Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00579-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00579-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2017-00579-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 50001 23 33 000 2017 00579 01 (0818-2025)
Demandante: Gerson Eduardo Ariza Martínez
Demandada: Nación (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional)
Temas: Reliquidación de asignación de retiro. Reajuste de asignación salarial
básica. Principio de oscilación.
Decisión: Se confirma la sentencia apelada toda vez que durante el período
2001-2004 el demandante se encontraba en servicio activo y los
incrementos salariales fueron fijados por el Gobierno nacional
conforme a la Ley 4 de 1992, sin que proceda la inaplicación de los
respectivos decretos ni su reajuste con base en el IPC.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia del 13 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó que se
inapliquen, por vía de excepción de inconstitucionalidad, los aumentos porcentuales
salariales realizados con la metodología de oscilación descrita en el artículo 1 de los
Decretos 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004, mediante los cuales
el Gobierno nacional fijó los incrementos salariales del personal de oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares.
2. Asimismo, pidió que se declare la nulidad del Oficio 20163171386181: MDN-
CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 13 de octubre de 2016,
mediante el cual la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional) le negó el
reajuste de sus salarios cuando estuvo en actividad.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reajuste de la base
de liquidación salarial o sueldo básico de los años 2001 a 2004 y, por efecto, la
reliquidación de todas las primas y prestaciones, de conformidad con el índice de precios
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 50001 23 33 000 2017 00579 01 (0818-2025)
Demandante: Gerson Eduardo Ariza Martínez
del consumidor de los años inmediatamente anteriores. Igualmente, que una vez
establecido el nuevo IBL, se aplique desde el año 2001 hasta la fecha de su retiro del
servicio activo, con el fin de que se reliquide su asignación de retiro para todo el resto de
su vida. Además, solicitó que se le cancelen los valores retroactivos adeudados de los
últimos cuatro años y que se condene en costas a la entidad.
4. Como hechos relevantes, expuso que prestó sus servicios para el Ejército Nacional
durante 18 años, 8 meses y 6 días hasta que fue retirado por llamamiento a calificar
servicios mediante la Resolución 8168 del 14 de septiembre de 2016. Indicó que, a través
de la Resolución 7611 del 3 de noviembre de 2016, CREMIL le reconoció la asignación
de retiro a partir del 14 de diciembre de 2016 en una suma equivalente al 62% de su
asignación básica.
5. Sostuvo que entre los años 2001 y 2004 el Gobierno fijó incrementos anuales de
la asignación básica que resultaron inferiores al IPC certificado por el DANE, lo cual
generó una pérdida progresiva del poder adquisitivo del salario. Por ende, precisó que
dicha situación repercutió en el valor real de su asignación de retiro.
Contestación de la demanda
6. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones por considerar que
carecen de sustento fáctico y jurídico, teniendo en cuenta que la actuación administrativa
que negó el reconocimiento y pago del reajuste encuentra fundamento legal en las
disposiciones que fijaron el salario del personal activo de la institución.
7. Como razones de defensa, expuso que al demandante se le reconoció y pagó el
valor correspondiente a sus salarios cuando estaba en el servicio activo, en las
proporciones que periódicamente determinó el Ejecutivo y conforme a las disposiciones
contenidas en el Decreto 1211 de 1990.
8. Además, precisó que el reajuste solicitado solo aplica para el personal con
asignación de retiro reconocida durante esos años, situación que no corresponde al caso
particular del actor, pues entre los años 2001 y 2004 estaba en el servicio activo.
Sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 13 de febrero de 2025,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al libelista.
10. Como fundamento de su decisión, el Tribunal estableció que el demandante
devengó, durante cada una de las anualidades comprendidas entre 2001 y 2004, una
asignación básica superior a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual lo
exime de que se reajuste en virtud del IPC, teniendo en cuenta la postura que ha
sostenido la Corte Constitucional en las sentencias C-710 de 1999, C-815 de 1999, C-
1433 de 2000, C-1064 de 2001 y C-1017 de 2003.
11. Precisó, a su vez, que el beneficio de reajuste con base en el IPC, previsto en la
Ley 238 de 1995, solo resulta aplicable a quienes adquirieron la asignación de retiro entre
1995 y 2004, y no a quienes, como el demandante, se encontraban en servicio activo
durante dicho interregno.
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Demandante: Gerson Eduardo Ariza Martínez
Recurso de apelación
12. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación con el
propósito de que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda
a las pretensiones de la demanda.
