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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01074-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01074-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 2 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que negó las pretensiones de la demanda presentada por Fernando Murcia contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del 26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2019-01074-01 (5004-2024) Demandante: Fernando Murcia Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LXRR Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01074-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01074-01 (5004-2024)
Demandante: Fernando Murcia
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y otro

Tema: Reajuste de las asignaciones básica y de retiro. Aplicación de la
sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 2 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. Fernando Murcia presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en orden a que se
declarara la nulidad del i) Oficio S-2018-068295/ANOPA-GRULI-1.10 del 21 de
diciembre de 2018, por medio del cual la Policía Nacional le negó el reajuste de la
asignación mensual, cesantías y demás prestaciones sociales de 2004, así como
del salario pagado a partir de enero de 2005 y hasta la fecha de retiro; y ii) Oficio E-
00001/201904296-CASUR Id 404840 del 28 de febrero de 2019, a través del cual
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional1 negó el reajuste de la
asignación de retiro.

1
En adelante Casur
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Demandante: Fernando Murcia

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó:

2.1. El pago del incremento que resultara de la diferencia entre la asignación
salarial pagada en 2004 -enero a diciembre-, de acuerdo con los Decretos 4158 de
esa anualidad, y la que realmente correspondía por ajustes de actualización
conforme con la inflación causada en el año 2003 y que afectó el valor de la
asignación básica de un oficial en el grado de general o almirante, el cual servía de
referente para establecer el sueldo básico, de conformidad con la escala gradual
porcentual.

2.2. El reconocimiento del incremento derivado de la diferencia entre la
asignación mensual pagada a partir de enero de 2005 hasta la fecha de retiro, de
acuerdo con los decretos de los salarios expedidos por el gobierno nacional y la que
realmente correspondía por los ajustes de actualización plena, conforme con la
inflación causada entre los años 1992 y 2004 y que afectó el valor de la asignación
básica de un oficial en el grado de general o almirante.

2.3. El reajuste del incremento resultado de los salarios y prestaciones sociales a
partir de 2004 con los nuevos valores; asimismo, los posteriores -2005- teniendo en
cuenta el que resultara más favorable, entre la inflación causada sobre la asignación
básica de un oficial en el grado de general o almirante del año anterior y/o el
decretado por el gobierno nacional.

2.4. La corrección en la hoja de servicios, en la que se evidenciara el incremento
por el ajuste real de la actualización plena de la asignación básica de un oficial en
el grado de general o almirante y adelantar el trámite ante Casur.

2.5. El reajuste y pago del incremento de la asignación mensual de retiro, de
acuerdo con los salarios expedidos por el gobierno nacional y la que realmente
correspondía por los ajustes de actualización plena, conforme con la inflación
acumulada y causada entre 1992 y 2004.

2.6. La declaración de la pérdida de poder adquisitivo del valor previsto como
asignación básica y gastos de representación, fijados a ministros de despacho en
el parágrafo del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 y, en consecuencia, del ajuste
año a año por parte del gobierno nacional y la que realmente correspondía por
ajustes de la inflación causada del año anterior, de las escalas de asignación básica
de los empleados públicos de la rama ejecutiva, entre los cuales se fijaron la de los
ministros con la expedición de los Decretos 11 de 1993, 42 de 1994, 25 de 1995, 10
de 1996, 31 de 1997, 40 de 1998, 35 de 1999, 2720 de 2000, 2710 de 2001, 660 de
2002, 3535 de 2003, 4150 de 2004, 916 de 2005, 372 de 2006, 600 de 2007, 643
de 2008, 708 de 2009, 1374 de 2010, 1031 de 2011, 853 de 2012, 1029 de 2013,
199 de 2014, 1101 de 2015, 229 de 2016, 999 de 2017, 330 de 2018, 1011 de 2019
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y 304 de 2020.

2.7. La declaración de la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos básicos
para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, del nivel
ejecutivo y agentes de la Policía Nacional, como consecuencia de la aplicación de
los artículos 14 y 15 del Decreto 921 de 1992 y el artículo 2 de los Decretos 25 de
1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999,
2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de
2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050
de 2011, 842 de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016,
984 de 2017, 324 de 2018, 1002 de 2019 y 318 de 2020. Ello, por cuanto el artículo
13 de la Ley 4 de 1992 fijó una escala gradual porcentual para dichos uniformados,
en la cual los sueldos básicos correspondían al porcentaje indicado para cada grado
de cara a la asignación básica del grado de general, lo que conllevó a una pérdida
de las anualidades 1993 a 2004 por la forma como el gobierno nacional ajustó año
a año las escalas salariales de los empleados de la Rama Ejecutiva.

2.8. El pago de los perjuicios morales a ella causados y a su núcleo familiar, por
cuanto se retuvo injustificada y arbitrariamente sus salarios, prestaciones sociales
y asignación de retiro desde el 1 de enero de 2004, lo cual implicó una pérdida de
oportunidad de mejores condiciones de vida. Asimismo, los materiales en las
modalidades de lucro cesante y daño emergente.

2.9. La inaplicación, a partir del año 2004, de los decretos salariales expedidos
por el gobierno nacional, por medio de los cuales se ajustaron las asignaciones de
la Fuerza Pública, «ello en una correcta interpretación y aplicación del marco normativo
fijado en la sentencia C-931 de 2004».

2.10. El pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 y el artículo
5 de la Ley 1071 de 2006.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

3.1. Fernando Murcia ingresó a la Policía Nacional como agente el 1.° de abril de
1992 y fue retirado del grado de intendente jefe el 20 de noviembre de 2015.

3.2. El 21 de septiembre de 2015 se emitió la hoja de servicios 11386256, en la
cual se consignaron los emolumentos salariales que le reconoció la Policía
Nacional.

