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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00236-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00236-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00236-01 (0221-2025)
Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional,
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

Tema: reajuste de la asignación en actividad y de la asignación de retiro. Subtema:
índice de precios al consumidor.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 30 de septiembre de 2024, por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El accionante, quien es oficial retirado de la Policía Nacional, solicitó la nulidad de
los actos administrativos expedidos por esta entidad y por Casur, que le negaron el
reajuste de la asignación en actividad y el consecuente incremento de la asignación
de retiro. El Tribunal negó las súplicas de la demanda porque la competencia para
fijar los incrementos recae en el Gobierno nacional. Inconforme con esta decisión,
el demandante interpuso recurso de apelación. La Subsección confirmará el fallo
apelado.

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00236-01 (0221-2025)
Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
Demandados: Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Édgar Horacio Ledesma Guerrero, por conducto de apoderado
judicial, formuló demanda1 el 14 de julio de 20202, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur),
de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones

2. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio núm. S-
2019-047932/ANOPA-GRULI-1.10 del 16 de agosto de 2019, expedido por la
Policía Nacional, que le negó el reajuste de la asignación mensual, cesantías,
indemnizaciones y demás prestaciones sociales de enero a diciembre de 2004; y el
reajuste de la asignación mensual a partir de enero de 2005 hasta su retiro.

3. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio núm. 496611
del 2 de octubre de 2019, emitido por Casur, que le negó el reajuste de su
asignación de retiro.

4. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó reliquidar, reajustar y pagar el incremento equivalente al 2.49%, resultado
de la diferencia entre la asignación mensual pagada de enero a diciembre de 2004,
y la que realmente corresponde por los ajustes de actualización conforme a la
inflación de 2003, que afectó el valor de la asignación de un oficial de grado general
o almirante, que le sirve de referente. Pidió que, para ese efecto, se tuviera en
cuenta el sueldo básico, los subsidios, las primas, las compensaciones y
bonificaciones, como factores computables en la base de liquidación.

5. Asimismo, el accionante reclamó que se reliquidara, reajustara y pagara el
incremento equivalente al 52.2543%, resultado de la diferencia entre la asignación
mensual pagada por la entidad a partir de enero de 2005, y hasta la fecha de retiro,
y la que realmente correspondía por los ajustes de inflación acumulada, causada
entre los años 1992 y 2004, que afectaron el valor de la asignación de un oficial de
grado general o almirante, que le sirve de referente. Pidió que, para ese efecto, se
tuviera en cuenta el sueldo básico, los subsidios, las primas, las compensaciones y
bonificaciones, como factores computables en la base de liquidación.

1 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar
expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_Paso de Secretaria a Sustanciacion_02Folio2-
69EscritoDemanda.pdf.PDF y 21_ALLEGAMEMORIAL_DEMANDAACTUALIZACIO.PDF.
2 La demanda se presentó en esta fecha ante el Juzgado 21 Administrativo Sección Segunda Oral de Bogotá,

no obstante esta se remitió por competencia a los juzgados administrativos del circuito judicial de Cali. Con
posterioridad, se envió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad ante la cual se repartió con el
número de radicado 76001-23-33-000-2021-00236-00, el 9 de febrero de 2021.

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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00236-01 (0221-2025)
Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
Demandados: Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

6. Solicitó que el reajuste de los salarios y prestaciones se liquidara y reflejara
anualmente, desde el 2004; y que, a partir del 2005, se tuviera en cuenta el más
favorable, entre la inflación causada sobre la asignación básica de un oficial en el
grado de general o almirante, del año inmediatamente anterior, y lo decretado por
el Gobierno nacional. Pidió que se realizaran las correcciones, adiciones o
modificaciones en la hoja de servicios; que se reconocieran las diferencias entre lo
pagado y lo dejado de pagar en haberes mensuales, cesantías, indemnizaciones y
demás prestaciones sociales unitarias; y que se efectuara el trámite frente a las
implicaciones en materia de seguridad social y la hoja de servicios, para su inclusión
en la asignación de retiro.

7. El accionante reclamó la reliquidación, reajuste y pago del incremento
equivalente al 52.2543%, resultado de la diferencia entre la asignación mensual de
retiro pagada por la entidad y la que correspondía, por la actualización plena de la
inflación acumulada entre 1992 y 2004.

8. También solicitó la indexación de las sumas en los términos del artículo 187,
inciso cuarto del CPACA; 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes
(SMLMV) por daño moral; el pago de intereses legales y moratorios a título de lucro
cesante; la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995; y el daño emergente.
Finalmente, pidió el cumplimiento de la sentencia, realizar las declaraciones extra y
ultra petita; y condenar a la demandada al pago de costas y agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

9. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

10. El señor Édgar Horacio Ledesma Guerrero ingresó a la Policía Nacional, el
1.° de noviembre de 1989, como subteniente.

11. La entidad expidió, el 22 de febrero de 2008, hoja de servicios en la que
constan los emolumentos salariales reconocidos a favor del accionante.

12. El actor, el 11 de mayo de 2008, se retiró del servicio activo en el grado de
teniente coronel. En consecuencia, se le reconoció asignación de retiro.

13. El 4 de junio de 2019, el accionante reclamó ante Casur la reliquidación,
reconocimiento y diferencia entre la asignación mensual de retiro reconocida y a la
que tenía derecho, según la actualización plena conforme la inflación acumulada de
los años 1992 a 2004.

14. El 6 de junio de 2019, el señor Édgar Horacio Ledesma Guerrero le pidió a la
Policía Nacional la reliquidación, reconocimiento y diferencia entre la asignación
mensual, salarios y prestaciones sociales pagadas desde enero de 2004 hasta la

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Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
Demandados: Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

fecha de retiro, y las que realmente le correspondían según la actualización plena
conforme a la inflación acumulada de los años 1992 a 2004.

15. La Policía Nacional expidió el Oficio núm. S-2019-047932/ANOPA-GRULI-
1.10 del 16 de agosto de 2019, que le negó lo pedido.

16. Por su parte, Casur emitió el Oficio núm. 496611 del 2 de octubre de 2019,
en el que igualmente negó lo reclamado.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

17. El demandante citó como normas vulneradas: la Constitución Política,
artículos 4, 48, incisos 6, 8, 10, 13, 53, incisos 2, 3, 4 y 5, 218, inciso 3, 220, 230,
373; Ley 4ª de 1992, artículos 2 y 13; y Ley 1450 de 2011, artículo 271.

