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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00620-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00620-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. ADICIONAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n.° 6, en el sentido de ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que adelante las actuaciones administrativas necesarias para realizar el cobro de las cuotas partes que correspondan por todos los aportes pensionales que Colpensiones ha recibido a nombre de la señora Luisa Delia Ríos Piza, gestión que no comprometerá el pago de la mesada pensional. Adicionalmente, ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que realice las gestiones de cobro de aportes pensionales contra la señora Luisa Delia Ríos Piza y el departamento de Boyacá, en los porcentajes que cada uno debía asumir en condición de trabajadora y empleador, 12 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 15001-23-33-000-2021-00620-01 (2553-2024) Demandante: Luisa Delia Ríos Piza respectivamente, por todos los períodos durante los cuales aquella se desempeñó como docente vinculada a través de órdenes de prestación de servicios entre el 3 de agosto de 1994 y el 12 de diciembre de 2003, de manera discontinua, los cuales se relacionaron en el numeral ii) del párrafo 24 de esta providencia. Para efectos del cobro de aportes pensionales contra la señora Luisa Delia Ríos Piza, AUTORIZAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que realice el descuento correspondiente del monto que deba pagarle a aquella por concepto de mesadas causadas y no pagadas (retroactivo). SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a favor de la señora Luisa Delia Ríos Piza. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2021-00620-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00620-01 (2553-2024)
Demandante: Luisa Delia Ríos Piza
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)

Tema: Pensión ordinaria de docente – Ley 71 de 1988 – vinculación
al servicio educativo antes de la Ley 812 de 2003

Decisión: Adiciona la sentencia de primera instancia en el sentido de
ordenar el cobro de aportes pensionales y el cobro de cuotas
partes a Colpensiones, dado que la demandante es
beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley 71 de
1988 y cumple los requisitos para acceder a la prestación

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada
contra la sentencia de primera instancia del 22 de febrero de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n.° 6.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad de las
Resoluciones 1971 del 13 de mayo de 2020 y 4306 del 24 de noviembre de 2020
expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá y aprobadas
por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por
medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) reconocer a su favor la
citada prestación con inclusión de todos los factores salariales devengados
durante el año anterior a la consolidación del estatus jurídico, con base en las
Leyes 91 de 1989, 71 de 1988 y 33 de 1985; ii) pagar las mesadas causadas
desde que adquirió el derecho, de manera indexada, más los intereses
moratorios que se generen; iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA); y iv) condenar en costas a la parte
demandada.

3. Como concepto de violación argumentó que los actos acusados
infringieron las normas en que debían fundarse, teniendo en cuenta que se
vinculó a la docencia oficial antes de que entrara en vigencia la Ley 812 de 2003,
de tal manera que su régimen pensional está previsto en la Ley 91 de 1989.

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Radicación: 15001-23-33-000-2021-00620-01 (2553-2024)
Demandante: Luisa Delia Ríos Piza

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones porque, a su juicio, la
actora se vinculó como docente oficial afiliada al FOMAG después de que
empezó a regir la Ley 812 de 2003, de suerte que su régimen pensional está
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pero no acumula 1300
semanas de cotización.

5. Indicó que el ingreso base liquidación debe estar integrado por los factores
salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994, siempre que sobre ellos se
hubieren efectuado aportes.

6. Adujo que no es viable imponer condena en costas en su contra, ya que
ha actuado con buena fe.

7. En ese contexto, propuso las excepciones de legalidad de los actos
acusados, «demandante no es beneficiario (sic) de las disposiciones normativas
que se alegan», «factores salariales que integran el ingreso base de liquidación
– sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de
Estado», ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico, cobro de
lo no debido, improcedencia de la condena en costas y la genérica.

Sentencia apelada

8. Mediante sentencia del 22 de febrero de 2024, el Tribunal declaró la
nulidad de los actos acusados y le ordenó al FOMAG reconocer y pagar una
pensión de jubilación por aportes a favor de la demandante, con base en la Ley
71 de 1988, equivalente al 75 % del promedio de lo devengado durante el año
anterior a la consolidación del estatus jurídico (8 de noviembre de 2018 al 7 de
noviembre de 2019), con inclusión de la asignación básica y la bonificación
mensual docente, prestación efectiva a partir del 8 de noviembre de 2019.

