Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00948-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00948-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00948-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00948-01 (6554-2024)
Demandante: Sonia Janeth Sánchez Gómez
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional1
Tema: Reajuste de la asignación básica y de retiro. Aplicación de la
sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional.
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia del 19 de septiembre de 2024 proferida por
la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda2
1.1.1. Las pretensiones
1. Sonia Janeth Sánchez Gómez en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3 acudió a esta
jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad del i) Oficio 627296 del 28 de
enero de 2021 emitido por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional4
que le negó el reajuste de la asignación de retiro; y ii) Oficio S-2021-
006405/ANOPA-GRULI-1.10 del 16 de febrero de 2021, expedido por la Policía
Nacional, mediante el cual se le negó la reliquidación de la asignación mensual,
1 En adelante Casur.
2 Samai, índice 2, archivo «1_ED_01DEMANDAYANEXOS»
3 En adelante CPACA.
4 En adelante Casur.
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Demandante: Sonia Janeth Sánchez Gómez
cesantías y demás prestaciones sociales desde enero a diciembre del 2004 y
desde el 2005 hasta la fecha de su retiro.
1.1. A título de restablecimiento del derecho pidió i) el reajuste y pago del
incremento del 2.49% que resultaba de la diferencia entre la asignación salarial
pagada en el año 2004 y la que correspondía por ajustes de la inflación causada
en el año 2003; ii) la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales a partir
del 2004; iii) el reconocimiento del incremento del 52.2543% derivado de la
diferencia entre la asignación mensual en actividad pagada a partir de enero de
2005 hasta la fecha de retiro, conforme con la inflación acumulada y causada entre
los años 1992 y 2004; y en consecuencia, el reajuste de la asignación mensual de
retiro; iv) la declaración de la pérdida de poder adquisitivo; v) del valor previsto
como asignación básica y gastos de representación, fijados a ministros del
despacho en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 y el ajuste año
a año por parte del gobierno nacional y la que realmente correspondía por ajustes
de la inflación causada del año anterior, de las escalas de asignación básica; vi)
de los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares, del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Nacional5; vii) el pago de los
perjuicios morales causados a ella y a su núcleo familiar; viii) la inaplicación, a
partir del año 2004, de los decretos salariales expedidos por el gobierno nacional,
por medio de los cuales se ajustaron las asignaciones de la Fuerza Pública; y ix)
el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 y el artículo 5 de
la Ley 1071 de 2006.
1.1.2. Fundamentos fácticos
2. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
3. Sonia Janeth Sánchez Gómez ingresó a la Policía Nacional el 17 de enero de
1994 y escalonó ese mismo año como teniente.
4. El 24 de agosto de 2017 fue retirada del servicio activo en el grado de coronel.
5. Con la hoja de servicios 51828287 del 5 de julio de 2017 se establecieron los
emolumentos salariales que se le venían reconociendo.
6. El 28 de diciembre de 2020 la demandante solicitó a la Policía Nacional y a
Casur (i) el reajuste salarial desde el 1 de enero de 2004 hasta la fecha de retiro
5 Como consecuencia de la aplicación de los artículos 14 y 15 del Decreto 921 de 1992 y el artículo
2 de los Decretos 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998,
62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de
2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842
de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018,
1002 de 2019 y 318 de 2020;
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del servicio y las que realmente correspondían por la actualización acumulada
entre los años 1992 a 2004; y (ii) la reliquidación de la asignación de retiro,
respectivamente.
7. La Policía Nacional negó la anterior petición con Oficio 2-2021-006405/ANOPA-
GRULI-1.10 del 16 de febrero de 2021, contra tal acto no se presentó ningún
recurso, en atención a que en este «no se señaló la procedencia de aquellos».
8. Por su parte, Casur negó lo solicitado mediante oficio 627296 del 28 de enero
de 2021.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
9. Como tales se señalaron los artículos 4, 48, 53, 217, 218, 220, 230 y 373 de
la Constitución Política; 2 y 13 de la Ley 4 de 1992, 271 de la Ley 1450 de 2011.
en su concepto, porque:
10. La entidad demandada incurrió en infracción directa de la Constitución Política
y la ley, pues no tuvo en cuenta los mandatos ahí establecidos, al indicar que los
sueldos básicos para el personal uniformado y no uniformado de la Policía
Nacional, los fijaba anualmente el gobierno nacional, de conformidad con lo
establecido en el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992.
11. Esta norma ordenó establecer una escala gradual porcentual para nivelar la
remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad
con los principios dispuestos en el artículo 2 de la ley antes mencionada y dispuso
claramente que los salarios, prestaciones sociales, asignaciones de retiro o
pensiones, no podían desmejorarse, por lo tanto debían mantener el poder
adquisitivo constante; mandato que no se observó cuando el aumento se hizo con
un valor inferior al de la inflación causada.
12. En ningún momento se le reliquidó al personal antes mencionado la
asignación de actividad o de retiro, tomando como referencia para establecer el
ingreso base de cotización la asignación básica que devengaba un general de la
República, conforme a la dependencia de ésta con la asignación de los ministros
del despacho, reajustada de acuerdo con el aumento del IPC de cada año.
13. La aplicación del aumento anual de las asignaciones que la entidad realizó
según los decretos expedidos por el gobierno nacional estuvo muy por debajo de
la inflación causada y certificada por el DANE, la cual ha reconocido
unificadamente la jurisprudencia.