18. El accionante planteó como cargo de nulidad la violación directa de la
Constitución Política y la ley. Adujo que el valor de los salarios y prestaciones debía
conservar el poder adquisitivo. Así pues, se desconoce un mandato constitucional,
al aumentarse las asignaciones en actividad y las asignaciones de retiro por debajo
de la inflación.

19. Asimismo, en criterio del actor, no se tuvo en cuenta la asignación básica de
un general de la República. Puntualmente, la entidad omitió tener en cuenta los que
la Constitución Política y la ley prohíben que los salarios, prestaciones sociales y
asignaciones de retiro se puedan desmejorar; por ende, este mandato se viola
cuando el aumento se hace por debajo de la inflación certificada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

20. Por su parte, adujo que existió falta de competencia del funcionario que emitió
el acto, porque la facultad de reconocimiento de prestaciones sociales radica en el
subdirector general de la institución, en los términos del artículo 198 del Decreto
1212 de 1990. Pese a ello, el oficio núm. S-2019-047932/ANOPA-GRULI-1.10 del
16 de agosto de 2019 lo firmó el jefe del Grupo de Liquidación de Nómina.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional

21. La Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional, por conducto de
apoderado judicial, manifestó que el señor Édgar Horacio Ledesma Guerrero entró
a la escuela de la Policía General Santander, el 1.° de marzo de 1987, su ingreso
al nivel de oficiales en el grado de subteniente se dio mediante el Decreto núm. 2450
del 24 de octubre de 1989; y su último ascenso se realizó a través del Decreto núm.
4050 del 17 de noviembre de 2006, en el grado de teniente coronel. Posteriormente,
el accionante fue retirado del servicio activo por solicitud propia, por conducto del

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Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
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Decreto núm. 276 del 5 de febrero de 2008, con un tiempo total de 21 años, 10
meses y 1 día.

22. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el
demandante no tiene derecho al reajuste de su salario y asignación de retiro, porque
el porcentaje de IPC no está previsto para el personal activo de la Policía Nacional,
que goza de un régimen especial, regido por el principio de oscilación. Así las cosas,
las asignaciones de retiro y pensiones se pagan según lo dispuesto en los decretos
salariales anuales.

23. La accionada indicó que existió un cobro de lo no debido, toda vez que desde
1997 y hasta 2004 se aplicó un incremento en las asignaciones de retiro conforme
al IPC. Sin embargo, esto no rigió para los salarios del personal activo.

24. La entidad agregó que, en vigencia de la Constitución Política de 1991, la
competencia para establecer el régimen prestacional de los empleados públicos y
la Fuerza Pública corresponde al Gobierno nacional, dentro de los parámetros
fijados por el legislador. Por consiguiente, el artículo 1.° de la Ley 238 de 1995 no
puede interpretarse en contravía del artículo 13 de la Ley 4ª de 1992. Al efecto,
dispuso que ninguna de las causales de nulidad se configuró en el caso particular y
que resultaba inaplicable la Ley 100 de 1993, que solo rige para los pensionados.

25. Planteó como excepciones, la caducidad3, porque el actor pretendió la
nulidad del oficio núm. S-2019-047932/ANOPA-GRULI-1.10 del 16 de agosto de
2019. Finalmente, pidió condenar en costas al demandante en caso de resultar
vencido en el proceso4.

2.2.2. Casur

26. No contestó la demanda5.

2.3. Sentencia de primera instancia

27. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia6 del 30 de
septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas, con fundamento en los siguientes argumentos:

3 En el auto admisorio de la demanda el magistrado sustanciador consideró que al ser un asunto pensional la

demanda se podía instaurar en cualquier tiempo, comoquiera que resultaba aplicable lo dispuesto en el literal
c) del artículo 164 del CPACA.
4 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 31_MemorialWeb_ContestaciónDemanda_Indice_20.pdf.
5 Así se consignó en el auto proferido por el magistrado sustanciador del Tribunal, el 3 de marzo de 2023, en el

que resolvió dar trámite de sentencia anticipada.
6 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en providencia del 3 de marzo de 2023, dispuso lo

correspondiente con el fin de emitir sentencia anticipada en el presente trámite. En concreto, se decretaron las
pruebas, se fijó el litigio y se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos
de conclusión.

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28. El Decreto 107 de 1996 prevé que los sueldos básicos y las prestaciones
sociales de los miembros de la Policía Nacional se aumentan anualmente en los
porcentajes establecidos por el Gobierno nacional.

29. En efecto, el reajuste de las asignaciones de retiro durante el período
comprendido de 1997 a 2004 se realizó conforme al Índice de Precios al
Consumidor (IPC), dado que según el marco normativo durante esos años resultaba
más favorable para los miembros de la Fuerza Pública aplicar esa variable. Empero,
al demandante solo le fue reconocida su asignación de retiro el 24 de abril de 2008,
es decir, con posterioridad.

30. En este orden, tuvo por demostrado que la entidad demandada, mediante la
Resolución núm. 1735 del 24 de abril de 2008, le reconoció al accionante una
asignación mensual de retiro en el 74% de las partidas legalmente computables, en
aplicación del principio de oscilación y con el reajuste de los porcentajes de aumento
anuales respecto del grado de teniente coronel.

31. En consecuencia, Casur ha tenido en cuenta la posición fijada por el
Gobierno nacional y la ley en punto al sistema de reajuste salarial y prestacional del
régimen especial al que están sometidos los integrantes de la Fuerza Pública. Por
ende, el actor no tiene derecho al reajuste del sueldo básico como partida
computable para liquidar la asignación de retiro al tomar como referente la
asignación básica del grado de general, toda vez que el incremento de su
asignación de retiro se efectuó según el régimen general. Ello implicó tomar en
consideración los porcentajes de aumentos anuales para el grado ostentado por el
actor, según los parámetros fijados por el Gobierno nacional. Finalmente, se
abstuvo de condenar en costas, porque no existió carencia de fundamento legal7.