9. Precisó que el régimen pensional de los docentes oficiales vinculados al
servicio educativo público antes de que entrara en vigencia la Ley 812 de 2003
está previsto en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988; y que los tiempos laborados
como maestro estatal a través de contratos de prestación de servicios son válidos
para mantener el régimen jurídico anterior si la jurisdicción ha declarado la
existencia de una relación laboral con ocasión a ellos y se han realizados los
aportes a pensión.

10. Determinó que la accionante ingresó a la docencia oficial el 6 de abril de
1994; cumplió 55 años de edad el 14 de abril de 2014; y acredita más de veinte
(20) años de servicio como docente oficial, si se suman las cotizaciones
efectuadas desde el sector privado más los períodos laborados a través de
contratos de prestación de servicios y mediante vinculación legal y reglamentaria,
por lo cual tiene derecho a la pensión de jubilación por aportes de que trata la
Ley 71 de 1988.

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Demandante: Luisa Delia Ríos Piza

11. Señaló que la prestación reconocida es compatible con el salario percibido
en ejercicio de la actividad docente, de acuerdo con los artículos 19 de la Ley 4.ª
de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972.

12. Destacó que la mesada pensional debe liquidarse con inclusión de los
factores salariales que la accionante devengó durante el año anterior a la
consolidación del estatus pensional, sobre los cuales se hicieron aportes,
enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, a saber: asignación básica y
bonificación mensual docente (Decreto 1566 de 2014).

13. También decidió condenar en costas a la parte demandada debido a que
resultó vencida en el proceso y aquellas se encuentran causadas.

Recurso de apelación

14. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de
apelación argumentando que, si un docente se retiró del FOMAG y retornó en
vigencia de la Ley 812 de 2003, le son aplicables las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, cuyos requisitos no cumple la demandante para acceder a la prestación.

15. Sostuvo que la actora se vinculó a la docencia oficial a partir del año 2004
y no era beneficiaria del régimen de transición que prevé el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, razón por la cual no es destinataria de la Ley 71 de 1988.

16. Adujo que la mesada pensional se debe liquidar con el salario promedio
que sirvió de base para los aportes.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Por auto del 25 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

18. Las partes procesales no presentaron alegatos de conclusión.

19. El ministerio público no rindió concepto en esta instancia.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

21. Consiste en determinar si la demandante es beneficiaria del régimen
pensional anterior a la Ley 812 de 2003 o del que prevén las Leyes 100 de 1993

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Radicación: 15001-23-33-000-2021-00620-01 (2553-2024)
Demandante: Luisa Delia Ríos Piza

y 797 de 2003, para lo cual se deberá establecer si las vinculaciones anteriores
al 27 de junio de 2003 pueden ser tenidas en cuenta, a pesar de que exista
solución de continuidad en la prestación del servicio.

Análisis del problema jurídico

22. La Sala adicionará la sentencia de primera instancia en el sentido de
ordenar el cobro de aportes pensionales y el traslado de las cotizaciones
efectuadas en Colpensiones, partiendo de la base de que la accionante demostró
que se vinculó a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003, cuando entró
en vigencia la Ley 812 de 2003, razón por la cual su régimen pensional está
previsto en las Leyes 91 de 1989 y 71 de 1988.

23. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:

i) La demandante nació el 14 de abril de 19591 y acredita los siguientes
tiempos de servicio como docente en el sector público:

Entidad
Desde - Tipo de Aportes a
contratante o Tiempo
Hasta vinculación pensión
empleadora
Nombramiento
6/4/1994 al Departamento
en FOMAG 71 días
15/6/19942 de Boyacá
provisionalidad
Orden de
3/8/1994 al Departamento No hubo
prestación de 120 días
30/11/19943 de Boyacá aportes
servicios
Orden de
10/3/1995 al Departamento No hubo
prestación de 266 días
30/11/19954 de Boyacá aportes
servicios
Orden de
9/2/1996 al Departamento No hubo
prestación de 296 días
30/11/19965 de Boyacá aportes
servicios

1 Registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía de la actora (índices 3 y 46 de SAMAI del tribunal,

anexos de la demanda y expediente administrativo).
2 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); Decreto 14 del 6 de abril de 1994, expedido por el alcalde municipal de Santa
Sofía (Boyacá); y certificación expedida el 3 de septiembre de 1996 por el rector del Instituto Agrícola de
Santa Sofía (índice 46 ibidem).
3 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá; y sentencia
del 4 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n.° 4,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho «1980843» (índices 3 y 46 de SAMAI del
tribunal)
4 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá; y sentencia
del 4 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n.° 4,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho «1980843» (índices 3 y 46 de SAMAI del
tribunal)
5 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá; y sentencia
del 4 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n.° 4,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho «1980843» (índices 3 y 46 de SAMAI del
tribunal)

4
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Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Radicación: 15001-23-33-000-2021-00620-01 (2553-2024)
Demandante: Luisa Delia Ríos Piza

Orden de
3/2/1997 al Departamento No hubo
prestación de 148 días
30/6/19976 de Boyacá aporte
servicios
Orden de
1/7/1997 al Departamento No hubo
prestación de 153 días
30/11/19977 de Boyacá aportes
servicios
Orden de
30/1/1998 al Departamento No hubo
prestación de 137 días
15/6/19988 de Boyacá aportes
servicios
Orden de
13/7/1998 al Departamento No hubo
prestación de 141 días
30/11/19989 de Boyacá aportes
servicios
Orden de
27/1/1999 al Departamento No hubo
prestación de 136 días
11/6/199910 de Boyacá aportes
servicios
Orden de
13/7/1999 al Departamento No hubo
prestación de 141 días
30/11/199911 de Boyacá aportes
servicios
Orden de
3/3/2000 al Departamento No hubo
prestación de 99 días
9/6/200012 de Boyacá aportes
servicios
Orden de
10/7/2000 al Departamento No hubo
prestación de 138 días
24/11/200013 de Boyacá aportes
servicios

6 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); orden de prestación de servicios 037 de 1997; certificado de tiempo de servicio
n.° 06310 del 9 de febrero de 2006, expedido por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá; y
sentencia del 4 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
n.° 4, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho «1980843» (índice 46 ibidem).
7 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); orden de prestación de servicios 145 de 1997; y sentencia del 4 de septiembre
de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n.° 4, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho «1980843» (índice 46 ibidem).
8 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); y orden de prestación de servicios 60 de 1998 (índice 46 ibidem).
9 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); sentencias del 30 de julio de 2009 y 8 de marzo de 2012, proferidas por el
Juzgado Trece (13) Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15001-31-33-013-2003-02392-00(01) (índice
3 de SAMAI del tribunal, anexos de la demanda); y orden de prestación de servicios 56 de 1998 (índice 46
ibidem).
10 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); sentencias del 30 de julio de 2009 y 8 de marzo de 2012, proferidas por el
Juzgado Trece (13) Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15001-31-33-013-2003-02392-00(01) (índice
3 de SAMAI del tribunal, anexos de la demanda); y orden de prestación de servicios 53 de 1999 (índice 46
ibidem).
11 Formato único para la expedición de certificado de historia laboral 3487, emitido el 23 de noviembre de

2017 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá; sentencias del 30 de julio de 2009 y 8 de
marzo de 2012, proferidas por el Juzgado Trece (13) Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de
Casanare, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15001-31-33-013-
2003-02392-00(01) (índice 3 de SAMAI del tribunal, anexos de la demanda); y certificado de tiempo de
servicio n.° 06310 del 9 de febrero de 2006, expedido por la Secretaría de Educación Departamental de
Boyacá (índice 46 ibidem).
12 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); orden de prestación de servicios 685 de 2000; certificación expedida el 27 de
noviembre de 2001 por la directora de núcleo educativo del municipio de Arcabuco; y certificado de tiempo
de servicio n.° 06310 del 9 de febrero de 2006, expedido por la Secretaría de Educación Departamental de
Boyacá (índice 46 ibidem).
13 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); orden de prestación de servicios 1461 de 2000; certificación expedida el 27 de
noviembre de 2001 por la directora de núcleo educativo del municipio de Arcabuco; y certificado de tiempo

