Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00354-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00354-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00354-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00354-01
Demandante CARLOS AUGUSTO ÁVILA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y
OTRO
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo,
por violación directa de la Constitución, y por desconocimiento del
precedente. Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Reajuste de la asignación de retiro. Índice de Precios al
Consumidor. Sentencia C 931 de 2004. Requisitos generales de
procedibilidad: relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Carlos Augusto Ávila contra el fallo
del 26 de febrero de 2026, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado,
que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Carlos Augusto Ávila, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 21 de enero de 20261, Carlos Augusto Ávila, presentó acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo
del Tolima por considerar que esas autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia al emitir las sentencias del 11 de abril de 2024 y del 10 de abril de 2025,
respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
73001-23-33-000-2020-00271-00-01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la IGUALDAD,
al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a la SEGURIDAD JURÍDICA y a la
REMUNERACIÓN MÓVIL Y VITAL del señor CARLOS AUGUSTO AVILA.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Consejo de Estado (diez
(10) de abril de dos mil veinticinco (2025) y el Tribunal Administrativo del Tolima (once (11)
de abril de dos mil veinticuatro (2024).
TERCERA: ORDENAR a la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que, en
el término perentorio de diez (10) días, PROFIERA UNA NUEVA SENTENCIA de reemplazo
en la que:
1. Reconozca la plena vigencia del Régimen Especial y el principio de Oscilación,
entendiendo que la pérdida de poder adquisitivo acumulada en el salario de los activos
afecta directamente la base de liquidación de los retirados.
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Escrito de tutela radicado a través de la secretaría On Line del aplicativo SAMAI.
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Demandante: Carlos Augusto Ávila
2. Aplique la Excepción de Inconstitucionalidad sobre los decretos de aumento salarial
(1992-2004).
3. Ordene la reliquidación integral de la Asignación de Retiro, saneando la base salarial
de la pérdida inflacionaria acumulada durante el tiempo de servicio del actor, tal como lo
ordenó la Sentencia C-931 de 2004».
2. Hechos
Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Carlos Augusto Ávila ingresó a la Policía Nacional como agente el 1º
de noviembre de 1992 y fue retirado del grado de intendente lo que se
materializó en la resolución 00061 del 14 de enero de 2015.
2.2. Mediante resolución 1667 del 13 de marzo de 2015 la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional reconoció asignación de retiro al actor equivalente
al 81% del sueldo básico de actividad para el grado y partidas legalmente
computables, con efectividad a partir del 14 de abril de 2015.
2.3. El 16 de octubre de 2019 el accionante solicitó tanto a la Policía Nacional como
a la Caja de Sueldos de Retiro el reajuste de la diferencia en su asignación de
retiro a lo cual se dio respuesta negativa por cada una de las entidades así:
▪ La Policía Nacional negó lo pedido por el señor Ávila mediante oficio del
19 de noviembre de 2019 y,
▪ La Caja de Sueldos de Retiro igualmente negó la solicitud mediante oficio
del 29 de enero de 2020.
2.4. Por lo anterior, el señor Carlos Augusto Ávila en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(CASUR), con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos
por los que se negó la solicitud presentada ante las dos entidades en busca
del reajuste de su asignación de retiro.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reliquidara, reajustara
y pagara el incremento equivalente al 2,49% resultante de la diferencia entre
la asignación mensual pagada por la entidad en el año 2004 y la que realmente
correspondía por ajuste de actualización causada en el año 2003 de un oficial
en grado de General o Almirante.
Así mismo, que se ordenara la reliquidación, reajuste y pago del incremento
equivalente al 52,2543% resultante de la diferencia entre el salario pagado por
la entidad desde el año 2005 hasta la fecha de su retiro de la institución.
2.5. Correspondió conocer en primera instancia al Tribunal Administrativo del
Tolima (expediente 73001-23-33-000-2020-00271-00-01) que, en sentencia del 11
de abril de 2024 negó las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que la competencia para efectuar los aumentos anuales de la
asignación básica o sueldos de los miembros activos de la Fuerza Pública
recaía en el Gobierno Nacional quien expedía los decretos correspondientes
conforme a las normas y objetivos contemplados en la Ley 4ª de 1992 y aclaró
que el IPC no era el único indicador o variable económica que podía ser
aplicado para el reajuste de los salarios de los servidores públicos ya que el
ajuste de salarios a partir del mínimo vital y móvil no podía atarse a una fórmula
única y específica, como la indexación.