3.3. De conformidad con dicha hoja de servicios, Casur le reconoció la asignación
de retiro a través de la Resolución No 7991 del 28 de octubre de 2015.

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3.4. El 6 de diciembre de 2018 solicitó a la Policía Nacional y Casur el reajuste de
la diferencia de las asignaciones salariales y de retiro.

3.5. La Policía Nacional negó el reajuste salarial a través del Oficio S-2018-
068295/ANOPA-GRULI-1.10 del 21 de diciembre de 2018. Por su parte, Casur negó
la reliquidación de la asignación de retiro mediante el Oficio E-00001/201904296-
CASUR Id 404840 del 28 de febrero de 2019. Decisiones contra las cuales no se
interpusieron recursos.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se citaron los artículos 4, 48, 53, 218, 220, 230 y 373 de la
Constitución Política; 1, 2, 3 y 13 de la Ley 4 de 1992; y 271 de la Ley 1450 de 2011,
así como los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990, en su concepto, porque:

5. Mediante la sentencia C-931 de 2004, la Corte Constitucional ordenó al
gobierno nacional y al Congreso de la República realizar el pago de los reajustes
salariales de todos los servidores públicos antes de que expirara la vigencia fiscal
del año 2004 y que para el 2005 debía haberse reconocido la actualización plena
del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario. Las entidades
desconocieron que el artículo 271 de la Ley 1450 de 2011 ordenó establecer una
estrategia para «resolver la litigiosidad en torno a los asuntos relativos a las asignaciones
salariales, a las asignaciones de retiro, al ajuste del IPC».

6. El mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro ha estado
ligado al incremento de las asignaciones en actividad para cada grado, lo cual operó
a partir del 31 de diciembre de 2004. Además, el porcentaje de los sueldos básicos
se ha mantenido incólume, «lo cual signific[ó] que no [pudiera] producirse ningún ajuste
que tuviese como finalidad un aumento de dichas remuneraciones o aún el solo
mantenimiento del poder adquisitivo».

7. La asignación básica de un oficial en el grado de general fue el parámetro con
el que se establecieron los sueldos básicos para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la fuerza pública; sin
embargo, el gobierno nacional «no fijó la valoración de la asignación básica del oficial en
el grado de General, solo continuó dando aplicación al sueldo básico de dicho grado es
decir al de General o Almirante, de acuerdo con la fórmula que venía aplicando desde el
año 1992, según el artículo 14 del Decreto 921 de ese año», con lo cual se dejó de
establecer el porcentaje indicado para cada grado.

8. Con el Decreto 921 de 1992 se modificó el porcentaje señalado en el Decreto
335 de 1992 y se determinó uno menor, es decir, se disminuyó del 40% al 31%;
entonces, con independencia del porcentaje que se asignaba, debía atenderse que
el sueldo básico de un oficial en el grado de general o almirante correspondía a la
remuneración mensual de los ministros de despacho, por concepto de asignación
básica y gastos de representación.
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9. El ajuste del salario no correspondía propiamente a su incremento, en razón a
que, para que este existiera, se requería que se revisara y modificara,
«aumentándolo», luego del ajuste por inflación, conforme con los factores reales de
carácter socioeconómico que incidieran en su determinación y, especialmente, en
la necesidad de asegurar el mínimo vital del trabajador.

10. De conformidad con la sentencia antes referida, se debía reconocer la
actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de
todos los servidores públicos, incluidos los integrantes de la Fuerza Pública, lo cual
no podía realizarse si no se actualizaban la asignación básica y los gastos de
representación fijados a los ministros de despacho, de conformidad con el índice
acumulado de inflación.

11. Para el año 2004 se debían «ajustar los valores establecidos por el Gobierno
Nacional en el año 2003 con la correspondiente inflación causada en dicho año (2003); y
[...] que a partir del año 2005 se deb[ía] establecer la actualización plena de la asignación
básica y los gastos de representación fijados a los Ministros del Despacho de conformidad
con el índice acumulado de inflación causada en los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, adicionándole a ello, a partir del año 1997 la
bonificación de compensación aplicándole a partir del año 1998 la respectiva actualización
indicada».

12. Las entidades demandadas no tuvieron en cuenta los mandatos
constitucionales y legales, pues indicó que los sueldos básicos para el personal de
la Policía Nacional eran fijados por el gobierno nacional, conforme con el cual,
debían mantener el poder adquisitivo constante, a pesar de que el aumento se hizo
por debajo de la inflación causada.

1.2. Contestación de la demanda

13. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional2 se opuso a las
pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de «acto administrativo
ajustado a la Constitución», «inexistencia del derecho y la obligación reclamada»,
«prescripción extintiva» y la «genérica» con sustento en lo que sigue:

13.1. El Oficio S-2018-068295/ANOPA-GRULI-1.10 del 21 de diciembre de 2019 no
evidenciaba irregularidad alguna, pues la entidad se limitó a comunicarle al
demandante que tenía un régimen especial de carrera, y que en desarrollo de este
el gobierno nacional había expedido las normas por las cuales fijó los salarios
básicos del personal uniformado.

13.2. El oficio en mención fue expedido de acuerdo con los presupuestos procesales
de existencia, validez, eficacia procesal y por la autoridad competente, por lo tanto,

2 Expediente físico fls. 179 a 186.

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la actuación no fue desproporcionada, ni transgredió derecho fundamental alguno.

13.3. No había lugar a aplicar la norma general que estableció el incremento de la
escala gradual porcentual de cada año o el IPC y el régimen especial al que
pertenecía el demandante, porque con la norma especial no se generó pérdida del
poder adquisitivo o detrimento del patrimonio, ni de los salarios y demás
prestaciones que devengaba en el servicio activo el exintendente jefe.

