Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00744-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00744-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00744-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011)
Radicación: 25000-25-42-000-2019-00744-01 (3917-2022)1
Demandante: Yesid Cabrera Rodríguez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y otro
Tema: Reajuste de la asignación en actividad y de la asignación de retiro. Subtema:
índice de precios al consumidor.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18
de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El accionante, quien fue capitán de Fragata de la Armada Nacional, solicitó la nulidad
de los actos administrativos que le negaron el reajuste de la asignación en actividad
con el índice de precios al consumidor y el consecuente incremento de la asignación
de retiro. Como fundamento de la demanda, sostiene que, conforme a la Ley 4 de
1992, los sueldos del personal de la Policía Nacional deben mantener su poder
adquisitivo y no pueden ser desmejorados, por lo que solicitó que la asignación pagada
cuando estaba activo en el servicio se ajuste anualmente con base en el IPC, y que,
por consiguiente, se reliquide la asignación de retiro. El Tribunal negó las pretensiones
de la demanda. Inconforme con esta decisión, el actor presentó recurso de apelación.
1 Expediente electrónico.
Radicación: 25000-25-42-000-2019-00744-01 (3917-2022)
Demandante: Yesid Cabrera Rodríguez
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y otro
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Yesid Cabrera Rodríguez, por conducto de apoderado, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, el 14 de mayo de 2019, de acuerdo con las
pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan2.
2.1.1. Pretensiones
2. El actor solicitó la inaplicación de los decretos 122 de 1997, 62 de 1999, 2737 de
2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004, que fijaron los sueldos básicos para
los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Igualmente, pidió que se declare la
nulidad de los oficios 690 2019-1636 del 14 de enero de 2019, proferido por la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares y 2019423300018301/MDN-COGFM-SECAR-JEDHU-
DIPER-DINOM-1.10 del 23 de enero de 2019, expedido por la Armada Nacional que
le negaron el derecho a la reliquidación del sueldo básico del capitán de Fragata, con
el IPC para los años 1997 a 2004.
3. A título de restablecimiento del derecho, el demandante solicitó que se ordene a la
Armada Nacional reliquidar y pagar el sueldo correspondiente a los años 1997 a 2004,
periodo durante el cual permaneció en servicio activo, por las diferencias derivadas
entre los incrementos dispuestos por el Gobierno nacional y la variación del índice de
precios al consumidor (IPC). Asimismo, pidió que se apliquen los incrementos legales
desde 1997 hasta marzo de 2018 y que, como consecuencia, se efectúe la
reliquidación de las cesantías y las primas. Adicionalmente, solicitó la corrección de la
hoja de servicios, con el fin de que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares incluya el
reajuste del sueldo básico en la liquidación de la asignación de retiro.
4.Igualmente, pidió que las sumas adeudadas sean indexadas, que la sentencia se
cumpla en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA, y que se condene en
costas a la parte demandada.
2.1.2. Hechos
5. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:
6. El señor Yesid Cabrera Rodríguez prestó sus servicios en la Armada Nacional
desde el 1995, durante 21 años y 3 meses, y por disposición de la Resolución 13495
del 15 de mayo de 2018 se aceptó su desvinculación. El último cargo desempeñado
fue capitán de Fragata.
2 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta principal, doc. 2DEMANDA.
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Radicación: 25000-25-42-000-2019-00744-01 (3917-2022)
Demandante: Yesid Cabrera Rodríguez
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y otro
7. El accionante relató que para los años 1997 a 2004, el salario fue incrementado por
debajo de los índices de precios al consumidor, de modo que durante toda su carrera
militar fue afectado por el detrimento en el poder adquisitivo de sus ingresos.
8. En las reclamaciones del 5 de julio de 2018 y del 3 de enero de 2019, el actor le
pidió al Ministerio de Defensa – Armada Nacional y a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (Cremil), respectivamente, el incremento del salario con el índice de precios
al consumidor para los años 1997 a 2004. Sin embargo, los actos demandados
negaron lo pedido.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
9. En la demanda se invocan las siguientes normas: Constitución Política, artículos 1,
2, 4, 5, 6, 13, 53 y 83 y la Ley 4 de 1992, artículos 2 (literal a), 4 y 13.
