Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00260-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00260-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2017-00260-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001 23 33 000 2017 00260 02 (5695–2022)
Demandante: Dagoberto Martínez Sotelo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional
Temas: Reajuste de la asignación básica y demás prestaciones sociales
de acuerdo al IPC. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Confirmar sentencia
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 2 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Casanare, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
El señor Dagoberto Martínez Sotelo por intermedio de apoderado judicial, demandó
la nulidad del Oficio 20155661155751 MDN-CGFM-COEJC-CEJEM-JEDEH-
DIPER-NOM-1.10 del 25 de noviembre de 2015, proferido por el Oficial Sección
Nómina del Ejército Nacional, por medio del cual se niega la solicitud de reajuste de
la asignación básica.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar la reliquidación y reajuste
de la asignación básica teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor por
los años 1999, 2000, 21001, 2002, 2003 y 2004. Adicionalmente, una vez realizadas
los respectivos reajustes, se le notifique a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
– CREMIL, para que reajuste la asignación de retiro.
1 Documentos del proceso disponibles en el expediente digital visible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=85001233300020170
0260021100103
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 85001 23 33 000 2017 00260 02 (5695-2022)
Demandante: Dagoberto Martínez Sotelo
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
Se afirma que el señor Dagoberto Martínez Sotelo prestó servicios en el Ejército
Nacional por 24 años, 5 meses y 15 días, retirándose de la institución castrense por
medio de la Resolución 1194 de 30 de noviembre de 2004. A través de Resolución
299 de 9 de febrero de 2005, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL
le reconoció una asignación de retiro en un porcentaje del 85% a partir del 5 de
marzo de 2005.
Con petición elevada ante el Ejército Nacional, solicitó la reliquidación y pago de las
diferencias prestacionales y salariales por ajustes de actualización plena conforme
a la inflación causada entre 1999 y 2004, la cual fue negada por la entidad
demandada por medio del oficio hoy demandado.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Indicó que el acto demandado transgrede los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 42, 53, 90,
150, 334, 366 y 373 de la Constitución Política, así como la Ley 4 de 1992. Al
respecto, describió en tres cargos que se vulneraron sus derechos laborales así:
En primer lugar, señaló que no se le reconocieron y pagaron sus salarios en debida
forma, pues el reajuste salarial para los años 1999 a 2004 fue inferior a lo
determinado a través del índice de precios al consumidor expedido por el DANE.
En segunda medida precisó que no se aplicó la Ley 4 de 1992, que en sus artículos
2, 4, 11 y 13 busca evitar el poder adquisitivo de los salarios y asignaciones de
retiro, explicando que el acto demandado puso al demandante en situación de
desigualdad e inferioridad respecto a otros empleados públicos por
desmejoramiento del salario y prestaciones sociales.
Finalmente, puso de presente que la Corte Constitucional a través de diferentes
pronunciamientos ha contemplado el reajuste de la asignación básica en atención
a la desigualdad entre el IPC y el reajuste que anualmente el Gobierno nacional
realiza a los miembros activos de las Fuerzas Militares y de Policía.
1.4. Contestación de la demanda
Con auto de 1° de febrero de 2018, se rechazó parcialmente la demanda respecto
de la pretensión del pago de la reliquidación de las diferencias en la asignación de
retiro del actor por parte de CREMIL y los hechos que la fundamentan, ello en tanto
dicha entidad no fue demandada.
Con la anterior precisión, se advierte entonces que la Nación – Ministerio de
Defensa- Ejército Nacional allegó escrito con el que se opuso a la prosperidad de
las pretensiones. Al respecto, señaló que los actos administrativos gozan de
presunción de legalidad, pues se expidió en total apego a las normas y
jurisprudencia vigente para el caso particular en discusión.
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Demandante: Dagoberto Martínez Sotelo
Propuso como excepciones la caducidad, la inexistencia de la obligación, la
legalidad de los actos demandados, la prescripción de mesadas salariales y
prestacionales, y carga de la prueba. Cabe destacar que, en audiencia inicial se
declaró no probada la primera excepción en comento.
