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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00252-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00252-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 11 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2020-00252-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 73001 23 33 000 2020 00252 00 (4413-2024)
Demandante: Tito Yesid Cardoso Giraldo
Demandado: Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional)

Tema: Reliquidación de asignación de retiro. Reajuste de
asignación salarial básica. Principio de oscilación.
Inaplicabilidad de la sentencia C-931 de 2004 expedida por
la Corte Constitucional.

Decisión: Se confirma sentencia que niega pretensiones porque en el
momento en que se realizaron los reajustes a las
asignaciones de retiro a los miembros de la fuerza pública el
demandante se hallaba en servicio activo recibiendo salarios.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 11 de abril de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
la nulidad de los Oficios S-2019-069129/Anopa-Gruli-1.10 del 18 de noviembre
de 2019 y 533732 del 29 de enero de 2020, por medio del cual la Dirección de
Talento Humano de la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional le negaron la reliquidación del salario, de las prestaciones
sociales y de la asignación de retiro, respectivamente.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a las entidades
demandadas reliquidar, reajustar y pagar el incremento equivalente al 2,49 %,
correspondiente a la diferencia entre la asignación mensual efectivamente
pagada en los meses de enero a diciembre de 2004 y la que, en su criterio, debía
reconocerse por efecto de la actualización conforme a la inflación causada en el

1
Documento «29ED_73001233300020200025(.zip) NroActua 53.zip», visible en el índice 53 de SAMAI del
Tribunal Administrativo del Tolima.

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Demandante: Tito Yesid Cardoso Giraldo

año 2003, la cual impactó la asignación básica de un oficial en el grado de
General o Almirante, utilizada como referente normativo en la escala gradual
porcentual prevista en la Ley 4.ª de 1992.

3. Asimismo, solicitó que se ordene reliquidar, reajustar y pagar el incremento
equivalente al 52,2543%, correspondiente a la diferencia entre la asignación
mensual percibida desde enero de 2005 y hasta la fecha de su retiro del servicio
conforme a los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional y aquella
que, según afirma, debía reconocerse por concepto de actualización plena, con
base en la inflación acumulada y causada entre los años 1992 y 2004, que afectó
la asignación básica del grado de general o almirante.

4. De igual manera, solicitó que se declare la pérdida del poder adquisitivo
de los salarios del personal de la Fuerza Pública durante los periodos referidos
y, en consecuencia, que se condene al pago de los perjuicios materiales y
extrapatrimoniales derivados de dicha omisión, en particular, lucro cesante, daño
emergente, intereses legales e intereses moratorios, así como la sanción
moratoria por el pago tardío o desactualizado de las cesantías. Adicionalmente,
reclamó el reconocimiento de pretensiones extra y ultra petita, la condena en
costas y agencias en derecho y el cumplimiento del fallo en los términos de los
artículos 189 a 195 del CPACA.

5. Como sustento fáctico de sus pretensiones, indicó que ingresó a la Policía
Nacional el 1.º de agosto de 1993, en el grado de agente, quedando sometido al
régimen salarial y prestacional derivado de la Ley 4.ª de 1992 y de las normas
que la desarrollan.

6. Señaló que, si bien el Gobierno expidió de manera sucesiva diversos
decretos mediante los cuales se ajustaron las asignaciones básicas, gastos de
representación, primas y bonificaciones del personal uniformado y de los
ministros del despacho, tales incrementos no garantizaron la actualización plena
del poder adquisitivo real del salario, en particular entre los años 1992 y 2004, al
resultar inferiores a la inflación causada en varias anualidades, situación que, en
su criterio, desconoce los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional,
especialmente la sentencia C-931 de 2004.

7. Agregó que, pese a la evolución normativa en materia salarial, no se
corrigió de manera integral la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los
años mencionados ni se materializó plenamente el objetivo de nivelación previsto
en el artículo 13 de la Ley 4.ª de 1992, lo cual repercutió tanto en las asignaciones
del personal en servicio activo como en las del personal retirado de la Fuerza
Pública.

8. Expuso que fue retirado del servicio activo el 14 de enero de 2015 en el
grado de agente y que su asignación de retiro fue reconocida por CASUR con
fundamento en los valores consignados en la hoja de servicios, sin que se

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hubieran aplicado —según su postura— los ajustes derivados de la actualización
plena del poder adquisitivo acumulado entre 1992 y 2004.

9. Finalmente, sostuvo que desde el año 2004 y hasta la fecha de su
desvinculación del servicio sus haberes salariales, prestacionales y de retiro
fueron liquidados sin aplicar los ajustes necesarios para reconocer la pérdida del
poder adquisitivo generada en el periodo comprendido entre 1992 y 2004,
circunstancia que motivó la interposición del presente medio de control.