5
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 15001-23-33-000-2021-00620-01 (2553-2024)
Demandante: Luisa Delia Ríos Piza

Orden de
21/3/2001 al Departamento No hubo
prestación de 121 días
15/6/200114 de Boyacá aportes
servicios (período
Orden de parcialmente
15/2/2001 al Departamento No hubo
prestación de simultáneo)
15/6/200115 de Boyacá aportes
servicios
Orden de
15/2/2002 al Departamento No hubo
prestación de 289 días
30/11/200216 de Boyacá aportes
servicios
Orden de
5/2/2003 al Departamento No hubo
prestación de 311 días
12/12/200317 de Boyacá aportes
servicios
Nombramiento
4/3/2004 al Departamento
en FOMAG 677 días
9/1/200618 de Boyacá
provisionalidad
Nombramiento
15/8/2006 al Departamento
en FOMAG 14 días
28/8/200619 de Boyacá
provisionalidad
Nombramiento
29/8/2006 al Departamento No hubo
en 33 días
30/9/200620 de Boyacá aportes
provisionalidad
17/10/2006 Nombramiento
Departamento
al en FOMAG 11 días
de Boyacá
27/10/200621 provisionalidad

de servicio n.° 06310 del 9 de febrero de 2006, expedido por la Secretaría de Educación Departamental de
Boyacá (índice 46 ibidem).
14 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); sentencias del 30 de julio de 2009 y 8 de marzo de 2012, proferidas por el
Juzgado Trece (13) Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15001-31-33-013-2003-02392-00(01) (índice
3 de SAMAI del tribunal, anexos de la demanda); orden de prestación de servicios 068 de 2001; y certificado
de tiempo de servicio n.° 06310 del 9 de febrero de 2006, expedido por la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá (índice 46 ibidem).
15 Sentencias del 30 de julio de 2009 y 8 de marzo de 2012, proferidas por el Juzgado Trece (13)

Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 15001-31-33-013-2003-02392-00(01) (índice 3 de SAMAI del tribunal,
anexos de la demanda); y orden de prestación de servicios 245 de 2001 (índice 46 de SAMAI del tribunal).
16 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); sentencias del 30 de julio de 2009 y 8 de marzo de 2012, proferidas por el
Juzgado Trece (13) Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15001-31-33-013-2003-02392-00(01) (índice
3 de SAMAI del tribunal, anexos de la demanda); orden de prestación de servicios 0200 de 2002; y certificado
de tiempo de servicio n.° 06310 del 9 de febrero de 2006, expedido por la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá (índice 46 ibidem).
17 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); orden de prestación de servicios 1595 de 2003 más su prórroga; y certificado
de tiempo de servicio n.° 06310 del 9 de febrero de 2006, expedido por la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá (índice 46 ibidem).
18 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); Decreto 0166 del 25 de febrero de 2004, expedido por el gobernador de Boyacá;
acta de posesión del 4 de marzo de 2004; y certificado de tiempo de servicio n.° 06310 del 9 de febrero de
2006, expedido por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índice 46 ibidem).
19 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); Resolución 2924 del 9 de agosto de 2006, expedida por el secretario de
educación de Boyacá; y acta de posesión del 15 de agosto de 2006 (índice 46 ibidem).
20
Resolución 3138 del 29 de agosto de 2006, expedida por la Secretaría de Educación Departamental de
Boyacá (índice 46 de SAMAI del tribunal).
21 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); y Resoluciones 3715 del 17 de octubre de 2006 y 3883 del 31 de octubre de
2006, expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índice 46 ibidem).

