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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05131-00

Fecha
10 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05131-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE Primero: DECLARAR la caducidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, contra la sentencia de única instancia proferida el 10 de noviembre de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual, se negaron las pretensiones dentro del proceso de nulidad con radicado 11001-03-25 000-2015-00277-00 (0541- 2015), conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo: NO CONDENAR en costas a la parte recurrente por los motivos indicados en la parte considerativa de esta providencia. Tercero: Por Secretaría General, archívese el expediente previas las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05131-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

10 de noviembre de 2025

Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05131-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 6

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05131-00
Recurrente: JUAN CARLOS ARCINIEGAS ROJAS

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso extraordinario de revisión
presentado por el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, contra la sentencia de única
instancia dictada el 10 de noviembre de 2022 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual, se negaron las pretensiones
dentro del proceso de nulidad con radicado 11001-03-25 000-2015-00277-00 (0541-
2015).

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda ordinaria

1. El señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, en nombre propio, presentó demanda
de nulidad contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Administrativo de la Función Pública ante el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que se declarara la nulidad del
artículo 3, literal a), de los siguientes decretos anuales, por los cuales se fijan las
escalas de asignación básica de los empleos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado,
del orden nacional y se dictan otras disposiciones: 4150 de 2004; 916 de 2005; 372
de 2006; 600 de 2007; 643 de 2008; 708 de 2009; 1374 de 2010; 1031 de 2011;
853 de 2012;1029 de 2013; 199 de 2014; y 1101 de 2015.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se efectuara la actualización
plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real de la asignación mensual del
ministro de despacho, contenida en los decretos referenciados, de conformidad con
el índice acumulado de inflación; tener la variación negativa, causada en los años
1992 a 2004 y establecer la diferencia entre la variación ordenada en los Decretos
11 de 1993, 42 de 1994, 25 de 1995, 10 de 1996, 31 de 1997, 40 de 1998, 35 de
1999, 2720 de 2000, 1460 de 2001, 2710 de 2001, 660 de 2002, 3535 de 2003,
4150 de 2004, y el IPC del año inmediatamente anterior al ajuste ordenado.

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3. Expuso que la Ley 1.ª de 1986 concedió facultades extraordinarias al
presidente de la República para modificar las escalas de remuneración y gastos de
representación de los empleados del sector público, y fijó en el artículo 3 de manera
expresa que «El Gobierno, al hacer uso de las facultades que le otorga la presente
Ley, procurará garantizar el poder adquisitivo de los ingresos, para lo cual tendrá en
cuenta la variación de los índices de precios, así como la disponibilidad de recursos
fiscales del Gobierno Nacional».

4. Aseveró que a través del Decreto 872 de 1992, el Gobierno nacional fijó la
asignación mensual de los ministros del despacho, el cual fue ajustado, año por
año, mediante los Decretos 11 de 1993; 42 de 1994; 25 de 1995; 10 de 1996; 31 de
1997; 40 de 1998; 35 de 1999; 2720 de 2000; 1460 de 2001; 2710 de 2001; 660 de
2002; 3535 de 2003; y 4150 de 2004; sin embargo, dichos incrementos son
inferiores a la inflación del año inmediatamente anterior (excepto los años 1998 y
2000).

5. Refirió que mediante sentencia C-1017 de 2003, la Corte Constitucional
declaró exequible el artículo 2 de la Ley 780 de 20021 y ordenó al Gobierno nacional
y al Congreso de la República que, en el ámbito de sus competencias, adoptaran
las medidas necesarias para dar cumplimiento a la norma y, en caso de que las
partidas presupuestales fueran insuficientes, efectuara las adiciones y traslados
respectivos.

6. Con ese propósito, el Congreso expidió la Ley 848 de 20032, cuyo artículo 2
fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional. No obstante,
aseguró, que el Gobierno nacional no tomó las medidas necesarias para realizar el
pago de los reajustes salariales de todos los servidores públicos cobijados por la ley
de presupuesto general de la Nación, antes de que expirara la vigencia fiscal del
año 2004, ni efectuó las adiciones o traslados presupuestales necesarios antes de
que feneciera dicha vigencia, y así ajustar la asignación del ministro del Despacho,
que había sido fijada mediante el Decreto 4150 de 2004.

