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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04735-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04735-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar la caducidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Siderúrgica Nacional S.A. - Sidenal S.A. contra la sentencia de 15 de abril de 2021, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Aceptar la renuncia presentada por la abogada Sandra Patricia Pamplona Serrano, al poder conferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 76 del Código General del Proceso. Tercero.- Reconocer personería al abogado Jinnier David Ortiz Herrera como apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los términos y para los efectos del poder conferido aportado en medio magnético. 15 Especial de Decisión, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, sentencia del 30 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2019-04135-00(REV). 45 SAMAI CE, índices 00027 y 00028. Recibe memoriales online al despacho. 46 SAMAI CE, índice 0001. Reparto y radicación del proceso realizadas el 21 de julio de 2023. 24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2023-04735-00 Recurrente: Siderúrgica Nacional S.A. – Sidenal Cuarto.- No condenar en costas a la parte recurrente por los motivos indicados en la parte considerativa de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-04735-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04735-00
Recurrente: Siderúrgica Nacional S.A.

Temas: Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación. Causal 5 del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-

Sentencia de única instancia

La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado procede a pronunciarse
sobre el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Siderúrgica
Nacional S.A. (en adelante Sidenal S.A.), quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, contra la sentencia de 15 de abril de 2021 proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado1.

I. ANTECEDENTES

1. Del trámite en sede administrativa

El 11 de abril de 2011 Sidenal S.A. presentó la declaración de renta del año gravable
2010 con un saldo a favor de $10.855.638.000. El 7 de octubre de 2011 solicitó la
devolución y/o compensación de dicho saldo, petición a la cual accedió la DIAN
mediante Resolución 1759 de 19 de diciembre de 2011.

El 23 de diciembre de 2011 la DIAN inició investigación contra Sidenal S.A. con el
fin de verificar la realidad económica y el cumplimiento de obligaciones relacionadas
con el impuesto de renta del año 2010.

El 2 de octubre de 2013 la DIAN profirió requerimiento especial en el que propuso
modificar la declaración de renta del 2010 al adicionar ingresos por
$15.353.738.000, rechazar costos de venta por $29.066.921.000 y gastos
operacionales por $171.988.000 e imponer sanción por inexactitud. En
consecuencia, determinó un mayor impuesto a cargo y estableció un saldo a pagar
de $27.404.852.000.

El 20 de junio de 2014 la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión nro.
312412014000080 mediante la cual modificó la declaración privada en los términos
del requerimiento especial. Contra dicha decisión Sidenal S.A. interpuso recurso de
reconsideración y presentó declaración de corrección con pago parcial2.

1
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado nro. 25000233700020150175101 (24548).
M.P. Milton Chaves García.
2
“El 5 de agosto de 2014 con nro. 91000245125239 y recibo de pago nro. 4907922156103 de la misma fecha
por valor de $158.340.000, correspondiente al valor del pago del impuesto, la sanción de inexactitud reducida y
los intereses de mora”.
1
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04735-00
Recurrente: Siderúrgica Nacional S.A. – Sidenal

La DIAN mediante Resolución nro. 900418 de 30 de abril de 2015 resolvió el recurso
de reconsideración en el sentido de modificar la liquidación oficial de revisión y
“aceptar la solicitud de reducción de la sanción por inexactitud y, en consecuencia,
incorporar como válida la declaración de corrección provocada del impuesto de
renta y complementario del año gravable 2010, presentada por la contribuyente”.

2. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

Sidenal S.A., por intermedio de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la DIAN con la
pretensión de que se declarara la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
312412014000080 de 2014 por la cual se modificó la declaración privada y, de la
Resolución nro. 900418 de 2015 que resolvió el recurso de reconsideración. De
manera subsidiaria, solicitó revocar la sanción por inexactitud.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B3,
mediante sentencia de 31 de enero de 2019 declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados, y a título de restablecimiento del derecho determinó
que la obligación tributaria a cargo de Sidenal S.A. por concepto de renta del año
gravable 2010 correspondía a $ 8.396.635.960, según la liquidación incluida en las
consideraciones de la decisión, y negó las demás pretensiones de la demanda.

Para sustentar su decisión consideró que procedía la declaratoria de nulidad parcial
de los actos acusados al haber prosperado el cargo de indebida adición de ingresos
operacionales por transacciones con la Cooperativa de Fomento de la Construcción
por $15.353.738.000, dado que con el dictamen pericial practicado se pudo
constatar que existía certeza de los pagos realizados por la cooperativa a Sidenal
S.A. por valor de $19.191.847.120 que no fueron tenidos en cuenta por la DIAN.

Señaló que era procedente el desconocimiento del costo de ventas por
$29.066.921.000 discriminado así: por operaciones simuladas [$26.647.764.300], toda
vez que la actora no demostró la existencia de los costos desconocidos por la DIAN,
y por depreciación de maquinaria y equipo dado en comodato [$2.419.156.542] ya que
para gozar de ese beneficio es requisito que la contribuyente use el bien objeto de
depreciación en su actividad productora de renta en el respectivo periodo gravable
y, en este caso, Sidenal S.A. entregó en comodato la maquinaria a la Cooperativa
Progresar, lo que puso en evidencia que la contribuyente no usó la maquinaria en
su actividad generadora de renta, por lo que no era beneficiaria de la deducción por
depreciación.

Por último, encontró procedente imponer sanción por inexactitud, toda vez que la
contribuyente incluyó en la declaración costos de ventas no justificados y, con ello,
incurrió en un hecho sancionable.

La sociedad demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, en cuanto al rechazo de costo de ventas y la sanción por inexactitud.

Como fundamento de su inconformidad manifestó que los costos declarados fueron
reales y se encuentran probados, a lo que agregó que la DIAN no efectuó control
alguno sobre los libros contables que, de haberlo hecho, habría descartado las
supuestas compras “simuladas o ficticias”. Alegó que la DIAN basó las “compras

3
M.P. José Antonio Molina Torres.
2

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Recurrente: Siderúrgica Nacional S.A. – Sidenal

inexistentes” en presuntas irregularidades de algunos proveedores, sin embargo, en
el expediente están las pruebas de las compras de chatarra a los siete proveedores
cuestionados4, tales como “los tiquetes de báscula, facturas, comprobantes de egreso,
comprobantes de pago, cheques, extractos bancarios, soportes de producción”.

Argumentó que los indicios5 utilizados por la DIAN para deducir la inexistencia de
las operaciones no desvirtúan las pruebas directas aportadas por la parte actora,
por el contrario, confirman la realidad de la actividad económica de compra de
chatarra, corroborada con el dictamen pericial.

Agregó que era procedente el costo por la depreciación de la maquinaria dada en
comodato, por cuanto Sidenal S.A. entregó unos bienes de su propiedad a la
Cooperativa Progresar “destinados exclusivamente a la prestación de los servicios de
administración y operación de los procesos de recepción, clasificación y descargue de chatarra,
cargue del horno eléctrico, fusión, preafino y afino del metal, vaciado del acero líquido,
enfriamiento, facturación y venta”, además, tiene a su cargo el mantenimiento preventivo
y correctivo de la misma.

Por último, sostuvo que la sanción por inexactitud era improcedente porque la
sociedad no incurrió en conducta sancionable.

La entidad demandada apeló el fallo de primera instancia, en cuanto no encontró
ajustada a derecho la adición de ingresos brutos operacionales.

Señaló que la sociedad actora omitió ingresos en las operaciones con la
Cooperativa de Fomento de la Construcción al no registrar ni declarar todas las
ventas realizadas a esta. Afirmó que en los actos administrativos demandados se
efectuó un análisis objetivo de las pruebas allegadas, en tanto detectó
irregularidades contables que incluyeron pagos registrados a terceros distintos,
ausencia de secuencia cronológica y pagos efectuados antes de la compra.

Señaló que el dictamen pericial carecía de solidez, exhaustividad y calidad en sus
fundamentos, y no logró desvirtuar la diferencia determinada por la DIAN, la cual
radica en que “al verificar las cuentas de compensación y las pruebas aportadas se tiene un
total de ventas por $51.931.691.504 y la adquisición de materia prima por $34.600.604.374,
cuya diferencia se estableció en $15.353.738.000 que implica la omisión de unos ingresos”.

Sobre las pretensiones relacionadas con el rechazo de costos por simulación e
inexistencia de operaciones de compra, deducción por depreciación de la
maquinaria y la imposición de la sanción por inexactitud, se remitió a los
fundamentos de la sentencia apelada para negar la prosperidad de dichos cargos y
reiteró lo dicho en la contestación de la demanda que sustenta que la contribuyente
no demostró la existencia de las operaciones que dieron origen al costo de venta
desconocido.