Contestaciones de la demanda2

10. La Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional) se opuso a las
pretensiones de la demanda al señalar que los salarios de los miembros de la
institución no se reajustan de manera autónoma, sino exclusivamente con base
en los porcentajes fijados anualmente por el Gobierno Nacional mediante los
decretos correspondientes, razón por la cual resulta jurídicamente improcedente
ordenar un reajuste salarial para el período comprendido entre los años 1992 y
2004 por fuera del marco normativo vigente.

11. Indicó que los reajustes con fundamento en el índice de precios al
consumidor no son aplicables a los salarios del personal en servicio activo y que
para las anualidades reclamadas el demandante aún no ostentaba la condición
de retirado pues solo fue separado del servicio en el año 2015, momento a partir
del cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le reconoció la
asignación de retiro, con efectos fiscales desde el 14 de enero de 2015.

12. Agregó que, si bien en algunas anualidades los incrementos salariales del
personal de la Fuerza Pública fueron inferiores a la inflación causada en el año
inmediatamente anterior, dicha circunstancia encuentra justificación
constitucional en la medida en que la asignación básica de los distintos grados
se encuentra estructuralmente vinculada a la asignación básica y a los gastos de
representación de los Ministros del Despacho, así como a las políticas
macroeconómicas del Estado que han permitido ajustes diferenciados según el
nivel de ingresos de los servidores públicos.

13. Finalmente, sostuvo que durante todo el tiempo en que el demandante
permaneció en servicio activo, el régimen salarial y prestacional aplicable fue el
previsto en la Constitución Política y en los decretos expedidos por el Gobierno
Nacional, de modo que los actos administrativos demandados no fueron los que
fijaron los incrementos salariales, razón por la cual no resulta procedente declarar
su nulidad.

14. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) solicitó
negar las pretensiones de la demanda al considerar que no existe norma que
obligue a reliquidar la asignación mensual ni la asignación de retiro con base en

2 Ibidem.

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Demandante: Tito Yesid Cardoso Giraldo

el índice de precios al consumidor acumulado entre los años 1992 y 2004.
Sostuvo que los actos administrativos demandados se expidieron en estricta
aplicación del régimen legal vigente y, por tanto, gozan de presunción de
legalidad.

15. A su vez, propuso la excepción de prescripción sustentada en que las
solicitudes de reajuste salarial y prestacional fueron presentadas cuando ya
había transcurrido el término legal para reclamar tales derechos, lo que impide
reconocer pagos con efectos retroactivos por periodos considerablemente
anteriores al retiro del servicio.

16. De igual forma, indicó que no es procedente ordenar reliquidaciones con
efectos retroactivos en tanto el demandante se encontraba en servicio activo
durante los años 1992 a 2004, motivo por el cual cualquier inconformidad
relacionada con los salarios de dicho periodo debía ser formulada ante la Policía
Nacional y no ante CASUR dado que la asignación de retiro se rige por la
normatividad vigente al momento del retiro.

17. Finalmente, afirmó que la asignación de retiro fue correctamente
reconocida mediante resolución expedida en el año 2014, con efectos a partir del
14 de enero de 2015, y que no existe obligación legal de modificar su base de
liquidación por supuestas afectaciones salariales anteriores. En consecuencia,
propuso la excepción de inexistencia del derecho, reiterando que la entidad
carece de competencia para crear o reconocer reajustes no previstos en los
decretos expedidos por el Gobierno Nacional, en atención al principio de
legalidad.

Sentencia apelada3

18. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia de primera
instancia el 11 de abril de 2024, mediante la cual negó en su totalidad las
pretensiones de la demanda, al considerar que los actos administrativos
acusados se ajustaron al ordenamiento jurídico vigente y que no se acreditó la
vulneración de los derechos invocados por la parte actora.

19. Para llegar a esa decisión, el a quo precisó que al demandante le fue
reconocida la asignación de retiro mediante la Resolución No. 11376 del 4 de
diciembre de 2014, con efectos fiscales a partir del 14 de enero de 2015, fecha
en la cual se produjo su retiro del servicio activo; prestación que fue liquidada
conforme al porcentaje legal de las partidas computables correspondientes a su
grado.

20. En ese contexto, el Tribunal indicó que la situación particular del
demandante no se enmarca dentro de los supuestos jurisprudenciales del
Consejo de Estado que permiten el reajuste de la asignación de retiro con base

3 Índice 42 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Tolima.

