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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00604-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00604-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de junio de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00604-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 25000 23 42 000 2019 00604 01 (6143-2022)
Demandante: Ítalo Julio Pineda Vargas
Demandada: Nación (Ministerio de Defensa, Armada Nacional, Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares)
Temas: Reliquidación de asignación de retiro. Reajuste de asignación
salarial básica. Principio de oscilación.
Decisión: Se confirma sentencia que niega pretensiones porque en el
momento en que se realizaron los reajustes a las asignaciones de
retiro a los miembros de la fuerza pública, el demandante se hallaba
en servicio activo recibiendo salarios.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante
contra la sentencia emitida el 6 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

2. El actor ejerció el medio de control de la referencia con el objetivo de que se
declare la nulidad del acto administrativo contenido en el consecutivo
20180423330560981 del 31 de diciembre de 2018 expedido por la jefatura de división
de nómina de la Armada Nacional.

3. A título de restablecimiento del derecho, pretende que se condene a la entidad
demandada a reajustar la última base salarial o asignación básica correspondiente al
grado de capitán de navío, hasta el momento en que se hizo efectiva su baja en el año
2015. Este reajuste deberá incluir la modificación de su hoja de servicio, incorporando
la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los años 1997, 1999,
2001, 2002, 2003 y 2004, resultando en una última asignación por un valor de
$4.141.370.

4. Adicionalmente, solicitó que, una vez realizada la actualización de la última
asignación básica, se condene a la entidad a proceder con la reliquidación de los
salarios, mesadas y cesantías percibidos, incluyendo el pago de las diferencias que
surjan de dicha operación, debidamente indexadas. Requirió además que se ordene a
la Armada Nacional remitir esta novedad administrativa a la Caja de Sueldos de Retiro

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Radicado: 25000 23 42 000 2019 00604 01 (6143-2022)
Demandante: Ítalo Julio Pineda Vargas

de las Fuerzas Militares, que actúa como pagadora de la asignación de retiro.

5. Relató que ingresó a la Armada Nacional de Colombia como oficial, donde
adquirió las prerrogativas propias del régimen especial de las Fuerzas Militares. A lo
largo de su carrera, ascendió hasta alcanzar el grado de capitán de navío, que fue el
último grado antes de su retiro, formalizado mediante el Decreto Ministerial 1715 del 28
de agosto de 2015.

6. Mencionó que, en virtud de su tiempo de servicio, se le reconoció una asignación
de retiro por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con una asignación
básica de $3.321.432 en 2015, cifra que se estableció como referencia para sus demás
partidas computables. Este monto se fundamentó en el sueldo vigente para su grado
en ese año, el cual fue determinado por la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1028 de 2015,
que establecieron una escala gradual porcentual para los salarios de los miembros de
la fuerza pública.

7. Sin embargo, argumentó que el Gobierno Nacional no ajustó adecuadamente su
salario en relación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que resultó en una
diferencia acumulada desfavorable del 24,57% en su asignación básica. Durante el
tiempo que prestó sus servicios a la institución, el Gobierno había establecido aumentos
salariales anuales mediante decretos, pero en ciertos años, los incrementos para el
grado de capitán de navío fueron inferiores al IPC, lo que afectó negativamente su poder
adquisitivo. Este hecho lo considera como una omisión administrativa, ya que se
esperaba que los aumentos salariales mantuvieran la movilidad del salario y no se
desmejorara la situación económica de los retirados.

8. Reseñó que presentó petición escrita el 21 de diciembre de 2018 ante el
Ministerio de Defensa Nacional, deprecando el reconocimiento del reajuste de su
asignación básica con base en el IPC para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y
2004. No obstante, su solicitud fue negada mediante la respuesta 20180423330560981
del 31 de diciembre de 2018.

9. Ante esta negativa, busca la nulidad del acto administrativo acusado con el
objetivo de restablecer el principio de oscilación que garantiza la igualdad en el
tratamiento salarial entre los miembros activos y retirados de la fuerza pública.