7. Señaló que con los Decretos 916 de 2005; 372 de 2006; 600 de 2007; 643
de 2008; 708 de 2009; 1374 de 2010; 1031 de 2011; 853 de 2012; 1029 de 2013;
199 de 2014 y 1101 de 2015, tampoco se contempló el reconocimiento de la
actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario, la
actualización de la asignación básica, los gastos de representación y la prima de
dirección, como lo ordenó la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004,
sino que se limitó a mantener el poder adquisitivo de los salarios vigentes en el año
2004, los cuales se encontraban desactualizados con pérdida de poder adquisitivo
real por la variación negativa con la inflación causada en los años 1992 a 2004

1 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones

para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2003.
2 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004.
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(salvo los años 1998 y 2000).

1.2. Contestaciones

1.2.1. La Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

8. Afirmó que los parámetros establecidos para la fijación de la política fiscal
del aumento salarial recogen lo señalado por la Corte Constitucional en las
sentencias C-710 de 1999, C- 1064 de 2001, C-1017 de 2003 y C-931 de 2004.

9. Alegó que la Corte Constitucional ha sostenido que las limitaciones de las
que han sido objeto los aumentos salariales no implican la adquisición de una
deuda, el reconocimiento de intereses ni la retroactividad.

1.2.2. Departamento Administrativo de la Función Pública

10. Argumentó que la fijación del régimen salarial de los servidores públicos debe
considerar el marco general de la política macroeconómica y fiscal, así como la
racionalización de los recursos públicos y las limitaciones presupuestales
aprobadas por el Congreso a través de la Ley de Presupuesto General de la Nación.

11. Sostuvo que el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo real
del salario no es un derecho absoluto. Puede ser limitado para atender el gasto
público social, según lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-931
de 2004.

12. Indicó que el incremento salarial anual se implementa siguiendo los criterios
de progresividad, equidad y proporcionalidad fijados por la Corte Constitucional.

13. Alegó que los cargos expuestos no eran claros, ciertos, específicos,
pertinentes y suficientes para que el Consejo de Estado pudiera emitir un
pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de las normas.

14. Propuso la excepción de caducidad porque, según su criterio, las
pretensiones del demandante, que buscaban la anulación de los actos generales y
el restablecimiento automático del derecho (solicitando la fijación retroactiva de la
remuneración desde 1992), debían someterse a las reglas del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

1.3. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

15. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 10 de noviembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda en
consideración a que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del artículo 3,
literal a), de los referidos decretos anuales.
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16. En primer lugar, la Corporación determinó que las pretensiones de
restablecimiento del derecho consistentes en la actualización plena del poder
adquisitivo real del salario de forma retroactiva incluyendo la variación negativa
causada desde 1992, eran improcedentes en el medio de control de nulidad simple.

17. Asimismo, desestimó la excepción de caducidad propuesta por la defensa,
ya que, al versar el litigio sobre la nulidad de actos administrativos de contenido
general, la acción podía ser impetrada en cualquier momento.

18. Luego, abordó el problema jurídico referido a determinar si el Gobierno
nacional había cumplido con las reglas jurisprudenciales establecidas por la Corte
Constitucional en las sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004.

19. En primer lugar, señaló que no compartía la interpretación del demandante
sobre el alcance de las sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004; pues la Corte
Constitucional no ordenó una actualización histórica con el porcentaje acumulado
de IPC no reconocido entre 1992 y 2003.

20. Explicó que, según las directrices constitucionales, todos los servidores
públicos tienen el derecho a que se les reajuste su salario anualmente, por lo
menos, en el mismo porcentaje de la inflación causada en el año inmediatamente
anterior. Sin embargo, este derecho no es absoluto para los servidores con ingresos
medios y altos (salarios superiores a 2 salarios mínimos mensuales legales
vigentes), sino que puede limitarse para lograr fines constitucionalmente
imperiosos, como:

• Reducir el déficit fiscal y el endeudamiento.
• Preservar la estabilidad macroeconómica.
• Atender el gasto público social.

