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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00692-01

Fecha
4 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
19 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00692-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 23 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Néstor Raúl Ruiz Rendón contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que negó las pretensiones de la demanda. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor en la plataforma Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00692-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

4 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00692 01 (6519-2023)
Demandante: Néstor Raúl Ruiz Rendón
Demandado: La Nación —Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea
Colombiana y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares —
CREMIL—

Temas: Reajuste del sueldo básico mensual y de la asignación de retiro.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 23 de febrero de 2023, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se denegaron
las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Néstor Raúl Ruiz Rendón, por medio de
apoderado judicial, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en orden a obtener la declaratoria de nulidad de los Oficios FAC-S-
2021-000657-CE del 13 de enero de 2021, expedido por la Fuerza Aérea
Colombiana en el que se negó el reajuste de salarios, cesantías, indemnizaciones
y demás prestaciones; y 20604988 del 21 de enero de 2021, proferido por la Caja
de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares, en el que se negó la reliquidación de
la asignación de retiro.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 42 000 2021 00692 01 (6519-2023)
Demandante: Néstor Raúl Ruiz

solicitó: (i) reajustar y pagar los salarios básicos, subsidios, primas compensaciones
y bonificaciones percibidas entre enero y diciembre de 2004, en un 2.49 % de
acuerdo con la inflación causada en el año 2003, que afectó «el valor de la
asignación básica de un oficial en el grado de general o almirante, el cual sirve de
referente para establecer de conformidad con la escala gradual porcentual»; (ii) en
virtud del anterior incremento, ajustar y pagar también los salarios causados a partir
del mes de enero de 2005 y hasta la fecha de retiro de la institución, de conformidad
con la actualización plena de los salarios de 1992 a 2004, en razón de un 52.2543 %
; (iii) efectuar las correspondientes correcciones salariales en la hoja de servicios.

Adicionalmente, el demandante pidió: (iv) adelantar el trámite correspondiente ante
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con el propósito de que dicha
actualización sea tenida en cuenta para la reliquidación de la asignación de retiro,
en el sentido de incrementar dicha mesada en un 52.2543 %, de acuerdo con la
inflación acumulada entre 1992 y 2004; (v) indexar el valor de la condena; (vi)
reconocer, en la modalidad de daño moral, la suma de 300 s.m.l.m.v; (vii) reconocer,
por concepto de daño emergente, los intereses legales de que trata el artículo 1617
del Código Civil, causados sobre «las sumas retenidas por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares»; (viii) conceder los intereses moratorios desde el 28 de diciembre
de 2020, hasta la fecha de la providencia que ponga fin al proceso; (ix) pagar «los
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante», la sanción moratoria de
que tarta la Ley 244 de 1995 y el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, por el pago
desactualizado de las cesantías definitivas; (x) reconocer «los perjuicios materiales
en la modalidad de daño emergente» en cuantía de $ 3.000.000 y el 30 % del valor
total de la sentencia; (xi) que el cumplimiento de la sentencia se dé en los términos
de los artículos 189 a 195 del C.P.A.C.A; y (xii) se condene en costas a la parte
demandada y, en consecuencia, se disponga el pago de $ 3.000.000 y el 30 % del
valor de la condena en favor del demandante.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el demandante señaló los siguientes:

i) El señor Néstor Ruiz, ingresó a la Fuerza Aérea con el grado de oficial el 1 de
diciembre de 1993; el 21 de enero de 2015 se conformó su hoja de servicios,
identificada con el número 79554675 y fue retirado del servicio activo el 14 de abril

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Demandante: Néstor Raúl Ruiz

del mismo año.

ii) Con la información consignada en la mencionada hoja de servicios, se le
reconoció asignación de retiro por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares.

iii) El 28 de diciembre de 2020, el demandante solicitó a la Fuerza Aérea la
«reliquidación, reconocimiento y cancelación» de las diferencias causadas entre lo
efectivamente pagado por concepto de asignación básica salarial y prestaciones
sociales pagadas desde enero de 2004 hasta la fecha de retiro del servicio, y lo que
en derecho corresponde por dichos emolumentos en virtud de la actualización de
los salarios de acuerdo con la inflación acumulada entre los años 1992 y 2004.

