Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00358-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00358-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00358-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00358 01 (3394-2024)
Demandante: Boris Borman Fonseca Reita
Demandado: Nación (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Caja de
Sueldo de Retiro de las Fuerzas Militares)
Tema: Reliquidación de asignación de retiro. Reajuste de
asignación salarial básica. Principio de oscilación.
Inaplicabilidad de la sentencia C-931 de 2004 expedida por
la Corte Constitucional.
Decisión: Se confirma sentencia que niega pretensiones porque en el
momento en que se realizaron los reajustes a las
asignaciones de retiro a los miembros de la Fuerza Pública
el demandante se hallaba en servicio activo recibiendo
salarios.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 26 de enero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo mediante el cual el
Ejército Nacional y, en lo pertinente, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL), negaron la reliquidación de su salario, prestaciones sociales,
cesantías y asignación de retiro, al no reconocer la pérdida del poder adquisitivo
del salario generada entre los años 1992 y 2004.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a las entidades
demandadas reliquidar, reajustar y pagar el incremento equivalente al 2,49 %,
correspondiente a la diferencia entre la asignación mensual efectivamente
percibida durante los meses de enero a diciembre de 2004 y la que, según su
postura, debía reconocerse por efecto de la actualización conforme a la inflación
causada en el año 2003, actualización que habría impactado la asignación básica
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del grado de General o Almirante, utilizada como referente normativo dentro de
la escala gradual porcentual prevista en el artículo 13 de la Ley 4.ª de 1992.
3. De igual manera, solicitó que se disponga reliquidar, reajustar y pagar el
incremento equivalente al 52,2543 %, correspondiente a la diferencia entre la
asignación mensual percibida desde enero de 2005 y hasta la fecha de su retiro
del servicio, conforme a los decretos salariales expedidos por el Gobierno
nacional, y aquella que debía reconocerse por concepto de actualización plena,
con base en la inflación acumulada y causada entre los años 1992 y 2004, la cual
habría afectado la asignación básica del grado de General o Almirante y, por esa
vía, los salarios del personal uniformado sometido a la escala gradual porcentual.
4. Así mismo, pidió que se declare la pérdida del poder adquisitivo de los
salarios del personal de la Fuerza Pública durante los períodos referidos y, como
consecuencia de dicha declaratoria, se condene a las entidades demandadas al
pago de perjuicios materiales y extrapatrimoniales, incluyendo lucro cesante,
daño emergente, intereses legales, intereses moratorios y sanción moratoria por
el pago tardío o desactualizado de las cesantías, además de la imposición de
costas y agencias en derecho, el reconocimiento de pretensiones extra y ultra
petita y el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 189 a 195 del
CPACA.
5. Como sustento fáctico de sus pretensiones, el demandante señaló que
ingresó al Ejército Nacional el 1.º de diciembre de 1990, en el grado de
subteniente, quedando sometido al régimen salarial y prestacional especial
derivado de la Ley 4.ª de 1992 y de las normas que la desarrollan, particularmente
aquellas que establecieron la escala gradual porcentual para la remuneración del
personal de la Fuerza Pública.
6. Indicó que, si bien el Gobierno expidió de manera sucesiva diversos
decretos salariales mediante los cuales se ajustaron las asignaciones básicas,
primas, gastos de representación, subsidios y bonificaciones del personal
uniformado y de los ministros del despacho, dichos incrementos no garantizaron
la actualización plena del poder adquisitivo real del salario, en especial durante
el período comprendido entre 1992 y 2004, al resultar inferiores a la inflación
causada en varias anualidades, situación que consideró contraria a los
parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional, en particular la sentencia
C-931 de 2004.
7. Afirmó que, pese a la evolución normativa en materia salarial y a los
ajustes introducidos por el Gobierno Nacional, no se corrigió de manera integral
la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los años mencionados ni se
materializó plenamente el objetivo de nivelación salarial previsto en el artículo 13
de la Ley 4ª de 1992, lo cual repercutió tanto en las asignaciones del personal en
servicio activo como en las asignaciones de retiro del personal retirado de la
Fuerza Pública.