4
Héctor Andrés Garzón Jaramillo [$3.173.172.600], Diana Carolina Rodríguez Uribe [$729.283.200], Héctor
Silvino Rodríguez Suárez [$696.040.000], Yesid Giovanny Samacá Vargas [$2.776.963.300], Luis Vicente Niño
García [$2.659.410.900], Giovani Garavito Rojas [$4.895.257.000] y Cooperativa de Trabajo Asociado Muros
[$11.177.637.300].
5
Algunos no cumplieron con sus obligaciones tributarias. Los pagos efectuados en cheque, en su mayoría, eran
cobrados por terceras personas. Dos de los proveedores nunca fueron encontrados en las direcciones del RUT.
Algunos no desarrollan actividad económica relacionada con la comercialización de chatarra. No demostraron
tener infraestructura logística y de personal necesaria y adecuada para desarrollar esta actividad económica.
3

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Recurrente: Siderúrgica Nacional S.A. – Sidenal

La Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 15 de abril de 20216,
resolvió:

“2. CORREGIR el numeral primero de la sentencia apelada que, en consecuencia, queda
así:

1. DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL de la liquidación oficial de revisión
312412014000080 del 20 de junio de 2014 y de la resolución 900.418 de 30 de abril de
2015, mediante las cuales fue modificada la declaración del impuesto de renta y
complementarios del año gravable 2010 de SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S. A.
y se resolvió el recurso de reconsideración, respectivamente.

3. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia apelada, que queda así:

“A título de restablecimiento del derecho, fijar como saldo a pagar de la actora, por
concepto del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2010, el valor
determinado en la liquidación que está en la parte considerativa de esta providencia.

4. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada”.

Respecto a la adición de ingresos brutos operacionales por $15.353.738.000,
concluyó que la presunta omisión de ingresos quedó desvirtuada, toda vez que se
acreditaron tanto el total de las ventas como el de las compras efectuadas por
Sidenal S.A. con la Cooperativa de Fomento de la Construcción. Asimismo, se
demostraron los pagos por compensación y por consignaciones bancarias que
justifican el saldo registrado en la cuenta por cobrar, por lo que no prosperó la
apelación interpuesta por la DIAN.

Determinó que era procedente el desconocimiento del costo de venta en los
términos de los actos acusados, dado que la administración encontró elementos de
prueba que desvirtuaban la realidad de las operaciones con siete presuntos
proveedores.

La decisión se sustentó en que la DIAN mediante verificación en “los sistemas internos,
RUT, obligación financiera, información exógena, certificados de cámara de comercio, CIFIN, actas
de visitas realizadas a las direcciones que figuran en el RUT por los proveedores, en los
requerimientos ordinarios y especiales y soportes aportados por el contribuyente y por terceros”,
determinó que las operaciones de compra de chatarra no fueron reales.

Refirió que el desconocimiento de dichas compras obedeció a que la administración
no pudo verificar la realidad de las operaciones entre la contribuyente y siete
proveedores7, pues el incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones
tributarias, la imposibilidad de ubicar a los proveedores en la dirección reportada en
el RUT y la falta de confirmación por otros medios de las operaciones, le impidió
constatar con los terceros la veracidad de la información correspondiente y, con ello,
confirmar la existencia de las transacciones.

Además, la verificación de la logística, el apalancamiento financiero y la capacidad
instalada que tenían los proveedores permitió concluir que no contaban con la
infraestructura suficiente para atender el volumen de ventas reportado por la

6
Radicado nro. 25000233700020150175101 (24548). Índice 00029 de Samai. Notificada al buzón electrónico
de las partes mediante oficio nro. 2427 del 23 de abril de 2021.
7
Héctor Andrés Garzón Jaramillo [$3.173.172.600], Diana Carolina Rodríguez Uribe [$729.283.200], Héctor
Silvino Rodríguez Suárez [$696.040.000], Yesid Giovanny Samacá Vargas [$2.776.963.300], Luis Vicente Niño
García [$2.659.410.900], Giovani Garavito Rojas [$4.895.257.000] y Cooperativa de Trabajo Asociado Muros
[$11.177.637.300].
4

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04735-00
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contribuyente, lo que impidió demostrar la realidad de dichos proveedores y la
veracidad de las operaciones reportadas con estos.

Aseveró que desvirtuada la presunción de veracidad de la declaración tributaria, se
invirtió la carga de la prueba, por lo que correspondía a la actora demostrar la
realidad de los datos consignados en la declaración privada, no obstante, la
contribuyente no acreditó por otros medios de prueba, las operaciones con los
referidos proveedores, pues se limitó a sustentar la nulidad de los actos de
determinación del impuesto en “la afirmación de que la contabilidad no ha sido
desvirtuada, que la prueba de los costos son las facturas contabilizadas que reúnen los
requisitos legales, que además aportó otros documentos que respaldan las operaciones y
que los indicios en que se apoyan los actos acusados son “elucubraciones y
especulaciones” que no demuestran la inexistencia de las compras”.

Sostuvo que dado que la administración halló pruebas que desvirtuaron la realidad
de las operaciones declaradas por Sidenal S.A. con los proveedores, se acreditó
que las compras que aparecían formalmente justificadas, en la práctica no se
realizaron. Además, la magnitud de las compras frente a la capacidad económica
de los proveedores, que no fue desvirtuada, evidenció la simulación de las
operaciones registradas en la contabilidad y declaradas para obtener un beneficio
tributario. Agregó que, al desvirtuarse la realidad de las operaciones registradas en
la contabilidad, esta perdió credibilidad, así como las facturas y demás soportes
contables, los cuales no constituyeron prueba a favor de la actora.

Para la Sala, “el análisis de las pruebas recaudadas por la administración le resta credibilidad
a la contabilidad y a la prueba documental en la que insiste la demandante, pues acredita que
los presuntos proveedores no contaban con la capacidad económica para efectuar las
operaciones en la magnitud de la cuantía declarada, hecho no desvirtuado por la demandante.
Así mismo, no se suministró información que permita verificar la realidad de las compras de las
que se derivan los costos discutidos”.

Expresó que en razón a que la administración encontró elementos probatorios que
desvirtuaron la realidad de las operaciones realizadas por la contribuyente con los
proveedores, quedó en evidencia la simulación de las transacciones registradas en
la contabilidad y declaradas con el propósito de obtener un beneficio tributario.

Respecto a la depreciación de maquinaria y equipo dado en comodato
[$2.419.156.542] se estableció que la contribuyente entregó bienes a la Cooperativa
Progresar y ésta los usó para prestar a Sidenal S.A. el servicio de producción de
palanquilla -producto de acero semiterminado-, bienes que siguen siendo de propiedad de
la siderúrgica, la cual tiene a su cargo el mantenimiento preventivo y correctivo de
los mismos. Luego los bienes de los que se derivaba la depreciación fueron
utilizados en el año gravable 2010 para la actividad productora de renta de la
contribuyente, por lo que tenía derecho a llevar la depreciación como gasto
deducible de los bienes de su propiedad utilizados en su actividad productora de
renta.

Por último, en relación con la sanción por inexactitud estableció que en la
declaración de renta del año gravable 2010 la demandante incluyó datos equívocos
de los que derivó un menor impuesto a cargo, hecho sancionable según el artículo
647 del Estatuto Tributario, por lo que, en aplicación del principio de favorabilidad,
estableció el valor de la sanción a la tarifa del 100% de la diferencia “entre el saldo a
pagar determinado en esta providencia y el determinado privadamente”.

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Recurrente: Siderúrgica Nacional S.A. – Sidenal

3. Acción de tutela interpuesta contra la sentencia de segunda instancia
dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El 14 de octubre de 2021, Sidenal S.A. interpuso acción de tutela contra la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
la Sección Cuarta del Consejo de Estado8, en la que solicitó la protección de los
derechos fundamentales “al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, [a]
la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades y [a] la buena fe”, los cuales
consideró vulnerados con las sentencias proferidas el 31 de enero de 2019 y el 15
de abril de 2021, respectivamente, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho nro. 25000-23-37-000-2015-01751-00/01.

La sociedad actora sostuvo que las autoridades accionadas mediante las referidas
providencias incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y en
desconocimiento del precedente judicial, al pasar por alto la posición de la Sección
Cuarta de esta Corporación sobre la trascendencia probatoria de los registros
contables llevados en debida forma por los contribuyentes. Agregó que la solicitud
se sustentó en que la Sección Cuarta del Consejo de Estado omitió valorar la prueba
contable aportada por Sidenal S.A. que contrarrestaba el rechazo de la compra de
chatarra a siete proveedores, lo cual fue ratificado por el dictamen pericial contable.

3.1. Sentencia de tutela de primera instancia

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado9 mediante sentencia
10
de 25 de febrero de 2022 , resolvió:

“PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la Siderúrgica
Nacional S.A. –Sidenal–, de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR sin efectos la sentencia dictada 15 de abril de
2021, para que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, expida, en el término de 40
días contados desde la notificación de esta providencia, una de reemplazo teniendo en
cuenta las consideraciones acá efectuadas. (…)”.