2.4. Recurso de apelación

32. El accionante, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación contra el fallo de primera instancia con el fin de que esta se revocara, al
sostener que:

33. La sentencia se apartó del precedente de la Corte Constitucional contenido
en la providencia C-931 de 2004, que condicionó la exequibilidad del artículo 2º de
la Ley 848 de 2003 y ordenó al Gobierno nacional y al Congreso reconocer, a más
tardar en la vigencia 2005, la actualización plena del derecho a mantener el poder
adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos, conforme al índice
acumulado de inflación.

34. Dicha actualización solo puede materializarse si se actualizan la asignación
básica y los gastos de representación de los ministros del despacho —referente de
la Escala Gradual Porcentual— según la inflación causada y acumulada entre 1992

7 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar
expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 048Sentencia_2021236edgarledezmav.pdf.

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y 2004. El actor invocó, además, la sentencia T-656 de 2011 sobre la obligatoriedad
del precedente constitucional y manifestó que aunque el personal de la Fuerza
Pública está sujeto a los decretos salariales anuales del Gobierno, estos deben
corresponder a una fuente laboral y constitucional que garantice el mantenimiento
del poder adquisitivo.

35. El Tribunal no analizó el período de limitación al que se vio sometida la
asignación básica de un oficial en el grado de general entre 1992 y 2004, pese a
que la estructura salarial de la Fuerza Pública opera en cascada. En este sentido,
explicó que el sueldo básico de cada grado es un porcentaje de la asignación básica
del grado de general o almirante, que a su vez es un porcentaje de lo devengado
por un ministro del despacho por asignación básica y gastos de representación. La
pérdida acumulada en ese eslabón inicial repercute directamente en el sueldo
básico del demandante.

36. El fallo incurrió en indebida valoración probatoria de los oficios núms.
20144000138271 del 01/10/2014 y 20154000090691 del 29/05/2015 del
Departamento Administrativo de la Función Pública —junto con las tablas 1 y 2 de
la demanda y el IPC certificado por el DANE (1992-2020)— los cuales acreditan la
pérdida progresiva y acumulada del poder adquisitivo entre 1992 y 2004 (salvo el
año 2000), y no fueron objeto de valoración ni controversia. Para el recurrente,
ampararse en la presunción de legalidad de los incrementos anuales para tener por
cumplida la obligación de mantener el poder adquisitivo, contraría la Constitución
Política y la jurisprudencia constitucional.

37. El recurrente precisó que lo pretendido no obedece al principio de
favorabilidad ni al artículo 14 de la Ley 100 de 1993. La referencia a dicha ley en la
demanda se hizo a propósito de la sentencia C-432 de 2004, conforme a la cual el
régimen especial de la Fuerza Pública garantiza un nivel de protección igual o
superior y excluye el sometimiento de sus beneficiarios al sistema general (Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003). Lo reclamado obedece a un mandato constitucional —
la sentencia C-931 de 2004— con efectos erga omnes, oponible a cualquier
autoridad, incluida la judicial, y cuyo incumplimiento por el legislador y el ejecutivo
persiste hasta la fecha.

38. En consecuencia, la sentencia adolece de un defecto sustantivo y debe
revocarse. El Tribunal calificó lo pretendido como un trato discriminatorio, cuando
en realidad se trata del reconocimiento de derechos consolidados en cabeza de
quienes sufrieron la limitación salarial, con un incremento del 2.49% para 2004
(inflación causada de 2003) y del 52.2543% a partir de 2005 (inflación acumulada
1992-2004), con reflejo consecuente en la asignación de retiro liquidada por Casur
desde el 1.º de enero de 2005. Para ello solicitó inaplicar, en el caso concreto y con
efectos inter partes, los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional a
partir de 2004.

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39. El actor sostuvo que: (i) la progresividad de los derechos sociales no autoriza
su incumplimiento indefinido ni exime al juez de adoptar medidas que los efectivicen;
(ii) por integración del bloque de constitucionalidad, la obligación solo se extingue
con el pago, el cual debe ordenarse desde la adquisición del derecho; (iii) existen
derechos adquiridos protegidos que garantizan la paridad de la remuneración de los
ministros del despacho con la de los congresistas; y (iv) solicitó proferir las
declaraciones y condenas extra y ultra petita necesarias, en aplicación de la
favorabilidad, la condición más beneficiosa, el principio pro homine y la prevalencia
del derecho sustancial8.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

40. Mediante auto del 4 de marzo de 2025, el despacho admitió el recurso de
apelación en los términos del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 2021. Se dispuso que no había solicitud probatoria que debiera
ser resuelta por el despacho en esta oportunidad y se ordenó notificar
personalmente al procurador delegado ante la Corporación y a las partes en los
términos del artículo 205 del CPACA9.

41. El expediente ingresó al despacho para fallo el 20 de marzo de 2025 10. El
apoderado del accionante allegó alegatos de conclusión, que fueron
extemporáneos.
3. Consideraciones

3.1. Competencia

42. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

43. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿procede el reajuste de la asignación
en actividad del actor con el índice de precios al consumidor y, en consecuencia, el
incremento de su asignación de retiro?

44. Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos:
3.3. Régimen salarial y prestacional de los integrantes de la Fuerza Pública; 3.4.
Hechos probados; y 3.5. Caso concreto.

8 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar
expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 050_MemorialWeb_Recurso-
APELACIONSENTENCIA.pdf.
9 Samai, índice 4.
10 Samai, índice 8.

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3.3. Régimen salarial y prestacional de los integrantes de la Fuerza Pública

45. El Congreso de la República y el presidente tienen una competencia
compartida en la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, los miembros del Congreso y de la Fuerza Pública, acorde con el literal e)
del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política. En ejercicio de esta
función, el legislador expide las leyes marco, como la Ley 4 de 199211, que en el
artículo 13 dispone «en desarrollo de la presente Ley el Gobierno nacional
establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del
personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios
establecidos en el artículo 2», y el parágrafo indica «la nivelación de que trata el
presente artículo debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996».

46. Tal como lo explicó esta corporación en la sentencia del 23 de octubre de
202412 uno de los objetivos del legislador de 1992 al promulgar la Ley 4 de ese año
fue establecer una escala gradual porcentual para equiparar la remuneración de los
miembros activos y retirados de la Fuerza Pública. Con este propósito, se creó
temporalmente la prima de actualización, cuya vigencia se mantendría hasta
alcanzar dicha equiparación, lo cual se concretó con la expedición de los Decretos
335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995.