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en el índice de precios al consumidor toda vez que para el momento en que se
reconoció dicha prestación ya se encontraban vigentes la Ley 923 de 2004 y su
Decreto reglamentario 4433 de 2004, los cuales restablecieron el principio de
oscilación como mecanismo legal para el incremento de las asignaciones de
retiro del personal de la Fuerza Pública, excluyendo la aplicación directa del IPC
como criterio autónomo de reajuste.

21. Asimismo, sostuvo que durante el período comprendido entre los años
1992 y 2004 el demandante se encontraba en servicio activo, razón por la cual
las discusiones relacionadas con eventuales incrementos salariales o con la
pérdida del poder adquisitivo en dichas anualidades no podían proyectarse
automáticamente sobre la asignación de retiro, la cual únicamente es susceptible
de análisis y reajuste a partir de su reconocimiento en el año 2014, de
conformidad con el régimen especial aplicable.

22. Finalmente, la Sala resolvió no imponer condena en costas ni en agencias
en derecho, al estimar que, si bien la parte demandante resultó vencida en el
proceso, no se evidenció temeridad ni mala fe en el ejercicio del derecho de
acción y que la controversia se sustentó en una interpretación jurídica razonable
de normas y precedentes que han sido objeto de debate judicial.

Recurso de apelación4

23. Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandante interpuso
oportunamente recurso de apelación solicitando que la sentencia de primera
instancia sea revocada y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda.

24. Sostuvo que el a quo incurrió en errores de hecho y de derecho al
apartarse de la Constitución Política, de la Ley 4.ª de 1992 y del régimen salarial
especial aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, así como del alcance
vinculante que, en su criterio, tiene la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional, providencia que reconoció la existencia de una pérdida del poder
adquisitivo de los salarios de los servidores públicos y ordenó su corrección
mediante el reconocimiento de un incremento del 2,49 % para el año 2004 y la
actualización plena del salario a partir del año 2005, con base en la inflación
acumulada entre los años 1992 y 2004.

25. Adujo, además, que el Tribunal aplicó precedentes contencioso-
administrativos anteriores sin armonizarlos con el contenido y los efectos de la
sentencia C-931 de 2004, desconociendo —en su criterio— que, dentro del
régimen especial de la Fuerza Pública, la asignación básica del grado de general
o almirante, utilizada como referente de la escala gradual porcentual, depende
directamente de la asignación básica y de los gastos de representación fijados
para los ministros del despacho, razón por la cual la pérdida del poder adquisitivo

4 Índice 46, ibidem.

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de estos últimos entre 1992 y 2004 habría impactado de manera directa la
estructura salarial del personal uniformado.

26. Finalmente, sostuvo que la sentencia apelada incurrió en una deficiente
valoración probatoria, al omitir el análisis de pruebas documentales que calificó
como determinantes, en particular los oficios del Departamento Administrativo de
la Función Pública, así como las tablas explicativas y series históricas allegadas
con la demanda, las cuales acreditaban la pérdida progresiva del poder
adquisitivo de los salarios durante el período comprendido entre 1992 y 2004, el
incumplimiento del mandato constitucional de actualización y la procedencia de
los porcentajes concretos reclamados, esto es, el 2,49 % para el año 2004 y el
52,2543 % a partir del año 2005.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

27. Mediante auto del 24 de octubre de 20245 se admitió el recurso de
apelación y se le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de
dicha providencia para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio
Público que disponía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho
para fallo para emitir concepto.

28. A pesar de lo anterior, la entidad y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

29. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

30. Conforme con los reparos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a esta Sala determinar si el demandante —quien ingresó al disfrute
de la asignación de retiro en 2015 y se desempeñó como agente de la Policía
Nacional— tiene derecho a reclamar la corrección de la presunta pérdida del
poder adquisitivo de los salarios devengados en servicio activo entre 1992 y
2004, con fundamento en la Ley 4ª de 1992, en la sentencia C-931 de 2004 y si
tales ajustes pueden proyectarse sobre la reliquidación de su asignación de
retiro.

5 Índice 6 de SAMAI del Consejo de Estado.

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Análisis del problema jurídico

31. La Sala considera que la parte demandante no tiene derecho al reajuste
de los salarios percibidos entre 1992 y 2004, ni a la reliquidación de las
asignaciones de retiro causadas con posterioridad. En consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia, de conformidad con las
consideraciones que se desarrollarán a continuación.

