Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06994-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06994-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-06994-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
11 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-06994-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: SIDERÚRGICA NACIONAL S.A. SIDENAL
TESIS: SE REVOCA LA DECISIÓN IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE
DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS ENDILGADOS. LA
PROVIDENCIA CUESTIONADA ESTÁ DEBIDAMENTE MOTIVADA CON
FUNDAMENTO EN LOS MEDIOS PROBATORIOS Y EN LOS CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, BUENA FE, PRINCIPIO DE
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN1
contra la sentencia de 25 de febrero de 2022, mediante la cual la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
ESTADO2 amparó el derecho fundamental al debido proceso de la
actora.
1
En adelante la Dian.
2
En adelante la Sección Tercera.
2
Número único de radicación: 110010315 000 2021 06994 01
Actora: SIDERÚRGICA NACIONAL S.A. –SIDENAL–
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La sociedad SIDERÚRGICA NACIONAL S.A. SIDENAL, actuando a
través de su representante legal, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicita la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la buena fe y a la prevalecía
del derecho sustancial, los cuales consideró vulnerados por la
SECCIÓN CUARTA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA3 y la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE
ESTADO4 al proferir las sentencias de 31 de enero de 2019 y 15 de
abril de 2021, respectivamente, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 25000-23-37-000-2015-01751-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que el 11 de abril de 2011, presentó la declaración de renta
correspondiente al año gravable 2010, en la que liquidó un saldo a
3
En adelante el Tribunal.
4
En adelante la Sección Cuarta.
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favor equivalente a $10.855.638.000.
Manifestó que el 7 de octubre de 2011, solicitó a la DIAN la
compensación y/o devolución del saldo liquidado a su favor, solicitud
que fue atendida de manera favorable por la entidad por medio de la
Resolución núm. 1759 de 19 de diciembre de 2011.
Señaló que la DIAN luego de efectuar una investigación profirió un
requerimiento especial en el que le propuso: i) adicionar los ingresos
brutos operacionales; ii) desconocer el costo de ventas por
operaciones simuladas, por depreciación de maquinaria y equipo
dado en comodato y los gastos operaciones de ventas; e, iii) imponer
sanción por inexactitud; y expidió la liquidación oficial de revisión
núm. 312412014000080 de 20 de junio de 2014, en la que se
modificó la declaración privada en los términos propuestos en el
requerimiento, estableciendo un saldo total a pagar equivalente a
$27.404.852.000.
Aseveró que contra el acto de liquidación oficial, interpuso el recurso
de reconsideración en el que aceptó el desconocimiento de gastos
por operación de venta y, consecuentemente, presentó la declaración
de corrección el 5 de agosto de 2014.
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Afirmó que la DIAN mediante Resolución núm. 900.418 de 30 de
abril de 2015, aceptó la corrección presentada y, modificó la
liquidación recurrida manteniendo: i) la adición de ingresos brutos
operacionales; ii) el desconocimiento del costo de ventas por
operaciones simuladas y por depreciación de la maquinaria y equipo
en comodato; e, iii) impuso la sanción por inexactitud, determinando
como saldo a pagar la suma de $ 27.359.447.000.
Arguyó que, debido a lo anterior, promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el fin de
obtener la nulidad de los actos administrativos que resolvieron la
liquidación oficial de revisión y la firmeza de la declaración privada
del impuesto de renta correspondiente al año gravable 2010.
Sostuvo que el anterior proceso fue identificado con el número único
de radicación 25000-2337-000-2015-01751-01 y repartido para su
trámite al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 31 de enero de
2019, declaró la nulidad parcial de los actos demandados y, en
consecuencia, que la obligación tributaria por concepto del impuesto
sobre la renta del año 2010 sería equivalente a $ 8.396.6358.960
Indicó que la anterior decisión fue apelada ante la SECCIÓN
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CUARTA que, mediante sentencia de 15 de abril de 2021, corrigió
el numeral primero declarando la nulidad parcial de la liquidación
oficial de revisión y modificó el numeral segundo determinando como
nueva liquidación del impuesto de renta la suma de $ 6.834.047.00.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto fáctico, al omitir la valoración de las pruebas contables que
fueron aportadas al proceso, mediante las cuales se demostraban la
existencia de la compra del material “chatarra” que sirve como
materia prima para el desarrollo de su actividad económica.
Asimismo, indicó que las autoridades accionadas desecharon los
argumentos del dictamen pericial y las pruebas documentales que
sustentaban los costos por ventas-compra del material, que
demostraban que las operaciones de compra si fueron reales, no
como lo determinó la DIAN.
Aseveró que las decisiones cuestionadas se fundamentaron en meros
indicios que elucubró la DIAN para considerar que las operaciones
de compra fueron simuladas, pues, a su juicio, no se efectuó la
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debida valoración de la contabilidad que constituía la prueba directa
de la realidad de las operaciones por compra de chatarra y, que de
haber sido valorado dicho material probatorio, no se habría
determinado un saldo en su contra, sino que por el contrario,
arrojaría un saldo a favor como se consignó en la declaración privada
del año 2010.
Igualmente, manifestó que las decisiones objetadas fueron
proferidas con desconocimiento del precedente jurisprudencial,
por cuanto pasaron por alto la postura de la Sección Cuarta de esta
Corporación en lo que respecta a la trascendencia probatoria de los
registros contables.
Aseguró que la decisión de la SECCIÓN CUARTA se fundamentó en
que el caso bajo estudio era igual a los otros casos resueltos por
dicha autoridad en los que se desvirtuó la realidad de las facturas
aportadas por los proveedores -trabajadores informales como
recicladores de chatarra-, sin tener en cuenta que en el presente
asunto fueron aportados todos los soportes, la contabilidad y la
experticia de un tercero en la que se avaló la veracidad de la
contabilidad.