La precitada autoridad judicial encontró configurado el defecto fáctico, debido a que
las sentencias de primera y segunda instancia del proceso ordinario omitieron
valorar la totalidad de los medios de prueba que obraban en el expediente,
puntualmente, aquellos allegados en los antecedentes administrativos. Las
autoridades judiciales “se limitaron a reiterar los argumentos indiciarios referidos por la
DIAN y a calificar dicho ejercicio probatorio”, sin realizar un estudio minucioso de los
medios de prueba solicitados por Sidenal S.A.; tampoco revisaron si las
justificaciones esgrimidas por la demandante en relación con la prueba indiciaria
tenían asidero.

En tal sentido, se afirmó “para la Sala, lo más relevante de los criterios transcritos de cara
al defecto fáctico que ahora se estudia, es que la autoridad judicial encontró censurable que
la DIAN se abstuvo de valorar los documentos contables aportados por la empresa
contribuyente y, simplemente, los estimó desvirtuados por los indicios que halló”.

8
Radicado 11001-03-15-000-2021-06994-00.
9
Expediente radicado nro. 11001031500020210699400. M.P. Nicolás Yepes Corrales.
10
Notificada al buzón electrónico de las partes mediante oficio nro. 35806 de 29 de marzo de 2022.
6

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Recurrente: Siderúrgica Nacional S.A. – Sidenal

Agregó que era evidente que el estudio probatorio de las accionadas se
circunscribió a traer a colación y calificar el análisis efectuado por la autoridad fiscal,
lo que implicó que se omitiera el peritaje allegado, los documentos contables y la
verificación de los indicios recaudados por la DIAN en el contexto del tipo de la
actividad económica en que tuvieron lugar.

En consecuencia, se amparó el derecho al debido proceso de Sidenal S.A.; en
consecuencia, dejó sin efectos la sentencia de 15 de abril de 2021, y dispuso “que
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, como juez de segunda instancia, defina
nuevamente el asunto puesto en su conocimiento, pero revisando puntualmente las
pruebas cuya omisión se alega, en particular, el dictamen pericial de Deloitte Asesores y
Consultores Ltda., los documentos contables y los indicios recaudados por la DIAN en el
contexto del tipo de la actividad económica en que tuvieron lugar, es decir, la informalidad”.

3.2. Sentencia de reemplazo

En cumplimiento de la orden judicial impartida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el fallo de tutela de 25 de febrero de 2022, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado el 16 de junio de 2022 dictó sentencia de
reemplazo en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro.
25000-23-37-000-2015-01751-01 (24548)11.

Bajo esas consideraciones, la Sala procedió a resolver el recurso de apelación
interpuesto por las partes demandante y demandada contra la sentencia de 31 de
enero de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, una vez efectuado el análisis de fondo del asunto,
resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la Magistrada
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO. En consecuencia, se le declara
separada del conocimiento de este proceso.

SEGUNDO: CORREGIR el numeral primero de la sentencia apelada que, en
consecuencia, queda así:

1. DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL de la liquidación oficial de revisión
312412014000080 del 20 de junio de 2014 y de la resolución 900.418 de 30 de abril
de 2015, mediante las cuales fue modificada la declaración del impuesto de renta y
complementarios del año gravable 2010 de SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL
S.A. y se resolvió el recurso de reconsideración, respectivamente.

TERCERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia apelada, que queda
así:

2. A título de restablecimiento del derecho, fijar como saldo a pagar de la actora, por
concepto del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2010, el valor
determinado en la liquidación que está en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada”.

3.3. Impugnación contra el fallo de tutela de 25 de febrero de 2022

Inconforme con la decisión impartida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en el fallo de tutela de 25 de febrero de 2022, la DIAN presentó

11
Notificada al buzón electrónico de las partes mediante oficio nro. 7564 del 25 de junio de 2022.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04735-00
Recurrente: Siderúrgica Nacional S.A. – Sidenal

impugnación12 y solicitó que se revocara, toda vez que la sociedad actora pretende
que se haga una nueva revisión de la controversia que ya fue zanjada por el juez
ordinario.

Afirmó que, en el caso concreto, el juez natural, contrario a lo señalado por el juez
de tutela, si valoró las pruebas contables y documentales en las que insistió el
demandante para controvertir la legalidad de los actos de determinación que
modificaron la declaración de renta del año 2010, pues precisamente de su
valoración concluyó que las pruebas contables y documentales aportadas fueron
desvirtuadas por la actividad probatoria de la administración.

La decisión de tutela se basa en un supuesto que no es cierto pues como se
demostró en el proceso ordinario, las pruebas a las que hizo referencia la parte
actora si fueron valoradas, sólo que no lo fueron en favor de la contribuyente. Luego
no se encuentra probado el defecto fáctico que sustentó la decisión recurrida.

Afirmó que la acción carece de relevancia constitucional, ya que la sociedad actora
insiste en una nueva valoración probatoria que ya fue planteada y resuelta por las
autoridades judiciales en primera y segunda instancia.

Por último, sostuvo que el juez constitucional extralimitó su competencia al
convertirse en una “verdadera instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria realizada por la SECCIÓN CUARTA en sede ordinaria”, lo cual no es
admisible por vía de tutela, tal como lo ha precisado de manera reiterada la Corte
Constitucional.

3.4. Sentencia de tutela de segunda instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado13 mediante sentencia de 11 de agosto
de 202214 revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó el amparo
solicitado por Sidenal S.A. Para ello consideró lo siguiente:

“(…) para la Sala la valoración probatoria que desarrolló la SECCIÓN CUARTA en el
ejercicio de la autonomía interpretativa no fue desacertada ni arbitraria y, por el contrario,
fue congruente con las circunstancias fácticas planteadas en el proceso ordinario y las
pruebas aportadas tanto en sede administrativa, como en sede judicial.

Así las cosas, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada no incurrió en el
defecto fáctico alegado, toda vez que su decisión está debidamente razonada y motivada
en el material probatorio obrante en el expediente, con el que se logró desvirtuar la
omisión de ingresos formulada por la DIAN y la simulación de las operaciones de compra
declaradas por la actora.

Ahora, la Sala advierte que tampoco se incurrió en el desconocimiento del precedente
alegado, por cuanto la decisión cuestionada fue debidamente sustentada en los criterios
adoptados por la Sección Cuarta de esta Corporación, en los que de manera reiterada
se ha recalcado la facultad fiscalizadora de la administración a fin de comprobar la
realidad de las operaciones declaradas y soportadas en los documentos contables y, en
las facturas de las que se ha dicho que la simple exhibición no implica necesariamente
su veracidad, por ende, le corresponde a la administración adelantar las investigaciones
que considere pertinentes para corroborar o desvirtuar el contenido de dichas

12
Expediente nro. 11001031500020210699400. IMPUGNACIONTUTELA(.pdf) NroActua 42
13
Expediente nro. 11001031500020210699401. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
14
Notificada al buzón electrónico de las partes mediante oficio nro. 92347 de 26 de agosto de 2022.
8

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documentales, apoyándose en la práctica de los distintos medios de prueba señalados
en la ley.
(…)

Así las cosas, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no incurrió en los
defectos endilgados, toda vez que la providencia cuestionada está debidamente
motivada con fundamento en los medios probatorios y en los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, por lo que, el hecho de que la actora no comparta la decisión
allí dispuesta, no implica la vulneración de los derechos fundamentales, ni la ocurrencia
de algunos de los defectos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.

En ese orden de ideas, la Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar,
denegará el amparo solicitado”.

3.5 Auto que dejó sin efecto la sentencia de reemplazo

En acatamiento de la orden judicial impartida en la sentencia de 11 de agosto de
2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado por auto de 20 de octubre de 2022
dejó sin efectos la sentencia de reemplazo dictada el 16 de junio de 2022 en el
proceso ordinario nro. 25000-23-37-000-2015-01751-01 (24548). La Secretaría de
la Sección Cuarta notificó dicha providencia el 28 de octubre de 202215.

La Corte Constitucional por medio de auto de Sala de Selección de 29 de noviembre
de 2022, resolvió no seleccionar para revisión la precitada acción de tutela, decisión
que fue notificada por estado el 15 de diciembre del mismo año16.

4. Recurso extraordinario de revisión

El 30 de agosto de 2023, Sidenal S.A., quien actúa por conducto de apoderado
judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 15 de
abril de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado porque, a su
juicio, se configura la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-,
esto es, “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación”, por configurarse una violación al debido proceso
constitucional.

Sobre la oportunidad en la interposición del recurso

La recurrente sostuvo que la presentación del recurso extraordinario de revisión es
oportuna porque se encuentra dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del CPACA y dadas las
particularidades que se suscitaron, “so pena de que se incurra en un caso de
denegación de justicia”.