1.5. Sentencia de primera instancia
Con fallo de 2 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Casanare negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
Con el objeto de resolver el problema jurídico planteado, expuso que al demandante
le fue reconocida una asignación de retiro por medio de la Resolución 0299 de 9 de
febrero de 2005, de conformidad con la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004,
normas por medio de las cuales se corrigió la violación de los principios de
oscilación, favorabilidad e igualdad, por tanto, al señor Martínez Sotelo le fue
reajustada la asignación básica en atención a la escala gradual porcentual aplicable
al personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes
miembros de la Fuerza Pública, resultando improcedente acceder al reajuste
pretendido.
1.6. Recurso de apelación
El señor Dagoberto Martínez Sotelo, por intermedio de apoderado, interpuso
recurso de apelación, en el cual reiteró los argumentos del escrito de demanda,
resaltando que, a manera de síntesis, entre los años 1999 a 2004 fue miembro
activo del Ejército Nacional, tiempo en el cual su asignación básica no se reajustó
en atención al IPC de los años inmediatamente anterior a la acusación, sufriendo
una desmejora en su el poder adquisitivo de su salario y de su asignación de retiro
por cuanto el primero es la base de liquidación de esta última.
1.7. Trámite en segunda instancia
Con proveído de 13 de enero de 2023 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Casanare.
Se deja constancia que no hubo intervención alguna en esta instancia.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
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Demandante: Dagoberto Martínez Sotelo
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, según el artículo 328
del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante, razón por la que la
competencia de la Sala se limita a los del apelante único, en este caso el actor.
2.2. Problema jurídico
¿El señor Dagoberto Martínez Sotelo, en su calidad de Sargento Mayor ® del
Ejército Nacional, tiene derecho al reajuste de la asignación salarial y
consecuentemente de la asignación de retiro, teniendo en cuenta la variación del
Índice de Precios al Consumidor?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
2.3.1. Régimen salarial y prestacional del personal de la Fuerza Pública
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la
Constitución3 la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, incluidos entre ellos los integrantes de la Fuerza Pública, no es asunto
privativo de la órbita de competencia del Congreso de la República, sino que esa
atribución hoy es compartida con el presidente de la República, al disponer que
corresponde al Congreso en ejercicio de la función legislativa «dictar las normas
generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios» a los cuales se sujetará el Gobierno
para «fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública».
En este sentido le corresponde al legislador establecer normas generales y señalar
objetivos y criterios en las materias a que se refiere el numeral 19 del artículo 150
de la Carta, con lo cual, precisa el marco dentro del cual deberá actuar el Gobierno
nacional para los efectos señalados entre los que se encuentra «la fijación del
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos».
En desarrollo de lo anterior el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de
2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
3 e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública
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19924que en su artículo 1º determinó los servidores públicos que serían objeto de
regulación salarial y prestacional por parte del Gobierno, dentro de los cuales se
encuentran los miembros de la Fuerza Pública. Así mismo, en su artículo 13
estableció con respecto a la escala gradual porcentual, lo siguiente:
«Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá
una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo
y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos
en el artículo 2º.
Parágrafo. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en
las vigencias fiscales de 1993 a 1996. […]».
Del contenido de la norma referida se colige que uno de los propósitos del legislador
de 1992 al expedir la Ley 4ª de ese mismo año y ordenar el establecimiento de una
escala gradual porcentual era el de nivelar la remuneración de los miembros activos
y retirados de la Fuerza Pública, razón por la que se creó de manera temporal la
prima de actualización, la que subsistiría mientras se cumpliera tal objetivo, lo que
se materializó en vigencia de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y
133 de 1995.
En efecto, el artículo 15 del Decreto 335 de 1992, expedido por el Presidente de la
República, en ejercicio de las facultades del artículo 215 de la Constitución Política
y en desarrollo del Decreto 333 de 1992, que declaró el estado de emergencia
social, creó para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional en servicio activo, una prima de actualización, en los porcentajes que allí
se indican para cada grado, liquidada sobre la asignación básica, la cual estaría
vigente hasta el establecimiento de una escala salarial porcentual única para las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, cuyo objetivo fue el de nivelar la
remuneración de estos servidores en forma gradual hasta llegar a una escala
salarial única.