13. Argumentó que la providencia apelada vulneró sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social, a la confianza legítima y al
mínimo vital.
14. Reiteró que estuvo vinculado al Ejército Nacional durante 18 años, 8 meses y 6
días, que se retiró en el grado de mayor mediante la Resolución 8168 del 14 de
septiembre de 2016, y que la asignación de retiro le fue reconocida mediante la
Resolución 7611 del 3 de noviembre de 2016, en un 62% del salario que percibía.
15. Señaló que los incrementos salariales aplicados entre 2001 y 2004 (5,81%, 4,98%,
6,19% y 5,35%, respectivamente) fueron inferiores a los porcentajes de IPC certificados
por el DANE para los años inmediatamente anteriores (8,75%, 7,65%, 6,99% y 6,49%,
respectivamente), generando diferencias a su favor en cada una de dichas anualidades.
16. Por tanto, invocó el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política y desarrollado en la sentencia C-168 de 1995 de la Corte
Constitucional, relativa a la condición más beneficiosa para el trabajador.
17. Alegó la aplicación por analogía, conforme al artículo 230 de la Constitución
Política, de la «sentencia de unificación» proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, del 15 de noviembre de 2012 (radicación 25000 23 25 000 2010
00511 01 (0907-11), M.P. Gerardo Arenas Monsalve), que reconoció el reajuste por IPC
a pensionados retirados de las Fuerzas Militares, sosteniendo que dicho criterio debía
extenderse también a los miembros activos.
18. Citó las sentencias C-815 de 1999, C-1433 de 2000 y C-1064 de 2001 de la Corte
Constitucional, relativas al derecho constitucional de los servidores públicos a mantener
el poder adquisitivo del salario.
19. Finalmente, solicitó que, en caso de confirmarse la sentencia de primera instancia,
se abstuviera de imponer condena en costas y agencias en derecho en segunda instancia
y que se revocara dicha condena impuesta por el a quo con fundamento en la providencia
del Consejo de Estado del 8 de agosto de 2024 (radicación 50001 23 33 000 2017 00488
01).
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. Mediante auto del 8 de abril de 20251 se admitió el recurso de apelación y se le
advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para
pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta antes de
que el expediente ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.
1 Índice 4 de SAMAI.
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Demandante: Gerson Eduardo Ariza Martínez
21. El Ministerio Público2 conceptuó que debe confirmarse la sentencia de primera
instancia advirtiendo que no le asiste razón al demandante para reclamar el reajuste de
salarios y prestaciones sociales con base en el IPC durante el período comprendido entre
2001 y 2004 por cuanto para dicha época se encontraba en servicio activo y sus
emolumentos fueron reajustados anualmente conforme al régimen especial de la Fuerza
Pública mediante el sistema de oscilación con los decretos expedidos por el Gobierno.
22. Por su parte, la entidad demandada3 reiteró los argumentos de la contestación y
pidió que se confirme el fallo apelado.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
24. Conforme con los reparos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a
esta Sala determinar si el demandante —quien ingresó al disfrute de la asignación de
retiro en 2016 y se desempeñó como mayor del Ejército Nacional— tiene derecho al
reajuste salarial correspondiente al período 2001-2004 y, en consecuencia, a la
reliquidación de su asignación de retiro con base en dichos ajustes.
25. Asimismo, se verificará si es procedente la condena en costas impuesta por el
tribunal de primera instancia a la parte actora.
Análisis del problema jurídico
26. La Sala considera que la parte demandante no tiene derecho al reajuste de los
salarios percibidos entre 2001 y 2004, ni a la reliquidación de las asignaciones de retiro
causadas con posterioridad. Por ende, se confirmará la sentencia de primera instancia,
de conformidad con las consideraciones que se desarrollarán a continuación.
27. Para abordar este tema, es menester precisar que la asignación de retiro del
personal de las Fuerzas Militares y de Policía ha tenido un sistema de actualización
distinto al que se ha establecido de manera general para las pensiones de los servidores
públicos y trabajadores del sector privado. Este sistema es conocido como el principio de
oscilación, que establece una relación de dependencia entre las asignaciones que
perciben los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y aquellos que se
encuentran en retiro, quienes disfrutan de prestaciones como la asignación de retiro,
pensiones por invalidez o pensiones de sobrevivientes4.
2 Índice 10, ibidem.
3 Índice 9, ibidem.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de septiembre de 2024, rad. 25000 23 42 000
2021 00692 01 (6519-2023), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: Gerson Eduardo Ariza Martínez
28. En este sentido, es evidente que el reajuste de las asignaciones de retiro no
depende del porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el
artículo 14 de la Ley 100 de 19935, sino que está determinado por el porcentaje de
incremento en el salario de los miembros activos de la Fuerza Pública.
