Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00488-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00488-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2017-00488-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
8 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., ocho (08) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 50001 23 33 000 2017 00488 01 (3908-2023)
Demandante: Carlos Alberto Arias Palacios
Demandado: La Nación —Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares—
Temas: Reajuste del sueldo básico mensual y de la asignación de retiro.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 2 de febrero de 2023, por el Tribunal Administrativo del
Meta, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Carlos Alberto Arias Palacios, por medio de
apoderado judicial, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en orden a obtener la declaratoria de nulidad del Oficio
20160423330244531/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DIPER-DINOM-1.10
del 20 de mayo de 2016, proferido por la Jefatura de la División de Nómina de la
Armada Nacional, por medio del cual se le negó el reajuste de los salarios
devengados en actividad y el consecuente reajuste de la asignación de retiro
pagada por la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) inaplicar, por inconstitucionalidad, los Decretos 122 de 1997, 58 de 1998,
62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 50001 23 33 000 2017 00488 01 (3908-2023)
Demandante: Carlos Alberto Arias Palacios
2004, por medio de los cuales se fijaron los salarios básicos de oficiales y
suboficiales de la Fuerza Pública, en los años respectivos; (ii) reajustar el sueldo
básico percibido durante los años 1997 al 2004, de conformidad con el índice de
precios al consumidor del año inmediatamente anterior; (iii) a partir del anterior
ajuste salarial, reliquidar las prestaciones sociales percibidas durante el mismo
periodo; (iv) adecuar «la nueva base de liquidación salarial […] desde el año 1999
(año diferencia incremento IPC) y hasta la fecha de retiro del servicio activo, de
acuerdo con los incrementos anuales ordenados por el Gobierno nacional; (v)
notificar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para que reliquide la asignación
de retiro, teniendo en cuenta la nueva asignación salarial; (vi) tener en cuenta la
nueva asignación básica salarial para el «cómputo con retroactividad de los valores
adeudados correspondientes a la aplicación de las primas, cesantías,
indemnizaciones y otros pagos efectuados» con una asignación básica errada; (vii)
pagar, cuatrienalmente, el valor de los dineros adeudados e indexar la condena de
acuerdo con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; (viii) dar cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; (ix)
pagar los intereses moratorios que correspondan; y (x) condenar en costas a la
parte demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el demandante señaló los siguientes:
i) El señor Carlos Alberto Arias se desempeñó como oficial de la Armada Nacional,
durante 20 años, 7 meses y 12 días y se retiró por solicitud propia, según Resolución
8930 del 15 de noviembre de 2013. En virtud del tiempo de servicio acreditado, la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció asignación de retiro por medio
de la Resolución 633 del 6 de febrero de 2014, en cuantía del 70 % de su asignación
básica, con efectos fiscales desde el 1 de abril de 2014.
ii) El 12 de mayo de 2016, presentó ante la Dirección de Personal de la Armada
Nacional una solicitud en la que pretendió que se reliquidara la asignación básica
percibida entre 1997 y el 2004, de acuerdo con el índice de precios al consumidor
y, a partir de ello, que se reajustara su asignación de retiro. Lo anterior fue negado
por conducto del Oficio 20160423330244531/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-
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Demandante: Carlos Alberto Arias Palacios
JEDHU-DIPER-DINOM-1.10 del 20 de mayo de 2016.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como normas infringidas se citaron los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 42, 53, 90, 150,
334, 366 y 373 de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992. Como concepto de la
violación, la parte demandante expuso los siguientes argumentos:
i) El Gobierno nacional ha vulnerado los derechos laborales de los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares, pues no se les ha pagado los salarios y
asignaciones de retiro en debida forma, en atención a la no sujeción de los
incrementos salariales anuales al índice de precios al consumidor desde el año
1997, lo cual ha generado una desactualización de las asignaciones básicas y una
correlativa pérdida del poder adquisitivo.
ii) La escala gradual porcentual fijada a través de la Ley 4 de 1992 tiene como
propósito mejorar las condiciones salariales de los miembros de las Fuerzas
Militares y de Policía, por lo que resulta inaceptable que los incrementos anuales
efectuados con posterioridad a la entrada en vigencia de esa norma sean inferiores
al índice de precios al consumidor, como ocurrió entre 1997 y 2004.
iii) Los incrementos salariales discutidos han puesto en una situación de desmejora
al personal de la Fuerza Pública, la cual es permanente y se ha extendido en el
tiempo hasta el punto de incidir de manera negativa en el monto de la asignación
de retiro, la cual fue calculada con una base salarial desactualizada.