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En concreto frente a la asignación de retiro dijo que el método de reajuste
utilizado para las liquidaciones de las asignaciones de retiro de los miembros
de las Fuerzas Armadas era el principio de oscilación en el que las
asignaciones de retiro tenían en cuenta la totalidad de las variaciones que en
todo tiempo se introdujeran a las asignaciones que se devengaran en actividad
con base en la escala gradual porcentual decretada por el Gobierno Nacional.
2.6. La decisión se apeló por la parte demandante, hoy accionante.
En segunda instancia el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
en providencia del 10 de abril de 2025 (notificada por correo electrónico el 18 de
julio de 2025), confirmó la decisión del juzgado.
Consideró que la Constitución Política y la ley garantizaban el derecho a
mantener el poder adquisitivo del salario, pero no únicamente conforme con la
variación porcentual del IPC o la inflación ya que el Gobierno Nacional a través
de los decretos que expedía anualmente podía acudir a otros parámetros.
Dijo que el hecho de que los ajustes salariales se hubieran hecho en
proporción inferior a la inflación causada en el año inmediatamente anterior
eso no conllevaba por sí mismo a la vulneración de sus derechos ya que la
Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004 había establecido que ese
no era el único parámetro que debía ser tenido en cuenta para esos efectos y
que el único competente para fijar el aumento de los salarios era el Gobierno
Nacional de manera que las entidades demandadas no estaban llamadas a
reconocer un valor mayor conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 4ª
de 1992.
También mencionó que la mencionada sentencia de la Corte Constitucional
examinó la constitucionalidad de la Ley 848 de 2003 que decretó el
presupuesto de rentas y recursos de capital para el año 2004, de manera que
no podía aplicarse a las vigencias anteriores como lo pretendía la parte actora,
máxime si el Gobierno Nacional había incrementado los salarios.
Finalmente concluyó que el reajuste de la asignación de retiro dependía de la
prosperidad del incremento del salario y que el régimen de la fuerza pública
ordenaba la aplicación del principio de oscilación.
3. Fundamentos de la acción
El accionante consideró que al proferir las sentencias del 11 de abril de 2024 y del
10 de abril de 2025 el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, respectivamente, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 73001-23-33-000-2020-00271-00-01,
incurrieron en los defectos sustantivo, por violación directa de la Constitución
Política y por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Las razones fueron
las siguientes:
3.1. Defecto sustantivo. Que sustentó en el desconocimiento del régimen
especial de la Fuerza Pública, lo que en su criterio trajo como consecuencia
que el actor fuera sometido a una situación de inferioridad.
Dijo que si bien se daba aplicación al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, esto
no resultaba tan cierto ya que se utilizaba la norma para corregir la inflación
año a año después del retiro, pero que se negaban a corregir la pérdida
estructural de la base salarial ocurrida antes del retiro y sostuvo que si el
salario estaba viciado por la pérdida del poder adquisitivo de forma acumulada
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a causa de los decretos dictados en el periodo 1992 a 2004 el sistema de
oscilación trasmitía esa pérdida al retirado.
Se refirió a la sentencia C 931 de 2004 de la Corte Constitucional en la que se
indicaba que era necesario actualizar el salario, no como un beneficio hacia el
futuro, sino como un reconocimiento judicial y agregó que si el salario de quien
se encontraba activo debía ser corregido por mandato constitucional, la
mesada del retirado también debía reflejar la misma corrección.
3.2. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Dijo que el
Consejo de Estado fundamentó su decisión en una norma contraria a la
Constitución y que fundamentó su negativa en la presunción de legalidad de
los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional entre 1992 y 2002
sin dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el
artículo 4° de la Constitución Política.
Advirtió que se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política que
consagra el derecho a la remuneración mínima vital y móvil, aspecto que no
fue tenido en cuenta y dijo que se legitimó el enriquecimiento sin causa del
Estado a costa de su patrimonio.
3.3. Defecto por desconocimiento del precedente. En su criterio la autoridad
judicial accionada de segunda instancia desconoció la ratio decidendi y los
efectos erga omnes de la sentencia C 931 de 2004 de la Corte Constitucional,
pese a que esa providencia estableció que el Estado tenía la obligación de
subsanar el déficit acumulado y se refirió a las bonificaciones no salariales
como las de los ministros y generales que constituían un fraude al mandato de
la Corte que había ordenado la actualización de la base salarial y no la entrega
de lo que denominó auxilios periféricos ya que esto iba en pro del
enriquecimiento sin causa del Estado.
