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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01179-01

Fecha
11 de julio de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01179-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de abril de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, pero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01179-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

11 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01179-01
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia – Inmediatez y relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 30 de abril de 2025, por el Consejo de Estado – Sección
Cuarta, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 28 de febrero de 2025, el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas instauró acción
de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales1. Considera que dichas
prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad judicial accionada con la expedición
de la sentencia del 10 de noviembre de 20222, y los autos del 14 de septiembre de
20233 y 25 de julio de 20244, dentro del medio de control de nulidad simple5 que
promovió contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Administrativo de la Función Pública, con la pretensión de que se
declarara la nulidad de varios decretos salariales6.

2.
En fallo de 10 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado – Sección Segunda
– Subsección A negó las pretensiones de la demanda, al encontrar que el Gobierno
Nacional y el Congreso de la República cumplieron con las directrices trazadas en

1 Invocó los derechos a la seguridad jurídica, debido proceso, trabajo, “irrenunciabilidad de la seguridad social

en materia laboral, mantenimiento del poder adquisitivo del salario y su impacto en las prestaciones sociales y a
la garantía de legalidad”.
2 Notificada el 28 de noviembre de 2022.
3 Notificado el 10 de octubre de 2023.
4 Notificado el 15 de agosto de 2024.
5 Identificado con el número único de radicación 11001-03-25-000-2015-00277-00.
6 Se cuestionó el artículo 3, literal a) de los Decretos 4150 de 2004, 916 de 2005, 372 de 2006, 600 de 2007, 643

de 2008, 708 de 2009, 1374 de 2010, 1031 de 2011, 853 de 2012, 1029 de 2013, 199 de 2014 y 1101 de 2015;
a través de los cuales se fijaron las escalas de asignación básica de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva,
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y las Empresas Sociales del Estado del
orden nacional.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01179-01
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

las sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004 expedidas por la Corte
Constitucional, pues desde el año 2004 el porcentaje del reajuste salarial fue
aumentando hasta alcanzar uno superior al 100% de la inflación cuando finalizó la
vigencia del plan de desarrollo 2003-2006.

3.
El señor Juan Carlos Arciniegas Rojas propuso incidente de nulidad contra la
anterior decisión, invocando la causal 2 del artículo 133 del CGP. Solicitud que fue
negada mediante auto del 14 de septiembre de 2023, al estimar que los argumentos
del actor no iban encaminados a demostrar la configuración de alguno de los
supuestos que daban lugar a la causal invocada, sino a cuestionar el análisis
normativo y jurisprudencial que sustentó el fallo del 10 de noviembre de 2022.

4.
El demandante apeló y, por auto del 25 de julio de 2024, la autoridad judicial
adecuó el recurso a uno de reposición y decidió no reponer el proveído, debido a
que el señor Arciniegas Rojas nuevamente se circunscribió a cuestionar la forma en
la que el Consejo de Estado interpretó la sentencia C-931 del 2004, sin llegar a
determinar la razón por la cual consideraba que se configuraba la causal de nulidad.

5.La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos:

6. Defecto sustantivo, al estar inmersas las decisiones acusadas en una omisión,
resultado del desconocimiento de los efectos vinculantes de la sentencia C-931 de
2004. Además, por inaplicar los artículos 13, 26, 48, 53, 216, 217, 218 y 230 de la
Constitución Política.

7.Defecto fáctico, al no examinar las pruebas que demostraban la ocurrencia de
una vulneración sistemática a los salarios, desvalorizando los mismos.

8. Desconocimiento del precedente, por no tomar en cuenta las reglas
jurisprudenciales previstas y fijadas en la sentencia C-931 de 2004, expedida por la
Corte Constitucional, que ordenó al Congreso de la Republica y al Gobierno Nacional
actualizar dentro del plan nacional de desarrollo 2002-2006, los salarios de manera
plena teniendo en cuenta la inflación acumulada y causada. Afirmó que las
decisiones cuestionadas se basaron en sentencias anteriores que el señalado
precedente había corregido.

B. Sentencia de primera instancia
9.
En fallo de 30 de abril de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la tutela, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6° del
Decreto Ley 2591 de 1991, ya que lo discutido son decisiones generales, adoptadas
en virtud del medio de control de simple nulidad.
10.
Arguyó que las decisiones cuestionadas implicaron mantener incólume la
presunción de legalidad de los actos acusados, sin que esto conllevara el
restablecimiento del derecho de una persona particular.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01179-01
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

11.
Explicó que la Corte Constitucional ha manifestado en su jurisprudencia que esta
causal de improcedencia se justifica en que este tipo de actos producen efectos
generales, ya que no tienen un destinatario particular. En esa medida, por regla
general, no producen situaciones subjetivas susceptibles de control a través de la
acción de tutela, pues esta acción se caracteriza por ser de carácter particular y
concreto.