1.2. Contestación a la demanda
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional se pronunció sobre
los hechos y pretensiones de la demanda en el siguiente sentido:
i) La Armada Nacional ha reconocido y pagado al actor los salarios que el
corresponden, en los montos y proporciones periódicamente fijados por el Gobierno
nacional, por lo que la decisión adoptada en el acto administrativo demandada se
ajusta a los presupuestos del Decreto 1211 de 1990.
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Demandante: Carlos Alberto Arias Palacios
ii) Ni los salarios ni las prestaciones sociales de los miembros de la Fuerza Pública
pueden liquidarse con base en previsiones de la Ley 100 de 1993, como ocurre con
el incremento salarial de acuerdo con el IPC pedido por el demandante, pues ello
es una prerrogativa contemplada para el régimen general y no para el especial al
que se encuentra sometido el personal castrense.
iii) Además, indicó lo siguiente:
Así mismo el aquí demandante solicitó a través de derecho de petición a la Dirección
de personal del Ejercito Nacional el incremento del IPC, sin tener en cuenta que para
dicha fecha el demandante ostentaba una asignación de retiro, por parte de la caja de
retiro de las fuerzas militares (CREMIL), y cuya solicitud fue resuelta mediante
resolución No. 633 del 06 de febrero de 2014 y cuya entidad tiene como objeto
fundamental reconocer y pagar las Asignaciones de Retiro al personal de oficiales,
suboficiales y soldados profesionales de las Fuerzas Militares que consoliden el
derecho a tal prestación.
Para los años 1997 a 2004 a los cuales se reclaman los incrementos del IPC en el
presente proceso, el demandante se encontraba como oficial activo y en esos años
devengaban salario o sueldo en actividad, por lo tanto, no tiene derecho a dicho reajuste
salarial, toda vez que para poder reclamar este derecho debe de que tener reconocida
la asignación de retiro o pensión, antes del año 2004.
Con lo anterior, se observa que la entidad que represento no es la competente para
realizar el reajuste salarial solicitado por el aquí demandante, ya que al gozar de una
asignación de retiro, la entidad estatal que debe ser la encargada de hacer este reajuste
salarial, corresponde a aquella que le ha concedido la pensión previamente y es la
única que goza de la autonomía para autorizar o no lo solicitado por ser una entidad
estatal independiente.
1.3. La sentencia apelada1
El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 2 de febrero de 2023, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, de
acuerdo con las siguientes consideraciones:
i) A pesar de que el Ministerio de Defensa argumentó la supuesta configuración de
una falta de legitimación en la causa por pasiva, por ser la Caja de Sueldos de Retiro
de las Fuerzas Militares la encargada del reconocimiento y pago de la asignación
de retiro del demandante, lo cierto es que lo pretendido en el presente proceso es
el reajuste de las mesadas salariales devengadas en actividad entre 1997 y 2004,
1 Documento 16 del proceso de primera instancia en Samai.
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Demandante: Carlos Alberto Arias Palacios
razón por la que sí es la accionada la llamada a atender la pretendía reliquidación
de la asignación básica del señor Arias Palacios.
ii) En cuanto al fondo del asunto, el régimen salarial y prestacional de los miembros
de la Fuerza Pública es de carácter especial, según se señala en el artículo 150 de
la Ley 100 de 1993, por lo que lo relacionado con ese aspecto es de competencia
del Gobierno nacional que, en cumplimiento de ese mandato legal, y en virtud del
contenido del artículo 13 de la Ley 4 de 1992, es el encargado de establecer
anualmente la retribución salarial del personal castrense.
iii) En virtud de los antecedentes normativos citados, los salarios de las Fuerzas
Militares y de Policía debe atenerse al contenido de los decretos que anualmente
expide el Gobierno nacional y no es posible acudir a disposiciones legales distintas.