47. Así pues, el artículo 15 del Decreto 335 de 199213 estableció una prima de
actualización para los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y la Policía
Nacional en servicio activo. Dicha prima, calculada sobre la asignación básica en
los porcentajes señalados para cada grado, permanecería vigente hasta la
implementación de una escala salarial porcentual única para estas instituciones, con
el propósito de nivelar gradualmente la remuneración de sus miembros. La prima
de actualización representó una modificación gradual en las asignaciones de
actividad, que era computable para el reconocimiento de la asignación de retiro.

48. Posteriormente, el Decreto 107 de 1996, al desarrollar el artículo 13 de la Ley
4 de 1992, fijó la escala gradual porcentual para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública, y precisó
que «los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo
[primero] corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto
a la asignación básica del grado de General» (inc. 2, art. 1.°), así:

11 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para

la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 85001-23-33-000-2017-00260-

02 (5695-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
13 «Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares,

Oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional y empleados públicos del Ministerio de Defensa, las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines,
Grumetes y Soldados, y se dictan otras disposiciones en materia salarial».

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Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
Demandados: Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

Oficiales
General 100%
Mayor general 90%
Brigadier general 80%
Coronel 60%
Teniente coronel 44.30%
Mayor 38.60%
Capitán 30.50%
Teniente 26.70%
Subteniente 23.70%
Suboficiales
Sargento mayor 26.40%
Sargento primero 22.60%
Sargento viceprimero 19.50%
Sargento segundo 17.40%
Cabo primero 16.40%
Cabo segundo 17.90%
Nivel Ejecutivo
Comisario 45.50%
Subcomisario 38.30%
Intendente 33.90%
Subintendente 26.40%
Patrullero 20.30%

[…]

Artículo 2o. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los
grados de General y Almirante, percibirán por todo concepto una asignación
mensual igual a la que devenguen los Ministros del Despacho como asignación
básica y gastos de representación, en todo tiempo, distribuida así: el cuarenta y
cinco por ciento (45%) como sueldo básico y el cincuenta y cinco por ciento (55%)
como prima de alto mando. Esta última no tendrá carácter salarial para ningún efecto
legal.

49. Posteriormente, el presidente expidió anualmente desde 1997 los decretos
salariales, y tomó como base el porcentaje de la asignación básica del grado de
general. De modo que, tal como se concluyó en la sentencia del 23 de octubre de
2024 «la asignación básica del personal de la Fuerza Pública está sujeta a los
decretos que anualmente expide el Gobierno nacional, en los que se fijan las pautas
para determinar el monto que devengarán sus miembros anualmente, así se impidió
recurrir a una fuente distinta para realizar el correspondiente incremento salarial,
puesto que, a partir del Decreto 107 de 1996, quedaron debidamente nivelados los
salarios de dicho personal»14.

50. Ahora bien, «las asignaciones básicas están sujetas a los decretos que
expide anualmente el gobierno nacional, los cuales constituyen única fuente para
realizar el incremento salarial, pues el artículo 10 [de la Ley 4 de 1992] estableció
expresamente que todo régimen salarial o prestacional que se establezca
desconociendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 85001-23-33-000-2017-00260-

02 (5695-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

10

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00236-01 (0221-2025)
Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
Demandados: Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

que dicte el Gobierno nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y
no creará derechos adquiridos»15.

51. Por otra parte, en lo que se refiere al reajuste de las pensiones, el artículo 14
de la Ley 100 de 1993 dispone que las pensiones de vejez, jubilación, invalidez o
de sobrevivientes, se reajustarán anualmente de oficio, el 1.° de enero de cada año,
según el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año
anterior. Esta norma se lee en consonancia con el parágrafo 4 del artículo 279 idem,
adicionado por el artículo 1.° de la Ley 238 de 1995, según el cual «las excepciones
consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y
derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados
de los sectores aquí contemplados», es decir, para los exceptuados del SGSSP,
como el caso de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional.

52. Así pues, a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995 los pensionados de
los sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993 tuvieron derecho al
reajuste de sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de
precios al consumidor, certificado por el DANE. Sin embargo, la Ley 923 de 2004
volvió a regular el principio de oscilación, así:

Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
[…]
3.13. El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del personal de
la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de
los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.

53. Por otra parte, el artículo 42 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004
establece que «las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el
presente decreto, se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las
asignaciones en actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro
o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente». En cuanto al
derecho al reajuste de la asignación de retiro con el principio de oscilación, la
jurisprudencia de esta corporación ha manifestado que16:

1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de 1995 fecha
de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993 presentaron una modificación consistente en que a los pensionados de los

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2019-00849-

01 (7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
16 Al respecto, entre otras, se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, consejero ponente: Jaime
Moreno García, expediente 8464-05; sentencia de 9 de octubre de 2017, consejero ponente: William Hernández
Gómez, expediente 1865-16; sentencia de 8 de febrero de 2018, consejero ponente: Gabriel Valbuena
Hernández, expediente 0014-16, sentencia 5 de mayo de 2016, consejero ponente: William Hernández Gómez,
número interno: 1640-2012; sentencia 27 de enero de 2011, consejero ponente: Gustavo Gómez Aranguren,
número interno: 1479-2009; sentencia 4 de marzo de 2010, consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero,
número interno: 0479-2009.

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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00236-01 (0221-2025)
Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
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Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

sectores allí contemplados, entre ellos los de las Fuerzas Militares y Policía
Nacional,17 en virtud del principio de favorabilidad18 y conforme a los artículos 14 y
142 de la Ley 100 de 1993 se les podía reajustar la asignación de retiro conforme al
índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior certificado por el
DANE y la mesada 14, respectivamente, siempre que el incremento realizado por el
Gobierno nacional en los Decretos anuales de las asignaciones en actividad de los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional sea inferior.

2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones
de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional conforme al
índice de precios al consumidor señalada en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 en
cada caso concreto aplica desde el año de 1996 hasta el 2004, toda vez que a partir
del 1.º de enero de 2005 se implementó nuevamente la aplicación del principio de
oscilación a través de la expedición del Decreto 4433 de 2004.

3.- El reajuste conforme al IPC, incide directamente en la base de la respectiva
prestación pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que a partir
del año 2005 se efectuaran sobre dicha prestación19.

