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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01530-01

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01530-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 18 Corte Constitucional. Sentencia C-931 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 19 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024) Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01530-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024)
Demandante: Edgar Eliécer Henao Castaño
Demandada: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─

Tema: Reajuste del sueldo básico mensual y de la asignación de retiro.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Edgar Eliécer Henao Castaño instauró demanda en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional ─CASUR─, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los Oficios No. S-2019-017413/ANOPA-GRULI-1.10
del 2 de abril de 2019 y No. E-00001-201908018-CASUR del 9 de abril de 2019, por
medio de los cuales se negó la reliquidación y el reajuste de la asignación mensual
básica y de retiro con base en la inflación causada.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a las demandadas
que reliquiden, reajusten y paguen el incremento resultado de la diferencia entre la
asignación de retiro pagada en los meses de enero a diciembre de 2004, según lo
establecido por el Decreto 4158 de 2004 y la que realmente corresponde por ajustes
de actualización conforme a la inflación causada de 2003.

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Que se ordene reliquidar, reajustar y pagar el incremento resultado de la diferencia
entre la asignación de retiro pagada en el mes de enero de 2005 y hasta la fecha
de retiro de la institución, conforme con los decretos de salarios expedidos por el
Gobierno nacional, y la que realmente corresponde por ajustes de actualización
plena conforme a la inflación acumulada y causada entre 1992 y 2004.

Que una vez se realice el reconocimiento del incremento resultado de las diferencias
entre lo pagado y lo dejado de pagar por la Policía Nacional, se hagan las
correcciones, adiciones o modificaciones necesarias en la hoja de servicios, donde
se evidencie el incremento por el ajuste real de la actualización plena de la
asignación básica de un oficial en el grado de general o almirante, el cual sirve para
establecer, conforme con la escala gradual porcentual, el sueldo básico.

Que se ordene el reconocimiento y pago de las diferencias entre lo pagado y lo
dejado de pagar por la Policía Nacional, en lo que respecta a los haberes
mensuales, cesantías, indemnizaciones y demás prestaciones sociales unitarias
devengadas en su vida laboral.

Que las sumas reconocidas se indexen desde el momento en que se causó el
derecho y hasta que se haga efectivo su pago total, de acuerdo con la variación
porcentual del índice de precios al consumidor ─IPC─.

Que, a título de indemnización de perjuicios extrapatrimoniales, en la modalidad de
daño moral, se condene a las demandadas a pagar solidariamente la cuantía
equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como
consecuencia de la aflicción, frustración y congoja del perjuicio sufrido.

Que, a título de indemnización de perjuicios patrimoniales, en la modalidad de lucro
cesante, se condene a las accionadas a pagar solidariamente las sumas retenidas
por la Policía Nacional desde el 1° de enero de 2004 y hasta la fecha de retiro de la
institución, con los intereses legales.

Que, a título de indemnización de perjuicios patrimoniales, en la modalidad de daño
emergente, se condene a las demandadas a pagar solidariamente la cuantía
equivalente al 25% sobre el valor de la sentencia que ponga fin al proceso.

Que también se condene a las accionadas a pagar solidariamente las sumas
retenidas desde el 8 de octubre de 2018 y hasta la fecha de la providencia que
ponga fin al proceso, más los intereses moratorios.

Que se condene a las demandadas a pagar la sanción moratoria de la que tratan
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por el pago injustificado y desactualizado
de las cesantías definitivas, desde la fecha de retiro y hasta la fecha de la
providencia que ponga fin al proceso.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

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Que prestó sus servicios a la Policía Nacional y el 1° de noviembre de 1989, se
escalonó en el grado de subteniente, siendo retirado del servicio el 9 de julio de
2012, en el grado de coronel.

Que el 15 de mayo de 2012, le fue reconocida la asignación mensual de retiro, la
cual le es cancelada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Que el 20 de febrero de 2019 le solicitó a CASUR la reliquidación y pago de las
diferencias entre la asignación mensual de retiro pagada desde que le fue
reconocida y la que realmente le corresponde por ajustes de la actualización plena,
conforme a la inflación causada y acumulada entre 1992 y 2004. En la misma fecha
solicitó a la Policía Nacional efectuar la reliquidación, reconocimiento y cancelación
de la diferencia entre la asignación mensual, salarios y prestaciones sociales
pagadas desde el 1º de enero de 2004 hasta la fecha del retiro de la Institución.