Los decretos en los que se ha establecido la referida escala salarial no han sido
objeto declarados nulos por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
iv) En sentencias C-1433 de 2000 y C-1064 de 2001, la Corte Constitucional analizó
el derecho a mantener la capacidad adquisitiva del salario en relación con el
contenido del artículo 53 superior y concluyó que dicha prerrogativa no es absoluta
y no implica «que el derecho a un reajuste para responder a la inflación que afecta
a la población en general deba ser reconocido en forma absoluta a todos los
servidores públicos, independientemente de su nivel de ingresos».
En la misma línea, explicó que el principio de igualdad no puede ser entendido de
manera matemática, sino material pues «no son igualmente afectados por el
fenómeno inflacionario los servidores públicos que ganan el equivalente a 1 o 2
salarios mínimos que aquellos que reciben ingresos superiores, siendo para el
primer grupo de trabajadores, es decir, los servidores públicos que tienen menores
ingresos, a quienes para mantener su poder adquisitivo real de su salario, se tendrá
como criterio preponderante la inflación».
v) En cuanto al reajuste de la asignación de retiro, si bien la Ley 238 de 1995 ordenó
la nivelación de dichas mesadas en virtud del índice de precios al consumidor,
cuando ello fuera más favorable, tal posibilidad solo se previó entre los años 1997
y 2004, es decir mientras estuvo vigente esa norma, pues en esta última anualidad
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Demandante: Carlos Alberto Arias Palacios
entró en vigor el Decreto 4433 de 2004, que creó un sistema de oscilación para
dicho ajuste anual, por lo que tampoco es posible acudir al referido IPC para
incrementar la asignación de retiro del accionante, la cual solo devengó a partir del
año 2014, esto es, en plena vigencia del Decreto 4433 de 2004.
vi) Finalmente, condenó en costas a la parte demandante en atención a lo dispuesto
en los artículos 188 de la Ley 1437 de 2011 y 365 del Código General del proceso,
según los cuales debe imponerse dicha sanción a quien sea vencido en el proceso.
1.4. El recurso de apelación
El señor Carlos Alberto Arias Palacios interpuso recurso de apelación contra el fallo
de primera instancia. Expuso, en esencia, lo siguiente:
i) La decisión de primera instancia viola los derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso, trabajo, seguridad social confianza legítima, mínimo vital y móvil e
incurre en una clara discriminación laboral.
ii) Está demostrado en el proceso que durante los años 1997 a 2004 los incrementos
salariales anuales fueron efectuados en un porcentaje inferior al índice de precios
al consumidor fijado por el DANE, razón por la que el señor Carlos Alberto Arias
tiene derecho a que se efectúen dichos ajustes, en aras de que se garantice su
derecho a mantener el poder adquisitivo de su asignación básica y, con ello, se le
reliquide la asignación de retiro desactualizada que ahora percibe.
iii) Acceder a las pretensiones de la demanda comporta una interpretación favorable
de la norma y de las circunstancias laborales del demandante, garantía
ampliamente desarrollada por la Corte Constitucional en sentencia C-168 de 1995,
según la cual a los trabajadores les deben ser concedidas las condiciones más
beneficiosas.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Tanto la parte demandante como la demandada guardaron silencio.
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Radicado: 50001 23 33 000 2017 00488 01 (3908-2023)
Demandante: Carlos Alberto Arias Palacios
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si el señor Carlos Alberto Arias Palacios tiene derecho
a que se reajuste la asignación básica que devengó durante los años 1997, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, de acuerdo con el índice de precios al consumidor
establecido para cada anualidad y si, en virtud de ello, hay lugar a reliquidar su
asignación de retiro, con fundamento en la nueva base salarial.
