Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01408-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01408-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01408-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 25000-23-42-0002019-01408-01 (6060-2024)
Demandante : Luis Miranda Sierra
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reajuste pensión de invalidez
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 1° de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda – Subsección A1, uue
negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda2
1.1 Pretensiones y hechos
Luis Miranda Sierra, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de solicitar lo
siguiente:
“PRIMERA: LA NULIDAD del Acto Administrativo contenido en el Oficio No.
S-2019-017488-SEGEN del 22 de abril de 2019, por medio del cual la
Policía Nacional, negó al actor la reliquidación (reajuste) de la pensión de
invalidez, en los meses de enero a diciembre del año 2004, establecidos
según el Decreto de 4158 de 2004; igualmente se negó el reajuste a la
pensión de invalidez pagada por la entidad a partir del mes de enero del año
2005 y hasta la fecha de reclamación; no teniendo en cuenta en dicha
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Magistrados José María Armenta Fuentes, Néstor Javier Calvo Chaves y Carmen A. Rengifo Sanguino
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Expediente físico, fol. 1-57
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Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
actuación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los servidores
públicos, Io anterior, tomando como ingreso base de liquidación en la
ESCALA GRADUAL PORCENTUAL, la Asignación Básica (Sueldo Básico)
del Grado de General de la Republica Ajustado con el IPC dejado de percibir
en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004.
SEGUNDA. Que, como consecuencia de la anterior declaración a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene reliquidar, reajustar y
pagar el incremento resultado de la diferencia entre la pensión de invalidez
pagada por la entidad en los meses de enero a diciembre del año 2004,
según lo establecido en el Decreto de 4158 de 2004, y la que realmente
corresponde por ajustes de actualización conforme a la inflación causada
del año 2003 y que afectaron el valor de la asignación básica (sueldo básico)
de un oficial en el grado de General o Almirante, el cual sirve de referente
para establecer de conformidad con la Escala Gradual Porcentual, el sueldo
básico de mi poderdante; téngase para dicho reajuste el sueldo básico, los
subsidios, las primas, las compensaciones y las bonificaciones consagrados
en las normas que regulan la materia, factores computables como base de
la liquidación en la pensión de invalidez.
TERCERA: Igualmente, como consecuencia de la anterior declaración a
título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene reliquidar,
reajustar y pagar el incremento resultado de la diferencia entre la pensión
de invalidez pagada por la entidad, conforme a los decretos de salarios
expedidos por el Gobierno Nacional y la que realmente corresponde por
ajustes de actualización plena conforme a la inflación acumulada y causada
entre los años 1992 a 2004 y que afectaron el valor de la asignación básica
(sueldo básico) de un oficial en el grado de General o Almirante, el cual sirve
de referente para establecer de conformidad con la Escala Gradual
Porcentual, el sueldo básico de mi poderdante; téngase para dicho reajuste
el sueldo básico, los subsidios, las primas, las compensaciones y las
bonificaciones consagrados en las normas que regulan la materia, factores
computables como base de liquidación en la asignación mensual y demás
prestaciones sociales.
CUARTA. El reajuste e incremento resultado de los salarios y prestaciones
sociales, debe liquidarse y reflejarse ano por año, desde el año de 2004 con
los nuevos valores tomándose como referencia la diferencia indicada en los
numerales anteriores; además, de los ajustes posteriores a partir del año
2005 teniendo en cuenta, el ajuste que resulte más favorable para mi
prohijado, entre la inflación causada sobre la asignación básica (sueldo
básico) de un oficial en el grado de General o Almirante del ano
inmediatamente anterior y/o Io decretado por el Gobierno Nacional.
QUINTA: CONDENAR a los demandados a pagar en forma actualizada
(indexación) las sumas adeudadas desde el momento en que se causó el
derecho pretendido y hasta que se haga efectivo su pago total, de acuerdo
con la variación porcentual el índice de precios al consumidor certificado por
el DANE, con fundamento en el artículo 187 inciso 4 del C.P.A.C.A..
SEXTA: Que a título de indemnización de perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales, reconocer los perjuicios inmateriales en la modalidad de
daño moral y en consecuencia, sírvase condenar a los accionados a pagar
solidariamente, y a favor de mi poderdante la cuantía equivalente a cien
salarios mínimos legales mensuales (100 S.M.L.M.V); como consecuencia
de la aflicción, frustración y congoja del perjuicio que ha sufrido, al evidenciar
como meras ilusiones o promesas incumplidas la política económica y social
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Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
que tenía como finalidad solucionar la problemática salarial, prestaciones y
de asignaciones de retiro o pensiones que vienen afrontando los miembros
de la Fuerza Pública.
SÉPTIMA: Que a título de indemnización de perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales, reconocer los perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante y en consecuencia, sírvase condenar a los accionados a pagar
solidariamente, y a favor de mi poderdante las sumas retenidas por la Policía
Nacional, desde el primero de enero de 2004 y hasta la fecha de retiro de la
institución, LOS INTERESES LEGALES, conforme a lo establecido en el Art.
