República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-02367-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011)
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Tema: Reajuste de la asignación en actividad y de la asignación de retiro. Subtema:
Índice de precios al consumidor.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 13
de marzo de 2025, proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante, como sargento primero retirado, solicitó la nulidad del acto
administrativo expedido por el Ejército Nacional, que le negó el reajuste de los salarios
devengados en actividad y de la asignación de retiro. El Tribunal negó las pretensiones
de la demanda porque para los períodos reclamados el accionante estaba activo y el
monto de su salario lo fijaba el Gobierno nacional mediante los decretos salariales
anuales. Inconforme con esta decisión, el actor interpuso recurso de apelación para
insistir en que tiene el derecho. La Subsección confirmará la sentencia de primera
instancia.
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Luis Arturo Arango Marín, por conducto de apoderado, el 24 de octubre
de 20161, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2 de acuerdo
con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.
2.1.1. Pretensiones
2. El demandante solicitó que se inapliquen por inconstitucionales los decretos 62
de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001 y 745 de 2002, por medio de los cuales el
Gobierno nacional fijó los sueldos básicos del personal de la Fuerza Pública.
3. También pidió que se declare la nulidad del Oficio núm. 20165660275291:MDN-
CGFM-COEJC-CEJEM-JEDEH-DIPER-NOM-1.10 del 7 de marzo de 2016, de la
Sección de Nómina del Ejército Nacional, que le negó el reajuste de los salarios y de
la asignación de retiro.
4. A título de restablecimiento del derecho, el actor solicitó que se ordene el
reajuste de los salarios y prestaciones con el índice de precios al consumidor desde el
año 1999 hasta el 2002, y que se reliquide la asignación de retiro desde el 26 de junio
de 2002.
5. Igualmente, pidió tener en cuenta las primas, cesantías y otros pagos efectuados
erróneamente; la indexación de las sumas adeudadas, el reconocimiento de intereses
moratorios, el cumplimiento de la sentencia, y que se condene en costas a la parte
accionada.
2.1.2. Hechos
6. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:
7. El señor Luis Arturo Arango Marín prestó sus servicios en el Ejército Nacional
durante 19 años, 3 meses y 27 días, y se retiró por llamamiento a calificar servicios el
26 de marzo de 2002. Cremil le reconoció asignación de retiro en la Resolución núm.
3312 del 9 de julio de 2002, a partir del 26 de junio de 2002, en un porcentaje del 66%
de la asignación básica.
8. El actor indicó que el Ejército Nacional reconoció los siguientes incrementos en
su asignación básica para el período comprendido de 1997 a 2002:
1 C. Principal, folios 18 y 40.
2 C. Principal, folios 1 a 18.
2
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Tabla 1
Años Grado Valor Porcentaje Decreto
incremento Gobierno
nacional
1997 Sargento $400.037,00 23,40% 122 de 1997
viceprimero
1998 Sargento $546.544,00 20,10% 58 de 1998
viceprimero
1999 Sargento primero $628.034,00 14,91% 62 de 1999
2000 Sargento primero $686.002,00 9,23% 2724 de 2000
2001 Sargento primero $726.133,00 5,85% 2737 de 2001
2002 Sargento primero $762.366,00 4,99% 745 de 2002
9. En este orden, el Gobierno nacional no reajustó los salarios para los años 1999
a 2002 en el mismo porcentaje del IPC, entonces, señaló que dada la afectación de la
base salarial para esos años ha sufrido un déficit en los reajustes anuales salariales,
que se ven reflejados en la asignación de retiro.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
10. El demandante invoca las siguientes normas: Constitución Política, el
preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 42, 53, 90, 150, 334, 336 y 373; Ley 4ª de
1992, artículos 2, literal a), 4, 11 y 13.
11. La parte actora explicó en el concepto de violación que el Gobierno nacional
reajustó los salarios de los miembros de la Fuerza Pública entre los años 1997 a 2004
por debajo del costo de vida, lo que produjo que estos perdieran el poder adquisitivo
al igual que las asignaciones de retiro. Además, esta circunstancia ubicó a los
empleados o pensionados en una situación de inferioridad, en contravía de la
protección de los derechos fundamentales y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional. En consecuencia, se produjo una desmejora en sus salarios y
prestaciones sociales.
2.2. Contestación de la demanda
12. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, mediante
apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que al
accionante se le incrementó el salario en servicio activo de conformidad con los
decretos expedidos por el Gobierno nacional. En consecuencia, su asignación no se
congeló.
3
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
13. Asimismo, la fórmula del índice de precios al consumidor para reajustar las
pensiones fue implementada en el Sistema General de Seguridad Social de la Ley 100
de 1993, del cual están excluidos los miembros de la Fuerza Pública. En este sentido,
explicó que el régimen salarial y prestacional de la Fuerza Pública tiene una naturaleza
especial con respaldo constitucional en los artículos 217 y 218 de la Constitución
Política.
