RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00682-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00682-00

Fecha
13 de abril de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00682-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por falta de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00682-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

13 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA DE DECISIÓN

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00682-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
– Falta de relevancia constitucional.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 2 de febrero de 2026, el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas promovió acción
de tutela contra la Sala Especial de Decisión No. 6 del Consejo de Estado, con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y movilidad salarial2.

2.
Solicitó dejar sin efectos la sentencia de 10 de noviembre de 2025, por medio de
la cual la autoridad judicial accionada declaró la caducidad del recurso extraordinario
de revisión 3 formulado contra el fallo de única instancia dictado por la Sección
Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad
adelantado contra el artículo 3, literal a) de los decretos expedidos por el Gobierno
Nacional, por medio de los cuales se fijaron anualmente, entre 2004 y 2015, las
escalas de asignación básica de los empleos de la Rama Ejecutiva, las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y las Empresas
Sociales del Estado del orden nacional4. Consecuentemente pidió se efectuara la

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También invocó los principios de legalidad y seguridad jurídica.
3 Radicación: 11001-03-15-000-2025-05131-00
4 Específicamente los Decretos 4150 de 2004, 916 de 2005; 372 de 2006; 600 de 2007; 643 de 2008; 708 de

2009; 1374 de 2010; 1031 de 2011; 853 de 2012;1029 de 2013; 199 de 2014; y 1101 de 2015.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00682-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6

actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real de la asignación
mensual del ministro de despacho, contenida en los decretos demandados, de
conformidad con el índice acumulado de inflación; tener la variación negativa,
causada en los años 1992 a 2004 y establecer la diferencia entre la variación
ordenada en los Decretos 11 de 1993, 42 de 1994, 25 de 1995, 10 de 1996, 31 de
1997, 40 de 1998, 35 de 1999, 2720 de 2000, 1460 de 2001, 2710 de 2001, 660 de
2002, 3535 de 2003, 4150 de 2004, y el IPC del año inmediatamente anterior al
ajuste ordenado.

3.
Como antecedentes de la solicitud de amparo, se tiene que el 10 de noviembre
de 2022, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió fallo
de única instancia, a través del cual denegó las pretensiones de la demanda de
nulidad. Señaló que no compartía la interpretación del demandante sobre el alcance
de las sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004, pues la Corte Constitucional no
ordenó una actualización histórica con el porcentaje acumulado de IPC no
reconocido entre 1992 y 2003. Además, a partir del año 2004 se fue aumentando el
porcentaje del reajuste salarial de los servidores públicos con ingresos medios y
altos, hasta alcanzar como incremento salarial un porcentaje superior al 100 % de la
inflación, cuando finalizó la vigencia del Plan de Desarrollo 2003-2006.

4.
Contra la anterior decisión judicial, el accionante interpuso recurso extraordinario
de revisión invocando la causal contemplada en el numeral 8 del artículo 250 del
CPACA5, porque la Subsección A Sección Segunda del Consejo de Estado no aplicó
lo dispuesto en la sentencia C-931 de 2004.

5.
Mediante la providencia acusada, la Sala Especial de Decisión No. 6 del Consejo
de Estado declaró probada la caducidad del recurso extraordinario de revisión
propuesto por el actor, por haberse presentado fuera del término indicado en el
artículo 251 del CPACA. Indicó que, si bien el señor Arciniegas presentó solicitud de
nulidad contra el fallo objeto del medio impugnativo, este no se encuentra dentro de
los mecanismos procesales que impiden la ejecutoria de las decisiones judiciales,
según lo previsto en los artículos 208, 209 y 210 del CPACA y 302 del CGP. Por
ende, en nada influye la fecha en que se decidió de fondo dicha petición anulatoria
respecto al conteo del plazo para interponer el recurso.

6.
La parte actora sostuvo que se incurrió en desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución porque acorde con lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-931 de 2004 -considerando 3.2.11.8.4.- y el Auto
291 de 2017, la garantía del derecho a la movilidad salarial para funcionarios públicos
que cuentan con ingresos medios y altos, implica que cualquier limitación al
incremento de sus salarios sea temporal, debiendo -en todo caso- restituirse el valor
adquisitivo perdido al finalizar el periodo respectivo. Obligación que el Gobierno
desconoció al proferir los decretos cuya nulidad solicitó.