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I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como violados, en los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: que se declare que las sentencias del 31 de
enero de 2019 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Cuarta, Subsección B y del 15 de abril de 2021 del
Consejo de Estado-Sección Cuarta vulneraron los derechos
fundamentales y postulados mencionados.
SEGUNDO: Tutelar los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y los
postulados de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas y buena fe.
TERCERO: Que se deje sin efectos la sentencia del Consejo de
Estado-Sección Cuarta del 15 de abril de 2021, Rad. 24.548, y
que, en consecuencia, se ordene a esa autoridad judicial que
profiera una nueva decisión, en la que deberá tener en cuenta
el material probatorio indicado a efectos de establecer la realidad
de las operaciones de compra de chatarra de SIDENAL, respecto
de los siete proveedores mencionados en este escrito, en la
vigencia 2010 […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la decisión adoptada se encuentra
debidamente motivada y sustentada en el material probatorio
aportado, por cuanto la información recaudada por la DIAN conllevó
restarle validez a la realidad documental que presentó la actora a fin
de demostrar la ejecución de las operaciones de compra de chatarra,
pues encontró que los proveedores no contaban con la capacidad de
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efectuar las ventas que sustentaban las facturas aportadas en sede
administrativa.
Aclaró que la providencia se ajustó a la aplicación del precedente de
la Sección Cuarta de esta Corporación respecto de las operaciones
simuladas y la facultad que posee la DIAN de desconocerla a partir
de indicios, por lo que manifestó que no le asiste razón a la actora,
quien pretende reabrir nuevamente la discusión jurídica que fue
ventilada en sede ordinaria.
Recalcó que la valoración probatoria, la situación jurídica y, la
competencia de la DIAN para desconocer operaciones, se desarrolló
en aplicación del principio de unidad de la prueba y de la realidad
sobre las formas.
Por último, indicó que no fueron trasgredidos los derechos
fundamentales deprecados por la actora y solicitó negar las
peticiones de la acción de tutela por no configurarse vicio alguno en
el trámite judicial desplegado por ese despacho.
I.5.2.- La SECCIÓN CUARTA pese a haber sido notificada en debida
forma, guardó silencio.
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I.6.- Intervinientes
I.6.1. La DIAN manifestó que la acción de tutela es improcedente,
toda vez que la parte actora pretende una nueva revisión de la
controversia que ya fue zanjada por el juez natural.
Mencionó que la acción carece de relevancia constitucional, ya que la
actora insiste en una nueva valoración probatoria que ya fue
planteada y resuelta por las autoridades judiciales en primera y
segunda instancia.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 25 de febrero de 2022, la SECCIÓN
TERCERA amparó el derecho fundamental al debido proceso de la
actora y, en consecuencia, dejó sin efectos la providencia
cuestionada y ordenó proferir una sentencia de reemplazo.
Como fundamento de lo anterior, desarrolló una interpretación
jurídica relacionada con el régimen probatorio tributario frente a las
operaciones económicas reportadas por los administrados y, destacó
que el artículo 746 del Estatuto Tributario, fijó una presunción de
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veracidad de las declaraciones tributarias.
Igualmente, efectuó una relación de la línea jurisprudencial
establecida frente las pruebas y las cargas y facultades de la
autoridad fiscalizadora, infiriendo que en las actuaciones
administrativas de naturaleza tributaria no existe una única vía de
convencimiento, pues existe un amplio rango de pruebas de las que
se puede hacer uso para corroborar o desvirtuar las declaraciones
presentadas por el contribuyente.
Frente el asunto objeto de estudio, encontró probado que la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, al considerar
que las providencias de primera y segunda instancia omitieron
valorar: i) los antecedentes administrativos que contenían
documentos con los que la actora pretendió corroborar las
operaciones de compra de chatarra y los proveedores con los que las
realizó; y, ii) el dictamen pericial, del cual indicó que […] no fue
estudiado, ni siquiera someramente, por las accionadas, las que, se
insiste, se limitaron afirmar categóricamente y sin discusión, que los
indicios recopilados por la DIAN eran suficientes para establecer la
simulación de las operaciones y desvirtuar cualquier prueba que
obrara en el expediente, incluso sin pronunciarse sobre ella.[…]
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Finalmente, señaló que: “[…] para la Sala, lo más relevante de los
criterios transcritos de cara al defecto fáctico que ahora se estudia,
es que la autoridad judicial encontró censurable que la DIAN se
abstuvo de valorar los documentos contables aportados por la
empresa contribuyente y, simplemente, los estimó desvirtuados por
los indicios que halló. […] 6.9.- De conformidad con lo anterior, para
esta Sala es evidente, como se expuso, que el estudio probatorio de
las autoridades accionadas se circunscribió a traer a colación y
calificar el análisis probatorio efectuado por la autoridad fiscal, lo que
implicó que se omitiera el peritaje allegado por Deloitte Asesores y
Consultores Ltda., los documentos contables y la verificación de los
indicios recaudados por la DIAN en el contexto del tipo de la actividad
económica en que tuvieron lugar […]”.
En ese sentido, el a quo concedió el amparo al derecho al debido
proceso, dejó sin efectos la sentencia proferida por la SECCIÓN
CUARTA el 15 de abril de 2021 y, dispuso definir nuevamente el
asunto revisando puntualmente el dictamen pericial, los documentos
contables y los indicios recaudados por la DIAN, en el contexto de la
informalidad en la que se desarrolló la actividad económica de la
actora.
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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La DIAN solicitó que se revoque la decisión de primera instancia,
toda vez que, a su juicio, el a quo se extralimitó en su competencia
al convertirse en una verdadera instancia revisora de la actividad
probatoria realizada por la SECCIÓN CUARTA en sede ordinaria.