Que mediante Oficio No. S-2019-017413/ANOPA-GRULI-1.10 del 2 de abril de 2019
la Policía Nacional le negó la petición; lo cual también ocurrió con el Oficio No. E-
00001-201908018-CASUR del 9 de abril de 2019, proferido por el director general
de CASUR.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas el preámbulo y los artículos 1°, 2°, 4°, 48, 53,
93, 150, 217, 218, 220, 230 y 373 de la Constitución Política; la Ley 4ª de 1992; la
Ley 923 de 2004; los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990; el Decreto 1091 de
1995; los decretos del Gobierno nacional que fijaron el régimen salarial y
prestacional de los miembros de la fuerza pública.

En el concepto de violación indicó que los actos administrativos demandados se
expidieron con infracción de las normas superiores en las que debía fundarse,
porque no se tuvieron en cuenta los mandatos constitucionales y legales que sirven
para determinar los sueldos básicos del personal uniformado de la Policía Nacional.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se admitió en auto del 18 de febrero de 2020 1. La Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional se opuso a las pretensiones, expresando que no es la
llamada a efectuar el reajuste de las asignaciones de retiro con el índice de precios
al consumidor, por cuanto no es la que condiciona el reajuste de esa prestación, al
basarse en las normas especiales y vigentes para el caso. Que el reajuste de dicha
prestación se dio entre 1997 y 2004, mientras se establecía la escala gradual
porcentual, fechas para las cuales el demandante se encontraba en servicio. Que
han cumplido con los reajustes ordenados en virtud del principio de oscilación.
Finalmente, propuso como excepción la de inexistencia del derecho 2.

La Policía Nacional se opuso a las pretensiones, indicando que no ha violado ni
transgredido ningún mandato constitucional con la expedición del acto impugnado.

1 Véase a folios 101-102.
2 Véase a folios 119-121.

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Propuso como excepciones las de presunción de legalidad, inexistencia del
derecho, prescripción extintiva y la genérica 3.

Por auto del 31 de enero de 2024, decidió impartírsele al proceso el trámite de
sentencia anticipada, se tuvo como prueba los documentos aportados por las partes
y se fijó el litigio 4. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se dictó
sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del treinta (30) de
abril de dos mil veinticuatro (2024), negó las pretensiones expresando que al
demandante se le pagó su salario conforme con los decretos expedidos por el
Gobierno nacional. Que no se configuró la excepción de inconstitucionalidad
respecto de estos decretos, por lo que no era procedente acceder al reajuste de la
asignación de retiro conforme con la variación del índice de precios al consumidor
porque, para esa época, el accionante se encontraba en servicio activo y el aumento
con base en el IPC operaba, exclusivamente, para las pensiones y asignaciones de
retiro, pero no para las asignaciones salariales de las personas en actividad.

Que la solicitud de reajuste de salarios resulta improcedente, porque el artículo 14
de la Ley 100 de 1993 estableció que la fórmula solo aplicaría para pensiones y
asignaciones de retiro. Que los aumentos de los salarios del personal en actividad
se establecieron, en su momento, con base en el incremento establecido por el
Gobierno nacional.

Que conforme con el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-1017 de 2003, es viable que los salarios de los servidores públicos de medianos
y altos ingresos tengan un incremento por debajo de la variación del IPC,
constituyendo como único límite a esa posibilidad el aumento de los salarios más
bajos, el cual no puede ser inferior al salario mínimo.

Que ese no era el caso del accionante, pues su salario básico, al momento del retiro,
correspondía a la suma de $2.980.381, valor que excede el monto de los dos
salarios mínimos legales vigentes para esa anualidad ─$644.350─. Que no se
demostró que, en otras anualidades, el demandante hubiere devengado un salario
inferior a dos salarios mínimos y tampoco fue alegado.

Que el hecho que se realicen incrementos salariales inferiores al IPC no constituye
vulneración al derecho a la igualdad de los trabajadores. Que la Sentencia C-931
de 2004 hubiera ordenado actualizar los salarios de todos los servidores públicos,
no implicaba que debiera actualizarse anualmente el del demandante, comoquiera
que el de este, al igual que el de los demás miembros de la fuerza pública, fue
establecido legalmente a partir de la escala gradual porcentual que rigió a partir de
1997 y que, año a año, se ha actualizado con los decretos salariales expedidos por
el Gobierno nacional y que se encuentran vigentes.