14. La entidad explicó que el reajuste de las pensiones no necesariamente se debe
hacer con el IPC, porque se ha permitido la existencia de otros criterios; en este caso
se debe privilegiar la aplicación de la normativa especial. También sostuvo que en el
régimen especial de la Fuerza Pública se busca que no existan diferencias entre los
sueldos básicos en servicio activo y las asignaciones de retiro. Por lo tanto, para los
aumentos de la asignación de retiro se aplica el principio de oscilación, según el cual
se tienen en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las
asignaciones del personal en actividad para cada grado.
15. La entidad accionada expresó que aplicarle al demandante los artículos 14 y 142
de la Ley 100 de 1993, con fundamento en la Ley 238 de 1995, implicaría acoger una
tesis contraria a la de la Corte Constitucional, ya que se aceptaría la regulación del
régimen prestacional de la Fuerza Pública mediante una ley distinta a la ley marco.
16. Planteó como excepciones la improcedencia del derecho reclamado; la
inexistencia de ilegalidad o nulidad del acto administrativo demandado; la prescripción
cuatrienal de las mesadas salariales; y la innominada3.
2.3. Sentencia de primera instancia
17. La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de
sentencia del 13 de marzo de 2025, declaró probadas las excepciones de
«improcedencia del derecho reclamado, inexistencia de ilegalidad o nulidad del acto
administrativo demandado» propuestas por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas, con fundamento en las siguientes consideraciones:
18. El demandante no tiene derecho al reajuste de su asignación mensual con el
índice de precios al consumidor de los años 1997 a 2002, por cuanto en esos años
tenía la calidad de suboficial4 del Ejército Nacional –grado sargento primero– y el
monto de su salario era determinado por los decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de
1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001 y 745 de 2002, dictados por el Gobierno nacional.
Al respecto, sostuvo que los decretos gozan de presunción de legalidad, la cual no fue
discutida en este proceso; y que por sustracción de materia no procedía la
reliquidación de la asignación de retiro, aunado a que el régimen de la Fuerza Pública
3 C. Principal, folios 51 a 79.
4 El Tribunal hizo referencia a oficial, pero esto se debió a un error.
4
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
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ordena la aplicación del principio de oscilación y la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (Cremil) no fue demandada en este proceso.
19. El Tribunal también negó la pretensión sobre la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad de los decretos salariales de los años 1997 a 2002, porque la
supuesta violación advertida no es manifiesta, esto es, no se puede establecer a partir
de la sola confrontación entre la Constitución Política y los decretos salariales anuales.
Por ende, descartó la procedencia de la nulidad del acto demandado y adujo que la
entidad demandada aplicó la base de liquidación correspondiente cuando otorgó el
beneficio pensional.
20. El Tribunal no condenó en costas al actor, toda vez que la parte vencida no actuó
de manera temeraria5.
2.4. Recurso de apelación
21. El señor Luis Arturo Arango Marín, a través de apoderado, solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones
de la demanda, al afirmar que viola sus derechos a la igualdad, al debido proceso, al
trabajo, a la seguridad social, a la confianza legítima, al mínimo vital, a la no
discriminación laboral, a la protección digna y justa del trabajo, en conexidad con la
igualdad de oportunidades.
22. Explicó que, según el principio de oscilación, las asignaciones de retiro se
incrementan con las variaciones que en todo tiempo se introduzcan a las asignaciones
en actividad (art. 169 del Decreto 1211 de 1990 y artículo 13 de la Ley 4ª de 1992);
por ello, a su juicio, tiene derecho al reajuste de los salarios devengados desde el 1°.
de enero de 1999 hasta el 26 de marzo de 2002, teniendo en cuenta los incrementos
del índice de precios al consumidor certificados por el DANE, salvo en los años 1998
y 2000, en los que el IPC fue inferior al aumento decretado por el Gobierno nacional.
23. Al efecto, agregó que esto se haría constatar en la hoja de servicio que la
demandada debía remitir a Cremil, para computar el Ingreso Base de Liquidación (IBL),
establecer el nuevo monto de la primera mesada de la asignación de retiro y reliquidar
sus prestaciones sociales. En ese sentido, indicó que todas las partidas siguientes se
reajustarían por tratarse de una prestación periódica, con el pago a su favor de las
diferencias.
