinar el marco jurídico
pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación al
magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si para esa fecha el
reclamante seguía o no vinculado bajo dicha calidad, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,10 es claro que esta situación
corresponde a un tránsito legislativo sin un régimen de transición específico, que

el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en
el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de
los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de
igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener
en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de
la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación
ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
[...] 67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y nacionalizados y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
Edad: 55 años
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%
Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii)
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». (Resalta la Sala).
10 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Laboral. Radicación: 40.662

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00353-01 (0478-2026)

hace necesario proteger la expectativa legítima que tenía el maestro de
pensionarse con una regulación más favorable.

24. Ahora, frente al supuesto en que un solicitante haya acumulado tiempos de labor
como docente a través de contratos u órdenes de prestación de servicios (OPS),
la Sala resalta que en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de agosto de
2016 proferida por el Consejo de Estado,11 se precisó que la labor de los
maestros con ese tipo de vínculo no es diferente ni opuesto al que se deriva de
una relación laboral legal y reglamentaria, pues también se distingue por reunir
los elementos esenciales del trabajo como la subordinación, la prestación
personal del servicio y la remuneración, lo que permite considerar dichos lapsos
como verdaderos períodos con efectos prestacionales, no solo para
computarlos, sino además a fin de determinar el régimen pensional aplicable.12

Resolución del caso concreto

25. Como se desprende de lo anterior, y teniendo en cuenta que el demandante
manifestó su inconformidad en el recurso de apelación frente a la negativa del
reconocimiento de su derecho pensional, es indispensable determinar, para el
caso particular, cuál es la normativa aplicable al accionante en atención a la
fecha de su primer ingreso al servicio educativo oficial13, y, de manera posterior,
establecer si cumple los requisitos exigidos por el régimen cuya aplicación
pretende, en caso de que este resulte procedente.

11 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de

agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se señaló: «[…] la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]».
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

24 de febrero de 2022. Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). En esta providencia se planteó
que: «[...] Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la demandante con
la mentada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus
actividades fue otra diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que los efectos
jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan configurado en su momento. Lo expuesto implica que sin
perjuicio del vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita
pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella época, sí
debe entenderse que la señora Marín Cardona ejerció funciones propias e inherentes a la condición de docente
estatal desde el 2 de febrero de 1998, es decir, a partir de la primera ejecución del contrato de prestación de
servicios como docente, suscrito con la mentada autoridad departamental para ser desarrollado en algunas de
sus instituciones educativas. […] A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en
los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente, fundada en vínculos contractuales
con entidades de derecho público o a su servicio, es posible tener por configurados los tres elementos
constitutivos de una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada
por un educador, hace que esta sea necesariamente personal, remunerada y sometida a reglamentaciones,
instrucciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento. […]»
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»

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26. En tal sentido, deberá analizarse en primera medida si el actor es beneficiario
de la Ley 33 de 1985, esto es, si cuenta con una vinculación anterior a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003. Para el efecto, se observa que este, para
acreditar lo propio aportó los siguientes documentos:

• Constancia expedida por el alcalde del municipio de La Sierra, Cauca el 17
de octubre de 2019, en la que señala que el actor se desempeñó como
monitor de fútbol municipal, desde el 1.° de enero hasta el 31 de diciembre
de 198614.

• Constancia laboral suscrita el 17 de julio de 2019 por la jefe de la unidad
administrativa y de gobierno del municipio de La Sierra, en la que certifica
que laboró al servicio de la alcaldía bajo contrato de prestación de servicios,
como monitor de futbol, del 1.° de enero al 31 de diciembre de 199615.

• Constancia expedida por el alcalde del municipio de La Sierra, Cauca el 17
de octubre de 2019, en la que señala que el actor se desempeñó como
director general del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de La Sierra,
desde el 1.° de julio hasta el 31 de diciembre de 198816.

• Constancia laboral suscrita el 17 de julio de 2019 por la jefe de la unidad
administrativa y de gobierno del municipio de La Sierra, en la que certifica
que el demandante estuvo vinculado bajo contrato de prestación de servicios,
cuyo objeto fue prestar servicios como docente OPS en el Colegio
Agropecuario La Depresión y el Colegio Agropecuario Nueva Generación, en
diferentes periodos comprendidos entre 1998 y 200217.

• Certificado N.° 46717 del 6 de noviembre de 2019, expedido por el
profesional especializado y el auxiliar administrativo de la Secretaría de
Educación del Cauca, en el que señalan que, una vez revisada la historia
laboral del actor y con fundamento en copias de ordenes de prestación de
servicios (sin mencionar cuáles), laboró del 14 de febrero al 13 de mayo de
2003, y del 14 de mayo al 13 diciembre de 200318.