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8. Expuso que fue retirado del servicio activo el 5 de enero de 2020, en el
grado de coronel, y que su asignación de retiro fue reconocida por CREMIL con
fundamento en los valores consignados en su hoja de servicios, sin que se
hubieran aplicado los ajustes derivados de la actualización plena del poder
adquisitivo acumulado entre 1992 y 2004, razón por la cual solicitó también la
reliquidación de dicha prestación.
9. Finalmente, sostuvo que, desde el año 2004 y hasta la fecha de su
desvinculación del servicio, sus haberes salariales, prestacionales y de retiro
fueron liquidados sin aplicar los ajustes necesarios para compensar la pérdida
del poder adquisitivo generada en el período comprendido entre 1992 y 2004,
circunstancia que motivó la interposición del presente medio de control, así como
la solicitud de inaplicación por vía de excepción de los decretos salariales
expedidos a partir de 2004, por considerarlos contrarios a la Constitución y a la
jurisprudencia constitucional.
Contestación de la demanda
10. CREMIL solicitó negar las pretensiones, al considerar que no existe un
derecho jurídico que obligue a reliquidar la asignación mensual ni la asignación
de retiro del actor con base en el IPC acumulado para el período comprendido
entre 1992 a 2004. Además, precisó que los actos administrativos cuestionados
se ajustan al régimen legal vigente, razón por la cual conservan su presunción
de legalidad.
11. Por su parte, alegó la prescripción del derecho reclamado, indicando que
las solicitudes de reajuste salarial y prestacional fueron presentadas cuando ya
había transcurrido el término legal para hacerlo, lo que impide reconocer pagos
con efectos retroactivos, máxime cuando se pretende extenderlos a períodos
muy anteriores al reconocimiento de la asignación de retiro.
12. De igual forma, sostuvo que no es procedente ordenar reliquidaciones con
efectos retroactivos, en tanto el demandante se encontraba en servicio activo
entre 1992 y 2004, y las reglas salariales de dicho período no generan
automáticamente efectos sobre la asignación de retiro, la cual debe regirse por
la normatividad vigente al momento del retiro.
13. Finalmente, afirmó que la asignación de retiro fue correctamente
reconocida en 2020, sin que exista obligación de modificar su base de liquidación
por supuestas afectaciones salariales anteriores, y propuso la excepción de
inexistencia del derecho o cobro de lo no debido, reiterando que la entidad carece
de competencia para crear o reconocer reajustes no previstos por el Gobierno
Nacional, so pena de vulnerar el principio de legalidad.
14. La Nación (Ministerio de Defensa) no contestó la demanda.
Sentencia apelada
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15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, profirió sentencia de primera instancia el 26 de enero de 2024,
mediante la cual negó la totalidad de las pretensiones de la demanda, al concluir
que los actos administrativos acusados no desconocieron el ordenamiento
constitucional ni legal y conservan su presunción de legalidad.
16. Para arribar a dicha decisión, la Sala precisó que al demandante se le
reconoció la asignación de retiro a partir del 5 de enero de 2020, en virtud de la
Resolución No. 10513 del 21 de octubre de 2019, en cuantía del 95 % del sueldo
básico correspondiente a su grado, liquidada conforme a las partidas legalmente
computables y al régimen especial aplicable a los miembros de la Fuerza Pública,
el cual se encuentra regido por la Ley 4ª de 1992, la Ley 923 de 2004 y el Decreto
4433 de 2004.
17. En ese contexto, sostuvo que el oficial no tenía derecho al reajuste de su
asignación salarial ni de su asignación de retiro con fundamento exclusivo en el
Índice de Precios al Consumidor (IPC), toda vez que el derecho constitucional a
mantener el poder adquisitivo del salario no es absoluto, ni implica la obligación
de realizar una actualización histórica acumulada de los salarios o prestaciones
causadas entre 1992 y 2004.