24. El recurrente igualmente invocó la aplicación de los principios de favorabilidad,
de la condición más beneficiosa y de analogía, con fundamento en que si bien la
sentencia del Consejo de Estado, del 15 de noviembre de 20126, trató el reajuste de
5 Samai, exp. 05001-23-33-000-2016-02367-00, índice 19.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de
noviembre de 2012, exp. 25000232500020100051101 (0907-2011), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
5
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
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las asignaciones de retiro de las Fuerzas Militares con el IPC, lo cierto es que esta
providencia se puede extender a los miembros activos con fundamento en el derecho
a la igualdad, comoquiera que todos corrieron el mismo riesgo en el ejercicio de la
actividad militar.
25. Por otro lado, invocó antecedentes jurisprudenciales como la sentencia T-424
de 2018 sobre la aplicación de las normas; y las sentencias C-815 de 1999, C-1433
de 2000 y C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, que se pronunciaron sobre el
derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo real del salario para
contrarrestar la inflación, de donde la parte recurrente concluyó que todos los
servidores públicos con salarios bajos, medios y altos son titulares del derecho al
reajuste de la remuneración, pues el nivel salarial no es criterio para discriminar.
26. El accionante le pidió al Consejo de Estado que, en el evento de confirmar la
sentencia de primera instancia, no lo condenara en costas ni agencias en derecho,
dado que en el caso puntual la demanda no se presentó con manifiesta carencia de
fundamento legal, en los términos del artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)7.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
27. Mediante auto del 11 de septiembre de 20258, se admitió el recurso de apelación
conforme al artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y se prescindió del periodo para correr
traslado a las partes. El expediente ingresó al despacho para fallo el 3 de octubre de
20259, y luego de ello, el procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió
concepto10, esto es, de forma extemporánea.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
28. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
7 Samai, exp. 05001-23-33-000-2016-02367-00, índice 23.
8 Samai, índice 5.
9 Samai, índice 9.
10 Samai, índice 10, Memorial_FLF_11Concepto(.pdf) NroActua 10.
6
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
3.2. Problema jurídico
29. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
presentado por la parte actora contra el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, si procede el reajuste de la asignación devengada en
servicio activo con el índice de precios al consumidor con fundamento en el derecho a
mantener el poder adquisitivo del salario, y que, en consecuencia, deba incrementarse
la asignación de retiro reconocida desde el año 2002.
30. Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos:
3.3. Régimen salarial y prestacional de los integrantes de la Fuerza Pública; 3.4.
Hechos probados; y 3.5. Caso concreto.
3.3. Régimen salarial y prestacional de los integrantes de la Fuerza Pública
31. El Congreso de la República y el presidente tienen una competencia compartida
en la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los
miembros del Congreso y de la Fuerza Pública, acorde con el literal e) del numeral 19
del artículo 150 de la Constitución Política. En ejercicio de esta función, el legislador
expide las leyes marco, como la Ley 4 de 199211, que en el artículo 13 dispone «en
desarrollo de la presente Ley el Gobierno nacional establecerá una escala gradual
porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza
Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2», y el parágrafo
indica «la nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias
fiscales de 1993 a 1996».
32. Tal como lo explicó esta corporación en la sentencia del 23 de octubre de 202412
uno de los objetivos del legislador de 1992 al promulgar la Ley 4 de ese año fue
establecer una escala gradual porcentual para equiparar la remuneración de los
miembros activos y retirados de la Fuerza Pública. Con este propósito, se creó
temporalmente la prima de actualización, cuya vigencia se mantendría hasta alcanzar
dicha equiparación, lo cual se concretó con la expedición de los Decretos 335 de 1992,
25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995.
33. Así pues, el artículo 15 del Decreto 335 de 199213 estableció una prima de
actualización para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y la Policía
11 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 85001-23-33-000-2017-00260-02
(5695-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
13 «Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares,
Oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional y empleados públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas
7
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Nacional en servicio activo. Dicha prima, calculada sobre la asignación básica en los
porcentajes señalados para cada grado, permanecería vigente hasta la
implementación de una escala salarial porcentual única para estas instituciones, con
el propósito de nivelar gradualmente la remuneración de sus miembros. La prima de
actualización representó una modificación gradual en las asignaciones de actividad,
que era computable para el reconocimiento de la asignación de retiro.
34. Posteriormente, el Decreto 107 de 1996, al desarrollar el artículo 13 de la Ley 4
de 1992, fijó la escala gradual porcentual para el personal de oficiales, suboficiales,
miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública, y precisó que «los sueldos
básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo [primero]
corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la
asignación básica del grado de General» (inc. 2, art. 1°.), así:
Oficiales
General 100%
Mayor general 90%
Brigadier general 80%
Coronel 60%
Teniente coronel 44.30%
Mayor 38.60%
Capitán 30.50%
Teniente 26.70%
Subteniente 23.70%
Suboficiales
Sargento mayor 26.40%
Sargento primero 22.60%
Sargento viceprimero 19.50%
Sargento segundo 17.40%
Cabo primero 16.40%
Cabo segundo 17.90%
Nivel Ejecutivo
Comisario 45.50%
Subcomisario 38.30%
Intendente 33.90%
Subintendente 26.40%
Patrullero 20.30%
[…]
Artículo 2o. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los
grados de General y Almirante, percibirán por todo concepto una asignación mensual
igual a la que devenguen los Ministros del Despacho como asignación básica y gastos
de representación, en todo tiempo, distribuida así: el cuarenta y cinco por ciento (45%)
como sueldo básico y el cincuenta y cinco por ciento (55%) como prima de alto mando.
Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y
Soldados, y se dictan otras disposiciones en materia salarial».
8
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Esta última no tendrá carácter salarial para ningún efecto legal.
35. Posteriormente, el presidente expidió anualmente desde 1997 los decretos
salariales, y tomó como base el porcentaje de la asignación básica del grado de
general. De modo que, tal como se concluyó en la sentencia del 23 de octubre de 2024
«la asignación básica del personal de la Fuerza Pública está sujeta a los decretos que
anualmente expide el Gobierno nacional, en los que se fijan las pautas para determinar
el monto que devengarán sus miembros anualmente, así se impidió recurrir a una
fuente distinta para realizar el correspondiente incremento salarial, puesto que, a partir
del Decreto 107 de 1996, quedaron debidamente nivelados los salarios de dicho
personal»14.
36. Ahora bien, «las asignaciones básicas están sujetas a los decretos que expide
anualmente el Gobierno nacional, los cuales constituyen única fuente para realizar el
incremento salarial, pues el artículo 10 [de la Ley 4 de 1992] estableció expresamente
que todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno
nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos»15.
37. Por otra parte, en lo que se refiere al reajuste de las pensiones, el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993 dispone que las pensiones de vejez, jubilación, invalidez o de
sobrevivientes, se reajustarán anualmente de oficio, el 1°. de enero de cada año,
según el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año anterior.
Esta norma se lee en consonancia con el parágrafo 4 del artículo 279 idem, adicionado
por el artículo 1°. de la Ley 238 de 1995, según el cual «las excepciones consagradas
en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados
en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí
contemplados», es decir, para los exceptuados del SGSSP, como el caso de los
miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
38. Así pues, a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995 los pensionados de los
sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993 tuvieron derecho al reajuste
de sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de precios al
consumidor, certificado por el DANE. Sin embargo, la Ley 923 de 2004 volvió a regular
el principio de oscilación, así:
Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 85001-23-33-000-2017-00260-02
(5695-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2019-00849-01
(7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
9
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
[…]
3.13. El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del personal de la
Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.
39. Por otra parte, el artículo 42 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004 establece
que «las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se
incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad
para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores
al salario mínimo legal mensual vigente». En cuanto al derecho al reajuste de la
asignación de retiro con el principio de oscilación, la jurisprudencia de esta corporación
ha manifestado que16:
1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de 1995 fecha
de su publicación), las excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
presentaron una modificación consistente en que a los pensionados de los sectores allí
señalados, entre ellos los de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, 17 en virtud del
principio de favorabilidad18 y conforme a los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993 se
les podía reajustar la asignación de retiro conforme al índice de precios al consumidor
del año inmediatamente anterior certificado por el DANE y la mesada 14,
respectivamente, siempre que el incremento realizado por el Gobierno nacional en los
Decretos anuales de las asignaciones en actividad de los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional sea inferior.
2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones
de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional conforme al índice
de precios al consumidor señalada en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 en cada caso
concreto aplica desde el año de 1996 hasta el 2004, toda vez que a partir del 1.º de
enero de 2005 se implementó nuevamente la aplicación del principio de oscilación a través
de la expedición del Decreto 4433 de 2004.
3.- El reajuste conforme al IPC, incide directamente en la base de la respectiva prestación
pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que a partir del año 2005
se efectuaran sobre dicha prestación19.
16 Al respecto, entre otras, se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, consejero ponente: Jaime
Moreno García, expediente 8464-05; sentencia de 9 de octubre de 2017, consejero ponente: William Hernández
Gómez, expediente 1865-16; sentencia de 8 de febrero de 2018, consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández,
expediente 0014-16, sentencia 5 de mayo de 2016, consejero ponente: William Hernández Gómez, número interno:
1640-2012; sentencia 27 de enero de 2011, consejero ponente: Gustavo Gómez Aranguren, número interno: 1479-
2009; sentencia 4 de marzo de 2010, consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, número interno: 0479-2009.
17 La Corte Constitucional en la sentencia C-432 de 2004 afirmó que la asignación de retiro se asimilaba a las
pensiones de vejez o de jubilación.