Explicó que la sentencia objetada se profirió el 15 de abril de 2021, por lo que quedó
inicialmente ejecutoriada el 29 del mismo mes y año. Agregó que como
consecuencia de una decisión de tutela de primera instancia del 25 de febrero de
2022 -notificada el 29 de marzo de 2022, esa sentencia dejó de existir mientras que
la orden de tutela estuvo vigente.

15
Índice de Samai 00049. Notificada al buzón electrónico de las partes mediante oficio nro. 14159 de 28 de
octubre de 2022.
16
Expediente nro. 11001031500020210699401. Índice de Samai 00017. En la Corte Constitucional se asignó
el radicado T-9007017.
9

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Refirió que el 16 de julio de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado dictó
la sentencia de reemplazo, la cual perdió vigencia con la decisión de tutela del 11
de agosto de 2022, en la que la Sección Primera de la misma Corporación revocó
el amparo concedido y, en su lugar, negó las pretensiones de la acción de tutela.
Agregó que, como consecuencia de lo anterior, la Sección Cuarta el 20 de octubre
de 2022 dictó auto en el que dejó sin efectos la sentencia de reemplazo, cuya
ejecutoria tuvo lugar el “15 de noviembre de 2022”.

Conforme a lo expuesto, la parte recurrente indicó que la sentencia del 15 de abril
de 2021 cobró ejecutoria a partir del auto que dejó sin efectos la sentencia de
reemplazo -20 de octubre de 2022- y le asignó “vigencia definitiva”, es decir, a partir del
11 de noviembre de 2022.

Así las cosas, sostuvo que (i) la sentencia del 15 de abril de 2021 quedó
inicialmente ejecutoriada el 29 de abril de 2021, “si no hubiese habido tutela
concedida, el año vencía el 30 de abril de 2022”; (ii) esa sentencia perdió vigencia
el 29 de marzo de 2022 cuando se notificó la sentencia de tutela de primera
instancia de 25 de febrero de 2022, es decir, dejó de existir hasta el 10 de
noviembre de 2022 cuando se notificó el auto de 20 de octubre de 2022 que dejó
sin efecto la sentencia de reemplazo de 16 de junio de 2022 y (iii) la ejecutoria del
auto del 20 de octubre de 2022, al día siguiente de su notificación -11 de
noviembre de 2022-, produjo dos consecuencias: a) dejó sin vigencia la sentencia
del 16 de julio de 2022 y b) le confirió de nuevo vigencia a la sentencia del 15 de
abril de 2021.

Con todo, sostuvo que como entre el 29 de marzo de 2022 y el 11 de noviembre
de 2022, “día en que fue revivida”, hay siete meses y 13 días, “de modo que para
interponer este recurso debe descontarse del año normal de vigencia de ejecutoria
de la sentencia ese periodo en el que estuvo muerta la sentencia del 15 de abril de
2021, pues fue un acto jurídico inexistente hasta su reviviscencia por virtud de la
decisión notificada el 11 de noviembre de 2022”. De allí, agregó, que “el recurso se
está interponiendo dentro del plazo oportuno que vencería el 12 de noviembre de
2022”.

Fundamentos y causal del recurso extraordinario de revisión

La parte recurrente sostuvo que la decisión objetada confirmó parcialmente la
nulidad declarada por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pero mantuvo el rechazo del costo de ventas por
$26.647.764.300 correspondiente a la compra de chatarra a siete proveedores,
sobre lo cual sustentó la causal por nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso que sea inapelable, conforme a la causal 5 del artículo 250 del CPACA,
por “grave” violación del debido proceso.

Consideró que la Sección Cuarta del Consejo de Estado convalidó el agravio
infligido a Sidenal S.A. por la DIAN, “por el arbitrario rechazo del costo de ventas a
que tenía derecho, agravio amplificado con la consecuente imposición de una
sanción por inexactitud totalmente injusta”.

Se refirió a las razones que tuvo la DIAN para desconocer la materialidad de las
compras (costo de ventas), las cuales, sostuvo, se sustentaron en una revisión de
los sistemas informativos internos de la entidad, “revisión que dejó de lado el
examen in situ de la contabilidad de SIDENAL, menos aún del dictamen pericial

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sobre dicha contabilidad que se aportó oportunamente como medio probatorio de
defensa”. Agregó que la DIAN solo se apoyó en indicios para concluir que se habían
incumplido algunas obligaciones formales de los proveedores (vendedores de
chatarra), los cuales “no tuvieron relación directa con los hechos económicos que sí
ocurrieron y que SIDENAL insistió probar con la contabilidad aportada al expediente
administrativo”.

Adujo que la sentencia cuestionada incurrió en un grave error “al confundir los
soportes puntuales y aislados que SIDENAL aportó inicialmente en la actuación
administrativa bajo requerimiento de la DIAN, con la prueba de la contabilidad,
prueba fundamental que fue ignorada por la DIAN y los jueces”, a lo que agregó que
tampoco fue tenido en cuenta por la DIAN el dictamen pericial contable aportado al
momento de interponer el recurso de reconsideración “como prueba de la existencia
real de las compras de chatarra (costo de ventas)”.

Manifestó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado desconoció palmariamente
la prueba aportada por el contribuyente, en tanto “se atuvo a lo dicho por la DIAN y
le dio la espalda al acervo probatorio que siempre estuvo en el expediente”, en
concreto, señaló, no tuvo en cuenta la prueba contable y la experticia aportada por
Sidenal S.A. Para sustentar este argumento realizó un cuadro comparativo en el
que mencionó (i) los nombres de los proveedores; (ii) las pruebas en las que se
sustentó la sentencia del 15 de abril de 2021 mencionadas en nota al pie de página
y (iii) los tomos y los folios de las pruebas entregadas por Sidenal S.A con el
requerimiento especial y el recurso de reconsideración que supuestamente no
fueron valoradas.

También mencionó en un cuadro los indicios construidos por la DIAN, los cuales,
indicó, no partieron de la revisión de la contabilidad de Sidenal S.A. en 1463 folios,
sino que tuvieron como punto de partida la crítica al comportamiento de siete
proveedores de Sidenal “todas más de tipo formal que real”.

Expresó que la sentencia objetada, igual que la DIAN, no valoró la contabilidad ni el
dictamen contable, e hizo propia la motivación de los actos administrativos
demandados, “no los juzgó, como era su deber. Los avaló sin contrastar la prueba
del contribuyente, que la ignoró de forma palmaria”.

En relación con la causal de revisión invocada, la parte recurrente sostuvo que es
deber de los jueces dictar sentencias con base en el examen de las pruebas legal y
oportunamente aportadas al proceso, lo que constituye la motivación de la
sentencia. Y agregó que es deber del juez asignarle expresamente un valor, “en el
sentido de si le dan o no la razón a quien exhibe, aporta o presenta la prueba para
sustentar su reclamo”. De allí, indicó, que si el juez ignora o no valora los medios de
defensa o los argumentos de defensa que presenta el contribuyente en el juicio de
nulidad y restablecimiento del derecho, viola el derecho de defensa y contradicción
y, por consecuencia, dicta una sentencia contraria al debido proceso.

Mencionó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no aplicó directamente el
artículo 29 de la Constitución Política, en virtud del cual el juez debe dictar la
sentencia con base en el examen de todas pruebas aportadas legal y
oportunamente al proceso, lo que conllevó, refirió, que a Sidenal S.A. no se le
garantizara el derecho de defensa y contradicción “porque ignoró las pruebas que
el contribuyente presentó para atacar y contrarrestar la posición de la autoridad

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tributaria que le desconoció las reales compras hechas a los proveedores de
chatarra”.

Por último, insistió en que la nulidad se sustenta en la violación del derecho de
defensa y contradicción, los cuales hacen parte del debido proceso, y agregó que
la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 133 del Código General
del Proceso, al que remite el artículo 208 del CPACA, se configura no solamente
cuando se omite la oportunidad para solicitar, decretar o practicar las pruebas, “sino
también cuando se omite valorarlas”.

Razones adicionales en que se funda el recurso extraordinario de revisión

La parte recurrente indicó que la sentencia objetada partió del error de que la
Administración había revisado la contabilidad y pasó por alto que se habían
aportado todos los elementos de prueba que confirmaban la realidad de las
operaciones (libros de contabilidad, soportes, registros, documentos relacionados
con las compras a siete proveedores y la experticia contable), última respecto de la
cual indicó que no se hizo una sola alusión en la decisión objeto del recurso de
revisión.

Reiteró que la DIAN omitió hacer inspección a los libros de contabilidad y omitió
decretar una inspección contable conforme lo dispone el artículo 782 del Estatuto
Tributario para examinar la contabilidad completa del Sidenal S.A. correspondiente
a la declaración privada del año 2010, con el fin de corroborar la existencia de
compra de chatarra (costo de ventas), lo que, a su juicio, desconoció en sede
administrativa los artículos 742, 743, 772 y 774 del Estatuto Tributario relativos a la
idoneidad de los medios de prueba.