10. La parte actora explicó en el concepto de violación que la administración para los
años 1997 a 2004 desconoció la Constitución Política y la Ley 4 de 1994 al efectuar
los ajustes anuales del salario básico de los integrantes de las Fuerzas Militares por
debajo del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE.
11. Asimismo, alegó que el Gobierno nacional desconoció el mandato fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-931 de 2004, que declaró exequible de manera
condicionada el artículo 2 de la Ley 848 de 2003. En ese marco, resaltó que la Corte
ordenó que, al tramitar la Ley de Presupuesto General de la Nación para 2005, se
tuviera en cuenta que, al finalizar el cuatrienio del entonces Plan Nacional de
Desarrollo, debía reconocerse la actualización plena del derecho de los servidores
públicos a mantener el poder adquisitivo real de sus salarios.
12. En esa línea argumentativa, recalcó que los servidores públicos tienen el derecho
constitucional a conservar el poder adquisitivo de sus salarios, lo que implica que los
ajustes anuales deben guardar una proporción igual o superior a la inflación del año
inmediatamente anterior.
2.1.4. Contestación de la demanda
2.1.4.1. La Armada Nacional no contestó la demanda.
2.1.4.2. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
13. Cremil, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, al
indicar que las asignaciones de retiro deben reajustarse anualmente conforme a las
variaciones que se introduzcan en las asignaciones del personal en servicio activo,
según el grado, en aplicación del principio de oscilación.
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Radicación: 25000-25-42-000-2019-00744-01 (3917-2022)
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14. Además, precisó que no necesariamente todos los años —desde la expedición de
la Ley 238 de 1995— resultaron menos favorables que el IPC. Por consiguiente, para
Cremil, si el actor pretende la aplicación del IPC, ello no debería hacerse únicamente
en los años que presuntamente benefician al demandante, sino para todas las
anualidades. Así pues, afirmó que la entidad podría promover acciones judiciales para
reclamar reintegros para los años en que pagó incrementos superiores al IPC.
15. En todo caso, planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
con sustento en que al actor se le reconoció la asignación de retiro a partir del 21 de
junio de 2018, por disposición de la Resolución 13495 de 2018; en consecuencia,
antes de esa fecha no ostentaba la calidad de retirado ni era beneficiario de asignación
de retiro, razón por la cual consideró improcedente solicitar reajustes con anterioridad,
incluidos los años 1997 a 20043.
2.1.5. Trámite en primera instancia
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el auto del 15 de abril de 2021, tuvo
por no contestada la demanda por parte de la Armada Nacional y declaró no probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por Cremil.
Concluyó que no procede declarar probada la falta de legitimación en la causa por
pasiva de Cremil, porque la demanda busca el reajuste de una asignación de retiro a
cargo de esa entidad y uno de los actos administrativos demandados fue expedido por
Cremil, lo que confirma su legitimación para actuar como demandada4.
2.2. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, a
través de sentencia del 18 de noviembre de 2021, negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas a la parte actora, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
18. Indicó que la escala gradual porcentual define la asignación salarial mensual de
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de los agentes de la Policía Nacional.
Asimismo, señaló que la Ley 238 de 1995 ordenó reajustar la asignación de retiro o
pensión conforme a la variación del IPC del año anterior; no obstante, con la entrada
en vigencia del Decreto 4433 de 2004, dicho reajuste dejó de basarse en el IPC y se
retomó el principio de oscilación.
19. Por otro lado, precisó que, aunque el IPC puede considerarse para los incrementos
anuales, no es el único criterio, pues también influyen la política macroeconómica y la
racionalidad del gasto público.
3 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc. 7, págs. 1 a 12.
4 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, doc. 20.
4
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20. En este orden de ideas, el Tribunal señaló que es improcedente el reajuste de la
asignación en servicio activo que el actor devengó en los años 1997 a 2004, con base
en el IPC, comoquiera que dicho incremento solo procede para las pensiones y
asignaciones de retiro, en virtud de las leyes 100 de 1993 y 238 de 1995. Por lo tanto,
no cobija los salarios de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, los
cuales se incrementan conforme los decretos expedidos por el Gobierno Nacional.
