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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00682-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00682-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 8 Corte Constitucional, sentencia Su- 573 de 2019. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-00682-01 Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00682-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

25 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00682-01
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 25 de junio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00682-01
Demandante: JUAN CARLOS ARCINIEGAS ROJAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 6

Tema: Contra providencia dictada en recurso extraordinario de revisión.
Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 13
de abril de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que
declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 2 de febrero de 2026, el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, en ejercicio de la acción
de tutela, por conducto de apoderado, pidió la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y movilidad salarial.

A juicio del tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia de 10 de noviembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado – Sala Especial
No. 6, que declaró la caducidad del recurso extraordinario de revisión formulado contra
el fallo de única instancia dictado por el Consejo de Estado - Sección Segunda –
Subsección A dentro del proceso de nulidad No. 11001-03-25-000-2015-00277-00.

2. Pretensiones

El accionante formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: TUTELAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, SEGURIDAD JURÍDICA y MOVILIDAD SALARIAL.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2025 por la SALA
ESPECIAL DE DECISIÓN No. 6 DEL CONSEJO DE ESTADO (Rad. 11001-03- 15-000-2025-05131-
00).

TERCERA: ORDENAR a la autoridad accionada que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
profiera una NUEVA SENTENCIA en la que:

1. Declare que no operó la caducidad del recurso, reconociendo que los incidentes de nulidad previos
impidieron la ejecutoria del fallo ordinario.

2.Proceda a estudiar de fondo el recurso, aplicando estrictamente el precedente de la Sentencia C-931
de 2004 (consideración 3.2.11.8.4, literal d, cuarto asterisco y últimos incisos).

3.En consecuencia, decrete la nulidad de la sentencia de única instancia del 10 de noviembre de 2022
y dicte la providencia de reemplazo que decrete la nulidad de los actos decretos salariales demandados.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00682-01
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 20 de febrero de 2015, el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, en ejercicio del medio
de control de nulidad, formuló demanda con el fin de que se declarara la nulidad del
artículo 3, literal a, de los Decretos 4150 de 2004, 916 de 2005; 372 de 2006; 600 de
2007; 643 de 2008; 708 de 2009; 1374 de 2010; 1031 de 2011; 853 de 2012; 1029 de
2013; 199 de 2014; y 1101 de 2015, expedidos por el Gobierno Nacional, «por medio de
los cuales se fijan las escalas de asignación básica de los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas
Sociales del Estado, del orden nacional y se dictan otras disposiciones».

Como consecuencia de lo anterior, solicitó i) efectuar la actualización plena del derecho
a mantener el poder adquisitivo real de la asignación mensual del ministro de despacho,
contenida en los Decretos antes enunciados, de conformidad con el índice acumulado de
inflación; ii) tener la variación negativa, causada en los años 1992 a 2004; y iii) establecer
la diferencia entre la variación ordenada en los Decretos 11 de 1993, 42 de 1994, 25 de
1995, 10 de 1996, 31 de 1997, 40 de 1998, 35 de 1999, 2720 de 2000, 1460 de 2001,
2710 de 2001, 660 de 2002, 3535 de 2003, 4150 de 2004, y el I.P.C. del año
inmediatamente anterior al ajuste ordenado.

Adujo que, a través del Decreto 872 de 1992, el Gobierno Nacional fijó la asignación
mensual de los ministros del despacho, el cual fue ajustado, año por año, mediante los
Decretos 11 de 1993; 42 de 1994; 25 de 1995; 10 de 1996; 31 de 1997; 40 de 1998; 35
de 1999; 2720 de 2000; 1460 de 2001; 2710 de 2001; 660 de 2002; 3535 de 2003; y 4150
de 2004; sin embargo, dichos incrementos son inferiores a la inflación del año
inmediatamente anterior (excepto los años 1998 y 2000).

Señaló que a través de la sentencia C-1017 de 2003, la Corte Constitucional declaró
exequible el artículo 2 de la Ley 780 de 2002 y ordenó al Gobierno Nacional y al Congreso
de la República que, en el ámbito de sus competencias, adoptaran las medidas
necesarias para dar cumplimiento a la norma y, en caso de que las partidas
presupuestales fueran insuficientes, efectuara las adiciones y traslados respectivos y con
ese propósito el Gobierno expidió la Ley 848 de 2003; sin embargo, el Gobierno no tomó
las medidas necesarias para realizar el pago de los reajustes salariales de todos los
servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto de la nación, antes de que
expirara la vigencia fiscal del año 2004, ni efectúo las adiciones o traslados
presupuestales antes de que feneciera dicha vigencia.