21. Además, refirió que para que no se vulnere el núcleo esencial del derecho a
mantener el poder adquisitivo del salario, el ajuste en la última escala salarial
superior no puede ser inferior al 50 % de la inflación (IPC) causada el año
inmediatamente anterior.

22. Destacó que las limitaciones impuestas deben respetar el principio de
progresividad por escalas salariales, de modo que quienes perciban salarios más
altos se vean sujetos a las mayores limitaciones que el resto de los servidores
afectados con la medida. En todo caso, las diferencias en los ajustes entre escalas
salariales deben ser mínimas.

23. Precisó que la limitación del reajuste no puede ser permanente o indefinida.
El Estado debe garantizar que, dentro de la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo
de cada cuatrienio, los reajustes progresivos permitan a estos servidores públicos
alcanzar la actualización plena de su salario.
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24. Indicó que la limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario
no constituye una deuda que adquiera el Estado con el servidor público y, por lo
tanto, no es reembolsable al final de un periodo ni genera retroactividad, ya que el
monto no reconocido se considera un ahorro fiscal destinado a la inversión social.

25. Desde esa perspectiva encontró que el incremento salarial del 4% fijado para
2004 fue superior al mínimo exigido (el 50 % de la inflación de 2003, que fue del
6.49 %).

26. Así, concluyó que el Gobierno nacional y el Congreso de la República
cumplieron con las directrices trazadas en las sentencias C-1017 de 2003 y 931 de
2004 de la Corte Constitucional, pues a partir del año 2004 se fue aumentando el
porcentaje del reajuste salarial de aquellos funcionarios, hasta alcanzar como
incremento salarial un porcentaje superior al 100 % de la inflación, cuando finalizó
la vigencia del Plan de Desarrollo 2003-2006.

1.4. El recurso extraordinario de revisión

27. El señor Juan Carlos Arciniegas Rojas sustentó el recurso en la causal del
numeral 8 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3. Señaló que se desconoció una sentencia anterior que
constituía cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.

28. Sostuvo que la sentencia recurrida inobservó los efectos vinculantes y
resolutivos de la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional.

29. Argumentó que dicha providencia ordenó al Gobierno nacional y al Congreso
de la República tomar medidas urgentes para realizar el pago de los reajustes
salariales antes de que expirara la vigencia fiscal de 2004, además de incorporar en
la Ley del Presupuesto General de la Nación de 2005 las partidas necesarias para
mantener actualizados los salarios de ingresos medios o altos al final del cuatrienio
(Plan Nacional de Desarrollo).

30. Afirmó que, para cumplir el mandato constitucional de reconocer la
actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de
todos los servidores públicos, el Gobierno nacional debía reconocer la inflación
acumulada y causada de los años anteriores (1992-2004).

31. Explicó que los decretos demandados estaban viciados de nulidad porque
omitieron incluir, a partir de 2004, la inflación acumulada y causada de los años
anteriores (1992-2004).

32. Aseguró que el efecto acumulado de la restricción de esos años hizo más

3 En adelante CPACA.

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gravosa la limitación de los derechos y provocó que la restricción, que originalmente
era temporal, se volviera permanente a partir del año 2005, situación contraria a la
jurisprudencia constitucional.

33. Para sustentar la causal de revisión, el actor argumentó que la Subsección A
Sección Segunda del Consejo de Estado debió aplicar la sentencia de control
abstracto de constitucionalidad al caso de nulidad simple.

34. Refirió que la sentencia C-931 de 2004 tiene efectos erga omnes y constituye
cosa juzgada constitucional. Esta naturaleza constitucional, prevista en el artículo
243 de la Constitución Política, obliga a toda la comunidad, al Estado y a sus ramas
del poder público, incluso a la autoridad judicial.

