Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03862-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03862-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03862-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
14 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03862 01
Accionante: Luz Marina Becerra Useda
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia de tutela de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir
el requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 18 de junio de 2026 por la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de
Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Luz Marina Becerra Useda, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, la sentencia de segunda instancia calendada el 11 de marzo de 2026,
notificada el 19 de marzo de este año, expediente No. 11001-33-42-049-2024-
00451-01 el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – Sección
Segunda Subsección “C” – M.P.: Samuel José Ramírez Poveda al revocar la
sentencia del 01 de agosto de 2025 emitida por el Juzgado Cuarenta y Nueve
Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. y negar las pretensiones de la demanda
encaminada al reconocimiento de mi pensión de jubilación, vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia, el debido proceso
judicial, el régimen especial de la pensión de jubilación docente, el acceso de la
administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título y demás que
considere la Honorable Corporación.
SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia DEL 11 de marzo de 2026
notificada el 19 de marzo de este año, con radicación No. 11001-33-42-049-2024-
00451-01 carece de efectos legales.
TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que
considere prudente el señor Juez Constitucional, la Corporación accionada
profiera nueva sentencia evaluando de manera integral las normas que conforman
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03862 00.
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Accionante: Luz Marina Becerra Useda
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
el régimen exceptuado docente, el cual debe estar en armonía con los artículos 4,
13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política, la jurisprudencia sobre la materia,
específicamente la Sentencia de Unificación de SALA PLENA del 28 de agosto de
2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), la Sentencia de Unificación
de fecha 25 de abril de 2019, radicado 680012333000201500569-01 (0935-2017).
M.P.: César Palomino Cortés en lo relativo a que no me cobija como docente el
régimen de transición de Ley 100 de 1993 y además considerando que me asiste
el derecho a la pensión de jubilación corte Ley 91 de 1989 – Ley 71 de 1988, en
concordancia con la línea jurisprudencial citada en la presente acción.
CUARTA. - Las declaraciones y ordenes que el Honorable Tribunal Corporativo
considere necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados
con el fallo de segundo grado, objeto de la controversia constitucional.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante manifestó que durante su vida laboral efectuó cotizaciones a Colpensiones
y prestó sus servicios como docente para las secretarías de Educación de Bogotá D. C.
y de Soacha.
Indicó que se vinculó al servicio educativo oficial el 4 de febrero de 2002, en calidad de
docente interina de la Secretaría de Educación de Bogotá D. C. y que, posteriormente,
continuó vinculada como docente provisional.
Sostuvo que, al haber ingresado al servicio docente oficial antes del 27 de junio de 2003,
le resultaba aplicable el régimen pensional previsto en la Ley 91 de 1989, en
concordancia con la Ley 71 de 1988. En ese sentido, afirmó que tenía derecho a obtener
la pensión de jubilación por aportes al acreditar 55 años de edad y 20 años de servicios.
Expuso que solicitó ante la administración distrital el reconocimiento y pago de dicha
prestación; sin embargo, mediante la Resolución BOG202411400 del 16 de septiembre
de 2024, el director de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de
Bogotá negó su petición.
Señaló que, en virtud de lo anterior, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Bogotá D. C. – Secretaría de
Educación, con el propósito de obtener la nulidad del referido acto administrativo y el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
Precisó que el asunto correspondió al Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, autoridad que, mediante sentencia del 1 de agosto de 2025,
resolvió (i) declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D. C.; (ii) declarar no
probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido,
prescripción de mesadas y compensación propuestas por la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y,
finalmente, (iii) declarar la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó
reconocerle la pensión de jubilación por aportes, de conformidad con la Ley 71 de 1988
y el Decreto 2709 de 1994.
Explicó que la prestación fue reconocida en un monto equivalente al 75 % del promedio
de la asignación básica, la bonificación mensual y la bonificación pedagógica percibidas
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 03862 01
Accionante: Luz Marina Becerra Useda
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
entre el 15 de marzo de 2022 y el 15 de marzo de 2023, con efectividad desde esta última
fecha.
Anotó que la sentencia fue apelada y que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, mediante providencia del 11 de marzo de 2026,
notificada el 19 de marzo siguiente, revocó la decisión de primera instancia y en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda.
Manifestó que el tribunal accionado consideró que, para el 1 de abril de 1994, fecha de
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, tenía 26 años de edad y no acreditaba 15 años
de servicios cotizados, razón por la cual, concluyó que la señora Becerra Useda no era
beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de esa normativa y
que no podía obtener la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
Adujo que la autoridad judicial accionada sustentó su determinación, entre otras, en las
sentencias del 28 de enero de 2021, proferida dentro del proceso con radicado núm.