5 Esto es, “ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en

que aquella fue dictada…”.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00682-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6

7.
A su juicio, no se presentó justificación válida para apartarse del referido
precedente, pues no se demostró que la situación fáctica analizada en dichas
providencias fuera distinta a la de su caso concreto o incluso, que existiera
precedente que avalara otra postura.

8.
También se configuró un defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto al declararse la caducidad del recurso extraordinario de revisión,
desconociendo la naturaleza material del incidente de nulidad, y los efectos que
genera su interposición respecto al conteo del término de ejecutoria del fallo. La
autoridad accionada debió efectuar una interpretación garantista y sistemática del
artículo 302 del CGP y con ello entender que las solicitudes de nulidad -al igual que
las de adición o complementación- implican que la providencia sobre la cual versan,
no cobra ejecutoria hasta que dicha petición sea decidida de fondo, pues en estas
se discuten aspectos sobre la validez y existencia misma de la decisión judicial.

9.
Acorde con ello, en el caso concreto debió declararse que el término de caducidad
del recurso extraordinario de revisión empezó a correr desde que se decidió de fondo
la solicitud de nulidad, mediante auto del 25 de julio de 2024 6, y no como lo hizo la
autoridad accionada, desde el 1 de diciembre de 2022.

10.
Tampoco es procedente considerar que el término de caducidad para ejercer el
recurso extraordinario puede correr paralelamente al trámite de nulidad, pues ello
configura una trampa procesal para el interesado, toda vez que una vía judicial torna
improcedente la otra y, en últimas, implica que la administración de justicia se
beneficie de su propia demora en resolver las nulidades procesales. La decisión de
caducidad desconoce el artículo 229 de la Constitución Política, y evidencia que el
juez extraordinario privilegió una formalidad temporal sobre el derecho sustancial a
que el asunto fuera decidido de fondo.

11.
Por demás, se avaló el incumplimiento reiterado a la orden de la Corte
Constitucional, contenida en la jurisprudencia que se alega desconocida, lo que
genera un enriquecimiento sin causa para el Estado y configura un fraude a
resolución judicial.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

12.
Mediante auto de 10 de febrero de 20267, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada y se vinculó a la Sección Segunda –
Subsección A del Consejo de Estado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-. De igual modo, se
ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para lo de su cargo y se requirió a la Secretaría General de esta Corporación para

6 Notificado en agosto de ese año.
7 Notificado el 17 de febrero de 2026.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00682-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6

que remitiera copia digital del expediente con radicado 11001-03-15-000-2025-
05131-00.

13.
A su vez, se aceptó el impedimento presentado por el consejero Fernando Alexei
Pardo Flórez8. Por ende, se le separó del presente asunto y se dispuso sortear dos
conjueces entre los magistrados que integran las Subsecciones B y C de la Sección
Tercera de la Corporación, a efectos de conformar el quórum requerido. En
cumplimiento de lo anterior, el 17 de febrero del presente año se realizó diligencia de
sorteo de conjueces, en la que se designaron en tal condición a los consejeros
Alberto Montaña Plata y Diego Enrique Franco Victoria.

(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A9

14.
El consejero Juan Camilo Morales, en su calidad de magistrado titular de uno de
los despachos que integra la Subsección vinculada al presente asunto, alegó que en
el expediente ordinario se cuenta con los elementos de juicio necesarios para que el
juez de tutela adopte la decisión que en derecho corresponda.

(ii) Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 610

15.
Solicitó declarar la improcedencia del amparo al no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que los cuestionamientos en que se sustenta son
los mismos expuestos por el actor en el proceso ordinario y en el recurso
extraordinario de revisión. La controversia no se origina en la trasgresión de una
garantía fundamental, sino en la inconformidad del señor Arciniegas en relación con
el análisis que la Sala Especial de Decisión realizó frente a la aplicación de las
normas procesales relacionadas con la caducidad del mecanismo extraordinario.