Con base en lo anterior, anotó que en la investigación que adelantó la DIAN para
verificar la realidad económica, establecer las bases gravables, determinar la
existencia de hechos gravados y verificar el cumplimiento de obligaciones formales
relacionas con el impuesto sobre la renta y complementario correspondiente al año
gravable 2010, “la prueba (…) es por excelencia la contabilidad cuando se está
obligado a llevar libros de contabilidad”, que no fue desvirtuada con prueba idónea
porque la DIAN no la practicó en este caso.

Sostuvo que la sentencia objetada desconoció el postulado de la buena fe previsto
en el artículo 83 de la Constitución Política, porque a pesar de que sea aportó la
contabilidad de la vigencia 2010 en debida forma, lo que no fue desvirtuado por la
DIAN ni por los jueces en el proceso ordinario, no fue valorada, y respaldó a la
entidad administrativa “que había calificado como ‘simuladas’ las operaciones de
compra de chatarra cuando la verdad era que dichas compras fueron totalmente
verídicas y estaban demostradas en la contabilidad que nunca se quiso estudiar ni
valorar”.

Aseveró que la decisión cuestionada incurre en nulidad por no haberse apreciado
el dictamen pericial del experto contable el cual respaldó la contabilidad de Sidenal
S.A., lo que implica desconocer el derecho de defensa y contradicción y el debido
proceso constitucional, a lo que agregó que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado habría podido desestimar las conclusiones del perito sobre la realidad de las
compras realizadas a los siete proveedores en caso de encontrarlas no probadas,
para lo cual tendría que haber examinado la contabilidad de la sociedad, lo que
tampoco se hizo. Agregó que “una motivación que no analice las pruebas aportadas
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por el contribuyente, sino que proceda a respaldar sin más las conjeturas de la
administración tributaria no es una verdadera motivación”, lo que conlleva, a juicio
de la recurrente, que no hubiera sido vencida en juicio a partir de “la comprobación
de que, mediante análisis, valoraciones, reglas de sana crítica, etc, la tesis de la
contribuyente queda sin piso frente a las pruebas de la contraparte, esto es, la
autoridad tributaria”.

Con el fin de respaldar ese alegato transcribió algunos apartes del dictamen pericial
contable, particularmente, los aspectos objeto de análisis17, el título II (literal c) que
se refiere al marco legal documental, el título III que alude al entendimiento sobre el
asunto y las observaciones y lo relativo al registro contable de las operaciones de
compra de chatarra de Sidenal S.A., para concluir que en la decisión judicial
objetada no se desvirtuó el dictamen con una prueba similar, sino que se le dio
prevalencia a la prueba indirecta recaudada por la DIAN mediante indicios “cuyas
inferencias partieron de hechos indicativos lejanos no imputables al contribuyente y
originados en obligaciones formales de terceros, empresarios de chatarra
comúnmente dados a la informalidad”.

Para terminar, la recurrente señaló que la nulidad de la sentencia se deriva de haber
aceptado la prueba indiciaria construida por la DIAN y no haberse valorado la
prueba contable que era una prueba directa que demostraba la existencia de las
compras. En su sentir, “la Sección Cuarta no se percató de que la DIAN había
ignorado la contabilidad y el dictamen pericial para motivar sus actos sobre la base
de unos indicios falaces. Lo peor fue que teniendo la oportunidad de revisar la
contabilidad y el dictamen para juzgar de forma parcial y objetiva los actos
administrativos no la aprovechó”.

5. Trámite procesal

Por auto de 21 de junio de 202418, el Despacho sustanciador admitió el recurso
extraordinario de revisión, dispuso que se notificara a la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, a la DIAN, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado. Mediante oficios nro. 222172, 222173, 222174, 222175, 222176
y 222177 de 25 de junio de 2024, la Secretaría General de esta Corporación efectuó
la notificación de la referida providencia.

Por medio de auto de 16 de octubre de 2024, i) se tuvieron como pruebas los
documentos aportados por la parte recurrente y ii) se ofició al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B para que allegara copia
digitalizada del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado nro.
25000-23-37-000-2015-01751-0019, el cual se allegó el 23 de octubre de 202420.

17
(i) Si la contabilización de las operaciones de compra de chatarra se hizo con sujeción a los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y (ii) determinar la sustancia económica de la misma, es
decir, que a través de la contabilidad de la Compañía y demás documentos internos y externos analizaremos si
SIDENAL efectivamente pagó por la chatarra que se encuentra contabilizada en la cuenta 1405100 “compra de
chatarra”.
18
SAMAI CE, índice 00007.
19
SAMAI CE, índice 00017. En el mismo auto se reconoció personería a la abogada Sandra Patricia Moreno
Serrano, como apoderada de la DIAN, en los términos y para los efectos del poder conferido aportado en medio
magnético.
20
SAMAI CE, índice 00021.
13

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6. Intervenciones

6.1. Escrito de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

La entidad en escrito presentado dentro del término de traslado21, solicitó que se
declare infundado el recurso extraordinario de revisión, por cuanto la recurrente
pretende dilatar un debate jurídico propio de la instancia judicial, reiterando los
mismos argumentos expuestos en la demanda ordinaria, para lo cual cuestiona
indebidamente los fundamentos jurídicos y la valoración probatoria efectuada por el
juez de instancia en la providencia recurrida, lo cual desnaturaliza este medio
extraordinario.

Afirmó que los argumentos relacionados con la indebida valoración probatoria no
encuadran en los supuestos de configuración de la causal 5 del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011.

Sostuvo que, en este caso, no existe nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso, “sino una inconformidad de la recurrente conocida antes de dictar la sentencia
y frente a la cual propuso sus argumentos, tanto en la demanda, como en los alegatos de
conclusión”, de manera que lo pretendido es convertir el recurso extraordinario de
revisión en un tercera instancia al estar inconforme con la valoración probatoria y el
análisis normativo y jurisprudencial que realizó la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en la sentencia objeto de revisión.

Refirió que este mecanismo excepcional no es una instancia adicional ni una nueva
oportunidad procesal para obtener una nueva decisión del Consejo de Estado sobre
hechos que ya fueron resueltos en la sentencia recurrida, la cual tiene el carácter
de cosa juzgada.

Indicó que en este caso particular y concreto la solicitud de revisión fue presentada
por fuera del término establecido en el artículo 251 del CPACA, por cuanto, la
sentencia objeto de revisión del 15 de abril de 2021 quedó ejecutoriada el 29 de
abril de 2021, luego el plazo para la interposición del recurso extraordinario de
revisión vencía el 29 de abril del 2022, y como se radicó el 30 de agosto de 2023
ya había precluido la oportunidad para dar trámite al mismo, “toda vez que la ley no
establece que puedan suspenderse los términos cuando el recurrente haya acudido
previamente a la acción de tutela contra la sentencia de segunda instancia”.

Aseveró que resulta improcedente adelantar la revisión extraordinaria que pretende
la contribuyente, “en primer lugar porque los términos procesales son perentorios; en
segundo lugar porque el mecanismo de tutela ya decidió sobre la presunta vulneración al
debido proceso por falta de valoración probatoria que también se pretende ventilar en esta
instancia; y en tercer lugar, porque al escoger el mecanismo de tutela, la parte actora obtuvo
pronunciamiento judicial sobre la misma discusión que pretende reabrir en esta
oportunidad, con lo cual agotó todos los medios de defensa que tenía a su alcance”.

Por último, consideró que no es procedente reabrir los términos para discutir en
instancia adicional temas sobre los que ya hay pronunciamiento definitivo, y
tampoco aducir que los términos para solicitar la revisión del fallo de segunda
instancia se suspendieron mientras se decidía la tutela.

21
SAMAI CE, índice 00013.
14

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6.2. Concepto de la Procuraduría General de la Nación

El procurador Quinto delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que
afirmó que el recurso extraordinario de revisión resulta infundado, como quiera que
no se configuró la causal 5 del artículo 250 del CPACA para que procediera la
revisión extraordinaria de la sentencia de 15 de abril de 2021, dictada en segunda
instancia por la Sección Cuarta del Consejo el Estado en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho ejercido por Sidenal S.A22.

Refirió que “En el presente caso se considera que no se presenta el defecto fáctico que
argumenta la sociedad recurrente, el material probatorio fue debidamente valorado conforme a
lo expuesto en la sentencia materia de recurso y no se configura ninguno de los eventos
relacionados en la Sentencia T- 781 proferida por la Honorable Corte Constitucional, en cuanto
a la valoración de las pruebas a la luz de las reglas de la sana crítica, debe tenerse en cuenta
que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 742 del Estatuto Tributario, los medios de
prueba señalados por las normas tributarias y en ocasiones por el Código General del Proceso,
en cuanto, sean compatibles, sujetan la adopción de las decisiones administrativas al marco de
los hechos probados en las actuaciones en las que se profieran”.

