Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00120-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00120-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2018-00120-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Temas: Pensión jubilación docente, Ley 71 de 1988. Docente vinculada
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. María Cecilia Santos Reyes presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 1134 del 26 de mayo de 2017, por la cual
el secretario de educación del departamento de Santander, en nombre y
representación del Fomag, le negó el reajuste de la pensión de vejez de
conformidad con la Ley 71 de 1988.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
1 En lo sucesivo Fomag.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 18 de octubre
de 2011 en cuantía equivalente al 75% del ingreso base de liquidación de todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicio, de conformidad
con la Ley 71 de 1988; ii) la indexación de los valores reconocidos y las sumas
adeudadas; iii) el pago de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
sentencia; iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 189,
192, 194 y 195 del CPACA; y v) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. María Cecilia Santos Reyes nació el 18 de octubre de 1956.
3.2. Durante su vida laboral efectuó los siguientes aportes para pensiones:
Entidad de previsión Desde Hasta Total días
Colpensiones
(periodos 1-03-1983 31-01-2003 5717
ininterrumpidos)
Fomag (municipio
24-02-2003 31-05-2005
Bucaramanga)
Colpensiones (tiempo 818
simultáneo con el 01-05-2003 31-01-2004
Fomag)
Colpensiones
(periodos 01-08-2005 30-06-2006 300
interrumpidos)
Fomag
(departamento de 17-07-2006 17-11-2015
Santander)
Colpensiones
3361
(periodos
interrumpidos y 01-08-2006 30-11-2007
simultáneos con el
Fomag)
Total 10196
3.3. Se vinculó por primera vez al servicio educativo oficial el 24 de febrero de 2003,
por lo que su situación pensional no se rige por el régimen general de pensiones.
3.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, adquirió
el estatus pensional el 18 de octubre de 2011.
3.5. Mediante las resoluciones 2016 del 23 de diciembre de 2014 y 0377 del 13 de
enero de 2015, la Secretaría de Educación del departamento de Santander le
reconoció pensión de vejez, en cuantía equivalente al 67% de lo devengado durante
2
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Demandante: María Cecilia Santos Reyes
los 10 últimos años de servicio, de conformidad con los artículos 34 y 36 de la Ley
100 de 1993.
3.6. El 3 de febrero de 2016 solicitó que «se corrigiera el régimen aplicable a la liquidación
de la pensión […] de tal forma que le fuera aplicado el […] establecido en la Ley 71 de
1988». Petición que fue negada por la Secretaría de Educación de Santander, a
través de la Resolución 1134 del 26 de mayo de 2017.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53,
58 y 243 de la Constitución Política; 1, 2 y 36.f del Decreto 2277 de 1979; 1 de la
Ley 33 de 1985; 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de 1989; 279 de la Ley 100
de 1993; y 81 de la Ley 812 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. La entidad de previsión «infirió que no procedía el ajuste del reconocimiento de la
prestación debido a que […] se encontraba afiliado al F.N.P.S.M. desde el 17/07/2006»,
esto es, que de conformidad con la Ley 812 de 2003 se encontraba «afiliada al
régimen de prima media». Lo anterior era contrario a su historia laboral, puesto que
se vinculó al servicio educativo oficial el 24 de febrero de 2003, por lo que su
situación pensional se regía por lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 71 de 1988
y 8 del Decreto 2709 de 1994.
5.2. Así las cosas, de conformidad con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 se
encontraba excluida del sistema integral de seguridad social.
5.3. Asimismo, de acuerdo con la sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por la
Sala Plena de la Sección Segunda, tenía derecho a que la prestación se liquidara
no solamente con aquellos factores que sirvieron de base para realizar los aportes
al sistema, sino todos aquellos que constituyeran salarios, esto es, los que percibió
de manera habitual y periódica.
1.2. Contestación de la demanda
6. 1.2.1. El Fomag3 a través de un oficio con el asunto «contestación de la demanda»
se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso argumentos
relacionados con el régimen de las cesantías de los docentes oficiales.