En este orden de ideas, la prima de actualización introdujo una modificación gradual
a las asignaciones de actividad que es computable para el reconocimiento de la
asignación de retiro y pensión, no solo para quienes la devenguen en servicio activo
como lo establece expresamente el parágrafo del artículo 15 ya citado, sino también
para el personal retirado, ya que por el sistema de oscilación de las asignaciones
de retiro y pensiones consagrado en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, las
variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad se
deben reflejar en las asignaciones y pensiones ya reconocidas. Adicionalmente, el
Decreto 107 de 19965 en sus artículos 1º y 2º prescribió lo siguiente:
4 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política»
5 «Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, personal del nivel ejecutivo de la
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«Artículo 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4ª de
1992, fijase la siguiente escala gradual porcentual para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública.
Los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo
corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la
asignación básica del grado de General.
Oficiales
General 100%
Mayor General 90%
Brigadier General 80%
Coronel 60%
Teniente Coronel 44.30%
Mayor 38.60%
Capitán 30.50%
Teniente 26.70%
Subteniente 23.70%
Suboficiales
Sargento Mayor 26.40%
Sargento Primero 22.60%
Sargento Viceprimero 19.50%
Sargento Segundo 17.40%
Cabo Primero 16.40%
Cabo Segundo 17.90%
Nivel Ejecutivo
Comisario 45.50%
Subcomisario 38.30%
Intendente 33.90%
Subintendente 26.40%
Patrullero 20.30%
[…]
Artículo 2°. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en
los grados de General y Almirante, percibirán por todo concepto una asignación
mensual igual a la que devenguen los Ministros del Despacho como asignación
básica y gastos de representación, en todo tiempo, distribuida así: el cuarenta
y cinco por ciento (45%) como sueldo básico y el cincuenta y cinco por ciento
(55%) como prima de alto mando. Esta última no tendrá carácter salarial para
ningún efecto legal.
Parágrafo. Los Oficiales Generales y Almirantes a que se refiere este artículo,
tendrán derecho a la Prima de Dirección y demás primas que devenguen los
Ministros del Despacho. La Prima de Dirección no será factor salarial para
ningún efecto legal, se pagará mensualmente y es compatible con la Prima de
Alto Mando a que tienen derecho los Oficiales en estos grados.
En ningún caso, los Oficiales Generales y Almirantes podrán percibir una
remuneración superior a la prevista para los Ministros del Despacho.»
Así entonces, a partir de la expedición del anterior decreto, el Gobierno nacional
cada año profiere los decretos de reajuste salarial con sujeción a la escala salarial
(122 de 1997; 058 de 1998; 62 de 1999; 2724 de 2000; 2737 de 2001; 745 de 2002;
Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional»
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3552 de 2003; 4158 de 2004; 923 de 2005; 407 de 2006; 1515 de 2007; 673 de
2008; 737 de 2009; 1530 de 2010; 1050 de 2011; 0842 del 2012; 1017 de 2013; 187
de 2014 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018, 1002
de 2019 y 318 de 2020), es decir, que ha tomado como base el porcentaje de la
asignación básica del grado de General.
Conforme con lo señalado se colige que la asignación básica del personal de la
Fuerza Pública está sujeta a los decretos que anualmente expide el Gobierno
nacional, en los que se fijan las pautas para determinar el monto que devengarán
sus miembros anualmente, impidiendo recurrir a una fuente distinta para realizar el
correspondiente incremento salarial, puesto que, a partir del Decreto 107 de 1996,
quedaron debidamente nivelados los salarios de dicho personal.
2.3.2. La asignación de retiro de las Fuerzas Armadas y su reajuste
En lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica de la asignación de retiro, la Sala
de Subsección precisa que tanto esta Corporación como la Corte Constitucional, en
su jurisprudencia, han reconocido a las asignaciones de retiro el carácter de una
pensión como la de vejez o de jubilación.
Así, en sentencia C-432 de 2004, la Corte Constitucional analizó la
constitucionalidad de algunas normas consagradas en el Decreto 2070 de 2003, el
cual introdujo reformas al régimen pensional de la Fuerza Pública, concretamente
en cuanto al porcentaje que se aplicaría a la asignación de retiro. En dicha
oportunidad, la Corte precisó que la asignación de retiro es una modalidad de
prestación social que se asimila a la pensión de vejez y que goza de un cierto grado
de especialidad (en requisitos), atendiendo la naturaleza especial del servicio y las
funciones que cumplen los servidores públicos a quienes se les reconoce. Se trata,
como bien lo afirman los intervinientes, de establecer con la denominación de
“asignación de retiro”, una pensión de vejez o de jubilación para los miembros de la
fuerza pública, en la medida que el resto del ordenamiento especial de dichos
servidores públicos, se limita a regular las pensiones de invalidez y sobrevivientes.