21. Por consiguiente, al no ser viable el ajuste de la remuneración en servicio activo,
por sustracción de materia, el demandante tampoco tiene derecho al reajuste de la
asignación de retiro desde el 21 de junio de 2018.
22. En último lugar, señaló que si el accionante considera que los decretos que fijaron
los sueldos en actividad de la Fuerza Pública entre 1997 y 2004 vulneran la
Constitución Política o la ley, puede acudir al medio de control de nulidad del artículo
137 del CPACA5.
2.3. Recurso de apelación de la parte demandante
23. El señor Yesid Cabrera Rodríguez, a través de apoderada, solicitó que se revoque
la sentencia de primera instancia, al afirmar que lo pedido consiste en el
reconocimiento de la diferencia entre el salario devengado en los años 1997 a 2004, y
la suma que hubiere correspondido con el ajuste del IPC, toda vez que durante esos
años «se vivió el desfase de salarios frente a la inflación» 6. En consecuencia, el
accionante reclama la reliquidación de la asignación de retiro «teniendo en cuenta los
dineros que dejaron de pagarse en los años que estuvo afectado su salario en
comparación al índice de precios al consumidor (IPC)».
24. Señaló que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 ordena que las pensiones
superiores al salario mínimo se incrementen conforme a la variación porcentual del
IPC, regla que también sería aplicable a las asignaciones de retiro y pensiones de
regímenes especiales, según la Ley 238 de 1995. Con base en ello, solicitó la
reliquidación de los sueldos durante el tiempo en servicio activo, al considerar que los
incrementos anuales fueron inferiores al IPC y al principio de oscilación, lo que afectó
el poder adquisitivo del patrimonio del actor.
25. Explicó que la reliquidación con base en el IPC se reclama desde 1997 porque,
entre 1997 y 2004, el aumento de las asignaciones del personal activo —condición del
actor en ese periodo— habría sido menor que la variación del IPC, lo cual repercutió
en la base salarial utilizada para reconocer y liquidar la asignación de retiro cuando
solicitó su desvinculación en 2018.
5 Índice 2, Samai, expediente digital, cuaderno principal, doc. 30.
6 Índice 2, Samai, expediente digital, cuaderno principal, documentos 34 y 35.
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26. Precisó que según el acta 06 de 2013 del Ministerio de Defensa y el numeral 3.13
del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 «el incremento de las asignaciones de retiro y de
las pensiones del personal de la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se
aumenten las asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo».
27. Así pues, afirmó que entre 1997 y 2004, los incrementos aplicados afectaron el
sueldo mensual del demandante y, como consecuencia, redujeron el valor de su
asignación de retiro, que causó un detrimento patrimonial por pérdida del poder
adquisitivo. Por ello, solicitó que se reajuste el sueldo para incluir las primas legales y
convencionales, vacaciones, cesantías, intereses y demás prestaciones, con la
incorporación de los porcentajes del IPC que se dejaron de aplicar desde 1997.
28. En consecuencia, pide que se ordene a la Armada Nacional el reconocimiento y
pago de los ajustes con base en el IPC desde diciembre de 1997 hasta marzo de 2018
(fecha de su retiro) y, en adelante, que Cremil realice el ajuste correspondiente para
mantener los valores actualizados7.
2.3.2. Trámite procesal en segunda instancia
29. Mediante auto del 1°. de diciembre de 2022, se admitió el recurso de apelación
conforme el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y se prescindió del
periodo para correr traslado a las partes8.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
30. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
31. Secircunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
presentado por la parte actora contra el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, si tiene derecho al reajuste de la asignación devengada
en servicio activo, en aplicación del índice de precios al consumidor, para que, en
consecuencia, se incremente su asignación de retiro reconocida desde el año 2018.
7 Índice 2, Samai, expediente digital, cuaderno principal, carpeta 4ED, documentos 34 y 35.