54. Consecuentemente, la Subsección B ha concluido que «el reajuste conforme
con el IPC procede únicamente respecto de las asignaciones de retiro y pensiones,
pero no de las asignaciones básicas, en razón a que las leyes y decretos
reglamentarios no especificaron modificación alguna o disposición diferente de que
el gobierno nacional, a través de decretos, es el que establece el incremento de las
asignaciones básicas de los miembros de la Fuerza Pública»20.

3.4. Hechos probados

55. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala
encuentra acreditado lo siguiente:

56. Según el Formato de Hoja de Servicio núm. 12986219 del 27 de febrero de
2006, expedido por el director de la Policía Nacional, el señor Édgar Horacio
Ledesma Guerrero laboró en la entidad: (i) como cadete y alférez del 1.° de marzo
de 1987 al 31 de octubre de 1989; y (ii) como oficial del 1.° de noviembre de 1989
al 11 de febrero de 2008. Prestó sus servicios en total 21 años, 10 meses y 6 días,
se retiró en el grado de teniente coronel «TC» y fue dado de alta por tres meses,
comprendidos del 11 de febrero de 2008 al 11 de mayo de 200821.

17 La Corte Constitucional en la sentencia C-432 de 2004 afirmó que la asignación de retiro se asimilaba a las

pensiones de vejez o de jubilación.
18 Frente a la aplicación del Decreto 1211 de 1990.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de octubre de 2017, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01350-01 (1865-2016), M.P. William Hernández Gómez.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de agosto de 2024, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2019-00849-01 (7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
21 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 4_Paso de Secretaria a Sustanciacion_03Folio70-
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Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
Demandados: Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

57. El Ministerio de Defensa Nacional, mediante la Resolución núm. 276 del 5 de
febrero de 2008, retiró del servicio activo de la Policía Nacional, por solicitud propia,
al «TC» Édgar Horacio Ledesma Guerrero, a partir del 11 de febrero de 200822.

58. El director general de Casur expidió la Resolución núm. 01735 del 24 de abril
de 2008, en la que le reconoció al señor Édgar Horacio Ledesma Guerrero
asignación mensual de retiro, en cuantía equivalente al 74% del sueldo básico en
actividad para el grado y partidas legalmente computables, efectiva a partir del 11
de mayo de 200823.

59. En el Oficio núm. 20144000138271 del 1.° de octubre de 2014, emitido por
el Departamento Administrativo de la Función Pública, indica los valores de
asignación básica y gastos de representación de los ministros de despacho para los
años 1996 a 2004. Allí se relacionaron los valores por concepto de sueldo básico y
la prima de alto mando para generales y almirantes en los años 1996 a 2004. A su
vez, se reflejaron los incrementos en el sueldo básico para generales y almirantes.
Estableció que el Gobierno nacional ha dado estricto cumplimiento a los mandatos
previstos en las sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004, en las cuales se
dispuso que el reajuste salarial debía estar orientado a garantizar el poder
adquisitivo24.

60. Del mismo modo, el Departamento Administrativo de la Función Pública
expidió el Oficio núm. 20154000090691 del 29 de mayo de 2015, en el que indicó
que el incremento salarial ordenado por el Gobierno nacional conserva el poder
adquisitivo del salario. De ahí que ha dado estricto cumplimiento a las sentencias
de la Corte Constitucional y se evidenció que los incrementos salariales aprobados
para los años 2001 a 2012 resultan sustancialmente superiores al IPC25.

61. Al proceso también se allegó un cuadro resumen de los incrementos
salariales del sector público desde 1978 hasta 201426.

62. El señor Édgar Horacio Ledesma Guerrero, el 4 de junio de 2019, le pidió a
Casur el reajuste de su asignación mensual de retiro conforme a la inflación causada
entre 1992 y 2004, que afectó la asignación básica de un oficial en el grado de

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expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 31_MemorialWeb_ContestaciónDemanda_Indice_18.pdf,
páginas 3 y 4 del archivo digital.
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expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, _03Folio70-150AnexosDemanda.pdf.PDF, páginas 2 y 3
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general o almirante; que se le pagaran las diferencias a partir del reconocimiento de
la asignación de retiro27.

63. Seguidamente el actor, el 6 de junio de 2019, le reclamó a la Policía Nacional
el reajuste de su asignación mensual de enero a diciembre de 2004 y el que
realmente correspondía conforme a la inflación del 2003; pidió el pago de la
diferencia en la asignación mensual pagada a partir de enero de 2005 y hasta la
fecha de retiro de la entidad y la que realmente correspondía por los ajustes de
actualización plena causada entre los años 1992 y 2004; asimismo exigió la
corrección de la hoja de servicios y la reliquidación de los haberes mensuales,
cesantías, indemnizaciones y las demás prestaciones sociales unitarias.
Finalmente, solicitó efectuar los trámites ante Casur con el fin de que la corrección
de la hoja de servicios incidiera en la liquidación de su asignación de retiro28.

64. El jefe del Grupo de Liquidación de Nómina de la Dirección de Talento
Humano de la Policía Nacional expidió el Oficio núm. S-2019-047932/ANOPA-
GRULI-1.10 del 16 de agosto de 2019, que le negó lo pedido. Sostuvo que los
sueldos básicos del personal de las fuerzas militares los fija el Gobierno nacional y,
por ende, solo tiene competencia para liquidar estas erogaciones de conformidad
con los decretos anuales de sueldo. Indicó que la entidad no está facultada, en ese
sentido, para hacer reconocimientos fuera de la ley, y hasta el momento el Gobierno
no ha dispuesto la modificación con la inflación causada29.

65. Por su parte, el director general de Casur emitió el Oficio núm. 496611, del 2
de octubre de 2019, que no atendió favorablemente lo pedido. Indicó que al actor
se le reconoció asignación de retiro a partir del 11 de mayo de 2008, en aplicación
de la normativa vigente y que los decretos anuales del Gobierno nacional han
previsto los parámetros que rigen el reajuste de los salarios, sin que esto se pueda
variar. En estos términos, Casur ha incrementado la prestación de conformidad con
los decretos expedidos por el Gobierno nacional que establecen la Escala Gradual
Porcentual30.