3 Véase a folios 137-143.
4 Véase a folios 173-176.

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Que, al no haber lugar al reajuste de salarios con fundamento en la inflación,
tampoco había lugar a modificar la hoja de servicios, incluyendo nuevos valores a
efectos de que la Caja de Sueldos de la Policía Nacional reliquidara la asignación
de retiro. Que, por ello, se declaraba probada la excepción de inexistencia del
derecho y se negaban las pretensiones 5.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que los
criterios expuestos por el Tribunal para negar el derecho reclamado no solo
contradicen la interpretación y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que
son contrarios al contexto y a la realidad jurídica establecidos en la Sentencia C-
931 de 2004. Que dicha sentencia determinó que debe mantenerse el poder
adquisitivo de los salarios con el fin que no se quebrante el núcleo esencial de los
mismos y que, por ende, ello es extensivo a las asignaciones de retiro.

Que como los preceptos jurisprudenciales establecidos en la Sentencia C-931 de
2004 no fueron cumplidos ni por el legislador, ni por el ejecutivo, corresponde a la
instancia judicial acatarlos, reconociéndole el derecho a mantener el poder
adquisitivo real de su salario, el cual se refleja en su asignación de retiro.

Que con los Oficios No. 20144000138271 del 1° de octubre de 2014 y No.
20154000090691 del 29 de mayo de 2015 del Departamento Administrativo de la
Función Pública, se demostró que la asignación básica y los gastos de
representación de un ministro de despacho, con los que se establecía el sueldo
básico de un general o almirante en el periodo comprendido entre 1992 y 2004,
tuvieron una pérdida acumulada y, por lo tanto, ello repercutió de manera directa en
su sueldo básico.

Que el fallo de primera instancia está viciado por un defecto sustantivo, al haber
analizado, erróneamente, lo pretendido. Que existen fuentes del derecho que
determinan el alcance y contenido de las decisiones judiciales, por lo que son
ineludibles tanto para la administración, como para los operadores judiciales 6.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 23 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara para fallo 7.

Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

5 Véase a folios 211-220.
6 Véase a folios 232-238.
7 Véase a índice 4 de SAMAI.

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De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, los problemas jurídicos
que deberá resolver la Sala consisten en determinar: i) si el demandante tiene
derecho a que se reajuste el salario que devengó durante los años 1992 a 2004, de
acuerdo con el IPC establecido para cada anualidad; y ii) si en virtud de lo anterior,
hay lugar a reliquidar su asignación de retiro, con fundamento en la nueva base
salarial, a partir de 2005 y hasta la fecha de retiro de la institución.

Marco normativo aplicable al análisis del régimen salarial y a la asignación de
retiro y pensiones de los miembros de la fuerza pública

De conformidad con lo dispuesto en el literal e, del numeral 19 del artículo 150 de
la Constitución Política, la fijación del régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos, incluidos los integrantes de la fuerza pública, no es un asunto
privativo de competencia del Congreso de la República, sino que para ello también
debe concurrir el Gobierno nacional. En tal sentido se establece:

«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:

[…]

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

[…]

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]».

Acorde con el precepto constitucional, al legislador le corresponde establecer el
marco en el cual deberá actuar el Gobierno nacional para efectos de fijar el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos, a través de leyes marco.

Con fundamento en tal facultad, el legislador expidió la Ley 4ª de 1992 que en su
artículo 1º previó que el Gobierno nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en tal norma, fijaría el régimen salarial y prestacional de: i) los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva, cualquiera que sea su sector,
denominación o régimen jurídico; ii) los empleados del Congreso Nacional, la Rama
Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización
Electoral y la Contraloría General de la República; iii) los miembros del Congreso
Nacional; y iv) los miembros de la fuerza pública.

A su turno, el artículo 4° de la misma normativa dispuso que el Gobierno modificará,
cada año, el sistema salarial correspondiente a los empleados de la fuerza pública,
aumentando sus remuneraciones. Igualmente, determinó que podrá modificar el
régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de aquellos.

Por su parte, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 100 de 1993 ─modificado
por el artículo 1° de la Ley 797 de 2003─, el Sistema General de Pensiones se
aplicará a todos los habitantes del territorio nacional; no obstante, el artículo 279
preceptuó:

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«ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214
de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas. […]».