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Demandante: Luisa Delia Ríos Piza

Nombramiento
28/3/2007 al Departamento
en FOMAG 17 días
13/4/200722 de Boyacá
provisionalidad
Nombramiento
29/4/2008 al Departamento
en FOMAG 94 días
31/7/200823 de Boyacá
provisionalidad
Nombramiento Municipio de
21/8/2008 al
en Duitama FOMAG 636 días
18/5/201024
provisionalidad (Boyacá)
Nombramiento Municipio de
25/5/2010 al
en Duitama FOMAG 1868 días
5/7/201525
provisionalidad (Boyacá)
Nombramiento
21/9/2015 al Departamento
en FOMAG 75 días
4/12/201526 de Boyacá
provisionalidad
Nombramiento Municipio de
18/2/2016 al
en Duitama FOMAG 8 días
25/2/201627
provisionalidad (Boyacá)
Nombramiento Municipio de
26/2/2016 al
en Duitama FOMAG 96 días
31/5/201628
provisionalidad (Boyacá)
Nombramiento
8/8/2016 al Departamento
en FOMAG 212 días
7/3/201729 de Boyacá
provisionalidad
21/3/2017 al
5/3/201930
Nombramiento
(fecha de Departamento
en FOMAG 715 días
expedición de Boyacá
provisionalidad
del
certificado)
7023 días, equivalentes a
TIEMPO TOTAL DE SERVICIO
19 años, 6 meses y 3 días

ii) La actora también registra 139 semanas de cotización en Colpensiones,
producto de labores realizadas en los sectores público y privado y como

22 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); Decreto 000477 del 13 de marzo de 2007, expedido por la Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá; acta de posesión del 28 de marzo de 2007; y Decreto 000843 del 13
de abril de 2007, expedido por el gobernador de Boyacá (índice 46 ibidem).
23 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); Decreto 000572 del 14 de abril de 2008; acta de posesión del 29 de abril de
2008; y Resolución 005180 del 22 de agosto de 2016 (índice 46 ibidem).
24 Formato único para la expedición de certificado de historia laboral 1579 del 11 de marzo de 2019, expedido

por la Secretaría de Educación Municipal de Duitama (Boyacá) (índice 46 de SAMAI del tribunal).
25 Formato único para la expedición de certificado de historia laboral 1579 del 11 de marzo de 2019, expedido

por la Secretaría de Educación Municipal de Duitama (Boyacá) (índice 46 de SAMAI del tribunal).
26 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); Decreto 005901 del 17 de septiembre de 2015, expedido por la Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá; y acta de posesión 1622 del 21 de septiembre de 2015 (índice 46
ibidem).
27
Formato único para la expedición de certificado de historia laboral 1579 del 11 de marzo de 2019,
expedido por la Secretaría de Educación Municipal de Duitama (Boyacá) (índice 46 de SAMAI del tribunal).
28
Formato único para la expedición de certificado de historia laboral 1579 del 11 de marzo de 2019,
expedido por la Secretaría de Educación Municipal de Duitama (Boyacá) (índice 46 de SAMAI del tribunal).
29 Formato único para la expedición de certificado de historia laboral 3487, emitido el 23 de noviembre de

2017 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índice 3 de SAMAI del tribunal, anexos de
la demanda); Decreto 004680 del 29 de julio de 2016; acta de posesión 01424 del 8 de agosto de 2016;
Resolución 000722 del 1.° de febrero de 2017, expedido por la Secretaría de Educación Departamental de
Boyacá; y certificación expedida el 7 de marzo de 2017 por el rector de la Institución Educativa San José de
Nazareth del municipio de Otanche (Boyacá) (índice 46 ibidem).
30 Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 3487 del 23 de noviembre de 2017 y

894 del 5 de marzo de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá (índices 3
y 46 de SAMAI del tribunal); Resolución 002146 del 17 de marzo de 2017; y acta de posesión 0478 del 21
de marzo de 2017 (índice 46 ibidem).

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independiente, entre el 3 de abril de 1984 y el 30 de septiembre de 201531,
de manera discontinua, equivalentes a 2 años, 8 meses y 13 días32.