En la misma fecha solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que, en virtud
del reajuste de la asignación básica, se reliquidara la asignación de retiro que le fue
reconocida.

iv) La Fuerza Aérea negó lo pedido por medio del Oficio FAC-S-2021-000657-CE
del 13 de enero de 2021, mientras que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
hizo lo propio a través del Oficio 20604988 del 21 de enero de 2021

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas infringidas se citaron los artículos 4, 48, 53, 217, 218, 220, 230 y 373
de la Constitución Política; 1, 2, 3 y 13 de la Ley 4 de 1992; 271 de la Ley 1450 de
2011; la Ley 1437 de 2011; y los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990. Como
concepto de la violación la parte demandante expuso los siguientes argumentos:

i) El mantenimiento del poder adquisitivo del dinero es uno de los principios
fundantes del Estado social de derecho y su vulneración contaría pilares
constitucionales no el de progresividad, temporalidad y no regresividad, por lo que
es importante mantener actualizados los salarios de los servidores públicos.

ii) En desarrollo de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 872
del 2 de junio de 1992, fijó la remuneración mensual de los ministros de despacho,
a partir de la cual se fija, porcentualmente, la asignación de los miembros de la

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Demandante: Néstor Raúl Ruiz

Fuerza Pública. Así, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 335 de
1992, el salario de coroneles y generales, desde los que se establece de manera
descendente los salarios de los demás grados inferiores, correspondía al 40 % de
lo que por todo concepto percibiera un ministro.

iii) En contrariedad de los principios de seguridad social y de la Ley 4 de 1992, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 921 de 1992, a través del cual disminuyó el
citado porcentaje del 40 % al 31 %. Adicionalmente, a través de los decretos citados
como normas violadas se fijaron, año a año. La asignación básica de los ministros
de despacho «evidenciándose la pérdida de poder adquisitivo en dichas
anualidades, excepto en el año 2000».

iv) A través de otra serie de decretos, también citados previamente, el Gobierno
nacional estableció «la escala de asignación básica de los empleos que sean
desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se
fijan las de los Ministros de Despacho; evidenciándose que la pérdida de poder
adquisitivo acumulado en las anualidades de los años 1993 a 2004, excepto en el
año 2000, no han sido reconocidas».

v) A través de la sentencia C-931, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno
nacional y al Congreso de la República, realizar el pago de los reajustes salariales
de todos los servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la
Nación, antes de que expirara la vigencia fiscal del año 2004; posteriormente, a
través de la Ley 1450 de 2011, en su artículo 271, se dispuso que se buscaría
«establecer una estrategia adecuada para resolver la litigiosidad en torno a los
asuntos relativos a las asignaciones salariales, a las asignaciones de retiro [y] al
ajuste por IPC», asunto que a la fecha no ha sido desatado en sede administrativa.

1.2. Contestación a la demanda

1.2.1. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares — CREMIL —1

i) El régimen prestacional del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares está definido por las normas especiales vigentes al momento de la

1 Documento 7 del expediente digital.

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Demandante: Néstor Raúl Ruiz

causación del derecho reclamado, las cuales prevalecen sobre aquellas previsiones
de carácter general.

ii) La Ley 4 de 1992 contiene las pautas que debe seguir el Gobierno nacional para
realizar los ajustes salariales de la Fuerza Pública, en virtud de la cual se han
proferido los decretos anuales en los cuales se ha fijado la asignación básica salarial
del personal en actividad.

iii) Las asignaciones de retiro se encuentran relacionadas con el salario del personal
activo, pues a través del Decreto 4433 de 2004 se previó la implementación del
principio de oscilación, según el cual el incremento anual de las asignaciones de
retiro es directamente proporcional al incremento salarial fijado por el Gobierno
nacional.

iv) La asignación de retiro del señor Néstor Raúl Ruiz fue concedida en virtud de la
hoja de servicio número 5-79554675 del 21 de enero de 2015 remitida por la Fuerza
Aérea Colombiana, lo que quiere decir que el monto de la prestación guarda relación
con los salarios percibidos y, en consecuencia, no hay lugar a conceder el reajuste
pretendido.

