Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00357-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00357-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00357-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00357-01 (0129-2026)
Demandante: María Inés Pretel Vásquez
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Reconocimiento de pensión ordinaria de jubilación de docente
con base en Ley 33 de 1985. Fecha de vinculación como
docente anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
y períodos de servicio con vínculos como profesor contratado
mediante OPS. No se requiere demostrar que se hayan
efectuado aportes durante los tiempos como contratista para
tener en cuenta ese tiempo. Aplicación de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. ADICIONA SENTENCIA Y
CONFIRMA EN LO DEMÁS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora María Inés Pretel Vásquez instauró demanda1 en contra de la Nación
• Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio TOL2021EE032069 del 2 de septiembre de
2021, por medio del cual la Secretaría de Educación Departamental del Tolima en
1 Ver expediente digital en el índice 35 de SAMAI – Tribunales.
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nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio negó el reconocimiento y pago de una pensión ordinaria de jubilación
con base en el régimen de las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 62 de 1985.
3. A título de restablecimiento del derecho, se conceda dicha prestación equivalente
al 75% de los factores percibidos durante el año anterior a la adquisición de su
estatus jurídico, junto con el pago de las mesadas atrasadas desde la fecha de
efectividad por compatibilidad con el salario, y con la indexación sobre las sumas
adeudadas por este concepto, así como el reconocimiento de intereses moratorios
hasta que se materialice el respectivo abono.
4. Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del
CPACA; y que, además, se disponga sobre la condena en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que nació el 1.º de agosto de 1965 y ejecutó unos contratos de prestación de
servicios en calidad de educadora del municipio de Rovira durante los siguientes
periodos: del 18 de febrero al 2 de junio de 1991, del 3 de abril al 23 de noviembre
de 1992, del 1.º al 30 de marzo de 1993, del 16 de agosto al 6 de diciembre de 1994,
del 27 de febrero al 1.º de diciembre de 1995, del 6 de abril al 1.º de diciembre de
1996, del 18 de febrero al 30 de noviembre de 1997, del 4 de febrero al 15 de
noviembre de 1998, del 22 de febrero al 11 de noviembre de 1999, del 14 de febrero
al 17 de noviembre de 2000, del 16 de marzo al 30 de noviembre de 2001, del 23
de febrero al 30 de noviembre de 2002, del 21 de abril al 20 de octubre de 2003, y
del 31 de octubre al 13 de diciembre de 2003.
6. Luego fue nombrada como docente oficial en provisionalidad por parte del
departamento del Tolima desde el 19 de abril de 2004 hasta el 17 de junio de 2005.
Finalmente tuvo una designación en propiedad bajo el mismo cargo efectuada por
la referida autoridad a partir del 1.º de julio de 2005, al menos, hasta la fecha de
presentación de la demanda (23 de septiembre de 2021).
7. En el año 2021 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación, expresando
que le debía ser aplicado el régimen propio del magisterio para consolidar el
derecho con base en la Ley 33 de 1985, por disposición de la Ley 91 de 1989. Sin
embargo, esta petición fue negada por la parte accionada mediante el acto
demandado en el sentido de asegurar que la única fecha de vinculación válida para
determinar la normativa aplicable era la del nombramiento en propiedad posterior a
2003, lo cual implicaba tener en cuenta los requisitos de la Ley 100 de 1993.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
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8. Consideró vulnerados: el Acto Legislativo 01 de 2005; los artículos: 1, 2, 3, 4, 6,
13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; así como las Leyes 91 de 1989, 812
de 2003, 33 y 62 de 1985 y 100 de 1993; e igualmente los Decretos 2285 de 1955,
224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978 y 2277 de 1979.