13.4. En el concepto de violación de la demanda «no se dice cómo fue que se
presentaron las manifestaciones realizadas, ya que no solo basta con citar y transcribir la
norma para que ello sea suficiente, siempre se debe encausar y sustentar la forma o manera
que demuestre las afirmaciones que se hacen, situación que brilla por su ausencia en el
presente caso que nos convoca» (sic).

13.5. El derecho reclamado por el demandante era inexistente, comoquiera que la
entidad demandada dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4
de 1992, que dispuso los objetivos y criterios que debía observar el gobierno
nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los miembros de la
Fuerza Pública, y a la Constitución Política y el Decreto Ley 1791 del 2000 para la
fijación de las prestaciones sociales.

13.6. Para los años reclamados el demandante se encontraba en servicio activo, pues
fue retirado en noviembre de 2015 y lo pretendido solo se podía reconocer para
quienes hubiesen causado y obtenido la asignación de retiro hasta el 31 de
diciembre de 2004.

13.7. La pretensión relativa a que se incrementara el salario que devengó con base
en el IPC de años anteriores, era inconstitucional e ilegal, porque al pertenecer a un
régimen especial estuvo sujeto a esa reglamentación, por lo que tenía derecho única
y exclusivamente a los valores que por conceptos de salarios fijó anualmente el
gobierno nacional, lo cual se efectuó en ejercicio de las competencias otorgadas.

13.8. De aceptarse lo pretendido, se estaría creando un nuevo régimen salarial
exclusivo para el demandante, lo cual sería ilegal e inclusive contrario al contenido
del artículo 10 de la Ley 4 de 1992 que estableció que carecían de efectos y no
generaban derechos adquiridos, las prerrogativas que estuvieran en contra de lo
fijado salarialmente por el gobierno nacional.

14. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional guardó silencio.

1.3. Sentencia de primera instancia3

15. En sentencia proferida el 2 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de

3 Expediente físico fls. 258 a 267.

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Demandante: Fernando Murcia

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F resolvió declarar probada la
excepción de «inexistencia del derecho propuesta por MINDEFENSA», negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Para tal efecto,
sostuvo lo que sigue:

15.1. No era posible asimilar los regímenes previstos para cada una de las
situaciones en las que se encontraran los empleados públicos, como el servicio
activo o pensionado retirado, toda vez que el origen de las remuneraciones que
cada uno percibía era disímil. La primera, como reconocimiento directo del valor de
su servicio y, la segunda, por el resultado de los aportes efectuados a un sistema
que les garantizaba un ingreso proporcional al que se encontrara percibiendo, lo
que ratificaba que la forma como se hiciera el incremento sería independiente.

15.2. El incremento de las asignaciones de retiro con fundamento en el IPC tuvo como
límite temporal el 2004, toda vez que, de acuerdo con el artículo 3, numeral 13, de
la Ley 923 de 2004, reglamentado por el artículo 42 del Decreto 4433 del mismo
año, el legislador dispuso nuevamente el sistema de oscilación para incrementar las
asignaciones de retiro del personal de la Fuerza Pública retirado.

15.3. Así, como el demandante estuvo activo hasta el año 2015, y por ende no
devengaba asignación de retiro o pensión alguna, resulta improcedente el reajuste
salarial pretendido, ya que de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993,
solamente resultaba posible el incremento de las asignaciones de retiro y/o
pensiones de los miembros de la Fuerza Pública con base en el IPC, mas no para
los salarios devengados en actividad como equivocadamente lo pretendió la parte
demandante.

15.4. De acuerdo con lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia C-
1017 de 2003, era posible el incremento salarial de los servidores públicos de
medianos y altos ingresos por debajo de la variación del IPC, «constituyendo como
único límite a esa posibilidad el aumento de los salarios más bajos, el cual no puede resultar
inferior al salario mínimo». Situación no predicable respecto del demandante, cuyo
salario básico para el momento del retiro del servicio -2015- correspondía a
$2.111.265.

15.5. La sentencia C-931 de 2004 no resultaba aplicable al caso bajo estudio, por
cuanto allí no se fijó pronunciamiento alguno sobre la forma en que debía realizarse
el incremento salarial de los miembros de la Fuerza Pública, ni mucho menos se
estableció que su asignación básica en servicio activo debía incrementarse
conforme al IPC, tal como lo pretendió la parte demandante, pues, fue definido «en
legal forma, […], a partir de la Escala Gradual Porcentual que rigió a partir del año 1997 y
que año a año ha venido actualizándose con los Decretos salariales expedidos por el
Gobierno Nacional y que se encuentran vigentes» (sic).

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1.4. Recurso de apelación4

16. La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
y en su lugar se accedieran a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base
en los siguientes argumentos:

16.1. El a quo incurrió en un defecto sustantivo por la «mala interpretación» y el análisis
contrario a derecho al apartarse sin justificación y argumentación alguna del
mandato previsto en la sentencia C-931 de 2004 que era «oponible a cualquier
autoridad incluso la judicial».

16.2. No era aceptable que «el poder judicial» participara en la violación de los
derechos laborales de los integrantes de la fuerza pública y buscara «argucias
judiciales» para negar un derecho ya ordenado. Era «impensable e inimaginable que
dicho proceder se [produjera] por la falta de capacidad o entendimiento de los funcionarios
judiciales de lo ordenado en la sentencia antes mencionada, o si por el contrario [era] un
proceder intencionado con el único objetivo de no asumir ninguna responsabilidad en esta
clase de decisiones».

16.3. Lo pretendido era la aplicación del régimen salarial establecido a los integrantes
de la Fuerza Pública, de conformidad con los artículos 217 y 218 de la Constitución
Política y la Ley 4 de 1992. Se debía considerar el régimen especial como un todo
y, en particular, que el legislador le indicó al gobierno nacional «de manera
categórica» que en ningún caso se podían desmejorar los salarios y prestaciones
sociales.