35. Adujo que, aunque la sentencia fue de constitucionalidad, el objeto del litigio
es idéntico porque ambos se centran en el mandato de actualización plena del
derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario ordenado en la sentencia
C-931 de 2004.

36. Relató que la identidad de partes se predica en términos jurídicos, dado que
la acción de inconstitucionalidad fue ejercida por una persona (que representó a la
comunidad) contra el Estado (Gobierno y Legislativo), misma identidad jurídica que
la acción de nulidad ejercida contra el Estado (Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y Departamento Administrativo de la Función Pública), por lo que los efectos
erga omnes de la decisión constitucional deben acatarse.

37. Afirmó que la cosa juzgada no fue alegada como medio exceptivo en el
segundo proceso.

38. Concluyó que la sentencia violó el debido proceso y la seguridad jurídica al
proferir una decisión que omite y contradice un mandato constitucional imperativo
con fuerza de cosa juzgada que exigía la actualización plena de los salarios con
base en el índice acumulado de inflación causado históricamente.

1.5. Trámite procesal

39. El señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, mediante escrito del 19 de agosto de
4
2025 , actuando en nombre propio, presentó recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia de única instancia proferida el 10 de noviembre de 2022 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual, se
negaron las pretensiones dentro del proceso de nulidad con radicado 11001-03-25
000-2015-00277-00 (0541-2015).

4 Samai, índice No. 02.

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40. A través de auto del 8 de septiembre de 20255, el despacho sustanciador
admitió el recurso extraordinario de revisión y ordenó notificar esta decisión a la
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo
de la Función Pública y, por estado, a la parte recurrente.

41. También dispuso comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

42. Por auto del 30 de septiembre de 20256 se decretaron como prueba los
documentos aportados al proceso por cumplir con los requisitos de conducencia,
pertinencia, utilidad y licitud.

1.6. Intervenciones

43. Dentro del término de traslado de la admisión del recurso se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público

44. El apoderado de la entidad solicitó negar las pretensiones del recurso y
absolver a su representada de cualquier tipo de condena.

45. Refirió que la causal 8 del artículo 250 del CPACA, invocada por el
demandante por supuesta contradicción con la sentencia C-931 de 2004, no se
configura, dado que no existe la triple identidad (de partes, objeto y causa) requerida
para su procedencia, respecto de la sentencia invocada, dado que aquella proviene
de un control abstracto de constitucionalidad y no de un litigio inter partes, como el
que motivó la decisión objeto del recurso extraordinario.

1.6.2. Ministerio Público

46. La Procuraduría delegada ante el Consejo de Estado no se pronunció dentro
de la oportunidad legal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

47. De acuerdo con los artículos 111 y 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer
de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las

5 Samai, índice No. 09.
6 Samai, índice No. 17.

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Secciones y Subsecciones de esta Corporación7.

48. Ahora bien, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
referido estatuto procesal8, mediante el Acuerdo 80 de 20199, que compiló, entre
otros, el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado,
se reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver
los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones de esta Corporación10.

49. En tales condiciones, corresponde a esta Sala Especial de Decisión, en los
términos del artículo 248 del CPACA, resolver sobre el recurso extraordinario de
revisión presentado contra la sentencia del 10 de noviembre de 2022 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual,
se negaron las pretensiones dentro del proceso de nulidad con radicado 11001-03-
25 000-2015-00277-00 (0541-2015).

2.2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

50. El recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las
diferentes jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter inmutable
y de cosa juzgada que, por regla general, tienen las decisiones judiciales, ante el
acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que
determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional
en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo para evitar
«que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el debido

7 Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo

Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los
demás que sean de su competencia.
Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos.
Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
8 Artículo 107 CPACA. Integración y composición. (…).

Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al
respecto establezca el reglamento interno.
9 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
10 Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los

siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.

8

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proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución».

51. En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario
de revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en
la Ley 1437 de 2011; su propósito es el de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico11, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley12.