Precisó que la declaratoria de la existencia del defecto fáctico es
producto de un desconocimiento técnico y jurisprudencial decantado
por el juez natural y evidencia el desconocimiento de la conducencia
de los medios de prueba, por lo que una vez se desvirtúa la
contabilidad del contribuyente, por simulación de operaciones, dicha
prueba no puede constituirse a favor del mismo.
Asimismo, reiteró que los indicios obtenidos por la entidad en sede
administrativa fueron necesarios porque mediante ellos se logró
desvirtuar la ejecución de las operaciones comerciales, situación que
no se podía comprobar con el mero análisis de los documentos
contables aportados por la actora y la información brindada en la
liquidación privada.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
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jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
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deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
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todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto las providencias de 31 de enero de 2019 y 15 de
abril de 2021, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN
CUARTA, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 25000-23-37-000-2015-01751-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la buena fe y a la prevalecía del derecho
sustancial, habida cuenta que, a juicio de la actora, las autoridades
judiciales incurrieron en defecto fáctico al omitir la valoración de
las pruebas contables y el dictamen pericial, mediante las cuales se
demostraba la existencia de la compra del material “chatarra” que
sirve como materia prima para el desarrollo de su actividad
económica.
Asimismo, manifestó que la decisión objetada incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto se
pasó por alto la postura de la Sección Cuarta de esta Corporación en
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lo que respecta a la trascendencia probatoria de los registros
contables.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que amparó el derecho fundamental al debido
proceso invocado, por considerar que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en defecto fáctico, pues omitieron valorar los
antecedentes administrativos que contenían documentos con los que
la actora pretendió corroborar las operaciones de compra de chatarra
y los proveedores con los que las realizó y el dictamen pericial,
desvirtuando los argumentos de la accionante únicamente a partir de
los indicios recaudados por la entidad fiscalizadora.
La impugnación de la DIAN está encaminada a cuestionar los
argumentos del a quo, señalando que el juez constitucional se
extralimitó en su competencia al convertirse en una instancia
revisora de la actividad probatoria realizada por el juez natural de la
causa.
Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos tanto la providencia de 31 de enero de 2019, proferida
por el TRIBUNAL como la dictada el 15 de abril de 2021 por la
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SECCIÓN CUARTA, la Sala realizará únicamente el análisis de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados a la
sentencia proferida por el ad quem, toda vez que fue esta la que dio
por terminado el proceso.
Por lo anterior, la Sala deberá determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, determinar si la
SECCIÓN CUARTA incurrió en los defectos alegados.
La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y vulneró sus derechos fundamentales invocados; contra
la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo
256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo
razonable5 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos
5
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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que se estiman lesionados.
Ahora bien, visto que el presente caso cumple con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala hará mención del marco jurídico de los defectos
alegados, para posteriormente analizar los reproches del impugnante
en el caso concreto.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20136, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto
de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una
omisión en el decreto o valoración de las pruebas, de una
valoración irrazonable de las mismas, de la suposición de una
prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los
medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más exigentes
para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas
en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que el juez
desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las reglas
de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación ha
identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio
constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y
manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la
realidad probatoria del proceso […]”.
6
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa
que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia, porque ello sería contrario al principio
de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte
de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía
de que son titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas
del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Del defecto por desconocimiento del precedente
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que una providencia
judicial adolece de defecto cuando la autoridad jurisdiccional se “[…]
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aparta del precedente judicial – horizontal o vertical7 – sin
justificación suficiente […]” pues el precedente es de carácter
obligatorio, en atención a que de acuerdo con el artículo 230 de la
Constitución Política, los jueces si bien tienen una autonomía
interpretativa e independencia para fallar deben hacerlo dentro de
los parámetros que les presenta la ley.
Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que solo es
procedente apartarse del precedente jurisprudencial siempre y
cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (i) que se
haga una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente
aplicado a casos similares y (ii) que se expongan las razones
suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado
al asunto estudiado.
Caso concreto
7
Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación ha
diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad con quién es
el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por
autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la
respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical
que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el
Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que
no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados
de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. Corte Constitucional.
Sentencia T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014
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Teniendo en cuenta lo anterior y contrario a lo manifestado por el a
quo, la Sala advierte que, en la sentencia de 15 de abril de 2021
proferida por la SECCIÓN CUARTA, aquí cuestionada, se efectuó la
valoración probatoria que echó de menos la actora, por lo que se
revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, se denegará
el amparo solicitado, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Para tal efecto, es necesario traer a colación algunos apartes de la
providencia cuestionada, con el fin de verificar los fundamentos de la
decisión proferida por la SECCIÓN CUARTA, en la cual se indicó lo
siguiente:
“[…] Corresponde a la Sala establecer la legalidad de los actos
demandados que modificaron la declaración de renta del año
gravable 2010 de la actora, en el sentido de adicionar ingresos
operacionales por transacciones con la Cooperativa de Fomento
de la Construcción, desconocer el costo de ventas por operaciones
inexistentes y por depreciaciones improcedentes e imponer la
sanción por inexactitud.
La actora argumentó que los actos demandados son nulos por
adicionar ingresos brutos operacionales sin valorar las
pruebas directas que presentó y tener en cuenta pagos a la
Cooperativa de Fomento para la Construcción y aplicar una
presunción de ingresos que no está prevista en la ley. Por
desconocer el costo de ventas al ignorar el valor probatorio de
la contabilidad y las facturas allegadas por Sidenal como prueba
directa de las ventas y, por ende, de los costos declarados y
derivar de indicios hechos que no corresponden a la realidad y dar
a los testimonios de terceros un efecto que las normas no
consagran para tener como inexistentes o simuladas las
transacciones entre Sidenal y sus proveedores solo con
fundamento en indicios “inconducentes” —en subsidio, pidió la
determinación de costos presuntos— y por desconocer la
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deducción por depreciación al confundir el contrato de
comodato celebrado con la Cooperativa de Trabajo Asociado
Progresar con un contrato de usufructo e imponer sanción por
inexactitud improcedente.