32. Para abordar este tema, es menester precisar que la asignación de retiro
del personal de las Fuerzas Militares y de Policía ha tenido un sistema de
actualización distinto al que se ha establecido de manera general para las
pensiones de los servidores públicos y trabajadores del sector privado. Este
sistema es conocido como el principio de oscilación, que establece una relación
de dependencia entre las asignaciones que perciben los miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo y aquellos que se encuentran en retiro, quienes
disfrutan de prestaciones como la asignación de retiro, pensiones por invalidez o
pensiones de sobrevivientes6.

33. En este sentido, es evidente que el reajuste de las asignaciones de retiro
no depende del porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido
por el artículo 14 de Ley 100 de 19937, sino que está determinado por el
porcentaje de incremento en el salario de los miembros activos de la Fuerza
Pública.

34. Se debe resaltar que esta Sala8 ha sostenido de manera pacífica que,
conforme al artículo 4 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional tiene la
obligación de modificar anualmente el sistema salarial de los servidores
mencionados en los literales a, b y c del artículo 1.° de dicha norma, que incluye
a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, sin distinción de sector,
denominación o régimen jurídico; así como a los empleados del Congreso
Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación,
la Organización Electoral, la Contraloría General de la República y la Fuerza
Pública.

35. Además, el artículo 13 de la misma ley establece que el Gobierno Nacional
deberá implementar una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración
del personal activo y retirado de la Fuerza Pública, de acuerdo con los principios
establecidos en la norma.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de septiembre de 2024, rad. 25000

23 42 000 2021 00692 01 (6519-2023), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
7 Ley 100 de 1993: «ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de

vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del
sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de
oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor,
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. […]»
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, rad. 50001-23-

33-000-2016-00116-01 (0278-2023), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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36. Por lo tanto, la Ley 4 de 1992, en sus artículos 4 y 13, no establece
condiciones específicas sobre el porcentaje de incremento anual de los salarios,
sino que impone esta obligación al Gobierno Nacional, lo cual significa que no
proporciona un fundamento normativo para exigir que la asignación salarial se
incremente anualmente en un porcentaje igual o superior al IPC.

37. En el expediente obra la hoja de servicios No. 93129818 del 6 de
noviembre de 2014, expedida por la Dirección de Talento Humano de la Policía
Nacional9. En dicho documento consta que el demandante ingresó a la entidad
como agente el 1.° de agosto de 1993 y que se desvinculó del servicio activo el
14 de enero de 2015, fecha para la cual ostentaba el mismo grado.

38. De igual forma, a través de la Resolución 11376 del 4 de diciembre de
201410, suscrita por el director general y el subdirector de prestaciones sociales
de la Policía Nacional, se reconoció y ordenó pagar al demandante una
asignación mensual de retiro equivalente al 78 % del sueldo básico de actividad
correspondiente al grado y partidas computables, con cargo al presupuesto de la
misma entidad y efectiva a partir del 14 de enero de 2015.

39. Así, para el período comprendido entre 1992 y 2004, que el demandante
invoca como base de la presunta pérdida acumulada del poder adquisitivo, y para
el lapso comprendido entre enero de 2005 y el 14 de enero de 2015, respecto del
cual pretende efectos económicos, el Gobierno Nacional, en cumplimiento del
artículo 13 de la Ley 4 de 1992, estableció la escala gradual porcentual para los
miembros de la Fuerza Pública mediante los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993,
65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999,
2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004.

40. Dado que durante esos años el actor era miembro activo de la Policía
Nacional, el incremento de su sueldo básico mensual debía ajustarse a las
disposiciones gubernamentales mencionadas y no podía basarse en una norma
distinta.

41. Inclusive, un eventual desacuerdo respecto a los salarios fijados en esos
años debió discutirse en función del contenido de los decretos mencionados,
donde se reflejó la voluntad de la Administración sobre este asunto. Antes bien,
esos preceptos gozan de presunción de legalidad y no se avizora providencia
ejecutoriada que los haya anulado o suspendido provisionalmente.

42. Es evidente entonces la improcedencia del reajuste de la asignación
básica recibida en servicio activo que reclama el recurrente, habida cuenta que
el Gobierno Nacional no se encontraba legalmente atado a incrementar con base
en el IPC las asignaciones salariales para los años 1992 a 2004 y, por demás,

9 Pág. 6 del documento Documento «29ED_73001233300020200025(.zip) NroActua 53.zip», visible en el

índice 53 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Tolima.
10 Págs. 9 y 10, ibidem.

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durante ese interregno aún no devengaba la asignación de retiro de la cual
pudiera predicarse el reajuste al que alude11.

43. Por su parte, el recurrente sustenta su inconformidad en la aplicación que,
a su juicio, debe darse a la sentencia C-931 de 2004, mediante la cual la Corte
Constitucional examinó el artículo 2.º de la Ley 848 de 2003 y desarrolló el
alcance del derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo real del salario
(art. 53 CP).