18. Al respecto, explicó que la Corte Constitucional, en las sentencias C-1017
de 2003 y C-931 de 2004, no ordenó la reliquidación retrospectiva de salarios ni
asignaciones, y que el Consejo de Estado, en sentencia de 10 de noviembre de
20221, concluyó que el Gobierno Nacional cumplió las directrices constitucionales
al expedir los decretos salariales posteriores a 2004, sin que se configure una
deuda a cargo del Estado por eventuales diferencias frente a la inflación.
19. Así mismo, el a quo indicó que durante el período comprendido entre 1997
y 2004 el demandante ostentaba la condición de miembro activo del Ejército
Nacional, razón por la cual los incrementos de su asignación básica salarial
debían efectuarse conforme a la escala gradual porcentual fijada anualmente por
el Gobierno Nacional, y no con base en el IPC, el cual resulta aplicable, en los
términos de la Ley 238 de 1995, únicamente a las asignaciones de retiro.
20. En consecuencia, precisó que no era jurídicamente viable trasladar al
período de servicio activo los mecanismos de reajuste propios de las
prestaciones de naturaleza pensional, ni extender sus efectos a la asignación de
retiro reconocida con posterioridad, la cual se rige por el principio de oscilación
vigente desde la expedición del Decreto 4433 de 2004.
21. Finalmente, la Sala resolvió no imponer condena en costas ni en agencias
en derecho, al considerar que, si bien la parte demandante resultó vencida en el
proceso, no se acreditó temeridad ni mala fe en el ejercicio del derecho de acción,
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
proferida el 10 de noviembre de 2022, dentro del expediente 11001 03 25 000 2015 00277 00 (0541-2015),
con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas.
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y que la controversia se sustentó en una interpretación jurídica razonable de
normas y precedentes que han sido objeto de debate judicial, por lo cual no se
configuraron los presupuestos previstos en los artículos 188 del CPACA y 365
del Código General del Proceso.
Recurso de apelación
22. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando su revocatoria integral y el consecuente acceso a
las pretensiones deprecadas.
23. Sostuvo que el Tribunal incurrió en un desconocimiento directo de la
Constitución Política, de la Ley 4ª de 1992, del régimen salarial especial de la
Fuerza Pública y, de manera principal, del precedente constitucional vinculante
fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004, el cual reconoció
la existencia de una pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los servidores
públicos de ingresos medios y altos y ordenó su corrección mediante un
incremento del 2,49 % para el año 2004 y la actualización plena del salario a
partir del año 2005, con base en la inflación acumulada y causada entre 1992 y
2004, mandato que consideró incumplido tanto por el Gobierno Nacional como
por el juez de primera instancia.
24. Afirmó que el a quo aplicó de manera errada precedentes de la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo, sin armonizarlos con la regla jurisprudencial
introducida por la sentencia C-931 de 2004, desconociendo además la estructura
normativa del régimen especial de la Fuerza Pública, en virtud de la cual la
asignación básica del grado de General o Almirante —referente de la escala
gradual porcentual— depende directamente de la asignación básica y los gastos
de representación del ministro del despacho.
25. En ese sentido, afirmó que la falta de actualización plena de dichos
factores salariales durante el período 1992–2004 repercutió necesariamente en
toda la escala salarial del personal uniformado, razón por la cual solicitó la
inaplicación, con efectos inter partes, de los decretos salariales expedidos a partir
de 2004, por considerarlos contrarios al mandato constitucional y generadores de
un defecto sustantivo en la sentencia apelada.
26. Finalmente, adujo que la sentencia incurrió en un grave defecto por falta
de valoración probatoria, al omitir el análisis de pruebas documentales
determinantes oportunamente aportadas y decretadas, en especial los oficios del
Departamento Administrativo de la Función Pública, las tablas explicativas, las
series históricas salariales y los cuadros comparativos de IPC, los cuales
demostraban de manera objetiva y técnica la pérdida progresiva y acumulada del
poder adquisitivo de los salarios entre 1992 y 2004.