1.2.2. Fuerza Aérea Colombiana2

i) el acto administrativo acusado goza de la presunción de legalidad que le otorga la
norma y no se observa la configuración de ninguna de las causales de nulidad
previstas en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, pues la decisión allí contenida
se apega al marco normativo que gobierna la situación salarial del señor Néstor
Ruiz.

ii) El régimen salarial de los miembros de la Fuerza Pública es de carácter especial
y no se encuentra sometido a los previsto en la Ley 100 de 1993, por expresa
disposición del artículo 217 ibidem. En ese sentido, todo lo relacionado con las
asignaciones salariales hace parte de la órbita de competencia del Gobierno
nacional, tal como está consignado en el artículo 1 de la Ley 4 de 1992.

2 Documento «contestación» en la carpeta 8 del expediente digital.

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Demandante: Néstor Raúl Ruiz

iii) El Gobierno nacional, cada año, ha proferido una escala salarial con la que se
fija la asignación mensual de los miembros activos de las Fuerzas Militares, monto
en el cual le han sido pagados los emolumentos al señor Néstor Raúl Ruiz Rendon.

iv) Si bien con la Ley 238 de 1995 se previó que los beneficiarios de regímenes
exceptuados por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 pudieran acceder al beneficio
de reajuste pensional de acuerdo con el IPC certificado por el DANE para cada año,
previsto en los artículos 14 y 142 del régimen general de seguridad social, lo cierto
es que dicha prerrogativa solo se previó para las mesadas pensionales y no para
los salarios y, además, solo estuvo vigente hasta el año 2004, año en el que entró
en vigencia el Decreto 4433 de ese año, con el que se creó el principio de oscilación
par el ajuste de las asignaciones del personal en uso de buen retiro de la Fuerza
Pública.

v) Mientras estuvo en vigencia la mencionada Ley 238 de 1995, el demandante se
encontraba aún en servicio activo, es decir, no era titular de una mesada pensional
o asignación de retiro que pudiera sujetarse al beneficio allí contemplado. En virtud
de lo anterior, el señor Ruiz Rendon no tiene derecho al reajuste salarial que
pretende.

1.3. La sentencia apelada3

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 23 de febrero de 2023 negó las pretensiones de la demanda,
de acuerdo con las siguientes consideraciones:

i) El incremento de las asignaciones en actividad de los miembros de las Fuerzas
Militares, se realiza con base en el decreto anual que expide el Gobierno nacional,
en cumplimiento del mandato constitucional y lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley
4 de 1992, en cuyo artículo 13 se estableció la creación de la escala gradual
porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo
y agentes de la Fuerza Pública, lo cual que se materializó con la expedición del
Decreto 107 de 1996, el cual determinó que las asignaciones básicas mensuales
para el personal de la Fuerza Pública, corresponderán al porcentaje que se indica
para cada grado, que siempre estará en proporción directa con respecto a la

3 Documento 19 del expediente digital.

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Demandante: Néstor Raúl Ruiz

asignación básica del grado de general.

ii) Antes de la fijación de la escala gradual porcentual, se expidieron los Decretos
335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, por medio de los cuales se
fijaron los sueldos para el citado personal, con su respectiva prima de actualización,
lo que quiere decir que desde 1992 hasta 1995, el salario del personal de la Fuerza
Pública se fijó sin tener en cuenta lo devengado por un oficial en el grado de general,
por lo que no es viable el reajuste para dicho periodo, en los términos solicitados
por el demandante.

