Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00277-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00277-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2015-00277-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
10 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Nación —Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Departamento Administrativo de la Función Pública—
Temas: Escalas de asignación básica de los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden
nacional. Incrementos salariales de los ministros de despacho y
directores de departamentos administrativos.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Decide la Sala, en única instancia, la demanda instaurada por el señor Juan Carlos
Arciniegas Rojas, quien obra en nombre propio, contra el artículo 3, literal a) de los
Decretos 4150 de 2004, 916 de 2005; 372 de 2006; 600 de 2007; 643 de 2008; 708
de 2009; 1374 de 2010; 1031 de 2011; 853 de 2012;1029 de 2013; 199 de 2014; y
1101 de 2015, expedidos por el Gobierno Nacional, «por medio de los cuales se
fijan las escalas de asignación básica de los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible,
Empresas Sociales del Estado, del orden nacional y se dictan otras disposiciones».
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
1 Folios 1 a 22 cuaderno principal.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
En ejercicio del medio de control de nulidad,2 consagrado en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor
Juan Carlos Arciniegas Rojas, formuló demanda en orden a que se declare la
nulidad del artículo 3, literal a), de los siguientes decretos anuales por los cuales se
fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por
empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y
de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional y se
dictan otras disposiciones: 4150 de 2004, 916 de 2005; 372 de 2006; 600 de 2007;
643 de 2008; 708 de 2009; 1374 de 2010; 1031 de 2011; 853 de 2012;1029 de
2013; 199 de 2014; y 1101 de 2015.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó: i) efectuar la actualización plena del
derecho a mantener el poder adquisitivo real de la asignación mensual del ministro
de despacho, contenida en los Decretos antes enunciados, de conformidad con el
índice acumulado de inflación; ii) tener la variación negativa, causada en los años
1992 a 2004 y iii) establecer la diferencia entre la variación ordenada en los Decretos
11 de 1993, 42 de 1994, 25 de 1995, 10 de 1996, 31 de 1997, 40 de 1998, 35 de
1999, 2720 de 2000, 1460 de 2001, 2710 de 2001, 660 de 2002, 3535 de 2003,
4150 de 2004, y el I.P.C. del año inmediatamente anterior al ajuste ordenado.3
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, se pueden sintetizar los siguientes:
2 El actor interpuso el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad; sin embargo, mediante auto de 28
de mayo de 2015, esta Corporación admitió la demanda como de simple nulidad (folios 31 a 33 cuaderno
principal).
3 En la audiencia inicial del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, celebrada el trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019), el Despacho entre los minutos
19:29 a 20:03, indicó: “[…]con respecto a estas últimas pretensiones, la Sala Unitaria considera que estas son
manifiestamente improcedentes en este medio de control de simple nulidad, pues el artículo 137 de la Ley 1437
de 2011 no permite declaraciones de restablecimiento del derecho como las solicitadas por la parte demandante
a través del medio de control de simple nulidad. En consecuencia, el proceso continuará, únicamente, con las
pretensiones de anulabilidad de los decretos acusados […]”, véase CD a folio 159 y acta de audiencia a folio
166 del cuaderno principal.
2
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
i) La Ley 1.ª de 3 de enero de 1986 concedió facultades extraordinarias al
presidente de la República para modificar las escalas de remuneración y gastos de
representación de los empleados del sector público, y fijó en el artículo 3 de manera
expresa que «El Gobierno, al hacer uso de las facultades que le otorga la presente
Ley, procurará garantizar el poder adquisitivo de los ingresos, para lo cual tendrá en
cuenta la variación de los índices de precios, así como la disponibilidad de recursos
fiscales del Gobierno Nacional».
ii) Mediante el Decreto 333 de 1992 el presidente de la República declaró «el estado
de emergencia social», en razón a que el clima laboral se había perturbado. Con el
Decreto 334 de 1992 fijó incrementos del 26.8% para los empleados de la
administración central.
iii) En desarrollo de la Ley 4.ª de 1992, se expidió el Decreto 872 del 2 de junio del
mismo año, que en el parágrafo del artículo 2 fijó la asignación mensual de los
ministros del despacho, el cual fue ajustado, año por año, mediante los Decretos 11
de 1993; 42 de 1994; 25 de 1995; 10 de 1996; 31 de 1997; 40 de 1998; 35 de 1999;
2720 de 2000; 1460 de 2001; 2710 de 2001; 660 de 2002; 3535 de 2003; y 4150 de
2004.
iv) Dichos incrementos presentan un valor negativo en relación con la inflación
causada, respecto al año inmediatamente anterior, con excepción de los años 1998
y 2000, pues en dichas anualidades fue creada la bonificación por compensación y
se incrementaron los salarios conforme lo indicó la sentencia C-1433 de 2000 de la
Corte Constitucional, respectivamente.
v) Mediante Sentencia C-1017 de 2003, la Corte Constitucional declaró exequible el
artículo 2.° de la Ley 780 de 2002, «Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas
y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero
al 31 de diciembre de 2003», para lo cual ordenó al Gobierno Nacional y al Congreso
de la República que, en el ámbito de sus competencias, adoptaran las medidas
necesarias para dar cumplimiento a la norma y, en caso de que las partidas
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
presupuestales del artículo 2 de la ley 780 de 2002 fueran insuficientes, efectuar las
adiciones y traslados presupuestales respectivos.
vi) El Congreso expidió la Ley 848 de 2003, «Por la cual se decreta el Presupuesto
de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004», cuyo artículo 2 fue declarado exequible
condicionalmente por la Corte Constitucional. No obstante, el Gobierno nacional no
tomó las medidas necesarias para realizar el pago de los reajustes salariales de
todos los servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la
Nación, antes de que expirara la vigencia fiscal del año 2004, ni efectuó las
adiciones o traslados presupuestales necesarios antes de que feneciera dicha
vigencia, y así ajustar la asignación del ministro del Despacho, que había sido fijada
mediante el Decreto 4150 de 2004, acusado.
vii) El Gobierno expidió los Decretos 916 de 2005, 372 de 2006, 600 de 2007, 643
de 2008, 708 de 2009, 1374 de 2010, 1031 de 2011, 853 de 2012, 1029 de 2013,
199 de 2014 y 1101 de 2015, acusados, en los cuales no se evidenció [artículo 3,
literal a)] el reconocimiento de la actualización plena del derecho a mantener el
poder adquisitivo real del salario y, por contera, la actualización de la asignación
básica, los gastos de representación y la prima de dirección allí consagrados, como
lo ordenó la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Se señalaron como vulnerados el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 48, 53,
150, 230 y 334 de la Constitución Política de 1991. Al desarrollar el concepto de
violación, el demandante, en síntesis, expuso los siguientes argumentos, en relación
con cada una de las disposiciones invocadas:
i) Preámbulo. Los preceptos acusados no garantizan el aseguramiento de la justicia
y la igualdad reconocida por la Constitución y, en consecuencia, lo violan por
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
desconocimiento del principio rector del trabajo digno, así como el propósito
constituyente de fundar un orden político económico y social justo.
ii) Artículo 1. Los decretos acusados incitan a las desigualdades de carácter salarial
y por lo tanto desatienden el papel del Estado Social de Derecho el cual busca
suprimir la desigualdad social y contrarrestar las existentes.
iii) Artículo 2. En los decretos demandados el Gobierno nacional dejó de cumplir
los fines esenciales y por ello violan la garantía de efectividad de principios,
derechos y deberes, por lo que, con la pérdida del poder adquisitivo del salario, se
contraría la obligación constitucional de promover la prosperidad general, y lo que
se causa es un empobrecimiento.
iv) Artículo 4. Los decretos acusados desconocen los criterios jurisprudenciales que
la Corte Constitucional señaló en las sentencias C- 1017 de 20034 y C- 931 de
2004,5 al no mantener actualizados los salarios de los servidores públicos de
ingresos medios o altos.
v) Artículo 13. El principio de igualdad vulnerado por los precitados decretos en
razón al trato desigual que se da entre los servidores públicos de ingresos medios
o altos y de los ingresos bajos.
vi) Artículo 25. Los preceptos demandados violan las condiciones de dignidad y de
justicia por cuanto no solo vulneran el texto constitucional sino el precedente
jurisprudencial de la sentencia C- 931 de 2004, en tanto que se realizan ajustes
salariales sin reconocimiento de la actualización plena del derecho a mantener el
poder adquisitivo.
4 Corte Constitucional. Sala Plena. M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa y Dr. Rodrigo Escobar Gil.
Sentencia C- 1017. De treinta (30) de abril de dos mil tres (2003).
5 Corte Constitucional. Sala Plena. M. P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia C-931 de veintinueve
(29) de septiembre de dos mil tres (2003).
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
vii) Artículo 48. La violación de este mandato superior es flagrante por parte del
Gobierno nacional, por cuanto no se han respetado los derechos adquiridos ni la
actualización del poder adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos,
en los términos descritos en la precitada sentencia.
viii) Artículo 53. Se desconoce por la no aplicación de los principios mínimos
fundamentales, en lo que tiene que ver con la situación más favorable para el
trabajador y la no garantía de movilidad real de los salarios.
ix) Artículo 150. «Corresponde al Congreso de la Republica expedir las leyes, en
ellas dicta las normas generales y señala los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno Nacional. Cualquier extralimitación u omisión no solo
consolida una nulidad al acto que se reproduzca en virtud de dicha ley, sino que es
inconstitucional pues está amparada o normada en un vacío jurídico carente de
competencias y atribuciones legales y constitucionales».6
x) Artículo 230. Se vulnera «en el sentido que la equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad
judicial. Y por tanto deben ser tenidos en cuenta cuando se encuentran inmersos de
manera flagrante la protección de los derechos de un grupo de ciudadanos».7
xi) Artículo 334. «[…] el Estado, en su condición de director de la economía,
encargado de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la
distribución equitativa de las oportunidades y beneficios del desarrollo, ve
menguada su labor, cuando en el ámbito jurídico existe norma, como las normas
demandadas, que implican la pérdida del poder adquisitivo del salario que devengan
los servidores públicos; lo que demuestra que el Estado no puede cumplir con la
obligación de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda».8
6 Folio 10 de cuaderno principal.
7 Folio 10 cuaderno principal.
8 Folio 11 cuaderno principal.
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
En conclusión, sostiene que el Gobierno nacional, cuando expidió los decretos
demandados, se limitó a mantener el poder adquisitivo de los salarios vigentes en
el año 2004, los cuales se encontraban desactualizados con pérdida de poder
adquisitivo real por la variación negativa con la inflación causada en los años 1992
a 2004, con excepción de los años 1998 y 2000.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por intermedio de apoderado,9 solicitó
rechazar las pretensiones y declarar ajustados a las normas constitucionales y
legales los decretos demandados, y expuso las siguientes razones de defensa:
i) El actor no logró argumentar las razones por las cuales los preceptos demandados
son violatorios de las normas constitucionales.
ii) El Gobierno nacional ha expedido los decretos salariales, en ejercicio de legítimas
facultades conferidas por la Constitución Política y la correspondiente ley cuadro o
marco, es decir la Ley 4.ª de 1992.
iii) Los parámetros establecidos para la fijación de la política fiscal del aumento
salarial recogen lo señalado por la Corte Constitucional, en las sentencias C-710 de
1999, C- 1064 de 2001, C-1017 de 2003 y C-931 de 2004.
iv) El Gobierno ha dado cumplimiento a los mandatos constitucionales, legales y los
aumentos salariales se han efectuado de acuerdo con los lineamientos fijados por
la Corte Constitucional; en ese sentido, los decretos acusados han sido expedidos
con dichas observaciones.
v) La Corte Constitucional ha sostenido que las limitaciones de que han sido objeto
9 Folios 94 a 102 del cuaderno principal.
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
los aumentos salariales no implican deuda, reconocimiento de intereses ni
retroactividad.