Bajo esa lógica, los miembros de la fuerza pública, originalmente, no eran
acreedores del ajuste de sus pensiones como lo dispone el artículo 14 de esa
norma, esto es, que las mismas debían reajustarse de oficio y anualmente, «[…] el
primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios
al Consumidor […]», con el propósito que mantengan su poder adquisitivo
constante, con excepción de aquellas cuyo monto corresponda a un salario mínimo
legal mensual vigente, toda vez que el ajuste de estas se efectuará de acuerdo con
el incremento ordenado por el Gobierno sobre dicho salario.

No obstante, mediante la Ley 238 de 1995 se adicionó el parágrafo 4° al artículo
279 de la Ley 100 de 1993, que estableció que las «[…] excepciones consagradas
en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos
determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los
sectores aquí contemplados».

Corolario de lo anterior, se interpretó que, aun cuando los miembros en uso de buen
retiro de la fuerza pública están exceptuados del régimen general de seguridad
social, por pertenecer a uno especial, la Ley 100 de 1993 les concedió el derecho a
que sus asignaciones de retiro se reajustaran anualmente con base en el IPC del
año inmediatamente anterior.

De ese modo, el personal retirado de la fuerza pública comenzó a solicitar el reajuste
de las asignaciones de retiro que venían devengando, con el fin de obtener el pago
con aplicación de la variación porcentual del IPC pues, a su juicio, este representaba
un mayor valor y, en consecuencia, resultaba más favorable a sus intereses. Así,
con ocasión de esas reclamaciones en sede judicial, la Sección Segunda de esta
Corporación, en pleno, determinó:

«[…] que a partir de la vigencia de la ley 238 de 1995, el grupo de pensionados
de los sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen
derecho a que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE como
lo dispuso el artículo 14 de la última, y a la mesada 14 en los términos del
artículo 142 ibídem.

[…]

Y la Sala encuentra que la ley 238 de 1995 es más favorable para el
demandante que la ley 4ª de 1992 y el decreto 1212 de 1990, porque al hacer
la comparación entre los reajustes pensionales derivados del aumento de las
asignaciones en actividad de los oficiales de la Policía Nacional establecidos en
los decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001
y 745 de 2002 y los que resultan de la aplicación del artículo 14 de la ley 100
de 1993, se evidencia que la aplicación de este sistema de reajuste resulta ser
cuantitativamente superior»8.

8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 17 de mayo de 2007. Exp. 8464-2005. C.P. Jaime Moreno

García.

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Sin embargo, el anterior pronunciamiento de la Sala Plena de esta Sección indicó
que:

«[…] El reajuste pensional aquí reconocido, debe liquidarse hasta el reajuste
dispuesto por el artículo 42 del decreto 4433 de 2004, debido a que esta norma
volvió a establecer el mismo sistema que existió bajo la vigencia del decreto
1212 de 1990, o sea decir, teniendo en cuenta la oscilación de las asignaciones
del personal en actividad»9.

La anterior posición se reiteró en las sentencias que con posterioridad se profirieron,
en las que, con el objeto de evitar duda alguna respecto de su interpretación, se
sostuvo: i) que una cosa era el reajuste sobre la base de una asignación de retiro
hasta el 2004, con fundamento en la variación porcentual del IPC; y ii) que otra cosa
era que esos incrementos, a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 del
31 de diciembre de 2004, se harían conforme al principio de oscilación 10.

Por consiguiente, el personal retirado contó con la posibilidad de que sus
asignaciones de retiro fueran ajustadas anualmente con la variación porcentual del
IPC, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando
resultara más favorable. No obstante:

«[…] Esa posibilidad se mantuvo hasta la expedición de la Ley 923 de 30 de
diciembre de 2004, reglamentada a través del Decreto 4433 de 2004, por medio
del cual fue establecido el régimen pensional de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública, normativa que impuso nuevamente de manera
expresa el sistema de ajuste anual de las prestaciones en retiro con aplicación
del principio de oscilación. […].

De acuerdo a la interpretación que la jurisprudencia ha desarrollado, la Ley 238
de 1995, al referirse al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, únicamente lo hizo
respecto de los pensionados excluidos de la aplicación del sistema integral de
seguridad social; en consecuencia, es dable concluir que su alcance y objetivos
no tienen la vocación de incidir en los ajustes anuales de salario alguno y, en
específico, no fijó ningún tipo de modificación al régimen salarial que cobija a
los miembros activos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Entonces, el reajuste del salario básico que reciben los miembros activos de la
Fuerza Pública sigue rigiéndose por los decretos que para el efecto expida el
gobierno nacional, teniendo como referente el salario señalado para el grado de
general en actividad»11.