Concluyó que el propósito del recurso extraordinario de revisión no es reparar los
posibles errores en los que hubiere incurrido el juez o las partes, sino el de permitir
un nuevo estudio del asunto cuando la sentencia ha sido afectada por fenómenos
externos que no fueron puestos de presente dentro del trámite del proceso ordinario,
situación que no se evidencia en este caso, razón por la cual debe declararse
infundado el recurso y, en consecuencia, la sentencia recurrida debe permanecer
incólume.

6.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Sidenal S.A., guardaron
silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24923 y 107 inciso cuarto24 de la
Ley 1437 de 2011, y 29 del Acuerdo 080 de 201925 de la Sala Plena del Consejo de
Estado (reglamento interno), la Sala Once Especial de Decisión del Consejo de
Estado es competente para decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Sidenal S.A. contra la sentencia de 15 de abril de 2021, proferida por la Sección

22
SAMAI CE, índice 00012.
23
“Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de
la sección que profirió la decisión.
24
Artículo 107. Integración y composición. Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de
decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de
investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados,
uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si
fuere el caso.
25
Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones
del Consejo de Estado (…).
15

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Cuarta del Consejo de Estado26, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado nro. 25000-23-37-000-2015-01757-01 (24548).

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la sentencia de 15 de abril de 2021 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho nro. 25000-23-37-000-2015-01757-01 (24548),
incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011 -Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación- y, en consecuencia, si se debe infirmar la
mencionada decisión.

De manera previa a la resolución del problema jurídico planteado, la Sala en
ejercicio de la facultad de saneamiento prevista en el artículo 207 de la Ley 1437 de
201127, considera necesario verificar si el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Sidenal S.A. se presentó dentro de la oportunidad legal establecida
en la norma procesal, a lo que se agrega que no se advierte la existencia de algún
vicio en el trámite procesal.

3. Generalidades del recurso extraordinario de revisión28

Este medio de defensa judicial que surgió con el Decreto 01 de 1984 (CCA) 29,
actualmente se encuentra regulado en los artículos 248 a 255 del CPACA, el cual
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.

En relación con su alcance, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que
en razón a su excepcionalidad «permite volver a estudiar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada
e infirmarlas ante la demostración irrefutable de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna
de las causales que taxativamente consagra la ley»30.

El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener (i) la
designación de las partes y sus representantes; (ii) nombre y domicilio del
recurrente; (iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento; (iv) la
indicación precisa y razonada de la causal invocada y (v) se deberá acompañar el

26
CPACA. Art. 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
27
Artículo 207. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad
para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán
alegar en las etapas siguientes.
28
En sentencias de 14 de mayo de 2025, exp. 2019-02422-00 (REV) C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño y
de 3 de junio de 2021, exp. 2019-00049-00 (REV) C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, la Sala Once Especial
de Decisión del Consejo de Estado, con base en jurisprudencia de la Corporación, hizo referencia a los rasgos
generales de este medio extraordinario de impugnación.
29
En sentencia de 25 de abril de 1986, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
señaló: «Es evidente que el recurso extraordinario de revisión no existía en la Ley 167 de 1941. Los capítulos
XVII (Revisión de las Cartas de naturaleza y XVIII (De la revisión de los reconocimientos), no son recursos y se
limitan, como indican con toda claridad, a los asuntos y procedimientos que allí mismo se mencionan. En
cambio, el nuevo C.C.A, creó la figura especial del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos».
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2015, exp. 2003-01589-01.
16

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poder para su interposición y las pruebas documentales que el recurrente tenga en
su poder y solicitará las que pretenda hacer valer.

De igual manera, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que para su
procedencia no solo es imperativo demostrar la existencia de un motivo o causal de
revisión que, de manera inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los
resultados de la decisión, sino que tal demostración debe corresponder a las
circunstancias fácticas señaladas taxativamente en la ley como causal de revisión
y que en nada inciden con la actividad analítica o interpretativa del juez31.

Dicho en otros términos, debe existir correspondencia entre los argumentos y la
causal invocada, sin que ello implique acudir a valoraciones subjetivas para
cuestionar la motivación de la decisión ni para corregir omisiones probatorias, como
si se tratara de una nueva oportunidad para reabrir una discusión jurídica que goza
del atributo de la cosa juzgada, a la manera de una instancia adicional, a lo que se
debe agregar que no pretende corregir errores in judicando.

Finalmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
ha precisado que el recurso extraordinario de revisión es una actuación
independiente del proceso de origen, razón por la cual lo ha caracterizado como
una acción o medio de control autónomo que debe iniciar con una demanda con el
cumplimiento de los requisitos precisados en el artículo 252 del CPACA, los cuales
deben ser observados para su admisibilidad y procedencia32.

En conclusión, este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario.

4. Oportunidad para la interposición del recurso extraordinario de revisión

El artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- dispone que el recurso
extraordinario de revisión podrá interponerse, por regla general, dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia, con el lleno de los requisitos
consagrados por el artículo 252 ibídem. En relación con las causales de los
numerales 3, 4 y 7 de esa disposición se establecen unas reglas diferentes para
hacer el conteo de la caducidad, lo que ocurre, igualmente, con los casos previstos
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, causales que no fueron invocadas por la
parte recurrente.

Establecer un límite temporal para el ejercicio del derecho de acción garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y de confianza legítima. En esa
medida, la exigencia de presentar demandas, recursos y demás actuaciones dentro
de los plazos fijados por el legislador opera como garantía para los sujetos
procesales, pues impide que la controversia judicial se prolongue indefinidamente y
asegura estabilidad en las situaciones jurídicas.

Esta Corporación también ha sostenido que la caducidad es una institución de orden
público que opera por ministerio de la ley y tiene por finalidad preservar intereses

31
Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, sentencia de 6 de agosto de 2019, exp. 2019-00450-00
(REV).
32
Consejo de Estado, sentencia de 14 de agosto de 2014. M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, exp. 11001-
03-15-000-2017-02078-01.
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superiores y se erige como presupuesto procesal indispensable para determinar la
procedencia de las acciones, de modo que su inobservancia impide al juez emitir un
pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada33.

El cumplimiento del término de caducidad se torna aún más estricto en esta clase
de asuntos, en atención a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de
revisión, pues se trata, como se ha dicho en precedencia, de un proceso
independiente y autónomo que se configura como una excepción al principio de
cosa juzgada34 .

Al respecto, esta Corporación ha sostenido que “(…) con la demanda de revisión se
inicia una instancia que cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se
enmarcan dentro del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la
35
legalidad de una sentencia ejecutoriada” .

En ese sentido, este mecanismo de naturaleza extraordinaria introduce una
excepción al principio de cosa juzgada, al permitir la alteración de la inmutabilidad
de las sentencias judiciales para modificarlas o privarlas de efectos, aun cuando se
encuentren en firme. Esta habilitación se justifica en la necesidad de salvaguardar
la justicia material, cuando la decisión se funda en hechos falsos o erróneos cuya
incorrección no pudo conocerse al momento de su expedición.

Así lo ha afirmado la Corte Constitucional al señalar que “el recurso extraordinario de
revisión es un mecanismo de defensa que fue creado para deshacer las sentencias
ejecutoriadas cuando se tiene conocimiento de falencias que llevaron al juez a emitir un
fallo contrario al derecho. En ocasiones, es necesario dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada ‘debido a que, por circunstancias no conocidas en el momento de adoptar la
decisión, o acaecidas con posterioridad a la decisión, se revela que ésta se fundó en un
error, fraude o ilicitud’. Este recurso, entonces, constituye una excepción necesaria al
principio de cosa juzgada, en la media en que busca restablecer la justicia material al anular
una sentencia ilegítima y ordenar emitir un nuevo fallo acorde con el ordenamiento
36
jurídico ”.

No obstante, su procedencia se sujeta de manera estricta a causales expresamente
previstas en la ley, de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, lo que
preserva el equilibrio entre la seguridad jurídica y la prevalencia del derecho
sustancial.

Por esa razón el legislador estableció un límite temporal para acudir a esta clase de
recurso, que debe ser observado de forma rigurosa en orden a no producir una
afectación desproporcionada al principio de seguridad jurídica y garantizar el
derecho que tienen los administrados de que sus conflictos sean resueltos de
manera certera y definitiva.

33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 1° de abril de 2014, expediente
radicado nro. 11001-03-15-000-2025-05131-00.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de Decisión,
consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales, sentencia del 21 de octubre de dos mil veintiuno 2021, expediente
radicado 11001-03-15-000-2012-01251-00 (REV) (acumulado 11001-03-15-000-2012-01250-00).
35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 12 de agosto de 2014, M.P. Bertha
Lucía Ramírez de Páez, expediente radicado 110010315000201302110 00. (REV).
36
Corte Constitucional, sentencia de 5 de febrero de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, expediente T-
7.826.947.
18

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Según las reglas establecidas en el artículo 251 del CPACA, por la naturaleza de la
causal 5ª de revisión que invoca la parte recurrente, el término para presentar el
recurso extraordinario de revisión es de un año contado a partir de la ejecutoria de
la respectiva sentencia.