1.2.2. Departamento Administrativo de la Función Pública
El Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante apoderada,10
solicitó declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, o, en su defecto, negar las
pretensiones, con fundamento en las siguientes razones:
i) La fijación del régimen salarial de los servidores públicos debe consultar el marco
general de la política macroeconómica y fiscal, la racionalización de los recursos
públicos y las limitaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la
República a través de la Ley de Presupuesto General de la Nación.
ii) El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo real del salario no es un
derecho absoluto, por lo cual puede ser limitado para atender el gasto público social,
conforme lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004.
iii) El Consejo de Estado ha sido insistente en la necesidad de que las demandas
de nulidad sometidas a su estudio cuenten con verdaderos cargos de nulidad contra
los actos administrativos acusados y en ese sentido no se debe realizar cualquier
tipo de argumentación, pues no serviría de análisis para el Consejo de Estado. En
tal sentido, los cargos expuestos por el actor no son claros, ciertos, específicos,
pertinentes y suficientes para propiciar un pronunciamiento de fondo sobre la
legalidad de las normas.
iv) El incremento salarial que anualmente ordena el Gobierno nacional está
orientado a garantizar que los funcionarios conserven el poder adquisitivo de su
salario y se asegura que la remuneración sea digna, justa y móvil, atendiendo los
criterios de progresividad, equidad y proporcionalidad, fijados por la Corte
Constitucional.
10 Folios 107 a 121 y 141 al 148 ibidem.
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Finalmente, propuso las excepción de caducidad de la acción.
1.3. La audiencia inicial11
Las principales decisiones que se adoptaron y se notificaron en estrados en la
audiencia inicial12 fueron las siguientes:
i) El proceso se encuentra completamente saneado, al adelantar el trámite ante
autoridad judicial competente, con las formalidades impuestas por la ley y por surtir
las notificaciones del auto admisorio de demanda de forma adecuada.
ii) Se resolvió la excepción de caducidad de la acción propuesta por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, en los siguientes términos:
[…] El Departamento Administrativo de la Función Pública propuso excepción previa
denominada caducidad de la acción, para ello alega que con las pretensiones de
anulación de los actos generales viene aparejado de pretensiones de
restablecimiento automático del derecho, atinentes a la solicitud de la fijación del a
remuneración mensual que corresponde a un ministro de despacho, con la inclusión
de la asignación básica, gastos de representación y prima de dirección aplicando la
actualización desde el año 1992, lo que conlleva a que debiera someterse a las
reglas del medio de control de nulidad contra el acto administrativo o de carácter
general, pues una eventual nulidad de la expresión demandada, traería consigo el
restablecimiento automático del derecho en cabeza de aquellos funcionarios
beneficiarios.
Con respecto a la excepción previa propuesta, se observa que la parte demandante
acusó actos administrativos de carácter general susceptibles de ser impugnados a
través del medio de control de nulidad; por ello, así se admitió la demanda en auto
del veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015), decisión que, dicho sea de
paso, está en firme y es ley del proceso. […]
En el presente asunto se solicita la nulidad del artículo, literal a) de los siguientes
decretos expedidos por el Gobierno Nacional: 4150 de 2004, 916 de 2005, 372 de
2006, 600 de 2007, 643 de 2008, 708 de 2009, 1374 de 2010, 1031 de 2011, 853
de 2012, 1029 de 2013 y 19 de 2014, por lo cuales se fijaron las escalas de
asignación básica de los empleos desempeñados por empleados públicos de la
Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible,
Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictaron otras disposiciones,
actos administrativos todos de contenido general, susceptibles de ser atacados a
11 Folio 159 (Cd rom) y folios 160 a 168 (acta de audiencia inicial), cuaderno principal.
12 Celebrada el 13 de mayo de 2019.
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
través del medio de control previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011,
artículo 164 ibidem en cualquier momento. En estas condiciones la excepción no
prospera.13
iii) Se fijó como problema jurídico, definir la constitucionalidad y legalidad de los
actos acusados y frente a las pretensiones accesorias se determinó:
[…] El demandante alega que ellos [los decretos acusados] están incursos en las
causales de anulación de violación de los principios y las normas superiores en que
han debido fundarse, pues, en su sentir, el Gobierno Nacional no ajustó los salarios
de los ministros y directores de departamentos administrativos del orden nacional,
como mínimo en lo equivalente al índice de inflación.
Una vez establecida la anulabilidad por la omisión del Gobierno Nacional en
reglamentar los incrementos mínimos, la parte demandante pretende que esta
jurisdicción supla ese vacío con las declaraciones arriba mencionadas.
Con respecto a estas últimas pretensiones, la Sala Unitaria considera que estas son
manifiestamente improcedentes en este medio de control de simple nulidad, pues el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 no permite declaraciones de restablecimiento
del derecho como las solicitadas por la parte demandante a través del medio de
control de simple nulidad. En consecuencia, el proceso continuará, únicamente, con
las pretensiones de anulabilidad de los decretos acusados […].14
iv) Finalmente, se tuvieron como pruebas los documentos allegados con la
demanda, su reforma y las contestaciones respectivas, dándoles el valor que les
asigne la ley.
1.4. Alegatos de conclusión
1.4.1. El demandante
El señor Juan Carlos Arciniegas, al descorrer su traslado, reiteró los argumentos
expuestos a lo largo del proceso,15 y agregó los siguientes:
i) Las normas acusadas violan las condiciones de dignidad y justicia, pues con ellas
se incumplió la Constitución, la Ley 4.ª de 1992 y el precedente jurisprudencial fijado
en sentencia C-931 de 2004, dictada por la Corte Constitucional.
13 Folio 164, cuaderno principal.
14 Folio 166, cuaderno principal.
15 Folios 189 a 195, cuaderno principal.
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
ii) El Gobierno nacional, a partir del año 2004, mediante los decretos que se
demandan, se limitó a mantener el poder adquisitivo de los salarios de los ministros
de despacho y de los directores de departamentos administrativos, de conformidad
con el IPC de cada año, pero no actualizó previamente dichos salarios con el índice
de inflación acumulada de los años 1993 a 2004, en los términos indicados por la
Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004.
1.4.2. La parte demandada
1.4.2.1. El Departamento Administrativo de la Función Pública reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda,16 e indicó que el Gobierno
Nacional al dictar los decretos salariales anuales del personal de las entidades
públicas se ajustó al texto superior, la Ley 4.ª de 1992, la ley marco de salarios y la
ley anual de presupuesto.
1.4.2.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda.17
1.4.2.3. El Ministerio Público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado solicitó denegar las
pretensiones de la demanda,18 con fundamento en las siguientes razones:
i) Frente a los cuestionamientos formulados por la parte demandada, relativos a la
falta de argumentación de los cargos expuestos, se debe dar prevalencia a lo
sustancial sobre lo formal, siempre y cuando del escrito de la demanda emerja un
cargo que pueda configurarse dentro de las causales de nulidad establecidas.
16 Folios 175 a 180 del cuaderno principal.
17 Folios 187 a 188 del cuaderno principal.
18 Folios 181 a 186 del cuaderno principal.
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
ii) Los denominados salarios altos de la Rama Ejecutiva entre 1993 y 2002 no
tuvieron un incremento acorde con los postulados constitucionales, lo cual generó
una afectación subjetiva, cuya discusión corresponde al medio de control de nulidad
y restablecimiento de derecho y no al presente medio de control, como quiera que
lo que se debate únicamente es la legalidad de los decretos atacados.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico se contrae a establecer si los ajustes de los salarios de los
ministros de despacho y directores de departamentos administrativos que fijó el
Gobierno nacional, entre los años 2004 y 2015, son contrarios a la Constitución y a
los precedentes judiciales de la Corte Constitucional, como lo expone el
demandante, por no incluir la diferencia negativa acumulada de los años 1992 a
2004, entre el porcentaje de los incrementos salariales y el de la pérdida del poder
adquisitivo del salario.19
El demandante solicita a la Sala dar aplicación a las reglas de la Corte Constitucional
emitidas en las Sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004.
2.2. Las disposiciones demandadas
i) Decreto 4150 del 10 de diciembre de 2004:
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1.º de enero de 2004, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
a) Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo: Ocho
millones novecientos dieciocho mil ochocientos setenta y seis pesos ($8.918.876)
moneda corriente, distribuidos así:
Asignación básica: $ 2.440.204
19 Durante este periodo a los ministros de despacho y directores de departamentos se les reajustó su salario
por debajo del porcentaje de la inflación.