14. La Ley 4 de 1992 en su artículo 10, dispuso que «Todo régimen salarial o
prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la
presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma,
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carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.», ello implicaba que cuando
el régimen salarial y prestacional se estableciera conforme a las disposiciones
contenidas en la norma referida se creaban derechos adquiridos; por lo tanto en
el régimen salarial y prestacional de la Fuerza Pública se tenía un derecho
adquirido pleno, el cual ingresó al patrimonio de la demandante, correspondiente
a que sus salarios, prestaciones sociales y asignación de retiro o pensión, se
liquidaran tomando como referente la asignación básica de un oficial en el grado
de general o almirante, la cual debía garantizar el derecho a mantener el poder
adquisitivo de tales factores.
15. La Policía Nacional afirmó que no había recibido decreto alguno expedido por
el gobierno nacional que estableciera la reliquidación de la asignación mensual
percibida en los años invocados, motivo por el cual jurídicamente no era viable
atender de manera favorable las pretensiones de la demandante.
16. Con dicho argumento se violaron los artículos 48, 53 y 9 Constitucionales,
este último teniendo en cuenta que debía aplicarse la Ley 54 de 1962 mediante la
cual se incorporó a la legislación el Convenio 95 de la OIT relativo a la protección
del trabajo, pues no solo se menoscabó la dignidad humana y los derechos de los
miembros de la Fuerza Pública, sino que además, se les redujo y congeló sus
salarios y prestaciones sociales, por ende las asignaciones de retiro o pensiones
legalmente reconocidas.
17. El Oficio S-2021-006405/ANOPA-GRULI-1.10 del 16 de febrero de 2021,
demandado fue proferido por un funcionario que no tenía capacidad o
competencia, por cuanto fue firmado por el capitán Rubén Darío Muñoz Cruz jefe
del grupo de liquidación de nómina, cuando dicha potestad fue otorgada al director
general de la Policía Nacional quien podía delegar esa facultad al subdirector
general, de acuerdo con el artículo 198 del Decreto 1212 de 1990. Por lo tanto, el
mencionado oficio carecía de validez, porque no se podía delegar la competencia
a quien el legislador no se lo había permitido.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La Policía Nacional6
18. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de
«inexistencia del derecho y la obligación reclamada», «prescripción extintiva»,
«cobro de lo no debido» y la «genérica» con sustento en lo que sigue:
19. El Oficio S-2021-006405/ANOPA-GRULI-1.10 del 16 de febrero de 2021, no
adolecía de ninguna irregularidad, pues a través del mencionado acto la entidad
se limitó a comunicarle a la demandante que tenía un régimen especial de carrera,
6 Samai, índice 15, archivo «13_CONTESTACIONDEMANDA_CONTESTACIONDEMANDA»
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que en desarrollo de este el gobierno nacional había expedido las normas por las
cuales fijó los salarios básicos del personal uniformado.
20. El oficio en mención fue expedido atendiendo los presupuestos procesales de
existencia, validez, eficacia procesal y por la autoridad competente, esto es, el jefe
del grupo de licitación de nómina de la Policía Nacional, por lo tanto la actuación
no fue desproporcionada, ni transgredió derecho fundamental alguno como lo
consideró la demandante.
21. No había lugar a aplicar la norma general que estableció el incremento de la
escala gradual porcentual de cada año o el IPC y el régimen especial al que
pertenecía la demandante, porque con la norma especial no se generó pérdida
del poder adquisitivo o detrimento del patrimonio, ni de los salarios y demás
prestaciones que devengaba en el servicio activo la excoronel.
22. En el concepto de violación de la demanda «no se dice cómo fue que se
presentaron las manifestaciones realizadas, ya que no solo basta con citar y transcribir la
norma para que ello sea suficiente, siempre se debe encausar y sustentar la forma o
manera que demuestre las afirmaciones que se hacen, situación que brilla por su
ausencia en el presente caso que nos convoca.»
23. El derecho reclamado por la demandante era inexistente, comoquiera que la
entidad demandada dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley
4 de 1992 que dispuso los objetivos y criterios que debía observar el gobierno
nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los miembros de la
Fuerza Pública; y la fijación de las prestaciones sociales se realizó de acuerdo con
la Constitución y el Decreto Ley 1791 del 2000.
24. Para los años reclamados la demandante se encontraba en servicio activo,
pues fue retirada el 24 de agosto de 2017 y lo pretendido solo se podía reconocer
para quienes hubiesen causado y obtenido la asignación de retiro hasta el 31 de
diciembre de 2004.
25. La pretensión relativa a que se incrementara el salario que devengó tomando
como base el IPC de años anteriores, era inconstitucional e ilegal, porque al
pertenecer a un régimen especial estuvo sujeta a esa reglamentación, por lo que
tenía derecho única y exclusivamente a los valores que por conceptos de salarios
fijó anualmente el gobierno nacional, lo cual se efectuó en ejercicio de las
competencias otorgadas.
26. De aceptarse lo pretendido, se estaría creando un nuevo régimen salarial
exclusivo para la demandante, lo cual sería ilegal e inclusive contraria al contenido
del artículo 10 de la Ley 4 de 1992 que estableció que carecían de efectos y no
generaban derechos adquiridos, las prerrogativas que estuvieran en contra de lo
fijado salarialmente por el gobierno nacional.
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1.2.2. Casur7
27. Se opuso respecto de las pretensiones dirigidas a esa entidad y propuso las
excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva», «inexistencia del
derecho», «buena fe» y la «genérica» con sustento en lo siguiente:
28. El gobierno nacional a través de los decretos anuales de incremento del
sueldo de la Fuerza Pública dispuso los parámetros que regulaban los reajustes
de los salarios en aplicación de la escala gradual porcentual establecida en las
normas especiales, los cuales Casur venía acatando sin que se pudiera variar
tales criterios.