9. Expresó que la vinculación por primera vez es la que determina el régimen
pensional de los docentes, independientemente que se encuentre hoy escalafonado
bajo el Decreto 1278 de 2002, ya que, si el ingreso como docente fue con
anterioridad al 27 de junio 2003, en lo referente al régimen pensional se les aplica
la normativa anterior que es la Ley 91 de 1989 artículo 15, la cual remite a las
disposiciones prestacionales de la Ley 33 de 1985, que es la que resulta aplicable
a su situación jurídica.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
10. El 23 de noviembre de 2021 fue admitida la demanda,2 y la Nación – Ministerio
de Educación – FOMAG3 precisó que conforme a la vinculación de la demandante
al FOMAG (7 de septiembre de 2006), la normativa aplicable para el estudio de la
prestación pensional no es otra que las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por
remisión analógica de la Ley 812 de 2003. Aseguró que, en todo caso, el tiempo
acreditado por la actora con anterioridad a esa fecha no puede ser tenido en cuenta,
porque se consolidó bajo órdenes de prestación de servicios, lo cual corresponde a
un vínculo civil y no laboral, que si bien es cierto se fundamenta en la primacía de
la realidad, se considera que no se puede aplicar dado que no existe proceso en
donde se debatan los elementos esenciales para la configuración de un contrato de
trabajo.
11. Propuso las excepciones de legalidad de los actos administrativos,
inaplicabilidad de los intereses de mora, y prescripción de mesadas.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
12. El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 30 de octubre de
2025 accedió a las pretensiones, en el sentido de declarar la nulidad del acto
demandado y ordenar a la entidad accionada reconocer la pensión de jubilación a
favor de la actora en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales
percibidos con anterioridad a la adquisición del estatus pensional que estén
enlistados en la Ley 62 de 1985, así como la bonificación mensual docentes, y la
bonificación pedagógica, con efectividad desde el 1.º de agosto de 2020. Finalmente
condenó en costas a la parte accionada.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ver índice 57 de SAMAI – Tribunales.
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13. Expresó que al haberse vinculado la reclamante como docente desde el 18 de
febrero de 1991, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 (27 de junio de 2003), y haber laborado por más de 20 años (25 años, 07
mes y 03 días), única y exclusivamente al servicio del sector educativo oficial -
Secretaría de Educación Departamental del Tolima-, se concluye que tiene derecho
a que su pensión de jubilación sea reconocida, liquidada y pagada con la aplicación
integral de la Ley 33 de 1985 conforme las reglas de unificación de la sentencia del
25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado.
14. Manifestó que como quedó demostrado, la demandante laboró varios periodos
por contratos de prestación de servicio -18 de febrero de 1991 al 30 de noviembre
de 1997 y del 16 de marzo de 2001 al 13 de diciembre de 2003, tiempos que deben
ser tenidos en cuenta para determinar el régimen pensional que se le debe aplicar,
tal como se planteó en la providencia de la Sala Plena del Consejo de Estado del
25 de agosto de 2016, en la que se indicó que la vinculación de docentes bajo la
modalidad de prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de su labor,
ni mucho menos es ajena al elemento de la subordinación existente con el servicio
público de educación. Por esa razón estimó que esos tiempos que no requieren
declaración judicial previa sí pueden ser tenidos en cuenta para efectos
pensionales.
15. Añadió que aun cuando no se advierte el total de cotizaciones durante el periodo
laboral de la docente como contratista, lo cierto es que la falta de acreditación de
aportes pensionales antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 no da
lugar a la perdida de la aplicación del régimen pensional establecido en la Ley 33
de 1985, en virtud a que tales abonos para los trabajadores independientes no
revestían la calidad de obligatorios según el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, al
margen de ello haya cambiado con la expedición de la Ley 797 de 2003.
16. Frente a la forma de liquidar la prestación argumentó que los factores salariales
que han de tenerse en cuenta corresponden a los que fueron fijados en los
parámetros establecidos por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del
25 de abril de 2019, Radicación No. 680012333000201500569-01 (Exp. 0935-
2017), en la que se indicó que, en atención a la libertad configurativa del legislador,
la misma ley se ha ocupado de enlistar los emolumentos sobre los cuales se debe
calcular el IBL, que no son otros que los contemplados en el artículo 1.º de la Ley
62 de 1985 y en los decretos autónomos como los de la bonificación mensual
docente y la bonificación pedagógica.
17. Planteó que, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 224 de 1972, el goce de
la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de empleos docentes,
siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea
docente, lo que hace que los educadores estén facultados para percibir la pensión
de jubilación y el salario, en la medida en que se encuentran exceptuados de la
prohibición de recibir doble asignación del tesoro público, en virtud a que el artículo
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6 de la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad entre las prestaciones
pensionales y las asignaciones derivadas del ejercicio de la actividad educativa.