Afirmó que los decretos demandados no previeron el reconocimiento de la actualización
plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario, la actualización de la
asignación básica, los gastos de representación y la prima de dirección de conformidad
con lo ordenado por la sentencia C-931 de 2004, sino que mantuvieron el poder
adquisitivo de los salarios vigentes en el año 2004, que se encontraban desactualizados
con pérdida del poder adquisitivo real por la variación negativa con la inflación causada
en los años 1994 a 2004.

El conocimiento de la demanda correspondió al Consejo de Estado – Sección Segunda
– Subsección A, radicado 11001 03 25 000 2015 00277 00, autoridad que mediante
sentencia de única instancia dictada el 10 de noviembre de 20221 denegó las
pretensiones de la demanda.

Lo anterior, luego de concluir que no le asistía razón al actor al considerar que los
decretos demandados infringieron normas constitucionales y no se encontraban
ajustados a los lineamientos jurisprudenciales, dado que el Gobierno Nacional y el

1 Comunicada por correo electrónico enviado el 28 de noviembre de 2025.
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas

Congreso cumplieron con las directrices trazadas en las sentencias C- 1017 de 2003 y
C-931 de 2004, pues a partir del año 2004 se fue aumentando el reajuste salarial de
aquellos funcionarios hasta alcanzar como incremento salarial un porcentaje superior al
100% de la inflación, cuando finalizó la vigencia del Plan de Desarrollo 2003-2006.

Contra la referida sentencia, el 5 de diciembre de 2022, el accionante elevó solicitud de
<<nulidad originada en la sentencia,>> petición que fue denegada mediante auto
proferido el 14 de septiembre de 2023, luego de concluir que los argumentos expuestos
por el accionante no estaban encaminados a demostrar la configuración de alguno de los
supuestos que dan origen a la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 133
del CGP sino a cuestionar el análisis normativo y jurisprudencial que sustentó el fallo
dictado el 10 de noviembre de 2022.

La anterior decisión fue recurrida por el actor y confirmada mediante proveído de 25 de
julio de 2024, notificado el 15 de agosto de 2024 que señaló que tanto la solicitud de
nulidad como el recurso interpuesto hicieron referencia a la forma como el accionante
consideraba que debía ser interpretada la sentencia C-931 de 2004 y su reproche
siempre se dirigió contra la decisión adoptada en la sentencia, pero no demostró la
configuración de la causal invocada.

El 19 de agosto de 2025, el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas presentó recurso
extraordinario de revisión en contra de la sentencia de única instancia proferida por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, bajo la causal del numeral 8 del
artículo 250 del CPACA. Señaló que dicha providencia había desconocido una sentencia
anterior que constituía cosa juzgada entre las partes e inobservó los efectos vinculantes
y resolutivos de la sentencia C-931 de 2004.

Adujo que los decretos demandados estaban viciados de nulidad porque omitieron incluir,
a partir de 2004, la inflación acumulada y causada en los años anteriores (1992 – 2004)
y que, para cumplir el mandato constitucional de reconocer la actualización plena de
derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos,
el Gobierno Nacional debía reconocer la inflación acumulada de los años anteriores (1992
– 2004).

El conocimiento del recurso extraordinario de revisión correspondió bajo el radicado1001-
03-15-000-2025-05131-00 al Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6, que
por auto de 8 de septiembre de 2025 dispuso su admisión y mediante sentencia de 10 de
noviembre de 2025 declaró la caducidad del recurso extraordinario de revisión.

Lo anterior luego de señalar que según las reglas establecidas en el artículo 251 del
CPACA, el término para presentar el recurso era de un año a partir de la ejecutoria de la
providencia y la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2022 fue notificada el 28 de
noviembre de 2022 y quedó ejecutoriada el 1 de diciembre del mismo año.

Destacó que el 5 de diciembre de 2022, el accionante elevó solicitud de <<nulidad
originada en la sentencia>>, petición que fue denegada mediante auto proferido el 14 de
septiembre de 2023, decisión confirmada mediante proveído de 25 de julio de 2024
notificado el 15 de agosto de 2024.