76001 23 33 000 2013 00942 01, y del 9 de marzo de 2023, dictada en el expediente con
radicado núm. 18001 23 40 000 2018 00064 01.
Resaltó que la magistrada Mirtha Abadía Serna salvó su voto, al estimar que la decisión
mayoritaria se fundamentó en una línea jurisprudencial superada por el Consejo de
Estado.
Al respecto, explicó que, según el salvamento de voto, la postura vigente establece que
a los docentes vinculados al servicio educativo oficial antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003 no se les puede exigir el cumplimiento del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión regulada por la Ley 71 de
1988.
Agregó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicó una norma ajena al
régimen pensional exceptuado de los docentes y le impuso un requisito no contemplado
en las Leyes 71 de 1988, 91 de 1989 y 812 de 2003, ni en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Argumentó que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Sistema General de Pensiones. Por
tanto, aseguró que tampoco les resulta aplicable el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de esa normativa.
Alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, dado que
condicionó el reconocimiento de la pensión por aportes al cumplimiento del referido
régimen de transición, pese a que el único presupuesto exigible era haberse vinculado al
servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003.
Asimismo, reprochó que el Tribunal redujera el régimen aplicable a los docentes a la Ley
33 de 1985 y excluyera la Ley 71 de 1988, la cual, forma parte del régimen pensional del
sector público y permite acumular los tiempos cotizados en entidades públicas y privadas.
También invocó el desconocimiento del precedente judicial. Al respecto, sostuvo que la
providencia cuestionada se apartó de la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
dentro del proceso con radicado núm. 52001 23 33 000 2012 00143 01.
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Accionante: Luz Marina Becerra Useda
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Aseguró que esa providencia precisó que los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio fueron exceptuados del Sistema Integral de
Seguridad Social por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y, por esa razón, no se
encuentran cobijados por su régimen de transición.
Añadió que la decisión desconoció la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del
25 de abril de 2019, dictada dentro del proceso con radicado núm. 68001 23 33 000 2015
00569 01, en la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró que el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 no resulta aplicable a los docentes.
Igualmente, citó la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida dentro del proceso con
radicado núm. 68001 23 33 000 2018 00120 01. Expuso que, en esa oportunidad, la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado sostuvo que exigir el régimen
de transición desconocía el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1
del Acto Legislativo 01 de 2005, además de imponer cargas adicionales no previstas por
el legislador.
La actora mencionó otras providencias proferidas por las subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en las que se reconoció que la aplicación de la
Ley 71 de 1988 a los docentes no depende del cumplimiento de los requisitos del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, sino de su vinculación al servicio educativo oficial antes del 27
de junio de 2003.
Destacó, entre ellas, la sentencia de tutela del 10 de julio de 2025, proferida dentro del
proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 03743 00, la cual, en un asunto que
estimó semejante al suyo, el Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de
un docente y concluyó que exigirle el régimen de transición configuró un defecto
sustantivo, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución
Política.
Aseveró que el Tribunal también incurrió en violación directa de la Constitución, al
desconocer sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad
social, así como el principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 superior.
En relación con los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial, sostuvo que el asunto tiene relevancia constitucional, debido a que la decisión
cuestionada no solo involucra una controversia económica, sino que compromete sus
derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana.
Respecto de la subsidiariedad, manifestó que agotó la actuación administrativa y las dos
instancias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual culminó con la
sentencia del 11 de marzo de 2026.
En cuanto a la inmediatez, indicó que la providencia cuestionada fue notificada el 19 de
marzo de 2026 y que acudió al mecanismo constitucional dentro de los seis meses
siguientes. Finalmente, precisó que la sentencia censurada no fue proferida dentro de
otra acción de tutela.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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Accionante: Luz Marina Becerra Useda
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
3.1. La tutela fue radicada el 20 de mayo de 20262 y correspondió por reparto a la Sección
Tercera – Subsección B de esta Corporación que, por auto del 22 de mayo de 20263 la
admitió y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - Subsección C, como parte accionada; así como vincular a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y al Juzgado Cuarenta y Nueva Administrativo de Bogotá, como
terceros con interés en las resultas del proceso.
De igual forma, requirió al Juzgado Cuarenta y Nueva Administrativo de Bogotá para que
allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 11001 33 42 049 2024 00451 00/01, el cual fue remitido5.
3.2. El Juzgado Cuarenta y Nueva Administrativo de Bogotá rindió informe6 y explicó que
adoptó esa decisión al considerar que la demandante se vinculó al servicio educativo
oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y que no era necesario acreditar
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, expuso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, mediante sentencia del 11 de marzo de 2026, revocó esa decisión y negó
las pretensiones de la demanda.