C. La impugnación
12.
La parte reiteró los defectos señalados en su escrito de tutela. Por otra parte,
adicionó que para resolver el asunto no se tuvo en cuenta la relevancia constitucional
del mismo. Tampoco los criterios objetivos definidos en la sentencia C-931 de 2004
de la Corte Constitucional, ni aquellos de tipo subjetivo relativos a la necesidad de
proteger un derecho fundamental y garantizar la tutela contra providencias judiciales,
en los términos de la jurisprudencia constitucional.
13.
Afirmó que debía resolverse respecto de los alcances de la sentencia C-931 de
2004, sus efectos erga omnes, y el carácter vinculante tanto para los ciudadanos
como para los organismos del Estado y diferentes ramas del Poder Público.

14.
Manifestó que en el presente asunto se evidencia que a través de las providencias
cuestionadas la autoridad judicial inobservó lo indicado en dicho precedente
constitucional.

15.
Por último, se resalta que el 19 de junio de 2025 la parte actora allegó un memorial
donde esbozó consideraciones para “ampliar los argumentos de la impugnación al
fallo de tutela proferido, con la finalidad que sean protegidos los Derechos
Fundamentales”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

16.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19917.

E. Análisis del caso concreto

17. Se confirmará la decisión de primera instancia, pero por no encontrar superado el

requisito general de la inmediatez.

18.
Esta Corporación ha señalado que el plazo razonable para interponer la acción
de tutela contra providencias judiciales es de seis (6) meses contados desde la
notificación de la decisión que se cuestiona, debido a que es desde ese momento
que la parte actora conoce la decisión y puede advertir la posible vulneración de
derechos fundamentales.

.7 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01179-01
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

19.
Esta Subsección ha expresado que excepcionalmente procede contabilizar dicho
término desde la ejecutoria de la decisión, únicamente en los casos en que se
hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una
solicitud de aclaración, de corrección o de adición de una decisión o, incluso, un
incidente de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente improcedentes. Dicha
excepción se justifica porque los pronunciamientos que se dicten con ocasión de
esa clase de solicitudes podrían tener incidencia o modificar el alcance de la decisión
que se reprocha en sede de tutela. Por tanto, en principio, también tendrían que ser
objeto de cuestionamiento.

20.En ese sentido, se observa que el accionante alega la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales con ocasión de la sentencia del 10 de noviembre de
2022 y los autos del 14 de septiembre de 2023 y 25 de julio de 2024; último proveído
que, según la información visible en el aplicativo SAMAI, se notificó el jueves 15 de
agosto de 2024. No obstante, la demanda de tutela fue formulada el 28 de febrero
de 2025, es decir, aproximadamente 6 meses y 7 días después de conocida la
decisión por las partes8; superando el término de los 6 meses considerado como
razonable en la jurisprudencia unificada, pacífica y reiterada de esta Corporación.

21.Del mismo modo no se expuso por parte del accionante motivo alguno por el cual
hubiera presentado la acción constitucional fuera del término jurisprudencialmente
establecido. Conforme lo anterior, el asunto no supera el requisito general de
inmediatez, haciendo improcedente la solicitud de amparo.

22. Por otra parte, tampoco se supera el requisito de relevancia constitucional, en la
medida en que, frente a los defectos sustantivo y fáctico, el señor Juan Carlos esbozó
argumentos generales, los cuales no explican de forma concreta el motivo por el cual
dichos yerros se estructuran en las decisiones acusadas y la afectación de derechos
fundamentales que generan. Careciendo dichos reparos de carga argumentativa
suficiente para ser analizados de fondo.

23. Lo propio se puede decir en relación con el alegado desconocimiento del
precedente judicial, es claro que el actor pretende convertir esta solicitud de amparo
en una tercera instancia al proceso ordinario; pues se advierte una continua
reiteración de los mismos reparos expuestos a lo largo del proceso de nulidad simple,
lo cual no es otra cosa que la presunta desatención de las reglas jurisprudenciales
previstas y fijadas en la sentencia C-931 de 2004, expedida por la Corte
Constitucional. Asunto que ya fue suficientemente analizado por el juez natural de la
causa en el fallo enjuiciado.

24.
Al respecto se evidencia que, a pesar de que los autos subsiguientes a la
sentencia dan cuenta de las razones por las cuales no se configuró la nulidad
alegada, los argumentos presentados en sede de tutela son incongruentes con lo

8 El término se empezó a contar desde el miércoles 21 de agosto de 2024, es decir, una vez transcurridos 2 días

hábiles siguientes al envío del mensaje de datos, conforme a la norma aplicable. Por lo que el actor tenía hasta
el viernes 21 de febrero de 2025 para interponer la acción.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01179-01
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

resuelto por la autoridad judicial, pues simplemente se insiste en la discusión de
fondo que se abordó en la sentencia, y no se explica en qué medida la resolución
sobre la supuesta nulidad incurre en los yerros señalados.

25.En los términos precedentes, se CONFIRMARÁ la sentencia de 30 de abril de
2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

26.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de abril de 2025 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Cuarta, pero, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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