Sin embargo, no es posible contabilizar todo este tiempo para efectos
pensionales, ya que hubo simultaneidad con lapsos en los que se
efectuaron aportes al FOMAG o con períodos de vinculación como
docente oficial a través de contratos de prestación de servicios33. Así pues,
del período cotizado en Colpensiones solo es posible computar el
siguiente:

Período Días no simultáneos
3/4/1984 a 24/5/1984 52 días
12/11/1986 a 18/11/1986 7 días
Diciembre de 2002 31 días
Sector
Enero de 2003 31 días
privado
Febrero de 2003 4 días
Diciembre de 2003 19 días
Enero de 2004 31 días
Abril de 2007 15 días
Junio de 2007 30 días
Julio de 2007 31 días
Sector Agosto de 2007 31 días
público Septiembre de 2007 30 días
Octubre de 2007 31 días
Noviembre de 2007 30 días
Diciembre de 2007 7 días
Julio de 2015 26 días
Independiente Agosto de 2015 31 días
Septiembre de 2015 16 días
453 días, equivalentes a 1 año, 3
TOTAL
meses y 3 días

iii) Mediante sentencia del 4 de septiembre de 2003, la Sala de Decisión n.°
4 del Tribunal Administrativo de Boyacá declaró que entre la accionante y
el departamento de Boyacá existió una relación laboral encubierta a través
de órdenes de prestación de servicios suscritas para desempeñar labores
de docente, «entre agosto de 1994 y diciembre 31 de 1998».

iv) A través de las sentencias del 30 de julio de 2009 y 8 de marzo de 2012,
el Juzgado Trece (13) Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo
de Casanare, respectivamente, declararon que entre la demandante y el
departamento de Boyacá existió una relación laboral encubierta mediante
órdenes de prestación de servicios suscritas para ejercer tareas de
docente, del 13 de julio al 30 de noviembre de 1998; del 27 de enero al 11
de junio de 1999; del 13 de julio al 26 de noviembre de 1999; del 15 de

31 Reporte de semanas cotizadas en pensiones del 1.° de marzo de 2019, expedido por Colpensiones (índice

46 de SAMAI del tribunal, expediente administrativo).
32
El cálculo se realizó multiplicando 139 semanas por 7 días (parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 100 de
1993), operación que arrojó un resultado de 973 días. Luego, esta última suma se dividió entre 30 días, a
fin de establecer el número de meses, ejercicio con el cual se obtuvo un resultado de 32 meses y 13 días;
después, los 32 meses se dividieron entre 12 para hallar el número de años.
33 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

B, sentencia del 13 de febrero de 2025, expediente 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022).

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febrero al 15 de junio de 2001; del 21 de marzo al 15 de junio de 2001; y
del 15 de febrero al 30 de noviembre de 2002.

24. El artículo 320 del CGP establece que el recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, solamente en relación con
los reparos concretos formulados por el apelante, para que aquella se revoque o
se reforme. A su turno, el artículo 328 ibidem dispone que el juez de segunda
instancia deberá pronunciarse, únicamente, sobre los argumentos expuestos por
quien apela, sin perjuicio de las determinaciones que deba tomar de oficio, según
la ley.

25. De acuerdo con el tiempo de servicio acreditado y relacionado
previamente, la Sala advierte que la demandante consolidó el estatus pensional
el 2 de junio de 2018, cuando cumplió 20 años de servicio en los sectores público
y privado, es decir, en una fecha anterior a la que determinó el Tribunal; sin
embargo, no se modificará lo decidido frente a este punto, dado que la parte
interesada no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

26. Una vez precisado lo anterior, en primer lugar, el artículo 81 de la Ley 812
de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política
(adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005) establecen que el
régimen pensional de los docentes vinculados al servicio educativo oficial antes
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003) es el
previsto en la Ley 91 de 1989, que habilita la remisión a la Ley 71 de 198834.

