Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04097-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04097-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04097-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04097-00
Accionante: José Augustín Sánchez Quesada
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Amparar los derechos fundamentales invocados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el señor José Agustín Sánchez Quesada, quien actúa en
nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad
social e igualdad, ocurrida con la expedición de la sentencia del 8 de abril de 2026,
proferida al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 25269-33-33-003-2022-00201-00 [01].
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor José Augustín Sánchez Quesada interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con la finalidad de que se
declarara la nulidad del acto ficto negativo configurado ante la omisión de respuesta
a la petición presentada el 29 de octubre de 20211 y, a título de restablecimiento del
derecho, se condenara a las entidades a reconocer y pagar la pensión de jubilación
por aportes en una cuantía equivalente al 75 % del salario básico y demás
emolumentos establecidos por la ley como factores de cotización con sus
respectivos intereses moratorios.
3. ElJuzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Facatativá, a través de la
sentencia del 21 de febrero de 2026, accedió a las pretensiones de la demanda,
argumentando que el señor Sánchez Quesada, en calidad de docente, acumuló
1
En la que se solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes.
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Acción De Tutela
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Accionante: José Augustín Sánchez Quesada
aportes al Instituto de Seguros Sociales y al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales y se vinculó el 1° de febrero de 1999, es decir, antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen pensional aplicable era la Ley
71 de 1988 y, al cumplir los requisitos de edad y años de aportes, era beneficiario
de la pensión de jubilación por aportes.
4. En sede de apelación, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 8 de abril de 2026, revocó
la decisión judicial anterior para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda,
pues, a su juicio, el demandante no resultaba beneficiario del régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para reclamar la pensión por
aportes de la Ley 71 de 1988.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
• Sustantivo: al desconocer el régimen pensional especial aplicable a los
docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
previsto en el artículo 81 ibidem, el parágrafo transitorio 1° del artículo 48 de
la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley
91 de 1989 y la Ley 71 de 1988, así como al aplicar indebidamente el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, pese a que, conforme al artículo 279 ibidem, los
docentes afiliados al FOMAG se encuentran excluidos del Sistema General
de Seguridad Social y, por ende, de régimen de transición allí consagrado.
Además, porque restringió el alcance del régimen pensional docente al
excluir la aplicación de la Ley 71 de 1988 e imponer requisitos no previstos
por el legislador para acceder a la pensión de jubilación por aportes.
• Desconocimiento del precedente judicial: en relación con las sentencias
de unificación proferidas el 28 de agosto de 2018 y 25 de abril de 2019 por
el Consejo de Estado, con radicados 52001-23-33-000-2012-00143-01,
68001-23-33-000-2015-00569-01; del 6 de septiembre de 2021, con radicado
11001-03-15-000-2021-03766-00; 24 de febrero de 2022; 24 de febrero de
2022, con radicado 63001-23-33-000-2018-00183-01 y; 13 de febrero de
2025, con radicado 68001-23-33-000-2018-00120-01.
• Violación directa de la Constitución Política: los artículos 13, 29, 48 y 53
de la Constitución Política.
2.3. Pretensiones
6. Con fundamento en lo anterior, la parte accionante solicitó:
«PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, la sentencia de segunda instancia calendada el 08 de abril de 2026,
notificada el 15 de abril de este año, expediente No. 252693333003-2022-00201-
01 el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – Sección Segunda
Subsección “C” – M.P.: Carlos Alberto Orlando Jaiquel al revocar la sentencia del
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Acción De Tutela
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Accionante: José Augustín Sánchez Quesada
21 de febrero de 2025 emitida por el Juzgado Cuarto (04) Administrativo del
Circuito Judicial de Facatativá y negar las pretensiones de la demanda
encaminada al reconocimiento de mi pensión de jubilación, vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia, el debido proceso
judicial, el régimen especial de la pensión de jubilación docente, el acceso de la
administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título y demás que
considere la Honorable Corporación.
SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia del 08 de abril de 2026
notificado el 15 de abril de este año, con radicación No. 252693333003-2022-
00201-01 carece de efectos legales.
TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que
considere prudente el señor Juez Constitucional, la Corporación accionada
profiera nueva sentencia evaluando de manera integral las normas que conforman
el régimen exceptuado docente, el cual debe estar en armonía con los artículos 4,
13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política, la jurisprudencia sobre la materia,
específicamente la Sentencia de Unificación de SALA PLENA del 28 de agosto de
2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), la Sentencia de Unificación
de fecha 25 de abril de 2019, radicado 680012333000201500569-01 (0935-2017).
M.P.: César Palomino Cortés en lo relativo a que no me cobija como docente el
régimen de transición de Ley 100 de 1993 y además considerando que me asiste
el derecho a la pensión de jubilación corte Ley 91 de 1989 – Ley 71 de 1988, en
concordancia con la línea jurisprudencial citada en la presente acción. CUARTA.
• Las declaraciones y ordenes que el Honorable Tribunal Corporativo considere
necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados con el fallo
de segundo grado, objeto de la controversia constitucional». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
7. Por medio del auto del 1° de junio de 2026, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C como accionado y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Facatativá y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG como terceros interesados en el
resultado del proceso.
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C se opuso a los argumentos de la acción de tutela, pues, a su juicio, no incurrió en
los defectos alegados, por el contrario, adoptó su decisión judicial con fundamento
en las disposiciones y la interpretación aplicable al caso concreto.
9. Además, reiteró que, si bien el demandante se vinculó al sector oficial docente
antes de la expedición de la Ley 812, para que le sea aplicable la Ley 71 de 1988,
debía acreditar los requisitos del régimen de transición contenido en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, indispensables para que los docentes oficiales sean
beneficiarios de la pensión por aportes, tal como lo consideró el Consejo de Estado
en la sentencia de 09 de marzo de 2023. Consejero Ponente Doctor César Palomino
Cortés, Rad No.180012340000-2018-00064-01.
10. Entodo caso, adujo que la acción de tutela no cumple los requisitos de
procedibilidad para cuestionar providencias judiciales, debido a que se pretende
acceder a una tercera instancia. Por ende, solicitó que se deniegue el amparo.
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Accionante: José Augustín Sánchez Quesada
11. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Facatativá sostuvo que
carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la acción de tutela
únicamente se dirige contra la decisión judicial adoptada en segunda instancia,
mediante la cual se revocó la sentencia de primer grado y se negaron las
pretensiones de la demanda.
12. El Ministerio de Educación: manifestó que la acción de tutela se torna
improcedente, en la medida en que no se advierte ninguna vulneración de los
derechos fundamentales invocados y la controversia planteada es de naturaleza
estrictamente económica.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
13. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
14. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad
para cuestionar una decisión judicial. En caso afirmativo, deberá establecerse si la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente judicial, al proferir la sentencia del 8 de abril de
2026 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25269-33-33-003-2022-00201-01.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
15. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.
16. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos
judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
17. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.
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18. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.
19. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
20. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
21. Los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, son: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, salvo,
claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.2. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
3.3.3. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
3.3.4. Se observa igualmente que la presentación2 del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que adquirió ejecutoria la providencia cuestionada3.
3.3.5. La parte accionante no alegó una irregularidad procesal.
2 28 de mayo de 2026.
3 22 de abril de 2026.
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3.3.6. Esta Subsección considera acreditado el requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que se centra en establecer una presunta
vulneración iusfundamental derivada de la supuesta configuración de los defectos
por sustantivo, violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del
precedente judicial, causales que se encuentran debidamente
fundamentadas. Aunado a ello, no se pretende habilitar una tercera instancia del
proceso ordinario, en tanto, como se dijo, las causales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial se encuentran debidamente argumentadas.
3.3.6. Por último, se advierte que la acción de tutela no se dirige contra una
providencia de la misma naturaleza.
22. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
23. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic)
que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite
la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En
suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de
la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de
juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»4.
24. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando
la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento
del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.
4Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es cierto
que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía
e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha
facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada,
emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra
limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de
Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo
que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión
que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce
ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se
adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador»5.
25. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.
3.5. La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial.
26. En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre
otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto
se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un
caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación
claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar
la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los
postulados superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna de
las partes en el proceso.
Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
5 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar
que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor
normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de
tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados»6.
3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
27. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18967, precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de
la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho
en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
28. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
29. Respecto del precedente vertical8, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
30. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso9.
31. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación10.
32. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
6 Corte Constitucional, sentencia T – 587 del 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente: Alberto
Rojas Ríos.
7
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
8
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
9
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
10 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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3.7. Análisis de los presuntos defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial en el caso
concreto
33. Teniendo en cuenta que los argumentos formulados para sustentar los presuntos
defectos sustantivo, violación directa de la Constitución Política y el
desconocimiento del precedente judicial se encuentran intrínsecamente
relacionados, esta Subsección procederá a abordarlos de manera conjunta, a fin de
efectuar un análisis integral y sistemático del problema jurídico planteado.
34. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo, violación directa de la Constitución Política y desconocimiento
del precedente judicial, al considerar que desconoció el régimen pensional especial
correspondiente a los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, pues aplicó indebidamente el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y excluyó la aplicación de la Ley 71 de 1988, con
lo cual consideró transgredidos los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Constitución
Política.
35. De igual forma, estimó desconocida la jurisprudencia del Consejo de Estado, en
particular, las sentencias de unificación proferidas el 28 de agosto de 2018 y 25 de
abril de 2019 por el Consejo de Estado, con radicados 52001-23-33-000-2012-
00143-01, 68001-23-33-000-2015-00569-01; del 6 de septiembre de 2021, con
radicado 11001-03-15-000-2021-03766-00; 24 de febrero de 2022; 24 de febrero de
2022, con radicado 63001-23-33-000-2018-00183-01 y; 13 de febrero de 2025, con
radicado 68001-23-33-000-2018-00120-01, entre otras.
36. Al respecto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado11 ha
señalado que el régimen pensional de los docentes oficiales vinculados con
anterioridad a la Ley 812 de 2003, se encuentra regulado por la Ley 91 de 1989, la
cual remite al régimen pensional de los servidores públicos del orden nacional. Por
lo tanto, según las circunstancias de cada caso, pueden resultar aplicables las
Leyes 33 de 1985 o 71 de 1988, sin que sea exigible el cumplimiento de los
requisitos del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
37. En el mismo sentido, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado12 ha sostenido que los docentes oficiales vinculados al servicio público antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 conservan el régimen especial del
magisterio, previsto principalmente en la Ley 91 de 1989, de conformidad con el
Acto Legislativo 01 de 2005 y la sentencia de unificación proferida el 25 de abril de
2019 por esta Corporación. En consecuencia, a estos docentes no les resulta
aplicable el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993.
38. De lo anterior se desprende que la posición actual de la Sección Segunda del
Consejo de Estado se encuentra pacífica, en la medida en que amabas
Subsecciones coinciden en que a los docentes oficiales vinculados al servicio
11 Sentencia del 17 de julio de 2025, C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
12 Sentencia del 13 de febrero de 2025, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, rad. 68001-23-33-000-2018-00120-
01.
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Accionante: José Augustín Sánchez Quesada
público antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 les resulta aplicable
el régimen prestacional anterior, contenido en la Ley 91 de 1989, que, a su vez,
remite al régimen ordinario de los servidores públicos del orden nacional dentro del
cual se encuentra la Ley 71 de 1988 como disposición aplicable a los supuestos de
acumulación de tiempos de servicios públicos y cotizaciones efectuadas en el sector
privado.
39. Al respecto, la autoridad judicial accionada consideró lo siguiente:
«Descendiendo al caso concreto, no se discute que el señor José Agustín
Sánchez Quesada nació el 30 de noviembre de 1956, de manera que para el 1º
de abril de 1994 tenía 37 años. Tampoco hay duda de que para esa misma fecha
no había prestado 15 años de servicios, pues dentro del expediente se encuentra
probado que se vinculó al servicio docente el 1° de febrero de 199 y antes de
ello había cotizado a Colpensiones desde el 04 de marzo de 1991.
(…)
En este orden se colige el demandante no tiene derecho al régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 para reclamar la pensión por
aportes de la ley 71 de 1988.