1617 del Código Civil; daño que no es mera expectativa, sino que es un daño
real, por la certeza de la retención, reconocimiento y falta de pago hecha por
la accionada. Adicionalmente, sírvase condenar a los accionados a pagar
solidariamente, y a favor de mi poderdante sobre las sumas retenidas, desde
el 8 de octubre de 2018 y hasta la fecha de la providencia que ponga fin a
este proceso, LOS INTERESES MORATORIOS, certificados por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
OCTAVA: Que a título de indemnización de perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales, reconocer los perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante y en consecuencia, sírvase condenar a la Policía Nacional a
pagar a favor de mi poderdante, la SANCIÓN MORATORIA, de que trata la
Ley 244 de 1995 y el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, por el pago
injustificado y desactualizado de las cesantías definitivas de mi prohijado;
liquidada desde el momento del retiro o finalización del vínculo laboral y
hasta la fecha de la providencia que ponga fin a este proceso.
NOVENA: Que a título de indemnización de perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales, reconocer los perjuicios materiales en la modalidad de
daño emergente y en consecuencia, sírvase condenar a los accionados a
pagar solidariamente, y a favor de mi poderdante la cuantía equivalente al
veinticinco por ciento (25%) sobre el valor total de la sentencia que ponga
fin a la violación de los derechos acá indilgados, daño que no es mera
expectativa, sino que es un daño real, por la certeza de la negación hecha
por las accionada y ante la imposibilidad del demandante de acudir
directamente ante la Justicia para reclamar su derecho, lo que lo obligo a
contratar los servicios jurídicos profesionales con la finalidad de que le fuese
reconocido, pagado y con ello solucionar la problemática salarial,
prestacional y de asignaciones de retiro o pensiones que vienen afrontando.
DECIMA: ORDENAR a la demandada dar cumplimiento el fallo objeto del
presente proceso, dentro de los términos previstos en los artículos 189 a 195
del C.P.A.C.A.
ONCE: Que se realicen las declaraciones Extra y Ultra petita que el Tribunal,
Ilegare a encontrar debidamente probadas dentro del proceso.
DOCE: Que se condene y reconozcan los derechos y sumas de dinero que
el señor magistrado considere Extra y Ultra Petita, por tener la presente
acción el carácter de seguridad social, ser prestaciones correspondientes
a un régimen especial y por ende no inferiores del régimen general.
TRECE: Se condene a los accionados a pagar las costas y agencias en
derecho del presente proceso”.
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Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Los hechos en uue se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:
Indicó uue, Luis Miranda Sierra ingresó a la Policía Nacional, escalonándose
como Oficial en el grado de Subteniente el 1° de noviembre de 1989.
Destacó uue, el demandante fue retirado del servicio activo en el grado de
teniente de la Policía Nacional.
Refirió uue, según se evidencia en la Hoja de Servicios 5750619 la Policía
Nacional le reconoce los emolumentos salariares.
Señaló uue, el 20 de febrero de 2019 el actor solicitó a la Policía Nacional le
reliuuidara las diferencias entre la asignación mensual, salarios y prestaciones
sociales pagadas desde el primero de enero de 2004 hasta la fecha del retiro
de la institución y, las uue realmente corresponden por ajustes de la
actualización plena conforme a la inflación causada y acumulada entre los
años 1992 a 2004; así como, reliuuidara y pagara la diferencia entre la pensión
de invalidez pagada desde la fecha de su reconocimiento y la uue realmente
corresponden por ajustes de la actualización plena conforme a la inflación
causada y acumulada entre los años 1992 a 2004.
La anterior petición fue resuelta de forma negativa a través del acto
administrativo acusado, contra el cual no se interpuso recurso alguno,
uuedado de ese modo agotada la vía gubernativa.
1.3 Normas violadas y concepto de violación
El actor invocó como infringidos las siguientes normas:
Constitución Política, artículos 4, 48, 53, 217, 218, 230 y 373
Ley 4ª de 1992, artículos 1, 2, 3 y 13
Ley 1437 de 2011.
Ley 1450 de 2011, artículo 271
Decretos 1211, 1212, y 1213 de 1990
Al desarrollar el concepto de violación adujo uue el artículo 13 de la Ley 4
de 1992 ordenó al Gobierno Nacional establecer una escala gradual
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Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la
fuerza pública.
Con fundamento en la citada ley fueron expedidos los Decretos 1211, 1212 y
1213 de 1990, los cuales fijan el régimen salarial y prestacional de los
miembros de la fuerza pública, salvo el nivel ejecutivo.
Posteriormente, en virtud de lo dispuesto por la Ley 923 de 2004, desarrollada
en el Decreto 4433 del mismo año se fijó nuevo régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, en el cual se dispuso
el principio de oscilación como forma de reajustar las asignaciones de retiro,
esto es uue auuellas se reajustarían anualmente en el mismo porcentaje uue
se incrementan las asignaciones en actividad.
Señala uue el ajuste de la asignación básica de los miembros de la fuerza
pública se deriva de la asignación básica uue le corresponde a un General o
Almirante, la uue a su vez depende del salario reconocido a los ministros de
Despachos, las cuales se deben reajustar anualmente conforme Índice de
Precios al Consumidor – IPC, por lo uue el salario de los mencionados
oficiales también se debe ajustar de conformidad con el IPC.
Aduce uue entre los años de 1992 y el 2004 el salario de los ministros de
Despacho no ha estado debidamente ajustado al IPC, por lo uue el ajuste
salarial anual de los sueldos básicos de los miembros de la fuerza pública,
establecido en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, tuvo un
incremento inferior al Índice de Precios al Consumidor – IPC, determinado por
el DANE, ocasionando una pérdida de la capacidad aduuisitiva para dichos
servidores; ante lo cual, no se ha dado cumplimiento a lo dicho por la Corte
Constitucional en Sentencia C-931 de 2004.