Esto hace que la prestación tenga que ser otorgada desde el 1.º de agosto de 2020
cuando adquirió el estatus pensional por cumplimiento de la edad.
18. Con base en lo anterior, sobre la prescripción indicó que esta no se encuentra
configurada, ya que la accionante adquirió el derecho pensional en la mencionada
fecha, y la reclamación administrativa la presentó en 2021, es decir antes del
vencimiento de los 3 años posteriores a la exigibilidad de la prestación.
RECURSO DE APELACIÓN5
19. La parte demandada interpuso recurso de apelación con el fin de que revoque
la sentencia y se nieguen las pretensiones, bajo el argumento de que, si la docente
se retiró del FOMAG, ante su eventual regreso, con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, al docente le deben aplicar las normas vigentes a
la fecha de su ingreso, no las normas que le eran aplicables cuando realizó las
primeras cotizaciones al fondo.
20. Además afirmó que, si bien la parte actora allegó certificaciones y copias de los
contratos de prestación de servicios suscritos con las instituciones educativas,
dichos documentos no acreditan el cumplimiento del deber legal de efectuar aportes
al sistema de seguridad social durante los periodos contratados, lo cual constituye
un requisito indispensable para que tales tiempos puedan ser tenidos en cuenta con
fines pensionales, pues conforme al artículo 48 de la Constitución Política, el
derecho a la pensión solo se consolida cuando se cumple con los requisitos de edad
y tiempo de servicio, debidamente respaldados por cotizaciones efectivas al sistema
pensional. Resaltó que reconocer tiempos de servicio sin prueba del pago de
aportes vulneraría los principios de sostenibilidad financiera y solidaridad que rigen
el Sistema de Seguridad Social en Colombia.
21. Expuso que los tiempos laborados mediante órdenes de prestación de servicios
no generan vínculo laboral ni dan lugar a la adquisición de derechos pensionales,
conforme lo ha establecido la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, salvo
que exista sentencia judicial previa que declare la existencia de contrato realidad, lo
cual no ocurrió en este proceso. En consecuencia, no podían computarse dichos
períodos para acreditar el cumplimiento del requisito de tiempo de servicio exigido
por la Ley 33 de 1985.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
22. El 10 de marzo de 20266 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a despacho para dictar
5 Ver índice 61 de SAMAI – Tribunales.
6 Ver índice 4 de SAMAI.
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sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
23. El Ministerio Público7 solicitó que se confirme parcialmente el fallo apelado,
para lo cual aseguró que tal como lo determinó el tribunal de primera instancia, la
falta de acreditación de aportes pensionales de los contratistas docentes vinculados
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no da lugar a la pérdida de
la aplicación del régimen pensional establecido en la Ley 33 de 1985, en virtud de
que los aportes pensionales para los trabajadores independientes no revestían la
calidad de obligatorios conforme al artículo 13 de la Ley 100 de 1993, siendo solo
hasta la expedición de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 que se hicieron
obligatorios, por lo que mal puede exigirse una carga probatoria sobre aportes que
no eran legalmente exigibles durante los periodos en que la demandante laboró
como contratista. Sin embargo, precisó que deberá seguirse la línea jurisprudencial
del Consejo de Estado en la que se indica cómo se deberá hacer el recaudo de las
cotizaciones pendientes por dichos lapsos entre el empleador y la accionante, a fin
de garantizar el financiamiento de la prestación.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
24. Deberá resolver la Subsección si a la demandante como docente oficial con
vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios y relaciones legales y
reglamentarias, le asiste derecho a la pensión con base en la Ley 33 de 1985, en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales sobre los que haya
efectuado cotizaciones durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico
pensional, y con efectividad desde esa misma fecha, y si para poder tener en cuenta
los tiempos laborados a través de OPS, se debía exigir o no la acreditación del pago
de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Marco normativo y jurisprudencial
25. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la subsección dar aplicación
a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,8 en la cual se estableció principalmente la forma
de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los
postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.
26. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
7 Ver índice 8 de SAMAI.
8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
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acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.
27. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es
más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, 9 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia
de sus pretensiones.10
28. Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el
marco jurídico pensional de un educador oficial es la acreditación de su primera
vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa
relación inicial fue continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de
prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en
provisionalidad, en propiedad o temporal como una interinidad, así como tampoco
si para la mencionada fecha la reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.
29. Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones de un maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto
a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de
haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber
ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,11 es claro que esta situación corresponde
a un cambio legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista
especialmente para quien haya ejercido labores como educador del Estado.
Resolución del caso concreto
9 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a) En
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los
que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
10 Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la
parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan
consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del
pronunciamiento de segunda instancia.
11 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662.
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30. Como se desprende de lo expuesto, es indispensable determinar cuál es la
normativa que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su primer
ingreso al servicio educativo oficial,12 sin que cobre relevancia el argumento de
apelación relativo a que en este caso se presentaron interrupciones en sus vínculos
contractuales y que solo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 fue nombrada formalmente, pues como se explicó en el marco jurídico en
mención, el legislador no contempló tal circunstancia como un elemento excluyente
para que un docente accediera o no al régimen pensional anterior al de la Ley 100
de 1993.
31. Ahora bien, para definir este punto debe acudirse a la copia de la orden de
prestación de servicios n.o 56 del 27 de febrero de 1993 (que es la única más antigua
en el expediente),13 suscrita entre el alcalde del municipio de Rovira y la actora,
pues a partir de este medio probatorio se corrobora que esta última efectivamente
laboró como docente contratada para ejercer funciones eminentemente educativas
a favor de dicha entidad territorial desde el 1.º de marzo de 1993 hasta el 1.º de
mayo del mismo año.
32. En este punto la sala resalta que, frente al hecho de que la solicitante haya
acumulado tiempos de labor como maestra a través de contratos u órdenes de
prestación de servicios (OPS), la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de
agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado14 abordó el tema y concluyó a
título de regla que la labor de los educadores con ese tipo de vínculo no es diferente
ni opuesto al que se deriva de una relación laboral legal y reglamentaria, pues
también se distingue por reunir los elementos esenciales del trabajo como la
subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración.
33. Bajo ese contexto, en la mencionada providencia se estableció que para tales
eventos se permite presumir la existencia de un nexo laboral y, por tanto, considerar
dichos lapsos como verdaderos períodos con efectos prestacionales, no solo para
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
13 Ver expediente digital en el índice 35 de SAMAI – Tribunales. Al respecto se debe tener en cuenta que si bien
la accionante indicó que celebró contratos de prestación de servicios en 1991 y 1992, lo cierto es que respecto
de tales períodos solo existe como prueba una certificación laboral que no cumple con las condiciones para
acreditar la existencia material de las mencionadas órdenes, razón por la cual solo se tendrán en cuenta los
lapsos desde 1993 en adelante por ser los únicos con copia de los contratos aportados como pruebas al
proceso.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de
agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se señaló: «[…] la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]».
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00357-01 (0129-2026)
computarlos, sino además a fin de determinar el régimen pensional aplicable. 15
34. En consecuencia, para esta clase de contrataciones es evidente que el ejercicio
material de la labor educativa necesariamente se da bajo las condiciones de un
presunto vínculo de trabajo en atención al principio de la realidad sobre las
formalidades previsto en el artículo 53 constitucional, el cual, aunque no se
declarará como tal en este proceso debido a que lo propio no fue materia del litigio
como fue fijado, sí permite advertirlo, considerarlo y afirmarlo judicialmente para
determinar la procedencia de la pensión ordinaria de jubilación, contrario a lo
argumentado por la parte accionada en su recurso.16
35. Por lo expuesto, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo
primero que debe recordarse es que, a diferencia de las afirmaciones de la entidad
recurrente, las vinculaciones de un docente bajo la modalidad contractual de OPS
no impide considerar tales lapsos para contabilizarlos a fin de cumplir el requisito
del tiempo de servicio, ello incluso al margen de la efectiva contribución al sistema
de seguridad social mientras laboró como contratista, pues este no fue el criterio
fijado para tal fin en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, sino el de la
demostración de algún tiempo de labor oficial educativa antes de que entrara a regir
la ley de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006.