2.2. Marco normativo
2.2.1. El régimen salarial de los miembros de la Fuerza Pública
El Congreso de la República, con fundamento en lo preceptuado en el literal e del
numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política,2 expidió la Ley 4.ª de 1992,
que en su artículo 13 facultó al Gobierno nacional para que fijara una escala
porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y en retiro de la fuerza
pública, de conformidad con los principios previstos en el artículo 2.º de la misma
ley.
En cumplimiento de la anterior disposición, el Gobierno ha proferido los Decretos
133 de 1995, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001,
745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de
2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012 y 1017
de 2013, entre otros, en los cuales ha fijado la asignación salarial de cada grado
2 Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
[…]
19.Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública. Ver Art. 1° Decreto Nacional 1919 de 2002
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Demandante: Carlos Alberto Arias Palacios
para oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, a partir de la asignación básica de
un general.
En ese sentido, es claro que los ajustes salariales anuales de las Fuerzas Militares
y de Policía es fijado, por mandato legal y constitucional, por el Gobierno nacional
que es el encargado de establecer, año a año, y, por medio de decreto, el porcentaje
en que se incrementará el salario de los miembros activos de las instituciones
castrenses, tal como se ha venido realizando desde el año 1995.
2.2.2. Régimen especial de asignación de retiro y pensiones de las Fuerzas
Militares y de Policía
A partir de la Ley 100 de 1993, se creó el Sistema General de Seguridad Social
Integral, que en el artículo 14 dispuso que con el objeto de que las pensiones no
pierdan su poder adquisitivo deben reajustarse anualmente y de oficio de
conformidad con la variación porcentual del índice de precios al consumidor que
certifique el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, (DANE), para el
año inmediatamente anterior, excepto aquellas cuyo monto corresponda a un
salario mínimo legal mensual vigente, pues para estas el ajuste se efectuará de
acuerdo con el incremento ordenado por el Gobierno sobre dicho salario.
Además, a pesar de que los miembros en uso de buen retiro de la Fuerza Pública
se encuentran exceptuados del régimen general de seguridad social, por pertenecer
a uno especial, la Ley 100 de 1993 les concedió el derecho a que sus asignaciones
de retiro se reajustaran anualmente con base en el IPC del año inmediatamente
anterior.
Sin embargo, el actual régimen pensional de la Fuerza Pública está contemplado
en el Decreto 4433 de 2004, en el que se instituyeron los parámetros para el reajuste
anual de las asignaciones de retiro: así, a partir del artículo 42 se dispuso la
aplicación del principio de oscilación, según el cual se realizará un incremento anual,
pero ya no a partir del índice de precios al consumidor, sino que el reajuste
corresponderá al mismo incremento porcentual en que se aumenten las
asignaciones salariales del personal en actividad para cada grado. Sobre este
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punto, esta corporación3 se pronunció en el siguiente sentido:
Para abordar este tema sea lo primero precisar que la asignación de retiro, de
tiempo atrás, ha tenido una forma de actualización diferente a la que de manera
general se ha establecido para las pensiones que devengan los servidores
públicos y trabajadores privados, sistema que se ha conocido como el principio
de oscilación. La oscilación plantea una regla de dependencia entre la
asignación que perciben los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y
aquellos que se encuentran en retiro y que en tal virtud gozan de una prestación,
ya sea asignación de retiro o pensión de invalidez o los beneficiarios que reciben
pensión de sobrevivientes.