Manifestó que al no darse aplicación a este precedente «el Consejo de Estado
está desconociendo la fuerza vinculante de la interpretación constitucional sobre el
artículo 53 superior», y manifestó que su situación pensional se liquidó sobre
una base inconstitucional lo que se reiteraba mes a mes con cada pago que le
hacían.
Explicó que si para el año 2005 y 2006 hubiera estado activo hubiera existido
la obligación de pagarle la actualización plena de manera retroactiva (1992-
2004) de modo que la única diferencia era la fecha de su retiro y dijo que era
errado que se considerara que la sentencia C 931 de 2004 no ordenó una
actualización plena sino que protegió los salarios inferiores.
Dijo que, en el recurso de apelación solicitó la inaplicación de los efectos inter
partes de los decretos anuales «hasta que se determine la correcta actualización
plena» y que al respecto el Consejo de Estado despachó esa solicitud
indicando que no se logró acreditar que esos decretos estuvieran viciados de
nulidad, respuesta que consideró insuficiente y constitutiva de un defecto
sustantivo.
Agregó que «Al negarse a realizar el control de constitucionalidad difuso sobre esos
decretos, el juez natural renunció a su función de garante de la Carta Política,
permitiendo que normas inferiores (decretos) prevalezcan sobre normas superiores
(Art. 53 C.P.)».
Por último, se refirió a la imprescriptibilidad de los derechos humanos laborales
conforme al artículo 7 del Protocolo de San Salvador y el artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y agregó que la acción de
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tutela era el último recurso ante la jurisdicción interna y que de darse una
decisión adversa se activaría la competencia de las instancias internacionales.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 27 de enero de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción
de tutela interpuesta por el señor Carlos Augusto Ávila contra el Tribunal
Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B; (ii) ordenó la notificación de las partes y, (iii) como terceros con
interés Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), (parte demandada en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho).
4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B por conducto del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, indicó que lo que buscaba el
actor era pretender que la tutela se convirtiera en una instancia adicional con
el fin de insistir en los argumentos que habían sido resueltos de manera
suficiente por el juez natural y agregó que ese no era el propósito de la acción
constitucional, razón por la que pidió se negaran las pretensiones de la
demanda de tutela.
4.3. La Policía Nacional quien actuó por conducto de apoderada judicial indicó
que no se advertía la trasgresión de derechos fundamentales, que las
decisiones contenidas en los actos administrativos objeto de la controversia
estaban revestidos de presunción de legalidad y agregó que no existía un
perjuicio irremediable que hiciera procedente la tutela al menos de manera
transitoria, pues que consultada la base de datos se advertía que el accionante
actualmente percibía asignación de retiro, motivo por el que solicitó se negaran
las pretensiones de la demanda.
4.4. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) se pronunció
por conducto de la jefe de la oficina asesora jurídica quien manifestó que se
respetó el debido proceso en la actuación judicial y que la parte accionante
ejerció su derecho de defensa.
Consideró que lo pretendido por la parte actora era pretender que la tutela
fuera considerada como una tercera instancia, razón por la que pidió se
declarara improcedente la acción y, en caso de un estudio de fondo se negaran
las pretensiones de la demanda ante la inexistencia de vulneración de
derechos fundamentales.
4.5. Tribunal Administrativo del Tolima, allegó el enlace de acceso al expediente
ordinario; no se pronunció en relación con el fondo del asunto.
5. Providencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera mediante sentencia del 26 de febrero de
2026 declaró improcedente la acción de tutela.
Consideró que no cumplía con el requisito de la relevancia constitucional al
pretender el actor que se convirtiera en una instancia adicional con el fin de
controvertir nuevamente la decisión adoptada por el juez natural.
Dijo que lo pretendido era reabrir el debate que se surtió en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ya que su inconformidad estaba encaminada a discutir
lo resuelto por las autoridades judiciales accionadas con el fin de insistir que sí tenía
derecho a la reliquidación integral de la asignación de retiro, lo cual ya había sido
objeto de debate.
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Finalmente sostuvo que la providencia cuestionada había resuelto los puntos objeto
de la litis y el debate había culminado con la decisión de segunda instancia sin que
fuera posible que el juez de tutela entrara a pronunciarse sobre aspectos propios
del debate ordinario analizados y resueltos por el juez natural.