10. Fundamentó la demanda en la idea de que el principio de oscilación debe
aplicarse equitativamente, asegurando que los aumentos en las asignaciones de los
activos se reflejen también en las asignaciones de los retirados, siendo ello es esencial
para mantener la igualdad de derechos y evitar la discriminación en el tratamiento de
los salarios de los miembros de la fuerza pública, en cumplimiento de los principios
establecidos en la Constitución Política de 1991 y la Convención 111 de la OIT sobre
la no discriminación laboral.

Contestación de la demanda

11. La parte demandada se opuso a las pretensiones, argumentando que no se
evidencia causal de nulidad en el acto administrativo acusado. Sostuvo que la

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Radicado: 25000 23 42 000 2019 00604 01 (6143-2022)
Demandante: Ítalo Julio Pineda Vargas

reliquidación de salarios solicitada por el demandante es improcedente, dado que esta
únicamente se aplica a las asignaciones de retiro y no a los salarios en servicio activo,
conforme a lo establecido en las Leyes 4 de 1992, 238 de 1995, así como en los
decretos sobre incrementos salariales emitidos por el Gobierno Nacional, en virtud de
la competencia atribuida por los artículos 150 y 218 de la Constitución.

12. Enfatizó que hasta el año 2015, el actor recibió incrementos salariales de
acuerdo con los decretos gubernamentales, sin experimentar un desequilibrio
económico. Además, subrayó que la jurisprudencia nacional establece que el reajuste
pensional por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) resulta más beneficioso para
los miembros retirados que para aquellos en servicio activo, por lo que solo es aplicable
a asignaciones de retiro y no a salarios, como es el caso del actor.

II. SENTENCIA APELADA

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 6 de junio de
2022, en la que negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas y agencias en derecho.

14. La decisión se fundamentó en el hecho de que el reajuste estipulado en la Ley
238 de 1995 se aplica exclusivamente a las asignaciones de retiro y no a los salarios
que percibe el personal activo.

15. Asimismo, estableció que el reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
es efectivo desde la promulgación de la Ley 238 de 1995 hasta el Decreto 4433 de
2004, el cual reiteró el principio de oscilación de las asignaciones de retiro para oficiales
y suboficiales. Según el tribunal, esto limita el reconocimiento de reajustes a los años
comprendidos entre 1997 y 2004; por lo tanto, dado que el demandante comenzó a
recibir la asignación de retiro a partir del 10 de diciembre de 2015, su solicitud no puede
ser atendida favorablemente ya que para la época solo percibía salarios.

16. Finalmente, resolvió no condenar en costas al gestor del litigio habida cuenta
que no se demostró que la demanda careciera de fundamento legal (artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021). No obstante, en virtud de la Circular No. 2 del 2 de marzo de 2019,
emitida por la Presidencia de la Sección Segunda de dicha corporación judicial, se
ordenó la liquidación de los gastos ordinarios del proceso y la devolución de cualquier
remanente de la suma depositada por este concepto.

III. RECURSO DE APELACIÓN

17. La parte demandante presentó recurso de apelación subrayando en lo que
califica como una evidente discriminación hacia aquellos que obtuvieron su asignación
de retiro antes de 2004, quienes siguen percibiendo una base salarial inferior en
comparación con aquellos que se retiraron posteriormente. Asimismo, aludió que entre
1997 y 2004 no se realizaron ajustes a los miembros activos de la Fuerza Pública, pese
a que desde el 1° de enero de 2005 se han incrementado las asignaciones básicas de
los miembros activos acorde con el IPC.

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Radicado: 25000 23 42 000 2019 00604 01 (6143-2022)
Demandante: Ítalo Julio Pineda Vargas

18. Acusó que esto ha generado desigualdades para quienes recibieron su
asignación de retiro antes de 2004. Por ejemplo, en su caso, con el grado de capitán
de navío, es acreedor de más de un millón de pesos en su asignación de retiro, en
contraste con otros que se encuentran bajo las mismas normativas. De modo que esta
situación es injusta y contraria al principio de oscilación salarial, que estipula que los
aumentos deben ser equitativos entre los activos y los retirados. A propósito, citó
jurisprudencia que, a su juicio, establece que el salario debe reflejar un valor adquisitivo
y cualquier disminución en este debe ser corregida.