3.3. La Nación – Ministerio de Educación Nacional allegó escrito7 en el que solicitó
declarar improcedente la acción de tutela y ordenar su desvinculación del trámite
constitucional.
Sostuvo que la controversia carece de relevancia constitucional, en tanto pretende reabrir
un debate jurídico y económico resuelto por el juez natural. Agregó que no se acreditó la
vulneración de los derechos fundamentales invocados ni la configuración de alguno de
los defectos que permiten cuestionar excepcionalmente una providencia judicial.
Asimismo, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al señalar que no profirió la
sentencia censurada ni tiene competencia para intervenir en las decisiones adoptadas
por las autoridades judiciales accionadas.
3.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección C rindió
informe8 en el que explicó que la Ley 71 de 1988 solo resulta aplicable a quienes se
encuentran amparados por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
requisito que la accionante no acreditó.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03862 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03862 00.
4 Esta orden se cumplió el 26 de mayo de 2026. Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03862 00.
5 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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6 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03862 00.
7 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03862 00.
8 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Accionante: Luz Marina Becerra Useda
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Sostuvo que reconocer la pensión por aportes con tiempos públicos y privados, junto con
las prerrogativas propias del régimen docente, desconocería el principio de
inescindibilidad y produciría una mezcla indebida de regímenes pensionales.
Agregó que la decisión cuestionada acogió una interpretación respaldada por
providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado y que la existencia de otra
postura jurisprudencial no convierte el fallo en una vía de hecho. En consecuencia, afirmó
que no se configuraron los defectos alegados ni se vulneraron los derechos
fundamentales invocados.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18
de junio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional.
En primer lugar, negó la solicitud de desvinculación presentada por la Nación – Ministerio
de Educación Nacional, al considerar que fue vinculada como tercero con interés, dado
que actuó como parte demandada en el proceso ordinario y podría resultar afectada por
una eventual decisión de amparo.
Fijó como problema jurídico determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección C incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, al negar a la accionante el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
Al analizar la relevancia constitucional, consideró que la señora Luz Marina Becerra
Useda pretendía reabrir un debate ya resuelto por el juez natural, relacionado con la
aplicación de las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993, la fecha de su vinculación al servicio
docente oficial y la posibilidad de acumular tiempos laborados en los sectores público y
privado.
Explicó que el Tribunal expuso las razones por las cuales estimó que la Ley 71 de 1988
solo era aplicable a quienes fueran beneficiarios del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. Asimismo, señaló que, ante la inexistencia de una sentencia de
unificación sobre la materia, la autoridad judicial podía acoger la interpretación que
considerara adecuada.
Finalmente, sostuvo que las diferencias interpretativas entre la accionante y el juez
natural no justificaban la intervención excepcional del juez constitucional. En
consecuencia, concluyó que la controversia era de carácter legal y que la solicitud de
amparo se utilizó como una instancia adicional para cuestionar la decisión adoptada en
el proceso ordinario.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó señalando lo
siguiente:
Manifestó que la controversia sí cumple el requisito de relevancia constitucional, pues no
se limita a una discusión económica o de mera legalidad, sino que involucra sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso.
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Resaltó que superó la edad de jubilación, fue retirada del servicio docente y que la
pensión constituye su única fuente de subsistencia.
Sostuvo que la acción de tutela no pretende reabrir un debate ordinario ni promover una
tercera instancia, sino establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desconoció precedentes de unificación aplicables al régimen pensional de los docentes
vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
Adujo que la sentencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo, al condicionar la
aplicación de la Ley 71 de 1988 al cumplimiento del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. Asimismo, explicó que los docentes vinculados antes del 27 de
junio de 2003 se encuentran exceptuados del Sistema General de Pensiones, de
conformidad con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, la Ley 91 de 1989 y el parágrafo
transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
Agregó que la autoridad judicial desconoció los principios de favorabilidad e in dubio pro
operario, al escoger la interpretación menos favorable para el reconocimiento de su
derecho pensional, sin valorar su condición de persona de especial protección
constitucional.
Como argumento adicional, citó la sentencia de tutela del 25 de junio de 2026, proferida
por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado dentro del proceso con
radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04097 00.
Indicó que, en ese asunto, la Corporación estudió el caso de un docente vinculado antes
de la Ley 812 de 2003 a quien se le exigió acreditar el régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de
1988.