Lo anterior teniendo que cuenta que los regímenes anteriores a la expedición de
la ley 100 de 1993, como el contenido en la ley 71 de 1988, resultan aplicables
en aquellos eventos en que cualquier persona servidora del Estado durante toda
su vida laboral no alcance a completar su tiempo de servicio al Estado para
acceder a la prestación de jubilación, y está amparada por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.
Esta posición encuentra respaldo en pronunciamiento del Consejo de Estado13
(…).
En este orden se tiene que, si bien el demandante se vinculó al sector oficial
docente antes de la expedición de la ley 812, para que le sea aplicable la Ley 71
de 1988, debe acreditar los requisitos del régimen de transición contenido en el
artículo 36 de la ley 100 de 1993, requisito indispensable para que los docentes
oficiales sean beneficiarios de la pensión por aportes, tal como lo consideró el
Consejo de Estado en la decisión analizada líneas atrás.
Luego entonces, basta este análisis, para revocar el fallo de primera instancia,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin que sea
necesario entrar a analizar si el demandante cumple con los requisitos
pensionales bajo el amparo de alguna otra norma, pues el extremo activo en su
demanda fue claro en señalar que en el caso de autos la pensión solicitada y a
reconocer debe serlo al amparo de la ley 71 de 1988.
Por lo expuesto se revocará la sentencia proferida por escrito el veintiuno (21)
de febrero dos mil veintiséis (2026), por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo
del Circuito Judicial de Facatativá, en virtud de la cual, se accedió a las súplicas
de la demanda para en su lugar NEGAR las pretensiones».
40. En efecto, la autoridad judicial accionada partió de la premisa según la cual los
docentes oficiales vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, únicamente
pueden beneficiarse de la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 si
acreditan los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
13 Sentencia del 9 de marzo de 2023, C.P. César Palomino Cortés, rad. 18001-23-40-000-2018-00064-01.
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Accionante: José Augustín Sánchez Quesada
1993.
41. No obstante, dicha interpretación desconoce que la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha manifestado de manera reiterada que los
docentes amparados por el régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989
conservan el régimen prestacional anterior, circunstancia que excluye la aplicación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 como presupuesto para acceder a la pensión
de jubilación por aportes.
42. Así las cosas, la Sala encuentra acreditados, de manera concurrente, los
defectos alegados por la parte accionante, en tanto, la exigencia del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 como condición para aplicar la Ley
71 de 1988 a docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, carece de respaldo
normativo, se aparta de la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado y resulta
incompatible con los mandatos constitucionales que orientan la interpretación de los
derechos pensionales.
43. En particular, los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política, en donde
se contemplan los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, la
seguridad social y las garantías mínimas en materia laboral, pues resulta evidente
que la interpretación acogida por la autoridad judicial accionada impone al señor
Sánchez Quesada una exigencia que no se encuentra prevista en el ordenamiento
jurídico, otorgándole un tratamiento diferenciado e injustificado respecto de otros
servidores públicos cobijados por la misma normatividad y restringiendo
injustificadamente el acceso a una prestación pensional que lo beneficia, con
desconocimiento del principio de favorabilidad.
44. En consecuencia, se i) se ampararán los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social e igualdad del señor
Sánchez Quesada, ii) se dejará sin efectos la sentencia proferida el 8 de abril de 2026
por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25269-33-33-003-2022-00201-01 y iii) se ordenará a la
autoridad judicial accionada que, en el término de 20 días contados a partir de
la ejecutoria de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, de
conformidad con lo aquí expuesto.
45. No obstante, lo anterior no implica la concesión automática de las pretensiones
formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que
constituye un llamado a la autoridad judicial a fin de que se pronuncie sobre las tesis
existentes sobre la compatibilidad entre la pensión y el salario devengado por el
docente oficial.
46. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Accionante: José Augustín Sánchez Quesada
FALLA
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, seguridad social e igualdad del señor Sánchez Quesada.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 8 de abril de 2026 por
la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25269-33-33-003-2022-00201-01.
TERCERO: ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en el término de 20
días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, profiera una
decisión de reemplazo, de conformidad con lo aquí expuesto.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
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