En relación con la ejecutoria de las providencias el artículo 302 del Código General
del Proceso, dispone lo siguiente:

“Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria
una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante,
cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada
la providencia que resuelva los interpuestos”.

De acuerdo con la precitada disposición se advierte que las providencias adquieren
ejecutoria cuando, dentro del término legal, no se interpongan los recursos
procedentes o estos no sean admitidos; cuando no exista recurso ordinario alguno,
caso en el cual quedarán ejecutoriadas el día siguiente a su notificación; cuando se
hayan resuelto los recursos interpuestos, evento en el que la ejecutoria se produce
a partir de la notificación de la providencia que los decide; y cuando se decidan las
solicitudes de aclaración o complementación que se hubieren presentado, supuesto
en el que la ejecutoria tiene lugar una vez notificada la decisión que resuelva tales
peticiones. Por su parte, las providencias proferidas por fuera de audiencia quedan
ejecutoriadas tres días después de notificadas, siempre que no procedan recursos
o hayan vencido los términos para interponerlos.

En relación con el incumplimiento del término para interponer el recurso
extraordinario de revisión, la Corporación ha señalado37:

“81. En tal contexto, el incumplimiento del plazo para instaurar el recurso conllevó a que
precluyera la oportunidad legal del demandante para acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo en orden a que se decidiera su causa en esta sede
extraordinaria tanto, no se cumple uno de los requisitos de procedibilidad de la acción.

82. Este mecanismo excepcional, constituye un proceso judicial independiente con
requisitos de procedibilidad autónomos, de modo que cuando se encuentre
configurada la caducidad del recurso debe declararse en cualquier estado del
trámite.

83. Si bien la demanda de revisión fue admitida, dicha actuación procesal tuvo lugar en
procura de garantizar el acceso a la justicia, dado que como se advirtió de forma previa
el actor formuló un incidente de nulidad que fue resuelto unos años después sin que
dichas solicitudes y recursos tengan incidencia en la ejecutoria de la decisión cuya
revisión se pretende a través de este medio.

84. Así las cosas, una vez agotada la etapa probatoria y efectuado el examen detallado
de las piezas procesales y de los documentos que obran en el expediente, la Sala
advierte que no se acredita el cumplimiento del requisito de procedibilidad relativo a la
oportunidad en la interposición del recurso.

37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 6 Especial de Decisión, M.P. Omar
Joaquín Barreto Suárez, sentencia del 10 de noviembre de 2025, radicación 11001-03-15-000-2025-05131-00
(REV). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, M.P.
Hernando Sánchez Sánchez, sentencia del 30 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2019-
04135-00(REV).
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85. Esta verificación resulta indispensable, en tanto que, como se precisó líneas atrás, el
recurso extraordinario de revisión, por su naturaleza excepcional, no constituye una
nueva instancia ni puede ser utilizado para reabrir el debate ya decidido, sino únicamente
para enervar la cosa juzgada cuando concurren las causales taxativamente previstas en
la ley y dentro del plazo perentorio señalado por el legislador. (…)”.

Con todo, el término para presentar la demanda del recurso extraordinario de
revisión, por regla general, conforme lo dispone el artículo 251 de la Ley 1437 de
2011, es de un año contado a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia,
decisión judicial que puede adoptarse en cualquier momento del trámite judicial.

5. El recurso extraordinario de revisión presentado por Sidenal S.A. se hizo
por fuera del término previsto en la ley

La sentencia objeto de recurso extraordinario de revisión fue proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado el 15 de abril de 2021, en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro. 25000-23-37-
000-2015-01751-00/01, cuya notificación se surtió por estado electrónico el 23 del
mismo mes y año, es decir, quedó ejecutoriada el 29 de abril de 2021, de lo cual da
cuenta el índice 00031 del Sistema para la Gestión Judicial Samai38.

El 14 de octubre de 2021 Sidenal S.A. interpuso acción de tutela contra la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
la Sección Cuarta del Consejo de Estado (rad. 11001-03-15-000-2021-06994-00),
en la que solicitó la protección de los derechos fundamentales “al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, [a] la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formalidades y [a] la buena fe”, los cuales consideró vulnerados con las sentencias
proferidas el 31 de enero de 2019 y el 15 de abril de 2021, en su orden, en el referido
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Mediante sentencia de 25 de febrero de 202239 la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido proceso
de la sociedad, al considerar que las decisiones objetadas “omitieron valorar la
totalidad de los medios de prueba que obraban en el expediente, puntualmente,
aquellos allegados en los antecedentes administrativos” y, en consecuencia, ordenó
a la Sección Cuarta de esta Corporación dictar sentencia de reemplazo en el
referido trámite judicial. Dicha decisión fue notificada el 29 de marzo de 2022.

El 16 de junio de 2022 la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cumplimiento
de la orden judicial impartida por la Subsección C de la Sección Tercera de la
Corporación, dictó sentencia de reemplazo en el citado proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Esa decisión fue notificada el 25 de junio de 2022.

Mediante sentencia de 11 de agosto de 2022 la Sección Primera del Consejo de
Estado revocó la decisión de primera instancia que había amparado el derecho

38
En este índice reposa la constancia de ejecutoria expedida por el secretario de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, en la que se indica: “En cumplimiento del artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, dejo constancia que
en el proceso de la referencia se dictó sentencia el veinticinco quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)
según certificado electrónico: E01C7786B311C8B1 CD392E3313629FD1 75497F2AC2D88D6F
09A693D4222AFFD7 y consecutivo Nº 26 de la Plataforma SAMAI de la corporación. Notificada legalmente a
las partes por estado sentencia electrónico fijado el 26 de abril de 2021 y ejecutoriado el 29 de abril de 2021 a
las 5:00 p.m”.
39
Expediente radicado nro. 11001-03-15-000-2021-06994-00. M.P. Nicolás Yepes Corrales.
20

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fundamental al debido proceso de la sociedad accionante y, en su lugar, denegó el
amparo solicitado. A su juicio, no se configuró el defecto fáctico alegado en el escrito
de tutela, “toda vez que su decisión está debidamente razonada y motivada en el
material probatorio obrante en el expediente, con el que se logró desvirtuar la
omisión de ingresos formulada por la DIAN y la simulación de las operaciones de
compra declaradas por la actora”.

De igual manera, no encontró que se hubiera incurrido en desconocimiento del
precedente judicial, “por cuanto la decisión cuestionada fue debidamente
sustentada con los criterios adoptados por la Sección Cuarta del esta Corporación,
en los que de manera reiterada se ha recalcado la facultad fiscalizadora de la
administración a fin de comprobar la realidad de las operaciones declaradas y
soportadas en los documentos contables y, en las facturas de las que se ha dicho
que la simple exhibición no implica necesariamente su veracidad, por ende, le
corresponde a la administración adelantar las investigaciones que considere
pertinentes para corroborar o desvirtuar el contenido de dichas documentales,
apoyándose en la práctica de los distintos medios de prueba señalados en la ley”.
La anterior decisión se notificó a las partes el 26 de agosto de 2022.

En cumplimiento del fallo de tutela de segunda instancia, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado por auto de 20 de octubre de 2022, notificado el 28 del mismo
mes y año, dejó sin efectos la sentencia de reemplazo de 16 de junio de 2022.

El 30 de agosto de 202340 la sociedad Sidenal S.A. presentó recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia de 15 de abril de 2021 proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, la cual fue notificada por estado electrónico el 26 de abril de
2021, cuya ejecutoria se surtió el 29 del mismo mes y año.

A partir de las particularidades fácticas del caso, la Sala concluye que la
interposición del recurso extraordinario de revisión fue extemporánea, como se
advierte a continuación:

Fecha Actuación procesal

Sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
15 de abril de 2021 (objeto de recurso extraordinario de revisión)

26 de abril de 2021 Notificación de la sentencia por
estado electrónico (Samai índice Inicio del término de ejecutoria
00031)
41
29 de abril de 2021 Ejecutoria de la sentencia

14 de octubre de 2021 Acción de tutela contra la sentencia de segunda instancia dictada por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado
Amparó el derecho al debido proceso por
Sentencia de tutela de primera encontrar configurado un defecto fáctico
25 de febrero de 2022
instancia y ordenó dictar sentencia de reemplazo
en el proceso ordinario
29 de marzo de 2022 Notificación del fallo de tutela

30 de abril de 2022 Vencimiento del término para interponer el RER

40
Índice 001 de Samai.
41
Así lo indicó mediante constancia el secretario de la Sección Cuarta del Consejo de Estado (Samai índice
00031).
21

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16 de junio de 2022 Sentencia de reemplazo
Fallo de tutela de segunda Revocó la sentencia de tutela que había
instancia accedido al amparo constitucional y, en
11 de agosto de 2022
su lugar, negó las pretensiones de la
acción de tutela
26 de agosto de 2022 Notificación de la sentencia de 2 de septiembre de 2022 (ejecutoria de
tutela de segunda instancia la sentencia)
20 de octubre de 2022 Auto que deja sin efectos la
sentencia de reemplazo
28 de octubre de 2022 Notificación por estado del auto 3 de noviembre de 2022 (ejecutoria del
que dejó sin efecto auto)

30 de agosto de 2023 Presentación del recurso extraordinario de revisión

De conformidad con el inciso tercero del artículo 302 del Código General del
Proceso, se tiene que las providencias proferidas por fuera de audiencias quedan
ejecutoriadas (i) tres días después de notificadas; (ii) cuando carecen de
recursos; (iii) o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que
fueren procedentes o, (iv) cuando queda ejecutoriada la providencia que resolvió́
los interpuestos. Por su parte, el artículo 303 de la misma normativa dispone que “la
sentencia ejecutoriada proferida en un proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada”.