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II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
27. Mediante auto del 19 de septiembre de 20242 se admitió el recurso de
apelación y se le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de
dicha providencia para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio
Público que disponía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho
para fallo para emitir concepto.
28. El Ministerio Público emitió concepto solicitando que se confirme el fallo
impugnado, bajo el argumento de que el demandante fue retirado del servicio y
se le reconoció la asignación de retiro a partir del 5 de enero de 2020, por lo que
está claro que con anterioridad a esa fecha no hay derecho a ningún ajuste con
base en el IPC, puesto que sus salarios debieron ser reajustados con arreglo a
los decretos salariales expedidos por el Gobierno dentro del término de
prescripción correspondiente.
29. La entidad demandada guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
30. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
31. Conforme con los reparos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a esta Sala determinar si el demandante —quien ingresó al disfrute
de la asignación de retiro en 2020 y se desempeñó como coronel del Ejército
Nacional— tiene derecho a reclamar la corrección de la presunta pérdida del
poder adquisitivo de los salarios devengados en servicio activo entre 1992 y
2004, con fundamento en la Ley 4ª de 1992 y en la sentencia C-931 de 2004, y
si tales ajustes pueden proyectarse sobre la reliquidación de su asignación de
retiro.
Análisis del problema jurídico
32. La Sala considera que la parte demandante no tiene derecho al reajuste
de los salarios percibidos entre 1992 y 2004, ni a la reliquidación de las
asignaciones de retiro causadas con posterioridad. En consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia, de conformidad con las
consideraciones que se desarrollarán a continuación.
2 Índice 9 de SAMAI del Consejo de Estado.
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33. Para abordar este tema, es menester precisar que la asignación de retiro
del personal de las Fuerzas Militares y de Policía ha tenido un sistema de
actualización distinto al que se ha establecido de manera general para las
pensiones de los servidores públicos y trabajadores del sector privado. Este
sistema es conocido como el principio de oscilación, que establece una relación
de dependencia entre las asignaciones que perciben los miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo y aquellos que se encuentran en retiro, quienes
disfrutan de prestaciones como la asignación de retiro, pensiones por invalidez o
pensiones de sobrevivientes3.
34. En este sentido, es evidente que el reajuste de las asignaciones de retiro
no depende del porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido
por el artículo 14 de Ley 100 de 19934, sino que está determinado por el
porcentaje de incremento en el salario de los miembros activos de la Fuerza
Pública.
35. Se debe resaltar que esta Sala5 ha sostenido de manera pacífica que,
conforme al artículo 4 de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional tiene la
obligación de modificar anualmente el sistema salarial de los servidores
mencionados en los literales a, b y c del artículo 1.° de dicha norma, que incluye
a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, sin distinción de sector,
denominación o régimen jurídico; así como a los empleados del Congreso
Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación,
la Organización Electoral, la Contraloría General de la República y la Fuerza
Pública.
36. Además, el artículo 13 de la misma ley establece que el Gobierno Nacional
deberá implementar una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración
del personal activo y retirado de la Fuerza Pública, de acuerdo con los principios
establecidos en la norma.
37. Por lo tanto, la Ley 4ª de 1992, en sus artículos 4 y 13, no establece
condiciones específicas sobre el porcentaje de incremento anual de los salarios,
sino que impone esta obligación al Gobierno Nacional, lo cual significa que no
proporciona un fundamento normativo para exigir que la asignación salarial se
incremente anualmente en un porcentaje igual o superior al IPC.
38. En el expediente obra la hoja de servicios No. 3-17339885 del 11 de
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de septiembre de 2024, rad. 25000
23 42 000 2021 00692 01 (6519-2023), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
4 Ley 100 de 1993: «ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de
vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del
sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de
oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor,
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. […]»
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, rad. 50001-23-
33-000-2016-00116-01 (0278-2023), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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octubre de 2019, expedida por la Dirección de Personal del Ejército Nacional6.