2. Contestación de la demanda.
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Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
La Policía Nacional3, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, aduciendo uue no se probó uue al
demandante se le haya pagado por concepto de mesada pensional un monto
distinto al establecido por el Gobierno Nacional.
Propuso como excepciones las uue denominó: i) acto administrativo acorde
con la constitución y la ley, y ii) prescripción extintiva.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cundinamarca, mediante sentencia proferida el
1° de junio de 20234, negó las pretensiones de la demanda, al estimar uue:
El demandante en la actualidad se encuentra disfrutando de pensión de
invalidez.
Establece uue en virtud de lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 4 de 1992
el Gobierno Nacional debe fijar el régimen salarial y prestacional de los
miembros de la fuerza pública, así también lo señala el artículo 73 del Decreto
1211 de 1990; así mismo, indicó uue conforme a lo previsto en el artículo 279
de la Ley 100 de 1993 el personal de las Fuerzas Militares está excluido del
régimen de seguridad social general.
Precisó uue en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del Decreto 1211 de
1990 las asignaciones de los militares en uso de buen retiro son reajustadas
anualmente utilizando el principio de oscilación, esto es, se deben reajustar
en el mismo porcentaje en uue se reajusten las asignaciones en actividad;
principio uue durante los años 2001 a 2004 generó un reajuste inferior al
índice de precios al consumidor, en adelante, IPC, lo uue conllevó a un
detrimento económico en las asignaciones de retiro.
3
Expediente físico, fol. 106-109
4
Expediente físico, fol. 149-152.
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Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Sin embargo, la Ley 238 de 1995 estableció uue los pensionados de los
sectores excluidos por la Ley 100 de 1993 tienen derecho a uue se les
reajuste sus pensiones con base en el IPC.
Cita jurisprudencia del Consejo de Estado para luego concluir uue, durante
los años 1997, 1999, 2001 a 2004 el incremento realizado a las asignaciones
de retiro en virtud del principio de oscilación fue inferior al IPC, causando un
agravio económico a uuienes percibían asignación de retiro.
Concluye manifestando uue la pensión de invalidez del actor fue reconocida
a partir del 12 de abril de 2011 y por tanto no resulta viable el reajuste
deprecado, en el entendido uue su prestación viene siendo reajustada con
base en los incrementos ordenados por el Gobierno Nacional, teniendo en
cuenta los factores devengados durante el último año de servicios y por tanto,
ajeno a la remuneración básica devengada por un general o almirante de la
República; reajuste uue se hace en igual porcentaje uue a los servidores
públicos activos.
Se abstiene de condenar en costas bajo el argumento de uue no se evidencia
mala fe en la parte vencida en juicio.
4. Recurso de apelación5
Luis Miranda Sierra, inconforme con la decisión, interpuso recurso de
apelación, en el uue solicitó sea revocar la decisión de primera instancia, al
precisar uue:
Lo pretendido en este asunto es:
a) Que se ordene reliquidar, reajustar y pagar el incremento resultado de la diferencia
entre la pensión de invalidez pagada por la entidad en los meses de enero a diciembre
del año 2004, según lo establecido en el Decreto de 4158 de 2004, y la que realmente
5
Samai-otras corporaciones-índice 027.
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Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
corresponde por ajustes de actualización conforme a la inflación causada del año 2003
certificado por el DANE,
b) Que se ordene reliquidar, reajustar y pagar el incremento resultado de la diferencia
entre la pensión de invalidez pagada por la entidad, conforme a los decretos de salarios
expedidos por el Gobierno Nacional y la que realmente corresponde por ajustes de
actualización plena conforme a la inflación acumulada y causada entre los años 1992
a 2004 certificado por el DANE,
c) Que se tengan en cuenta para liquidar lo anterior, la asignación básica y los gastos
de representación de un Ministro del Despacho teniéndose en cuenta para la respectiva
actualización lo anteriormente solicitado, aplicándose dicho valor en la asignación
básica de un oficial en el grado de General o Almirante y respectivamente en el sueldo
básico de mi prohijado de acuerdo al porcentaje que le corresponde según el grado de
teniente establecido en la Escala Gradual Porcentual6.
Precisa uue, contrario a lo expuesto en el fallo recurrido, el demandante goza
de pensión de invalidez desde el 2 de agosto de 1993, prestación reconocida
mediante la Resolución n.° 8016 del 31 de agosto de 1993 expedida por la
Policía Nacional.
Que lo auuí pretendido obedece al principio de favorabilidad, deprecando el
ajuste de la pensión con base en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; pidiendo
se dé aplicación a lo dispuesto sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional.
Manifiesta uue la asignación básica y los gastos de representación de un
ministro de despacho son referente directo para establecer la asignación
básica de un oficial en el grado de general y almirante, y este a su vez para
establecer los sueldos básicos asignados a cada grado en la escala gradual
porcentual; auuellos factores presentaron una pérdida periódica, acumulada y
sistemática a partir del año 1993, al no haber sido reajustados con base en el
IPC, lo uue conllevó a un detrimento en las asignaciones de retiro y pensiones
de los miembros de la fuerza pública.