36. Sobre el particular, si bien la subsección en algunos casos similares había
indicado que los artículos 4 y 9 de la Ley 797 de 2003 que modificaron los artículos
17 y 33 de la Ley 100 de 1993 establecieron desde 2003 como exigencia para el
reconocimiento de la pensión de jubilación que se demostraran los aportes al
sistema pensional, lo cierto es que ni antes ni después de esta fecha debe
verificarse como requisito la realización efectiva de las cotizaciones por parte de
docentes contratistas para poder tener en cuenta los períodos laborados bajo esa
modalidad con fines pensionales.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de febrero de 2022. Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). En esta providencia se planteó
que: «[...] Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la demandante con
la mentada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus
actividades fue otra diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que los efectos
jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan configurado en su momento. Lo expuesto implica que sin
perjuicio del vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita
pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella época, sí
debe entenderse que la señora Marín Cardona ejerció funciones propias e inherentes a la condición de docente
estatal desde el 2 de febrero de 1998, es decir, a partir de la primera ejecución del contrato de prestación de
servicios como docente, suscrito con la mentada autoridad departamental para ser desarrollado en algunas de
sus instituciones educativas. […] A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en
los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente, fundada en vínculos contractuales
con entidades de derecho público o a su servicio, es posible tener por configurados los tres elementos
constitutivos de una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada
por un educador, hace que esta sea necesariamente personal, remunerada y sometida a reglamentaciones,
instrucciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento. […]»
16 Tales afirmaciones encuentran respaldo en las sentencias del 20 de junio de 2024 dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con radicado 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-
2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, y del 18 de febrero de 2021 en el asunto con número interno 4163-
2014.
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00357-01 (0129-2026)
41. Esto sin desconocer que los aportes pendientes de recaudo por tales lapsos con
contratos necesariamente deben ser abonados al FOMAG, por lo que este fondo a
través de su administradora tiene la facultad y el deber de efectuar el cobro
completo, actualizado y real de los aportes por tales tiempos en la proporción que
le correspondía respectivamente a la demandante como empleada, así como al
empleador, pues su naturaleza parafiscal conlleva la obligatoriedad del recaudo y la
imprescriptibilidad, tal como se desprende del artículo 2.2.3.3.3. del Decreto 1833
de 2016, lo que implica que no encuentra respaldo el argumento del supuesto
detrimento patrimonial, en la medida en que siempre contará con los mecanismos
legales para obtener los recursos necesarios para la financiación plena de la
prestación.
37. Pues bien, una vez precisado lo anterior, se advierte que la entidad demandada
negó el derecho reclamado por medio del acto reprochado, pero en vía judicial
sustentó que esa decisión obedeció al hecho que no era dable tener en cuenta los
tiempos desarrollados mediante OPS por la reclamante por no haber sido objeto de
cotización al fondo y no haberse determinado la existencia de una relación laboral
encubierta, argumentos que ya fueron rebatidos anteriormente.
38. A pesar de esta consideración, lo cierto es que ni en vía administrativa ni en
sede judicial se ha puesto en duda la existencia y ejecución del primer vínculo
contractual ni de los siguientes contraídos por la actora, lo que significa que, al no
existir controversia acerca de la labor ejercida materialmente por la demandante
como docente, pero sí sobre cuál es el tipo de vinculación habilitante para analizar
el derecho prestacional, se puede tener demostrado el hecho de que inició su labor
propiamente educativa el 1.º de marzo de 1993, fecha que definitivamente es
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).
39. Se concluye entonces al igual que el juez de primera instancia que, conforme a
las reglas de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 y el marco normativo
desarrollado anteriormente, el hecho de que el primer vínculo de la accionante haya
sido mediante OPS no desdice la naturaleza educativa del servicio prestado que es
lo que la hace beneficiaria del régimen anterior al de la Ley 812 de 2003, por lo que
es viable verificar la situación jurídica reclamada de acuerdo con las previsiones del
artículo 81 de dicha norma.
40. De allí que, efectivamente la pensión de la educadora debía analizarse
conforme a la regulación previa contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15
numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten a las normas de los
empleados públicos del orden nacional, consagradas esencialmente en la Ley 33
de 1985 cuando se acumulan solo tiempos de origen público, tal como lo estimó
acertadamente el tribunal de origen.