52. La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido de manera unánime
que el recurso extraordinario de revisión es un proceso autónomo e independiente
del asunto cuya sentencia se pretende infirmar13, por tal motivo, el legislador le dio
un trámite autónomo, para cuya procedencia se deben acreditar requisitos de
oportunidad y de admisión totalmente distintos a los del proceso originario 14 y,
además, asignó su conocimiento a una autoridad judicial distinta a la que tramitó el
proceso que dio origen al fallo cuya revisión se solicita.

53. De este entendimiento se desprende que esta no es una instancia adicional
dentro del proceso ordinario, sino un mecanismo judicial excepcional que tiene
como fin enervar el principio de cosa juzgada de la que gozan las decisiones
judiciales ante el acaecimiento de situaciones concretas que pueden convertir la
sentencia en contraria al ordenamiento jurídico; por ello, para su procedencia deben
cumplirse estrictamente todos los requisitos que el legislador previó para el efecto.

54. En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros
probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o
argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario.

11 Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que «Con todo, el

principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia
material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la
cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos
en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este
sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio «res iudicata pro veritate habertur» para
evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de
la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de

2013, Radicado 11001031500020120023100.
13 Consultar entre otros: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 25, sentencia del 6 de

marzo de 2018, radicación 11001-03-15-000-2015-01542-00; Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Auto de 12 de agosto de 2014, radicación 11001-03-15-000-2013-02110-00; Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 16 de febrero de 2017, radicación 05001-33-31-010-
2007-00165-01(57198)], Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de
febrero de 2016, radicación 11001-03-25-000-2014-00753-00(2343-14).
14 Artículos 251 y 252 del CPACA y artículos 187 y 189 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso

Administrativo.
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2.3. Problema jurídico

55. Le corresponde a la Sala Especial de Decisión No. 6 determinar si la
sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se negaron las pretensiones
dentro del proceso de nulidad con radicado 11001-03-25-000-2015-00277-00
(0541-2015), se encuentra incursa en la causal de revisión prevista en el numeral 8
del artículo 250 del CPACA.

56. Previamente, será necesario verificar si el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas reúne los requisitos de
procedibilidad, en especial el relativo a su presentación dentro de la oportunidad
legal establecida por la norma.

2.4. Oportunidad del recurso extraordinario de revisión

57. Los términos para ejercer el derecho de acción son consagrados por el
legislador con el propósito de hacer efectivos los derechos de acceso a la
administración de justicia y el debido proceso y los principios de celeridad, eficacia,
seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades
propias de cada proceso.

58. Así lo ha señalado la Corte Constitucional, al precisar que el derecho al
debido proceso comprende la garantía de adelantar los procedimientos sin
dilaciones injustificadas, conforme al artículo 29 de la Carta Política, en armonía con
el 228 ibidem, que establece que los términos deben ser observados con diligencia,
tanto por los funcionarios judiciales como por las partes involucradas15.

59. La consagración de un límite temporal para el ejercicio del derecho de acción
contribuye a la realización del principio de seguridad jurídica y confianza legítima,
conforme al cual, los ciudadanos pueden tener certeza de que las decisiones
administrativas o las situaciones particulares quedan consolidadas en un
determinado tiempo, lo que permite disponer de sus libertades económicas y ejercer
sus derechos sociales y asegurar un orden jurídico estable.

60. Al respecto, esta Corporación ha señalado que «la caducidad produce la
extinción del derecho a la acción por el transcurso del tiempo; de tal manera que, la
demanda debe ser presentada, por razones de seguridad jurídica y de interés
general, dentro del término fijado en la ley. Dicho lapso fenece inexorablemente por
la inactividad de quien estando legitimado en la causa, no acciona en tiempo. Así,
la caducidad representa un límite para el ejercicio del derecho de acción del

15 Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2002.

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ciudadano»16.

61. De manera que, la carga procesal de presentar las demandas, recursos y
otras actuaciones judiciales dentro de los términos fijados por el legislador
constituye una garantía para todos los sujetos procesales de que la defensa de sus
derechos no deberá ser ejercida de manera indefinida en el tiempo.