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Gastos de representación: $ 4.338.142
Prima de dirección: $ 2.140.530
ii) Decreto 916 del 30 de marzo de 2005:
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1.º de enero de 2005, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
a) Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo: nueve
millones cuatrocientos nueve mil cuatrocientos quince pesos ($9.409.415) moneda
corriente, distribuidos así:
Asignación básica: $ 2.574.416
Gastos de representación: $ 4.576.740
Prima de dirección: $ 2.258.259
iii) Decreto 372 del 8 de febrero de 2006:
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1.º de enero de 2006, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
a) Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo, nueve
millones ochocientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y seis pesos
($9.879.886) moneda corriente, distribuidos así:
Asignación Básica: $ 2.703.137
Gastos de Representación: $ 4.805.577
Prima de Dirección: $ 2.371.172
iv) Decreto 600 del 2 de marzo de 2007:
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1.º de enero de 2007, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
a) Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo, diez
millones trescientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos ($10.324.481)
moneda corriente, distribuidos así:
Asignación básica: $ 2.824.778
Gastos de Representación: $ 5.021.828
Prima de Dirección: $ 2.477.875
v) Decreto 643 del 4 de marzo de 2008:
13
Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1.º de enero de 2008, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
a) Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo, diez
millones novecientos once mil novecientos cuarenta y cuatro pesos ($10.911.944)
moneda corriente, distribuidos así:
Asignación Básica: $ 2.985.508
Gastos de Representación: $ 5.307.570
Prima de Dirección: $ 2.618.866
vi) Decreto 708 del 6 de marzo de 2009:
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1.º de enero de 2009, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
a). Ministros del Despacho y Directores De Departamento Administrativo, once
millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos
($11.748.891) moneda corriente, distribuidos así:
Asignación Básica: $ 3.214.497
Gastos de Representación: $ 5.714.661
Prima de Dirección: $ 2.819.733
vii) Decreto 1374 del 26 de abril de 2010:
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1.º de enero de 2010, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
a) Ministros del Despacho y Directores de Departamento
Administrativo, once millones novecientos ochenta y tres mil ochocientos setenta
pesos ($11.983.870) moneda corriente, distribuidos así:
Asignación Básica: $ 3.278.787
Gastos de Representación: $ 5.828.955
Prima de Dirección: $ 2.876.128
viii) Decreto 1031 del 4 de abril de 2011:
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1.º de enero de 2011, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
14
Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
a) Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo, doce
millones trescientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve pesos
($12.363.759) moneda corriente, distribuidos así:
Asignación Básica: $ 3.382.725
Gastos de Representación: $ 6.013.733
Prima de Dirección: $ 2.967.301
ix) Decreto 853 del 25 de abril de 2012:
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1.º de enero de 2012, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
a) Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo, doce
millones novecientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y nueve pesos
($12.981.949) moneda corriente, distribuidos así:
Asignación Básica: $ 3.551.862
Gastos de Representación: $ 6.314.420
Prima de Dirección: $ 3.115.667
x) Decreto 1029 del 21 de mayo de 2013:
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1.º de enero de 2013, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
a) Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo, trece
millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos veintinueve pesos ($13.428.529)
moneda corriente, distribuidos así:
Asignación Básica: $ 3.674.047
Gastos de Representación: $ 6.531.636
Prima de Dirección: $ 3.222.846
xi) Decreto 199 del 7 de febrero de 2014:
Artículo 3. Otras Remuneraciones. A partir del 1.º de enero de 2014, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan serán
las siguientes:
a) Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo,
Trece millones ochocientos veintitrés mil trescientos veintiocho pesos ($13.823.328)
moneda corriente, distribuidos así:
15
Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Asignación Básica: $ 3.782.064
Gastos de Representación: $ 6.723.666
Prima de Dirección: $ 3.317.598
xii) Decreto 1101 del 26 de mayo de 2015:
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1.º de enero de 2015, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
a. Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo: Catorce
millones cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis pesos
($14.467.496) moneda corriente, distribuidos así:
Asignación básica: $ 3.958.309
Gastos de representación: $ 7.036.989
Prima de dirección: $ 3.472.198
2.3. Marco jurídico
Para resolver la controversia, la Sala se referirá a: i) la competencia del Gobierno
Nacional para fijar el régimen salarial y el reajuste anual de los empleados públicos
del orden nacional; ii) los reajustes salariales de los altos funcionarios del Estado,
normativa y reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional aplicables (C-1433
de 2000, C-1064 de 2001 y C- 931 de 2004); y iii) el caso concreto —análisis de
constitucionalidad de los Decretos 4150 de 2004, 916 de 2005, 372 de 2006, 600
de 2007, 643 de 2008, 708 de 2009, 1374 de 2010,1031 de 2011, 853 de 2012,
1029 de 2013, 199 de 2014 y 1101 de 2015, mediante los cuales se fijaron los
incrementos salariales anuales para los ministros de despacho y directores de
departamentos administrativos—.
2.3.1. La competencia para fijar el régimen salarial y los emolumentos de los
empleados públicos del ejecutivo nacional.
El artículo 150 de la Constitución Política, dispone:
Art. 150 Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones: [...]
16
Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios
a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: [...]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de
los miembros del Congreso nacional y de la fuerza pública. (Negritas de la Sala).
En virtud de la competencia otorgada en el numeral 19, el Congreso de la República
expidió la Ley 4.ª de 1992, por la cual se fijaron las normas, objetivos y criterios que
debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y
de la Fuerza Pública, de conformidad con lo establecido en los literales e) y f) arriba
trascritos.
Al efecto, en el artículo 2 señaló:
Artículo 2. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del
régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán
desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios
por parte del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su
servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los
niveles profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y
entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas
generales y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta
como criterios, la equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de
localización, de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen,
para la Rama Legislativa. (Negritas de la Sala)
17
Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Ahora bien, el artículo 189 de la Constitución Política otorgó la competencia al
presidente de la República para fijar los emolumentos de los cargos de la
administración central, así:
Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe
del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
[…]
14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la
administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y
emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales.
[…]. (Resaltado de la Sala).
Para esos efectos, el artículo 3 de la Ley 4.ª de 1992 estableció que, «el sistema
salarial de los servidores públicos estará integrado por los siguientes elementos: la
estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban
desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de
cargos». (Negritas de la Sala).
Y el artículo 4, en relación con los reajustes salariales, ordenó:
Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2 el Gobierno Nacional,
dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema
salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1º literal a), b)
y d), aumentando sus remuneraciones.
Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de
representación y comisiones de los mismos empleados.
Los aumentos que decretó el Gobierno Nacional conforme a este artículo,
producirán efectos fiscales a partir del primero de enero del año respectivo. [Los
apartes subrayados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en
la sentencia C-710 de 1999].20
[…].
20 De conformidad con lo expuesto por la Corte constitucional en la sentencia C-710 de 1999, el Gobierno
Nacional puede decretar el aumento salarial en cualquier época del año con retroactividad al 1 de enero
correspondiente, pero si el Gobierno Nacional decide otorgar incrementos salariales adicionales durante un
mismo año, será el Presidente de la República quien, en el decreto correspondiente, indique la fecha a partir de
la cual operará la retroactividad.
18
Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
De todo lo anterior se concluye que, por directriz y regla vinculante del Congreso de
la República, el Gobierno nacional debe, como mínimo, cada año, aumentar las
remuneraciones de los empleados públicos, con sujeción al marco general de la
política macroeconómica y fiscal, la racionalización de los recursos públicos, las
limitaciones presupuestales, entre otros criterios fijados en el artículo 2 de la Ley 4.ª
de 1992.
2.3.2. Los reajustes salariales de los altos funcionarios del Estado. Reglas
jurisprudenciales de la Corte Constitucional aplicables (C-1433 de 2000, C-
1064 de 2001 y C- 931 de 2004)
El artículo 53 de la Constitución Política señala, como principio fundamental del
trabajo, «la remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo». Como lo ha expresado la Corte Constitucional,21 el legislador no ha
desarrollado aquel principio, en consecuencia, los alcances de los derechos
constitucionales que de él se derivan se deducen directa y exclusivamente de la
interpretación de la Constitución.
La Sala, en anterior oportunidad,22 con apoyo en la jurisprudencia constitucional,
concluyó que si bien aquel principio del citado artículo 53 permite que el trabajador
mantenga el poder adquisitivo de su salario por causa de la inflación, este derecho
no es de carácter absoluto para algunos servidores públicos, por lo siguiente:
Precisamente, una de las garantías que otorga la norma citada es el derecho del
trabajador a mantener una remuneración mínima, vital y móvil,23 la cual hace
referencia al mantenimiento del poder adquisitivo real del salario. Este último
concepto surgió de la interpretación sistemática reforzada por los convenios
internacionales que ha hecho la Corte Constitucional, según la cual tal garantía tiene
estrecha relación con la materialización de otros fines, derechos y principios
constitucionales.
Así, la jurisprudencia24 relaciona el cumplimiento de dicho precepto con el
acatamiento de otros deberes y derechos tales como el de construir un orden social
21 Sentencia C- 931 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 15 de septiembre
de 2016, Radicado 76001 23 31 000 2005 04234 01 (1204-12), M.P. William Hernández Gómez.
23 Solo se analizará este aspecto por su relación directa con el caso sub examine.
24 Ibidem.
19
Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
justo, la dignidad humana, la solidaridad, la promoción y garantía de la prosperidad
y el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la
igualdad real y efectiva; el aseguramiento de la existencia de igualdad de
oportunidades para todas las personas, y en particular para las que perciban
menores ingresos, de tener acceso efectivo a los bienes y servicios básicos, entre
otros.
Ahora, debe decirse que el derecho constitucional a mantener el poder
adquisitivo real del salario no tiene un carácter absoluto. Sobre este punto
conviene citar la sentencia C- 475 de 199725 proferida por la Corte Constitucional en
la que se explicó que los derechos constitucionales no son ilimitados en su ejercicio.
En relación con el derecho al trabajo y las garantías que el mismo contiene, la
Constitución es clara en señalar que no pueden desmejorarse ni siquiera en estados
de emergencia, así lo determina el artículo 215 constitucional al indicar en su inciso
final: «El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores
mediante los decretos contemplados en este artículo». Sin embargo, la
jurisprudencia constitucional explicó que ello no implica que el derecho al trabajo
sea absoluto con estas precisiones:
«[...] A este respecto, considera la Corte importante insistir en la distinción entre la
naturaleza limitable del derecho, consustancial a todos los derechos
constitucionales en un Estado Social de Derecho, de un lado, y el desmejoramiento
de los derechos sociales, de otro. La prohibición de desmejora de los derechos
sociales de los trabajadores no convierte a dichos derechos en absolutos, ni implica
que el derecho a un reajuste para responder a la inflación que afecta a la población
en general deba ser reconocido en forma absoluta a todos los servidores públicos,
independientemente de su nivel de ingresos26.[…]». (Negritas de la Sala).