Entonces, de acuerdo con lo anterior, resulta evidente que el incremento de las
asignaciones de retiro del personal de las Fuerzas Militares y de Policía ya no
depende del porcentaje del IPC que disponía la Ley 100 de 1993, sino que obedece
al porcentaje en que se incremente el salario de los miembros activos de la fuerza
pública.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se establece lo
siguiente:
i) El señor Carlos Alberto Arias Palacios laboró en la Armada Nacional durante 20
años, 7 meses y 12 días y se retiró del servicio activo, por solicitud propia, según
Resolución 8930 del 15 de noviembre de 2013, con efectos desde la fecha de su
expedición. 4
ii) El 6 de febrero de 2014, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares profirió la
Resolución 633 por medio de la cual le reconoció una asignación de retiro al señor
Carlos Alberto Arias Palacios en cuantía del 70 % del sueldo en actividad
correspondiente a su grado, en los términos del Decreto 1017 de 2013.5
iii) El 12 de mayo de 2016, el demandante elevó reclamación administrativa ante la
Dirección de Personal de la Armada Nacional con el propósito de que se reliquidaran
3 Sentencia de 23 de febrero de 2017, M.P. William Hernández Gómez, radicado 11001-03-25-000-
2010-00186-00 (1316-2010).
4 Folio 28 del documento de la demanda en la primera instancia en Samai.
5 Folios 28 al 30 de la demanda en la primera instancia en Samai.
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los salarios percibidos en actividad durante los años 1997 a 2004, en el sentido de
ajustarlos de conformidad con el índice de precios al consumidor fijado para el año
inmediatamente anterior; modificar en lo correspondiente la hoja de servicios y, con
ello, reliquidar la asignación de retiro que le fue concedida en el año 2014.6
iv) El 20 de mayo de 2016, la División de Nóminas de la Armada Nacional resolvió
negativamente la anterior petición por medio del Oficio 20160423330244531/MDN-
CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DIPER-DINOM-1.10, al considerar que se han
pagado todos los haberes salariales que le corresponden al demandante según los
decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional y, en consecuencia, no se le
adeuda suma alguna.7
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Para resolver el problema jurídico planteado es necesario tener en cuenta que los
argumentos del apelante único radican en el derecho que considera que le asiste a
que las asignaciones básicas o sueldos percibidos entre 1997 y 2004 sean
reajustados de acuerdo con el índice de precios al consumidor y que, a partir de
dicho incremento salarial, se reliquide la asignación de retiro que devenga desde el
año 2014.
Pues bien, en cuanto al incremento con base en el IPC, debe decirse que, según el
artículo 4 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional debe modificar, anualmente, el
sistema salarial de los servidores de que tratan los literales a, b y c del artículo 1 de
esa norma, los cuales corresponden a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva
Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; los
empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de
la República; y la Fuerza Pública.
Adicionalmente, el artículo 13 ibidem, dice lo siguiente:
6 Folios 31 al 34 de la demanda en la primera instancia en Samai.
7 Folios 35 al 36 de la demanda en la primera instancia en Samai.
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Demandante: Carlos Alberto Arias Palacios
ARTÍCULO 13.- En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una
escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de
la fuerza pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2.
Como puede observarse, la Ley 4 de 1992, en sus artículos 4 y 13, no establece
ningún tipo de condición en relación con el porcentaje en que deben incrementarse
los salarios anualmente, sino que pone tal obligación en cabeza del Gobierno
nacional. En ese sentido, el mencionado artículo no comporta un sustento normativo
para pretender que la asignación salarial sea incrementada anualmente en un
porcentaje idéntico o superior al índice de precios al consumidor.
Ahora, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 ordena lo siguiente:
Artículo 14. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de
vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera
de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder
adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero
de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor,
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las
pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual
vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que
se incremente dicho salario por el Gobierno.
El anterior precepto no deja duda de que la aplicación del índice de precios al
consumidor allí previsto está dirigido al reajuste de pensiones y asignaciones de
retiro y, no se refiere, de ninguna manera, a los incrementos salariales anuales que,
para la Fuerza Pública, se fijan por el Gobierno nacional, por mandato del artículo
13 de la Ley 4 de 1992.
En ese sentido, para los años 1997 al 2004, lapso para el cual el demandante solicita
la reliquidación salarial, el Gobierno nacional, en cumplimiento del artículo 13 de la
Ley 4 de 1992, fijó la escala gradual porcentual para los miembros de la Fuerza
Pública a través de los Decretos 122 de 1997, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de
2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004.