8 Samai, índice 4.
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32. Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos 3.3.1.
Régimen salarial y prestacional de los integrantes de la fuerza pública; 3.3.2. Hechos
probados; y 3.4. Caso concreto.
3.2.1. Régimen salarial y prestacional de los integrantes de la fuerza pública
33. El Congreso de la República y el presidente tienen una competencia compartida en
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros
del congreso y de la fuerza pública, acorde con el literal e) del numeral 19 del artículo
150 de la Constitución Política. En ejercicio de esta función, el legislador expide las
leyes marco, como la Ley 4 de 19929, que en el artículo 13 dispone «en desarrollo de
la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una escala gradual porcentual para
nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la fuerza pública de
conformidad con los principios establecidos en el artículo 2», y el parágrafo indica «la
nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias fiscales
de 1993 a 1996».
34. Tal como lo explicó esta corporación, en la sentencia del 23 de octubre de 202410,
uno de los objetivos del legislador de 1992 al promulgar la Ley 4 de ese año fue
establecer una escala gradual porcentual fue equiparar la remuneración de los
miembros activos y retirados de la fuerza pública. Con este propósito, se creó
temporalmente la prima de actualización, cuya vigencia se mantendría hasta alcanzar
dicha equiparación, lo cual se concretó con la expedición de los Decretos 335 de 1992,
25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995.
35. Así pues, el artículo 15 del Decreto 335 de 199211 estableció una prima de
actualización para los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y la Policía
Nacional en servicio activo. Dicha prima, calculada sobre la asignación básica en los
porcentajes señalados para cada grado, permanecería vigente hasta la
implementación de una escala salarial porcentual única para estas instituciones, con
el propósito de nivelar gradualmente la remuneración de sus miembros. La prima de
actualización representó una modificación gradual en las asignaciones de actividad,
que era computable para el reconocimiento de la asignación de retiro.
36. Posteriormente, el Decreto 107 de 1996, al desarrollar el artículo 13 de la Ley 4 de
1992, fijó la escala gradual porcentual para el personal de oficiales, suboficiales,
9 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política».
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 85001-23-33-000-2017-00260-02
(5695-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
11 «Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares,
Oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional y empleados públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y
Soldados, y se dictan otras disposiciones en materia salarial».
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Radicación: 25000-25-42-000-2019-00744-01 (3917-2022)
Demandante: Yesid Cabrera Rodríguez
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y otro
miembros del nivel ejecutivo y agentes de la fuerza pública, y precisó que «los sueldos
básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo [primero]
corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la
asignación básica del grado de General» (inc. 2, art. 1°.), así:
Oficiales
General 100%
Mayor general 90%
Brigadier general 80%
Coronel 60%
Teniente coronel 44.30%
Mayor 38.60%
Capitán 30.50%
Teniente 26.70%
Subteniente 23.70%
Suboficiales
Sargento mayor 26.40%
Sargento primero 22.60%
Sargento viceprimero 19.50%
Sargento segundo 17.40%
Cabo primero 16.40%
Cabo segundo 17.90%
Nivel Ejecutivo
Comisario 45.50%
Subcomisario 38.30%
Intendente 33.90%
Subintendente 26.40%
Patrullero 20.30%
[…]
Artículo 2o. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los grados
de General y Almirante, percibirán por todo concepto una asignación mensual igual a
la que devenguen los Ministros del Despacho como asignación básica y gastos de
representación, en todo tiempo, distribuida así: el cuarenta y cinco por ciento (45%)
como sueldo básico y el cincuenta y cinco por ciento (55%) como prima de alto mando.
Esta última no tendrá carácter salarial para ningún efecto legal.
37. Luego, el presidente expidió anualmente desde 1997 los decretos salariales, y tomó
como base el porcentaje de la asignación básica del grado de general. De modo que,
tal como se concluyó en la sentencia del 23 de octubre de 2024 «la asignación básica
del personal de la Fuerza Pública está sujeta a los decretos que anualmente expide el
Gobierno nacional, en los que se fijan las pautas para determinar el monto que
devengarán sus miembros anualmente, impidiendo recurrir a una fuente distinta para
realizar el correspondiente incremento salarial, puesto que, a partir del Decreto 107 de
1996, quedaron debidamente nivelados los salarios de dicho personal»12.