Así las cosas, el Decreto 4433 de 2004 consagró en su artículo 42 al principio de
oscilación, el cual plantea una «[…] regla de dependencia entre la asignación que
perciben los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y aquellos que se
encuentran en retiro y que en tal virtud gozan de una prestación, ya sea asignación
de retiro o pensión de invalidez o los beneficiarios que reciben pensión de
sobrevivientes»12.

9 Ibid.
10 Al respecto, véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 16 de abril de 2009.

Exp. 2048-2008. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 27 de enero de 2011. Exp. 1479-2009. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2011. Exp. 2167-2009. C.P. Alfonso
Vargas Rincón.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de octubre de 2023. Exp. 3951-2022.

C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 23 de febrero de 2015. Exp. 1316-2010.

C.P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024)

En consecuencia, bajo el actual régimen, las asignaciones básicas del personal de
la fuerza pública están sujetas a los decretos que expide el Gobierno nacional en
los que se fijan las pautas para determinar el monto que, anualmente, devengarán
sus miembros, a través de porcentajes que se definen para cada grado respecto de
la asignación básica de un general y que, a su vez, constituyen el referente para
reajustar las asignaciones de retiro que se reconocen a tales servidores, en virtud
del principio de oscilación. En otras palabras: el incremento ya no depende del
porcentaje del IPC que dispone la Ley 100 de 1993, sino que obedece al
porcentaje en que se incremente el salario de los miembros activos de la
fuerza pública.

Resolución del caso concreto

Está probado que el señor Edgar Eliécer Henao Castaño prestó sus servicios a la
Policía Nacional desde el 1° de marzo de 1987 hasta el 9 de abril de 2012, más un
periodo de alta de 3 meses 13 y que, por Resolución No. 3671 del 29 de junio de
2012 se ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, en su condición
de coronel, a partir del 9 de julio de 2012, en cuantía del 87% el sueldo de actividad
correspondiente a su grado 14.

Que, mediante peticiones radicadas el 20 de febrero de 2019 ante la Policía
Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional solicitó el reajuste y
pago del incremento salarial por concepto del IPC, entre los años 1992 a 2004; así
como el reajuste y reliquidación de su asignación de retiro, a partir de 2005 15; dichas
peticiones fueron negadas a través del Oficio No. S-2019-017413/ANOPA-GRULI-
1.10 del 2 de abril de 2019 16 y No. E-00001-201908018-CASUR del 9 de abril de
201917.

Así las cosas, para resolver los problemas jurídicos planteados, se recuerda que el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993 no dejó duda que la aplicación del índice de
precios al consumidor allí previsto está dirigido al reajuste de pensiones y
asignaciones de retiro y, no se refiere, de ninguna manera, a los incrementos
salariales anuales que, para la Fuerza Pública, fija el Gobierno nacional, por
mandato del artículo 13 de la Ley 4ª de 1992.

De ese modo, para los años 1992 a 2004 ─lapso para el cual el demandante solicita
la reliquidación salarial─, el Gobierno nacional fijó, en cumplimiento del artículo 13
de la Ley 4ª de 1992, la escala gradual porcentual para los miembros de la fuerza
pública, a través de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de
1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de
2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004.

Entonces, debido a que para esos períodos el demandante era miembro activo de
la Policía Nacional, pues recuérdese que su retiro definitivo se produjo el 9 de julio
de 2012, el incremento de su sueldo básico mensual debía atender a las citadas

13 Véase a folio 70.
14 Véase a folio 71.
15 Véase a folios 72-78.
16 Véase a folio 80.
17 Véase a folio 81.

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disposiciones gubernamentales y no podía efectuarse con fundamento en una
norma dirigida al personal retirado de la fuerza pública y, por consiguiente, el
desacuerdo con los salarios fijados debió discutirse a partir del contenido de los
mencionados decretos, pues fue en aquellos en donde se plasmó la voluntad de la
administración sobre el particular.

En consecuencia, no tiene vocación de prosperidad la pretensión relacionada con
el reajuste salarial, con base en el índice de precios al consumidor, de los períodos
comprendidos entre 1992 y 2004, en tanto el Gobierno nacional no se encontraba
legalmente atado a incrementar en ese porcentaje las asignaciones salariales y, por
demás, el contenido de los decretos que establecieron dichos aumentos no fue
discutido en el presente asunto.