De acuerdo con el análisis cronológico de las actuaciones surtidas se advierte que
la sentencia de 15 de abril de 2021, de conformidad con la información que reposa
en el Sistema para la Gestión Judicial Samai, fue notificada por estado electrónico
el 26 de abril de 2021 y quedó ejecutoriada el 29 del mismo mes y año, luego el
término para interponer el recurso extraordinario de revisión comenzó a correr el 30
de abril de 2021 y venció el 30 de abril de 2022, último extremo en el que adquirió
la connotación de decisión con fuerza de cosa juzgada.

En el acápite de la demanda que la sociedad recurrente denominó “Sobre la
oportunidad en la interposición del recurso”, afirmó que la presentación del recurso
extraordinario de revisión fue oportuna, por cuanto -según indicó- se interpuso
“dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia”. Para sustentar esa afirmación,
señaló que la sentencia de 15 de abril de 2021, ejecutoriada el 29 de abril de 2021,
perdió vigencia con ocasión del fallo de tutela de 25 de febrero de 2022, notificado
el 29 de marzo de 2022, y que solo recobró efectos el “11 de noviembre de 2022”,
cuando quedó ejecutoriado el auto que dejó sin efecto la sentencia de reemplazo.

Con fundamento en ese planteamiento, sostuvo que entre el 29 de marzo de 2022
y el 11 de noviembre de 2022 -fecha en la que, a su juicio, la providencia fue
“revivida”- transcurrieron 7 meses y 13 días, lapso que debía descontarse del
término de un año previsto -artículo 251 del CPACA- para interponer el recurso
extraordinario de revisión, por cuanto durante ese período la sentencia de 15 de
abril de 2021 habría permanecido sin vigencia.

Sin embargo, dicho argumento no puede ser acogido por la Sala, por cuanto la
interposición y el trámite de la acción de tutela contra una providencia judicial no
tienen la virtualidad de suspender ni interrumpir el término previsto en la ley para
promover el recurso extraordinario de revisión, porque (i) el ordenamiento jurídico
no establece en alguna norma esa consecuencia procesal y (ii) porque el término
de caducidad u oportunidad en el ejercicio del derecho de acción es una disposición

22

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de orden público de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Código General
del Proceso.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la ejecutoria de una sentencia no se
suspende por la interposición de una acción de tutela.

Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela promovida contra la
providencia judicial dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
no tiene la virtualidad de suspender ni interrumpir el cómputo del término previsto
por el legislador para el ejercicio del recurso extraordinario de revisión, ni de afectar
la ejecutoria de la sentencia objetada. Una interpretación en sentido contrario
resultaría incompatible con el ordenamiento jurídico, en concreto con el carácter de
orden público de las normas procesales, pues no solo desconocería las
disposiciones previamente citadas, sino que además implicaría que la ejecutoria de
las providencias judiciales impugnadas en sede de tutela quedará supeditada a la
firmeza del respectivo fallo de tutela, lo cual desnaturalizaría el carácter perentorio
de los términos para ejercer el derecho de acción y se comprometerían seriamente
los principios constitucionales de seguridad jurídica y cosa juzgada.

Más aún, si en gracia de discusión se aceptara la tesis que propone la parte
recurrente, según la cual la sentencia cuestionada sufrió una suerte de “suspensión”
entre el 29 de marzo y el 28 de octubre de 2022 de 7 meses y 13 días42, la Sala
observa que, incluso bajo ese supuesto que no se acoge, la interposición del recurso
extraordinario de revisión resultaría extemporánea, por cuanto para el momento en
el que se notificó la sentencia de tutela de primera instancia que accedió al amparo
constitucional restaba aproximadamente un mes para interponer el recurso
extraordinario de revisión. Es decir, si se contara ese término restante a partir de la
ejecutoria de la sentencia de tutela de segunda instancia que revocó el amparo -2
de septiembre de 2022-, o de la notificación por estado del auto del 20 de octubre
de 2022 que dejó sin efectos la sentencia de reemplazo -28 de octubre de 2022-43,
la conclusión sería, igualmente, que no fue presentado de manera oportuna -30 de
agosto de 2023-.

Visto lo anterior, el argumento según el cual debía descontarse el tiempo
transcurrido entre el 29 de marzo de 2022 y el 28 de octubre de 2022, con
fundamento en una supuesta pérdida temporal de vigencia de la sentencia, carece
de sustento jurídico y no desvirtúa la extemporaneidad del recurso extraordinario de
revisión.

Así las cosas, la Sala concluye que el recurso extraordinario de revisión presentado
por la sociedad Sidenal S.A. fue interpuesto cuando el término de caducidad ya se
encontraba vencido. En consecuencia, como fue presentado por fuera del término
legal, la Sala no encuentra sustento normativo para pronunciarse sobre el fondo del
asunto, por lo que procederá a declarar probada la caducidad en este momento
procesal44.

42
Aun cuando la sociedad recurrente hace referencia al 11 de noviembre de 2022 como fecha de notificación
del auto de 20 de octubre de 2022, de conformidad con la información que reposa en el Sistema para la Gestión
Judicial Samai, la notificación se surtió el 28 de octubre de 2022.
43
Ejecutoriado el 3 de noviembre de 2022.
44
En el mismo sentido, véanse: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 6
Especial de Decisión, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez, sentencia del 10 de noviembre de 2025, radicación
11001-03-15-000-2025-05131-00 (REV). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
23

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www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04735-00
Recurrente: Siderúrgica Nacional S.A. – Sidenal

Finalmente, la Sala aceptará la renuncia al poder otorgado por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a la abogada Sandra Patricia Pamplona
Serrano, por cuanto se cumplen las condiciones previstas en el artículo 76 del
Código General del Proceso, y reconocerá personería al abogado Jinnier David
Ortiz Herrera como apoderado de la entidad, en los términos y para los efectos del
poder conferido aportado en medio magnético45.

6. Condena en costas

Según el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021 -norma vigente para la fecha de presentación de la demanda -, se condenará
46

en costas a la parte recurrente cuando se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión que formuló.

En ese sentido, el artículo 361 del Código General del Proceso señala que las
costas están integradas por los gastos procesales y por las agencias en derecho, y
de acuerdo con el artículo 365-8 de la misma codificación, “[s]olo habrá lugar a su
imposición cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

En el caso objeto de estudio, no se configura el primer presupuesto que establece
la citada norma en tanto que el recurso extraordinario de revisión no se declaró
infundado, sino que se constató el incumplimiento de un requisito de procedibilidad
referido a la oportunidad en su interposición, lo que impidió entrar al análisis de
fondo. En consecuencia, al no existir una decisión de mérito ni parte vencida en
sentido procesal, no procede la condena en costas.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Once Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Declarar la caducidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la sociedad Siderúrgica Nacional S.A. - Sidenal S.A. contra la sentencia de 15
de abril de 2021, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las
razones aquí expuestas.

Segundo.- Aceptar la renuncia presentada por la abogada Sandra Patricia
Pamplona Serrano, al poder conferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), por cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 76 del
Código General del Proceso.

Tercero.- Reconocer personería al abogado Jinnier David Ortiz Herrera como
apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los
términos y para los efectos del poder conferido aportado en medio magnético.

15 Especial de Decisión, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, sentencia del 30 de noviembre de 2021, radicación
11001-03-15-000-2019-04135-00(REV).
45
SAMAI CE, índices 00027 y 00028. Recibe memoriales online al despacho.
46
SAMAI CE, índice 0001. Reparto y radicación del proceso realizadas el 21 de julio de 2023.
24

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04735-00
Recurrente: Siderúrgica Nacional S.A. – Sidenal

Cuarto.- No condenar en costas a la parte recurrente por los motivos indicados en
la parte considerativa de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ (E) LUIS EDUARDO MESA NIEVES

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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