66. Finalmente, el responsable del procedimiento de nómina de la Dirección de
Talento Humano de la Policía Nacional expidió el oficio núm. S-2019-
075140/ANOPA-GRULI-1.10 del 19 de diciembre de 2019, que dispuso que entre el

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2003 y el 2008 al señor Édgar Horacio Ledesma Guerrero se le han aplicado los
siguientes porcentajes de incremento salarial31:

Tabla 1

Año Incremento Marco legal
2003 5.61% Decreto 3552 del 10 de
diciembre de 2003
2004 5.07% Decreto 4158 del 10 de
diciembre de 2004
2005 5.50% Decreto 923 del 30 de marzo
de 2005
2006 5.00% Decreto 407 del 8 de febrero
de 2006
2007 4.50% Decreto 1515 del 5 de mayo
de 2007
2008 5.69% Decreto 673 del 4 de marzo
de 2008

3.5. Caso concreto

67. El accionante, como oficial retirado, solicitó la nulidad de los oficios dictados
por la Policía Nacional y Casur, que le negaron el reajuste de su asignación mensual
de enero a diciembre de 2004, y a partir de enero de 2005, en adelante, y el
consecuente reajuste de la asignación de retiro reconocida en el año 2008.

68. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que los
sueldos básicos de los miembros de la Policía Nacional se aumentan anualmente
en los porcentajes establecidos por el Gobierno nacional, sin que sea dable tomar
el parámetro solicitado por el demandante. Al efecto indicó que, en los años de 1997
a 2004, las asignaciones de retiro se ajustaron según el IPC, parámetro que
resultaba más favorable, sin embargo, el demandante se retiró en 2008, de ahí que
le aplicaba el principio de oscilación de la Ley 923 de 2004.

69. Inconforme con esta decisión, el accionante interpuso recurso de apelación
para lo cual alegó que tiene derecho al reajuste de los salarios y, por ende, el
reajuste de la asignación de retiro. Asimismo, manifestó que el fallo incurrió en una
indebida valoración probatoria, solicitó inaplicar con efectos inter partes los decretos
salariales anuales expedidos por el Gobierno nacional e insistió en la importancia
de aplicar la sentencia C-931 de 2004, por su carácter vinculante. En ese sentido,
solicitó proferir las declaraciones y condenas extra y ultra petita necesarias, en
aplicación de la favorabilidad, la condición más beneficiosa, el principio pro homine
y la prevalencia del derecho sustancial.

70. Ahora bien, con el objeto de resolver el problema jurídico, en el proceso se
acreditó que el señor Édgar Horacio Ledesma Guerrero fue integrante de la Policía

31 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar
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Nacional32, se retiró el 11 de febrero de 2008 como oficial33, prestó sus servicios
desde el 1.° de marzo de 1987 al 11 de febrero de 2008, para un total de 21 años,
10 meses y 6 días, y fue dado de alta por tres meses, comprendidos del 11 de
febrero de 2008 al 11 de mayo de 2008 34. Finalmente, Casur, mediante la
Resolución núm. 01735 del 24 de abril de 2008, le reconoció una asignación de
retiro35.

71. Igualmente, está demostrado que el actor solicitó el incremento de la
asignación en actividad36 y el reajuste de la asignación de retiro37. Sin embargo,
estas reclamaciones fueron negadas por la Policía Nacional38 y por Casur39 en los
actos administrativos demandados.

72. Bajo esta perspectiva, se resalta que la Corte Constitucional, en la sentencia
C-931 de 200440, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 2 de la Ley 848
de 200341, en los siguientes términos:

Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003 condicionado a
que el Gobierno y el Congreso, al momento de definir concretamente cuál será la
limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo real de los salarios de los
servidores públicos que devengan más de dos salarios legales mínimos mensuales,
aplicable en la vigencia presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios
jurisprudenciales recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la
presente Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse
como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para mantener, en
los términos de esta providencia, actualizados los salarios de los servidores públicos de
ingresos medio o altos.

32 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar
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150AnexosDemanda.pdf.PDF, página 1 del archivo digital.
33 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar

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páginas 3 y 4 del archivo digital.
34 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar

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150AnexosDemanda.pdf.PDF, página 1 del archivo digital.
35 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar

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150AnexosDemanda.pdf.PDF, páginas 2 y 3 del archivo digital.
36 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar

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150AnexosDemanda.pdf.PDF, páginas 5 a 8 del archivo digital.
37 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar

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150AnexosDemanda.pdf.PDF, páginas 12 a 15 del archivo digital.
38 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 4_Paso de Secretaria a Sustanciacion _03Folio70-
150AnexosDemanda.pdf.PDF, página 18 del archivo digital.
39 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar

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150AnexosDemanda.pdf.PDF, páginas 19 y 20 del archivo digital.
40 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
41 «Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la

vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004».

16

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00236-01 (0221-2025)
Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
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En consecuencia, ORDENA al Gobierno nacional y al Congreso de la República que con
carácter urgente, si aún no lo ha hecho, dentro del ámbito de sus competencias, tomen
las medidas necesarias para realizar el pago de los reajustes salariales de todos los
servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la Nación, antes de
que expire la vigencia fiscal del año 2004. Para esos propósitos, deberán efectuarse las
adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire dicha vigencia
fiscal.

73. En dicha providencia, se consideró que ante la falta de un estatuto del trabajo
que defina el alcance del derecho a una remuneración mínima vital y móvil (art. 53
de la Carta Política), la Corte debía reiterar los criterios jurisprudenciales para
garantizar la actualización del salario de los servidores públicos. Esos criterios
establecidos en la sentencia C-1017 de 200342, debían ser considerados por el
Gobierno y el Congreso en el marco de la ley anual de presupuesto, con el objetivo
de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar políticas estatales que
redujeran el salario real.

74. En este sentido, se determinó que los servidores públicos tienen derecho a
los ajustes salariales anuales en proporción a la inflación del año anterior. Sin
embargo, este derecho no es absoluto y puede ser limitado solo en casos de crisis
económica grave, cuando sea necesario para garantizar la estabilidad
macroeconómica y proteger el gasto público social.

75. De tal suerte que los servidores públicos que devengan hasta dos salarios
mínimos deben recibir el ajuste completo de su salario con base en la inflación, sin
excepciones. Para aquellos que ganan más de esta cantidad, pueden imponerse
restricciones, pero respetando la progresividad y proporcionalidad, de modo que las
mayores limitaciones afecten a los salarios más altos.