62. Esta Corporación también ha sostenido que la caducidad es una institución
de orden público que opera por ministerio de la ley, que busca preservar intereses
superiores y que se erige como presupuesto procesal indispensable para
determinar la procedencia de las acciones, de manera que, su inobservancia trae
como consecuencia, la imposibilidad de decidir de fondo la controversia
propuesta17.

63. El acatamiento del término de caducidad se torna aún más estricto en esta
clase de asuntos, teniendo en cuenta la naturaleza excepcional del recurso de
revisión, pues se trata, como se ha dicho precedentemente, de un proceso
independiente y autónomo que se configura como una excepción al principio de
cosa juzgada18.

64. En efecto, este mecanismo de naturaleza extraordinaria introduce una
excepción a dicho postulado constitucional al alterar la inmutabilidad de las
sentencias judiciales, para modificarlas o despojarlas de efectos, aun cuando ya se
encuentren en firme, lo que se justifica porque se presentan situaciones que alteran
la verdad de la sentencia, que estaría basada en hechos falsos o erróneos, cuya
incorrección no pudo ser conocida en el momento en que se profirió.

65. Es por esa razón que el legislador estableció un plazo limitado para acudir a
esta clase de recurso, que debe ser observado de forma rigurosa en orden a no
producir una afectación desproporcionada al principio de seguridad jurídica y
garantizar el derecho que tienen los administrados de que sus conflictos sean
resueltos de manera certera y definitiva.

66. En particular, el CPACA establece el plazo para instaurar el recurso

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejero ponente: Gerardo

Arenas Monsalve, sentencia del once (11) de diciembre de dos mil doce (2012). radicación 11001-
03-25-000-2005-00012-00(IJ).
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de sala del 1 de abril de

2014, radicación 11001-03-26-000-1999-00192-01. Además, Subsección B, Sección Tercera, auto
del veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual se confirmó la decisión
de dejar sin efectos un auto que concedió un recurso de apelación que se interpuso por fuera del
término legal por cuanto «los funcionarios judiciales no están llamados a decidir de fondo un asunto
cuando, pese a haber asumido su conocimiento, carecen de competencia para ello».
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de

Decisión, consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales, sentencia del 21 de octubre de dos mil
veintiuno 2021, radicación 11001-03-15-000-2012-01251-00(REV) (acumulado 11001-03-15-000-
2012-01250-00).
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extraordinario de revisión en su artículo 251, que varía según la causal que se
proponga, así:

Causal Plazo Extremo temporal

A partir del día siguiente a la
Regla General que aplica a la mayoría de las
1 año ejecutoria de la sentencia
causales del artículo 250 del CPACA.
que se busca revisar.

Numerales 3 y 4 del artículo 250: Sentencia A partir del día siguiente a la
obtenida por violencia, cohecho o con base en 1 año ejecutoria de la sentencia
pruebas declaradas falsas. penal.

Numeral 7 del artículo 250 del CPACA: No
tener la persona en cuyo favor se decretó una
prestación periódica, al tiempo del A partir del día siguiente a la
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o 1 año ocurrencia de los motivos
perder esa aptitud con posterioridad a la que dan lugar al recurso.
sentencia o sobrevenir alguna de las causales
legales para su pérdida.

A partir del día siguiente a la
ejecutoria de la providencia
Artículo 20 de la Ley 797 de 2003: Revisión de
judicial o del
prestaciones periódicas a cargo del tesoro 5 años
perfeccionamiento del
público obtenidas fraudulentamente.
acuerdo (conciliación o
transacción).

67. En el caso sub examine, la Sala encuentra que en el recurso se invocó la
causal 8 del artículo 250 del CPACA, que consagra:

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada.

68. Por la naturaleza de la causal, según las reglas establecidas en el artículo
251 del CPACA, el término para presentar el recurso era de 1 año contado a partir
de la ejecutoria de la providencia.

69. La ejecutoria de las sentencias se encuentra consagrada en el artículo 302
del CGP, en los siguientes términos:

Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo
quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin

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haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.