Precisó que, como la sentencia cuestionada fue proferida en única instancia, no procedía
ningún mecanismo ordinario de impugnación y tampoco se pidió su adición o
complementación, por lo que una vez transcurridos los 3 días siguientes a su notificación,
adquirió firmeza e indicó que, la sentencia quedó ejecutoriada el 5 de diciembre de 2022
por lo que de conformidad con lo previsto por el artículo 251 del CPACA, el demandante
tenía hasta el 6 de diciembre de 2023 para radicar de manera oportuna el recurso
extraordinario de revisión y, al haberse radicado el 19 de agosto de 2025, el recurso
resultó extemporáneo.

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Señaló que la solicitud de nulidad no se encontraba dentro de los mecanismos procesales
que impedían la ejecutoria de las decisiones judiciales y de conformidad con lo previsto
por el artículo 210 del CPACA en concordancia con los artículos 208 y 209 ibidem y el
artículo 302 del CGP, el incidente de nulidad no suspende el curso del proceso y afirmó
que si bien la demanda de revisión había sido admitida, dicha actuación procesal tuvo
lugar en procura de garantizar el acceso a la administración de justicia dado que el actor
formuló un incidente de nulidad que había sido resuelto unos años después sin que
dichas solicitudes hayan tenido incidencia en la ejecutoria de la decisión cuya revisión se
solicitó.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, la accionante señaló que la sentencia
cuestionada incurrió en los siguientes vicios de fondo:

Defecto sustantivo por desconocimiento de la sentencia C-931 de 2004 y del auto 291
de 2017, que, según el accionante, exigió a los jueces y magistrados que, en sus
decisiones, verificaran el cumplimiento material de las sentencias de constitucionalidad.

Defecto procedimental absoluto por indebida aplicación del artículo 302 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA.

Afirmó que, aunque procesalmente se denomine incidente de nulidad, este constituye
una verdadera impugnación contra la decisión judicial cuyo objeto no fue accesorio, pues
atacó la validez de la providencia que resolvió la litis.

Señaló que el artículo 302 del CGP dispuso taxativamente cuándo queda ejecutoriada
una providencia judicial y, bajo una interpretación sistemática y garantista, si el legislador
previó que una solicitud menor y accesoria como una aclaración impide la ejecutoria, con
mayor razón debe impedirla una impugnación material como el incidente de nulidad que
cuestionó la validez y existencia jurídica de la decisión por violación al debido proceso.

Manifestó que la Sala Especial de Decisión No. 6 erró al considerar que la sentencia de
nulidad simple había cobrado ejecutoria en noviembre de 2022, pues omitió valorar que
contra dicha providencia existieron incidentes de nulidad que mantuvieron la discusión
procesal activa hasta los autos de 14 de septiembre de 2023 y 25 de julio de 2024.

Exceso ritual manifiesto al declarar la caducidad del recurso extraordinario de revisión
con fundamento en una aplicación <<irreflexiva y exegética>> en detrimento del derecho
sustancial y el acceso a la administración de justicia.

Violación directa de la Constitución, por cuanto la garantía del derecho a la movilidad
salarial para funcionarios públicos que contaran con ingresos medios y altos implica que
cualquier incremento a sus salarios sea temporal y, en todo caso, debía restituirse el valor
adquisitivo perdido al finalizar el respectivo periodo.

5. Trámite de impedimento

El 19 de junio de 2026, la consejera de Estado Myriam Stella Gutiérrez Argüello manifestó
impedimento para pronunciarse sobre la acción de tutela de la referencia, en razón a que
considera que se encuentra incursa en la causal 6º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, toda vez hizo parte de la Sala Especial de Decisión No. 6 que
profirió la decisión que se cuestiona a través de la acción de tutela.

Por auto del 23 de junio de 2026, el despacho sustanciador declaró fundado el
impedimento.
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6. Intervenciones

El Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6 solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto los cuestionamientos en los que se sustenta son los mismos
que el actor expuso en el proceso ordinario y en recurso extraordinario de revisión.

Afirmó que la controversia no se originó en una transgresión de un derecho fundamental,
sino en una inconformidad del accionante con el análisis que se realizó frente a la
aplicación de las normas procesales relacionadas con la caducidad del recurso
extraordinario.

Señaló que la sentencia que fue objeto del recurso extraordinario se notificó el 28 de
noviembre de 2022 y quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2022 y el 5 de diciembre
de 2022 el demandante presentó una solicitud de nulidad que fue negada, sin que dicha
petición haya suspendido o interrumpido el término de ejecutoria ni el plazo para
interponer el recurso extraordinario de revisión, dado que de conformidad con el artículo
302 de CGP, dicha petición no impide la ejecutoria de las providencias judiciales.