16.4. En relación con el argumento relativo a que los ajustes se daban de acuerdo
con los decretos expedidos por el gobierno nacional, debía precisarse que a partir
de 2004 la asignación básica de un oficial en el grado de general o almirante se
efectuó con la actualización ordenada por la Corte Constitucional, de acuerdo con
la inflación causada y acumulada desde 1992 a 2004 o si, por el contrario, con ellos
se violaron los derechos salariales.

16.5. Con el criterio expuesto se contradijo la sentencia C-931 de 2004, la cual ordenó
que, a quienes se les limitó el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario,
se les debía reconocer la actualización plena del derecho. Ello conllevaba a tener
claridad en la concepción y aplicación de factores como la indexación, el incremento
y aumento del salario y no como lo expuso el a quo, pues no se podía analizar el
periodo posterior al de la limitación (1992 a 2004) al que se vio sometida la
asignación básica, es decir, a partir del 1.° de enero de 2005.

4 Expediente físico fls. 275 a 282.

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16.6. En la demanda se hizo referencia a la Ley 100 de 1993 porque en la sentencia
C-432 de 2004, según la cual en el régimen especial se garantiza un nivel de
protección igual o superior y era el que debía salvaguardar los derechos de los
trabajadores. Lo pretendido no tenía relación con el principio de favorabilidad ni con
el ajuste de las asignaciones de retiro en los términos del artículo 14 de la Ley 100
de 1993 y, menos aún, con la sentencia C-1433 de 2000, pues existía un mandato
constitucional «emitido por la corte Constitucional mediante sentencia C-931 de 2004
donde se dieron órdenes perentorias y explicitas, tanto al Congreso de la República como
al Gobierno Nacional, oponibles a cualquier autoridad incluso la judicial» (sic).

16.7. No era aplicable la argumentación «del trato discriminatorio», pues lo solicitado
obedecía al trámite que debía hacerse ante la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional sobre el reconocimiento «con todas las implicaciones que, en materia
de seguridad social conlleva la actualización plena de los salarios en actividad de acuerdo
a la inflación causada y acumulada entre los años 1992 a 2004».

16.8. Al tenor del Convenio 95 de la OIT y de los artículos 53 y 93 de la Constitución
se debía aplicar el ajuste final de todos los salarios, en razón a que la reclamación
se realizó sin que operara la prescripción cuatrienal desde el momento del retiro. En
2004 el gobierno nacional no actualizó lo ordenado en la sentencia C-931 de 2004
y, en los años 2005 a 2011 congeló la pérdida acumulada.

1.5. Trámite de la segunda instancia

17. En auto del 30 de octubre de 20245 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 2 de abril de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
en los términos de la Ley 2080 de 2021.

18. El demandante presentó alegatos de conclusión6 en los que señaló que de
confirmarse la decisión de primera instancia se desconocería el mandato
constitucional reglado en la sentencia C-931 del 29 de septiembre de 2004, pues
con esa decisión se produjo un cambio en la ratio decidendi que le había permitido
al gobierno nacional limitar el derecho de los servidores públicos de mantener el
poder adquisitivo del salario y se reconoció el restablecimiento de los derechos que
habían restringido a través de sus decretos salariales.

19. Por su parte, las entidades demandadas y el Ministerio Público guardaron
silencio7 en esta instancia judicial.

5 Ver ítem 4 de Samai.
6 Ver ítem 8 de Samai.
7
Ver ítem 9 de Samai.
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II. Consideraciones

2.1. Competencia

20. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad
con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y
subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

21. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿si Fernando Murcia tenía
derecho a que se le reliquidara la asignación de retiro reconocida, como
consecuencia del reajuste de la asignación básica que percibió en los años 1992 a
2004 y de 2005 a la fecha de su retiro, de conformidad con la inflación acumulada
y, de acuerdo con la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional?

22. Para resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente estructura
expositiva: primero se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial aplicable y,
a continuación, se resolverá el caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre el régimen salarial de la Fuerza
Pública

23. El artículo 150 de la Constitución Política previó que el Congreso de la
República tiene, entre otras, la función de dictar las normas generales y señalar en
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para
«[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y la Fuerza Pública».

24. Con fundamento en la anterior disposición, se expidió la Ley 4 de 1992 8, en la
cual se ordenó que, para fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de
la Fuerza Pública [entre otros], el gobierno nacional debía tener en cuenta, entre
otras cosas, la sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal y la
racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad. Con base en lo anterior, dispuso
que el gobierno nacional modificaría el régimen salarial correspondiente a los
empleados «aumentando sus remuneraciones».

8 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
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25. Adicionalmente, en el artículo 13, previó que el gobierno nacional establecería
una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y
retirado de la Fuerza Pública, la cual debía producirse en las vigencias fiscales de
1993 a 1996. Ello ocurrió a partir del Decreto 107 de 1996 que desarrolló este
artículo al precisar que los sueldos básicos corresponderían al porcentaje que se
indicaba para cada grado, «con respecto a la asignación básica del grado de General».
A partir de 1997 el presidente de la República expidió los decretos salariales y, para
ello, sirvió de base el porcentaje de la asignación del grado de general.

26. Como se observa, las asignaciones básicas están sujetas a los decretos que
expide anualmente el gobierno nacional9, los cuales constituyen única fuente para
realizar el incremento salarial, pues el artículo 10 ibidem estableció expresamente
que «[t]odo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional
en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».

27. Ahora bien, el artículo 14 de la Ley 100 de 199310 ordenó que las pensiones «se
reajustar[ía]n anualmente de oficio [...] según la variación porcentual del Índice de Precios
al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior». El objetivo
principal de esta norma se contrajo a que dichas prestaciones mantuvieran su poder
adquisitivo.