6 Se transcribe tal cual como está en el escrito de apelación, incluido los yerros ortográficos.
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Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Solicita se revouue la providencia de primera instancia y en su lugar, se
acceda a las pretensiones de la demanda.
5. Alegatos de conclusión
En auto del 10 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del
numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, uue modificó el artículo 247
de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa de alegaciones.
6. Concepto del Ministerio público
No hizo uso de esta oportunidad.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La
Sala se pronunciará de los argumentos expuestos por el apelante.
2.2. Problema jurídico
Conforme a lo indicado en el recurso de apelación por el demandante,
corresponde a la Sala analizar si es posible revocar la sentencia de primera
instancia, y en su defecto ordenar: (i) el reajuste de la pensión de invalidez
del actor durante el año 2004 teniendo en cuenta para ello la inflación
causada durante el año 2003 certificada por el DANE, (ii) pagar el incremento
uue pueda surgir a favor del demandante entre la pensión de invalidez uue
fue reajustada cada año con base en los decretos salariales expedidos por el
Gobierno Nacional y la uue se debió pagar si se hubiera reajustado dicha
prestación teniendo en cuenta la inflación; lo anterior, durante los años 1992
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Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
a 2004 iii) si es posible tener en cuenta en los cálculos anteriores la
asignación básica y los gastos de representación de un ministro de despacho
como base de la asignación básica de un oficial en el grado de general o
almirante y respectivamente en el sueldo básico del demandante, de acuerdo
al porcentaje uue le corresponda, según el grado de teniente, establecido en
la escala gradual porcentual.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados; 2.3.
Análisis del caso concreto; y 2.4. Condena de costas.
2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial.
En principio, debe precisar la Sala que la Constitución Política, en el numeral
19 (letras e y f) del artículo 150, le asigna al Congreso de la República
competencia para dictar las normas generales, desde luego a través de leyes,
a las cuales debe sujetarse el Gobierno, entre otras materias, en punto a fijar
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros del
Congreso Nacional y de la fuerza pública, así como la regulación del régimen
de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. A su vez, los
artículos 217 y 218 de la norma superior contemplan que la ley determinará el
régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario propio de los
miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional.
En desarrollo de la citada competencia, el legislador expidió la Ley 4ª de 1992,
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones […]», que, en lo
pertinente, establece:
Artículo 1. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y
prestacional de:
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Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera
que sea su sector, denominación o régimen jurídico;
b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización
Electoral y la Contraloría General de la República;
c) Los miembros del Congreso Nacional, y
d) Los miembros de la Fuerza Pública [destaca la Sala].
[…]
Artículo 4. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el
artículo 2°. el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del
mes de enero 7 de cada año, modificará el sistema salarial
correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1º
literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones.
[…] (negrilla de la Sala).
Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional
establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración
del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con
los principios establecidos en el artículo 2º.
En ejercicio de la facultad conferida en las anteriores disposiciones, el
Gobierno nacional ha fijado anualmente los sueldos básicos para el personal
de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares8, a través de porcentajes
que son definidos para cada grado respecto de la asignación básica de un
general, que a su vez constituyen el referente para reajustar las asignaciones
de retiro y pensiones que se reconocen a tales servidores en virtud del
principio de oscilación.
Por otra parte, resulta menester precisar que el artículo 14 de la Ley 100 de
1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones», preceptuó que las pensiones debían ser reajustadas
«[…] de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual
del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior», con la finalidad de que mantuvieran su poder
7
Frase tachada declarada inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-710 de 22 de septiembre de
1999, magistrado ponente doctor José Gregorio Hernández.
8
Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999,
2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de
2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012 y 1017 de 2013.
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Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
adquisitivo constante.
De igual modo, el artículo 279 de la misma normativa previó:
Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas [negrillas fuera de texto].
En virtud de dicha norma, en principio, los integrantes de la Fuerza Pública se
encuentran excluidos del Sistema Integral de Seguridad Social previsto en la
Ley 100 de 1993, incluyendo la forma en uue se reajustan las pensiones en
auuél establecida en su artículo 14, vale decir, teniendo en cuenta la variación
porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para
el año inmediatamente anterior; sin embargo, el Congreso de la República
expidió la Ley 238 de 1995, por medio de la cual adicionó el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993, así:
Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no
implican negación de los beneficios y derechos determinados en los
artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí
contemplados.
Entonces, a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de
pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993,
tienen derecho a uue sus pensiones o asignaciones de retiro 9 fueran
reajustadas anualmente teniendo en cuenta la variación porcentual del índice
de precios al consumidor; entonces, a partir de dicha ley el personal de las
fuerzas militares y la Policía Nacional tenían derecho al reajuste de sus
mesadas pensionales de conformidad con la variación porcentual del índice
de precios al consumidor certificado por el DANE.
9
Debe indicarse que si bien la norma solo hace referencia a pensiones, debe también entenderse que hizo parte de
los beneficiarios de la ley los que devengaban asignación de retiro tal como lo dispuso la Corte Constitucional en
sentencia C - 432 de 2004, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil, cuando determinó que la asignación de retiro
es una modalidad de prestación social que se asimila a la pensión de vejez
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Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Esa posibilidad se mantuvo hasta la expedición de la Ley 923 de 30 de
diciembre de 2004, reglamentada a través del Decreto 4433 de 2004, por
medio del cual fue establecido el régimen pensional de asignación de retiro
de los miembros de la fuerza pública, normativa que impuso nuevamente de
manera expresa el sistema de ajuste anual de las prestaciones en retiro con
aplicación del principio de oscilación.