18 Frente a la aplicación del Decreto 1211 de 1990.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de octubre de 2017, proceso con radicado
05001-23-33-000-2013-01350-01 (1865-2016), M.P. William Hernández Gómez.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
40. Consecuentemente, la Subsección B ha concluido que «el reajuste conforme con
el IPC procede únicamente respecto de las asignaciones de retiro y pensiones, pero
no de las asignaciones básicas, en razón a que las leyes y decretos reglamentarios no
especificaron modificación alguna o disposición diferente de que el Gobierno nacional,
a través de decretos, es el que establece el incremento de las asignaciones básicas
de los miembros de la Fuerza Pública»20.
3.4. Hechos probados
41. Según el formato de hoja de servicio núm. 540 del 26 de marzo de 2002 de la
Dirección de Personal del Ejército Nacional, el señor Luis Arturo Arango Marín prestó
sus servicios: (i) como cabo primero del 1.° de septiembre de 1983 al 1.° de septiembre
de 1987; (ii) como sargento segundo del 1.° de septiembre de 1987 al 1.° de
septiembre de 1992; (iii) como sargento viceprimero del 1.° de septiembre de 1992 al
1.° de septiembre de 1997; y (iv) como sargento primero del 1.° de septiembre de 1997
al 26 de marzo de 2002. En total, acreditó un tiempo de 19 años, 3 meses y 27 días21.
42. El Ejército Nacional, mediante la Resolución núm. 000262 de 2002 retiró del
servicio, por llamamiento a calificar servicios, al accionante22.
43. Cremil, mediante la Resolución núm. 3312 del 9 de julio de 2002, le reconoció al
actor una asignación de retiro por haber prestado sus servicios durante 19 años, 3
meses y 27 días. La asignación fue liquidada en cuantía equivalente al 66% del sueldo
en actividad para el grado, efectiva desde el 26 de junio de 200223.
44. En escrito del 26 de febrero de 2016, el accionante presentó una petición ante el
director de personal del Ejército Nacional para que se reajustara conforme el índice de
precios al consumidor la base salarial, primas y prestaciones sociales de los años
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, con la correspondiente reliquidación de
la asignación de retiro24.
45. El oficial de la Sección de Nómina del Ejército Nacional, en Oficio núm.
20165660275291:MDN-CGFM-COEJC-CEJEM-JEDEH-DIPER-NOM-1.10 del 7 de
marzo de 2016, negó lo pedido por el accionante, con fundamento en que los decretos
anuales de sueldos no prevén los incrementos de la escala gradual en el porcentaje
del índice de precios al consumidor25.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de agosto de 2024, proceso con radicado
25000-23-42-000-2019-00849-01 (7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
21 C. Principal, folios 36 y 92.
22 C. Principal, folios 21 a 24.
23 C. Principal, folios 25 a 28 y folios 99, reverso a 101.
24 C. Principal, folios 29 a 32 y folios 155 a 157.
25 C. Principal, folios 34 a 35.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
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Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
3.5. Caso concreto
46. El accionante como sargento primero retirado solicita la nulidad del oficio, dictado
por el oficial de la Sección de Nómina del Ejército Nacional, que le negó el incremento
de sus salarios para los años 1996 a 2002 en el porcentaje del índice de precios al
consumidor, y el consecuente reajuste de la asignación de retiro reconocida en el año
2002.
47. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el
accionante no tiene derecho al reajuste de su asignación mensual con el índice de
precios al consumidor de los años 1997 a 2002, dado que en ese período estaba en
servicio activo y el monto de su salario era determinado por los decretos dictados por
el Gobierno nacional. Por sustracción de materia, descartó la procedencia de la
reliquidación de la asignación de retiro.
48. Inconforme con esta decisión, el accionante interpuso recurso de apelación para
lo cual alegó que tiene derecho al reajuste de los salarios devengados desde el 1°. de
enero de 1999 hasta el 26 de marzo de 2002 -salvo en los años 1998 y 2000 en los
que el IPC fue inferior al aumento decretado por el Gobierno nacional-; y, por ende, al
reajuste de la asignación de retiro, en aplicación de los principios de favorabilidad, de
la condición más beneficiosa, y con fundamento en la analogía, que habilita la
aplicación de la sentencia del 15 de noviembre de 201226 para los miembros activos
de las Fuerzas Militares. Igualmente, señaló que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, todos los empleados públicos tienen derecho a mantener el poder
adquisitivo real del salario.
49. Ahora bien, con el objeto de resolver el problema jurídico, en el proceso se
acreditó que el señor Luis Arturo Arango Marín fue integrante del Ejército Nacional, en
el período comprendido de 1999 a 2002 ocupó el grado de sargento primero, en el cual
se retiró27. Además, se demostró que prestó sus servicios por 19 años, 3 meses y 27
días, y Cremil, mediante la Resolución núm. 3312 del 9 de julio de 2002, le reconoció
al actor una asignación de retiro28.