iii) El derecho del trabajador a mantener el poder adquisitivo de su salario no es de
carácter absoluto, por lo que existe la posibilidad de limitar el aumento del salario a
los empleados públicos que tienen mayor capacidad para soportar dicha carga,
situación que encuentra fundamento en los principios de solidaridad e igualdad,
respetando, en todo caso, el principio de proporcionalidad para evitar el
desconocimiento del principio de movilidad salarial, lo cual implica que pese a que
el aumento no se realice conforme a la inflación, se mantenga el poder adquisitivo
del salario.

iv) Si bien el IPC es una variable económica que puede ser tenida en cuenta para
establecer el aumento anual de los salarios de los servidores públicos, tal cifra no
constituye la única fórmula aplicable para ello, pues, también lo son el peso de la
situación del país, las finalidades de la política macroeconómica y la ponderación
racional del gasto público, entre otras.

1.4. El recurso de apelación4

El señor Néstor Raúl Ruiz Rendón interpuso recurso de apelación contra el fallo del
a quo. Expuso, en esencia, lo siguiente:

i) La decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contraría la
interpretación consignada por la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de
2004, pues las limitaciones a los incrementos salariales que el a quo desarrolla
desconocen el derecho de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo de sus

4 Documento 22 en el expediente digital

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Radicado: 25000 23 42 000 2021 00692 01 (6519-2023)
Demandante: Néstor Raúl Ruiz

remuneraciones mensuales.

ii) La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 848
de 2003, a través de la sentencia C-931 de 2004, en donde concluyó que «sólo
puede tenerse como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias
para mantener, en los términos de dicha providencia, actualizados los salarios de
los servidores públicos de ingresos medio o altos», lo que implica la actualización
de la asignación básica y gastos de representación del Ministro del despacho para
el año 2004, ajustados a la inflación causada del año 2003.

iv) A partir de la Ley 4 de 1992, el legislador, de manera categórica, le indicó al
Gobierno nacional cuales objetivos y criterios debía tener en cuenta para fijar el
régimen salarial y prestacional, entre los que se destaca, que en ningún caso se
podían desmejorar sus salarios y prestaciones sociales, razón por la que a través
del artículo 21 ibidem se autorizaron los traslados y adiciones presupuestales
correspondientes, en aras de dar cabal cumplimiento a lo ordenad. En ese sentido,
los ajustes salariales efectuados anualmente que no se adecúan al índice de precios
al consumidor contraviene lo dispuesto en la citada norma.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Solo la parte demandante alegó de conclusión, según se observa en el memorial
que reposa en el índice 10 del portal Samai.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público rindió concepto por medio de memorial visible en el
índice 11 del portal Samai, en el que solicitó que se confirme al sentencia de primera
instancia al no compartir la interpretación que sobre la sentencia C-931 de 2004 ha
efectuado la parte demandante, pues «la actualización plena que pretende el
apelante no significa compensar con emolumentos posteriores las limitaciones
justificadas aplicadas en las anualidades anteriores al fin del cuatrienio del Plan
Nacional de Desarrollo, bajo el concepto de índice acumulado de inflación, pues se
trata de un ejercicio de ponderación en los porcentajes que año a año aplican el
Congreso y el Gobierno Nacional,»

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Demandante: Néstor Raúl Ruiz

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el señor Néstor Raúl Ruiz Rendón tiene derecho a
que se reajuste la asignación básica y prestaciones sociales que devengó entre
enero y diciembre de 2004, y desde el año 2005 hasta la fecha de retiro del servicio,
de acuerdo con el índice de precios al consumidor establecido para cada anualidad
desde el año 1992 y si, en virtud de ello, hay lugar a reliquidar su asignación de
retiro, con fundamento en la nueva base salarial.

2.2. Marco normativo

2.2.1. El régimen salarial de los miembros de la Fuerza Pública

El Congreso de la República, con fundamento en lo preceptuado en el literal e del
numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política,5 expidió la Ley 4.ª de 1992,
que en su artículo 13 facultó al Gobierno nacional para que fijara una escala
porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y en retiro de la fuerza
pública, de conformidad con los principios previstos en el artículo 2.º de la misma
ley.