16.
Reiteró que la sentencia objeto del recurso extraordinario fue notificada el 28 de
noviembre de 2022 y quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2022. Luego, el
demandante presentó una solicitud de nulidad el 5 de diciembre de 2022, la cual fue
negada posteriormente. No obstante, esta última petición no suspende ni interrumpe
el término de ejecutoria ni el plazo para interponer el recurso extraordinario de
revisión, ya que no es un mecanismo procesal que impida la ejecutoria de las
decisiones judiciales, conforme con el artículo 302 del Código General del Proceso.
Así, el plazo para presentar el mecanismo extraordinario vencía el 6 de diciembre de
2023, pero como el mismo fue radicado hasta el 19 de agosto de 2025, se
evidenciaba que su interposición fue extemporánea.

(iii) Departamento Administrativo de la Función Pública11

8 Quien manifestó estar incurso en la causal de impedimento contenida en el numeral 5 del artículo 56 del Código

de Procedimiento Penal.
9 Intervención contenida en 1 folio.
10 Intervención contenida en 4 folios.
11 Intervención contenida en 8 folios.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00682-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6

17.
Pidió “negar por improcedente” el amparo, al considerar que se sustenta en
apreciaciones subjetivas del accionante de cara al actuar del operador judicial
demandado, equiparando este mecanismo judicial a una vía adicional para
reexaminar la decisión judicial cuestionada. Además, no se avizora quebranto de
algún derecho fundamental, pues no se acreditó que la Sala Especial de Decisión
No. 6 hubiera incurrido en alguna vía de hecho, así como tampoco se probó la
ocurrencia de ningún perjuicio irremediable.

(iv) Ministerio de Hacienda y Crédito Público12

18.
La cartera ministerial solicitó declarar que carece de legitimación en la causa por
pasiva para que le sean dictada cualquier orden en su contra, e igualmente, que la
tutela se niegue o declare improcedente, pues el debate propuesto es netamente
legal – procesal y su interposición tiene como propósito surtir una instancia judicial
adicional y subsanar la negligencia del demandante al interponer el recurso de
revisión de forma extemporánea. En todo caso, ninguno de los defectos judiciales
alegados se configuró en la decisión objeto de tutela.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

19. La tutela es improcedente, al no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional. El actor pretende se acoja la manera como se debió haber zanjado
lo referente a la nulidad de los decretos cuya nulidad solicitó al ejercer medio de
control de nulidad simple, aun cuando ello no fue objeto de pronunciamiento y
estudio en el fallo cuestionado. Sumado a esto, no se acreditó que mediara un vicio
por falta de razonabilidad sobre el análisis efectuado por la autoridad accionada
respecto al fenómeno de la caducidad del recurso extraordinario de revisión.

20. Respecto a los cargos relativos al desconocimiento del procedente y violación

directa de la Constitución, la tutela omite tener en cuenta que la autoridad judicial
demandada en la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2025 -objeto de la
presente acción de tutela-, se limitó a estudiar si el recurso extraordinario de revisión
fue interpuesto en término, acorde con lo dispuesto en el artículo 251 del CPACA, y
al encontrar acreditado que se presentó extemporáneamente, declaró la caducidad
de dicho medio de convicción, sin hacer análisis o pronunciamiento alguno sobre el
sustento normativo de la causal de revisión invocada, es decir, sobre el presunto
desconocimiento jurisprudencial mencionado en la solicitud de amparo.

21. Acorde con ello, es evidente que estos reproches del accionante no pueden ser

objeto de pronunciamiento por esta Subsección y denotan la falta de relevancia
constitucional de lo alegado, pues no tienen relación con el contenido de la decisión

12 Intervención contenida en 6 folios.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00682-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6

judicial que pretende sea analizada por el juez constitucional, pues, no existió un
cuestionamiento jurídico real respecto a dicha providencia, sino que el accionante
busca que el juez de tutela entre a analizar el caso, fungiendo como el juez natural,
lo que torna improcedente el amparo.