Esta prestación periódica para el personal militar y policial comprende algunas
diferencias muy relevantes debido a la situación especial de dichos servidores
públicos, como es la dedicación exclusiva al servicio, las jornadas especiales de
trabajo, los lugares donde se debe trabajar, la continua reubicación de lugares de
servicio y, en fin, el peligro para su vida y familia dadas las circunstancias de nuestro
medio, por ello el legislador consagró un régimen salarial y prestacional especial.
A su vez, el Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que la asignación de
retiro es el término del legislador utilizado para referirse a la pensión de vejez de los
miembros de la Fuerza Pública, prestación esta que se encuentra consagrada en
un régimen especial, cuyos destinatarios son el personal que ella determina de
manera clara.
Este régimen se encuentra contenido en el Decreto 1211 de 1990, «Por el cual se
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reforma el estatuto del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares»
que en sus artículos 163 y 169, señaló no solo el concepto de asignación de retiro
y sus variaciones sino que también tuvo en cuenta el aumento salarial decretado
para el personal de las fuerzas militares en actividad, vale decir, mediante la
aplicación del principio de oscilación así:
«Artículo 163. Asignación de Retiro. Durante la vigencia del presente
estatuto, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que sean retirados
del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar
servicios o por voluntad del Gobierno o de los de Comandos de Fuerza, según
el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por
disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por
inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada, o
por conducta deficiente, y los que se retiren a solicitud propia después de veinte
(20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los
tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se
les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 158 de este Estatuto,
por los quince (15) primeros años servicio y un cuatro por ciento (4%) más por
cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta
y cinco por ciento (85%) del mismo monto.
Artículo 169. Oscilación de asignación de retiro y pensión. Las
asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente Decreto se
liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan
en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 158 de este Decreto. En ningún caso aquellas serán
inferiores al salario mínimo legal.
Los Oficiales y Suboficiales o sus beneficiarios, no podrán acogerse a normas
que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la administración
pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley.
Parágrafo. Para la oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones de
Oficiales Generales y de Insignia, Coroneles y Capitanes de Navío, se tendrá
en cuenta como sueldo básico, el porcentaje que como tal determinen las
disposiciones legales vigentes que regulen esta materia, más las partidas
señaladas en el artículo 158 de este Decreto.»
Acorde con tales disposiciones, cada vez que existiera una variación en los salarios
del personal en servicio activo, esta se extendería para el personal en uso de buen
retiro.
De igual manera lo consagró el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990, por el cual
se reforma el estatuto del personal y suboficiales de la Policía Nacional, de tal forma
que a la luz de estas disposiciones, quedó establecido el sistema de reajuste y la
prohibición expresa de utilizar otro régimen, «salvo autorización expresa» lo cual
significa que solo es factible la aplicación de normas generales de la administración
a los casos sometidos a un régimen especial militar cuando la ley expresamente lo
autorice.
Ahora bien, la Ley 100 de 1993, «Por la cual se creó el sistema de seguridad social
integral», en el artículo 14, previó el reajuste de las pensiones teniendo en cuenta
la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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«Artículo. 14. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de
vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera
de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder
adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero
de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor,
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las
pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual
vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que
se incremente dicho salario por el gobierno».
Sin embargo, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, determinó que a los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no se les aplicaría el sistema
integral de seguridad social, así:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214
de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas.»
Si bien es cierto, en principio, dicha norma excluyó entre otros servidores, a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de su aplicación, no es
menos cierto que posteriormente tal disposición fue adicionada en el parágrafo 4.º
por disposición expresa del artículo 1.º de la Ley 238 de 1995, así:
«Artículo 1º: Adiciónese el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente
parágrafo:
Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican
negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142
de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados»
Con fundamento en lo anterior, a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, los
pensionados del régimen de excepción de la Ley 100 de 1993 tuvieron derecho a
que sus mesadas se reajustaran teniendo en cuenta la variación porcentual del IPC
certificado por el DANE, como lo dispuso el artículo 14 de esta última citada, y a la
mesada 14, conforme el artículo 142 ibidem.