28. Asimismo, el artículo 279 ibidem previó que lo dispuesto en la ley no se aplicaría
a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, pero mediante la
Ley 238 de 199511 se adicionó en el sentido de que dichas excepciones no
implicaban «la negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y
142 [...] para los pensionados de los sectores aquí contemplados».

29. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación 12 señaló
pacíficamente que el reajuste conforme con el IPC procedía únicamente cuando se
trataba de asignaciones de retiro, siempre y cuando resultara más favorable y hasta
antes de que fuera expedida la Ley 923 de 200413 y el Decreto 4433 de 200414,
pues a partir de este momento se estableció que las asignaciones de retiro y

9 Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de

1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de
2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de
2012 y 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018, 1002
de 2019, 318 de 2020, 976 de 2021, 466 de 2022, 910 de 2023.
10 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
11 Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
12 Ver, por ejemplo, las sentencias proferidas el 17 de mayo de 2007 (8464-2005), 15 de noviembre

de 2012 (25000-23-25-000-2010-00511-01).
13 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
14 Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la

Fuerza Pública.
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pensiones se incrementarían «en el mismo porcentaje en que se aument[aran] las
asignaciones en actividad para cada grado» [artículo 42].

30. Ciertamente, desde el año 200715, esta corporación sostuvo lo que a
continuación se transcribe:

«[...] no existe la menor duda en el sentido que bajo los mandatos del artículo original
279 de la ley 100 de 1993 los pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional no eran acreedores del reajuste de sus pensiones como lo dispone el artículo
14 de aquella, vale decir, teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de
Precios al Consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior,
sino como lo disponía el decreto 1212 de 1990, o sea mediante la oscilación de las
asignaciones de los miembros de la Policía Nacional en actividad.

[...] a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los sectores
excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen derecho a que se les reajuste
sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al
Consumidor certificado por el DANE como lo dispuso el artículo 14 de la última y a la
mesada 14 en los términos del artículo 142 ibidem [...]».

31.Más recientemente, en la sentencia proferida el 14 de julio de 2022 16, se
puntualizó lo siguiente:

«[...] 1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de 1995
fecha de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo 279 de la Ley 100
de 1993 presentaron una modificación consistente en que a los pensionados de los
sectores allí contemplados entre ellos los de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, en
virtud del principio de favorabilidad y conforme a los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de
1993 se les podía reajustar la asignación de retiro conforme al índice de precios al
consumidor del año inmediatamente anterior certificado por el DANE y la mesada 14,
respectivamente, siempre que el incremento realizado por el Gobierno Nacional en los
decretos anuales de las asignaciones en actividad de los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional sea inferior.

2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones
de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional conforme al
índice de precios al consumidor señalado en el artículo 14 de la ley 100 de 1993, en
cada caso concreto, aplica desde el año 1993 hasta 2004, toda vez que a partir del 1.°
de enero de 2005 se implementó nuevamente el principio de oscilación a través de la
expedición del Decreto 4433 de 2004.

3.- El reajuste conforme al IPC incide directamente en la base de la respectiva
prestación pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que a partir del
año 2005 se efectuaran sobre dicha prestación [...]».

32. En suma, el reajuste conforme con el IPC procede únicamente respecto de las
asignaciones de retiro y pensiones, pero no de las asignaciones básicas, en razón
a que las leyes y decretos reglamentarios no especificaron modificación alguna o
disposición diferente de que el gobierno nacional, a través de decretos, es el que
establece el incremento de las asignaciones básicas de los miembros de la Fuerza

15 Sentencia proferida el 17 de mayo de 2017, número interno 8464-2005.
16 Número interno 25000-23-42-000-2019-00883-01 (0501-2022).

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Pública.

2.4. De lo probado

33. En el expediente se encuentran los siguientes hechos probados:

34. Fernando Murcia prestó el servicio en la Policía Nacional así17:

Descripción Desde Hasta
Servicio militar 11/01/1990 30/12/1990
Agente alumno 14/10/1991 31/03/1992
Agente 01/04/1992 31/08/1994
Nivel ejecutivo 01/09/1994 20/08/2015
Alta 3 meses 20/08/2015 20/11/2015

35. Casur le reconoció la asignación de retiro a través de la Resolución 7991 del 28
de octubre de 201518, en cuantía equivalente al 85% del sueldo básico de actividad
para el grado y partidas legalmente computables, a partir del 20 de noviembre de
2015.

36. El 6 de diciembre de 201819 solicitó a la Policía Nacional y a Casur el reajuste
salarial y de la asignación de retiro.

37. Con Oficio S-2018-068295/ANOPA-GRULI-1.10 del 21 de diciembre de 201820,
la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional informó al demandante que
los sueldos básicos del personal uniformado y no uniformado de esa entidad los
fijaba anualmente el gobierno nacional, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 4 de 1992; y que esa área de nómina solo era competente para
liquidar los haberes del personal en servicio activo, por lo tanto no estaba facultada
para realizar reconocimiento de salarios y/o prestaciones que no estuvieran
previstos en las disposiciones legales que regían la materia.

38. Con Oficio E-00001/201904296-CASUR Id 404840 del 28 de febrero de 2019,
Casur negó el reajuste de la asignación de retiro del demandante, toda vez que se
encontraba reconocida y liquidada dentro de los parámetros legales vigentes para
la fecha de su retiro.

2.5. Caso concreto

39. En el recurso de apelación, se indicó que la asignación básica debía ser
reajustada porque la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional

17 Expediente físico fl. 199.
18 Expediente físico fl. 72.
19 Expediente físico fls. 73 a 85.
20 Expediente físico fl. 86.

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estableció que se debía reconocer la actualización plena del derecho.