22. En lo referente a la caducidad del recurso extraordinario de revisión, tal aspecto

ya fue estudiado de manera suficiente, motivada y razonable por la Sala Especial de
Decisión No. 6 del Consejo de Estado en el fallo acusado. Dicha autoridad judicial
explicó que el referido medio de convencimiento se caracteriza por ser un proceso
autónomo e independiente del asunto cuya sentencia se pretende infirmar, por lo
que su procedencia está supeditada al cumplimiento de varios requisitos, entre ellos,
haber sido ejercido en término, acorde con lo dispuesto en el artículo 251 del
CPACA.

23. Según la referida norma, el plazo para instaurar el recurso extraordinario de
revisión, varía según la causal que se proponga. En el caso sub examine, la
autoridad accionada explicó que, como el demandante alegó la causal 8 del artículo
250 del CPACA, el término para presentar el recurso era de 1 año contado a partir
de la ejecutoria de la providencia.

24. En este punto, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 302 del

CGP, las providencias adquieren ejecutoria cuando, dentro del término legal, no se
interpongan los recursos procedentes o estos no sean admitidos; cuando no exista
recurso ordinario alguno, caso en el cual quedarán ejecutoriadas el día siguiente a
su notificación; cuando se hayan resuelto los recursos interpuestos, evento en el
que la ejecutoria se produce a partir de la notificación de la providencia que los
decide; y cuando se decidan las solicitudes de aclaración o complementación que
se hubieren presentado, supuesto en el que la ejecutoria tiene lugar una vez
notificada la decisión que resuelva tales peticiones. Por su parte, las providencias
proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas 3 días después de
notificadas, siempre que no procedan recursos o hayan vencido los términos para
interponerlos.

25. Al analizar el caso concreto, encontró acreditado que la sentencia del 10 de
noviembre de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado fue notificada el 28 de noviembre del mismo año y quedó
ejecutoriada el 1 de diciembre siguiente, por tratarse un proceso de única instancia.
Fecha desde la cual el actor contaba con un año para presentar el recurso de
revisión. No obstante, lo presentó hasta el 19 de agosto de 2025, sin que pudiera
entenderse que la presentación de una solicitud de nulidad, ampliara dicho término.

26. Así, indicó que si bien era cierto que el 5 de diciembre de 2022 el accionante

interpuso solicitud de nulidad, la cual fue negada en auto del 14 de septiembre de
2023; providencia que fue recurrida y confirmada en proveído del 25 de julio de 2024
-notificado el 15 de agosto siguiente-; lo cierto es que, este tipo de peticiones no se
encuentran dentro de los mecanismos procesales que impiden la ejecutoria de las
6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00682-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6

decisiones judiciales.

27. Expuso que acorde con lo establecido en los artículos 208, 209 y 210 del CPACA,

y 302 del CGP, lo que cabe interponer en el término de ejecutoria de la decisión es
la petición de aclaración o adición o los recursos procedentes, sin hacer referencia
a las peticiones de nulidad, Sumado a que las nulidades no pueden asimilarse a los
recursos de impugnación, habida cuenta que esa figura no tiene como objeto
plantear inconformidades o controvertir las decisiones, sino resolver vicios o
irregularidades cometidas en el trámite procesal.

28. Bajo el anterior escenario, la argumentación esgrimida por la parte actora en la

acción de tutela únicamente se sustenta en su interpretación personal respecto a la
naturaleza y alcance que considera se debió dar en su caso concreto a las
solicitudes de nulidad, a fin de que se flexibilizara el término de caducidad para haber
interpuesto el recurso extraordinario de revisión. Las razones aducidas por el actor
no comportan un verdadero cuestionamiento al análisis normativo efectuado por la
autoridad accionada.

29. En esa medida, esta Sala no identifica algún motivo por cual deba intervenir en el

caso bajo estudio, pues en ejercicio de su autonomía judicial y en aplicación de los
criterios de libre apreciación probatoria y sana crítica, el juez ordinario valoró de
forma razonable el acaecimiento del fenómeno de la caducidad.

30. En
consecuencia, se declarará improcedente el amparo deprecado en la
demanda.

31.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala de decisión, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
falta de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00682-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

13 VF

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.