6. Impugnación
El accionante impugnó la decisión de primera instancia.
Manifestó su desacuerdo con la decisión pues sostuvo que no se trataba de un
simple debate económico de reajustes anuales sino de la eficacia y supremacía de
las órdenes emitidas por la Corte Constitucional como lo era la sentencia C 931 de
2004.
Reiteró los argumentos de la tutela enfatizando en el desconocimiento del
precedente, en la ruptura del principio de oscilación, en la violación directa de la
Constitución Política y consideró que el asunto debía ser estudiado de fondo
garantizando la primacía de lo sustancial sobre las formalidades.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
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una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
Si bien la parte actora cuestiona la decisión de primera instancia emitida por el
Tribunal Administrativo del Tolima y la decisión de segunda instancia del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el estudio debe hacerse a partir de
esta última providencia, pues en relación con la decisión del tribunal la parte actora
tuvo la oportunidad de interponer recurso de apelación como en efecto ocurrió y fue
lo que dio lugar a la decisión de cierre.
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si asistió razón al Consejo
de Estado, Sección Primera en declarar improcedente la presente acción por no
estar acreditado el requisito de la relevancia constitucional.
De encontrarse acreditado el mencionado requisito y los demás requisitos de
procedencia, corresponderá a la Sala determinar si al emitir la providencia del 10 de
abril de 2025 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-
23-33-000-2020-00271-00-01, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
incurrió en los defectos sustantivo, por violación directa de la Constitución Política y
por desconocimiento del precedente en los términos propuestos por la parte actora.
4. Alcance del requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores:
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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales.
5. Análisis del caso concreto
5.1. La Sala anticipa que deberá confirmarse la decisión de primera instancia al no
estar acreditado el requisito de la relevancia constitucional en la medida que
la parte actora busca que esta acción se convierta en un mecanismo adicional
para prolongar la discusión que ya fue conocida y resuelta por el juez natural.
A esta conclusión se llega luego de verificar que los argumentos que presentó
el accionante en el escrito de tutela y de impugnación, guardan gran similitud
con el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Como se
analizará a continuación.
Se advierte que los planteamientos propuestos por el actor en el recurso de
apelación presentado contra la sentencia del 11 de abril de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima se centraron en la interpretación errónea
de la sentencia C 931 de 2004 en la cual se mencionó el derecho de los
servidores públicos a mantener el poder adquisitivo del salario, así como el
sistema de oscilación del que gozaban las asignaciones de retiro y pensiones
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de la Fuerza Pública y que conllevaba a la aplicación del sistema salarial, su
concepción y desarrollo legal y normativo.
Dijo que conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, debía
evidenciarse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996 el desarrollo de la
política económica y social que tenía como finalidad nivelar la remuneración
del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los
principios establecidos en el artículo 2 de la mencionada ley para lo cual debía
establecerse una escala gradual porcentual, escala que aunque se consolido
parcialmente en el año de 1996 con el Decreto 107 de 1996, había tenido su
génesis en los artículos 15 del Decreto 921 de 1992, 2 de los Decretos 25 de
1993, 65 de 1994 y 133 de 1995 que se referían a una relación de dependencia
del Sueldo Básico de un oficial en el grado de General o Almirante en
referencia a la asignación básica y los gastos de representación de un Ministro
del Despacho ejecutivo.
Mencionó el principio de favorabilidad consagrado en los artículos 48 y 53 de
la Constitución Política que fijaban no solo el derecho a mantener el poder
adquisitivo de los salarios y de las pensiones, sino la garantía por parte del
Estado del restablecimiento del derecho cuando este se viese limitado o
restringido en un periodo de tiempo.
Sostuvo que predicar la legalidad del acto administrativo cuyo sustento estaba
basado en los decretos salariales por medio de los cuales se han ajustado las
asignaciones de la Fuerza Pública, obligaba a inaplicar por
inconstitucionalidad e ilegalidad por vía de excepción los decretos salariales
con los cuales se fijaban las remuneraciones del Ministro del Despacho y de
los miembros de la Fuerza Pública, expedidos en el año 2004 y subsiguientes.
5.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en providencia del 10
de abril de 2025 luego de verificar lo expuesto en la sentencia C 931 de 2004
y las normas aplicables de cara a lo probado en el expediente, resolvió el
problema jurídico de la siguiente manera:
«64. Así las cosas, considera la Sala que, ciertamente, la Constitución Política y la ley prevén
el deber de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, pero no
únicamente conforme con la variación porcentual del IPC o la inflación, pues el gobierno
nacional, a través de los decretos que expide anualmente, puede acudir a otros parámetros.