En dicho documento consta que el demandante ingresó a la entidad como oficial
el 1.° de diciembre de 1990 y que se desvinculó del servicio activo el 5 de octubre
de 2019, fecha para la cual ostentaba el grado de coronel.
39. También obra copia del Decreto 1414 del 6 de agosto de 20197, emitido
por el ministro de Defensa, a través del cual se retiró del servicio al demandante,
a partir del 5 de octubre de 2019, y se concedió un alta por 3 meses, contados
desde la fecha de retiro (hasta el 5 de enero de 2020).
40. De igual forma, a través de la 10513 del 21 de octubre de 20198, el director
general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconoció y ordenó pagar al
demandante una asignación mensual de retiro equivalente al 95% del sueldo
básico de actividad correspondiente al grado y partidas computables, con cargo
al presupuesto de la misma entidad y efectiva a partir del 5 de enero de 2020.
41. Así, para el período comprendido entre 1992 y 2004, que el demandante
invoca como base de la presunta pérdida acumulada del poder adquisitivo, y para
el lapso comprendido entre enero de 2005 y el 5 de enero de 2020, respecto del
cual pretende efectos económicos, el Gobierno Nacional, en cumplimiento del
artículo 13 de la Ley 4 de 1992, estableció la escala gradual porcentual para los
miembros de la Fuerza Pública mediante los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993,
65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999,
2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004.
42. Dado que durante esos años el actor era miembro activo del Ejército
Nacional, el incremento de su sueldo básico mensual debía ajustarse a las
disposiciones gubernamentales mencionadas y no podía basarse en una norma
distinta.
43. Inclusive, un eventual desacuerdo respecto a los salarios fijados en esos
años debió discutirse en función del contenido de los decretos mencionados,
donde se reflejó la voluntad de la Administración sobre este asunto. Antes bien,
esos preceptos gozan de presunción de legalidad y no se avizora providencia
ejecutoriada que los haya anulado o suspendido provisionalmente.
44. Es evidente entonces la improcedencia del reajuste de la asignación
básica recibida en servicio activo que reclama el recurrente, habida cuenta que
el Gobierno Nacional no se encontraba legalmente atado a incrementar con base
en el IPC las asignaciones salariales para los años 1992 a 2004 y, por demás,
durante ese interregno aún no devengaba la asignación de retiro de la cual
6 Págs. 67 al 69 del documento «1. 122 DEMANDA ACTUALIZACION SALARIAL CR. BORIS BORMAN
FONSECA REITA (1)» que reposa en el archivo «2ALDESPACHOPORREPARTO_2021358(.RAR)
NroActua 2», visible en el índice 2 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
7 Pág. 114, ibidem.
8 Págs. 70 al 72, ibidem.
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pudiera predicarse el reajuste al que alude9.
45. Por su parte, el recurrente sustenta su inconformidad en la aplicación que,
a su juicio, debe darse a la sentencia C-931 de 2004, mediante la cual la Corte
Constitucional examinó el artículo 2.º de la Ley 848 de 2003 y desarrolló el
alcance del derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo real del salario
(art. 53 CP).
46. En dicha providencia la Corte precisó que: (i) el reajuste pleno es intangible
para quienes devengan hasta dos salarios mínimos; (ii) para los salarios medios
y altos el incremento puede ser limitado, pero no desconocido; (iii) la limitación
debe obedecer a criterios de progresividad y proporcionalidad, de manera que
afecte más a quienes perciben mayores ingresos; y (iv) es inconstitucional fijar
incrementos de cero por ciento para todo el grupo de salarios medios y altos,
como ocurrió en la vigencia presupuestal de 2004.