29. A Sonia Janeth Sánchez Gómez le fue reconocida una asignación mensual
de retiro de conformidad con los tiempos de servicio laborados en la Policía
Nacional a partir del 24 de agosto de 2018, en cumplimiento a lo establecido en
los decretos 1213 de 1990 y 1791 de 2001. La mencionada prestación se «ha
incrementado» de conformidad con los decretos expedidos por el gobierno
nacional, por lo que no perdió el poder adquisitivo.
30. Al pertenecer la demandante a un régimen especial la asignación de retiro
debía reajustarse anualmente de acuerdo a las variaciones que se realizaran a las
asignaciones pagadas a los miembros de la Policía Nacional que se encontraban
en servicio activo de acuerdo con cada grado y el principio de oscilación, el cual
tenía como objetivo mantener el poder adquisitivo de la asignación de retiro y
preservar el derecho a la igualdad entre miembros de la fuerza en actividad y en
retiro, es por ello que el gobierno nacional a través de decretos fijaba los
incrementos de los sueldos básicos del personal en actividad reajustando con
ellos las asignaciones de retiro.
31. El criterio del IPC se estableció de manera especial para calcular el monto de
la asignación de retiro, haciendo referencia a que se debían tener en cuenta las
variaciones que en todo tiempo se hicieran en las asignaciones de actividad para
cada grado, la cual era determinada por el gobierno nacional anualmente a través
de decretos.
1.3. La sentencia apelada8
32. En sentencia proferida el 19 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, por cuanto:
33. No era posible asimilar los regímenes contemplados para cada una de las
7 Samai, índice 16, archivo «22_CONTESTACIONDEMANDA_CONTESTACIONDEDEMA»
8 Samai, índice 28, archivo «36SENTENCIA_202100948SONIASANCHE.»
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situaciones en las que se encontraran los empleados públicos, como el servicio
activo o pensionado retirado, toda vez que el origen de las remuneraciones que
cada uno percibía eran disímiles. La primera, como reconocimiento directo del
valor de su servicio y, la segunda, por el resultado de los aportes efectuados a un
sistema que les garantizaba un ingreso proporcional al que se encontrara
percibiendo, lo que ratificaba que la forma como se hiciera el incremento sería
independiente.
34. Para los años 1992 a 2004 Sonia Janeth Sánchez Gómez se encontraba en
servicio activo y por ende no devengaba asignación de retiro o pensión alguna,
razón por la cual debían negarse las pretensiones de la demanda, pues, el
reajuste con base en el IPC solamente resultaba posible en aplicación, entre otros,
de la Ley 238 de 1995, «por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993»,
esto es, únicamente para las asignaciones de retiro y/o pensiones de los
miembros de la Fuerza Pública, mas no para los salarios devengados en actividad
como equivocadamente lo pretende la parte demandante.
35. La asignación básica de los oficiales así como de los suboficiales de las
Fuerzas Militares y de Policía, estaba sujeta a la escala gradual, por lo que no era
posible modificarla mediante decisión judicial, comoquiera que el operador jurídico
en ejercicio de su función, no podía modificar o adicionar el presupuesto nacional,
por cuanto ello implicaría una clara interferencia de la reserva competencial de las
ramas del poder público, así como el desconocimiento del principio de legalidad y
de planificación del gasto público, puesto que la legalidad de los decretos que
fijaba el incremento salarial de los servidores públicos solo podía ser cuestionada
por medio de las acciones que el legislador previó para tal efecto.
36. El menoscabo de la capacidad adquisitiva del personal activo de la Fuerza
Pública, no se derivaba de la simple comparación del incremento aplicado por la
entidad demandada con el índice de precios al consumidor, sino del análisis de
los criterios que sustentaron las políticas del Congreso y de los límites que, en
virtud de estos, estableció «el Ejecutivo».
37. La sentencia C-931 de 2004 no resultaba aplicable al caso bajo estudio, por
cuanto allí no se fijó pronunciamiento alguno sobre la forma en que debía
realizarse el incremento salarial de los miembros de la Fuerza Pública, ni mucho
menos se estableció que su asignación básica en servicio activo debía
necesariamente incrementarse conforme al IPC certificado por el DANE, tal como
lo pretendía hacer valer la parte demandante.
38. El Consejo de Estado9 consideró que quien obtiene la asignación de retiro de
9 (i)Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
consejero ponente William Hernández Gómez, sentencia del 25 de septiembre de 2017,
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forma posterior al 1 de enero de 2005, no estaba cobijado por lo dispuesto en la
Ley 100 de 1993 y en la Ley 238 de 1995, por lo cual, no le asistía el derecho al
reajuste de su asignación de retiro conforme al índice de precios al consumidor,
más cuando se demostró que entre 1992 y 2004, la demandante se encontraba
en servicio activo y este reajuste solo benefició a aquellos miembros de la Fuerza
Pública que durante este tiempo causaron o ya tenían derecho a la asignación de
retiro.
39. En lo referente a la excepción de inconstitucionalidad, la parte actora aseveró
que debían inaplicarse por inconstitucionales e ilegales los decretos salariales
promulgados por el gobierno nacional, a partir del año 2004 en adelante, ello en
una correcta interpretación y aplicación del marco normativo fijado en la sentencia
C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, sin embargo, no se observó de manera
notoria la oposición a la Constitución Política, pues debía tenerse en cuenta que
el mantenimiento del poder adquisitivo del salario no era un derecho absoluto, por
cuanto podía ser limitado de acuerdo al monto del salario, aunado a que fueron
emitidos por la autoridad competente conforme a lo ordenado en la Carta Superior,
sin que se lograra desvirtuar que la asignación básica de la demandante fuera
incrementada en un porcentaje inferior al del IPC, razón por la cual, no habría
lugar a aplicar la excepción alegada.