En otras palabras: no hay lugar a acceder a la reliquidación de los salarios del
demandante, porque tal asunto fue fijado y dependió de una serie de actos
administrativos que todavía gozan de la presunción de legalidad que a ellos les
atribuye la norma y que, en todo caso, no fue desvirtuada en esta oportunidad.

Debido a que la pretensión de reliquidación de la asignación de retiro depende,
necesariamente, de la pretensión del reajuste salarial ─toda vez que el aumento del
sueldo incide, consecuencialmente, en el aumento de la asignación de retiro─, no
hay lugar a conceder dicha súplica ni a que se ordene un aumento de la pensión
con base en el IPC, pues el régimen especial de la Fuerza Pública ordena la
aplicación del principio de oscilación, al que ya se aludió.

Respecto a que la sentencia de primera instancia es contraria a los criterios
jurisprudenciales establecidos en la Sentencia C-931 de 2004, la Sala pone de
presente que la Corte Constitucional estudió una demanda de constitucionalidad
contra un apartado de la Ley 848 de 2003 que ordenaba congelar los salarios de los
servidores públicos para la vigencia 2004, para lo cual reiteró que en la
determinación de los reajustes anuales de los salarios de los servidores públicos,
debían tenerse en cuenta los siguientes criterios:

«[…] a. Existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores
públicos, a mantener el poder adquisitivo de sus salarios (artículo 53 y
concordantes, CP) y, por ende, a que se realicen ajustes anuales en proporción
igual o superior a la inflación causada en el año inmediatamente anterior, sin
que éste sea el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta. En
consecuencia, no puede haber una política permanente del Estado que permita
la disminución del poder adquisitivo del salario.

b. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no es un
derecho absoluto. No obstante, no cualquier interés estatal justifica su
limitación. Sólo puede ser limitado para promover el fin constitucionalmente
imperioso de preservar la estabilidad macroeconómica reduciendo el gasto en
circunstancias de déficit fiscal y elevado endeudamiento para no afectar el gasto
público social (artículo 350, CP), asegurando así la efectividad de la solidaridad
como principio fundamental del Estado Social de Derecho (artículo 1, CP),
dentro de un contexto económico que justifique la necesidad de la limitación
(artículo 2, CP).

c. El derecho de los servidores públicos que perciban salarios iguales o
inferiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales a mantener el poder
adquisitivo de su salario no podrá ser objeto de limitaciones dado que tales

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servidores se encuentran en las escalas salariales bajas definidas por el
Congreso de la República a iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, éstos
servidores deberán recibir el pleno reajuste de sus salarios de conformidad con
el nivel de inflación registrada en el año 2003.

d. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los servidores
públicos a mantener el poder adquisitivo del salario sólo puede afectar a
aquellos que tengan un salario superior a los dos (2) salarios mínimos legales
mensuales. […]»18.

Entonces, no es que el fallador de primera instancia haya desconocido los criterios
jurisprudenciales del órgano de cierre constitucional, ni que haya incurrido en un
defecto sustantivo, sino que aplicó la norma vigente al caso, esto es, que el reajuste
efectuado sobre las asignaciones de retiro de los miembros de la fuerza pública
obedece a un solo criterio, es decir, al principio de oscilación, el cual volvió a
emplearse en el reconocimiento de las asignaciones que se causen a partir del 1º
de enero de 2005, con ocasión de la expedición del Decreto 4433 de 2004.

Como el reajuste de la asignación de retiro de acuerdo con los artículos 14 y 279 de
la Ley 100 de 1993 ─es decir, con base en el IPC de los años 1997 a 2004─ se
aplicó solo para los pensionados o retirados de las fuerzas militares y de la Policía
Nacional, y no para el personal activo, es claro que al señor Edgar Eliécer Henao
Castaño no puede reliquidársele ni el salario, ni otra prestación social, dado que
para esas fechas no se encontraba retirado de la institución, por lo que sí se le
otorgó la asignación de retiro con la base de liquidación que correspondía, según el
momento en que le fue reconocida.

En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos
mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio
de la cual se negaron las pretensiones.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 19 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

18 Corte Constitucional. Sentencia C-931 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
19 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024)

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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