65. Como en el sub examine no se ha debatido que en las anualidades solicitadas se hubiese
disminuido el salario, sino que debía ser reajustado en los términos de la sentencia antes
mencionada, debe comprenderse que no se vulneró ese derecho y, como se desempeñó como
subintendente jefe de la Policía Nacional, al tenor de la misma sentencia, aquel se podía
limitar.
Ahora, el hecho de que esos ajustes se hubieran dispuesto en proporción inferior a la inflación
causada en el año inmediatamente anterior no conlleva por sí mismo a la vulneración de los
derechos del actor, en razón a que, en la sentencia mencionada, la Corte Constitucional
consideró que este no es «el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta» para esos
efectos.
66. Agregase a lo anterior que, tal como lo sostuvo la entidad demandada, el único competente
para fijar el aumento de los salarios es el gobierno nacional, de manera que no son las
vinculadas a esta litis las que están llamadas a reconocer un valor mayor del dispuesto por
aquel, en virtud del artículo 10 de la Ley 4 de 1992.
Al respecto, en la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021, esta Subsección sostuvo
lo siguiente:
[…]
67. Igualmente, en la sentencia del 25 de agosto de 2022 5 se expuso lo que se transcribe a
continuación:
5
Subsección A, radicación 25000 23 42 000 2019 01059 01 (1103-2021).
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00354-01
Demandante: Carlos Augusto Ávila
[…]
68. Y es que la sentencia supra citada examinó la constitucionalidad de la Ley 848 de 2003
que decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital para el año 2004, de manera que
no podría aplicarse a las vigencias anteriores como lo pretendió la parte actora, máxime si el
gobierno nacional incrementó los salarios.
69. Sobre el particular, en la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022 6, esta Sección
sostuvo que «la Corte Constitucional ordenó la actualización plena del derecho a mantener el
poder adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos, en los precisos términos de
la consideración jurídica número 3.2.11.8.4, y en este numeral la Corte no hizo mención a esa
actualización histórica como lo indica el demandante»; asimismo, puntualizó que no eran
contrarios a la Constitución los reajustes salariales de los altos funcionarios con un porcentaje
menor al de la inflación, siempre y cuando no fuera permanente, sino temporal; de ahí que la
Corte haya explicado que «la aludida limitación no es una deuda que adquiere el Estado con
los servidores públicos» y «tampoco es reembolsable al final de un determinado periodo,
porque se trata de un ahorro fiscal para asegurar otros fines y principios constitucionales de
mayor envergadura».
70. En la misma providencia citada, se examinó la legalidad de los Decretos 4150 de 2004,
916 de 2005 y 372 de 2006 en lo que concernía al incremento salarial establecido por el
gobierno nacional, para concluir que (i) este y el Congreso de la República cumplieron con las
directrices trazadas en las sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004 proferidas por la Corte
Constitucional, en razón a que, a partir del año 2004, se aumentó el porcentaje de los
funcionarios hasta alcanzar como incremento uno superior al 100% de la inflación cuando
finalizó la vigencia del Plan de Desarrollo 2003 - 2006; y (ii) en los años posteriores a 2005 se
expidieron los decretos en cumplimiento de los lineamientos impuestos por la alta corporación.
71. En ese orden argumentativo, ha de señalarse que el demandante no tiene derecho a las
diferencias salariales que solicitó; además, como el reajuste de la asignación de retiro depende
de la prosperidad del incremento del salario, no hay lugar a conceder dicha petición, en razón
a que el régimen de la Fuerza Pública ordena la aplicación del principio de oscilación. En
consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda».
5.3. El señor Carlos Augusto Ávila insistió en los argumentos presentados en el
recurso de alzada, ahora al amparo de los presuntos defectos sustantivo, por
violación de la Constitución Política y por desconocimiento del precedente,
concretamente en el desconocimiento del régimen especial de la Fuerza
Pública, lo que en su criterio trajo como consecuencia que el actor fuera
sometido a una situación de inferioridad.