1.4. El recurso de apelación10
40. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así:
41. El a quo desconoció el precedente constitucional al señalar que la sentencia
C-931 de 2004 no podía aplicarse al caso bajo examen, porque en esa providencia
no se había hecho algún pronunciamiento sobre la forma en que debía realizarse
el incremento salarial de los miembros de la Fuerza Pública y mucho menos que
la asignación básica debía necesariamente incrementarse conforme al IPC.
42. Por el contrario, en la sentencia antes indicada la Corte Constitucional ordenó
al gobierno nacional y al Congreso de la República, realizar el pago de los
reajustes salariales de todos los servidores públicos cobijados por la ley de
presupuesto general de la Nación, antes de que expirara la vigencia fiscal del año
2004 y dispuso la aprobación de la ley del presupuesto general de la Nación del
año 2005.
Expediente: 25-000-23-42-000-2013-06365- 01. (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, magistrado ponente César Palomino Cortés
sentencia del 10 de mayo de 2018, Radicado: 50001-23-33-000-2013-00320- 01. (iii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
ponente William Hernández Gómez, sentencia del 5 de abril de 2018, Radicación: 25000-23-42-
000-2015-06499-01.
10 Samai, índice 32, archivo «38_MemorialWeb_Recurso-APELACIONSENTENCIA.»
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43. No podía desconocerse por parte de esa autoridad judicial que era el derecho
reconocido en la sentencia C-931 de 2004 con efectos erga omnes, «lo que hoy es
reclamado; y por lo tanto, en aras de la equidad y la justicia, hay que examinar de un lado,
si lo que se condiciona en la sentencia C-931 de 2004 es la exequibilidad de la Ley 848
de 2003 y/o los decretos que fijan las remuneraciones allí ordenadas a actualizar, y de
otra, si lo ordenado en pro de reconocer la actualización plena de su salario, de
conformidad con el índice acumulado de inflación, se cumplió y en qué forma por parte
del Gobierno Nacional. Importante citar la argumentación propia y reiterativa de la
Sentencia C-1017 de 2003 […]».
44. Lo pretendido en nada obedecía a la aplicación del principio de favorabilidad
respecto del ajuste de la asignación de retiro y de pensiones, en virtud del artículo
14 de la Ley 100 de 1993, pues como se relacionó en la demanda existía un
mandato de orden constitucional emitido por la Corte mediante la sentencia C-931
de 2004 que dio órdenes perentorias y explicitas, tanto al Congreso de la
República como al gobierno nacional, oponibles a cualquier autoridad incluso la
judicial.
45. Debía inaplicarse con efectos inter partes los decretos que fijaban las escalas
de la asignación básica de los empleos públicos, para el caso bajo examen la del
ministro de despacho, los sueldos básicos de los oficiales, suboficiales y agentes
de la Policía Nacional a partir del año 2004.
46. No hubo valoración de las pruebas aportadas con la demanda cuya finalidad
era evidenciar la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los salarios, así como
el incumplimiento en la actualización a partir del año 2004 y siguientes, teniendo
en cuenta la inflación causada y acumulada en el período comprendido entre los
años 1992 a 2004.
1.5. Trámite en segunda instancia
47. En auto del 12 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante contra la sentencia del 19 de septiembre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca11.
48. En concepto del 17 de febrero de 202512 el Ministerio Público consideró que
debía confirmarse la sentencia de primera instancia, comoquiera que la
actualización plena que pretendía la apelante no significaba compensar con
emolumentos posteriores las limitaciones justificadas aplicadas en las
anualidades anteriores al fin del cuatrienio del Plan Nacional de Desarrollo, bajo
el concepto de índice acumulado de inflación, pues se trataba de un ejercicio de
11 Samai, índice 4.
12 Samai, índice 8.
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ponderación en los porcentajes que año a año aplicaba el Congreso y el gobierno
nacional.
49. La demandante presentó alegatos de conclusión13 en el que señaló que de
confirmarse la decisión de primera instancia se desconocería el mandato
constitucional reglado en la sentencia C-931 del 29 de septiembre de 2004 , pues
con esa decisión se había producido un cambio en la ratio decidendi que le había
permitido al gobierno nacional limitar el derecho de los servidores públicos de
mantener el poder adquisitivo del salario y se reconoció el restablecimiento del
derecho que había sido restringido por el gobierno a través de sus decretos
salariales.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
50. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
51. De conformidad con el recurso de apelación, se debe resolver el siguiente
interrogante: ¿Sonia Janeth Sánchez Gómez tiene derecho a que se reliquide la
asignación de retiro reconocida, como consecuencia del reajuste de la asignación
básica que percibió en los años 199414 a 2004 y de 2005 a la fecha de su retiro,
de conformidad con la inflación acumulada y, de acuerdo con la sentencia C-931
de 2004 proferida por la Corte Constitucional?
52. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
del régimen salarial de la Fuerza Pública; segundo, se expondrá los hechos
probados; y tercero, se resolverá el caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre el régimen salarial de la Fuerza
Pública
53. El artículo 150 de la Constitución Política previó que el Congreso de la
República tiene, entre otras, la función de dictar las normas generales y señalar
en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional
13 Samai, índice 9.
14 De acuerdo con la fecha-17 de enero de 1994- en que se vinculó a la Policía Nacional.
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para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».