50. Igualmente, está probado que el actor solicitó el incremento de la asignación en
actividad mensual para los años 1996 a 2002; y, por consiguiente, el reajuste de la
asignación de retiro29; sin embargo, la reclamación fue negada por el Ejército
Nacional30.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15
de noviembre de 2012, proceso con radicado 250002325000201000051101 (0907-2011), M.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
27 C. Principal, folios 36 y 92.
28 C. Principal, folios 25 a 28 y folios 99, reverso a 101.
29 C. Principal, folios 29 a 32 y folios 155 a 157.
30 C. Principal, folios 34 a 35.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
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51. En este orden de ideas, se debe señalar que en materia de salarios se acude al
principio de remuneración mínima vital y móvil, previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política; mientras que, tratándose de pensiones, el artículo 48, inciso
sexto, dispone que «la ley definirá los medios para que los recursos destinados a
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante».
52. En lo que concierne al poder adquisitivo de los salarios, en efecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-815 de 199931, se pronunció sobre los
condicionamientos a los que está sujeto el Gobierno nacional para determinar el salario
mínimo legal, en el sentido que «debe ponderar los factores contenidos en ella, pero
que, en todo caso el reajuste salarial que decrete nunca podrá ser inferior al porcentaje
del IPC del año que expira». Por ello, «el Gobierno está obligado a velar por que el
salario mantenga su poder adquisitivo, de tal forma que garantice el mínimo vital y
móvil a los trabajadores y a quienes de ellos dependen. De lo contrario, vulnera el
artículo 53 de la Constitución».
53. Posteriormente, la Corte Constitucional, en la sentencia C-1433 de 200032,
consideró que para fijar el incremento salarial anual de los servidores públicos, el
Gobierno no goza de una facultad discrecional absoluta, porque existen criterios de
rigurosa observancia como i) el reconocimiento del derecho al trabajo en condiciones
dignas; ii) la remuneración mínima vital y móvil; y iii) su necesario ajuste por inflación
con un trato equitativo, sin ningún tipo de discriminación.
54. Luego, en la sentencia C-1064 de 200133, la Corte concluyó que la movilidad
salarial no se limita al salario mínimo legal, y la Constitución protege un derecho al
mínimo vital distinto de este. Además, la política pública salarial debe garantizar el
poder adquisitivo de los trabajadores y empleados del sector público central. Aunque
la Corte no define un método específico para lograrlo, sí tiene la responsabilidad de
garantizar la supremacía constitucional en un Estado Social de Derecho basado en la
dignidad humana, el trabajo y la solidaridad. Así pues, definió los criterios que debe
cumplir la política salarial del sector público central, a saber:
6.2.1. Todos los servidores públicos tienen derecho a mantener el poder adquisitivo real de
su salario.
6.2.2. Los salarios de dichos servidores públicos deberán ser aumentados cada año en
términos nominales.
6.2.3. Los salarios de dichos servidores públicos que sean inferiores al promedio ponderado
de los salarios de los servidores de la administración central, deberán ser aumentados cada
año en un porcentaje que, por lo menos, mantenga anualmente su poder adquisitivo real.
31 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
32 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
33 Magistrados ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
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6.2.4. Los salarios de los trabajadores no cobijados por el criterio anterior, serán
aumentados de tal forma que los reajustes anuales de éstos servidores consulte el principio
de progresividad por escalas salariales con el fin de que el incremento de quienes ganen
menos sea porcentualmente mayor. Para que dicha progresividad sea estricta no deberá
existir entre uno y otro grado o escala una diferencia desproporcionada. Las limitaciones al
derecho a mantener anualmente el poder adquisitivo del salario de estos servidores sólo
son admisibles constitucionalmente si ellas están dirigidas a alcanzar un objetivo de gasto
público social prioritario y son estrictamente necesarias y proporcionales para lograr la
realización efectiva de este objetivo.
55. Al continuar con este desarrollo jurisprudencial, se resalta que la Corte
Constitucional, en la sentencia C-931 de 200434, declaró la exequibilidad condicionada
del artículo 2 de la Ley 848 de 200335, en los siguientes términos:
Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003 condicionado a que
el Gobierno y el Congreso, al momento definir concretamente cuál será la limitación del
derecho a mantener el poder adquisitivo real de los salarios de los servidores públicos que
devengan más de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la vigencia
presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales recogidos en la
consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente Sentencia. Es decir, la Ley de
presupuesto examinada sólo puede tenerse como ajustada a la Constitución si incorpora
las partidas necesarias para mantener, en los términos de esta providencia, actualizados
los salarios de los servidores públicos de ingresos medio o altos.