3 Ibidem 4.
3
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Demandante: María Cecilia Santos Reyes
1.3. La sentencia apelada4
7. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el 31 de
marzo de 2022, declaró la nulidad del acto demandado y ordenó el reconocimiento
de la pensión de conformidad con la Ley 71 de 1988, de conformidad con el régimen
de transición previsto en la Ley 100 de 1993. Lo anterior con sustento en los
siguientes argumentos:
7.1. María Cecilia Santos Reyes era beneficiaria del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que tenía derecho a que su
reconocimiento pensional se efectuara según lo dispuesto en la Ley 71 de 1988 y el
Decreto 2709 de 1994, de acuerdo con el cual adquirió el estatus pensional el 18 de
octubre de 2011, fecha en la que cumplió 55 años de edad y contaba con más de
20 años de servicio.
7.2. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, las cotizaciones
pensionales efectuadas por las vinculaciones laborales en el sector público, en el
sector privado y como independiente, constituyen el soporte de liquidación de las
pensiones que deban reconocerse con base en la Ley 71 de 1988 a quienes son
beneficiarios del régimen de transición, y, el monto de su pensión corresponde al
75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante
los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE.
7.3. En consideración a que solicitó el reconocimiento de la pensión por aportes el
13 de octubre de 2016, después de 3 años de la data en la que adquirió el estatus
pensional, declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 3
de octubre de 2013.
1.4. El recurso de apelación
8. María Cecilia Santos Reyes solicitó que se revocara parcialmente la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en el sentido de que se
ordenara el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley
71 de 1988, esto es, en cuantía equivalente al 75% de los factores salariales
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es,
«asignación básica y sobresueldo coordinador». Lo anterior, con sustento en los
siguientes argumentos:
4 Índice 23 del proceso de primera instancia.
4
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
8.1. No pretendió el reconocimiento pensional de acuerdo con el régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993, puesto que, según los artículos 15 de la
Ley 91 de 1989, 81 de la Ley 812 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, su
situación pensional se regía por el contenido en la Ley 71 de 1988, toda vez que se
vinculó como docente del sector oficial a partir del 24 de febrero de 2003.
8.2. En ese sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado precisó que la regla
establecida en la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018 por la
Sala Plena de esa Corporación5 no cobija a los docentes afiliados al Fomag, pues
fueron exceptuados del sistema integral de seguridad social por virtud del artículo
279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen pensional está previsto en la Ley 91 de
1989, por lo que no se encuentran cobijados por el régimen de transición.
8.3. Así las cosas, «por analogía, en el presente caso es obligatorio concluir que el régimen
pensional aplicable no es otro distinto al establecido en la Ley 71 de 1988, pues se demostró
la prestación del servicio como docente oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, sin someter la aplicación de dicha norma al cumplimiento de los
requisitos del régimen de transición establecidos en la Ley 100 de 1993, pues tal condición
no es aplicable a los docentes pertenecientes al régimen de excepción del magisterio, lo
que significa que con la acreditación de la prestación del servicio oficial como educador
antes del 27 de junio de 2003 resulta aplicable la Ley 71 de 1988, cuando se suman tiempos
públicos y tiempos del sector privado (como el presente caso), sin exigir más condiciones».
1.5. Trámite en segunda instancia
9. Por medio de auto del 15 de noviembre del 2022, el magistrado ponente admitió
el recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.
2. Consideraciones
2.2. Los problemas jurídicos
10. Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:
10.1. ¿Los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15.2.b de la Ley 91 de 1989 permiten
la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales?
10.2. ¿Los tiempos de servicios prestados por María Cecilia Santos Reyes pueden
computarse para acreditar el de reconocimiento de la pensión de jubilación por
5
Expediente con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
5
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
aportes prevista en la Ley 71 de 1988?
2.3. Marco normativo
2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
11. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte6. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas7.
12. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción8. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»9. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
13. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos10. Está integrado por dos regímenes
6 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
7 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
8 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
9 Preámbulo y artículo 6.
10 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
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Demandante: María Cecilia Santos Reyes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
14. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
15. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
16. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200311.