En cumplimiento de la anterior disposición, el Gobierno ha proferido los Decretos
133 de 1995, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001,
745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de
2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012 y 1017
de 2013, entre otros, en los cuales ha fijado la asignación salarial de cada grado
para oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, a partir de la asignación básica de
un general.

En ese sentido, es claro que los ajustes salariales anuales de las Fuerzas Militares

5 Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes

funciones:
[…]
19.Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública. Ver Art. 1° Decreto Nacional 1919 de 2002

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Demandante: Néstor Raúl Ruiz

y de Policía es fijado, por mandato legal y constitucional, por el Gobierno nacional
que es el encargado de establecer, año a año, y, por medio de decreto, el porcentaje
en que se incrementará el salario de los miembros activos de las instituciones
castrenses, tal como se ha venido realizando desde el año 1995.

2.2.2. Régimen especial de asignación de retiro y pensiones de las Fuerzas
Militares y de Policía

A partir de la Ley 100 de 1993, se creó el Sistema General de Seguridad Social
Integral, que en el artículo 14 dispuso que con el objeto de que las pensiones no
pierdan su poder adquisitivo deben reajustarse anualmente y de oficio de
conformidad con la variación porcentual del índice de precios al consumidor que
certifique el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, (DANE), para el
año inmediatamente anterior, excepto aquellas cuyo monto corresponda a un
salario mínimo legal mensual vigente, pues para estas el ajuste se efectuará de
acuerdo con el incremento ordenado por el Gobierno sobre dicho salario.

Además, a pesar de que los miembros en uso de buen retiro de la Fuerza Pública
se encuentran exceptuados del régimen general de seguridad social, por pertenecer
a uno especial, la Ley 100 de 1993 les concedió el derecho a que sus asignaciones
de retiro se reajustaran anualmente con base en el IPC del año inmediatamente
anterior.

Sin embargo, el actual régimen pensional de la Fuerza Pública está contemplado
en el Decreto 4433 de 2004, en el que se instituyeron los parámetros para el reajuste
anual de las asignaciones de retiro: así, a partir del artículo 42 se dispuso la
aplicación del principio de oscilación, según el cual se realizará un incremento anual,
pero ya no a partir del índice de precios al consumidor, sino que el reajuste
corresponderá al mismo incremento porcentual en que se aumenten las
asignaciones salariales del personal en actividad para cada grado. Sobre este
punto, esta corporación6 se pronunció en el siguiente sentido:

Para abordar este tema sea lo primero precisar que la asignación de retiro, de
tiempo atrás, ha tenido una forma de actualización diferente a la que de manera
general se ha establecido para las pensiones que devengan los servidores

6 Sentencia de 23 de febrero de 2017, M.P. William Hernández Gómez, radicado 11001-03-25-000-

2010-00186-00 (1316-2010).

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Demandante: Néstor Raúl Ruiz

públicos y trabajadores privados, sistema que se ha conocido como el principio
de oscilación. La oscilación plantea una regla de dependencia entre la
asignación que perciben los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y
aquellos que se encuentran en retiro y que en tal virtud gozan de una prestación,
ya sea asignación de retiro o pensión de invalidez o los beneficiarios que reciben
pensión de sobrevivientes.

Entonces, de acuerdo con lo anterior, resulta evidente que el incremento de las
asignaciones de retiro del personal de las Fuerzas Militares y de Policía ya no
depende del porcentaje del IPC que disponía la Ley 100 de 1993, sino que obedece
al porcentaje en que se incremente el salario de los miembros activos de la fuerza
pública.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se establece lo
siguiente:

i) El 30 de noviembre de 1993, el Ministerio de Defensa Nacional profirió la
Resolución 13583, por medio de la cual se le concedió grado militar al señor Néstor
Raúl Ruiz Rendón.7 El demandante fue retirado del servicio activo de las Fuerzas
Militares por medio de Resolución 19 del 2 de enero de 2015.8