44. En dicha providencia la Corte precisó que: (i) el reajuste pleno es intangible
para quienes devengan hasta dos salarios mínimos; (ii) para los salarios medios
y altos el incremento puede ser limitado, pero no desconocido; (iii) la limitación
debe obedecer a criterios de progresividad y proporcionalidad, de manera que
afecte más a quienes perciben mayores ingresos; y (iv) es inconstitucional fijar
incrementos de cero por ciento para todo el grupo de salarios medios y altos,
como ocurrió en la vigencia presupuestal de 2004.

45. De lo anterior se desprende que el derecho previsto en el artículo 53 de la
Constitución no es ilimitado pues se encuentra sujeto a las condiciones
macroeconómicas del país. Por razones de igualdad y solidaridad, los salarios de
los servidores públicos de medianos y altos ingresos pueden ajustarse por debajo
del IPC, siempre que ello no implique desconocer los principios de
proporcionalidad, movilidad y razonabilidad del incremento.

46. La exequibilidad del precepto fue condicionada a que el Gobierno y el
Congreso incorporaran en el presupuesto las partidas necesarias para actualizar
los salarios medios y altos conforme a tales criterios y garantizaran, además, el
reajuste anual de las pensiones de acuerdo con el artículo 48 superior. En
síntesis, la C-931 de 2004 reconoció el derecho a conservar el poder adquisitivo
del salario, pero en términos limitados, no absolutos, cuya restricción solo es
admisible si responde a criterios estrictos de razonabilidad fiscal,
proporcionalidad e igualdad.

47. Ahora bien, como se dejó sentado, el actor pertenece al régimen especial
de la Fuerza Pública, cuyas asignaciones están sometidas a lo dispuesto por el
Gobierno nacional en cada anualidad, en virtud del artículo 13 de la Ley 4ª de
1992. La sentencia C-931 de 2004 examinó exclusivamente la constitucionalidad
del presupuesto de la vigencia 2004; por ende, claramente no es extensible a
vigencias anteriores, como pretende el recurrente.

48. En todo caso, la sentencia C-931 de 2004 no creó derechos subjetivos
individuales de reliquidación automática, sino que condicionó la exequibilidad de

11 Sobre este razonamiento, ver las siguientes sentencias de esta Subsección que sirven de fundamento

jurisprudencial: i) sentencia del 21 de agosto de 2024, rad. 25000 23 42 000 2019 00987 01, C.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves; ii) sentencia del 20 de noviembre de 2024, rad. 25000 23 42 000 2018 02165 01
(3026-2024), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; iii) sentencia del 27 de febrero de 2025, rad. 76001 23 33 000
2016 01667 01 (4898–2022), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; iv) sentencia del 14 e mayo de 2025, rad.
25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Demandante: Tito Yesid Cardoso Giraldo

una disposición presupuestal para una vigencia fiscal específica.

49. Adicionalmente, entre 2004 y 2014 —año en que se expidió el acto de
reconocimiento—, y hasta la fecha de retiro efectiva (14 de enero de 2015) la
asignación salarial del personal uniformado se ajustó conforme a los porcentajes
previstos en los Decretos 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de
2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012,
1017 de 2013 y 187 de 2014, expedidos en ejercicio de las facultades otorgadas
por la Ley 4ª de 1992.

50. De lo explicado se advierte que entre 1992 y 2004 los incrementos
salariales del actor se realizaron conforme al régimen legal y constitucional
aplicable al personal uniformado. De igual forma, desde 2004 en adelante, las
asignaciones de retiro se actualizaron anualmente conforme a los decretos
dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las mismas competencias
otorgadas por la Ley 4ª de 1992. Para ese momento, el demandante aún no era
titular de la asignación de retiro —situación que solo se consolidó en 2014—,
razón por la cual no es posible predicar afectación alguna sobre dicho rubro en
esas anualidades.

51. Finalmente, también se desestima el argumento del recurrente según el
cual en la sentencia se incurrió en un indebido análisis probatorio por cuanto las
tablas e informes allegados carecen de fuerza demostrativa suficiente para
desvirtuar la presunción de legalidad de los decretos salariales, en tanto
constituyen análisis técnicos o interpretativos sin efecto normativo directo.

52. En conclusión, se impone confirmar la sentencia de primera instancia por
cuanto no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados debido a que los reajustes aplicados cuentan con pleno respaldo
constitucional y legal. En tales condiciones, no es procedente acceder a las
pretensiones de la demanda.

Condena en costas

53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del

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derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

56. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 11 de abril de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Tolima.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.

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