29. Se debe resaltar que esta Sala6 ha sostenido de manera pacífica que, conforme al
artículo 4 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional tiene la obligación de modificar
anualmente el sistema salarial de los servidores mencionados en los literales a, b y d del
artículo 1 de dicha norma, que incluye a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva
Nacional, sin distinción de sector, denominación o régimen jurídico, así como a los
empleados del Congreso de la República, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral, la Contraloría General de la
República y la Fuerza Pública.
30. Además, el artículo 13 de la misma ley establece que el Gobierno deberá
implementar una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal
activo y retirado de la Fuerza Pública, de acuerdo con los principios establecidos en la
norma.
31. Por lo tanto, la Ley 4 de 1992, en sus artículos 4 y 13, no establece condiciones
específicas sobre el porcentaje de incremento anual de los salarios, sino que impone esta
obligación al Ejecutivo, lo cual significa que no proporciona un fundamento normativo
para exigir que la asignación salarial se incremente anualmente en un porcentaje igual o
superior al IPC.
32. Bajo este contexto normativo, en el expediente obra la Hoja de Servicios 3-
31181405 del 20 de septiembre de 2016 expedida por el Ejército Nacional7. En dicho
documento consta que el demandante ingresó a la entidad como oficial el 14 de diciembre
de 2000 y se desvinculó del servicio activo el 14 de diciembre de 2016, fecha para la cual
ostentaba el grado de mayor.
33. Asimismo, reposa copia de la Resolución 8168 del 14 de septiembre de 20168, a
través de la cual el ministro de Defensa Nacional retiró del servicio activo por llamamiento
a calificar servicios al mayor Gerson Eduardo Ariza Martínez. Además, obra copia de la
Resolución 7611 del 3 de noviembre de 20169, mediante la cual el director general de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció al demandante la asignación de retiro
equivalente al 62% del sueldo de actividad, incluyendo dentro de la liquidación las
partidas computables correspondientes a partir del 14 de diciembre de 2016.
34. Pues bien, para el periodo comprendido entre 2001 y 2004, el presidente de la
5 Ley 100 de 1993: «ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de
jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de
cada año, según la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior. […]»
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, rad. 50001-23-33-000-
2016-00116-01 (0278-2023), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
7 Folios 38 y 39 del expediente digital.
8 Folios 24 al 26, ibidem.
9 Folios 27 al 29, ibidem.
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Radicado: 50001 23 33 000 2017 00579 01 (0818-2025)
Demandante: Gerson Eduardo Ariza Martínez
República, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley 4 de 1992, estableció la escala
gradual porcentual para los miembros de la Fuerza Pública mediante los Decretos 2737
de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004.
35. En atención a que, durante ese lapso, el actor se encontraba en servicio activo en
el Ejército Nacional, el incremento de su sueldo básico mensual debía ajustarse a las
disposiciones gubernamentales vigentes, sin que resultara procedente aplicar una norma
distinta. Inclusive, cualquier desacuerdo respecto de los salarios fijados en dichos años
debió tramitarse en relación con el contenido de los decretos citados, que reflejan la
voluntad de la Administración sobre la materia. Las aludidas disposiciones gozan de
presunción de legalidad y no se advierte providencia ejecutoriada que las haya anulado
o suspendido provisionalmente.
36. Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de que se acceda a las pretensiones
de la demanda con fundamento en las sentencias C-815 de 1999, C-1433 de 2000 y C-
1064 de 2001 de la Corte Constitucional, la Sala precisa que dichas providencias no
establecieron criterio alguno para aumentar los salarios de los miembros de la Fuerza
Pública con base en el IPC para los años 2001 a 2004.
37. Por el contrario, al revisar dichas sentencias, la Sala advierte que en estas i) se
establecieron los criterios que debe tener el Gobierno para fijar el salario mínimo de cada
año, cuando no hay consenso de la Comisión permanente creada por el artículo 56 de la
Constitución Política; ii) se ordenó aumentar el salario de los empleados públicos que
devengaran más de dos salarios mínimos conforme a los mismos criterios establecidos
en la sentencia C-815 de 1999, pero solo para el año 2000; y iii) se fijaron unas pautas
frente a la manera en la que debe garantizarse el mantenimiento del poder adquisitivo de
los salarios de los trabajadores y empleados del sector público central, pero en ninguna
de estas se estableció que estos criterios iban a aplicarse a los miembros de la Fuerza
Pública.