76. Por consiguiente, la Corte Constitucional estableció como criterio de decisión
que los servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a dos SMLMV
tenían derecho a mantener el poder adquisitivo de conformidad con el nivel de
inflación registrada en el año 2003. Sin embargo, el derecho a una remuneración
mínima vital y móvil, sí se podía limitar para los servidores que tenían un salario
superior a dos SMLMV, sin que se entendiera que era posible congelarlos.

77. En consecuencia, esta Subsección ha considerado que el Gobierno nacional,
en el caso de los servidores con mayores salarios, puede mantener el poder
adquisitivo de la remuneración con incrementos diferentes al IPC, y que por ese
hecho no se vulneran los derechos del actor, en los siguientes términos:

Así las cosas, considera la Sala que, ciertamente, la Constitución Política y la ley prevén
el deber de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, pero no
únicamente conforme con la variación porcentual del IPC o la inflación, pues el Gobierno

42 Magistrados ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa y Rodrigo Escobar Gil.

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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00236-01 (0221-2025)
Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
Demandados: Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

nacional, a través de los decretos que expide anualmente, puede acudir a otros
parámetros.

Como en el sub examine no se ha debatido que en las anualidades solicitadas se hubiese
disminuido el salario, sino que debía ser reajustado en los términos de la sentencia antes
mencionada, debe comprenderse que no se vulneró ese derecho y, como se desempeñó
como oficial de la Policía Nacional, al tenor de la misma sentencia, aquel se podía limitar.
Ahora, el hecho de que esos ajustes se hubieran dispuesto en proporción inferior a la
inflación causada en el año inmediatamente anterior no conlleva por sí mismo a la
vulneración de los derechos del actor, en razón a que, en la sentencia mencionada, la
Corte Constitucional consideró que este no es «el único parámetro que pueda ser tenido
en cuenta» para esos efectos43.

78. En conclusión, a partir del análisis de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el Gobierno nacional no tiene una facultad discrecional absoluta para
determinar los incrementos salariales anuales de los empleados públicos, pero
tampoco existe un derecho absoluto al ajuste salarial en el mismo porcentaje del
IPC para cada año, pues, ello depende de la situación fiscal y de los ingresos del
servidor, de modo que a mayores ingresos sí es posible incrementar los salarios en
un porcentaje inferior al IPC, sin que, en todo caso, puedan ser congelados.

79. Ahora bien, en el asunto bajo estudio, el demandante reitera, en su recurso
de apelación, que a más tardar en la vigencia 2005 se debió efectuar la actualización
plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario como servidor
público, conforme al índice acumulado de inflación.

80. No obstante, a partir del análisis de la sentencia C-931 de 2004, se comparte
lo considerado por el Tribunal en cuanto a que la competencia para determinar los
incrementos salariales corresponde al Gobierno nacional. A ello debe agregarse
que el derecho al ajuste anual salarial no es absoluto, máxime cuando no se acredita
afectación a derechos fundamentales.

81. Es de anotar que en el caso concreto el actor se retiró en el grado de teniente
coronel de la Policía Nacional, y de conformidad con el oficio núm. S-2019-
075140/ANOPA-GRULI-1.10 del 19 de diciembre de 2019, expedido por la
Dirección de Talento Humano de la entidad, entre 2003 y 2008 obtuvo incrementos
porcentuales en su asignación salarial de conformidad con los decretos proferidos
por el Gobierno nacional: 3552 del 10 de diciembre de 2003, 4158 del 10 de
diciembre de 2004, 923 del 30 de marzo de 2005, 407 del 8 de febrero de 2006,
1515 del 5 de mayo de 2007 y 673 del 4 de marzo de 2008.

82. Asimismo, de la información consignada en la hoja de servicios núm.
12986219 del 27 de febrero de 2006, emitida por el director de la Policía Nacional,

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de agosto de 2024, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2019-00849-01 (7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00236-01 (0221-2025)
Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
Demandados: Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

el actor percibió un sueldo básico de $1.848.87444 en 2008, valor que superó los 2
SMLMV previstos para ese año45. Por consiguiente, no se observa que sus salarios
se hubieran congelado.

83. Por ello, es improcedente ordenar un incremento equivalente al IPC, en tanto
el artículo 10 de la Ley 4 de 1992 prevé que «todo régimen salarial o prestacional
que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley
o en los decretos que dicte el Gobierno nacional en desarrollo de la misma, carecerá
de todo efecto y no creará derechos adquiridos». Por ende, no se advierte que exista
un fundamento normativo que respalde la tesis del actor consistente en que su
salario en actividad debe incrementarse en el mismo porcentaje del IPC (índice
acumulado de inflación) para que a partir de ese aumento se reajuste la asignación
de retiro.

84. Esta Subsección también ha considerado que la sentencia C-931 de 2004 no
puede ser aplicada de forma retroactiva, puesto que «para los períodos de 1992 a
2003 el Gobierno nacional incrementó los salarios del personal uniformado de las
Fuerzas Militares, a través de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994,
133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000,
2737 de 2001, 745 de 2002 y 3552 de 2003, en ejercicio de las facultades conferidas
por el Congreso de la República, mediante la Ley 4ª de 1992»46.

85. En este orden de ideas, lo dispuesto por el Tribunal se encuadra en los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004, según
las particularidades del caso. A su vez, no se desconoció el régimen especial de la
Fuerza Pública, en cambio, se estableció que los ajustes salariales respondieron a
los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional, lo que impide considerar
que persista un incumplimiento por el legislador y el ejecutivo hasta la fecha.

86. En consecuencia, la sentencia de primera instancia no se apartó del
precedente de la Corte Constitucional contenido en la sentencia C-931 de 2004. Así
pues, no se desconoció el carácter vinculante y los efectos del aludido fallo de
constitucionalidad y el respeto del precedente en los términos de la sentencia T-656
de 2011 de la alta corte.