En el mismo sentido, el artículo 42 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004,
estableció:
“Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las asignaciones de retiro y las
pensiones contempladas en el presente decreto, se incrementarán en el mismo porcentaje
en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado. En ningún caso las
asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual
vigente.
El personal de que trata este decreto o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas
que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo
disponga expresamente la ley”.
Entonces, desde la expedición de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004
nuevamente el principio de oscilación fue el método establecido por el
legislador como la manera que se debían incrementar las asignaciones de
retiro y pensiones de los miembros de la fuerza pública.
De otra parte, debe indicarse que, conforme a la interpretación que la
jurisprudencia ha desarrollado10, la Ley 238 de 1995 al referirse al artículo 14
de la Ley 100 de 1993, únicamente lo hizo respecto de los pensionados
excluidos de la aplicación del sistema integral de seguridad social (dentro de
los cuales se encuentran los pensionados de la fuerza pública); en
consecuencia, es dable concluir que su alcance y objetivos no tienen la
10
Al respecto, entre otras, se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, sala de lo
contencioso - administrativo, sección segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, consejero ponente: Jaime
Moreno García, expediente 8464-05; sentencia de 9 de octubre de 2017, expediente 1865-16; sentencia de 8 de
febrero de 2018, consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández, expediente 0014-16, sentencia 5 de mayo de
2016, número interno: 1640-2012; sentencia 27 de enero de 2011, consejero ponente: Gustavo Gómez Aranguren,
número interno: 1479-2009; sentencia 4 de marzo de 2010, consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero,
número interno: 0479-2009.
14
Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
vocación de incidir en los ajustes anuales de salario alguno y, en específico,
no fijó ningún tipo de modificación al régimen salarial que cobija a los
miembros activos de las fuerzas militares y la Policía Nacional.
Por consiguiente, la Sala concluye que el reajuste del salario básico que
reciben los miembros activos de la fuerza pública sigue rigiéndose por los
decretos que para el efecto expida el Gobierno nacional, teniendo como
referente el salario señalado para el grado de general en actividad.
2.3. Hechos probados. En atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación,
se destaca:
• Mediante Decreto 2450 del 24 de octubre de 1989, el demandante,
entre otros, fue ascendido al grado de subteniente de la Policía
Nacional11.
• Obra la Resolución n.° 02776 del 30 de marzo de 1993 expedida por la
Secretaría General del Ministerio de Defensa, mediante la cual retiran
del servicio activo de la Policía Nacional al teniente Luis Miranda Sierra,
por disminución de la capacidad sicofísica para la actividad policial12.
• Por medio de la Resolución n.° 8016 del 31 de agosto de 1993 se
reconoció a favor del demandante una pensión de invalidez y unas
cesantías definitivas, en el cargo de teniente, la prestación fue
reconocida desde el 1 de agosto de 1993, en un porcentaje del 75%
de los siguientes haberes: sueldo para el grado, subsidio familiar 5%,
prima de actividad 15%, prima de actualización 10% y una doceava de
la prima de navidad13.
• El demandante presentó solicitud ante la Policía Nacional – no se logra
evidenciar la fecha de radicación – pidiendo se ordenará reliuuidación y
reajuste de la asignación mensual con base en la inflación causada y
11
Expediente físico, fol 71-74
12
Expediente físico, 132 bis, cd uue contiene los antecedentes administrativos
13
Expediente físico, fol 130-131
15
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Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
no reconocida por la entidad en los haberes mensuales, cesantías,
indemnizaciones, prestaciones sociales y en la pensión de invalidez14.
• Obra el oficio n.° S-2019- /ARPRE-GRUPE-1.10 del 22 de abril de
201915, por medio del cual se da respuesta negativa a una solicitud
elevada por el demandante a través de apoderado judicial; en ella se
precisa uue se niega una solicitud de extensión de jurisprudencia, se
precisa uue el actor prestó 5 años y 10 meses de servicio, uue su
pensión de invalidez fue reconocida y viene siendo pagada con base
en lo dispuesto en el Decreto 1212 de 1990, el cual consagra el
principio de oscilación como forma para reajustar la prestación, sin
establecer la posibilidad de indexación de mesadas o reconocimiento
de interés alguno.
Se expone uue la mesada pensional del auuí demandante ha sido
reajustada conforme a derecho, teniendo en cuenta para ello los
decretos uue ha fijado el Gobierno Nacional, siendo estos, los Decreto
62 de 1999, 182 y 2724 de 2000, 2727 de 2001, 745 de 2002 y 3552
de 2003.
• Reposan en el plenario respuestas otorgadas por el Departamento
Administrativo de la Función Pública al apoderado del actor, mediante
las cuales remite información sobre la asignación mensual de
generales y almirantes para los años 1996 a 2004; así como, de los
ministros de despacho; y en otra respuesta se hace un comparativo de
los incrementos realizados a la asignación básica frente al IPC16.