38. Por otro lado, frente al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política, invocado por el apelante con apoyo en la sentencia C-168 de 1995,
la Subsección advierte que dicho principio opera ante la concurrencia de normas
laborales susceptibles de aplicación simultánea a un mismo supuesto de hecho, caso en
el cual debe preferirse la más favorable al trabajador. Sin embargo, en el presente asunto
no se configura tal concurrencia, pues el régimen salarial del personal activo de la Fuerza
Pública se rige por las disposiciones especiales de la Ley 4 de 1992 y los decretos que
la desarrollan, sin que resulte aplicable el IPC previsto para regímenes pensionales
generales como parámetro de incremento salarial.
39. Finalmente, tampoco es de recibo la aplicación analógica de la sentencia proferida
por esta Corporación, Sección Segunda, Subsección B, el 15 de noviembre de 2012
(radicación 25000 23 25 000 2010 00511 01, C. P. Gerardo Arenas Monsalve) por cuanto
dicha providencia reconoció el reajuste con base en el IPC a favor de miembros de la
Fuerza Pública que ya se encontraban en goce de asignación de retiro durante el período
1995-2004, en aplicación del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, adicionado por la Ley
238 de 1995, supuesto que no se acompasa a la situación del demandante, dado que
este último se hallaba en servicio activo durante el período 2001-2004.
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Radicado: 50001 23 33 000 2017 00579 01 (0818-2025)
Demandante: Gerson Eduardo Ariza Martínez
40. Conforme a lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia toda
vez que los reparos formulados en el recurso de apelación no desvirtúan las razones
jurídicas y probatorias que sustentan la decisión de negar las pretensiones de la
demanda.
Sobre la condena en costas en primera instancia
41. La parte actora solicitó la revocatoria de la condena en costas que el a quo le
impuso en primera instancia, con fundamento en el criterio establecido en la sentencia
del Consejo de Estado del 8 de agosto de 2024, proferida por esta Subsección bajo el
radicado 50001 23 33 000 2017 00488 01 (3908-2023), a través de la cual, en un caso
de contornos fácticos y jurídicos similares al sub lite, se abstuvo de condenar en costas
a la parte actora, aduciendo que, en virtud del artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 —que
adicionó el artículo 188 del CPACA— el juez debía analizar la conducta de las partes y
la sustentación jurídica de sus escritos.
42. Pues bien, sea lo primero indicar que dicho criterio fue reevaluado por esta Sala
en sesión llevada a cabo el 28 de agosto de 202510, a través de la cual se interpretó que
la modificación del referido artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
43. Por ende, se precisó que la pretensión del legislador, con la reforma introducida
por la Ley 2080 de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés
público, creando así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos.
44. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; es decir, que en la sentencia se dispondrá sobre la condena en
costas sobre la parte vencida en el proceso.
45. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
46. Con base en los argumentos expuestos, en la sentencia apelada se condenó en
costas al demandante bajo el argumento de que la demanda carecía de fundamento legal
puesto que para el momento en que se inició el proceso ya existía jurisprudencia del
Consejo de Estado que establecía la improcedencia de los reajustes salariales de los
miembros activos de la Fuerza Pública para los años 2001 a 2004.
47. Quiere decir lo anterior que el Tribunal aplicó justamente la tesis que el
demandante invoca y que estaba vigente en el momento en que se falló su caso (13 de
febrero de 2025), por lo que no hay lugar a revocar la decisión. Con todo, a la luz del
criterio actualmente adoptado por la Sala, también resultaría procedente dicha condena
en costas habida cuenta de que la parte demandante resultó vencida en primera
instancia.
10 Véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas el 28 de agosto de 2025 por esta Subsección bajo los
radicados: i) 85001 23 33 000 2021 00273 01 (5964-2024); ii) 68001 23 33 000 2019 00525 01 (3666-2021); y iii)
15001233300020210062001 (2553-2024).
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Radicado: 50001 23 33 000 2017 00579 01 (0818-2025)
Demandante: Gerson Eduardo Ariza Martínez
Condena en costas en segunda instancia
48. Con base en el análisis normativo abordado en precedencia, en esta instancia
también se impondrán costas a la parte demandante por cuanto también resultó vencida
dado que se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Meta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 13 de febrero de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Meta.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Radicado: 50001 23 33 000 2017 00579 01 (0818-2025)
Demandante: Gerson Eduardo Ariza Martínez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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