Adujo que no se llevó a cabo ninguna actuación que pudiera vulnerar los derechos
fundamentales del actor y, por el contrario, se dio trámite oportuno al recurso interpuesto
conforme a las normas que regulan el procedimiento del mecanismo extraordinario de
revisión.

El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A por medio del titular de uno
de los despachos que integra dicha subsección, afirmó que la sentencia proferida el 10
de noviembre de 2022 dentro del proceso de nulidad radicado No. 11001-03-25-000-
2012-00372-00 junto con el expediente, contienen los elementos de juicio para que el
juez de tutela tome la decisión que en derecho corresponda.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela, mantener en firme la decisión de la Sala Especial de Decisión No. 6 del
Consejo de Estado, así como tener el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como
tercero con interés.

Afirmó que la solicitud de amparo desnaturalizó la tutela como mecanismo subsidiario y
la convirtió en una instancia adicional sin que pueda evidenciarse un defecto
procedimental protuberante e indicó que las pretensiones de reliquidación salarial masiva
basadas en una interpretación analógica de la sentencia C-931 de 2004 desbordan el
marco presupuestal de la Nación y en cumplimiento de dicha sentencia se ha realizado
el respectivo incremento a través de los decretos anuales que gozan de presunción de
legalidad y una orden de tutela que ignore la cosa juzgada y la caducidad generaría un
impacto fiscal desproporcionado e iría en contra del mandato de sostenibilidad del artículo
334 de la Constitución.

El Departamento Administrativo de la Función Pública solicitó declarar la
improcedencia de la acción dado que el accionante pretende utilizar la acción de tutela
como un recurso adicional para controvertir decisiones judiciales.

7. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por sentencia del 13 de abril de
2026, declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional, dado que los reproches del accionante no pueden ser objeto de
pronunciamiento toda vez que no tienen relación con el contenido de la decisión judicial
que pretende ser analizada por el juez constitucional, dado que no existió un
cuestionamiento jurídico real respecto de la providencia cuestionada, sino que el

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accionante buscó que el juez de tutela entrara a analizar el caso, fungiendo como juez
natural.

En lo referente a la caducidad del recurso extraordinario de revisión, afirmó que tal
aspecto ya fue estudiado de manera suficiente, motivada y razonable por la Sala Especial
de Decisión No. 6 del Consejo de Estado, que el demandante alegó la causal 8 del
artículo 250 del CPACA y el término para presentar el recurso era de un año a partir de
la ejecutoria de la providencia, que la sentencia cuestionada quedó ejecutoriada el 1 de
diciembre de 2022, por tratarse de un proceso de única instancia y que si bien es cierto
que el accionante interpuso solicitud de nulidad el 5 de diciembre de 2022, la cual fue
negada por auto del 14 de septiembre de 2023 y confirmada mediante proveído de 25 de
julio de 2024, notificado el 15 de agosto de 2024, lo cierto es que ese tipo de peticiones
no se encontraban dentro de los mecanismos procesales que impiden la ejecutoria.

En ese sentido, afirmó que la argumentación esgrimida por el accionante únicamente se
sustenta en una interpretación personal respecto de la naturaleza y alcance que
considera se debió dar a su caso concreto a fin de que se flexibilizara el término de
caducidad, pero no comporta un verdadero cuestionamiento al análisis normativo
efectuado por la autoridad accionada.

8. Impugnación

La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó revocarla para,
en su lugar, acceder a las pretensiones del escrito de amparo.

Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela e indicó que en el fallo de primera
instancia erró en la calificación de relevancia constitucional, por cuanto no se discute un
aumento salarial, sino que se discute si un decreto puede anular los efectos de cosa
juzgada constitucional de la sentencia C-931 de 2004 y si el Consejo de Estado permite
esto, estaría avalando la desconstitucionalización del Estado colombiano y del Estado
social de derecho.

Afirmó que, la jurisprudencia del Consejo de Estado aclaró que el salario de los altos
funcionarios es una garantía de independencia y estabilidad institucional y la brecha del
salario constituye un perjuicio irremediable y una vía de hecho continuada que no puede
desconocerse por la jurisdicción contenciosa ni por el gobierno.

Adujo que la sentencia de primera instancia incurrió en un defecto sustantivo y fáctico al
afirmar que el debate planteado es meramente legal y económico, pues ello ignora que
el núcleo de la controversia es el desacato abierto y continuado a la sentencia C-931 de
2004.