Bajo esta perspectiva, la Sección Segunda de esta Corporación ha analizado las
sentencias C-1433 de 2000 y C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, con el
objeto de determinar si el Gobierno nacional, al momento de determinar los
reajustes salariales anuales, en ejercicio de la competencia atribuida en el artículo
4º de la Ley 4.ª de 1992, está obligado a mantener, como mínimo, el poder
adquisitivo de los salarios con base en la inflación causada en el año
inmediatamente anterior.
En efecto, resulta importante traer a colación, in extenso, lo analizado por la Sala27:
4.1 Incremento salarial de los servidores públicos. Obligatoriedad
25 Sentencia C-475 de 1997, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
26 Sentencia C- 1064 de 2001.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 15 de septiembre
de 2016, Radicación núm. 76001-23-31-000-2005-04234-01(1204-12), M.P. William Hernández Gómez.
20
Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
En sentencia C-1433 de 2000, la Corte Constitucional definió la inexequibilidad del
artículo 2.º de la Ley 547 de 1999 por la cual se expidió el «presupuesto de rentas y
ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 2000», norma que fue demandada
porque el legislador no previó el aumento salarial para todos los servidores públicos,
sino solo a favor de quienes devengaran menos de dos salarios mínimos.
En aquella oportunidad, la Corte Constitucional decidió que todos los servidores
públicos tenían el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario por lo que el
mismo debía ser reajustado anualmente con base en la inflación causada en el año
inmediatamente anterior, con lo cual, fijó un método específico y una fórmula precisa
de indexación salarial con base en el índice de precios al consumidor.
En tal virtud, la Corporación consideró que aumentar el salario mínimo de los
servidores públicos que solo percibían menos de dos salarios mínimos mensuales
rompía el principio de igualdad en la medida en que la situación de todos los
trabajadores estaba igualmente afectada por las circunstancias económicas y, en
especial, por el fenómeno inflacionario. En consecuencia, concluyó la corte que «[…]
si el Estado debe preservar el valor real del salario, como se ha visto, no existe
fundamento razonable para que solamente en relación con determinados servidores
se logre este propósito y en cambio se desatienda con respecto a otros […]».
Posteriormente, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-1064 de 2001
mediante la cual avaló las consideraciones expuestas en la sentencia C- 1433 de
2000 empero, se apartó de las conclusiones que en ella se plasmaron con respecto
al reconocimiento del derecho a mantener el poder adquisitivo de los salarios con
fundamento solamente en la base de la inflación del año anterior.
Al respecto, señaló la corte que tal orden es incompatible con otros precedentes de
la propia corporación y específicamente con la ratio decidendi de las sentencias C-
710 de 1999 y C-815 de 1999 puesto que estas no limitaron como único criterio para
el incremento salarial la base de inflación del año anterior, sino que consideraron
que tal medida dependía de una ponderación de un conjunto de factores sociales y
económicos y no solo de éste.
En la sentencia C-1064 de 2001 la Corte consideró también, que la sentencia C-
1433 de 2000 se separó del precedente jurisprudencial de dicha corporación que
concibe el derecho a la igualdad bajo un criterio material o sustancial según el cual
«hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales28.».
En efecto, se indicó en la providencia que la corporación desconoció tal precepto al
manifestar en la sentencia C-1433 de 2000 que el derecho a la igualdad impedía
que se aumentara a algunos servidores públicos el salario y a otros no porque todos
eran igualmente afectados por el fenómeno inflacionario, con lo cual aplicó un
criterio matemático y no el material o sustancial citado.
También manifestó la corte en la sentencia C-1064 de 2001 que al reconocer como
regla general que se debe aumentar el salario a todos los servidores públicos sin
excepción, se desconoce el principio según el cual los derechos no son absolutos.
En esa medida, se explicó que el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario
es relativo y por tanto, puede ser limitado por razones constitucionales justificadas
28 Corte Constitucional, sentencias C-171 de 1993 magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa, C-183 de 1998,
magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, y C-327 de 1999, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
21
Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
y con ponderación de otros derechos, fines y principios constitucionales. Se permite
la Sala citar la conclusión a la que llegó la Corte Constitucional en el fallo analizado:
«[…] 5.1.2.5 En conclusión, en la presente sentencia la Corte reitera la principal
premisa de la sentencia C-1433 de 2000 según la cual la Constitución protege un
derecho a mantener la capacidad adquisitiva del salario. Sin embargo, se aparta de
dicha sentencia en varios aspectos, precisamente para respetar otros precedentes
• que la C-1433 de 2000 no siguió - sobre cuestiones constitucionales medulares al
momento de resolver el problema jurídico que ha planteado el demandante. Así, (i)
no impartirá una orden específica contentiva de una fórmula única para aumentar
los salarios de todos los servidores públicos, (ii) ni aplicará un concepto formal y
matemático del principio de igualdad, (iii) ni sujetará la ley de presupuesto
principalmente a la Ley 4 de 1992, (iv) ni se partirá de la premisa según la cual los
derechos son absolutos, (v) ni se abstendrá de ponderar otros derechos y fines
constitucionales, analizados a la luz del contexto constitucional y real colombiano
[…]».
Una vez expuesto lo anterior, la corte analizó entonces cuál es el criterio a tener en
cuenta para efectos de los incrementos salariales de los servidores públicos,
considerando para ello la diferenciación entre unos y otros por lo que perciben
salarialmente (criterio material o sustancial del derecho a la igualdad).
Sobre dicho aspecto, advirtió que, ante la falta de regulación relacionada con el
criterio que debe tenerse en cuenta al momento de incrementar los salarios de los
servidores públicos se debe acudir directamente a la Constitución. De esta manera,
señaló que necesariamente debe diferenciarse qué servidores públicos por su nivel
salarial, tienen una protección reforzada al momento de fijar el aumento.
Así, determinó que son sujetos de protección reforzada quienes perciben un salario
menor al del promedio general, por lo que el derecho a mantener el poder adquisitivo
real del salario se torna en intangible, esto es, no puede ser tocado ni limitado. Las
razones de esta decisión son las siguientes:
«[…] Primero, como lo indica la propia Carta Política en su artículo 334, uno de los
fines por los que debe propender el Estado cuando interviene en la economía es
“asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan
acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.” Este mandato se suma a la
especial protección que debe brindarse al mínimo vital de los trabajadores en un
Estado social de derecho, tal y como fue expuesto anteriormente.
[...] El mantenimiento real del poder adquisitivo del salario de los servidores públicos
de más bajos ingresos, aún en circunstancias extraordinarias, cumple cabalmente
con este mandato, pues propende cerrar la creciente brecha que distancia a
aquellos que ganan menos de quienes ganan más.
Tercero, el no mantener el poder adquisitivo del salario de los servidores públicos
con menores ingresos puede afectar de manera considerable su derecho y el de las
personas que dependen económicamente de ellos, a tener una vida digna (art. 1 de
la CP), pues precisamente se trata de la población que es más vulnerable a
situaciones económicas críticas.
La cuarta razón tiene que ver con las finalidades sociales del Estado. Dadas las
condiciones ponderadas y los argumentos esgrimidos en el presente caso, la
22
Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
justificación por la que se podría limitar el derecho en cuestión para los que se
encuentran en las escalas salariales superiores, es el mandato al Estado de destinar
prioritariamente recursos para atender sus deberes sociales para con los más
necesitados (art. 366 de la CP). El grupo de servidores públicos con menores
ingresos, junto a sus familiares, hacen parte, precisamente, de ese grupo de
personas que constitucionalmente merecen una protección especial en un Estado
Social de Derecho, particularmente en situaciones económicas como las que se han
vivido en los últimos tres años.
Así pues, este primer grupo de trabajadores tiene derecho a que se les aumente su
salario, no sólo nominalmente sino de forma tal que se mantenga el poder adquisitivo
real del mismo. Para tal efecto debe tenerse como criterio preponderante la inflación.
Dicho derecho no debe ser limitado respecto de quienes ganan un salario inferior al
promedio ponderado mencionado […]».
Contrario a lo definido para esta clase de servidores, la Corte Constitucional
consideró que los que devengan los salarios más altos no deben recibir una
protección constitucional reforzada, pues no tienen una situación tan gravosa. No
obstante lo anterior, y a pesar de que se aceptó la posibilidad de limitar su derecho
al incremento salarial, la corte advirtió que la limitación no implica el
desconocimiento total, por lo que señaló que no es posible dejar de reconocer algún
porcentaje que garantice a estos el derecho a conservar el poder adquisitivo de su
salario.
Las precitadas conclusiones encuentran igualmente su fundamento en la necesidad
de garantizar el mínimo vital de los servidores públicos entendido este como
«aquella parte del ingreso del trabajador destinado a solventar sus necesidades
básicas y del núcleo familiar dependiente, tales como alimentación, vivienda, salud,
educación, recreación, servicios públicos domiciliarios, entre otras prerrogativas que
se encuentran previstas expresamente en la Constitución Nacional y que además,
posibilitan el mantenimiento de la dignidad del individuo como principio fundante del
ordenamiento jurídico constitucional »29.
Por otra parte, es importante recordar que el mínimo vital no debe confundirse o
equipararse con el concepto de salario mínimo, puesto que el primero depende de
las condiciones particulares en que se encuentra cada persona y su grupo familiar.
Sobre el particular se ha dicho:
«[…] el concepto de mínimo vital del trabajador no debe confundirse con la noción
de salario mínimo, como quiera que la “garantía de percibir los salarios y las demás
acreencias laborales, se asienta en una valoración cualitativa, antes que en una
consideración meramente cuantitativa”30. De ahí pues, que la valoración del mínimo
vital corresponde a las condiciones especiales de cada caso concreto y no al monto
de las sumas adeudadas o a “una valoración numérica de las necesidades
biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del
valor de su trabajo” […]».31
29 Sentencia SU-995 de 1999 magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz y sentencia T-944 de 2004 magistrado
ponente Álvaro Tafur Galvis.
30 Sentencia SU-995 de 1999 magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
31 Ibidem.
23
Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Del anterior análisis, la Sala puede concluir que, a partir del año 2001, el Gobierno
Nacional, dentro del ámbito de sus competencias, debía tener en cuenta los
siguientes criterios al momento de determinar los reajustes salariales anuales:
• Todos los servidores públicos tienen el derecho al reajuste de su salario, por
lo menos, en el mismo porcentaje de la inflación causada en el año
inmediatamente anterior. Sin embargo, como lo expuso la Corte
Constitucional, en la sentencia C-1064 de 2001, para los servidores con
ingresos medios y altos dicho derecho no es absoluto, sino relativo, lo cual
significa que, para este grupo de personas, el incremento salarial podía ser
limitado con un porcentaje menor al de la inflación, con el objeto de
salvaguardar otros derechos, fines y principios constitucionales.