41. Bajo este entendido se corrobora la ilegalidad del acto administrativo
demandado, más aún porque la demandante sí había acreditado los requisitos
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necesarios para consolidar el derecho a una pensión de jubilación con base en los
postulados de la aludida Ley 33 de 1985, pero adicional, conforme a los
lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 25
de abril de 2019 sobre la materia.
42. Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye al
igual que en la sentencia recurrida que: i) la accionante acreditó 55 años de edad el
1.º de agosto de 2020;17 ii) de la sumatoria de los tiempos servidos como docente
contratista del municipio de Rovira entre 1993 y 2003,18 y finalmente nombrada por
el departamento del Tolima en provisionalidad del 19 de abril de 2004 hasta el 17
de junio de 2005, y luego en propiedad del 1.º de julio de 2006, al menos hasta el
año 2021 cuando se radicó la petición y aún seguía activa, se observa que acreditó
20 años de labor el 4 de junio de 2017,19 y iii) dentro del período comprendido entre
el 1.º de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020 (año anterior al estatus configurado
con los 55 años de edad que se acreditaron con posterioridad al cumplimiento del
tiempo de servicio), la educadora devengó la asignación básica, la bonificación
mensual docente, y la bonificación pedagógica como únicos haberes salariales
computables y percibidos en su caso sobre los que debió realizar aportes y que se
encuentran enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 y en los decretos únicos
prestacionales de los maestros, tal como lo determinó el tribunal de origen.
43. Con todo, acertó el tribunal al afirmar que dicha prestación debe concederse
con efectividad desde el momento en que la accionante adquirió la condición
habilitante de la pensión, esto es, desde el 1.º de agosto de 2020, ello en la medida
en que este derecho es compatible con el salario de docente sin necesidad de
demostrar el retiro del servicio de conformidad con los artículos 19, literal g) de la
Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, aplicables a su caso particular por
haber sido vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
44. Ahora, se concuerda que no prospera la excepción de prescripción porque
efectivamente entre las fechas de exigibilidad del derecho (1.º de agosto de 2020),
de radicación de la reclamación administrativa (2021),20 y de la presentación de la
demanda (14 de abril de 2023),21 no transcurrieron más de tres años de que tratan
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
45. De otra parte, como en el presente caso se tuvo en cuenta la existencia de una
relación laboral encubierta, únicamente para efectos pensionales de la demandante
durante los períodos en los cuales se desempeñó como docente contratada,
17 La demandante nació el 1.º de agosto de 1965. Ver copia de la cédula de ciudadanía obrante en el expediente
digital del índice 35 de SAMAI - Tribunales.
18 Ver copia de los contratos y órdenes de prestación de servicios suscritos por la actora con el municipio de
Rovira entre 1993 y 2003, los cuales reposan en el expediente digital del índice 35 de SAMAI – Tribunales.
19 Ver certificados de información laboral y de salarios expedidos por el departamento del Tolima que reposa en
el expediente digital.
20 Ver comprobante de radicación de la petición en el expediente digital del índice 35 de SAMAI - Tribunales.
21 Ver acta individual de reparto del proceso en el expediente digital.
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necesariamente el FOMAG tiene la potestad y obligación de efectuar el cobro
completo, actualizado y real de los aportes por tales tiempos en la proporción que
le correspondía respectivamente a la maestra y al municipio de Rovira como
empleador, pues su naturaleza parafiscal conlleva la obligatoriedad del recaudo y la
imprescriptibilidad.22
46. Por tanto, ante la falta de decisión expresa en la parte resolutiva por parte del
tribunal de primera instancia sobre este punto, que en todo caso es de obligatoria
manifestación según la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto
de 2016, la Sala deberá complementar el fallo recurrido en atención a la facultad
dispuesta en el inciso 2.º del artículo 287 del CGP, dado que la parte afectada con
esta omisión es precisamente la entidad apelante.23
47. Al respecto, para evitar el desfinanciamiento de la pensión y el consecuente
detrimento del sistema, habrá de adicionarse el ordinal tercero bis en el que se
ordene a la autoridad accionada, realizar las actuaciones interadministrativas a que
haya lugar para obtener el pago por parte del municipio de Rovira de las
cotizaciones en la proporción que le habría correspondido como empleador de la
demandante durante los períodos en los que esta se desempeñó como docente
para la entidad territorial por medio de contratos de prestación de servicios que
encubrieron una relación laboral, esto es, por el interregno comprendido entre el 1.º
de marzo de 1993 y el 13 de diciembre de 2003 (dentro de sus respectivos
intervalos o duración de los contratos), y solo en caso de que estas no se hayan
pagado aún, o en el evento en que estos valores sean inferiores o presenten
diferencias respecto de las liquidadas por el mismo fondo del magisterio.