40. La sentencia que sirvió de sustento a la apelación, esto es la C-931 de 2004,
declaró la exequibilidad del artículo 2 de la Ley 848 de 2003 «[p]or la cual se decreta
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004» con las condiciones que se
transcriben:

«[…] Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en cuanto
prevé un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación registrada para el año 2003,
a favor de aquellos servidores públicos que devengan hasta dos salarios legales
mínimos mensuales.

Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003 condicionado a
que el Gobierno y el Congreso, al momento definir concretamente cuál será la limitación
del derecho a mantener el poder adquisitivo real de los salarios de los servidores
públicos que devengan más de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la
vigencia presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales
recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente Sentencia. Es
decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse como ajustada a la
Constitución si incorpora las partidas necesarias para mantener, en los términos de esta
providencia, actualizados los salarios de los servidores públicos de ingresos medio o
altos.

En consecuencia, ORDENA al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que
con carácter urgente, si aún no lo ha hecho, dentro del ámbito de sus competencias,
tomen las medidas necesarias para realizar el pago de los reajustes salariales de todos
los servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la Nación, antes
de que expire la vigencia fiscal del año 2004. Para esos propósitos, deberán efectuarse
las adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire dicha vigencia
fiscal. […]».

41. En la parte considerativa de la decisión, el alto tribunal constitucional se detuvo
en los siguientes temas:

41.1. La jurisprudencia precedente en materia de reajuste de los salarios de los
servidores públicos cobijados por la ley anual de presupuesto, concretada en las
sentencias C-815 de 1999, C-1017 de 2003, C-1433 de 2000, C-1064 de 2001, en
las cuales se indicó que la Constitución Política protegió el derecho constitucional a
mantener el poder adquisitivo del salario y que ello comprendía que cada año fuera
reajustado para los servidores cobijados por la ley anual de presupuesto. Al
respecto, sostuvo lo siguiente:

«[…] En otras palabras, en la Sentencia C-1064 de 2001 la Corte mantuvo la ratio
decidendi de la C-1433 de 2000, es decir, la consideración según la cual la Constitución
protege el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario y que ello
comprende que cada año éste sea reajustado para todos los servidores cobijados por
la ley anual de presupuesto. Pero se apartó de las consecuencias deducidas de esta
premisa en la Sentencia anterior. En consecuencia, en 2001 no impartió una orden
específica contentiva de una fórmula única para aumentar los salarios de todos los
servidores públicos, sino que, tomando como pauta artículo 187 de la Constitución
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Política, que señala el criterio para determinar el aumento salarial de los congresistas
acudiendo al promedio ponderado de los salarios de los servidores de la administración
central, diferenció el conjunto de servidores públicos que por su nivel de salario
merecían una protección reforzada, de aquellos que devengan más y no la requerían.
Aquellos cuyo salario fuera menor a dicho promedio ponderado tenían un derecho “de
carácter intangible” a mantener el poder adquisitivo real, en virtud de la protección
constitucional reforzada que la Constitución dispone a su favor (C.P Art. 334.), de la
obligación del Estado de velar la igualdad sea real y efectiva (C.P Art. 13) y asegurar a
todas las personas condiciones de vida digna. (C.P Art.1). Este primer grupo de
trabajadores, dijo la Sentencia C-1064 de 2001, tenía derecho a que se les aumentara
su salario, no sólo nominalmente sino de forma tal que se mantuviera el poder
adquisitivo real del mismo. Para tal efecto debía tenerse como criterio preponderante la
inflación. En el caso de los servidores públicos que devengaran salarios más altos a
este tope, la situación era diferente, pues no se trataba de sujetos que merecieran una
protección reforzada. Por lo tanto su derecho a mantener el poder adquisitivo real del
salario podía ser limitado, siempre y cuando la limitación fuera razonable. Sobre la
razonabilidad de la limitación estimó que el juicio del juez constitucional debía ser
estricto, por cuanto la limitación podía llegar a afectar derechos constitucionales como
el salario móvil, el mínimo vital o la dignidad. […]».

41.2. Los criterios generales que han fundamentado el conjunto de decisiones en lo
relativo al derecho constitucional de los servidores públicos a mantener el poder
adquisitivo real del salario son, entre otros: (i) el principio recogido en el artículo 53
de la CP que debía ser interpretado como un derecho constitucional de los
trabajadores a mantener el poder adquisitivo; (ii) este no es absoluto, como no lo
es ninguno en el Estado de Derecho, «por lo cual puede ser limitado más no
desmejorado, desconocido o vulnerado»; (iii) «no resultan igualmente afectados por el
fenómeno inflacionario todos los servidores públicos, por lo cual los límites impuestos al
derecho al mantener la capacidad adquisitiva del salario pueden ser diferentes, según se
trate de servidores que devengan salarios bajos, medios, o altos»; y (iv) a los servidores
públicos a quienes se les limite el derecho, «el Estado les debe garantizar que, dentro
de la vigencia del plan de desarrollo de cada cuatrienio, progresivamente se avance en los
incrementos salariales que les corresponden, en forma tal que se les permita a estos
servidores alcanzar la actualización plena de su salario, de conformidad con las variaciones
en el I.P.C.».