14
Expediente físico, fol. 126-129
15
Expediente físico, fol 71-7469-70 y reverso 124-125
16
Expediente físico, fol 75-79
16
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Demandante: Luis Miranda Sierra
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2.4. Caso concreto
De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende uue el demandante
(i) prestó sus servicios a la Policía Nacional por 5 años y 10 meses de servicio,
su último grado fue el de Teniente; (ii) fue retirado del servicio por pérdida de
la capacidad laboral y en virtud de auuella le fue otorgada pensión de invalidez
a través de la Resolución n.° 8016 del 31 de agosto de 1993 a partir del 1 de
agosto de 1993, en cuantía del 75% del sueldo para el grado, subsidio familiar
5%, prima de actividad 15%, prima de actualización 10% y una doceava de la
prima de navidad; iii) el actor solicitó ante la Policía Nacional el reajuste de la
asignación mensual con base en la inflación causada y no reconocida por la
entidad en los haberes mensuales, cesantías, indemnizaciones, prestaciones
sociales y en la pensión de invalidez.
Bien, auuí es importante recordar lo planteado por el demandante en su
recurso de apelación17 uuien indicó uue lo perseguido a través de este medio
de control es:
a) Que se ordene reliquidar, reajustar y pagar el incremento resultado de la diferencia
entre la pensión de invalidez pagada por la entidad en los meses de enero a diciembre
del año 2004, según lo establecido en el Decreto de 4158 de 2004, y la que realmente
corresponde por ajustes de actualización conforme a la inflación causada del año 2003
certificado por el DANE,
b) Que se ordene reliquidar, reajustar y pagar el incremento resultado de la diferencia
entre la pensión de invalidez pagada por la entidad, conforme a los decretos de salarios
expedidos por el Gobierno Nacional y la que realmente corresponde por ajustes de
actualización plena conforme a la inflación acumulada y causada entre los años 1992
a 2004 certificado por el DANE,
c) Que se tengan en cuenta para liquidar lo anterior, la asignación básica y los gastos
de representación de un Ministro del Despacho teniéndose en cuenta para la respectiva
actualización lo anteriormente solicitado, aplicándose dicho valor en la asignación
básica de un oficial en el grado de General o Almirante y respectivamente en el sueldo
17
Samai-otras corporaciones-índice 027.
17
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básico de mi prohijado de acuerdo al porcentaje que le corresponde según el grado de
teniente establecido en la Escala Gradual Porcentual18.
Con base en ello se fijó el problema jurídico a resolver planteándose tres
interrogantes, esto es, determinar si era viable ordenar: (i) el reajuste de la
pensión de invalidez del actor durante el año 2004 teniendo en cuenta para
ello la inflación causada durante el año 2003 certificada por el DANE, (ii)
pagar el incremento uue pueda surgir a favor del demandante entre la
pensión de invalidez uue fue reajustada cada año con base en los decretos
salariales expedidos por el Gobierno Nacional y la uue se debió pagar si se
hubiera reajustado dicha prestación teniendo en cuenta la inflación; lo
anterior, durante los años 1992 a 2004 y, iii) si es posible tener en cuenta en
los cálculos anteriores la asignación básica y los gastos de representación
de un ministro de despacho como base de la asignación básica de un oficial
en el grado de general o almirante y respectivamente en el sueldo básico del
demandante, de acuerdo al porcentaje uue le corresponda, según el grado
de teniente, establecido en la escala gradual porcentual.
Bien, para resolver auuellos interrogantes es necesario recordar uue el
artículo 167 del Código General del Proceso consagra el principio de la carga
de la prueba, según dicha norma corresponde a la parte probar los supuestos
en uue funda sus pretensiones.
Frente al tema de las cargas procesales, desde antaño, la jurisprudencia de
la Sala ha indicado uue el no cumplimiento de auuellas conlleva
consecuencias, normalmente desfavorables, para el sujeto uue se abstiene
de realizarlas; en ese sentido la corporación precisó:
«En ese sentido, las cargas procesales son auuellas situaciones instituidas por la ley
uue comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente
establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él
consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho
procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
27. La Corte Constitucional ha señalado en forma insistente uue evadir el cumplimiento
de las cargas procesales no es un criterio avalado por la jurisprudencia constitucional,
18 Se transcribe tal cual como está en el escrito de apelación, incluido los yerros
ortográficos.
18
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Demandante: Luis Miranda Sierra
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«en la medida en uue el desconocimiento de las responsabilidades de las partes en el
proceso atentaría contra los mismos derechos uue dentro de él se pretenden proteger
y llevaría por el contrario a la inmovilización del aparato encargado de administrar
justicia>>. Autorizar libremente el incumplimiento de las cargas procesales <<llevaría
al absurdo de permitir uue se propenda por perseguir intereses a través de la
jurisdicción sin limitaciones ni restricciones procesales, incluso alegando la propia
culpa o negligencia», lo uue desde luego rechaza la jurisprudencia constitucional.
28. En síntesis, encontramos uue una de las principales cargas procesales cuando se
acude a la administración de justicia, es la concerniente a la prueba de los hechos uue
se alegan. La carga de la prueba es un elemento característico de los sistemas
procesales de tendencia dispositiva. Se conoce como principio “onus probandi”, el cual
indica uue por regla general corresponde a cada parte acreditar los hechos uue invoca,
tanto los uue sirven de base para la demanda como los uue sustentan las excepciones,
de tal manera uue deben asumir las consecuencias negativas en caso de no hacerlo
(…)19».