19. Finalmente, manifestó que el fallo de primera instancia infringió disposiciones
superiores y debe ser revocado, considerando que se deben restablecer sus derechos
laborales y prestacionales para que no se perpetúe la desigualdad histórica que ha
enfrentado.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

20. Mediante auto del 16 de febrero de 2023 se admitió el recurso de apelación y se
le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para
pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta antes
de que el expediente ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.

21. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

22. De acuerdo con los reparos planteados en el recurso de apelación, esta Sala
resolverá si el demandante, quien comenzó a recibir la asignación de retiro en 2015 y
ocupó el cargo de capitán de navío en la Armada Nacional, es beneficiario del reajuste
de la asignación salarial sobre las mesadas que se pagaron por debajo del Índice de
Precios al Consumidor durante los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Solución del caso concreto

23. Para abordar este tema, es menester precisar que la asignación de retiro del
personal de las Fuerzas Militares y de Policía ha tenido un sistema de actualización
distinto al que se ha establecido de manera general para las pensiones de los
servidores públicos y trabajadores del sector privado. Este sistema es conocido como
el principio de oscilación, que establece una relación de dependencia entre las
asignaciones que perciben los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y
aquellos que se encuentran en retiro, quienes disfrutan de prestaciones como la
asignación de retiro, pensiones por invalidez o pensiones de sobrevivientes1.

24. En este sentido, es evidente que el reajuste de las asignaciones de retiro no
depende del porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de septiembre de 2024, rad. 25000 23 42

000 2021 00692 01 (6519-2023), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 25000 23 42 000 2019 00604 01 (6143-2022)
Demandante: Ítalo Julio Pineda Vargas

artículo 14 de Ley 100 de 19932, sino que está determinado por el porcentaje de
incremento en el salario de los miembros activos de la Fuerza Pública.

25. Se debe resaltar que esta Sala3 ha sostenido de manera pacífica que, conforme
al artículo 4 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional tiene la obligación de modificar
anualmente el sistema salarial de los servidores mencionados en los literales a, b y c
del artículo 1.° de dicha norma, que incluye a los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva Nacional, sin distinción de sector, denominación o régimen jurídico; así como
a los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral, la Contraloría General de la
República y la Fuerza Pública.

26. Además, el artículo 13 de la misma ley establece que el Gobierno Nacional
deberá implementar una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del
personal activo y retirado de la Fuerza Pública, de acuerdo con los principios
establecidos en la norma.

27. Por lo tanto, la Ley 4 de 1992, en sus artículos 4 y 13, no establece condiciones
específicas sobre el porcentaje de incremento anual de los salarios, sino que impone
esta obligación al Gobierno Nacional, lo cual significa que no proporciona un
fundamento normativo para exigir que la asignación salarial se incremente anualmente
en un porcentaje igual o superior al IPC.

28. En el expediente se aprecia la hoja de servicios número 4-79533721 del 30 de
diciembre de 2015, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional. En este documento
se consigna que el demandante se unió a la Armada Nacional como teniente de corbeta
el 1° de diciembre de 1992 y solicitó su retiro el 10 de diciembre de 2015, momento en
el cual ocupaba el rango de capitán de navío4.

29. El retiro de las Fuerzas Militares se valida mediante el Decreto 1715 del 28 de
agosto de 20155, a través del cual el ministro de Defensa Nacional lo separó del
servicio, pasándolo a la reserva por “solicitud propia”. Su último destino fue la Dirección
General Marítima en Bogotá D.C. 6

30. A través de la Resolución 111 del 8 de enero de 2016, la Caja de Sueldos de
Retiro de las Fuerzas Militares ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de
retiro al demandante, a partir del 10 de marzo de 2016, en cuantía del 87% del sueldo
de actividad correspondiente a su grado en todo tiempo.7

31. Así, para el periodo comprendido entre 1997 y 2004, por el cual el demandante
solicita el ajuste acumulado, el Gobierno Nacional, en cumplimiento del artículo 13 de
la Ley 4 de 1992, estableció la escala gradual porcentual para los miembros de la

2 Ley 100 de 1993: «ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de

jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de
cada año, según la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior. […]»
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, rad. 50001-23-33-000-

2016-00116-01 (0278-2023), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
4 SAMAI, índice 003, archivo «ED_C01_03 ANEXOS DEMANDA(.pdf)». págs. 7-8.
5 Ibidem, pág. 6.
6 Ibid., pág. 10.
7
Ibidem, archivo «ED_C01_12 ANEXOS - CONTESTACION DEMANDA CAJA DE RETIRO FUERZAS MILITARES (.pdf)», págs.
15-20.