38. Ahora bien, «las asignaciones básicas están sujetas a los decretos que expide
anualmente el gobierno nacional, los cuales constituyen única fuente para realizar el
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 85001-23-33-000-2017-00260-02
(5695-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Radicación: 25000-25-42-000-2019-00744-01 (3917-2022)
Demandante: Yesid Cabrera Rodríguez
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y otro
incremento salarial, pues el artículo 10 [de la Ley 4 de 1992] estableció expresamente
que todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos»13.
39. Por otra parte, en lo que se refiere al reajuste de las pensiones, el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993 dispone que las pensiones de vejez, jubilación, invalidez o de
sobrevivientes, se reajustarán anualmente de oficio, el 1°. de enero de cada año,
según el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año anterior.
Esta norma se lee en consonancia con el parágrafo 4 del artículo 279 idem, adicionado
por el artículo 1°. de la Ley 238 de 1995, según el cual «las excepciones consagradas
en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados
en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí
contemplados», es decir, para los exceptuados del SGSSP, como el caso de los
miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional.
40. Así pues, a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995 los pensionados de los
sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993 tuvieron derecho al reajuste
de sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de precios al
consumidor, certificado por el DANE. Sin embargo, la Ley 923 de 2004 volvió a regular
el principio de oscilación, así:
Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
[…]
3.13. El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del personal de la
Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.
41. A su vez, el artículo 42 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004 establece que
«las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se
incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad
para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores
al salario mínimo legal mensual vigente». En cuanto al derecho al reajuste de la
asignación de retiro con el principio de oscilación, la jurisprudencia de esta corporación
ha manifestado que14:
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2019-00849-01
(7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
14 Al respecto, entre otras, se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, consejero ponente: Jaime
Moreno García, expediente 8464-05; sentencia de 9 de octubre de 2017, consejero ponente: William Hernández
Gómez, expediente 1865-16; sentencia de 8 de febrero de 2018, consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández,
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Radicación: 25000-25-42-000-2019-00744-01 (3917-2022)
Demandante: Yesid Cabrera Rodríguez
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y otro
1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de 1995 fecha
de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993 presentaron una modificación consistente en que a los pensionados de los sectores
allí contemplados, entre ellos los de las Fuerzas Militares y Policía Nacional,15 en virtud
del principio de favorabilidad16 y conforme a los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993
se les podía reajustar la asignación de retiro conforme al índice de precios al consumidor
del año inmediatamente anterior certificado por el DANE y la mesada 14,
respectivamente, siempre que el incremento realizado por el Gobierno Nacional en los
Decretos anuales de las asignaciones en actividad de los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional sea inferior.
2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones
de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional conforme al índice
de precios al consumidor señalada en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 en cada caso
concreto aplica desde el año de 1996 hasta el 2004, toda vez que a partir del 1.º de
enero de 2005 se implementó nuevamente la aplicación del principio de oscilación a través
de la expedición del Decreto 4433 de 2004.
3.- El reajuste conforme al IPC, incide directamente en la base de la respectiva prestación
pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que a partir del año 2005
se efectuaran sobre dicha prestación17.
42. Consecuentemente, la Subsección B ha concluido que «el reajuste conforme con el
IPC procede únicamente respecto de las asignaciones de retiro y pensiones, pero no
de las asignaciones básicas, en razón a que las leyes y decretos reglamentarios no
especificaron modificación alguna o disposición diferente de que el gobierno nacional,
a través de decretos, es el que establece el incremento de las asignaciones básicas
de los miembros de la Fuerza Pública»18.
3.2.2. Hechos probados
43. Según el certificado del subdirector de la Armada Nacional del 12 de mayo de 2019,
el cual el señor Yesid Rodríguez Cabrera laboró en la Armada Nacional desde el 13
de enero de 1995 al 21 de marzo de 2018, para un total de 21 años, 3 meses y 20 días
y se retiró por solicitud propia19.