47. De lo anterior se desprende que el derecho previsto en el artículo 53 de la
Constitución no es ilimitado pues se encuentra sujeto a las condiciones
macroeconómicas del país. Por razones de igualdad y solidaridad, los salarios de
los servidores públicos de medianos y altos ingresos pueden ajustarse por debajo
del IPC, siempre que ello no implique desconocer los principios de
proporcionalidad, movilidad y razonabilidad del incremento.
48. La exequibilidad del precepto fue condicionada a que el Gobierno y el
Congreso incorporaran en el presupuesto las partidas necesarias para actualizar
los salarios medios y altos conforme a tales criterios, y garantizaran, además, el
reajuste anual de las pensiones de acuerdo con el artículo 48 superior. En
síntesis, la C-931 de 2004 reconoció el derecho a conservar el poder adquisitivo
del salario, pero en términos limitados, no absolutos, cuya restricción solo es
admisible si responde a criterios estrictos de razonabilidad fiscal,
proporcionalidad e igualdad.
49. Ahora bien, como se dejó sentado, el actor pertenece al régimen especial
de la Fuerza Pública, cuyas asignaciones están sometidas a lo dispuesto por el
Gobierno en cada anualidad, en virtud del artículo 13 de la Ley 4ª de 1992. La
sentencia C-931 de 2004 examinó exclusivamente la constitucionalidad del
presupuesto de la vigencia 2004; por ende, claramente no es extensible a
vigencias anteriores, como pretende el recurrente.
50. En todo caso, la sentencia C-931 de 2004 no creó derechos subjetivos
individuales de reliquidación automática, sino que condicionó la exequibilidad de
una disposición presupuestal para una vigencia fiscal específica.
9 Sobre este razonamiento, ver las siguientes sentencias de esta Subsección que sirven de fundamento
jurisprudencial: i) sentencia del 21 de agosto de 2024, rad. 25000 23 42 000 2019 00987 01, C.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves; ii) sentencia del 20 de noviembre de 2024, rad. 25000 23 42 000 2018 02165 01
(3026-2024), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; iii) sentencia del 27 de febrero de 2025, rad. 76001 23 33 000
2016 01667 01 (4898–2022), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; iv) sentencia del 14 e mayo de 2025, rad.
25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Radicación: 25000 23 42 000 2021 00358 01 (3394-2024)
Demandante: Boris Borman Fonseca Reita
51. Adicionalmente, entre 2004 y 2020 —año en que se expidió el acto de
reconocimiento—, y hasta la fecha de retiro efectiva (5 de enero de 2020) la
asignación salarial del personal uniformado se ajustó conforme a los porcentajes
previstos en los Decretos 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de
2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012,
1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de
2018 y 1002 de 2019, expedidos en ejercicio de las facultades otorgadas por la
Ley 4ª de 1992.
52. De lo explicado se advierte que entre 1992 y 2004 los incrementos
salariales del actor se realizaron conforme al régimen legal y constitucional
aplicable al personal uniformado. De igual forma, desde 2004 en adelante, las
asignaciones de retiro se actualizaron anualmente conforme a los decretos
dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las mismas competencias
otorgadas por la Ley 4ª de 1992. Para ese momento, el demandante aún no era
titular de la asignación de retiro —situación que solo se consolidó en 2020—,
razón por la cual no es posible predicar afectación alguna sobre dicho rubro en
esas anualidades.
53. Finalmente, también se desestima el argumento del recurrente según el
cual en la sentencia se incurrió en un indebido análisis probatorio, por cuanto las
tablas e informes allegados carecen de fuerza demostrativa suficiente para
desvirtuar la presunción de legalidad de los decretos salariales, en tanto
constituyen análisis técnicos o interpretativos sin efecto normativo directo.
54. En conclusión, se impone confirmar la sentencia de primera instancia por
cuanto no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados debido a que los reajustes aplicados cuentan con pleno respaldo
constitucional y legal. En tales condiciones, no es procedente acceder a las
pretensiones de la demanda.
Condena en costas
55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
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derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
58. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de enero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
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