1. Adición de ingresos brutos operacionales
El Tribunal rechazó la adición de ingresos y la DIAN apeló este
rechazo. Sobre esta glosa, la Sala precisa lo siguiente: […]
Precisado lo anterior, la Sala advierte que en los actos
mencionados, la DIAN se refirió a los distintos documentos que
obtuvo en la investigación administrativa, de los que advirtió
“inconsistencias” como que “en el auxiliar de ventas se relaciona
un tercero diferente”, “no hay secuencia cronológica en los
pagos”; la persona que fue presidente de la Cooperativa no
recordó datos de su afiliación ni del objeto social de la entidad; la
revisora fiscal manifestó que las verificaciones de las
transacciones de la Cooperativa con la actora las hacía sobre los
soportes recibidos por Sidenal; que la Gerente manifestó que no
le cobraba a la Cooperativa porque “tenía entendido que con la
Cooperativa se hacía cruce de cuentas; que el balance general y
el estado de resultados aportado por el representante legal de la
Cooperativa no estaban firmados por contador o revisor fiscal.
No obstante, señaló que con esas pruebas “no se cuestionó la
realidad de los ingresos declarados” sino que debían ser
mayores y, para determinar la cifra presuntamente omitida, optó
por comparar el valor las ventas con el de la adquisición de
materia prima de Sidenal con esa Cooperativa. Además, tuvo en
cuenta el saldo del periodo anterior y el saldo final que arrojó la
cuenta y la diferencia la consideró como “ingresos omitidos”, que
en cifras mostró de la siguiente manera: […]
De la anterior operación, la Sala advierte que la administración
tomó el saldo de la cuenta contable de Sidenal “cuentas por cobrar
13050505” que venía del año anterior (2009). A ese valor, le
sumó “el saldo débito movimiento del año”, que según se explica
en la liquidación oficial de revisión, corresponde a la diferencia
entre el valor de las ventas [$51.691.145.000] y de las compras
[$34.558.956.000] de Sidenal a la CFC, que figuran en la
contabilidad de la actora. A la sumatoria total le restó
$4.801.772.612 que denominó “lo efectivamente incluido”, pero
según se explica en la liquidación oficial, es el valor
correspondiente al “saldo de la cuenta 13050505”12, esto es, el
saldo de las cuentas por cobrar a la Cooperativa de Fomento de
la Construcción.
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Lo anterior, pone en evidencia que la “adición de ingresos” se
apoya exclusivamente en los datos contables suministrados por la
actora, no en los demás documentos mencionados en los actos,
como insiste en el recurso de apelación, documentos que
básicamente hacen referencia a circunstancias relacionadas con
la Cooperativa, pero no de manera específica con los ingresos de
Sidenal. Así, utiliza como prueba información contable de la
actora.
Observa la Sala que la actora insistió en que al determinar el valor
de los ingresos “omitidos”, la DIAN incurrió en los siguientes
errores: no tuvo en cuenta pagos en efectivo que la Cooperativa
realizó a Sidenal, confundió el saldo final de las cuentas por cobrar
con “lo efectivamente incluido” y convirtió una cuenta de balance
en una cuenta de resultado.
En cuanto a la afirmación de que la administración no tuvo en
cuenta los pagos en efectivo que la Cooperativa realizó a Sidenal,
según se advierte en los actos demandados, se debió a que la
administración entendió que la única forma de pago con la CFC es
mediante compensación y, por esta razón no aceptó como prueba
“las consignaciones en línea” allegadas con la respuesta al
requerimiento especial.
La compensación es un modo de extinguir las obligaciones13 y
tiene lugar cuando dos personas son recíprocamente deudoras,
por lo que ambas deudas se extinguen hasta la concurrencia de
sus valores, opera por ministerio de la ley y aún sin
consentimiento de los deudores14 siempre que se trate de deudas
de dinero o cosas fungibles o indeterminadas de igual género o
calidad, sean líquidas y actualmente exgibles15.
Este modo de extinguir las obligaciones no impide que pueda
usarse otro, como el pago en efectivo o utilizar otros medios de
pago como la transferencia bancaria.
Con el fin de demostrar cuáles fueron los ingresos obtenidos por
Sidenal por las operaciones efectuadas con la Cooperativa de
Fomento de la Construcción, en la demanda, la actora pidió la
práctica de dictamen pericial, que fue decretado y presentado en
la audiencia de pruebas, en la que el juzgador lo sometió a
contradicción. La DIAN preguntó ¿el valor de las ventas fue
tomado del libro auxiliar contable?, ¿La revisión de las facturas de
ventas se hizo sobre una muestra aleatoria?. El perito respondió
que el valor de las ventas corresponde a lo contabilizado por la
actora y que auditó el 100% de la facturación pero que
aleatoriamente anexó al dictamen 185 facturas.
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La demandante insistió en que al revisar la contabilidad de la
empresa, la DIAN no tuvo en cuenta pagos que la Cooperativa
realizó a Sidenal, que confundió el saldo de la cuenta con “lo
efectivamente incluido” y que cambió la naturaleza de las
“cuentas por cobrar”, al calificarlas como cuenta de resultados
[ingresos]. Indicó que en el expediente están todas las facturas
de venta de la Cooperativa a Sidenal, cuadros en excel con el
cruce de cuentas de las operaciones de compras de chatarra y de
venta de producto terminado con esa Cooperativa. Y, que el
dictamen pericial confirma el valor total de las transacciones.