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
11 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: María Cecilia Santos Reyes
17. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
18. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
19. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
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Demandante: María Cecilia Santos Reyes
20. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
21. La Ley 60 de 199312 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
22. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
12 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
9
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Demandante: María Cecilia Santos Reyes
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»
23. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
24. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.3.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
25. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
10
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26. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se
entiende de la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con
excepción de los del nivel superior o universitario, vinculados a la nación, de
conformidad con las leyes vigentes, a partir del 1 de enero de 1990, quedarán
sometidos al sistema prestacional y de cesantías aplicable a los empleados
públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15 habría que referirse
finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación;
recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al
Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación
financiera lo permite»13 (se destaca).
27. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
28. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
13
Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República del 17 de octubre de
1989.
11
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29. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes14 que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
30. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
31. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»15 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
32. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador16. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
14
Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
15
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los
clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
16
«[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre cuál es la
disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de este conflicto se da
cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de causarse el derecho que se
reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de favorabilidad se debe escoger, en su
integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del
Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse este principio cuando una norma admite más de
una interpretación, caso en el cual siempre habrá de escogerse aquella que es más favorable al trabajador».
12
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de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
33. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
34. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
35. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación17.
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-
000-2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.
17
En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el
ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define como «[…]el orientador en los
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde
con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de
2002 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…]
13
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36. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
37. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el
derecho a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace
parte de los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público
nacional» a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
38. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
39. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
40. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior18.
41. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
42. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos
en su proceso enseñanza aprendizaje […]».
18
Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
14
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con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor .
43. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
44. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
45. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
46. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
15
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aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
47. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.3.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988
48. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos de
la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho
a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas».
49. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de
cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si
es hombre.
50. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada por el
Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el
artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por
aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en
cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
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entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La
pensión de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva
una vez se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la
desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo
y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la
más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por
aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas
de previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al
Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho
instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la
pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de
liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior
al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho
salario, salvo lo previsto en la ley».
51. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por aportes,
los precitados artículos 619 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron en un 75%
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios.
19 La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su
artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la edad,
el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso
base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero ponente
Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11), declaró la
nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había derogado el artículo
6° del Decreto 2709 de 1994.
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2.3.4. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
52. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).
53. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200320, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]».
54. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201921, precisó:
20 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
21 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
18
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«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».
55. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.
19
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de
esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que,
en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
[…]». [Se resalta]
56. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años22. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».
22 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
20
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
57. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección23, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:
57.1. i)
los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003
vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán
derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir
55 años de edad24 y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988
que la otorga con 60 años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20
años o más de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros
Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de
reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y
57.2. ii)
los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán
acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de
cotización establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad
(sin importar el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para
hombres y mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de
labores (artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el
Decreto 1158 de 199425.
58. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
24 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
25 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
21
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
59. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.
2.4. Caso concreto
60. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
60.1. María Cecilia Santos Reyes nació el 18 de octubre de 1956.
60.2. De acuerdo con el «reporte de semanas cotizadas en pensión» expedido por
Colpensiones el 28 de diciembre de 2013, entre el 1° de marzo de 1983 y el 30 de
noviembre de 2007 cotizó 900.29 semanas.
60.3. A través de la Resolución 0034 del 14 de febrero de 2003 fue vinculada en
provisionalidad como docente.
60.4. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, expedido el 13 de noviembre de 2015 por la Secretaría de Educación del
municipio de Bucaramanga, acreditó el siguiente tiempo de servicio en el magisterio
oficial:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.
Resolución 34
IE de Santander 24-02-2003 31-05-2005
14-02-2003
Bucaramanga (Sant)
Tiempo total 2 años, 3 meses y 8 días
60.5. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral con consecutivo 0, expedido el 17 de noviembre de 2015 por la Secretaría
de Educación del departamento de Santander, acreditó el siguiente tiempo de
servicio en el magisterio oficial:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.