No obstante, el sistema de liquidación de las asignaciones de retiro y
pensiones de los miembros de la Fuerza Pública con base en el IPC tan solo
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, toda vez que el propio legislador
volvió a establecer el incremento pensional con base en el principio de oscilación,
mediante el artículo 3 de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, así:
«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que
sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos: […]
3.13. El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del
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personal de la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se
aumenten las asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo.»
En el mismo sentido, el artículo 42 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004,
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de
los miembros de la Fuerza Pública” determinó lo siguiente:
«Artículo 42. Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las
asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se
incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en
actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o
pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente.
El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a
normas que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a
menos que así lo disponga expresamente la ley.»
Y, en los artículos 13 y 14 ibídem se estableció lo siguiente:
«Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas
Militares. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se
liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6o del
presente Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha
de retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos
haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.
[…]
PARÁGRAFO: - En adición a las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y
compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro,
pensiones y sustituciones pensionales.
Artículo 14. Asignación de retiro para el personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares en actividad. Los Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia del presente Decreto, que sean retirados con dieciocho (18) o más
años de servicio, por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional,
según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o
por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, y los
que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta
después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en
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que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, así:
14.1 Sesenta y dos por ciento (62%) del monto de las partidas computables a
que se refiere el artículo 13 del presente Decreto, por los dieciocho (18)
primeros años de servicio.
14.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro
por ciento (4%) por cada año que exceda de los dieciocho (18) hasta los
veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%).
14.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral
anterior se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los
primeros veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa y cinco
por ciento (95%) de las partidas computables.
Parágrafo 1o. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, que a la
fecha de entrada en vigencia del presente decreto, tuvieren quince (15) o más
años de servicio que sean retirados del servicio activo por llamamiento a calificar
servicios o por retiro discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad
psicofísica, o por incapacidad profesional, tendrán derecho a partir de la fecha
en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, así: El
cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas computables a que se
refiere el artículo 13 del presente Decreto, por los quince (15) primeros años de
servicio, y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince
(15) hasta los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por
ciento (85%). A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el inciso
anterior se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los
primeros veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa y cinco
por ciento (95%) de las partidas computables.
Parágrafo 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre
de 1968, con treinta (30) años o más de servicio, continuarán percibiendo la
asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las
partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación.»
Por su parte, el Decreto 407 de 2006, “por el cual se fijan los sueldos básicos para
el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”, en desarrollo de lo
establecido en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, determinó el sueldo básico
mensual para el personal, en porcentaje que se indica para cada grado, y con
respecto a la asignación básica del grado de general que fijó al rango de mayor el
45.5288%.
Acorde con lo expuesto, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995,
se hicieron extensivos para los pensionados pertenecientes a los regímenes
excluidos por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, como es el caso del personal
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los beneficios contemplados por los
artículos 14 y 142 ibídem, es decir, el reajuste de las mesadas pensionales de
conformidad con la variación porcentual del índice de precios al consumidor
certificado por el DANE.
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El reajuste con la variación del IPC para los miembros de la Fuerza Pública tuvo
como límite la entrada en vigor del Decreto 4433 de 2004, que restableció
nuevamente el principio de oscilación, posición que ha sido reiterada de manera
consistente y uniforme por esta Sección, a partir de la sentencia de 17 de mayo de
20076 al precisar lo siguiente:
«7. Límite del derecho. El reajuste pensional aquí reconocido, debe liquidarse
hasta el reajuste dispuesto por el artículo 42 del decreto 4433 de 2004, debido
a que esta norma volvió a establecer el mismo sistema que existió bajo la
vigencia del decreto 1212 de 1990, o sea decir, teniendo en cuenta la oscilación
de las asignaciones del personal en actividad.»
Y en la sentencia del 21 de agosto de 20087, que sostuvo:
«En tales circunstancias, el ajuste de pensiones y asignaciones de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública debe hacerse conforme al I.P.C. de que trata el
Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, por remisión expresa
que hiciera el propio Legislador en la Ley 238 de 1995.