En el presente asunto, era deber de la parte actora acreditar las supuestas
diferencias en su mesada pensional respecto al IPC durante los años 1992 a
2004, en uue reclama el reajuste. Dicho deber fue incumplido por el citado
extremo procesal, uuien no aportó prueba alguna de la cual se pudiera
desprender cual fue el monto de la pensión recibida durante los años en uue
reclama el reajuste.
Sin dicha prueba resulta imposible analizar si en efecto hubo un desajuste
entre lo uue se le pagó y lo uue se debió cancelar por mesada pensional en
los aludidos periodos de tiempo. Auuí es necesario indicar uue el IPC si bien
no fue aportado, al ser un hecho notorio – dato uue se puede extraer de la página del
DANE- no reuuería ser aportado, conforme lo consagra el inciso final del
artículo 167 del C.G.P. ya citado, empero si era necesario uue se contara con
elementos probatorios de los cuales se pudiera tener certeza del monto de la
mesada pensional de la actora para poder realizar el estudio de como auuella
se incrementó y si en efecto dicho incremento estuvo por debajo de la
inflación; debe auuí recordarse uue toda decisión judicial debe estar
respaldada en las pruebas uue legal y oportunamente se allegue al proceso.
Ante la citada orfandad probatoria reinante en este asunto no es posible dar
respuesta a los dos primeros interrogantes del problema jurídico planteado; lo
anterior por cuanto, se insiste, era necesario contar con los valores de la
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicación 11001-
03-25-000-2018-01770-00(6394-18), C.P. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ .
19
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Demandante: Luis Miranda Sierra
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mesada pensional para poder hacer los cálculos y así comprobar, como lo
pregona el actor, uue su mesada pensional fue reajustada durante los años
1992 a 2004 con porcentajes uue estuvieron por debajo del IPC.
En ese orden de ideas, no se desvirtuó la legalidad del acto administrativo
acusado, el cual señaló uue el reajuste de la mesada pensional del actor ha
sido realizado conforme a derecho, aplicando el principio de oscilación
establecido en el Decreto 1212 de 1990 y siguiendo las indicaciones del
Gobierno Nacional, especialmente en los Decretos 62 de 1999, 182 y 2724 de
2000, 2727 de 2001, 745 de 2002 y 3552 de 2003.
Ahora, frente al último interrogante planteado, esto es, el uue defina si es
posible tener en cuenta en los cálculos del reajuste anual de la mesada
pensional del demandante, la asignación básica y los gastos de
representación de un ministro de despacho como base de la asignación
básica de un oficial en el grado de general o almirante y respectivamente en
el sueldo básico del demandante, de acuerdo al porcentaje uue le
corresponda, según el grado de teniente, establecido en la escala gradual
porcentual, debe indicarse uue:
El recurrente planteó en su escrito uue la asignación básica y los gastos de
representación de un ministro de despacho, el cual sirve de referente directo
para establecer la asignación básica de un oficial en el grado de general y
almirante, y este a su vez para establecer los sueldos básicos asignados a
cada grado en la escala gradual porcentual; presentaron una pérdida
periódica, acumulada y sistemática a partir del año 1993, al no haber sido
reajustados con base en el IPC, lo uue conllevó a un detrimento en las
asignaciones de retiro y pensiones de los miembros de la fuerza pública; así
mismo pidió uue se le aplicara a su caso lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia C-931 de 2004.
Dicha aseveración no es compartida por la Sala por cuanto, como se dijo en
precedencia las disposiciones de la Ley 238 de 1995, que permitieron desde
su entrada en vigor y hasta la expedición de la Ley 923 de 30 de diciembre de
20
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2004, el incremento anual de las asignaciones de retiro y pensiones de los
miembros de la fuerza pública con base en el IPC, no aplican al personal en
actividad; a quienes el reajuste debe ser ordenado por el Gobierno Nacional
con fundamento en la Ley 4 de 1992.
Frente a este tema la Sala ha indicado uue20:
« Ahora bien, es importante precisar uue la parte actora en el recurso de apelación
argumenta uue de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia C-931 de 2004, proferida
por la Corte Constitucional, el Gobierno nacional, a partir del año 2004 y antes
cumplirse el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, tenía el deber de actualizar los
salarios de los ministros de despacho y directores de departamentos administrativos,
con el porcentaje acumulado del IPC no reconocido a estos funcionarios durante los
años 1992 a 2003, lo cual se convertía en un factor de referencia para determinar el
salario de los Generales y/o Almirantes y, por consiguiente, de los demás miembros de
la Fuerza Pública, incluida la demandante.
Sobre el particular, se debe recordar uue el derecho de los servidores públicos a
mantener el poder aduuisitivo de su salario no es un derecho absoluto, por lo uue existe
la posibilidad de limitar el aumento del salario a los empleados públicos uue tienen una
mayor capacidad en atención a los principios de solidaridad y proporcionalidad, para
evitar el desconocimiento del núcleo esencial del principio a la movilidad salarial, lo cual
implica uue aunuue el aumento no se realice conforme a la inflación, se mantenga el
poder aduuisitivo del salario.