44. En el proceso obran los comprobantes de nómina del actor para los años 1998 a
2016.
expediente 0014-16, sentencia 5 de mayo de 2016, consejero ponente: William Hernández Gómez, número interno:
1640-2012; sentencia 27 de enero de 2011, consejero ponente: Gustavo Gómez Aranguren, número interno: 1479-
2009; sentencia 4 de marzo de 2010, consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, número interno: 0479-2009.
15 La Corte Constitucional en la sentencia C-432 de 2004 afirmó que la asignación de retiro se asimilaba a las
pensiones de vejez o de jubilación.
16 Frente a la aplicación del Decreto 1211 de 1990.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de octubre de 2017, proceso con radicado
05001-23-33-000-2013-01350-01 (1865-2016), M.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de agosto de 2024, proceso con radicado
25000-23-42-000-2019-00849-01 (7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
19 Índice 2, Samai, expediente digital, cuaderno principal, doc. 4, anexos, pág. 250.
10
Radicación: 25000-25-42-000-2019-00744-01 (3917-2022)
Demandante: Yesid Cabrera Rodríguez
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y otro
45. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de la Resolución 13495 del 15
de mayo de 2018, ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al capitán
de Fragata de la Armada Nacional Yesid Cabrera Rodríguez. Esta resolución precisó
que la baja efectiva se dio el 20 de junio de 2018 y que el tiempo total de servicios fue
de 21 años, 10 meses y 8 días20.
46. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares certificó cuáles fueron los incrementos
aplicados a las asignaciones de retiro desde 1997 a 200621.
47. El señor Yesid Cabrera Rodríguez presentó ante Cremil una reclamación el 5 de
julio de 2018, para obtener la reliquidación de la asignación de retiro, en los siguientes
términos: «se proceda a realizar la reliquidación de la asignación de retiro, teniendo en
cuenta los valores dejados de percibir durante el ejercicio de su carrera, durante los
años 1997 a 2004, cuando los sueldos fueron incrementados en un valor inferior al IPC
(…) quebrantando la movilidad del salario y la conservación del poder adquisitivo en
la correspondiente asignación de retiro»22.
48. En el oficio 690 del 23 de julio de 2018, la coordinadora del grupo de centro integral
de Cremil le indicó al actor que su petición sería trasladada al director de personal de
la Armada Nacional23.
49. En el oficio 690 del 14 de enero de 2019, la coordinadora del grupo de centro integral
de Cremil, manifestó que la solicitud del 3 de enero de 2019 tenía el mismo contenido
de la reclamación del 5 de julio de 2018, a la cual se había dado respuesta mediante
el oficio 690 del 23 de julio de 201824.
50. El jefe de división de nóminas de la Armada Nacional, mediante el oficio
20190423330018301 del 23 de enero de 2019, negó la reclamación del 2 de enero de
2019 del accionante para que el salario de los años 1998 a 2004 fuera incrementado
con el IPC. Como fundamento indicó que el reajuste salarial para los años 1998 a 2004
fue pagado de conformidad con los decretos que anualmente expide el Gobierno
nacional, para los oficiales y suboficiales. Así mismo, advirtió que la competencia para
determinar dichos incrementos es indelegable e intransferible25.
3.3. Caso concreto
51. El accionante quien prestó sus servicios como capitán de fragata de la Armada
Nacional tiene reconocida una asignación de retiro y solicita la nulidad de los actos
administrativos expedidos por la Armada Nacional y por Cremil, que le negaron el
20 Índice 2, Samai, expediente digital, cuaderno principal, doc. 4, anexos, págs. 258 a 260.
21 Índice 2, Samai, expediente digital, cuaderno principal, doc. 4, anexos, pág. 262.
22 Índice 2, Samai, expediente digital, cuaderno principal, doc. 4, anexos, págs. 633 a 641.
23 Índice 2, Samai, expediente digital, cuaderno principal, doc. 4, anexos, págs. 644 y 645.
24 Índice 2, Samai, expediente digital, cuaderno principal, doc. 4, anexos, pág. 254.