54. Con fundamento en la anterior disposición, se expidió la Ley 4 de 1992 15, en
la cual se ordenó que, para fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros
de la Fuerza Pública [entre otros], el gobierno nacional debía tener en cuenta,
entre otras cosas, la sujeción al marco general de la política macroeconómica y
fiscal y la racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad. Con base en lo
anterior, dispuso que el gobierno nacional modificaría el régimen salarial
correspondiente a los empleados «aumentando sus remuneraciones».
55. Adicionalmente, en el artículo 13, previó que el gobierno nacional establecería
una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y
retirado de la Fuerza Pública, la cual debía producirse en las vigencias fiscales de
1993 a 1996. Ello ocurrió a partir del Decreto 107 de 1996 que desarrolló este
artículo al precisar que los sueldos básicos corresponderían al porcentaje que se
indicaba para cada grado, «con respecto a la asignación básica del grado de General».
A partir de 1997 el presidente de la República expidió los decretos salariales y,
para ello, sirvió de base el porcentaje de la asignación del grado de general.
56. Como se observa, las asignaciones básicas están sujetas a los decretos que
expide anualmente el gobierno nacional16, los cuales constituyen única fuente
para realizar el incremento salarial, pues el artículo 10 ibidem estableció
expresamente que «[t]odo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte
el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos».
57. Ahora bien, el artículo 14 de la Ley 100 de 199317 ordenó que las pensiones
«se reajustar[ía]n anualmente de oficio [...] según la variación porcentual del Índice de
Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior». El
objetivo principal de esta norma se contrajo a que tales prestaciones mantuvieran
su poder adquisitivo.
58. Asimismo, el artículo 279 ibidem previó que lo dispuesto en la ley no se
15 «[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
16 Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de
1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923
de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011,
842 de 2012 y 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018,
1002 de 2019, 318 de 2020, 976 de 2021, 466 de 2022, 910 de 2023.
17 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
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aplicaría a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, pero
mediante la Ley 238 de 199518 se adicionó en el sentido de que aquellas
excepciones no implicaban «la negación de los beneficios y derechos determinados en
los artículos 14 y 142 [...] para los pensionados de los sectores aquí contemplados».
59. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación 19señaló
pacíficamente que el reajuste conforme con el IPC procedía únicamente cuando
se trataba de asignaciones de retiro, siempre y cuando resultara más favorable y
hasta antes de que fuera expedida la Ley 923 de 200420 y el Decreto 4433 de
200421, pues a partir de este momento se estableció que las asignaciones de retiro
y pensiones se incrementarían «en el mismo porcentaje en que se aument[aran] las
asignaciones en actividad para cada grado» [artículo 42].
60. Ciertamente, desde el año 200722, esta corporación sostuvo lo que a
continuación se transcribe:
«[...] no existe la menor duda en el sentido que bajo los mandatos del artículo original
279 de la ley 100 de 1993 los pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional no eran acreedores del reajuste de sus pensiones como lo dispone el artículo
14 de aquella, vale decir, teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de
Precios al Consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior,
sino como lo disponía el decreto 1212 de 1990, o sea mediante la oscilación de las
asignaciones de los miembros de la Policía Nacional en actividad.
[...] a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los
sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen derecho a que se
les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de
Precios al Consumidor certificado por el DANE como lo dispuso el artículo 14 de la
última y a la mesada 14 en los términos del artículo 142 ibidem».
61.Más recientemente, en la sentencia proferida el 14 de julio de 202223, se
puntualizó lo siguiente:
«1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de 1995 fecha
de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993 presentaron una modificación consistente en que a los pensionados de los
sectores allí contemplados entre ellos los de las Fuerzas Militares y Policía Nacional,
en virtud del principio de favorabilidad y conforme a los artículos 14 y 142 de la Ley
100 de 1993 se les podía reajustar la asignación de retiro conforme al índice de precios
al consumidor del año inmediatamente anterior certificado por el DANE y la mesada
18 «Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993».
19 Ver, por ejemplo, las sentencias proferidas el 17 de mayo de 2007 (8464-2005), 15 de noviembre
de 2012 (25000-23-25-000-2010-00511-01).
20 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política».
21 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».
22 Sentencia proferida el 17 de mayo de 2017, número interno 8464-2005.
23 Número interno 25000-23-42-000-2019-00883-01 (0501-2022).
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14, respectivamente, siempre que el incremento realizado por el Gobierno Nacional en
los decretos anuales de las asignaciones en actividad de los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional sea inferior.
2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones
de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional conforme al
índice de precios al consumidor señalado en el artículo 14 de la ley 100 de 1993, en
cada caso concreto, aplica desde el año 1993 hasta 2004, toda vez que a partir del 1.°
de enero de 2005 se implementó nuevamente el principio de oscilación a través de la
expedición del Decreto 4433 de 2004.
3.- El reajuste conforme al IPC incide directamente en la base de la respectiva
prestación pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que a partir
del año 2005 se efectuaran sobre dicha prestación».
62. En suma, el reajuste conforme con el IPC procede únicamente respecto de
las asignaciones de retiro y pensiones, pero no de las asignaciones básicas, en
razón a que las leyes y decretos reglamentarios no especificaron modificación
alguna o disposición diferente de que el gobierno nacional, a través de decretos,
es el que establece el incremento de las asignaciones básicas de los miembros
de la Fuerza Pública.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Lo probado dentro del proceso
63. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
64. Sonia Janeth Sánchez Gómez ingresó a la Policía Nacional y prestó sus
servicios así24:
« […]
Novedad Desde Hasta Tiempo
Cadete y alférez 17/01/1994 09/06/1994 4 meses y 22 días
Oficial 10/06/1994 24/05/2017 22 años, 11 meses y catorce días
Alta 3 meses 24/05/2017 24/08/2017 3 meses
Total 23 años, 11 meses y 4 días25
[…]»
65. La última unidad donde laboró fue en la Comisión de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional.
66. Fue retirada por solicitud «propia» del servicio mediante el Decreto 640 del 19
de abril de 201726.