ii) El 18 de febrero de 2015, por medio de Resolución 1671, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares le reconoció al demandante una mesada pensional, con efectos
fiscales a partir del 14 de abril de 2015.9

iii) El 28 de diciembre de 2020, el demandante interpuso una solicitud ante la Fuerza
Aérea, con el propósito de que se le reconociera y pagara la diferencia entre la
asignación cancelada entre los meses de enero a diciembre de 2004 y la que
realmente le corresponde conforme a la inflación causada para el año 2003 y que
afectaron el valor de la asignación básica de un oficial en el grado de General o
Almirante y la diferencia entre las asignación mensual cancelada a partir de enero
de 2005 hasta la fecha en que se dio el retiro del servicio conforme a los decretos
expedidos y la que realmente corresponde por ajustes de actualización acumulada

7 Folios 156 al 158 del documento 1 del expediente digital.
8 Folios 202 al 203 del documento 1 del expediente digital.
9 Folios 79 al 81 del documento 1 del expediente digital

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Demandante: Néstor Raúl Ruiz

y causada entre los años 1992 a 2004.10

iv) El 28 de diciembre de 2020, el accionante elevó una reclamación administrativa
ante la Caja de retiro de las Fuerzas Militares, en aras de que, a partir del reajuste
salarial pretendido de la Fuerza Aérea, se ajustara también la asignación de retiro
devengada desde el año 2015.11

v) El 13 de enero de 2021, la Fuerza Aérea emitió el Oficio FAC-S-2021-000657-CE
en el que negó lo pedido por el demandante, bajo el argumento de no tener
facultades para reconocer emolumentos salariales por fuera de los ya fijados por el
Gobierno nacional.12

vi) El 21 de enero de 2021, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares profirió el Oficio
690 cremil:20604988 en el que negó lo pretendido por el señor Néstor Ruiz, al
considerar que ha pagado los incrementos anuales de la asignación de retiro, por lo
que no le adeudan suma alguna.13

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Para resolver el problema jurídico planteado es necesario tener en cuenta que los
argumentos del apelante único radican en el derecho que considera que le asiste a
que sean reajustadas las asignaciones básicas o sueldos percibidos desde el mes
de enero de 2004, de acuerdo de acuerdo con el índice de precios al consumidor
establecido para cada anualidad desde el año 1992 y que, a partir de dicho
incremento salarial, se reliquide la asignación de retiro que devenga desde el mes
de abril de 2015.

Pues bien, en cuanto al incremento con base en el IPC, debe decirse que, según el
artículo 4 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional debe modificar, anualmente, el
sistema salarial de los servidores de que tratan los literales a, b y c del artículo 1 de
esa norma, los cuales corresponden a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva
Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; los
empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la

10 Folios 83 al 87 del documento 1 del expediente digital.
11 Folios 90 al 94 del documento 1 del expediente digital.
12 Folios 97 al 100 del documento 1 del expediente digital.
13 Folios 101 al 103 del documento 1 del expediente digital.

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Radicado: 25000 23 42 000 2021 00692 01 (6519-2023)
Demandante: Néstor Raúl Ruiz

Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de
la República; y la Fuerza Pública.

Adicionalmente, el artículo 13 ibidem, dice lo siguiente:

ARTÍCULO 13.- En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una
escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de
la fuerza pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2.

Como puede observarse, la Ley 4 de 1992, en sus artículos 4 y 13, no establece
ningún tipo de condición en relación con el porcentaje en que deben incrementarse
los salarios anualmente, sino que pone tal obligación en cabeza del Gobierno
nacional. En ese sentido, el mencionado artículo no comporta un sustento normativo
para pretender que la asignación salarial sea incrementada anualmente en un
porcentaje idéntico o superior al índice de precios al consumidor.

Ahora, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 ordena lo siguiente:

Artículo 14. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de
vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera
de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder
adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero
de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor,
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las
pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual
vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que
se incremente dicho salario por el Gobierno.