En consecuencia, ORDENA al Gobierno nacional y al Congreso de la República que con
carácter urgente, si aún no lo ha hecho, dentro del ámbito de sus competencias, tomen las
medidas necesarias para realizar el pago de los reajustes salariales de todos los servidores
públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la Nación, antes de que expire la
vigencia fiscal del año 2004. Para esos propósitos, deberán efectuarse las adiciones o
traslados presupuestales necesarios, antes de que expire dicha vigencia fiscal.
56. En dicha providencia, se precisó que ante la falta de un estatuto del trabajo que
defina el alcance del derecho a una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 de la
Carta Política), la Corte debía reiterar los criterios jurisprudenciales para garantizar la
actualización del salario de los servidores públicos. Esos criterios establecidos en la
sentencia C-1017 de 200336, debían ser considerados por el Gobierno y el Congreso
en el marco de la ley anual de presupuesto, con el objetivo de preservar el poder
adquisitivo de los trabajadores y evitar políticas estatales que reduzcan su salario real.
57. En este sentido, se determinó que los servidores públicos tienen derecho a
ajustes salariales anuales en proporción a la inflación del año anterior. Sin embargo,
34 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
35 «Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004».
36 Magistrados ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa y Rodrigo Escobar Gil.
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este derecho no es absoluto y puede ser limitado solo en casos de crisis económica
grave, cuando sea necesario para garantizar la estabilidad macroeconómica y proteger
el gasto público social.
58. De tal suerte que los servidores públicos que devengan hasta dos salarios
mínimos deben recibir el ajuste completo de su salario con base en la inflación. Para
aquellos que ganan más de esta cantidad, pueden imponerse restricciones, pero
respetando la progresividad y proporcionalidad, de modo que las mayores limitaciones
afecten a los salarios más altos.
59. Por consiguiente, la Corte Constitucional estableció como criterio de decisión
que los servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a dos SMLMV
tenían derecho a mantener el poder adquisitivo de conformidad con el nivel de inflación
registrada en el año 2003. Sin embargo, el derecho a una remuneración mínima vital
y móvil sí se puede limitar para los servidores que tienen un salario superior a dos
SMLMV, sin que se entienda que es posible congelarlos. En consecuencia, esta
Subsección ha considerado que el Gobierno nacional, en el caso de los servidores con
mayores salarios, puede mantener el poder adquisitivo de la remuneración con
incrementos diferentes al IPC, y que por ese hecho no se vulneran los derechos del
actor.
60. Es de anotar que en el caso puntual el actor percibió la asignación básica
incrementada por el ejecutivo para los años 1996 a 2002, sin que se observe que sus
salarios se congelaron. En concreto, se advierte que el accionante percibió más de 2
SMLMV, lo que hacía procedente un reajuste inferior37:
Tabla 2
Año Salario 2 SMLMV
1999 $628.034 $472.920
2000 $686.002 $520.200
2001 $726.133 $572.000
2002 $762.366 $618.000
61. En conclusión, a partir del análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
el Gobierno nacional no tiene una facultad discrecional absoluta para determinar los
incrementos salariales anuales de los empleados públicos, pero tampoco existe un
derecho absoluto al ajuste salarial en el mismo porcentaje del IPC para cada año,
pues, ello depende de la situación fiscal y de los ingresos del servidor, de modo que a
mayores ingresos sí es posible incrementar los salarios en un porcentaje inferior al
IPC, sin que, en todo caso, puedan ser congelados.
37 Información extraída del oficio expedido por la Sección de Nómina del Ejército Nacional el 7 de marzo de 2016.
C. Principal, folio 34, reverso.
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62. Esta Subsección también ha considerado que la sentencia C-931 de 2004 no
puede ser aplicada de forma retroactiva, puesto que «para los períodos de 1992 a
2003 el Gobierno nacional incrementó los salarios del personal uniformado de las
Fuerzas Militares, a través de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133
de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de
2001, 745 de 2002 y 3552 de 2003, en ejercicio de las facultades conferidas por el
Congreso de la República, mediante la Ley 4ª de 1992»38.
63. Ahora bien, en el asunto bajo estudio, el demandante reitera, en el recurso de
apelación, que su salario para los años 1999, 2001 y 2002 debió haberse aumentado
en el mismo porcentaje de la inflación; no obstante, se comparte lo considerado por el
Tribunal, sobre que el ajuste salarial fue determinado por las cifras porcentuales
establecidas en los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional. De suerte
que se trató de un asunto definido, regulado en unos decretos que gozan de
presunción de legalidad, y que no fueron objeto de discusión en este proceso. A lo cual
debe agregarse que el derecho al ajuste anual del salario no es absoluto, máxime
cuando no se acredita afectación alguna a derechos fundamentales.