27. De igual manera, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una
jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de prestación
de servicios con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 son
válidos para efectos de acceder al régimen pensional de que trata la Ley 71 de
1988 y acreditar los veinte (20) años de servicio que esta última exige para
adquirir el derecho a una pensión de jubilación, aun sin que haya sentencia
judicial que declare la configuración de una relación laboral encubierta, teniendo
en cuenta que la labor desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la
condición de docente oficial35.

28. En ese contexto, está demostrado que la demandante ingresó a la
docencia oficial el 6 de abril de 1994, razón por la cual su régimen pensional no
está previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, como lo adujo la entidad
accionada en el recurso de apelación, sino en la Ley 91 de 1989, que permitía
analizar su situación jurídica conforme a la Ley 71 de 1988.

29. La Sala debe aclarar que, como a la actora no le resultan aplicables las
disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, su acceso al régimen

34 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A, sentencia del 17 de julio de 2025, expediente 52001-23-33-000-2018-00464-01 (1334-2022).
35 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A, sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).

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pensional de la Ley 71 de 1988 no está condicionado al cumplimiento de los
requisitos de la transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 199336.

30. En segundo lugar, la entidad accionada señaló que la actora se retiró del
FOMAG y retornó después de que empezó a regir la Ley 812 de 2003, situación
que habría llevado a que su situación jurídica estuviera gobernada por las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003. No obstante, del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y el parágrafo transitorio 1.° del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado
por el Acto Legislativo 01 de 2005) no se desprende ninguna exigencia en el
sentido de que los docentes oficiales solo podrían acceder a una pensión de
jubilación con base en la Ley 91 de 1989 si su vinculación fue continua.

31. Sobre el particular, vale la pena precisar que las interrupciones en las
labores como docente oficial no impiden el reconocimiento de los lapsos previos
al 27 de junio de 2003, puesto que los maestros vinculados con anterioridad a
esa fecha y que cumplen los requisitos previstos en la Ley 91 de 1989 se rigen
por esta en atención a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa,
el cual se distingue porque «(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia
de un régimen de transición [como en este caso, pues el artículo 81 de la Ley 812
de 2003 no previó un régimen de transición]; (ii) se debe cotejar una norma
derogada con una vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica
concreta, la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora» 37.

32. Adicionalmente, esta Subsección ha señalado que «la intermitencia no es
un factor que impida que la primera fecha de la prestación del servicio defina el
régimen jurídico aplicable»38, por lo que la interrupción de la labor docente no es
motivo para descartar el primer vínculo en la docencia oficial antes del 27 de junio
de 2003, teniendo en cuenta que el interesado podía colmar las exigencias del
régimen pensional en virtud de un nuevo nombramiento en el sector oficial, en
tanto «ya tenía la expectativa legítima de que lo haría con base en la
regulación»39.

33. En tercer lugar, la parte demandada adujo que la mesada pensional se
debe calcular con el salario promedio que sirvió de base para los aportes. Ahora
bien, eso fue justamente lo que decidió el Tribunal40, de suerte que este
argumento no comporta un verdadero reproche contra la decisión de primera
instancia.

36 En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-01 (4676-
2017).
37 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 15 de febrero de 2011, Radicación

40.662.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 25 de agosto de 2022, expediente 25000-23-42-000-2019-00507-01 (4275-2021).
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 23 de mayo de 2024, expediente 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023).
40
En la sentencia de primera instancia se indicó lo siguiente: «78. Lo anterior quiere decir que, de acuerdo
con la regla fijada en la referida Sentencia de Unificación del 2019, aplicable al caso objeto de estudio
conforme a las sentencias recientes del Consejo de Estado, para el cálculo del ingreso base de liquidación
de la pensión de jubilación por aportes de la demandante LUISA DELIA RÍOS PIZA “solo pueden ser tenidos
en cuenta los factores sobre los que se aportó y que estén contenidos en el artículo 1° de la Ley 62 de
1985”».

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34. Por último, el artículo 187 del CPACA habilita al fallador de segunda
instancia para estudiar y decidir todas las excepciones de fondo, propuestas o
no, sin desmejorar la situación del apelante único.