La Sala, teniendo en cuenta que los actos demandados
determinan la adición de ingresos a partir de la comparación de
las cuentas por cobrar [ventas] y por pagar [adquisición de
materia prima] de Sidenal con la Cooperativa de Fomento de la
Construcción cuya diferencia la califican de “ingresos omitidos”,
que la actora alegó errores en esa cuantificación y que la finalidad
de la prueba pericial es establecer el valor contable de esas
transacciones, procede a examinar el informe rendido por el
perito16.
El dictamen pericial indica que conforme a la normativa
generalmente aceptada en Colombia, se realizó la auditoría a las
cuentas 130505 clientes nacionales del Libro Mayor y Balances y
13050505 del Libro auxiliar clientes nacionales – Cooperativa de
Fomento para la Construcción, que además tuvo en cuenta los
informes de ventas, relaciones de “compras y otros”, “de cruces
contables”, el “reporte de recibos de caja”, la “relación detallada
de tesorería” y los extractos bancarios de las cuentas de la actora
en los bancos de Bogotá, Agrario, BBVA y Davivienda. La
respuesta a los interrogantes planteados al solicitar la prueba, la
resumió de la siguiente manera: […]
El dictamen pericial ofrece credibilidad dado que las cifras del
saldo inicial y saldo final de las cuentas por cobrar coinciden con
las utilizadas por la administración en los actos demandados.
Además, aclara cómo están conformados los datos de compras y
ventas de Sidenal con la CFC, que también fueron tomados de los
libros de contabilidad de la actora. Y, presenta informe detallado,
por banco, de las consignaciones bancarias efectuadas por la
cooperativa a Sidenal que justifican el saldo de la cuenta al cierre
del año 2010.
Lo anterior, pone en evidencia que al determinar el monto de los
ingresos presuntamente omitidos, la administración incurrió en
error, pues si bien reconoció el pago por compensación entre
Sidenal y la Cooperativa de Fomento de la Construcción al
comparar los valores correspondientes a ventas y compras y
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establecer la diferencia, pues con ello aceptó la extinción de las
deudas hasta la concurrencia de sus valores, no reconoció los
pagos en efectivo efectuados por la Cooperativa a Sidenal
mediante consignación bancaria sin razón que lo justifique. En
efecto, si bien es cierto que entre Sidenal y la CFC operó el pago
por compensación, también lo es que la actora acreditó que esa
Cooperativa efectuó pagos en efectivo que la Administración no
tuvo en cuenta, que justifican el saldo de la cuenta por cobrar,
saldo que confundió con “lo efectivamente incluido”.
Así, quedó desvirtuada la omisión de ingresos, pues están
acreditados tanto el total de ventas como de compras que Sidenal
realizó con la Cooperativa de Fomento de la Construcción, los
pagos por compensación y por consignaciones bancarias que
justifican el saldo que arrojó la cuenta por cobrar al cierre del
ejercicio, sin que los otros documentos, a los que se refiere la
DIAN al apelar, demuestren la omisión de ingresos, por lo que no
se da prosperidad al recurso de apelación interpuesto por la DIAN.
[…]
2. Desconocimiento de costo de ventas
En los actos demandados se desconocieron compras a los
siguientes proveedores y depreciaciones por un total de
$29.066.921.000, discriminadas así: […]
2.1. Desconocimiento por operaciones inexistentes
$26.647.764.300
La DIAN desconoció el costo de ventas al encontrar
inconsistencias en las operaciones de compra de chatarra con los
proveedores Héctor Andrés Garzón Jaramillo, Diana Carolina
Rodríguez Uribe, Héctor Silvino Rodríguez Suárez, Yesid Giovanny
Samacá Vargas, Luis Vicente Niño García, Giovani Garavito Rojas
y la Cooperativa de Trabajo Asociado Muros, como el
incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones
tributarias; que los cheques dados en pago eran cobrados en
efectivo por personas distintas al beneficiario18; la imposibilidad
de contactar a algunos proveedores en la dirección que figura en
el RUT; que algunos proveedores dejaron la comercialización de
chatarra por empleos distintos (transporte de pasajeros,
conductor), lo que impidió constatar directamente con el tercero
la veracidad de las compras. Además, que la infraestructura de
algunos proveedores es insuficiente para atender el volumen de
ventas reportado, todo lo cual lleva a la conclusión de que se trata
de operaciones inexistentes.
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La actora sostiene que la DIAN fundamentó la decisión solo en
indicios sin desvirtuar “los registros contables […] con sus
respectivas facturas, tiquetes de báscula, kárdex de chatarra,
comprobantes de pago con cheque, estudio técnico de producción
a partir de insumos y demás documentos” allegados al proceso,
que constituyen prueba directa de las transacciones, que no
valoró la administración. Así, no han sido desvirtuadas. Además,
que se le exige verificar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de sus proveedores, labor que no le compete.
La administración tributaria cuenta con amplias facultades de
fiscalización e investigación dentro de las que puede exigir al
contribuyente o a terceros la presentación de documentos que
registren sus operaciones y ordenar la exhibición de los libros y
sus soportes, como lo establece el artículo 684 del E.T.
Los artículos 742 y 743 del E.T. establecen que la determinación
de los tributos e imposición de sanciones deben fundarse en
hechos probados conforme con las exigencias que las normas
tributarias preceptúan para ciertos hechos, o a falta de estas,
según el grado de conexión que tenga con el hecho que pretende
probarse y del convencimiento que pueda atribuírsele de acuerdo
con las reglas de la sana crítica.
La información suministrada por terceros relacionada con
obligaciones tributarias del contribuyente es prueba testimonial,
conforme al artículo 750 del E.T.
Para la procedencia de costos y deducciones, el artículo 771-2 del
E. T. exige que las erogaciones estén soportadas con facturas o
documentos equivalentes con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la norma tributaria19.
Conforme lo dispone el artículo 618 del E.T., son obligaciones a
cargo de los adquirentes de bienes corporales muebles o de
servicios exigir las facturas o documentos equivalentes y
exhibirlas cuando la autoridad tributaria las exija.