24Samai, índice 2, archivo «1_ED_01DEMANDAYANEXOS» página 70.
25 Sic.
26 Samai, índice 2, archivo «1_ED_01DEMANDAYANEXOS» página 93.
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67. Con la Resolución 4173 del 19 de julio de 2017 se le reconoció la asignación
de retiro a partir del 24 de agosto de esa anualidad27.
68. La demandante con escrito del 28 de diciembre de 2020 solicitó a la Policía
Nacional y a Casur el reajuste salarial y de la asignación de retiro,
respectivamente28.
69. Con Oficio S-2021-006405/ ANOPA-GRULI-1.10 del 16 de febrero de 2021 la
dirección de talento humano de la Policía Nacional dio respuesta a la anterior
petición, en el sentido de informarle que los sueldos básicos del personal
uniformado y no uniformado de esa entidad los fijaba anualmente el gobierno
nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 4 de 1992; y que esa área
de nómina solo era competente para liquidar los haberes del personal en servicio
activo, por lo tanto no estaba facultada para realizar reconocimiento de salarios
y/o prestaciones que no estuvieran previstos en las disposiciones legales que
regían la materia29.
70. Casur con Oficio 627296 del 28 de enero de 2021 en respuesta a la solicitud
del 28 de diciembre de 2020, negó el reajuste de la asignación de retiro de la
demandante, toda vez que se encontraba reconocida y liquidada dentro de los
parámetros legales vigentes para la fecha de su retiro.
71. Mediante certificado del DANE se indicó el IPC de los años 1990 a 202130.
2.5. Análisis del caso concreto
72. En el recurso de apelación, se indicó que la asignación básica debía ser
reajustada, por ende, la asignación de retiro, por cuanto la sentencia C-931 de
2004 proferida por la Corte Constitucional, estableció que se debía reconocer la
actualización plena del derecho.
73. La sentencia que sirvió de sustento a la apelación, esto es la C-931 de 2004,
declaró la exequibilidad del artículo 2 de la Ley 848 de 2003 «[p]or la cual se decreta
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004» con las condiciones que se
transcriben:
«Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en cuanto prevé
un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación registrada para el año 2003, a
favor de aquellos servidores públicos que devengan hasta dos salarios legales
mínimos mensuales.
27 Samai, índice 2, archivo «1_ED_01DEMANDAYANEXOS» páginas 71 y 72.
28 Samai, índice 2, archivo «1_ED_01DEMANDAYANEXOS» páginas 73 a 86.
29 Samai, índice 2, archivo «1_ED_01DEMANDAYANEXOS» página 87.
30 Samai, índice 2, archivo «1_ED_01DEMANDAYANEXOS» página 104 a 117.
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Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003 condicionado a
que el Gobierno y el Congreso, al momento definir concretamente cuál será la
limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo real de los salarios de los
servidores públicos que devengan más de dos salarios legales mínimos mensuales,
aplicable en la vigencia presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios
jurisprudenciales recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la
presente Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse
como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para mantener,
en los términos de esta providencia, actualizados los salarios de los servidores
públicos de ingresos medio o altos.
En consecuencia, ORDENA al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que
con carácter urgente, si aún no lo ha hecho, dentro del ámbito de sus competencias,
tomen las medidas necesarias para realizar el pago de los reajustes salariales de todos
los servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la Nación, antes
de que expire la vigencia fiscal del año 2004. Para esos propósitos, deberán efectuarse
las adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire dicha
vigencia fiscal.»
74. En la parte considerativa de la decisión, la Corte Constitucional se detuvo en
los siguientes temas:
74.1. La jurisprudencia precedente en materia de reajuste de los salarios de los
servidores públicos cobijados por la ley anual de presupuesto, concretada en las
sentencias C-815 de 1999, C-1017 de 2003, C-1433 de 2000, C-1064 de 2001,
en las cuales se indicó que la Constitución Política protegió el derecho a mantener
el poder adquisitivo del salario y que ello comprendía que cada año fuera
reajustado para los servidores cobijados por la ley anual de presupuesto. Al
respecto, sostuvo lo siguiente:
«En otras palabras, en la Sentencia C-1064 de 2001 la Corte mantuvo la ratio
decidendi de la C-1433 de 2000, es decir, la consideración según la cual la
Constitución protege el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del
salario y que ello comprende que cada año éste sea reajustado para todos los
servidores cobijados por la ley anual de presupuesto. Pero se apartó de las
consecuencias deducidas de esta premisa en la Sentencia anterior. En consecuencia,
en 2001 no impartió una orden específica contentiva de una fórmula única para
aumentar los salarios de todos los servidores públicos, sino que, tomando como pauta
artículo 187 de la Constitución Política, que señala el criterio para determinar el
aumento salarial de los congresistas acudiendo al promedio ponderado de los salarios
de los servidores de la administración central, diferenció el conjunto de servidores
públicos que por su nivel de salario merecían una protección reforzada, de aquellos
que devengan más y no la requerían. Aquellos cuyo salario fuera menor a dicho
promedio ponderado tenían un derecho “de carácter intangible” a mantener el poder
adquisitivo real, en virtud de la protección constitucional reforzada que la Constitución
dispone a su favor (C.P Art. 334.), de la obligación del Estado de velar la igualdad sea
real y efectiva (C.P Art. 13) y asegurar a todas las personas condiciones de vida digna.