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Radicado: 25000 23 42 000 2019 00604 01 (6143-2022)
Demandante: Ítalo Julio Pineda Vargas

Fuerza Pública mediante los Decretos 122 de 1997 (13,40%), 58 de 1998 (24,20%), 62
de 1999 (14,91%), 2724 de 2000 (9,23%), 2737 de 2001 (5,14%), 745 de 2002 (4,93%),
3552 de 2003 (5,61%) y 4158 de 2004 (5,07%).

32. Dado que durante esos años el actor era miembro activo de la Armada Nacional,
el incremento de su sueldo básico mensual debía ajustarse a las disposiciones
gubernamentales mencionadas en aplicación del principio de oscilación y no podía
basarse en una norma distinta.

33. Inclusive, un eventual desacuerdo respecto a los salarios fijados en esos años
debió discutirse en función del contenido de los decretos mencionados, donde se reflejó
la voluntad de la Administración sobre este asunto. Antes bien, esos preceptos gozan
de presunción de legalidad y no se avizora providencia ejecutoriada que los haya
anulado o suspendido provisionalmente.

34. Es evidente entonces la improcedencia del reajuste de la asignación básica
recibida en servicio activo que reclama el recurrente, habida cuenta que el Gobierno
Nacional no se encontraba legalmente atado a incrementar con base en el IPC las
asignaciones salariales para los años 1997 a 2004 y, por demás, durante ese interregno
aun no devengaba la asignación de retiro de la cual pudiera predicarse el reajuste al
que alude8.

35. Finalmente, la Sala desestimará los reparos del actor relacionados con una
supuesta discriminación y desigualdad histórica como causa del desconocimiento del
derecho reclamado, ya que esto no está probado en el expediente y no desvirtúa el
hecho de que entre 1997 y 2004 no devengaba la asignación de retiro.

36. Los motivos expuestos son suficientes para confirmar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

37. El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
Con base en una interpretación de esa regla legal, esta Subsección venía sosteniendo
que, para imponer la condena en costas en vigencia del CPACA, era necesario realizar
una valoración objetiva-valorativa9 donde el juez, una vez comprobaba su causación, y
sin atender a factores subjetivos como la buena fe o la temeridad de las partes, podía
ordenarlas.

38. No obstante, dicha postura debe adecuarse a lo dispuesto por artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021 que adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA, en el que se
introdujo que la condena en costas procede cuando se establezca que se presentó la

8 Sobre este razonamiento, ver las siguientes sentencias de esta Subsección que sirven de fundamento
jurisprudencial: i) sentencia del 21 de agosto de 2024, rad. 25000 23 42 000 2019 00987 01, C.P. Luis Eduardo Mesa
Nieves; ii) sentencia del 20 de noviembre de 2024, rad. 25000 23 42 000 2018 02165 01 (3026-2024), C.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves; iii) sentencia del 27 de febrero de 2025, rad. 76001 23 33 000 2016 01667 01 (4898–2022),
C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; iv) sentencia del 14 e mayo de 2025, rad. 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-
2024), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014),

actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Radicado: 25000 23 42 000 2019 00604 01 (6143-2022)
Demandante: Ítalo Julio Pineda Vargas

demanda con manifiesta carencia de fundamento legal, lo que implica que sea forzoso
examinar si los fundamentos vertidos en la actuación procesal correspondiente se
encuentran huérfanos de sustento legal plausible.

39. Durante el desarrollo de esta instancia, la parte demandante sustentó su recurso
de apelación proponiendo que era beneficiario del reajuste de la asignación básica a
través de argumentos razonables, al punto que ameritaron un análisis probatorio y
normativo visible en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, esta Sala se
abstendrá de imponerle condena en costas en segunda instancia, al no evidenciarse
una evidente falta de fundamento legal en sus argumentos.

VI. DECISIÓN

40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de junio de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
RJPDC

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