El ordenamiento tributario prevé una comprobación especial para
el reconocimiento de los costos y deducciones, esto es, la factura
o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales
para su aceptación como prueba de los mismos.
El artículo 772 del E. T. prevé que los libros de contabilidad del
contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se
lleven en debida forma20. Conforme al numeral 4 del artículo 774
ib, serán prueba suficiente si no han sido desvirtuados por medios
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probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la
ley.
Entonces, para la procedencia de costos, la eficacia probatoria de
las facturas y de la contabilidad no es absoluta, toda vez que, en
desarrollo de las facultades de fiscalización, la administración
puede desvirtuarlas por otros medios de prueba previstos en la
ley21.
Caso concreto
En el caso, la DIAN mediante verificación en los sistemas internos,
RUT, obligación financiera, información exógena, certificados de
cámara de comercio, CIFIN, actas de visitas realizadas a las
direcciones que figuran en el RUT por los proveedores, en los
requerimientos ordinarios y especiales y soportes aportados por
el contribuyente y por terceros, determinó que las operaciones de
compra de chatarra indicadas no fueron reales.
Conforme a los actos demandados, el desconocimiento de
compras se debió a que, en la verificación a los proveedores
detectó, entre otras, las siguientes situaciones: […]
Todo lo anterior pone en evidencia que la administración no pudo
verificar la realidad de las operaciones de compra de chatarra de
la actora con estos proveedores, pues el incumplimiento de la
obligación de presentar las declaraciones tributarias y la
imposibilidad de ubicar a los proveedores en la dirección que
figura en el RUT y por otros medios, le impidió constatar con los
terceros la veracidad de la información correspondiente y, con
ello, confirmar la existencia de las transacciones.
El hecho de que ciertos proveedores hayan presentado solo las
declaraciones de IVA de los periodos correspondientes a lo
facturado a Sidenal y de renta “con el valor de los ingresos
operacionales y gravados exactamente igual a lo reportado por
Sidenal como compra de chatarra”, indican que la actividad del
proveedor se limitó a las operaciones comerciales con la actora y
que fue de corta duración, que en algunos casos dio lugar al
cambio de oficio o profesión, aunque la cuantía de las operaciones
fue significativa, conductas que dejan en duda la realidad de la
actividad de comercialización de chatarra.
La prueba de que los comprobantes de egreso o de pago sean
recibidos por un tercero distinto al proveedor y que los cheques
de pago girados a estos proveedores no eran cobrados por el
beneficiario sino por terceros, conductas habituales en los
proveedores, además, que una misma persona [Nacianceno
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Rodríguez Toca] es la que cobra los cheques de los distintos
proveedores, que, también figura en la lista de proveedores de la
actora y que en los “tiquetes de báscula” figura como conductor
y que a este señor no fue posible contactarlo, son hechos
indicadores de que las operaciones con dichos proveedores no son
reales, pues aunque la diputación para recibir el pago no está
prohibida por la ley, no hay prueba en el expediente de que esta
haya sido conferida. Así, aunque formalmente estos son
proveedores de la materia prima que compra la actora, los
elementos de prueba indican que estos no son proveedores
reales, por consiguiente, las transacciones tampoco lo son.
Llama la atención que, en la mayoría de los casos, Nacianceno
Rodríguez Toca es la persona que recibió y cobró los cheques
girados a distintos proveedores, que él está en la lista de
proveedores, pero además figura en los “tiquetes de báscula”
como conductor, hechos que evidencian la irrealidad de las
transacciones.
Verificar la logística, apalancamiento financiero, capacidad
instalada que tenían los mencionados proveedores, permiten
inferir que estos no contaban con la infraestructura suficiente para
atender el volumen de ventas reportado por la actora, sin que
fuera demostrada la realidad de los presuntos proveedores, ni la
veracidad de las operaciones reportadas con estos.
El hecho que el contador de los proveedores sea la misma persona
indica que hay una conexión entre ellos y que conoce la operación
que en cada caso se intenta mostrar como real.
Desvirtuada la presunción de veracidad de la declaración
tributaria, se invirtió la carga de la prueba, por lo que le
correspondía a la actora demostrar la realidad de los datos
consignados en la declaración privada.
No obstante, la parte actora no acreditó, por otros medios de
prueba, las operaciones realizadas con estos proveedores, pues
se limitó a fundamentar la pretendida nulidad de los actos de
determinación del impuesto de renta del año gravable 2010
acusados en la afirmación de que la contabilidad no ha sido
desvirtuada, que la prueba de los costos son las facturas
contabilizadas que reúnen los requisitos legales, que además
aportó otros documentos que respaldan las operaciones y que los
indicios en que se apoyan los actos acusados son “elucubraciones
y especulaciones”, que no demuestran la inexistencia de las
compras.
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Dado que la Administración encontró elementos de prueba que
desvirtúan la realidad de las operaciones de la actora con los
presuntos proveedores y sin que esta haya acreditado, por medio
distinto a las facturas, las transacciones efectuadas con Héctor
Andrés Garzón Jaramillo, Diana Carolina Rodríguez Uribe, Héctor
Silvino Rodríguez Suárez, Yesid Giovanny Samacá Vargas, Luis
Vicente Niño García, Giovani Garavito Rojas y la Cooperativa de
Trabajo Asociado Muros, los proveedores de los que surgió la
diferencia en cuestión, se pone en evidencia que las compras
relacionadas con estos proveedores no existieron, por lo que es
procedente el desconocimiento del costo de venta, en los términos
de los actos acusados.
Desvirtuada la realidad de las operaciones registradas en la
contabilidad, le resta a esta su credibilidad, al igual que a las
facturas y demás soportes contables, por lo que no constituye
prueba a favor de la actora.