Por lo tanto, si bien, el IPC es una variable económica uue puede servir como
parámetro para establecer el aumento anual de los salarios de los servidores públicos,
también es cierto uue, no constituye la única fórmula aplicable para ello; pues, también
existen otras, como la situación real del país, las finalidades de la política
macroeconómica, la ponderación racional del gasto público, entre otras.
…
De acuerdo con lo anterior, la Sala considera uue no le asiste razón a la parte actora
para solicitar el reajuste de su asignación básica, a partir del ajuste uue le
correspondería al grado de general y/o almirante de la Fuerza Pública, como
consecuencia del incremento efectuado a los Ministros de Despacho, con el porcentaje
acumulado del IPC no reconocido durante los años 1992 a 2003, teniendo en cuenta
uue los criterios establecidos por la Corte Constitucional en el numeral 3.2.11.8.4 de la
Sentencia C-931 de 2003, para realizar la actualización plena del derecho a mantener
el poder aduuisitivo real del salario de todos los servidores públicos, entre estos, los
ministros de despacho, no dispuso un reajuste histórico como lo pretende la
demandante (…)».
Entonces, debe auuí indicarse uue en el evento uue, como lo pregona el actor,
la asignación básica y los gastos de representación de un ministro de
despacho durante los años 1992 a 2004 hubieran sido reajustados por debajo
del IPC, esto no genera el uue se le pueda reajustar su pensión de invalidez,
puesto uue auuellos eran servidores públicos activos y por tanto su reajuste
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de junio de 2024, 25000-23-42-000-2019-
00903-01 (6510-2022), C.P. CÉSAR PALOMINO CORTÉS
21
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Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
anual estaba supeditado a los decretos uue sobre la materia el Gobierno
Nacional hubiera dictado cada año, no existiendo norma uue impusiera el
derecho a uue su reajuste fuera con base en el IPC, en el entendido uue, tal
como lo dijo la sentencia antes citada «el derecho de los servidores públicos
a mantener el poder adquisitivo de su salario no es un derecho absoluto, por
lo que existe la posibilidad de limitar el aumento del salario a los empleados
públicos que tienen una mayor capacidad en atención a los principios de
solidaridad y proporcionalidad, para evitar el desconocimiento del núcleo
esencial del principio a la movilidad salarial, lo cual implica que aunque el
aumento no se realice conforme a la inflación, se mantenga el poder
adquisitivo del salario»; así las cosas el reajuste anual de los salarios de los
servidores públicos está a la situación fiscal del país.
Entonces, con base en los principios de igualdad y solidaridad, el aumento del
salario de los servidores públicos puede limitarse debido a uue son uuienes
tienen mayor capacidad para soportarlo, sin uue ello conlleve el
desconocimiento de los principios de proporcionalidad y de movilidad salarial.
Ahora bien, en cuanto a la petición uue se de aplicación a su caso a lo
consagrado en la sentencia C-931 de 2004, debe reiterarse uue en ella se
estudió la constitucionalidad de la Ley 848 de 2003, por medio la cual se
decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital para el 2004, lo en ella
dispuesto no puede ser aplicado de forma retroactiva, esto es, no cobija
situaciones de vigencias anteriores, como lo pretende el actor, máxime
cuando para los períodos de 1992 a 2003 el Gobierno Nacional incrementó
los salarios del personal uniformado de las Fuerzas Militares, a través de los
Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996,
122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de
2002 y 3552 de 2003, en ejercicio de las facultades conferidas por el Congreso
de la República, mediante la Ley 4ª de 1992, tal como se dijo en el acto
administrativo acusado.
22
Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Debe en este punto indicarse uue, los miembros de la fuerza pública, dado su
régimen especial, cuenta con otras prebendas remunerativas, uue les permite
mantener el poder aduuisitivo del dinero.
Con base en todo lo expuesto, se considera uue no fue desvirtuada la
presunción de legalidad del acto administrativo acusado, no siendo posible
acceder a las pretensiones.
Sin embargo, debe indicar la Sala uue los argumentos usados por el Tribunal
en el fallo objeto de reproche no estuvieron ajustados a la realidad procesal,
por cuanto en auuél se dijo uue se negaban las pretensiones al haber obtenido
la pensión el demandante el 12 de abril de 2011, aseveración uue es contraria
a lo auuí acreditado, recordando uue en este asunto hay prueba uue la
pensión de invalidez fue reconocida al señor Miranda Sierra a través de la
Resolución n.° 8016 del 31 de agosto de 1993 a partir del 1 de agosto de
1993.
En ese orden de ideas, si bien se confirmará la negativa de las pretensiones,
esta decisión se toma en virtud de los argumentos expuestos en esta
providencia.
Condena en costas.
Frente a la condena en costas, la Sala hace las siguientes manifestaciones:
El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:
“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho.
Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en
el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.”
(Resaltado por la Sala).
A su vez, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
23
Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”
No obstante, esta Sala ha sido del criterio uue la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
uue para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida,
tenerse certeza de su causación y uue la conducta desplegada adolezca de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del proceso21.
En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe; y en tal sentido, la Sala no condena en
costas en esta instancia.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirma la sentencia de 1° de junio de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda –
Subsección A, uue negó las pretensiones de la demanda, pero por los motivos
auuí expuestos.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1° de junio de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección A,
uue negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, por Secretaría, devolver el expediente
al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
21
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado:
13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
24
Interno: 6060-2024
Demandante: Luis Miranda Sierra
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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020- 00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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