70. De la disposición citada se desprende que las providencias adquieren
ejecutoria cuando, dentro del término legal, no se interpongan los recursos
procedentes o estos no sean admitidos; cuando no exista recurso ordinario alguno,
caso en el cual quedarán ejecutoriadas el día siguiente a su notificación; cuando se
hayan resuelto los recursos interpuestos, evento en el que la ejecutoria se produce
a partir de la notificación de la providencia que los decide; y cuando se decidan las
solicitudes de aclaración o complementación que se hubieren presentado, supuesto
en el que la ejecutoria tiene lugar una vez notificada la decisión que resuelva tales
peticiones. Por su parte, las providencias proferidas por fuera de audiencia quedan
ejecutoriadas 3 días después de notificadas, siempre que no procedan recursos o
hayan vencido los términos para interponerlos.

71. Revisado el expediente se advierte que la sentencia del 10 de noviembre de
2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
fue notificada el 28 de noviembre del mismo año y quedó ejecutoriada el 1 de
diciembre siguiente (por tratarse de un proceso de única instancia).

72. El accionante interpuso solicitud de nulidad originada en la sentencia, el día
5 de diciembre de 2022. Mediante auto del 14 de septiembre de 2023, la Sala de
Decisión negó la petición de nulidad, providencia que fue recurrida y confirmada por
auto del 25 de julio de 2024 y notificada el 15 de agosto siguiente.

73. De otra parte, el recurso extraordinario de revisión se radicó el 19 de agosto
de 2025, como se sintetiza a continuación:

Actuación Fecha

Sentencia 10 de noviembre de 2022

Notificación 28 de noviembre de 2022

Ejecutoria 1 de diciembre de 2022

Solicitud de nulidad 5 de diciembre de 2022

Decisión de la nulidad 14 de septiembre de 2023

Recurso contra la decisión de nulidad 18 de octubre de 2023

Decisión del recurso 25 de julio de 2024

Fecha de radicación del recurso extraordinario 19 de agosto de 2025

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74. En este caso, como se ha advertido de forma previa, la sentencia fue
proferida en única instancia, de modo que en su contra no procedía ningún
mecanismo ordinario de impugnación, además, del recuento realizado se extrae que
tampoco se pidió su adición o complementación, lo que significa que, una vez
transcurridos los 3 días siguientes a su notificación, término dentro del cual
procedían dichas solicitudes, adquirió firmeza.

75. Ahora bien, del recuento procesal realizado se extrae que el demandante
interpuso una solicitud de nulidad contra la providencia objeto del recurso
extraordinario, que fue negada por la Sala de Decisión que la profirió.

76. Al respecto, es importante precisar que la solicitud de nulidad no se encuentra
dentro de los mecanismos procesales que impiden la ejecutoria de las decisiones
judiciales. En ese sentido, la norma es clara en señalar que lo que cabe interponer
en el término de ejecutoria de la decisión es la petición de aclaración o adición o los
recursos procedentes, sin hacer referencia a las peticiones de nulidad.

77. Aunado a ello, el incidente de nulidad no suspende el curso del proceso tal
como lo establece el artículo 210 del CPACA que regula la oportunidad, trámite y
efecto de los incidentes, en concordancia con los artículos 208 y 209 ibidem y el
artículo 302 del CGP citado previamente.

78. Además, vale la pena precisar que las nulidades no pueden asimilarse a los
recursos de impugnación, habida cuenta que esa figura no tiene como objeto
plantear inconformidades o controvertir las decisiones, sino resolver vicios o
irregularidades cometidas en el trámite procesal.

79. Como se puede observar, la sentencia objeto del recurso quedó ejecutoriada
el 5 de diciembre de 202219, momento a partir del cual empezó a contarse el plazo
legal establecido en la regla general del artículo 251 del CPACA, por lo tanto, el
demandante tenía hasta el 6 de diciembre de 2023 para radicarlo de manera
oportuna.

80. Al haberse radicado el 19 de agosto de 2025, el recurso resultó
extemporáneo, ya que, para ese momento, había vencido su oportunidad legal para
interponer el medio excepcional.