• Para esos propósitos, la Corte Constitucional determinó que los servidores
públicos a los que era posible dejar de reconocer algún porcentaje de la
pérdida del poder adquisitivo del salario al momento de fijar los incrementos
salariares, eran únicamente aquellos que percibían un salario mayor al del
promedio general (promedio ponderado).32
Después, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1017 de 200333 resolvió la
demanda de constitucionalidad interpuesta contra la Ley 780 de 200234 y mantuvo
los mismos criterios señalados en la sentencia C-1064 de 2001, con algunas
modificaciones y adiciones. Al respecto indicó lo siguiente:
En particular con respecto al derecho a mantener el poder adquisitivo del salario por
parte de los servidores públicos cobijados por la ley acusada, la Corte sigue la
distinción ya reconocida en relación con la limitación diferenciada a tal derecho
según se trate de servidores públicos de bajos salarios, o de salarios medios y altos.
Para los servidores públicos con salarios medios o superiores la limitación del
derecho puede ser mayor. En el mencionado fallo la Corte [C-1064 de 2001] precisó
que el derecho de los primeros es “intangible” pese a las circunstancias económicas
del país, en el sentido de gozar de una protección constitucional reforzada, dejando
32 Así lo definió la Corte Constitucional en la sentencia que se analiza.
33 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2003.
34 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2003.
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
en claro que la intangibilidad no supone un carácter absoluto, idea contraria al
carácter limitable de los derechos.
[…]
No es admisible, por ejemplo, que la limitación del derecho a mantener el poder
adquisitivo del salario sea una limitación permanente y llegue hasta el punto de
hacer nugatorio el derecho. Así, por ejemplo, la decisión de limitar el referido
derecho en forma indefinida en un contexto inflacionario sería desproporcionada y
es, en consecuencia, contraria a los principios constitucionales de protección al
trabajo y a la remuneración mínima vital y móvil de los trabajadores (artículos 25 y
53 de la Constitución). No constituye una limitación razonable la disminución
indefinida del poder adquisitivo del salario sin justificación objetiva que sustente la
continuidad de la misma a pesar de presentarse cambios significativos en el
contexto real y jurídico relevante. Ello podría restringir su núcleo esencial. Por lo
tanto, es inconstitucional la política pública encaminada a permitir que disminuya
indefinidamente el poder adquisitivo del salario de los servidores públicos.
3.3.2.2.1 Como se dijo, la primera condición en que puede limitarse el derecho a
mantener el poder adquisitivo del salario de los servidores públicos se relaciona con
un criterio temporal, a saber, la transitoriedad de la limitación. Una segunda
condición tiene que ver con el principio de progresividad de tal manera que los
salarios más altos reciban proporcionalmente una limitación mayor y los salarios
más bajos sean los menos afectados. Por su parte, el grado constitucionalmente
admisible de la limitación tiene que ver con que ésta tienda a disminuir dentro de las
vigencias temporales de tal forma que sea claro que la política pública en materia
de salarios de los servidores públicos no está orientada a permitir la caída indefinida
del salario real, sino por el contrario apunta a crear las condiciones para que éste
conserve su poder adquisitivo en forma plena.
[…]
La mencionada limitación no constituye una deuda que adquiere el Estado con cada
servidor público y en cuya virtud deba reembolsarle lo no reajustado al final de un
determinado periodo. Se trata de un ahorro fiscal para asegurar la sostenibilidad del
gasto social en contextos de déficit fiscal elevado y endeudamiento público alto. Por
lo mismo, no hay retroactividad del pago de lo dejado de percibir por parte de los
servidores públicos que ven limitado su derecho a mantener el poder adquisitivo del
salario. No se compadece con las justificaciones de la limitación del derecho - que
son de orden macroeconómico atinentes a la reducción del déficit fiscal y buscan
proteger la sostenibilidad de la política de gasto social - convertir la limitación general
del derecho en una deuda individual con cada servidor público que éste puede
cobrar al final del cuatrienio y de manera retroactiva. Por lo demás, esto iría en
contra de los propios fines imperiosos que justifican la limitación del derecho a
mantener el poder adquisitivo de los salarios puesto que las implicaciones de un
ajuste en los gastos de personal para compensar, en un solo momento, la eventual
reducción del poder adquisitivo del salario de los servidores públicos representaría
una carga fiscal adicional que podría llegar a ser muy significativa e, inclusive, podría
afectar gravemente el gasto público social y ser contraproducente a la luz de los
mismos fines macroeconómicos que la justificaron.
[…]
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
3.3.2.2.2 En lo atinente al parámetro temporal de la limitación del derecho, se
detiene la Corte sobre la cuestión de cómo es posible determinar el marco temporal
en el cual se justifica una limitación transitoria del derecho a mantener el poder
adquisitivo del salario, cuando los ciclos económicos dependen de múltiples factores
que es ilusorio prefijar jurídicamente, y máxime cuando los salarios responden a
condiciones reales en un mercado cambiante.
En principio ello parece imposible. No obstante, en un plano jurídico, se advierte que
la Constitución se basa en vigencias determinadas: cuatro años para las autoridades
–Congreso (artículo 132 C.P.) y Presidente de la República (artículo 190 C.P.)– que
definen la política salarial de los servidores públicos, lo cual se refleja en que los
planes sean cuatrienales (artículo 339 a 341 C.P.). Dentro de esos períodos de
orden político-institucional, el presupuesto obedece a un lapso menor, generalmente
de un año, que es la vigencia de la ley anual de presupuesto (artículo 346 C.P.). El
gobierno cuenta entonces con dos instrumentos de política macroeconómica con
vigencias temporales diferentes que son relevantes en esta materia: la ley cuatrienal
del plan y la ley anual de presupuesto. Dentro de estos parámetros institucionales
temporales se definen las políticas públicas, las cuales no son rígidas sino que
pueden variar según las circunstancias cambiantes y las alteraciones en las
prioridades de gobierno.
Por ello, la política de fijación de los salarios de los servidores públicos cobijados
por el presupuesto nacional puede evolucionar anualmente dentro de los objetivos
generales de las políticas no solo macroeconómicas sino también sociales y de
reforma de la administración pública, los cuales generalmente son consignados en
el plan cuatrienal de desarrollo. Las autoridades competentes tienen un margen
suficiente para diseñar e implementar dicha política salarial, así como para
determinar su importancia dentro de objetivos más amplios. De tal manera que a
tales autoridades compete definir el lugar que ha de ocupar la política de fijación de
salarios de los servidores públicos, por ejemplo, dentro de una política de reducción
del déficit fiscal al igual que su trascendencia para el eficiente funcionamiento de la
administración pública y el cumplimiento de las metas de la política social.
No obstante, en una democracia, el ejercicio de esa competencia jurídica pasa por
la justificación de medidas concretas ante el Congreso de la República cuando se
presenta el proyecto de ley anual de presupuesto y, en un plano más general pero
en una perspectiva temporal mayor, cuando se debate el proyecto de plan nacional
de desarrollo. Esta exigencia obedece al imperativo de promover la deliberación
pública sobre la política salarial aplicable a los servidores públicos dentro del marco
de la política macroeconómica, por ejemplo, en relación con su importancia relativa
dentro de una disminución del gasto público o una racionalización del mismo.
Por lo tanto, cada año al presentar el proyecto de ley anual de presupuesto el
gobierno, si se propone limitar el derecho de los servidores públicos a mantener el
poder adquisitivo del salario, debe justificar esta política indicando los fines que la
sustentan, los parámetros que orientarán dicha limitación y la magnitud de la misma.
Cobra especial importancia dentro de esta justificación la forma como se inscribe
dicha política salarial dentro de los objetivos trazados en el plan de desarrollo puesto
que el objetivo de reducir los salarios reales de manera sistemática e indefinida, con
el eventual efecto de hacer nugatorio el derecho a mantener el poder adquisitivo del
salario de tales servidores, es contrario a la Carta, como ya se anotó.
[…]
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
6.4. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los servidores
públicos a mantener el poder adquisitivo del salario solo pueden afectar a aquellos
que tengan un salario superior a los dos (2) salarios mínimos legales mensuales. El
derecho de tales servidores públicos, puede ser objeto de limitaciones, es decir, su
salario podrá ser objeto de ajustes en una proporción menor a la de la inflación
causada el año anterior, siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes
parámetros normativos:
6.4.1. Las limitaciones de los ajustes salariales anuales deben respetar el principio
de progresividad por escalas salariales, de tal manera que quienes perciban salarios
más altos se vean sujetos a las mayores limitaciones y los servidores ubicados en
la escala salarial más alta definida por el gobierno sean quienes estén sometidos al
grado más alto de limitación.
6.4.2. En todo caso, para respetar el principio de proporcionalidad, las diferencias
en los ajustes entre escalas salariales deberán ser mínimas, y a ninguno de los
servidores públicos se le podrá afectar el núcleo esencial de ese derecho.
6.4.3. Para que no se vulnere el núcleo esencial del derecho a mantener el
poder adquisitivo del salario de los servidores públicos señalados, el ajuste
en la última escala superior no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%)
de la inflación causada el año inmediatamente anterior, es decir, a la mitad del
aumento en el I.P.C. de 2002.
6.4.4. A los servidores públicos a quienes se les limite el derecho, el Estado les debe
garantizar que, dentro de la vigencia del plan de desarrollo de cada cuatrienio,
progresivamente se avance en los incrementos salariales que les corresponden, en
forma tal que se les permita a estos servidores alcanzar la actualización plena de su
salario, de conformidad con las variaciones en el I.P.C. El Gobierno y el Congreso
tienen la obligación de incluir en los instrumentos de manejo de la política
económica, previo un debate democrático, los programas y políticas que garanticen
que dentro de los cuatro años de vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, se
consigan reajustes progresivos que logren alcanzar, al final de tal período cuatrienal,
incrementos iguales o superiores al IPC para estos servidores. (Negritas de la Sala).
Como se observa, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1017 de 2003 amplió
los criterios definidos en la sentencia C-1064 de 2001, así:
• La limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario de los
servidores públicos con ingresos medios o altos, debe tener como propósitos
la reducción del déficit fiscal o la prioridad del gasto social, entre otros
intereses generales.