35. Dentro de ese marco normativo, la Sala advierte que en las sentencias del
4 de septiembre de 2003, 30 de julio de 2009 y 8 de marzo de 2012, proferidas
por la Sala de Decisión n.° 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá, el Juzgado
Trece (13) Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Casanare,
respectivamente, se reconoció la existencia de una relación laboral entre la
demandante y el departamento de Boyacá, por los períodos señalados en tales
providencias; sin embargo, no se ordenó la realización de los aportes pensionales
correspondientes a esos lapsos, y estos no aparecen registrados en los
certificados expedidos por el FOMAG y Colpensiones.

36. De igual manera, existen otros tiempos de servicio en los que la actora se
desempeñó como docente contratista en el departamento de Boyacá, respecto
de los cuales no existe decisión judicial de reconocimiento de relación laboral
encubierta, sobre los que tampoco se advierte la realización de aportes
pensionales.

37. Por consiguiente, con base en los artículos 5 (numeral 5) de la Ley 91 de
1989 y 11 del Decreto 2709 de 1994, y con el propósito de asegurar la
financiación de la pensión de jubilación por aportes y de no comprometer el
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, previsto en el inciso
7.° del artículo 48 de la Constitución Política, la Sala adicionará la sentencia de
primera instancia en el sentido de ordenar al FOMAG i) que gestione el cobro de
aportes pensionales por los períodos durante los cuales la demandante laboró
como docente a través de órdenes de prestación de servicios en el departamento
de Boyacá, señalados en el numeral 2 del párrafo 24 de esta providencia; y ii)
que realice el cobro de las cuotas partes que correspondan por todos los aportes
que Colpensiones ha recibido a nombre de la accionante41.

38. Para efectos del cobro de los aportes pensionales contra la actora, se
autorizará al FOMAG para que realice el descuento correspondiente del monto
que deba pagarle a aquella por concepto de mesadas causadas y no pagadas
(retroactivo).

39. La orden dirigida a que se realicen gestiones de cobro de aportes
pensionales no constituye una desmejora de la situación de la demandada como
apelante única ni compromete las garantías procesales del departamento de
Boyacá y del municipio de Duitama, los cuales no fueron vinculados a esta
controversia, ya que solo se está impartiendo una orden dirigida al FOMAG,
tendiente a adelantar una actuación de cobro de aportes42.

41
En la parte considerativa de la sentencia de primera instancia se indicó lo siguiente: «43. Finalmente, se
reconocerá, a la entidad demandada, el derecho a exigir las cuotas partes a la entidad de previsión
concurrente»; sin embargo, en la parte resolutiva de dicha providencia no se indicó nada al respecto.
42 En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-
2022).

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Condena en costas de segunda instancia

40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080
de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

43. En consecuencia, se condenará en costas al FOMAG, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. ADICIONAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n.° 6, en el sentido de
ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que
adelante las actuaciones administrativas necesarias para realizar el cobro de las
cuotas partes que correspondan por todos los aportes pensionales que
Colpensiones ha recibido a nombre de la señora Luisa Delia Ríos Piza, gestión
que no comprometerá el pago de la mesada pensional.

Adicionalmente, ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio que realice las gestiones de cobro de aportes pensionales contra la
señora Luisa Delia Ríos Piza y el departamento de Boyacá, en los porcentajes
que cada uno debía asumir en condición de trabajadora y empleador,

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respectivamente, por todos los períodos durante los cuales aquella se
desempeñó como docente vinculada a través de órdenes de prestación de
servicios entre el 3 de agosto de 1994 y el 12 de diciembre de 2003, de manera
discontinua, los cuales se relacionaron en el numeral ii) del párrafo 24 de esta
providencia.

Para efectos del cobro de aportes pensionales contra la señora Luisa Delia Ríos
Piza, AUTORIZAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
para que realice el descuento correspondiente del monto que deba pagarle a
aquella por concepto de mesadas causadas y no pagadas (retroactivo).

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a favor de la señora Luisa Delia Ríos Piza.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Boyacá.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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