Así, debido a que para esos periodos el señor Carlos Alberto Arias Palacios era
miembro activo de la Armada Nacional, ya que su retiro definitivo se produjo en el
mes de noviembre de 2013, el incremento de su sueldo básico mensual debía
atender a las citadas disposiciones gubernamentales y no podía efectuarse con
fundamento en una norma dirigida al personal retirado de la Fuerza Pública. Por
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Radicado: 50001 23 33 000 2017 00488 01 (3908-2023)
Demandante: Carlos Alberto Arias Palacios
tanto, el desacuerdo con los salarios fijados debió discutirse a partir del contenido
de los mencionados decretos, pues fue en aquellos en donde se plasmó la voluntad
de la administración sobre el particular.
Por consiguiente, la pretensión relacionada con el reajuste salarial por los periodos
1997 al 2004 con base en el índice de precios al consumidor no tiene vocación de
prosperidad, en tanto el Gobierno nacional no se encontraba legalmente atado a
incrementar en ese porcentaje las asignaciones salariales y, por demás, el
contenido de los decretos que establecieron dichos aumentos no ha sido discutido
en esta oportunidad, más allá de señalar la diferencia porcentual entre el incremento
y el índice de precios al consumidor de cada año.
En otras palabras, la fuente legal de los incrementos salariales de la Fuerza Pública
son los decretos antes citados, los cuales no han sido objeto de cuestionamiento
por parte del accionante, quien se ha limitado a solicitar la declaratoria de nulidad
de una serie de oficios en los que la administración simplemente informó sobre la
imposibilidad legal de acceder a sus pretensiones en sede administrativa, pero que,
de ningún modo, contienen la voluntad de la administración respecto de los
incrementos anuales de la asignación básica.
En ese sentido, no hay lugar a acceder a la reliquidación de los salarios del
demandante, toda vez que tal asunto ha sido fijado, y depende, de una serie de
decretos o actos que gozan de la presunción de legalidad que a ellos les atribuye la
norma y que no ha sido desvirtuada en esta oportunidad.
Por otro lado, debido a que la pretensión de reliquidación de la asignación de retiro
depende, necesariamente, de que prosperara la pretensión del reajuste salarial,
pues sería el aumento del sueldo lo que desembocaría en un aumento de la
asignación de retiro, no hay lugar a conceder dicha súplica ni a que se ordene un
aumento de la pensión con base en el IPC, pues el régimen especial de la Fuerza
Pública ordena la aplicación del principio de oscilación.
A pesar de lo anterior, se accederá a revocar la condena en costas impuesta por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que, a partir de la expedición de
la Ley 2080 de 2021, que adicionó el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, la
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Radicado: 50001 23 33 000 2017 00488 01 (3908-2023)
Demandante: Carlos Alberto Arias Palacios
imposición de dicha sanción debe obedecer, valorativamente, a la interposición no
fundamentada de la demanda, circunstancia que la Sala considera que no se
configura en esta oportunidad, toda vez que es cierto que los salarios devengados
por el demandante no se ajustaron al índice de precios al consumidor del periodo
reclamado, pero la improcedencia del mencionado ajuste obedece a circunstancias
de interpretaciones normativas y jurisprudenciales.
3. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva, en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
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Demandante: Carlos Alberto Arias Palacios
4. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala concluye el señor Carlos Alberto Arias no tiene derecho al
reajuste de los salarios percibidos en los años 1997 al 2004 ni a la reliquidación de
su asignación de retiro, pues no hay lugar a modificar la base de liquidación utilizada
por la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares.
Sin embargo, se revocará la condena en costas impuesta por el a quo y se
confirmará en lo demás la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia del 2
de febrero de 2023, objeto de apelación, en el que se condenó en costas de primera
instancia a la parte demandante, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia del 2 de febrero de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Carlos Alberto Arias Palacios
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, y la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares que negó las pretensiones de la demanda.
Tercero. Sin condena en costas de segunda instancia.
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Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de
rigor en la plataforma Samai.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
MLBC
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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