A lo anterior se agrega, que además de la aplicación del ajuste del I.P.C. por
remisión expresa del Legislador, la Sala también llegó a tal conclusión en razón
del principio constitucional de favorabilidad que, por lo general, gobierna a los
regímenes especiales, como es el caso de los miembros de la Fuerza Pública.
[…]
En ese orden, el ajuste de las asignaciones de retiro a partir del año de 1995
deberá hacerse con fundamento en el I.P.C. que certifique el DANE; fórmula
aplicable hasta el año de 2004, en razón de que el propio Legislador volvió a
consagrar el sistema de oscilación como la forma de incrementar las
asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, a través del
artículo 3 [3.13] de la Ley 923 de 2004, el cual fue reglamentado por el artículo
42 del Decreto 4433 del mismo año […]». (negrilla y subraya fuera de texto)
De acuerdo con tales planteamientos, el reajuste ordenado sobre la base de la
asignación de retiro, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios
al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y
2004, contaba con un límite temporal, esto es, el 31 de diciembre de 2004, fecha de
entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, mediante el cual se volvía a adoptar
como método de reajuste de la citada prestación, el principio de oscilación.
Dicha tesis jurisprudencial fue reiterada y concretada en la sentencia de 15 de
noviembre de 20128:
«Que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 31 de diciembre de
2004, el reajuste ya no se haría más de conformidad con el índice de precios al
consumidor, IPC, sino con aplicación del principio de oscilación, previsto en el
artículo 42 del citado Decreto, pero que en todo caso, la base de la asignación
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, Expediente 8464-2005.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 21 de agosto de 2008, expediente 0663-2008.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 15 de noviembre de 2012, expediente 0907-
2011.
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de retiro a 31 de diciembre de 2004 debe contemplar el reajuste que en el
pasado se ordenó con fundamento en fundamento la variación porcentual del
índice de precios al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003 y 2004.
En otras palabras, los incrementos que se efectúen sobre la asignación de retiro
de un oficial o suboficial de la Fuerza Pública en retiro a partir de la entrada en
vigencia el Decreto 4433 de 2004, esto es el 31 de diciembre de 2004, no
pueden desconocer que dicha asignación de retiro, en su base, experimentó un
incremento en virtud del reajuste que en sede judicial se ordenó, con
fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC,
sobre el cual en todo caso deberá incrementarse a futuro, en virtud del principio
de oscilación».
Con fundamento en las anteriores consideraciones, se concluyó que el reajuste
efectuado sobre las asignaciones de retiro de los oficiales y suboficiales de la
Fuerza Pública obedece a uno solo, el cual se ha realizado en el tiempo con
fundamento en dos criterios distintos, a saber, el primero con observancia del índice
de precios al consumidor, IPC, esto, hasta el 31 de diciembre de 2004, fecha en la
que se retoma el principio de oscilación, siendo este el segundo criterio, el cual, en
todo caso, incrementará anualmente y a futuro las mesadas de las asignaciones del
personal en retiro, partiendo siempre de la última mesada pensional del año 2004.
Ahora bien, es preciso reiterar que no es posible aplicar lo dispuesto en las Leyes
100 de 1993 y 238 de 1995, normas que regulan el Sistema General de Pensiones
a las asignaciones percibidas en actividad, al tratarse de dos condiciones muy
diferentes jurídica y fácticamente, como son gozar de asignación de retiro y otra,
devengar la asignación básica en servicio activo, cuyo sistema de reajuste se
encuentra regulado por pautas normativas diversas que no se pueden pasar por alto
desconociendo el querer del constituyente.
2.4. Caso concreto
De conformidad con el plenario, el señor Dagoberto Martínez Sotelo estuvo
vinculado al Ejército Nacional por un lapso de 24 años, 5 meses y 15 días y se retiró
por solicitud propia el 4 de marzo de 2005, en el momento en el que ocupó el cargo
de Sargento Mayor.
Por medio de la Resolución 0299 de 9 de febrero de 2005, el director general de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL le reconoció la asignación de
retiro a partir del 5 de marzo de 2005, en cuantía del 85% del sueldo básico para el
grado que ocupaba.
El 20 de noviembre de 2015, el señor Martínez Sotelo radicó solicitud ante el Ejército
Nacional para obtener la reliquidación y reajuste del sueldo básico con base en el
IPC y la consecuente reliquidación de la asignación de retiro.