64. En este orden de ideas, en cuanto a la escala gradual porcentual se resalta que
la Ley 4 de 1992, en los artículos 439 y 1340, faculta al Gobierno nacional para modificar
la escala salarial anualmente y nivelar la remuneración del personal activo y retirado
de la Fuerza Pública, pero de modo alguno estos artículos indican que los incrementos
salariales deban ser equivalentes al IPC. Se resalta que para los años 1999 a 2002 se
fijó la remuneración de los integrantes de la Fuerza Pública en los decretos 62 de 1999,
2724 de 2000, 2737 de 2001 y 745 de 2002.
65. Es de anotar que según relató el actor, desde el año 1999 percibió la asignación
básica incrementada, aunque no en el porcentaje que a su juicio le correspondía, de
lo cual se extrae que no existió un congelamiento de sus salarios, y ello hace
improcedente ordenar un incremento equivalente al IPC, en tanto, el artículo 10 de la
Ley 4 de 1992 prevé que «todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que
dicte el Gobierno nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos». Por ende, no se advierte que exista un fundamento
normativo que respalde la tesis del actor consistente en que su salario en actividad
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2019-01408-01 (6060-2024), M.P. Jorge Portocarrero Banguera.
39 ARTÍCULO 4. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2 el Gobierno nacional, dentro de
los primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los
empleados enumerados en el artículo 1 literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones.
Igualmente, el Gobierno nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de
los mismos empleados.
Los aumentos que decrete el Gobierno nacional conforme a este artículo, producirán efectos fiscales a partir del
primero de enero del año respectivo.
40 ARTÍCULO 13.- En desarrollo de la presente Ley el Gobierno nacional establecerá una escala gradual porcentual
para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios
establecidos en el artículo 2.
16
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
debe incrementarse en el mismo porcentaje del IPC, para que a partir de ese aumento
se reajuste la asignación de retiro.
66. Adicionalmente, se tiene que, en criterio del apelante, procede interpretar de
forma analógica la sentencia del 15 de noviembre de 201241, la cual se pronunció sobre
el reajuste de las asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares, con
fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor. Lo anterior,
dado que, a su parecer, lo allí dispuesto resulta extensible a los miembros activos, por
igualdad.
67. Contrario a lo alegado por el apelante, cabe destacar que en lo concerniente al
aumento de los salarios de los integrantes de la Fuerza Pública, no se está frente a un
vacío normativo que deba ser suplido con la interpretación analógica o extensiva de la
providencia de la Sección Segunda, Subsección B, del 15 de noviembre de 2012 42,
sino que lo pretendido por el accionante es darle a esta providencia un alcance que no
corresponde a los supuestos de hecho analizados en dicha oportunidad por esta
Subsección, que trataron el derecho al reajuste de la asignación de retiro de los
jubilados desde el año 1999. Por ende, comoquiera que el actor se encontraba en
servicio activo desde 1992 a 2002, sus reparos no tienen mérito de prosperar.
68. En todo caso, como bien lo expuso el Tribunal y lo comparte esta Sala, la
improcedencia del reajuste salarial hace inocuo un pronunciamiento extensivo sobre
la reliquidación de la asignación de retiro en el caso particular, toda vez que se trata
de una pretensión consecuencial.
69. En este orden de ideas se establece que el accionante no tiene derecho a los
incrementos en la asignación en actividad y asignación de retiro pedidos en la
demanda, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de esta corporación de las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las sentencias
del 18 de julio43, 22 de agosto44, 4 de septiembre45, 23 de octubre de 202446, en el
sentido que los incrementos salariales anuales son fijados de manera privativa por el
Gobierno nacional cada año, para desarrollar la competencia prevista en la Ley 4 de
1992, la cual en el artículo 10 prohíbe modificar la escala gradual porcentual.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, proceso con
radicado 25000-23-25-000-2010-00511-01 (0907-2011), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
42 Idem.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, Subsección B, proceso con
radicado 88001-23-33-000-2019-00040-01(4292-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2019-00849-01
(7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-00692-01
(6519-2023), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 85001-23-33-000-2017-00260-02
(5695–2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
70. En virtud de lo anterior, se desestiman los reproches del recurso de apelación y
la Subsección confirmará el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
4. Conclusión
71. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no procede el reajuste de la
asignación en actividad y de la asignación de retiro del señor Luis Arturo Arango Marín
con base en el índice de precios al consumidor (IPC), toda vez que los incrementos
salariales del personal del Ejército Nacional han sido determinados de manera
privativa por el Gobierno nacional conforme a la Ley 4ª de 1992.
5. Costas
72. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 47 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de
la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
47 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer
la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de
condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025)
Demandante: Luis Arturo Arango Marín
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
19
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