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
• El Gobierno Nacional para limitar el derecho de los servidores públicos a
mantener el poder adquisitivo del salario, debe justificar ampliamente dicha
política en la ley anual de presupuesto.
• Aquellos servidores con salario superior a dos salarios mínimos pueden ser
objeto de ajustes salariales en una proporción menor a la de la inflación
causada al año inmediatamente anterior, pero bajo ninguna circunstancia
para este grupo de personas el ajuste puede ser inferior al cincuenta por
ciento (50%) de la inflación causada. En este sentido, la Corte acogió un
criterio más preciso y específico, distinto al establecido en la Sentencia C-
1064 de 2001.
• La limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario de
aquellos servidores públicos con ingresos medios o altos, no puede ser
indefinida en el tiempo o permanente y debe atender el principio de
progresividad, de tal manera que quienes perciban salarios más altos se vean
sujetos a las mayores limitaciones que el resto de servidores.
• Lo no reconocido por ese concepto es un ahorro estatal para suplir el déficit
fiscal o el gasto social, y en ningún caso se puede imputar como deuda en
favor de los servidores públicos afectados.
• Sin embargo, el Gobierno Nacional y el poder legislativo deben propender,
dentro de la vigencia del plan de desarrollo de cada cuatrienio, para que los
incrementos salariales de los servidores públicos que no pudieron obtener el
derecho pleno a mantener el poder adquisitivo del salario, alcancen la
actualización correspondiente.
En este punto, la Corte Constitucional recalca que la política salarial es un asunto
que le compete al Estado en su conjunto. Los reajustes salariales, apunta la corte,
son un elemento relacionado con la política macroeconómica de competencia
compartida entre los poderes ejecutivo y legislativo, al advertir que el fin
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
constitucional de mantener para todos, por lo menos, el poder adquisitivo del salario,
debe materializarse en dos momentos importantes: cada cuatro años con la
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y cada año con la aprobación del
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones.
Posteriormente, la Corte Constitucional decidió, a través de la sentencia C- 931 de
2004, la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 848 de 2003,
«por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004».
Precisamente el demandante en el presente proceso de nulidad, fundamenta sus
pretensiones en la sentencia C- 931 de 2004, con el argumento de que la Corte
Constitucional ordenó a partir de esta decisión, no solo incrementar anualmente,
como mínimo, para todos los servidores públicos el mismo porcentaje de la inflación
causada en el año inmediatamente anterior, sino también la actualización de los
salarios, teniendo en cuenta la variación negativa acumulada entre los incrementos
salariales decretados por el ejecutivo y la pérdida de poder adquisitivo de los años
1992 a 2004.
En ese orden ideas, la Sala extractará varios apartes de la citada sentencia, para
determinar, más adelante, si, como lo sostiene el demandante, el Gobierno nacional
estaba obligado, a partir del año 2004, a actualizar los salarios de los ministros y
directores de departamento administrativo en los términos por él señalados.
La Corte Constitucional en la mencionada sentencia analizó el contexto jurídico y
fáctico dentro del cual se expidió la Ley 848 de 2003, mediante la cual se aprobó el
presupuesto general de la Nación para la vigencia del año 2004. La corte analizó
los antecedentes históricos de dicha ley y concluyó que en efecto el querer del
Gobierno nacional en su iniciativa legislativa era congelar los salarios de los
servidores públicos que devengaban más de dos salarios mínimos.
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
La Corte analizó la justificación del Gobierno nacional para congelar el derecho a
mantener el poder adquisitivo del salario de aquellos servidores, el cual fue
aceptado por el Congreso de la República, y encontró que dicha justificación, si bien
se fundamentó en aliviar el déficit fiscal y disminuir el crecimiento de la deuda
pública, estos dos motivos de orden económico no satisfacían los parámetros de la
Corte Constitucional expuestos en la Sentencia C-1017 de 2003, pues «no cualquier
interés estatal justifica la limitación del derecho de los servidores públicos a
mantener el poder adquisitivo real del salario».
Si bien la Corte valoró que la ley demandada respetaba el carácter intangible del
derecho al reajuste que tienen los servidores públicos de bajos salarios, pues
permitía un aumento salarial equivalente a la inflación registrada durante 2003, para
los servidores públicos que devengan hasta dos salarios mínimos, reprochó la
política de no incrementar los salarios de los demás servidores públicos, porque
contrariaba los criterios y condiciones referidas por la Corte en las sentencias
anteriormente ilustradas.
En términos de la Corte, lo anterior «desconocía de manera absoluta el derecho de
actualización que tienen los servidores remunerados con salarios medios o altos, y
los principios de proporcionalidad y progresividad», ya que en los tres años
anteriores se habían limitado sus derechos a mantener el poder adquisitivo de sus
salarios.
En tal virtud, la Corte, en esta nueva oportunidad, no solo reiteró los criterios
recogidos en la C-1017 de 2003, sino también otros fijados con anterioridad a esta
sentencia. Además, señaló unas directrices adicionales para la vigencia de los años
2004 a 2006, teniendo en cuenta las especificidades que traía la Ley 848 de 2003
demandada y los hechos anteriores a esta:
3.2.11.8.4. Así las cosas, ante la imposibilidad de aplicar el parámetro de
congelación total de los salarios de los trabajadores de ingresos medios y altos, y
frente a la persistente inactividad del legislador en el desarrollo del artículo 53
superior mediante la expedición del estatuto del trabajo llamado a fijar los alcances
del derecho de los trabajadores a recibir una remuneración mínima vital y móvil, una
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
vez más se hace necesario acudir a criterios jurisprudencialmente deducidos, que
deben ser tenidos en cuenta por las autoridades competentes durante la presente
vigencia fiscal a fin de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo real del
salario de esta categoría de trabajadores. Estos criterios jurisprudenciales son los
mismos recogidos en doctrina constitucional vertida especialmente en la C-1017 de
2003, que se reiteran en esta oportunidad, y se aplican al estudio de la norma de la
ley anual de presupuesto ahora acusada, teniendo en cuenta las especificidades del
contexto jurídico y fáctico en el cual se adopta la presente decisión. Esos criterios
que se reiteran en esta Sentencia, y que deben ser tenidos en cuenta por el
Gobierno y el Congreso dentro del ámbito de sus competencias, son los siguientes:35
a. Existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores públicos, a
mantener el poder adquisitivo de sus salarios (artículo 53 y concordantes, CP) y, por
ende, a que se realicen ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación
causada en el año inmediatamente anterior, sin que éste sea el único parámetro que
pueda ser tenido en cuenta. En consecuencia, no puede haber una política
permanente del Estado que permita la disminución del poder adquisitivo del salario.
b. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no es un
derecho absoluto. No obstante, no cualquier interés estatal justifica su limitación.
Sólo puede ser limitado para promover el fin constitucionalmente imperioso de
preservar la estabilidad macroeconómica reduciendo el gasto en circunstancias de
déficit fiscal y elevado endeudamiento para no afectar el gasto público social
(artículo 350, CP), asegurando así la efectividad de la solidaridad como principio
fundamental del Estado Social de Derecho (artículo 1, CP), dentro de un contexto
económico que justifique la necesidad de la limitación (artículo 2, CP).
c. El derecho de los servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a
dos (2) salarios mínimos legales mensuales a mantener el poder adquisitivo de su
salario no podrá ser objeto de limitaciones dado que tales servidores se encuentran
en las escalas salariales bajas definidas por el Congreso de la República a iniciativa
del Gobierno. Por lo tanto, estos servidores deberán recibir el pleno reajuste de sus
salarios de conformidad con el nivel de inflación registrada en el año 2003.
d. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los servidores
públicos a mantener el poder adquisitivo del salario sólo puede afectar a aquellos
que tengan un salario superior a los dos (2) salarios mínimos legales mensuales. El
derecho de tales servidores públicos puede ser objeto de limitaciones, es decir, su
salario podrá ser objeto de ajustes en una proporción menor a la de la inflación
causada en año 2003, siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes
parámetros normativos:
• Las limitaciones de los ajustes salariales anuales deben respetar el principio de
progresividad por escalas salariales, de tal manera que quienes perciban salarios
más altos se vean sujetos a las mayores limitaciones y los servidores ubicados en
la escala salarial más alta definida por el Gobierno sean quienes estén sometidos al
grado más alto de limitación.
• En todo caso, para respetar el principio de proporcionalidad, las diferencias en los
ajustes entre escalas salariales deberán ser mínimas, y a ninguno de los servidores
públicos se le podrá afectar el núcleo esencial de ese derecho.
35 Cf. Sentencia C-1017 de 2003, consideraciones jurídicas 6.1 a 6.4.7.
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
• Para que no se vulnere el núcleo esencial del derecho a mantener el poder
adquisitivo del salario de los servidores públicos señalados, el ajuste en la última
escala superior no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de la inflación
causada en el año 2003. No obstante, para la próxima vigencia fiscal de 2005 dicho
tope del 50% no resultaría ajustado a la Constitución, pues el efecto acumulado de
tal restricción haría más gravosa la limitación de derechos de los trabajadores; y
porque, como enseguida se explica, al final del cuatrienio correspondiente a la
vigencia del actual Plan Nacional de Desarrollo debe haberse reconocido la
actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario a
todos los servidores públicos. Este criterio deberá ser tenido en cuenta en el
Presupuesto del año 2005.
• A los servidores públicos a quienes se les limite el derecho, el Estado les debe
garantizar que, dentro de la vigencia del plan de desarrollo de cada cuatrienio,
progresivamente se avance en los incrementos salariales que les corresponden, en
forma tal que se les permita a estos servidores alcanzar la actualización plena de su
salario, de conformidad con el índice acumulado de inflación. El Gobierno y el
Congreso tienen la obligación de incluir en los instrumentos de manejo de la política
económica, previo un debate democrático, los programas y políticas que garanticen
que, dentro de los cuatro años de vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, se
consigan reajustes progresivos que logren alcanzar, al final de tal período cuatrienal,
incrementos iguales o superiores al índice acumulado de inflación para estos
servidores.
A esta finalidad han de propender las políticas públicas correspondientes. Lo
anterior significa que la limitación del referido derecho no constituye una deuda a
cargo del Estado que deba ser cancelada retroactivamente por éste al término del
periodo de cuatro años, sino un ahorro para hacer sostenible el gasto público social
en condiciones macroeconómicas como las mencionadas en esta sentencia.