27. Aunque todos los certificados antes relacionados aportados por el demandante
tienen por objeto acreditar un tiempo de servicio anterior a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, la Sala advierte que ninguno de ellos indica o remite a
los documentos que respaldan la información certificada. Tal omisión resulta
especialmente relevante si se considera que se trata de certificaciones
expedidas en el año 2019 sobre situaciones administrativas ocurridas durante
administraciones anteriores.

14 Demanda, página 21.
15 Ibid, página 22.
16 Ibid, página 23.
17 Ibid, página 24.
18 Ibid, página 25.

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28. En ese contexto, para dotar de credibilidad su contenido, era necesario que las
certificaciones estuvieran respaldadas, al menos, con la alusión a los
documentos que sustentan la relación laboral, tales como el acto administrativo
de nombramiento o el contrato correspondiente, con la identificación de sus
intervinientes, según el caso.

29. En consecuencia, al tratarse de documentos insuficientes para demostrar los
hechos que certifican, y no existir otros medios de prueba que permitan
corroborar la prestación del servicio como docente estatal, la Sala determina que
los mismas carecen de aptitud probatoria suficiente para establecer que el
demandante ejerció funciones docentes con anterioridad al 27 de junio de 2003.

30. En ese orden, aunque el tribunal de primera instancia estimó que el certificado
laboral de 6 de noviembre de 2019 acreditaba un tiempo de servicios anterior
para efectos de la aplicación de la Ley 33 de 1985, lo cierto es que dicho
documento no cuenta con la fuerza probatoria necesaria para sustentar esa
conclusión, como ya se expuso.

31. Ahora bien, lo que se aprecia en la referencia es que, en ejercicio de la libertad
probatoria prevista en el artículo 165 del CGP19 que habilita a las partes a recurrir
a cualquier tipo de prueba útil y conducente orientada a corroborar los hechos
alegados, el accionante solo aportó las mencionadas certificaciones cuyo
contenido se considera insuficiente para determinar un vínculo docente anterior
a Ley 812 de 2003, y que bien pudo demostrar mediante cualquier otro elemento
irrefutable, a saber, con los actos administrativos de nombramiento, actas de
posesión, contratos, actas de inicio o terminación, o desprendibles de nómina.

32. Como ello no fue acreditado y se hace necesario resolver de fondo el presente
litigio con el material probatorio obrante en el expediente, se concluye entonces
que la Subsección no cuenta con los elementos necesarios que generen certeza
sobre un vínculo anterior del demandante, lo que implica entonces el
incumplimiento del accionante de la carga probatoria que le correspondía para
demostrar sus supuestos de hecho, pues tal como lo prevé la regulación
procesal, quien alega la ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas, el
concepto de la violación, y además, desplegar una actividad probatoria suficiente
y adecuada para lograr el efecto jurídico de los preceptos que fundamentan el
derecho reclamado a través de un medio de control como el de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado
adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 167 del CGP.

19Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el

testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios
semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.

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33. En ese entendido, la inobservancia de dicha carga conlleva resultados adversos
para la parte que no la satisface, puesto que al no probar los supuestos de hecho
que alega, se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la ausencia de medios de
comprobación.

34. Por otro lado, debe traerse a colación el reparo del actor en su recurso respecto
a la facultad del operador judicial para decretar pruebas de oficio con el fin de
esclarecer cualquier duda sobre dichas vinculaciones. Al respecto, se precisa
que las pruebas de oficio contempladas en el artículo 213 del CPACA 20 pueden
ser decretadas por la Subsección cuando las considere necesarias para
esclarecer puntos oscuros del caso, siendo tal facultad discrecional del juez.

35. En el asunto particular, esta Sala no observa que a partir de los medios de
prueba legalmente recaudados se genere alguna duda por resolver con el fin de
dilucidar la verdad, por lo que no es procedente el decreto de una prueba de
oficio en esta instancia. Contrario a esto, lo que sí se evidencia es una clara falta
de actividad probatoria que no le permite demostrar al actor el supuesto de hecho
reclamado.

36. Bajo tal contexto, lo que se concluye es que el actor no demostró los
presupuestos necesarios para ser beneficiario de la Ley 33 de 1985 y no procede
el reconocimiento de su derecho bajo el régimen pretendido. Por lo tanto, se
confirmará el fallo apelado que negó las pretensiones, pero por las razones aquí
expuestas.

De la condena en costas en segunda instancia

37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

38. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición

20 «En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que
considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con
las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá
disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda.
Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar
o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas
decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al
auto que las decrete.»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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9

Radicado: 19001-23-33-000-2021-00353-01 (0478-2026)

en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

39. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

40. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el nueve (9) de octubre de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se
negaron las pretensiones, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Condenar en costas al demandante en segunda instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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