La Sala precisa que el objeto del proceso es la procedencia o no
del costo de ventas desconocido por la administración y que si
bien el artículo 771-2 del E.T. exige que los costos estén
soportados en facturas o documento equivalente con el lleno de
los requisitos legales, la facultad fiscalizadora de la DIAN le
permite desvirtuar la eficacia probatoria de la contabilidad y
demás documentos que se aporten, mediante otros medios de
prueba, directos o indirectos, que no estén prohibidos por la ley.
Para la Sala, el análisis de las pruebas recaudadas por la
administración le resta credibilidad a la contabilidad y a la prueba
documental en la que insiste la demandante, pues acredita que
los presuntos proveedores no recibieron los pagos, que los recibió
un tercero. Además, que tales proveedores no contaban con la
capacidad económica para efectuar las operaciones en la
magnitud de la cuantía declarada, hecho no desvirtuado por la
demandante. Así mismo, no se suministró información que
permita verificar la realidad de las compras de las que se derivan
los costos discutidos.
Dado que la administración encontró elementos de prueba que
desvirtúan la realidad de las operaciones de la actora con estos
proveedores, se pone en evidencia que aunque formalmente
estén acreditadas las compras declaradas por la demandante, en
la realidad no se verificaron.
La magnitud de las compras declaradas frente a la capacidad
económica de los proveedores, que no fue desvirtuada, refleja la
simulación de las operaciones formalmente registradas en la
contabilidad y declaradas para obtener un beneficio tributario.
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La actora al apelar insiste en que no es responsable por el
incumplimiento de las obligaciones tributarias de sus proveedores
ni por las conductas omisivas o irregulares de estos, que la
autoridad tributaria es quien debe fiscalizarlos.
En los procesos de fiscalización no se pretende exigir a los
contribuyentes obligaciones adicionales a las establecidas por ley,
menos respecto de sus proveedores o terceros56, sino verificar la
realidad de las operaciones. En este caso, las operaciones no
existieron en realidad y fueron simuladas con el fin de obtener un
beneficio tributario, sin que la modificación oficial de la
declaración implique la violación del principio de buena fe o el
desconocimiento del alcance de las normas civiles y comerciales
que regulan el contrato de compraventa.
Finalmente, en cuanto a la solicitud de aplicación del costo
presunto de que trata el artículo 82 del E.T. la Sala destaca que
no es procedente, toda vez que la actora declaró por concepto de
costo de venta la suma total de $261.040.284.000 de la que la
DIAN desconoció la suma de $29.066.921.000. Así, el valor
restante corresponde al costo de venta que la autoridad tributaria
reconoció sin discusión. Además, no se está ante los presupuestos
previstos en la norma invocada porque se pretende el
reconocimiento de costos presuntos de operaciones por valor de
$26.647.764.300 que se desconocen por estar demostrado que
son operaciones simuladas, por lo que no es posible estimar el
costo de una operación que no existió57. […]” (Negrillas
pertenecen al texto)
De los apartes trascritos de la providencia objetada, la Sala observa
que como fundamento de la decisión cuestionada, la SECCIÓN
CUARTA elaboró un recuento de las circunstancias fácticas que
rodearon el asunto objeto de controversia y estudió de manera
individual los argumentos planteados por los apelantes, es así como,
respecto de la adición de ingresos brutos operacionales, indicó que
no le asistía razón a la DIAN, pues al valorar debidamente el
contenido del dictamen pericial y las pruebas documentales
aportadas en sede administrativa, se encontraba desvirtuada la
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omisión de ingresos al comprobarse los pagos en efectivo efectuados
por la Cooperativa de Fomento para la Construcción a la actora, lo
cual justificó el saldo final de la cuenta por cobrar en los ejercicios
contables.
Asimismo, la autoridad judicial accionada estudió de fondo el
desconocimiento de las operaciones de compra de chatarra, de
manera discriminada y verificó las operaciones de venta por cada uno
de los proveedores, de lo cual logró inferir que la DIAN no consiguió
verificar la realidad de la compra de la chatarra, pues, luego de
efectuar la valoración de los comprobantes de egreso y los cheques
de pago girados a los proveedores que eran cobrados por un tercero,
encontró que quien figuraba como proveedor y también lo hacía
como conductor o transportista del material, de acuerdo a los
tiquetes de báscula.
Igualmente, la autoridad judicial accionada desvirtuó la veracidad de
las operaciones, luego de evidenciar que los proveedores no
contaban con la capacidad logística, financiera y de infraestructura
que les permitieran atender el volumen de las ventas reportadas por
la actora.
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Finalmente, la Sección Cuarta advirtió que la carga de la prueba se
invirtió, por lo que le correspondía a la actora demostrar la realidad
de las operaciones consignadas en la declaración privada, situación
que no sucedió, por cuanto los argumentos de defensa de aquella se
basaron en la legalidad de los documentos contables, en las facturas,
y en los tiquetes de báscula, los cuales fueron desvirtuados a través
de otros medios de prueba que le restaron credibilidad y, que en su
lugar, dieron cuenta de la simulación de las operaciones.
En este punto, para la Sala la valoración probatoria que desarrolló la
SECCIÓN CUARTA en el ejercicio de la autonomía interpretativa no
fue desacertada ni arbitraria y, por el contrario, fue congruente con
las circunstancias fácticas planteadas en el proceso ordinario y las
pruebas aportadas tanto en sede administrativa, como en sede
judicial.
Así las cosas, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada
no incurrió en el defecto fáctico alegado, toda vez que su decisión
está debidamente razonada y motivada en el material probatorio
obrante en el expediente, con el que se logró desvirtuar la omisión
de ingresos formulada por la DIAN y la simulación de las operaciones
de compra declaradas por la actora.