El anterior precepto no deja duda de que la aplicación del índice de precios al
consumidor allí previsto está dirigido al reajuste de pensiones y asignaciones de
retiro y no se refiere, de ninguna manera, a los incrementos salariales anuales que,
para la Fuerza Pública, se fijan por el Gobierno nacional, por mandato del artículo
13 de la Ley 4 de 1992.

En ese sentido, para los años 1992 al 2004, lapso para el cual el demandante solicita
el ajuste acumulado, el Gobierno nacional, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley
4 de 1992, fijó la escala gradual porcentual para los miembros de la Fuerza Pública
a través de los Decretos 921 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1996, 122
de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552
de 2003 y 4158 de 2004.

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Radicado: 25000 23 42 000 2021 00692 01 (6519-2023)
Demandante: Néstor Raúl Ruiz

Así, debido a que para esos periodos el señor Néstor Ruiz Rendón era miembro
activo de la Fuerza Aérea, ya que su retiro definitivo se produjo en el año 2015, el
incremento de su sueldo básico mensual debía atender a las citadas disposiciones
gubernamentales y no podía efectuarse con fundamento en una norma dirigida al
personal retirado de la Fuerza Pública. Por tanto, el desacuerdo con los salarios
fijados debió discutirse a partir del contenido de los mencionados decretos, pues fue
en aquellos en donde se plasmó la voluntad de la administración sobre el particular.

Por consiguiente, la pretensión relacionada con el reajuste salarial desde el año
2004, de acuerdo con el IPC acumulado desde el año 1992 no tiene vocación de
prosperidad, en tanto el Gobierno nacional no se encontraba legalmente atado a
incrementar en ese porcentaje las asignaciones salariales y, por demás, el
contenido de los decretos que establecieron dichos aumentos no ha sido discutido
en el presente asunto.

De ese modo, la fuente legal de los incrementos salariales de la Fuerza Pública son
los decretos antes citados, los cuales no han sido objeto de cuestionamiento por
parte del accionante, quien se ha limitado a solicitar la declaratoria de nulidad de
una serie de oficios en los que la administración simplemente informó sobre la
imposibilidad legal de acceder a sus pretensiones en sede administrativa, pero que,
de ningún modo, contienen la voluntad de la administración respecto de los
incrementos anuales de la asignación básica.

En ese sentido, no hay lugar a acceder a la reliquidación de los salarios del
demandante, toda vez que tal asunto ha sido fijado, y depende, de una serie de
decretos o actos que gozan de la presunción de legalidad que a ellos les atribuye la
norma y que no ha sido desvirtuada en esta oportunidad.

Por otro lado, debido a que la pretensión de reliquidación de la asignación de retiro
depende, necesariamente, de que prosperara la pretensión del reajuste salarial,
pues sería el aumento del sueldo lo que desembocaría en un aumento de la
asignación de retiro, no hay lugar a conceder dicha súplica ni a que se ordene un
aumento de la pensión con base en el IPC, pues el régimen especial de la Fuerza
Pública ordena la aplicación del principio de oscilación.

3. De la condena en costas

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Radicado: 25000 23 42 000 2021 00692 01 (6519-2023)
Demandante: Néstor Raúl Ruiz

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva, en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

4. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala concluye que el señor Néstor Ruiz Rendón no tiene derecho al
reajuste de los salarios percibidos desde el año 2004 de acuerdo con el IPC
acumulado desde el año 1992 ni a la reliquidación de su asignación de retiro, pues

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Radicado: 25000 23 42 000 2021 00692 01 (6519-2023)
Demandante: Néstor Raúl Ruiz

no hay lugar a modificar la base de liquidación utilizada por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares. En tal sentido, se confirmará la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 23 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Néstor
Raúl Ruiz Rendón contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea
Colombiana, y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que negó las pretensiones
de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de
rigor en la plataforma Samai.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente14
MLBC

14 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma

del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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