48. Se advierte que, si el mencionado ente municipal no asumió la proporción del
pago que por este mismo concepto le correspondía a la demandante, el FOMAG
deberá verificar mensualmente si esta última realizó los aportes a pensión por los
tiempos en que laboró mediante contratos de prestación de servicios en su
porcentaje como trabajador, y en caso afirmativo, también verificará si existe una
diferencia entre las sumas.
49. Para ello, la parte demandada efectuará los requerimientos necesarios a fin de
que, tanto el municipio de Rovira como la demandante acrediten documentalmente
ante el FOMAG las cotizaciones que hubiesen realizado a dicho fondo o a cualquier
otro durante su vínculo contractual (si las hicieron). Una vez se concrete lo anterior,
si la entidad accionada advierte que faltaron cotizaciones o se presenta diferencia
en la proporción que le correspondía a la actora como empleada, esta tendrá que
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que tenía a su cargo, por lo que
22 Posición fijada por el Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda, en la sentencia de unificación
CESUJ2-5 del 25 de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015).
23 Artículo 287. Adición. […] El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre
que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o
la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. […]
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00357-01 (0129-2026)
se autoriza realizar el descuento sobre la condena de los valores que le
correspondan a la reclamante, única y exclusivamente bajo el referido supuesto y
en la medida en que no se supere el monto a pagar.
50. Estos argumentos son suficientes para adicionar el fallo apelado conforme lo
anterior, y confirmarlo en todo lo demás.
Condena en costas de segunda instancia
51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
54. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. ADICIONAR el ordinal tercero bis a la sentencia proferida el treinta (30)
de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Tolima,
por medio de la cual se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la siguiente
manera:
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00357-01 (0129-2026)
«[…] Tercero bis: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, a
través de la administradora del fondo, realizar las actuaciones interadministrativas a
que haya lugar para obtener el pago por parte del municipio de Rovira de las
cotizaciones en la proporción que le habría correspondido como empleador de la
demandante durante los períodos en los que esta se desempeñó como docente para
la entidad territorial por medio de contratos de prestación de servicios que
encubrieron una relación laboral, esto es, por el interregno comprendido entre el 1.º
de marzo de 1993 y el 13 de diciembre de 2003 (dentro de sus respectivos intervalos
o duración de los contratos), y solo en caso de que estas no se hayan pagado aún,
o en el evento en que estos valores sean inferiores o presenten diferencias respecto
de las liquidadas por el mismo fondo del magisterio.
Para el efecto, si el mencionado ente municipal no asumió la proporción del pago que
por este mismo concepto le correspondía a la demandante, el FOMAG deberá
verificar mensualmente si esta última realizó los aportes a pensión por los tiempos
en que laboró mediante contratos de prestación de servicios en su porcentaje como
trabajador, y en caso afirmativo, también verificará si existe una diferencia entre las
sumas.
Adicionalmente, la parte demandada efectuará los requerimientos necesarios a fin
de que, tanto el municipio de Rovira como la demandante acrediten
documentalmente ante el FOMAG las cotizaciones que hubiesen realizado a dicho
fondo o a cualquier otro durante su vínculo contractual (si las hicieron). Una vez se
concrete lo anterior, si se advierte que faltaron cotizaciones o se presenta diferencia
en la proporción que le correspondía a la actora como empleada, esta tendrá que
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que tenía a su cargo, por lo que
se autoriza realizar el descuento sobre la condena de los valores que le
correspondan a la reclamante, única y exclusivamente bajo el referido supuesto y
en la medida en que no se supere el monto a pagar. […]»
Segundo. CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo demás.
Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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