87. A juicio del apelante la actualización pretendida solo puede materializarse si
se actualizan la asignación básica y los gastos de representación de los ministros
del despacho —referente de la Escala Gradual Porcentual— según la inflación
causada y acumulada entre 1992 y 2004. Sin embargo, esta Subsección ha
establecido que aun en el evento de que «la asignación básica y los gastos de
representación de un ministro de despacho durante los años 1992 a 2004 hubieran

44 Samai, Gestión en otros despachos, 76001233300020210023600, visualizar expediente, descargar
expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 4_Paso de Secretaria a Sustanciacion_03Folio70-
150AnexosDemanda.pdf.PDF, página 1 del archivo digital.
45 En el 2008, el salario mínimo legal quedó fijado en $461.500, de suerte que 2 SMLMV equivalían a $923.000.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2019-01408-01 (6060-2024), M.P. Jorge Portocarrero Banguera.

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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00236-01 (0221-2025)
Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
Demandados: Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

sido reajustados por debajo del IPC, esto no genera el que se le pueda reajustar»
la pensión, dado que «aquellos eran servidores públicos activos y por tanto su
reajuste anual estaba supeditado a los decretos que sobre la materia el Gobierno
nacional hubiera dictado cada año, no existiendo norma que impusiera el derecho
a que su reajuste fuera con base en el IPC»47.

88. Adicionalmente, se tiene que, en criterio del apelante, el Tribunal no analizó
el período de limitación al que se vio sometida la asignación básica de un oficial en
el grado de general entre 1992 y 2004, pese a que la estructura salarial de la Fuerza
Pública opera en cascada; de ahí que la pérdida acumulada en ese eslabón inicial
repercute directamente en su sueldo básico. No obstante, lo cierto es que este
ejercicio no era requerido, porque, como se ha expuesto, ello obedeció a los
decretos emitidos por el Gobierno nacional, sin que estuviera habilitado el reajuste
conforme al IPC.

89. En ese sentido, aunque el recurrente reprocha que el fallo incurrió en una
indebida valoración probatoria, los oficios núms. 20144000138271 del 01/10/2014 y
20154000090691 del 29/05/2015 del Departamento Administrativo de la Función
Pública refuerzan la tesis aquí sustentada. En concreto, reflejan que existieron
incrementos en el reajuste salarial con el fin de garantizar el mantenimiento del
poder adquisitivo.

90. En esos términos, estas pruebas solo corroboran que el Gobierno nacional
ha dado estricto cumplimiento a los mandatos previstos en las sentencias C-1017
de 2003 y C-931 de 2004 de la Corte Constitucional. Del mismo modo, las tablas 1
y 2 de la demanda y el IPC certificado por el DANE no son un derrotero para adoptar
una conclusión distinta, porque están encaminadas a establecer que existió una
pérdida del poder adquisitivo entre los años 1992 y 2004.

91. Seguidamente, el demandante adujo que se deben inaplicar los decretos
salariales dictados por el Gobierno nacional, con sustento en que efectivamente
existió una limitación salarial. No obstante, el juicio de legalidad que plantea la parte
actora, solamente con efectos para el presente proceso, no logra acreditar que
dichos decretos estén viciados de nulidad, ya que la Corte Constitucional determinó
que para quienes devengaban más de 2 SMLMV, como en su caso, en calidad de
oficial de la Policía Nacional, sí era posible establecer un incremento salarial inferior
al IPC. A su vez, se destaca que la inaplicación de los decretos reglamentarios no
fue una pretensión de la demanda y tampoco resulta procedente una actualización
sistemática y estructural de todo el sistema salarial a partir del año 2004.

92. En consecuencia, la sentencia apelada no adoleció de un defecto sustantivo
y no existió la limitación salarial alegada por el actor. Por ende, el accionante no
tiene derecho a los incrementos en la asignación en actividad y el reflejo
consecuente de la asignación de retiro liquidada por Casur, tal como lo ha

47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2019-01408-01 (6060-2024), M.P. Jorge Portocarrero Banguera.

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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00236-01 (0221-2025)
Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
Demandados: Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

establecido la jurisprudencia de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda de
esta corporación, en las sentencias del 18 de julio48, 22 de agosto49, 4 de
septiembre50, 23 de octubre de 202451, en el sentido de que:

(i) Los incrementos salariales anuales son fijados de manera privativa por el
Gobierno nacional cada año, para desarrollar la competencia prevista en la Ley 4
de 1992, la cual en el artículo 10 prohíbe modificar la escala gradual porcentual;

(ii) dado que no hay lugar al incremento de las asignaciones en actividad desde
el año 2004, por sustracción de materia, es improcedente la reliquidación de la
asignación de retiro; y

(iii) para el personal retirado después del año 2004, la asignación de retiro no se
puede reajustar anualmente con el índice de precios al consumidor, toda vez que el
incremento con el IPC solo fue viable para las asignaciones de retiro causadas en
los años 1997 a 2004.

93. Tampoco prosperan los cargos complementarios del recurso relativos al
bloque de constitucionalidad y a la existencia de derechos adquiridos. Como en este
caso no se acreditó el derecho al reajuste conforme al IPC, no surgió obligación de
pago. Por otra parte, las normas invocadas no prevén el reajuste de las
asignaciones conforme al IPC, pues según se explicó el artículo 10 de la Ley 4ª de
1992 dispone que el régimen salarial o prestacional establecido con
desconocimiento de la ley, no tiene la virtud de crear derechos adquiridos.

94. En este contexto, el actor no tiene un derecho adquirido según los
fundamentos de su recurso, ni procede dar aplicación a los principios de
favorabilidad, condición más beneficiosa, pro homine y prevalencia del derecho
sustancial. En virtud de lo anterior, se desestiman los reproches de la apelación. Así
las cosas, la Subsección confirmará el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

3.6. Conclusión

95. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no procede el reajuste de
la asignación en actividad y de retiro del señor Édgar Horacio Ledesma Guerrero
con base en el índice de precios al consumidor, toda vez que los incrementos
salariales del personal de la Policía Nacional han sido determinados de manera
privativa por el Gobierno nacional conforme a la Ley 4 de 1992.

48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 88001-23-33-000-2019-00040-

01(4292-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2019-00849-

01 (7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-00692-

01 (6519-2023), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 85001-23-33-000-2017-00260-

02 (5695–2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00236-01 (0221-2025)
Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
Demandados: Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

4. Costas

96. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 52 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar a imponer dicha condena,
en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

97. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024, por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

52 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00236-01 (0221-2025)
Demandante: Édgar Horacio Ledesma Guerrero
Demandados: Nación,Ministerio de Defensa Nacional,Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

23

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