Expuso que, en dicha providencia, se ampararon los derechos fundamentales invocados,
se dejó sin efectos la sentencia ordinaria y se ordenó proferir una nueva decisión, al
concluir que la exigencia del régimen de transición carecía de respaldo normativo y
desconocía la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Afirmó que ese precedente presentaba identidad fáctica y jurídica con su caso y
desvirtuaba la conclusión del juez de primera instancia, según la cual la controversia era
de naturaleza meramente legal y económica.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia del 18 de junio de 2026 y, en su lugar,
amparar sus derechos fundamentales y ordenar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C proferir una nueva decisión conforme
con la normativa y la jurisprudencia aplicables.
5.2. Por auto proferido el 14 de julio de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 27 de julio de 202610.
9 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03862 00.
10 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03862 01.
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
6.2.1. La señora Luz Marina Becerra Useda promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Bogotá D. C. – Secretaría de
Educación, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución BOG202411400 del 16 de
septiembre de 2024, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación por aportes.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le reconociera y pagara dicha
prestación, de conformidad con la Ley 71 de 1988, por haberse vinculado al servicio
educativo oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
6.2.2. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Cuarenta y Nueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, mediante sentencia del 1 de agosto
de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones.
6.2.3. Inconformes con la anterior decisión, las partes interpusieron recurso de apelación
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C,
mediante sentencia del 11 de marzo de 2026, la revocó.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 11001 33 42 049 2024 00451
00/01.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 03862 01
Accionante: Luz Marina Becerra Useda
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]16.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades17:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
16 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
17 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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Accionante: Luz Marina Becerra Useda
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6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que18:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala considera que, tal como lo indicó el a quo, en este caso no se cumple el requisito
general de relevancia constitucional, pues la parte accionante pretende reabrir el debate
jurídico resuelto dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
objeto de reproche.
Al efecto, se advierte que en el proceso ordinario se discutió si a la señora Luz Marina
Becerra Useda, quien se vinculó al servicio docente oficial antes de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003 y acreditó tiempos laborados en los sectores público y privado, le
resultaba aplicable la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, sin
necesidad de cumplir los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
concluyó que la Ley 71 de 1988 únicamente podía aplicarse a quienes estuvieran
amparados por el referido régimen de transición. Para sustentar esa postura, citó
18 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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providencias del Consejo de Estado que exigían dicho requisito a los docentes que
pretendieran acumular tiempos públicos y privados.
Al resolver el caso concreto, la autoridad judicial verificó que, para el 1 de abril de 1994,
la accionante tenía 26 años y 15 días de edad y no acreditaba 15 años de servicios
cotizados. Por esa razón, concluyó que no era beneficiaria del régimen de transición y
que, en consecuencia, no podía obtener el reconocimiento pensional conforme a la Ley
71 de 1988.
Asimismo, el Tribunal se refirió expresamente a la existencia de decisiones que han
reconocido dicha prestación a docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, sin
exigirles el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. No obstante, advirtió que no
existía una sentencia de unificación sobre ese problema jurídico y explicó las razones por
las cuales acogía la postura contraria.
En la impugnación, la accionante insiste en que la autoridad judicial incurrió en defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Sin
embargo, sus argumentos se dirigen materialmente a cuestionar la interpretación jurídica
adoptada por el juez natural respecto de las Leyes 71 de 1988, 91 de 1989, 100 de 1993
y 812 de 2003.
En ese contexto, acceder al análisis propuesto implicaría que el juez constitucional
invadiera la órbita del juez natural de la causa y sustituyera el criterio razonado del
Tribunal, lo que convertiría la acción de tutela en una instancia adicional.
Ahora bien, la accionante citó la sentencia del 25 de junio de 2026, proferida por la
Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04097 00, en la cual se ampararon los derechos
fundamentales de un docente en una situación semejante.
No obstante, dicha providencia fue dictada en otro proceso constitucional y produce
efectos inter partes, de manera que su decisión se circunscribe a las personas que
intervinieron en ese asunto. Además, no corresponde a una sentencia de unificación, por
lo que no impone al juez de este proceso adoptar automáticamente el mismo sentido de
la decisión.
Por tanto, la existencia de una interpretación distinta, incluso acogida en otro fallo de
tutela, no demuestra por sí sola que la providencia cuestionada sea arbitraria, caprichosa
o carente de motivación, especialmente cuando el Tribunal identificó las distintas
posturas, citó las decisiones que respaldaban su criterio y explicó las razones por las
cuales lo aplicaba al caso concreto.
En consecuencia, al no encontrarse acreditado el requisito de relevancia constitucional,
la Sala confirmará la sentencia del 18 de junio de 2026, proferida por la Sección Tercera
– Subsección B del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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Accionante: Luz Marina Becerra Useda
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de junio de 2026, proferida por la Sección
Tercera – Subsección B de esta Corporación, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 14 de
agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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