• En cada presupuesto anual, de no justificarse la limitación del derecho mencionado
con razones cada vez más poderosas, deben incorporarse las partidas suficientes
que garanticen efectivamente la actualización plena de los salarios durante la
vigencia del plan de desarrollo.
• El ahorro que obtenga el Estado como consecuencia de las limitaciones a los
ajustes salariales que temporalmente permite la Constitución, sólo pueden
destinarse a la inversión social.
• Los ajustes salariales correspondientes a la vigencia fiscal de 2004 deben ser
reconocidos por el Estado a partir del primero (1º) de enero de 2004, para lo cual
deberán realizarse las adiciones y traslados presupuestales necesarios, y pagarse
antes de la expiración de dicha vigencia fiscal.
El artículo acusado será declarado exequible con el condicionamiento de que las
autoridades competentes, es decir, el Gobierno y el Congreso, deberán respetar las
pautas señaladas en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente
Sentencia, al momento de tomar las decisiones necesarias para materializar en
términos concretos su decisión de limitar los salarios de los servidores públicos. En
la parte resolutiva se dará la orden al Gobierno para que, si aún no lo ha hecho,
presente el proyecto de adición o traslado presupuestal con carácter urgente, y al
Congreso para que apruebe la ley respectiva antes de la expiración de la vigencia
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
fiscal de 2004. Adicionalmente, se ordenará al Gobierno y al Congreso que en la
aprobación del presupuesto general de la nación correspondiente al año 2005
tengan en cuenta que al final del cuatrienio correspondiente a la vigencia del actual
Plan Nacional de Desarrollo debe haberse reconocido la actualización plena del
derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario a todos los servidores
públicos.
Sobre el fundamento constitucional de esta orden, se reitera que “la Ley de
presupuesto sólo puede tenerse como ajustada a la Constitución si incorpora las
partidas necesarias para mantener, en los términos de esta providencia,
actualizados los salarios de los servidores públicos. Ello comportaría que de
constatarse que ello no ocurre así, el Gobierno y el Congreso habrían incumplido un
mandato constitucional. La consecuencia de ese incumplimiento sin embargo, por
la especial naturaleza de la ley de presupuesto, por su vigencia limitada en el tiempo
y por contener cálculo de rentas y autorización máxima de gastos que se agota a
medida que se ejecuta el presupuesto, no puede subsanarse mediante una
declaratoria pura y simple de inexequibilidad, ni con el recurso a las modalidades
tradicionales de sentencias de exequibilidad condicionada. El resultado no
resolvería el problema, en la medida en que el mismo no bastaría para obtener la
actualización de los salarios, y daría lugar a muchos otros, derivados de la
imposibilidad de ejecutar el presupuesto. Luego la restauración del orden
constitucional quebrantado comporta, necesariamente, una orden para que los
órganos competentes en el ámbito que les es propio, subsanen la deficiencia.36
Como se observa, la Corte mantuvo su doctrina con algunas otras precisiones para
las vigencias futuras, en lo siguiente:
En primer lugar, acogió la posición de la sentencia C- 475 de 1997, reiterada en
todas las sentencias posteriores aquí estudiadas, en el sentido de que si bien todos
los servidores públicos tienen el derecho a que se les reajuste su salario por lo
menos en el mismo porcentaje de la inflación causada en el año inmediatamente
anterior, este derecho para los servidores con ingresos medios y altos no es
absoluto.
En segundo lugar, reafirmó el criterio expuesto en la sentencia C-1017 de 2003, en
el sentido de que el reajuste salarial para aquel grupo de personas puede ser
limitado con un porcentaje menor al de la inflación, con el objeto de reducir el déficit
fiscal y el endeudamiento, preservar la estabilidad macroeconómica y atender el
gasto público social, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
36 Sentencia C-1017 de 2003, consideración jurídica número 7.4.
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
• Eventualmente se pueden limitar los reajustes salariales por debajo de la
inflación para aquellos servidores con un salario superior a los dos salarios
mínimos legales mensuales.
• Dicha limitación debe ser proporcional, con el objeto de que a los servidores
ubicados en la escala salarial más alta se les limite en mayor proporción que
al resto de servidores afectados con la medida. Sin embargo, a ningún
servidor público se le puede afectar el núcleo esencial de ese derecho, lo
cual significa que la limitación nunca debe ser inferior al cincuenta por ciento
(50%) de la inflación causada en el año anterior.
• El ahorro obtenido con las imitaciones a los reajustes salariales por debajo
de la inflación, únicamente puede destinarse a la inversión social, y no puede
ser reclamado posteriormente por los servidores públicos como deuda a
cargo del Estado.
En vista de que la Ley 848 de 2003 no consideró ningún incremento salarial para
los servidores públicos con salario superior a dos salarios mínimos legales
mensuales, la Corte decidió declararla exequible, condicionada a que el Congreso
y el Gobierno nacional, dentro de la órbita de sus funciones, efectuaran los traslados
o adiciones necesarios para ajustar los salarios de aquellos funcionarios dentro de
la vigencia fiscal de 2004, conforme a las anteriores reglas del numeral 3.2.11.8.4,
para así subsanar la inconstitucionalidad. Se trascribe lo decidido por la Corte en el
numeral segundo de la sentencia:
Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003 condicionado
a que el Gobierno y el Congreso, al momento definir concretamente cuál será la
limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo real de los salarios de los
servidores públicos que devengan más de dos salarios legales mínimos mensuales,
aplicable en la vigencia presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios
jurisprudenciales recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la
presente Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse
como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para mantener,
en los términos de esta providencia, actualizados los salarios de los servidores
públicos de ingresos medio o altos.
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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
En consecuencia, ORDENA al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que
con carácter urgente, si aún no lo ha hecho, dentro del ámbito de sus competencias,
tomen las medidas necesarias para realizar el pago de los reajustes salariales de
todos los servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la
Nación, antes de que expire la vigencia fiscal del año 2004. Para esos propósitos,
deberán efectuarse las adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes de
que expire dicha vigencia fiscal.
Asimismo, la Corte señaló que, a partir de la vigencia fiscal de 2005 y hasta el final
del cuatrienio correspondiente a la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo en curso
(Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario),37 debía
reconocerse el derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los
servidores públicos, en razón a que en los años anteriores se habían limitado los
derechos de aquellos servidores con salarios superiores a dos salarios mínimos
legales mensuales. Se trascribe lo decidido por la Corte en el numeral quinto de la
sentencia:
Quinto. Ordenar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que, en la
aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación correspondiente al año
2005, tengan en cuenta que al final de cuatrienio correspondiente a la vigencia del
actual Plan Nacional de Desarrollo, debe haberse reconocido la actualización plena
del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores
públicos, en los términos de la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la
presente Sentencia.
De lo dicho en este acápite se pueden extraer las siguientes reglas
jurisprudenciales:
En primer lugar, la sentencia C- 1017 de 2003, fijó como regla que los sueldos
inferiores a dos salarios mínimos deben ajustarse de acuerdo con la inflación
registrada en el año inmediatamente anterior, mientras que los salarios de los
servidores públicos que estén por encima, puedan ajustarse a un porcentaje menor,
siempre y cuando este no sea inferior al 50% de la inflación registrada.
Igualmente, determinó que, para la vigencia del Plan de Desarrollo 2003-2006, el
Gobierno debía avanzar en los incrementos de los salarios de los servidores
37 Aprobado por la Ley 812 de 2003.
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
públicos con ingresos superiores a dos salarios mínimos legales mensuales
vigentes, de forma tal que se les permita alcanzar la actualización plena de sus
salarios, de conformidad con las variaciones del IPC.
En segundo lugar, teniendo en cuenta la regla fijada en la precitada sentencia el
órgano de cierre constitucional, mediante sentencia C-931 de 2004, declaró que a
los servidores públicos de menos de dos salarios mínimos legales mensuales
vigentes, debía aumentarse el IPC, y a los de mayores salarios podría limitarse.
En consecuencia, ordenó al Gobierno nacional y al Congreso que en la aprobación
de la Ley del presupuesto General de la Nación, correspondiente al año 2005, se
tuviera en cuenta que al final del cuatrienio correspondiente a la vigencia del plan
de desarrollo, el reconocimiento del derecho a mantener el poder adquisitivo real
del salario de todos los servidores públicos.
Así, resulta evidente que las precitadas reglas resultan vinculantes y que su
cumplimiento se hace necesario en el momento de la expedición de los decretos
que regulen la materia.
Ahora bien, antes de entrar a resolver de fondo la controversia jurídica del caso
concreto, es importante precisar lo siguiente:
El demandante en este proceso argumenta que por lo expuesto y decidido por la
Corte Constitucional en las sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004, el
Gobierno nacional, a partir del 2004 y antes cumplirse el Plan Nacional de Desarrollo
2003-2006, tenía que actualizar los salarios de los ministros de despacho y
directores de departamentos administrativos, con el porcentaje acumulado del IPC
no reconocido a estos funcionarios durante los años 1992 a 2003.
La Sala no comparte la interpretación que hace el demandante sobre las reglas
definidas en las sentencias C-1017 de 2003 y 931 de 2004, por cuanto en criterio
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
de esta colegiatura, tal inferencia excede el alcance de dichas decisiones y de los
razonamientos que las soportan, como pasa a explicarse:
En primer lugar, porque la Corte Constitucional ordenó la actualización plena del
derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores
públicos, en los precisos términos de la consideración jurídica número 3.2.11.8.4, y
en este numeral la Corte no hizo mención a esa actualización histórica como lo
indica el demandante.
En segundo lugar, porque, por decisión mayoritaria de la Corte Constitucional,38 en
todas las sentencias analizadas, no resultan contrarios a la Constitución los
reajustes salariales de los altos funcionarios con un porcentaje menor al de la
inflación, por las razones que han sido expuestas en precedencia, siempre y cuando
dicha limitación no sea permanente en el tiempo, sino temporal; y, precisamente,
con base en el anterior razonamiento, la Corte ha sostenido de forma reiterada que
la aludida limitación no es una deuda que adquiere el Estado con los servidores
públicos. Tampoco es rembolsable al final de un determinado periodo, porque se
trata de un ahorro fiscal para asegurar otros fines y principios constitucionales de
mayor envergadura.