Sostuvo que si el salario estaba viciado por la pérdida del poder adquisitivo de
forma acumulada a causa de los decretos dictados en el periodo 1992 a 2004
el sistema de oscilación trasmitía esa pérdida al retirado, hizo mención a la
sentencia C 931 de 2004 de la Corte Constitucional en la que se indicaba que
era necesario actualizar el salario, no como un beneficio hacia el futuro, sino
como un reconocimiento judicial y agregó que si el salario de quien se
encontraba activo debía ser corregido por mandato constitucional, la mesada
del retirado también debía reflejar la misma corrección.
De otra parte, censuró que la providencia partiera de la presunción de
legalidad de los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional entre
1992 y 2002 sin dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad
consagrada en el artículo 4° de la Constitución Política y advirtió que se
desconoció el artículo 53 de la Constitución Política que consagra el derecho
a la remuneración mínima vital y móvil, aspecto que no fue tenido en cuenta y
dijo que se legitimó el enriquecimiento sin causa del Estado a costa de su
patrimonio.
Insistió en el desconocimiento de la ratio decidendi y los efectos erga omnes
de la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, pese a que esa
6
Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2015-00277-00 (0541-2015).
10
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00354-01
Demandante: Carlos Augusto Ávila
providencia estableció que el Estado tenía la obligación de subsanar el déficit
acumulado y se refirió a las bonificaciones no salariales como las de los
ministros y generales que constituían un fraude al mandato de la Corte que
había ordenado la actualización de la base salarial y no la entrega de lo que
denominó auxilios periféricos ya que esto iba en pro del enriquecimiento sin
causa del Estado.
Dijo que, justamente en el recurso de apelación solicitó la inaplicación de los
efectos inter partes de los decretos anuales «hasta que se determine la correcta
actualización plena» y que al respecto el Consejo de Estado despachó esa
solicitud indicando que no se logró acreditar que esos decretos estuvieran
viciados de nulidad, respuesta que consideró insuficiente y constitutiva de un
defecto sustantivo.
5.4. De acuerdo con lo anterior, encuentra la Sala que la acción de tutela de la
referencia no supera el requisito de la relevancia constitucional, pues se está
usando para insistir en los planteamientos que ya fueron propuestos ante el
juez natural, con el fin de reabrir el debate judicial y cuestionar el sentido de la
decisión del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y para alegar
la vulneración de sus derechos al no ser reajustada su asignación de retiro con
base en el IPC, teniendo en cuenta que los incrementos salariales del personal
de la Policía Nacional habían sido determinados de manera privativa por el
Gobierno nacional conforme a la Ley 4 de 1992, lo que en su criterio aseguraba
una desigualdad, situación que, a su juicio, contravenía el principio de igualdad
y el debido proceso.
En consecuencia, como se ha expuesto, aunque en la presente acción de
tutela se argumenta que la providencia cuestionada vulneró derechos
fundamentales al incurrir en un defecto sustantivo, por violación directa de la
Constitución y por desconocimiento del precedente, lo cierto es que la parte
actora pretende utilizar este mecanismo constitucional para reiterar los mismos
planteamientos que ya fueron debatidos y resueltos en el proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho. Dichos argumentos fueron analizados
por el juez natural, quien no solo los desestimó, sino que además explicó de
manera detallada las razones jurídicas y técnicas que sustentaban la legalidad
y razonabilidad de la decisión adoptada por la Policía Nacional y la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, decisión que finalmente fue
desfavorable a la parte actora y por lo que insiste en los mismos argumentos
ahora a través de este mecanismo constitucional.
5.5. De acuerdo con lo anterior no se precisa la intervención del juez constitucional
en la esfera de autonomía del juez natural de la causa, para revaluar los
fundamentos que lo llevaron a adoptar la decisión en concreto. Esto, en la
medida que no se advierte prima facie una afectación de las garantías
fundamentales de la parte actora de conformidad con la providencia
reprochada y, es posible concluir que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, como juez natural resolvió los planteamientos de la parte
actora.
Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales «la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios»,
pues la competencia del juez de tutela se restringe «a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales» 7.
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
11
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Demandante: Carlos Augusto Ávila
Por último, no debe olvidarse, que tratándose de providencias judiciales
proferidas por altas Cortes (quienes cumplen la función de unificar jurisprudencia y
actuar como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la
configuración de un error en la providencia judicial acusada que haga que esta
riña de manera abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con
la jurisprudencia constitucional. Lo cual no acontece en el sub examine.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la presente acción, al no encontrarse satisfecho el requisito
de relevancia constitucional
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Carlos
Augusto Ávila, conforme lo expuesto en precedencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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