25 Índice 2, Samai, expediente digital, cuaderno principal, doc. 4, anexos, pág. 251 y 252.
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Radicación: 25000-25-42-000-2019-00744-01 (3917-2022)
Demandante: Yesid Cabrera Rodríguez
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y otro
reajuste de la asignación en actividad, desde 1997 con el índice de precios al
consumidor, y el consecuente incremento de la asignación de retiro, reconocida desde
el año 2018.
52. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que el demandante no tenía derecho al reajuste salarial basado en el IPC
entre 1997 a 2004, ya que es improcedente modificar la escala gradual porcentual
regulada por el Gobierno nacional en los términos de la Ley 4 de 1992. Señaló que el
reconocimiento del reajuste salarial por debajo del IPC no contraviene el ordenamiento
constitucional y legal. Sin embargo, esto es distinto del incremento de las asignaciones
de retiro conforme al IPC que sí procedía según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
100 de 1993 y la Ley 238 de 1995.
53. Inconforme con esta decisión, el accionante interpuso recurso de apelación
insistiendo, en síntesis, en que tiene derecho al reajuste de la asignación en actividad
que devengó durante 1997 a 2004, con base en el IPC. Explicó que para estas
anualidades el salario aumentó por debajo de la inflación; refiere que el numeral 3.13
del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 dispone que las asignaciones de retiro deben
incrementarse en el mismo porcentaje que las asignaciones en servicio activo.
54. Ahora bien, con el objeto de resolver el problema jurídico, en el proceso se acreditó
que el señor Yesid Cabrera Rodríguez fue integrante de la Armada Nacional26, se
retiró en el grado capitán de Fragata, prestó sus servicios 21 años, 10 meses y 8 días,
y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció una asignación de retiro, a
través de la Resolución 13495 del 15 de mayo de 201827.
55. Igualmente, está demostrado que el actor solicitó el incremento de la asignación
mensual con el IPC y el consecuente reajuste de la asignación de retiro28. Sin
embargo, la reclamación fue negada por la Armada Nacional y Cremil no dio una
respuesta de fondo. En efecto, la Armada Nacional consideró que para los años 1998
a 2004, las asignaciones en actividad fueron ajustadas con los decretos que
anualmente expide el Gobierno nacional, para los oficiales y suboficiales.
56. Sobre el particular, debe decirse en cuanto a la escala gradual porcentual que la
Ley 4 de 1992, en los artículos 429 y 1330, faculta al Gobierno nacional para modificar
26 Índice 2, Samai, expediente digital, cuaderno principal, doc. 4, anexos, pág. 250.
27 Índice 2, Samai, expediente digital, cuaderno principal, doc. 4, anexos, págs. 258 a 260.
28 Índice 2 Samai, 4EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR(.rar), págs. 72 a 76 y 79 a 83.
29 ARTÍCULO 4. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2 el Gobierno Nacional, dentro de
los primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los
empleados enumerados en el artículo 1 literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones.
Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones
de los mismos empleados.
Los aumentos que decrete el Gobierno Nacional conforme a este artículo producirán efectos fiscales a partir del
primero de enero del año respectivo.
30 ARTÍCULO 13.- En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una escala gradual porcentual
para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la fuerza pública de conformidad con los principios
establecidos en el artículo 2.
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Radicación: 25000-25-42-000-2019-00744-01 (3917-2022)
Demandante: Yesid Cabrera Rodríguez
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y otro
la escala salarial anualmente y nivelar la remuneración del personal activo y retirado
de la fuerza pública, pero de modo alguno los referidos artículos indican que los
incrementos salariales deban ser equivalentes al IPC. Es de anotar que para los años
1997 a 2004 se fijó la remuneración de los integrantes de la fuerza pública en los
decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de
2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004.
57. Debe agregarse que desde el año 1997, el accionante percibió la asignación básica
incrementada por el ejecutivo con fundamento en la ley marco de salarios, y era
improcedente ordenar un aumento equivalente al IPC, en tanto, el artículo 10 de la Ley
4 de 1992 prevé que «todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que
dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos».