Por otro lado, atendiendo el requisito de temporalidad y en vista de que en los tres
años anteriores a la vigencia del 2004, a estos funcionarios no se les reconoció de
forma plena el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-931 de 2004, hizo especial énfasis, en dos
aspectos:
i) En la exigencia de las razones que da el Gobierno como justificación, respecto de
la limitación del derecho de los servidores a mantener el poder adquisitivo real de
su salario. Al respecto la Corte advirtió que a futuro, «en cada presupuesto anual,
38 Sobre este punto hay que decir que existe un criterio disidente minoritario al interior de la Corte Constitucional,
según el cual todos los salarios de los servidores públicos, sin excepción, deben reajustarse cada año, por lo
menos, en el mismo porcentaje de la inflación causada en el año anterior. (Consultar los salvamentos de voto
de las sentencias mencionadas en esta decisión).
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
de no justificarse la limitación del derecho mencionado con razones cada vez más
poderosas, debían incorporarse las partidas suficientes que garantizaran
efectivamente la actualización plena de los salarios durante la vigencia del plan de
desarrollo». En este punto recalcó, como escenarios fundamentales de corrección,
la participación democrática representada en el Congreso de la República en los
debates parlamentarios y la función de la Corte Constitucional en el momento de
ejercer el control constitucionalidad sobre de las leyes anuales de presupuesto.
ii) En la necesidad imperiosa de incrementar, a partir del año 2005, más allá del
50% del índice de inflación los salarios de los servidores con más de dos salarios
mínimos legales mensuales, hasta alcanzar la actualización plena del derecho a
mantener el poder adquisitivo real de su salario (100% del índice de la inflación),
antes de finalizar el Plan de Desarrollo 2003-2006, y para ello ordenó al Gobierno
nacional y al Congreso tener en cuenta las apropiaciones para dichos propósitos en
el Presupuesto General de la Nación del 2005.
Bajo los anteriores términos, procede la Sala a resolver de fondo la controversia
jurídica.
2.3.3. Caso concreto. Análisis de los Decretos 4150 de 2004, 916 de 2005, 372
de 2006, 600 de 2007, 643 de 2008, 708 de 2009, 1374 de 2010,1031 de 2011,
853 de 2012, 1029 de 2013, 199 de 2014 y 1101 de 2015.
Estos decretos fijaron las escalas de asignación básica de los cargos
desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y Empresas Sociales del Estado,
del orden nacional. Todos ellos establecieron reglas específicas para el caso de los
ministros de despacho y los directores de departamentos administrativos.
Los citados actos administrativos de carácter general que aquí se acusan, provienen
de una ley marco que, en su artículo 1, le otorgó competencia al Gobierno nacional
para expedir este tipo de decretos. Asimismo, fueron expedidos por un órgano
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competente, que tiene la facultad jurídica para crearlos, modificarlos y aplicar esa
normatividad; en ese sentido, define el procedimiento conforme a la regla de
competencia a él conferido y, por lo tanto, ejerce su poder normativo otorgado al
desarrollar la materia salarial de los empleados del Estado.
Sin embargo, hay que advertir que los decretos salariales que se acusan no fueron
enjuiciados durante su vigencia y las acusaciones no están fundamentadas como
violatorias de un plan de desarrollo o de una ley anual de presupuesto
correspondiente a las vigencias 2004 a 2015, en las cuales se soportan dichos actos
administrativos salariales. En efecto, la parte demandante únicamente considera
que los multicitados decretos fueron expedidos por el Gobierno nacional con
desconocimiento de normas constitucionales y de lo ordenado mediante las
sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004, de la Corte Constitucional.
Por lo tanto, al estudiar lo concerniente a la fijación de los ingresos básicos de los
empleados del Estado nos encontramos frente a una regla de precedente, que ya
ha sido interpretada por la Corte Constitucional, que tiene un carácter vinculante y
su desarrollo debe ser conforme a lo reglado por dicha Corporación, en los términos
ya expuestos.
Así las cosas, se procederá a revisar si las disposiciones demandadas se expidieron
conforme a los lineamientos fijados en los precedentes judiciales dictados dentro de
las sentencias de constitucionalidad C-1017 de 2003 y C-931 de 2004 del órgano
de cierre constitucional, de la siguiente manera:
i) Decreto 4150 del 10 de diciembre de 2004:
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1º de enero de 2004, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
a) Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo: Ocho
millones novecientos dieciocho mil ochocientos setenta y seis pesos ($8.918.876)
moneda corriente, distribuidos así:
Asignación básica: $ 2.440.204
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Gastos de representación: $ 4.338.142
Prima de dirección: $ 2.140.530
Para esta vigencia fiscal, la Corte Constitucional ordenó en la sentencia C-931 de
2004, tener en cuenta para los servidores con salarios medios y altos, como mínimo,
un ajuste no inferior al cincuenta por ciento (50%) de la inflación causada en el año
2003, que fue del 6.49%.
El salario asignado en el año 2003, para aquellos funcionarios, era de ocho millones
quinientos setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos pesos ($8.575.842),39
luego el incremento salarial en el año 2004, correspondió a trescientos cuarenta y
tres mil treinta y cuatro pesos ($ 343.034), es decir un incremento salarial del 4%
del salario, porcentaje superior al 50% de la inflación del año 2003.
ii) Decreto 916 del 30 de marzo de 2005:
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1º de enero de 2005, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
a) Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo, nueve
millones cuatrocientos nueve mil cuatrocientos quince pesos ($9.409.415) moneda
corriente, distribuidos así:
Asignación básica: $ 2.574.416
Gastos de representación: $ 4.576.740
Prima de dirección: $ 2.258.259
Para esta vigencia fiscal, la Corte Constitucional ordenó en la sentencia C-931 de
2004, tener en cuenta para los servidores con salarios medios y altos, como mínimo,
un ajuste superior al cincuenta por ciento (50%) de la inflación causada en el año
2004, que fue del 5.50%.
El salario asignado en el año 2004, para aquellos funcionarios, era de ocho millones
novecientos dieciocho mil ochocientos setenta y seis pesos ($8.918.876), luego el
incremento salarial en el año 2005, correspondió a cuatro cientos noventa mil
39 Decreto 3535 del 10 de diciembre de 2003.
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quinientos treinta y nueve pesos ($490.539), es decir un incremento salarial del
5.5%, equivalente al 100% de la inflación del año 2004.
iii) Decreto 372 del 8 de febrero de 2006:
Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1º de enero de 2006, las
remuneraciones mensuales para los empleos que a continuación se relacionan
serán las siguientes:
a) Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo, nueve
millones ochocientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y seis pesos
($9.879.886) moneda corriente, distribuidos así:
Asignación Básica: $ 2.703.137
Gastos de Representación: $ 4.805.577
Prima de Dirección: $ 2.371.172
Para esta vigencia fiscal, la Corte Constitucional ordenó en la sentencia C-931 de
2004, tener en cuenta para los servidores con salarios medios y altos, como mínimo,
el cien por ciento (100%) de la inflación causada en el año 2005, que fue del 4.85%.
El salario asignado en el año 2005, para aquellos funcionarios, era de nueve
millones cuatrocientos nueve mil cuatrocientos quince pesos ($9.409.415), luego el
incremento salarial en el año 2006 correspondió a cuatro cientos setenta mil
cuatrocientos setenta y un pesos, es decir un incremento salarial del 5%, porcentaje
superior al 100% de la inflación del año 2005.
Con lo expuesto hasta aquí, es evidente que el Gobierno nacional y el Congreso de
la República, cumplieron con las directrices trazadas en las Sentencias C-1017 de
2003 y 931 de 2004 de la Corte Constitucional, pues a partir del año 2004 se fue
aumentando el porcentaje del reajuste salarial de aquellos funcionarios, hasta
alcanzar como incremento salarial un porcentaje superior al 100% de la inflación,
cuando finalizó la vigencia del Plan de Desarrollo 2003-2006.
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Ahora bien, en los años siguientes, los reajustes salariales de aquellos funcionarios,
fueron los siguientes:40
AÑO SALARIO ANTERIOR % I.P.C DEL AÑO NUEVO SALARIO INCREMENTO
ANTERIOR SALARIAL
2007 $9.879.886 4.48% $10.324.481 4.5%
2008 $10.324.481 5.69% $10.911.944 5.69%
2009 $10.911.944 7.67% $11.748.891 7.67%
2010 $11.748.891 2% $11.983.870 2%
2011 $11.983.870 3.17% $12.363.759 3.17%
2012 $12.363.759 3.73% $12.981.949 5%
2013 $12.981.949 2.44% $13.428.529 3.4%
2014 $13.428.529 1.94% $13.823.328 2.94%
2015 $13.823.328 3.66% $14.467.496 4.6%
Por lo anterior, al realizar una sencilla comparación, junto a su análisis respectivo,
se puede concluir que si bien en las sentencias C-1017 de 2003 y 931 de 2004 de
la Corte Constitucional, no se ordenó nada específico para aquellas vigencias, en
virtud de las consideraciones de los precitados fallos el Gobierno nacional expidió
los multicitados decretos acatando los lineamientos ordenados por el Alto Tribunal.
Visto lo anterior, la Sala concluye que no le asiste razón al actor, al considerar, por
un lado, que los decretos infringieron las normas constitucionales y, por otro lado,
que no se encontraban ajustados a los lineamientos jurisprudenciales.
4. Conclusión
Por todo lo anterior, se concluye que la parte demandante no logró desvirtuar la
legalidad del multicitado artículo consignado en los decretos expedidos por el
Gobierno nacional, lo que lleva a denegar la declaratoria de nulidad de las
disposiciones acusadas.
40 Decretos 600 de dos (2) de marzo de dos mil siete (2007), 643 de cuatro (4) de marzo de dos mil ocho (2008),
708 de seis (6) de marzo de dos mil nueve (2009), 1374 de veintiséis (26) de abril de dos mil diez (2010), 1031
de cuatro (4) de abril de dos mil once (2011), 853 de veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012), 1029 de
veintiuno (21) de mayo de dos mil trece (2013), 199 de siete (7) de febrero de dos mil catorce (2014) y 1101 de
veintiséis (26) de mayo de dos mil quince (2015).
42
Radicado: 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015)
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Denegar la nulidad del artículo 3, literal a) de los decretos 4150 de 2004,
916 de 2005, 372 de 2006, 600 de 2007, 643 de 2008, 708 de 2009, 1374 de
2010,1031 de 2011, 853 de 2012,1029 de 2013, 199 de 2014 y 1101 de 2015,
expedidos por el Gobierno Nacional.
Segundo. Sin condena en costas
En firme esta providencia archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor
en la plataforma SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada
en la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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