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Ahora, la Sala advierte que tampoco se incurrió en el
desconocimiento del precedente alegado, por cuanto la decisión
cuestionada fue debidamente sustentada en los criterios adoptados
por la Sección Cuarta de esta Corporación, en los que de manera
reiterada se ha recalcado la facultad fiscalizadora de la
administración a fin de comprobar la realidad de las operaciones
declaradas y soportadas en los documentos contables y, en las
facturas de las que se ha dicho que la simple exhibición no implica
necesariamente su veracidad, por ende, le corresponde a la
administración adelantar las investigaciones que considere
pertinentes para corroborar o desvirtuar el contenido de dichas
documentales, apoyándose en la práctica de los distintos medios de
prueba señalados en la ley.
Al respecto, en providencia de 5 de agosto de 20218, la Sección
Cuarta de esta Corporación, precisó lo siguiente:
“2.2- De acuerdo con el artículo 488 del ET, es descontable el
impuesto sobre las ventas por las adquisiciones de bienes
corporales muebles y servicios y por las importaciones que, de
acuerdo con las normas del impuesto sobre la renta, resulten
computables como costo o gasto de la empresa y se destinen a
operaciones gravadas. Asimismo, el artículo 771-2 del ET prescribe
que la procedencia de estos impuestos descontables está
supeditada a que la operación respectiva encuentre respaldo en
una factura expedida «con el cumplimiento de los requisitos
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 05 de
agosto de 2021, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, expediente identificado con el número único de
radicación. 2013-00587-01 (22478).
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establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 y
618 del estatuto tributario»; sin embargo, conviene precisar que la
existencia del referido documento no impide que la Administración
ejerza sus amplias facultades de fiscalización para comprobar la
realidad de las operaciones soportadas en las facturas. Ello, porque
corresponde a la Administración «efectuar todas las diligencias
necesarias para la correcta y oportuna determinación de los
impuestos», incluida la verificación de la realidad y características
de las operaciones registradas por los contribuyentes en sus
autoliquidaciones (sentencia del 30 de mayo de 2019, exp. 23072,
CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
De ahí que, aunque la factura sea un requisito necesario a efectos
del reconocimiento de impuestos descontables, lo cierto es que su
exhibición no implica, indefectiblemente, que dicho impuesto sea
procedente, puesto que la Administración está facultada para
adelantar investigaciones respecto de la operación económica
documentada en la factura, a fin de corroborarla o desvirtuarla. En
este último evento, corresponde al contribuyente demostrar la
realidad y características de la transacción cuestionada mediante
los medios de prueba señalados en la ley, o, lo que es lo mismo,
desvirtuar lo determinado por la Administración frente a esas
operaciones.
Para corroborar la existencia o inexistencia de las operaciones
gravadas, la Administración puede practicar los distintos medios de
prueba señalados en las leyes tributarias o en el CPC (hoy CGP),
en cuanto éstos sean compatibles con aquellos, según lo señala el
artículo 742 del ET. Ninguna norma del ordenamiento tributario fija
los medios de prueba conducentes para acreditar la existencia de
dichas operaciones, de ahí que su demostración se enmarque en la
regla general de libertad probatoria consagrada en el artículo 165
del CGP. En consecuencia, la eficacia de los medios probatorios
aportados para ese fin dependerá «de [su] mayor o menor
conexión con el hecho que trata de probarse» (artículo 743 del ET),
que para el caso sería la inexistencia de las operaciones en
cuestión, situación en la que el indicio adquiere preponderancia,
dado que, si la operación económica es inexistente, por obvias
razones no existirá evidencia directa que demuestre su irrealidad.
De suerte que, la inexistencia de operaciones económicas, así como
la simulación, debe ser acreditada mediante la prueba de otros
hechos a partir de los cuales, por inferencia lógica, estas se colijan.
Así, un hecho base debe estar plenamente demostrado en el
proceso mediante otros medios de prueba; al paso que, dicho
hecho indicador debe tener la propiedad de demostrar otro (i.e. el
hecho indicado), mediante un proceso de inferencia lógica, con
fundamento en reglas de la experiencia (sentencia del 19 de
febrero de 2020, exp. 23296, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
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La Sala también ha precisado que, en virtud del principio general
de la carga de la prueba contenido en el artículo 167 CGP,
corresponde al sujeto pasivo demostrar los aspectos negativos de
la base imponible (costos, gastos, impuestos descontables,
compras), pues es quien los invoca a su favor. A contrario sensu,
en aquellos casos en donde se pretenda alterar el aspecto positivo
de la base gravable (entiéndase adición de ingresos u operaciones
sometidos a tributación), la carga se asigna a la autoridad quien de
igual manera, se constituye como el sujeto que invoca a su favor
la modificación del caso. Ello obedece al deber de la Administración
de agotar una actividad de verificación suficiente respecto de la
liquidación de los tributos que efectúan los sujetos pasivos. Ahora,
en virtud del sistema de autoliquidación tributaria, en aquellos
casos en los que medie un despliegue probatorio cuya vocación
permita cuestionar la veracidad de los hechos consignados en la
declaración, el llamado a comprobarlos es el sujeto pasivo o
declarante (sentencia del 31 de mayo de 2018, exp. 20813, CP:
Julio Roberto Piza Rodríguez). […]”
Así las cosas, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no
incurrió en los defectos endilgados, toda vez que la providencia
cuestionada está debidamente motivada con fundamento en los
medios probatorios y en los criterios jurisprudenciales aplicables al
caso concreto, por lo que, el hecho de que la actora no comparta la
decisión allí dispuesta, no implica la vulneración de los derechos
fundamentales, ni la ocurrencia de algunos de los defectos
específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial.
En ese orden de ideas, la Sala revocará la decisión de primera
instancia y, en su lugar, denegará el amparo solicitado, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de agosto de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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