Colegio Integrado Mesa de Resolución 8361
17-07-2006 -
Jeridas 27-06-2006
Los Santos (Sant)
22
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
Resolución 7572
Ascensos 01-06-2010 -
01-06-2010
Encargo
Colegio Integrado Mesa de Resolución 1865
19-09-2013 -
Jeridas 18-09-2013
Los Santos (Sant)
Resolución 12173
Regreso cargo anterior 01-08-2024 -
16-07-2014
Tiempo total 9 años, 4 meses y 1 día26
60.6. De acuerdo con el formato único para expedición de certificado de salarios
expedido por la Secretaría de Educación del departamento de Santander el 9 de
diciembre de 2015, devengó los siguientes factores salariales: i) durante el año
2011: asignación básica, sobresueldo coordinador, prima de vacaciones y prima de
navidad; y ii) durante el año 2012: asignación básica, sobresueldo coordinador,
prima de vacaciones, prima de navidad y horas extra. Se efectuaron aportes sobre
la asignación básica, el sobresueldo y las horas extra.
60.7. A través de la Resolución 2016 del 23 de diciembre de 2014, el secretario de
educación del departamento le reconoció una pensión de jubilación de conformidad
con la Ley 100 de 1993, a partir del 19 de octubre de 2013. Decisión modificada
parcialmente con la Resolución 0377 del 13 de marzo de 2015, en cuanto a la tasa
de reemplazo de la prestación.
60.8. Mediante la Resolución 1134 del 26 de mayo de 2017, el secretario de
educación del departamento de Santander negó «el reconocimiento o ajuste a la
pensión vejez ley 100/93», al considerar que «el docente ingres[ó] en vigencia de la Ley
812/2003, por lo tanto los factores salariales reconocidos para la liquidación de la pensión
de vejez ley 100, son: asignación básica, sobresueldo nacionales y horas extras, según el
decreto 3752, por lo tanto para el promedio salarial se tomó los últimos 10 años o
proporcional al tiempo laborado […]».
2.4.2. Análisis sustancial
2.4.2.1. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003
61. El Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, en cuanto declaró la nulidad del acto demandado y ordenó el
reconocimiento pensional según lo previsto en la Ley 71 de 1988, pero de
conformidad con el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, esto es,
26
La vinculación se encontraba vigente en la fecha de expedición de certificado.
23
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
en cuantía correspondiente al 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales cotizó la demandante durante los últimos 10 años de servicio.
62. La demandante solicitó que se revocara parcialmente la sentencia de primera
instancia, por cuanto los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003 eran beneficiarios de las disposiciones que en materia pensional se
encontraban vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, por lo que no
era destinataria del régimen de transición aplicado por el a quo, en ese orden tenía
derecho al reconocimiento de la prestación prevista en la Ley 71 de 1988, en cuantía
equivalente al 75% de los aportes efectuados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional.
63. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó «el sistema de seguridad
social integral» con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social […]» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional27», con
excepción de, entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, esto es los docentes oficiales.
64. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al sistema de régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin
embargo, el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese
momento habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de
transición, según el cual, esta reforma solo le sería aplicables a quienes a partir del
26 de junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.
65. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [Se resalta].
66. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
27
Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.
24
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 26 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.
67. En esa misma línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-
014 -CE-S2 del 25 de abril de 201928, precisó que para efectos de establecer el
régimen prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i)
quienes se hubiesen vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003 [fecha de
entrada en vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían
a los servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción del requisito de la edad.
68. Descendiendo al caso concreto, se advierte que María Cecilia Santos Reyes se
vinculó por primera vez al servicio educativo oficial el 24 de febrero de 2003, por lo
que, en línea con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003, por lo que tiene derecho a que su situación pensional sea
estudiada bajo las normas que en esa materia regían la situación de los servidores
públicos del orden nacional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Así las cosas, contrario a lo concluido por el Tribunal Administrativo de Santander,
a la demandante no le era aplicable la transición prevista en esta última norma en
mención.
2.4.2.2. Sobre el derecho a la pensión de jubilación por aportes reclamada
69. De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente se tiene que si bien
la vinculación inicial de la demandante como docente ocurrió con anterioridad a la
Ley 812 de 2003 [24 de febrero de 2003] el régimen prestacional aplicable a su caso
era el de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, debido a la acumulación de
tiempos públicos y privados.
70. Al efecto, según el artículo 7 de la citada ley, por ser mujer debía acreditar 55
años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de
Seguros Sociales [hoy Administradora Colombiana de Pensiones] y en una o varias
de las entidades de previsión social del sector público; en ambos casos, con una
tasa de reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicio.