Sostuvo que obra en el expediente la confesión del DAPRE de que la Ley 42 de 1980 es
el fundamento vigente de la remuneración y que hay una discriminación sistemática al
ser un hecho notario que el Estado Colombiano mantenga dos regímenes para sus
cúpulas, <<un régimen de privilegio>> para los magistrados de las altas cortes y <<un
régimen de despojo>> para los ministros del despacho y directores de departamentos
administrativo.

Reiteró que la declaratoria de caducidad del recurso extraordinario de revisión se
fundamentó en un conteo de términos que sacrifica el derecho sustancial.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
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que declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor Juan Carlos
Arciniegas Rojas.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada que declaró improcedente la
acción de tutela al encontrar incumplido el requisito general de relevancia constitucional.
La parte actora no cumplió con la carga mínima de argumentación respecto a las razones
por las que la discusión que plantea reviste una clara, marcada e indiscutible relevancia
constitucional. Además, se trata de un asunto eminentemente legal y de orden
económico.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro, los requisitos específicos 3
o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado
los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.

En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales, se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible, pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos».

Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó
la solicitud de protección».

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos
que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por
qué el asunto reviste relevancia constitucional».

Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.

4. Análisis del caso concreto

La parte actora cuestiona la providencia del 10 de noviembre de 2025, dictada por el
Consejo de Estado – Sala Especial No. 6 que declaró la caducidad del recurso
extraordinario de revisión formulado contra el fallo de única instancia dictado por el
Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección A dentro del proceso de nulidad No.
11001-03-25-000-2015-00277-00.

Si bien la parte actora adujo que la decisión cuestionada incurrió en defecto sustantivo y
violación directa de la Constitución al desconocer la sentencia C-931 de 2004 y el auto
291 de 2017, lo cierto es que dichos argumentos no cuestionan la ratio decidendi de la
misma.

En cuanto a la afirmación del accionante referente a que la decisión cuestionada también
incurrió en defecto procedimental absoluto y exceso ritual al no tener en cuenta la
prevalencia del derecho sustancial y hacer una indebida aplicación del artículo 302 del
CGP para declarar la caducidad del recurso extraordinario de revisión, la Sala observa
que el actor utiliza tales señalamientos para prolongar el debate de caducidad que ya se
surtió al interior del recurso extraordinario de revisión, que además es de índole legal.

Sobre este punto, la Corte Constitucional5 ha señalado que <<las discusiones de orden
legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido
al juez de tutela inmiscuirse en materia de carácter netamente legal o reglamentario que han de
ser definidos por las jurisdicciones correspondientes>>6

Incluso, ha manifestado que un asunto carece de relevancia constitucional 7 cuando: <<(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por
ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se
desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (iii) sea evidente su naturaleza
o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general>>.

Para la Sala la discusión que propone la parte actora, se itera, es de carácter económico
y con connotaciones legales y particulares, que no representan un interés general ni

5 Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
6 Sentencia T-136 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
7 Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
8

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00682-01
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas

evidencia, prima facie, la transgresión de los derechos fundamentales del señor Juan
Carlos Arciniegas Rojas.

Para la Sala, la parte actora tampoco cumplió con la carga argumentativa de explicar por
qué su solicitud de amparo reviste una clara, marcada e indiscutible relevancia
constitucional y por qué trasciende las inconformidades que percibe de la decisión
adoptada por el Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6, pues no presentó
motivos suficientes dirigidos a evidenciar que la providencia cuestionada afecta de
manera grave sus derechos fundamentales.

El simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no es suficiente para
tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto que es necesario, se
itera, que se ponga en evidencia la afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales alegados, pues «la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales,
supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel»8.

Si bien, la parte actora alega la configuración del defecto sustantivo y violación directa de
la Constitución por desconocer la sentencia C-931 de 2004 y el auto 291 de 2017, lo
cierto es que con ello no cuestionó de manera directa las razones de la decisión que
ahora controvierte.

Además, frente a los argumentos expuestos en el aducido defecto procedimental
absoluto y exceso ritual, no giran en torno a un asunto constitucional o a la defensa de
los derechos fundamentales; por el contrario, se trata de un debate eminentemente legal.

En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la
solicitud de amparo, por incumplir el requisito de relevancia constitucional. Con mayor
razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el órgano de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte Constitucional, en la
sentencia T-398 de 2017.

Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

II. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

8 Corte Constitucional, sentencia Su- 573 de 2019.
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador9

9 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la Ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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