42. Con fundamento en lo anterior, la Corte sostuvo que, ante la imposibilidad de
aplicar el parámetro de congelación total de los salarios de los trabajadores de
ingresos medios y altos, se debían tener en cuenta para esa vigencia fiscal [2004],
«a fin de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario», los
siguientes criterios:

«[...] a. Existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores públicos, a
mantener el poder adquisitivo de sus salarios (artículo 53 y concordantes, CP) y, por
ende, a que se realicen ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación
causada en el año inmediatamente anterior, sin que éste sea el único parámetro que
pueda ser tenido en cuenta. En consecuencia, no puede haber una política permanente
del Estado que permita la disminución del poder adquisitivo del salario.

b. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no es un derecho
absoluto. No obstante, no cualquier interés estatal justifica su limitación. Sólo puede ser
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limitado para promover el fin constitucionalmente imperioso de preservar la estabilidad
macroeconómica reduciendo el gasto en circunstancias de déficit fiscal y elevado
endeudamiento para no afectar el gasto público social (artículo 350, CP), asegurando
así la efectividad de la solidaridad como principio fundamental del Estado Social de
Derecho (artículo 1, CP), dentro de un contexto económico que justifique la necesidad
de la limitación (artículo 2, CP).

c. El derecho de los servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a dos
(2) salarios mínimos legales mensuales a mantener el poder adquisitivo de su salario no
podrá ser objeto de limitaciones dado que tales servidores se encuentran en las escalas
salariales bajas definidas por el Congreso de la República a iniciativa del Gobierno. Por
lo tanto, éstos servidores deberán recibir el pleno reajuste de sus salarios de
conformidad con el nivel de inflación registrada en el año 2003.

d. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los servidores públicos
a mantener el poder adquisitivo del salario sólo puede afectar a aquellos que tengan un
salario superior a los dos (2) salarios mínimos legales mensuales. El derecho de tales
servidores públicos puede ser objeto de limitaciones, es decir, su salario podrá ser objeto
de ajustes en una proporción menor a la de la inflación causada en año 2003, siempre y
cuando se dé cumplimiento a los siguientes parámetros normativos: [...]».

43. Como se observa, en la sentencia que sirvió de sustento a la apelación, la Corte
Constitucional acudió a las sentencias C-1433 de 2000 y C-1064 de 2001, y se
detuvo en la imposibilidad de congelar los salarios de los servidores públicos y
limitar el derecho a mantener el poder adquisitivo de su salario, pero como este no
era absoluto, determinó que aquellos que lo percibieran en cuantía superior a 2
smlmv21 podían ser objeto de limitación, en razón a que no eran sujetos de especial
protección del Estado.

44. Sobre tales sentencias, esta Sección22 consideró que el alto tribunal
constitucional había tomado distancia respecto de los precedentes invocados en los
que señaló un aumento salarial a partir de una fórmula única y específica, por
ejemplo la indexación con base en la inflación del año anterior como criterio mínimo
al estimar que la orden de aplicar una fórmula única y específica de indexación
salarial para cualquier nivel salarial no era compatible con la ratio decidendi de las
sentencias que constituían un precedente inmediato y directo del fallo C-1433 de
2000. Por lo que, si bien el IPC era una variable económica que podía ser tenida en
cuenta para determinar el aumento anual de los salarios de los servidores públicos,
también lo era que, no constituía la única fórmula aplicable para ello, en atención al
peso de la situación real del país, las finalidades de la política macroeconómica y la
ponderación racional del gasto público, entre otras.

45. Así las cosas, considera la Sala que, ciertamente, la Constitución Política y la
ley prevén el deber de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo del
salario, pero no únicamente conforme con la variación porcentual del IPC o la
inflación, pues el gobierno nacional, a través de los decretos que expide

21 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
22 Sentencia del 29 de noviembre de 2020. Expediente 250001-23-42-000-2016-03775-01.

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anualmente, puede acudir a otros parámetros.

46. Como en el sub examine no se ha debatido que en las anualidades solicitadas
se hubiese disminuido el salario, sino que debía ser reajustado en los términos de
la sentencia antes mencionada, debe comprenderse que no se vulneró ese derecho
y, como el demandante se desempeñó como intendente jefe de la Policía Nacional
desde 1994, al tenor de la misma sentencia, aquel se podía limitar. Ahora, el hecho
de que esos ajustes se hubieran dispuesto en proporción inferior a la inflación
causada en el año inmediatamente anterior no conlleva por sí mismo a la
vulneración de los derechos del actor, en razón a que, en la sentencia mencionada,
la Corte Constitucional consideró que este no era «el único parámetro que pueda ser
tenido en cuenta» para esos efectos.

47. Se agrega a lo anterior que, tal como lo sostuvo la entidad demandada, el único
competente para fijar el aumento de los salarios es el gobierno nacional, de manera
que no son las vinculadas a esta litis las que están llamadas a reconocer un valor
mayor del dispuesto por aquel, en virtud del artículo 10 de la Ley 4 de 1992. Al
respecto, en la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021, esta Subsección
sostuvo lo siguiente:

«[…] La asignación básica del personal de la Fuerza Pública está sujeta a los decretos
que anualmente expide el Gobierno Nacional, en los que se fijan las pautas para
determinar el monto que devengarán sus miembros anualmente, impidiendo recurrir a
una fuente distinta para realizar el correspondiente incremento salarial, puesto que, a
partir del Decreto 107 de 1996, quedaron debidamente nivelados los salarios del
personal castrense. Para la Sala resulta improcedente acceder a las pretensiones de la
demanda, toda vez que los incrementos efectuados a la asignación básica del actor en
las anualidades referidas fueron realizados conforme a los lineamientos contenidos en
los decretos que para el efecto expidió el Gobierno Nacional, lo cual torna también
inviable acceder a la reliquidación de su asignación de retiro incorporando los
porcentajes del IPC dejados de incluir en su asignación básica desde 1997 hasta la
fecha de su pago efectivo.

Lo anterior por cuanto el reajuste previsto en la Ley 238 de 1995 se refiere a las
asignaciones de retiro del personal que prestó sus servicios a las fuerzas militares y no
a los sueldos devengados por dichos servidores en actividad; por lo cual, la Sala arriba
a la conclusión de que no se encuentra desvirtuada la presunción de legalidad de los
actos administrativos acusados, porque el demandante carece del derecho a la
reliquidación de las asignaciones básicas que devengó como miembro activo del Ejército
Nacional con aplicación del IPC para los años de 1997 a 2003, toda vez que los
incrementos determinados por el Gobierno nacional tienen pleno sustento constitucional
y legal, y no están llamados a ser sustituidos en virtud de la expedición de la Ley 238 de
1995 y, por ende, tampoco es viable ordenar el reajuste de su asignación de retiro. […]».