28
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
25
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
71. En ese sentido se observa que, María Cecilia Santos Reyes acreditó los
siguientes aportes: i) a Colpensiones: 900.29 semanas las cuales equivalen a 17
años, 6 meses y 2 días [de este tiempo solo puede ser computado 15 años, 8
meses y 2 días, por cuanto se debe descontar el tiempo que cotizó de manera
simultánea en las 2 entidades de previsión]; y ii) al Fomag29 entre el 24 de febrero
de 2003 y el 31 de mayo de 2005 y entre 17 de julio de 2006 y el 17 de noviembre
de 201530, esto es, durante 11 años, 7 meses y 7 días. Así las cosas, acreditó más
de 20 años de «aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de
las entidades de previsión social», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de
la Ley 71 de 1988.
72. Por lo anterior, adquirió el estatus pensional del 18 de octubre de 2011, fecha en
la que cumplió la edad de 55 años exigida por el régimen del cual era beneficiaria
[nació en el año 1956] y había efectuado aportes equivalentes a más de 20 años.
En ese orden, la demandante tenía derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes con inclusión de los factores sobre los cuales efectuó
cotizaciones durante el último año de servicio, en aplicación de lo estipulado en los
artículos 6 y 8 del Decreto 2709.
73. Por otro lado, resulta oportuno precisar que en razón a que el derecho pensional
es de carácter imprescriptible y en cuanto a las mesadas pensionales adeudadas,
tampoco se configuró, comoquiera que María Cecilia Santos Reyes reclamó el
reconocimiento pensional el 21 de enero de 2014, dentro de los 3 años siguientes
a la fecha en la que adquirió el estatus pensional [18 de octubre de 2011]. En este
sentido se advierte que en el sub judice, para efectos de verificar la configuración o
no de la prescripción se debe tener en cuenta la fecha de esta última decisión,
puesto que es a partir de ese momento que la docente tuvo conocimiento que le fue
aplicado un régimen diferente del cual era acreedora y como consecuencia surgió
el derecho a la reliquidación de la prestación.
74. Así las cosas, se impone modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada,
en el sentido de condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes a partir del 18 de octubre de 2011, con el 75% de
los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicio
anterior a esa fecha, por virtud de la Ley 71 de 1988 y los artículos 6 y 8 del Decreto
2709 de 1994.
29
Empleadores el municipio de Bucaramanga y el departamento de Santander.
30
Fecha de expedición del certificado de historia laboral, en la cual la vinculación se encontraba
vigente.
26
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
2.5. Costas
75. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
76. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
77. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma31.
78. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
79. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada.
3. Conclusión
80. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la situación pensional de
María Cecilia Santos Reyes se regía por la Ley 71 de 1988, al ser beneficiaria del
régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003, por lo que le será reconocida
la pensión de jubilación por aportes, con inclusión de los factores sobre los cuales
31En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
27
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
efectuó cotizaciones durante el último año de servicio. En consecuencia, se
modificará el ordinal segundo de la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar los ordinales segundo y tercero de la sentencia proferida el 31
de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander, el cual quedará así:
«Segundo. Condenar, a la Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a título de restablecimiento del derecho, a
reconocer y pagar a favor de la señora María Cecilia Santos Reyes, identificada con
cédula de ciudadanía Núm. 37’829.496, una pensión por aportes a partir del 18 de
octubre de 2011, en una cuantía correspondiente al 75% de los factores sobre los cuales
efectuó cotizaciones durante el último año de servicio anterior a la fecha en la que
adquirió el estatus de pensionada, por virtud de la Ley 71 de 1988 y en los artículos 6 y
8 del Decreto 2709 de 1994.
Parágrafo: Se ordenará descontar de los valores anteriormente reconocidos, lo pagado
a la aquí demandante por concepto de pensión de vejez que le fue reconocida con base
en la Ley 100 de 1993.
Tercero. Declarar no probada la excepción de prescripción de las mesadas
pensionales.»
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Santander.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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Radicado: 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022)
Demandante: María Cecilia Santos Reyes
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
JMC
29
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