58. Ciertamente, la Subsección insiste en que la competencia para fijar los salarios
corresponde al Gobierno nacional a través de los decretos anuales salariales, que
gozan de presunción de legalidad, de modo que al no tener los suficientes elementos
de juicio es improcedente cuestionar su validez.
59. Tampoco se considera que el actor tenga derecho a lo pretendido, conforme el acta
06 el 1°. de marzo de 2013 del Ministerio de Defensa, según la cual bajo la Ley 923 de
2004 las asignaciones de retiro deben aumentar igual que las asignaciones en
actividad. Esto en tanto la fijación de las escalas graduales salariales es una
competencia que el presidente de la república cumple a la luz de los parámetros fijados
por la ley marco de salarios, a saber, Ley 4 de 1992.
60. Adicionalmente, tal como lo ha considerado la jurisprudencia de esta corporación,
el reajuste a la asignación de retiro con el IPC solo fue viable cuando estaba en vigor
la Ley 238 de 1995, es decir, que en cada caso en concreto aplica «desde el año de
1996 hasta el 2004, toda vez que a partir del 1.º de enero de 2005 se implementó
nuevamente la aplicación del principio de oscilación a través de la expedición del Decreto
4433 de 2004»31. Sin embargo, en el caso bajo análisis, el accionante estaba en servicio
activo para los años 1997 a 2004.
61. Así pues, constituye un criterio reiterado de esta Subsección que el reajuste con el IPC
solo cobijó las asignaciones de retiro y no las asignaciones en actividad, debido a que
«el Gobierno nacional, a través de decretos, es el que establece el incremento de las
asignaciones básicas de los miembros de la Fuerza Pública»32.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de octubre de 2017, proceso con radicado
05001-23-33-000-2013-01350-01 (1865-2016), M.P. William Hernández Gómez.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de agosto de 2024, proceso con radicado
25000-23-42-000-2019-00849-01 (7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 25000-25-42-000-2019-00744-01 (3917-2022)
Demandante: Yesid Cabrera Rodríguez
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y otro
62. En este orden de ideas se establece que el accionante no tiene derecho a los
incrementos en la asignación en actividad y de retiro pedidos en la demanda, tal como
lo ha establecido la jurisprudencia de esta corporación de las Subsecciones A y B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las sentencias del 18 de julio33, 22 de
agosto34, 4 de septiembre35 y 23 de octubre de 202436, en el sentido que:
(i) Los incrementos salariales anuales son fijados de manera privativa por el Gobierno
nacional cada año, para desarrollar la competencia prevista en la Ley 4 de 1992, la
cual en el artículo 10 prohíbe modificar la escala gradual porcentual;
(ii) dado que no hay lugar al incremento de las asignaciones en actividad desde el
año 2004, por sustracción de materia, es improcedente la reliquidación de la
asignación de retiro; y
(iii) para el personal retirado después del año 2004, la asignación de retiro no se
puede reajustar anualmente con el índice de precios al consumidor, toda vez que el
incremento con el IPC solo fue viable para las asignaciones de retiro causadas en los
años 1996 a 2004.
63. En virtud de lo anterior, se desestiman los reproches del recurso de apelación y la
Subsección confirmará el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
4. Costas
presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 37 de la
64. La
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 88001-23-33-000-2019-00040-
01(4292-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2019-00849-01
(7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 25000 23 42 000 2021 00692 01
(6519-2023), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 85001 23 33 000 2017 00260 02
(5695–2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
37 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
14
Radicación: 25000-25-42-000-2019-00744-01 (3917-2022)
Demandante: Yesid Cabrera Rodríguez
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y otro
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar a imponer dicha condena, en atención
a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
5. Conclusión
65. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no procede el reajuste de la
asignación en actividad y de retiro del señor Yesid Cabrera Rodríguez con base en el
índice de precios al consumidor (IPC), toda vez que los incrementos salariales del
personal de las fuerzas militares han sido determinados de manera privativa por el
Gobierno nacional conforme a la Ley 4 de 1992.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 18 de noviembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
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