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Dicha petición fue negada a través del Oficio 20155661155751 de 25 de noviembre
de 2015, proferidos por la Sección Nómina del Ejército Nacional.
Ahora bien, revisados los decretos expedidos por el Gobierno nacional, se observa
que desde el año 1992 en adelante, los miembros de la Fuerza Pública han tenido
un aumento porcentual de sus salarios así:
AÑO AUMENTO % DECRETO AÑO
1992 27,90 335 24/01/92
1993 35,51 25 07/01/93
1994 51,23 52 10/01/94
1995 43,50 133 13/01/95
1996 45,52 107 15/01/96
1997 13,40 122 16/02/97
1998 24,20 58 10/01/98
1999 14,91 62 08/01/99
200 9,23 2754 27/12/00
2001 5,14 2737 17/02/01
2002 4,93 745 17/04/02
2003 5,61 3552 10/12/03
2004 5,07 4158 10/12/04
2005 5,50 923 30/03/05
2006 5,00 407 08/02/06
2007 4,50 1737 18/05/07
2008 5,69 674 04/03/08
2009 7,67 708 06/03/09
2010 2,00 1374 26/04/10
2011 3,17 1031 04/04/11
2012 5,00 853 25/04/12
2013 3,44 1029 21/05/13
2014 2,94 199 07/02/14
2015 4,66 1101 26/05/15
2016 2,77 238 12/01/16
De acuerdo con lo anterior, se observa que desde el año 1992, como Oficial del
Ejército Nacional, el señor Dagoberto Martínez Sotelo tuvo derecho al incremento
porcentual decretado año a año por el Gobierno nacional en aplicación a la Ley 4
de 1992, por lo tanto, la pretensión de reliquidación teniendo en cuenta el Índice de
Precios al Consumidor es improcedente, pues no resulta pertinente acudir a una
fuente distinta para realizar el correspondiente incremento salarial, en la medida en
que existe prohibición expresa consagrada en el artículo 10 de la citada ley e
implicaría la modificación de la escala gradual porcentual, con base en la cual el
Gobierno nacional fija anualmente los sueldos básicos del personal de las fuerzas
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militares en actividad; decretos que valga resaltar, no fueron cuestionados con la
presente demanda.
Ahora bien, en cuanto a la reliquidación de la asignación de retiro, se debe
mencionar que, si bien no fue demandada la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,
vale la pena resaltar que el reajuste del IPC en estas prestaciones solo se aplica
para las reconocidas y devengadas en el periodo comprendido entre 1997 y 2004,
por tanto, no tiene derecho a ella, ya que dicha prestación le fue reconocida con la
Resolución 0299 de 9 de febrero de 2005.
Cabe destacar que en la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte
Constitucional, mediante la cual se desató la demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 2 de la Ley 848 de 2003 “por la cual se decreta el Presupuesto de
Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del
1° de enero al 31 de diciembre de 2004”, dicha Corporación se refirió al “derecho
del servidor público a mantener el poder adquisitivo real del salario”, el cual solo
puede ser limitado, en palabras de la Corte, para promover el fin
constitucionalmente imperioso de preservar la estabilidad macroeconómica
reduciendo el gasto en circunstancias de déficit fiscal y elevado endeudamiento para
no afectar el gasto social, asegurando de esta forma la efectividad de la solidaridad
como principio fundante del Estado Social de Derecho, en el marco de un contexto
económico que justifique la necesidad de la limitación. Sin embargo, para el asunto
que convoca, es menester reiterar que el reajuste salarial pretendido con
fundamento en el IPC, no tiene vocación de prosperidad, dado que como se expuso,
para las anualidades de 1992 a 2004, el Gobierno nacional no se encontraba
jurídicamente obligado a incrementar en ese porcentaje las asignaciones salariales,
a lo que se suma, que los decretos mediante los cuales se fijaron los incrementos
salariales no fueron cuestionados por la parte actora a través del presente medio de
control.
Todo lo anterior, lleva a confirmar en su integridad la sentencia de primera instancia
dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare el 2 de junio de 2022, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2.5. De la condena en costas en segunda instancia
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados no puede observarse dicha situación, contrario a ello,
sustentó las razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se
condenará en costas.
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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 2 de junio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare que negó las pretensiones de la demanda,
conforme la motivación.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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