48. Igualmente, en la sentencia del 25 de agosto de 202223 se expuso lo que se
transcribe a continuación:

«[…] En ese sentido, para los años 2004 al 2015 (año de retiro), lapso para el cual el

23 Subsección A, radicación 25000 23 42 000 2019 01059 01 (1103-2021).

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Demandante: Fernando Murcia

demandante solicita la reliquidación salarial, el Gobierno nacional, en cumplimiento del
artículo 13 de la Ley 4 de 1992, fijó la escala gradual porcentual para los miembros de
la Fuerza Pública a través de los Decretos 4158 del 2004; 923 del 2005; 407 del 2006;
1515 del 2007; 673 del 2008; 737 del 2009; 1530 del 2010; 1050 del 2011; 842 del 2012;
1017 del 2013; 187 del 2014; y 1028 del 2015.

Así, debido a que para esos periodos el señor José Javier Herrera Velandia era miembro
activo de la Policía Nacional, ya que su retiro definitivo se produjo el 18 de febrero del
2015, el incremento de su sueldo básico mensual debía atender a las citadas
disposiciones gubernamentales. Por tanto, el desacuerdo con los salarios fijados debió
discutirse a partir del contenido de los mencionados decretos, pues fue en aquellos en
donde se plasmó la voluntad de la administración sobre el particular.

[...]

Ahora, sobre la asignación mensual de los ministros de despacho y su relación con el
salario del señor José Javier Herrera, debe decirse que tales argumentos tampoco
tienen vocación de prosperidad, en atención a que como lo pretendido es discutir el
modo en que el Gobierno nacional ha fijado la remuneración de dichos servidores
públicos, los actos administrativos demandados carecen de la idoneidad necesaria para
estudiar ese aspecto, en tanto no se ocupan del tema concerniente al salario de los
ministros. [...]».

49. Y es que la sentencia supra citada examinó la constitucionalidad de la Ley 848
de 2003 que decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital para el año
2004, de manera que no podría aplicarse a las vigencias anteriores como lo
pretendió la parte actora, máxime si el gobierno nacional incrementó los salarios.

50.Sobre el particular, en la sentencia proferida el 10 de noviembre de 202224, esta
Sección sostuvo que «la Corte Constitucional ordenó la actualización plena del derecho
a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos, en los
precisos términos de la consideración jurídica número 3.2.11.8.4, y en este numeral la Corte
no hizo mención a esa actualización histórica como lo indica el demandante»; asimismo,
puntualizó que no eran contrarios a la Constitución los reajustes salariales de los
altos funcionarios con un porcentaje menor al de la inflación, siempre y cuando no
fuera permanente, sino temporal; de ahí que la Corte haya explicado que «la aludida
limitación no es una deuda que adquiere el Estado con los servidores públicos» y «tampoco
es reembolsable al final de un determinado periodo, porque se trata de un ahorro fiscal para
asegurar otros fines y principios constitucionales de mayor envergadura».

51. En la misma providencia citada, se examinó la legalidad de los Decretos 4150
de 2004, 916 de 2005 y 372 de 2006 en lo que concernía al incremento salarial
establecido por el gobierno nacional, para concluir que (i) este y el Congreso de la
República cumplieron con las directrices trazadas en las sentencias C-1017 de 2003
y C-931 de 2004 proferidas por la Corte Constitucional, en razón a que, a partir del
año 2004, se aumentó el porcentaje de los funcionarios hasta alcanzar como
incremento uno superior al 100% de la inflación cuando finalizó la vigencia del Plan
de Desarrollo 2003 - 2006; y (ii) en los años posteriores a 2005 se expidieron los

24 Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2015-00277-00 (0541-2015).

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Demandante: Fernando Murcia

decretos en cumplimiento de los lineamientos impuestos por la alta corporación.

52. En ese orden argumentativo, ha de señalarse que el demandante no tenía
derecho a las diferencias salariales que solicitó; además, como el reajuste de la
asignación de retiro depende de la prosperidad del incremento del salario no hay
lugar a conceder dicha petición, en razón a que el régimen de la Fuerza Pública
ordena la aplicación del principio de oscilación25. En consecuencia, se confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Conclusión

53. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia que negó
las pretensiones de la demanda, en razón a que el solicitante no tenía derecho a
que se reajustara la asignación básica devengada en los años 1992 a 2004 porque
el incremento de la asignación básica mensual del personal activo de las Fuerzas
Militares y de Policía recae únicamente en el gobierno nacional, de conformidad con
la Ley 4 de 1992 y, aunque no se haya dado en los precisos términos de la inflación,
no puede considerarse que ello vulnere sus derechos laborales.

2.7. Costas

54. La condena en costas en la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo está
prevista en el artículo 188 del CPACA que dispuso:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una

25 Entre otras, ver las sentencias proferidas el 30 de mayo de 2024, expediente 25000-23-42-000-

2021-00570-01(3322-2022); 4 de julio de 2024, expediente 25000-23-42-000-2019-01029-01 (6330-
2022); 10 de abril de 2025, expediente 73001-23-33-000-2020-00271-01(4414-2024); 2 de octubre
de 2025, expediente 25000-23-42-000-2021-00948-01 (6554-2024); y del 19 de febrero de 2026,
expediente 25000-23-42-000-2019-00744-01(3917-2022).
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aplicación razonable de la norma26.

57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

58. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la que no se condenará en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 2 de abril de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que negó las
pretensiones de la demanda presentada por Fernando Murcia contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del

26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LXRR

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