(C.P Art.1). Este primer grupo de trabajadores, dijo la Sentencia C-1064 de 2001, tenía
derecho a que se les aumentara su salario, no sólo nominalmente sino de forma tal
que se mantuviera el poder adquisitivo real del mismo. Para tal efecto debía tenerse
como criterio preponderante la inflación […].»
74.2. Los criterios generales que han fundamentado el conjunto de decisiones en
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lo relativo al derecho constitucional de los servidores públicos a mantener el poder
adquisitivo real del salario son, entre otros: (i) el principio recogido en el artículo
53 de la Constitución Política que debía ser interpretado como un derecho
constitucional de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo; (ii) este no es
absoluto, como no lo es ninguno en el Estado de Derecho, «por lo cual puede ser
limitado más no desmejorado, desconocido o vulnerado»; (iii) «no resultan igualmente
afectados por el fenómeno inflacionario todos los servidores públicos, por lo cual los
límites impuestos al derecho al mantener la capacidad adquisitiva del salario pueden ser
diferentes, según se trate de servidores que devengan salarios bajos, medios, o altos»; y
(iv) a los servidores públicos a quienes se les limite el derecho, «el Estado les debe
garantizar que, dentro de la vigencia del plan de desarrollo de cada cuatrienio,
progresivamente se avance en los incrementos salariales que les corresponden, en forma
tal que se les permita a estos servidores alcanzar la actualización plena de su salario, de
conformidad con las variaciones en el I.P.C.».
75. Con fundamento en lo anterior, la Corte sostuvo que, ante la imposibilidad de
aplicar el parámetro de congelación total de los salarios de los trabajadores de
ingresos medios y altos, se debían tener en cuenta para esa vigencia fiscal [2004],
«a fin de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario», lo
siguiente: i) la existencia un derecho constitucional en cabeza de todos los
servidores públicos a mantener el poder adquisitivo de sus salarios de acuerdo
con el artículo 53 de la CP, y por ende, a que se realicen los ajustes anuales en
proporción igual o superior a la inflación causada el año anterior, sin que sea el
único parámetro que pueda ser tenido en cuenta; ii) el mencionado derecho no es
absoluto, sin embargo, solo puede ser limitado para promover el fin
constitucionalmente imperioso de preservar la estabilidad macroeconómica
reduciendo el gasto en circunstancias de déficit fiscal y elevado endeudamiento
para no afectar el gasto público social; iii) los servidores que perciban salarios
igual o inferiores a 2 smlmv no podrá limitársele su derecho a mantener el poder
adquisitivo de su salario. Por lo tanto, éstos servidores deberán recibir el pleno
reajuste de sus salarios de conformidad con el nivel de inflación registrada en el
año 2003; y (iv) las limitaciones que se imponga a ese derecho constitucional solo
podrá afectar a los servidores públicos que tengan un salario superior a los 2
smlmv, es decir, que su salario podrá ser objeto de ajustes en una proporción
menor a la de la inflación causada en el año 2003.
76. Como se observa, en la sentencia que sirvió de sustento a la apelación, la
Corte Constitucional acudió a las sentencias C-1433 de 2000, C-1064 de 2001 y
se detuvo en la imposibilidad de congelar los salarios de los servidores públicos y
limitar el derecho a mantener el poder adquisitivo de su salario, pero como este
no era absoluto, determinó que aquellos que lo percibieran en cuantía superior a
2 smlmv podían ser objeto de limitación, en razón a que no eran sujetos de
especial protección del Estado.
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77. Sobre tales sentencias, esta Sección31 consideró que el alto tribunal
constitucional, había tomado distancia respecto de los precedentes invocados en
los que señaló un aumento salarial a partir de una fórmula única y específica, por
ejemplo la indexación con base en la inflación del año anterior como criterio
mínimo al estimar que la orden de aplicar una fórmula única y específica de
indexación salarial para cualquier nivel salarial no era compatible con la ratio
decidendi de las sentencias que constituían un precedente inmediato y directo del
fallo C-1433 de 2000. Por lo que, si bien el IPC era una variable económica que
podía ser tenida en cuenta para determinar el aumento anual de los salarios de
los servidores públicos, también lo era que, no constituía la única fórmula aplicable
para ello, pues, en atención al peso de la situación real del país, las finalidades de
la política macroeconómica, la ponderación racional del gasto público entre otras.
78. Así las cosas, considera la Sala que, ciertamente, la Constitución Política y la
ley prevén el deber de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo del
salario, pero no únicamente conforme con la variación porcentual del IPC o la
inflación, pues el gobierno nacional, a través de los decretos que expide
anualmente, puede acudir a otros parámetros.
79. Como en el sub examine no se ha debatido que en las anualidades solicitadas
se hubiese disminuido el salario, sino que debía ser reajustado en los términos de
la sentencia antes mencionada, debe comprenderse que no se vulneró ese
derecho y, como se desempeñó como oficial de la Policía Nacional desde 1994,
al tenor de la aludida sentencia, aquel se podía limitar. Ahora, el hecho de que
esos ajustes se hubieran dispuesto en proporción inferior a la inflación causada
en el año inmediatamente anterior no conlleva por sí mismo a la vulneración de
los derechos de la actora, en razón a que, en la sentencia mencionada, la Corte
Constitucional consideró que este no es «el único parámetro que pueda ser tenido en
cuenta» para esos efectos.