81. En tal contexto, el incumplimiento del plazo para instaurar el recurso conllevó
a que precluyera la oportunidad legal del demandante para acudir a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo en orden a que se decidiera su causa en esta sede

19 Samai, índice 43 expediente 11001-03-25 000-2015-00277-00. Lo anterior, en consideración a que

la comunicación por correo electrónico se realizó el 28 de noviembre de 2022 en virtud de lo
dispuesto en el artículo 203 del CPACA en concordancia con el artículo 205 ibidem. Auto del 29 de
noviembre de 2022, radicado 68001-23-33-000-2013-00735-02. M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
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extraordinaria, por tanto, no se cumple uno de los requisitos de procedibilidad de la
acción.

82. Este mecanismo excepcional, constituye un proceso judicial independiente
con requisitos de procedibilidad autónomos, de modo que cuando se encuentre
configurada la caducidad del recurso debe declararse en cualquier estado del
trámite20.

83. Si bien la demanda de revisión fue admitida, dicha actuación procesal tuvo
lugar en procura de garantizar el acceso a la justicia, dado que como se advirtió de
forma previa el actor formuló un incidente de nulidad que fue resuelto unos años
después sin que dichas solicitudes y recursos tengan incidencia en la ejecutoria de
la decisión cuya revisión se pretende a través de este medio.

84. Así las cosas, una vez agotada la etapa probatoria y efectuado el examen
detallado de las piezas procesales y de los documentos que obran en el expediente,
la Sala advierte que no se acredita el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relativo a la oportunidad en la interposición del recurso.

85. Esta verificación resulta indispensable, en tanto que, como se precisó líneas
atrás, el recurso extraordinario de revisión, por su naturaleza excepcional, no
constituye una nueva instancia ni puede ser utilizado para reabrir el debate ya
decidido, sino únicamente para enervar la cosa juzgada cuando concurren las
causales taxativamente previstas en la ley y dentro del plazo perentorio señalado
por el legislador.

86. En consecuencia, la presentación extemporánea del recurso impide a la Sala
entrar a estudiar el fondo del asunto, razón por la cual lo que procede es declarar
probada la caducidad en la etapa procesal actual.21

2.6. Costas

87. El artículo 255 de la Ley 1437 de 201122, en concordancia con el numeral 8

20
El artículo 175 del CPACA que regula las excepciones en el trámite del proceso contencioso
administrativo, establece que la caducidad debe declararse en cualquier estado del proceso.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión,

M.P. Hernando Sánchez Sánchez, sentencia del 30 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-
000-2019-04135-00(REV), actor: Ana Sofía Matiz De Hernández.
22 Artículo 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.

Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo
250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia
revisada y dictará la que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones,
perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el
expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se
dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal

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del artículo 365 del CGP, que regula la condena en costas en el trámite del recurso
de revisión establece dos presupuestos para que proceda: i) que se declare
infundado el recurso; ii) que en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.

88. Por su parte, el artículo 361 del CGP establece que las costas están
integradas por la expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho. Asimismo, dispone que las costas serán tasadas y
liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente.

89. En el caso objeto de estudio, no se produjo el primer presupuesto que
establece la norma citada puesto que el recurso no se declaró infundado, sino que
se constató el incumplimiento de un requisito de procedibilidad referido a la
oportunidad en su presentación, lo que impidió entrar al análisis de fondo. En
consecuencia, al no existir una decisión de mérito ni parte vencida en sentido
procesal, no procede la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Decisión No. 6, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: DECLARAR la caducidad del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, contra la sentencia de única
instancia proferida el 10 de noviembre de 2022 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual, se negaron las pretensiones
dentro del proceso de nulidad con radicado 11001-03-25 000-2015-00277-00 (0541-
2015), conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Segundo: NO CONDENAR en costas a la parte recurrente por los motivos
indicados en la parte considerativa de esta providencia.

Tercero: Por Secretaría General, archívese el expediente previas las anotaciones
pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Magistrado Magistrado

que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga
lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente. «Artículo
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021».
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05131-00

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Magistrada Magistrado
Salva voto

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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