80. Se agrega a lo anterior que, tal como lo sostuvo la entidad demandada, el
único competente para fijar el aumento de los salarios es el gobierno nacional, de
manera que no son las vinculadas a esta litis las que están llamadas a reconocer
un valor mayor del dispuesto por aquel, en virtud del artículo 10 de la Ley 4 de
1992. Al respecto, en la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021, esta
Subsección sostuvo que la asignación básica del personal de la Fuerza Pública
estaba sujeta a los decretos que anualmente expedía el gobierno nacional, en los
que se fijaban las pautas para determinar el monto que devengarían sus miembros
anualmente, impidiendo recurrir a una fuente distinta para realizar el
correspondiente incremento salarial, pues a partir del Decreto 107 de 1996,
quedaron debidamente nivelados los salarios de ese personal.
31 Sentencia del 29 de noviembre de 2020. Expediente 250001-23-42-000-2016-03775-01.
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81. Igualmente, en la sentencia del 25 de agosto de 2022 32 se expuso lo que se
transcribe a continuación:
«En ese sentido, para los años 2004 al 2015 (año de retiro), lapso para el cual el
demandante solicita la reliquidación salarial, el Gobierno nacional, en cumplimiento del
artículo 13 de la Ley 4 de 1992, fijó la escala gradual porcentual para los miembros de
la Fuerza Pública a través de los Decretos 4158 del 2004; 923 del 2005; 407 del 2006;
1515 del 2007; 673 del 2008; 737 del 2009; 1530 del 2010; 1050 del 2011; 842 del
2012; 1017 del 2013; 187 del 2014; y 1028 del 2015.
Así, debido a que para esos periodos el señor José Javier Herrera Velandia era
miembro activo de la Policía Nacional, ya que su retiro definitivo se produjo el 18 de
febrero del 2015, el incremento de su sueldo básico mensual debía atender a las
citadas disposiciones gubernamentales. Por tanto, el desacuerdo con los salarios
fijados debió discutirse a partir del contenido de los mencionados decretos, pues fue
en aquellos en donde se plasmó la voluntad de la administración sobre el particular.
[...]
Ahora, sobre la asignación mensual de los ministros de despacho y su relación con el
salario del señor José Javier Herrera, debe decirse que tales argumentos tampoco
tienen vocación de prosperidad, en atención a que como lo pretendido es discutir el
modo en que el Gobierno nacional ha fijado la remuneración de dichos servidores
públicos, los actos administrativos demandados carecen de la idoneidad necesaria
para estudiar ese aspecto, en tanto no se ocupan del tema concerniente al salario de
los ministros.»
82. Y es que la sentencia supra citada examinó la constitucionalidad de la Ley 848
de 2003 que decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital para el año
2004, de manera que no podría aplicarse a las vigencias anteriores como lo
pretendió la parte actora, máxime si el gobierno nacional incrementó los salarios.
83. Sobre el particular, en la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022 33,
esta Sección sostuvo que «la Corte Constitucional ordenó la actualización plena del
derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos,
en los precisos términos de la consideración jurídica número 3.2.11.8.4, y en este numeral
la Corte no hizo mención a esa actualización histórica como lo indica el demandante»;
asimismo, puntualizó que no eran contrarios a la Constitución los reajustes
salariales de los altos funcionarios con un porcentaje menor al de la inflación,
siempre y cuando no fuera permanente, sino temporal; de ahí que la Corte haya
explicado que «la aludida limitación no es una deuda que adquiere el Estado con los
servidores públicos» y «tampoco es reembolsable al final de un determinado periodo,
porque se trata de un ahorro fiscal para asegurar otros fines y principios constitucionales
de mayor envergadura».
84.En la providencia citada, se examinó la legalidad de los Decretos 4150 de
2004, 916 de 2005 y 372 de 2006 en lo relacionado con el incremento salarial
32 Subsección A, radicación 25000 23 42 000 2019 01059 01 (1103-2021).
33 Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2015-00277-00 (0541-2015).
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Demandante: Sonia Janeth Sánchez Gómez
establecido por el gobierno nacional, para concluir que i) este y el Congreso de la
República cumplieron con las directrices trazadas en las sentencias C-1017 de
2003 y C-931 de 2004 proferidas por la Corte Constitucional, en razón a que, a
partir del año 2004, se aumentó el porcentaje de los funcionarios hasta alcanzar
como incremento uno superior al 100% de la inflación cuando finalizó la vigencia
del Plan de Desarrollo 2003 - 2006; y ii) en los años posteriores a 2005 se
expidieron los decretos en cumplimiento de los lineamientos impuestos por la alta
corporación.
85. En ese orden argumentativo, ha de señalarse que la demandante no tiene
derecho a las diferencias salariales que solicitó; además, como el reajuste de la
asignación de retiro depende de la prosperidad del incremento del salario no hay
lugar a conceder tal petición, en razón a que el régimen de la Fuerza Pública
ordena la aplicación del principio de oscilación. En consecuencia, se confirmará
la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
2.6. Conclusión
86. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda, en razón a que la solicitante no tenía
derecho a que se reajustara la asignación básica devengada en los años 1994 a
2004 y desde el 2005 hasta la fecha de su retiro porque el incremento de la
asignación básica mensual del personal activo de las Fuerzas Militares y de
Policía recae únicamente en el gobierno nacional, de conformidad con la Ley 4 de
1992 y, aunque no se haya establecido en los precisos términos de la inflación,
no puede considerarse que ello vulnere sus derechos laborales.
2.7. Costas
87.La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
88. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
89. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
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Demandante: Sonia Janeth Sánchez Gómez
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma34.
90. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
91. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponer la condena en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del 19 de septiembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la
demanda presentada por Sonia Janeth Sánchez Gómez contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto
34 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Sonia Janeth Sánchez Gómez
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV
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