Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00541-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00541-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00541-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 25000 23 42 000 2021 00541 01 (5060-2024)
Demandante: Óscar Octavio González Parra
Demandadas: Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional) - CASUR
Temas: Reliquidación de asignación de retiro. Reajuste de asignación salarial
básica. Principio de oscilación. Inaplicabilidad de la sentencia C-931
de 2004 expedida por la Corte Constitucional.
Decisión: Se confirma sentencia que niega pretensiones porque en el momento
en que se realizaron los reajustes a las asignaciones de retiro a los
miembros de la fuerza pública el demandante se hallaba en servicio
activo recibiendo salarios.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia del 12 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, con el
fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos contenido en los Oficios No.
S-2020-053717/ANOPA-GRULI-1.10 del 14 de diciembre de 2020 y 625061 del 18 de
enero de 2021, por medio de los cuales la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional (CASUR) negaron su solicitud de reliquidación del salario, de las
prestaciones sociales y de la asignación de retiro.
2. Como restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a las demandadas la
reliquidación de sus asignaciones mensuales y prestaciones, incluyendo los incrementos
omitidos durante el tiempo en actividad y en retiro, así como corregir su hoja de servicios,
actualizar las sumas adeudadas y disponer que dicho reajuste tenga efectos en la
asignación de retiro reconocida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
—CASUR—.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00541 01 (5060-2024)
Demandante: Óscar Octavio González Parra
3. De igual manera, pidió declarar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del
personal de la Fuerza Pública durante los años referidos y, en consecuencia, condenar
solidaria y patrimonialmente a las entidades demandadas al pago de los perjuicios
materiales y morales derivados (lucro cesante, daño emergente, intereses legales y
moratorios), al igual que la sanción moratoria por no pago oportuno de cesantías.
Adicionalmente, reclamó la inaplicación por vía de excepción de los decretos salariales
expedidos desde 2004, el reconocimiento de pretensiones ultra y extra petita, la condena
en costas y agencias en derecho y que se ordene el cumplimiento del fallo en los términos
previstos en los artículos 189 a 195 del CPACA.
4. Como fundamento fáctico, señaló que ingresó a la Policía Nacional como
subteniente en noviembre de 1991, quedando sujeto al régimen salarial y prestacional
derivado de la Ley 4ª de 1992 y sus normas reglamentarias. Indicó que, aunque con los
años el Gobierno Nacional expidió diversos decretos que ajustaron asignaciones básicas,
gastos de representación y bonificaciones tanto para ministros como para el personal
uniformado, tales incrementos no garantizaron la actualización real del poder adquisitivo
de los salarios entre 1992 y 2004. Sostuvo que ello generó una pérdida acumulada no
reconocida, pese a los precedentes jurisprudenciales —en particular, la sentencia C-931
de 2004 de la Corte Constitucional—, que ordenan preservar el valor real del salario de
los servidores públicos.
5. Agregó que, a pesar de la evolución normativa en materia salarial, nunca se
materializó la nivelación prevista en la Ley 4ª de 1992 ni se corrigió la pérdida de poder
adquisitivo acumulada en los años mencionados, lo que repercutió directamente en las
asignaciones del personal activo y, posteriormente, del personal retirado de la Fuerza
Pública.
6. Expuso que fue retirado del servicio activo en marzo de 2019 en el grado de
coronel y que su asignación de retiro fue reconocida por CASUR con base en los valores
consignados en su hoja de servicios, sin que se aplicaran los ajustes que, en su criterio,
resultaban obligatorios conforme a la inflación acumulada y a las normas rectoras del
sistema salarial de la Fuerza Pública.
7. Finalmente, adujo que, desde el año 2004 y hasta su desvinculación del servicio,
sus haberes fueron liquidados sin aplicar los ajustes necesarios para reconocer la pérdida
del poder adquisitivo acumulada entre 1992 y 2004.
Contestaciones de la demanda
8. La Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional) se opuso a las
pretensiones de la demanda argumentando que su acto administrativo se ajustó a la
Constitución, la Ley 4ª de 1992 y al régimen salarial y prestacional específico de la Fuerza
Pública. Afirmó que el demandante pretende una reliquidación improcedente basada en
una actualización del salario inexistente en el ordenamiento y contraria a la normatividad
anual expedida por el Gobierno Nacional.
9. La entidad explicó que la Ley 4ª de 1992 confirió al Gobierno la facultad exclusiva
para fijar el régimen salarial de la Fuerza Pública y que dichas competencias se han
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ejercido mediante decretos anuales, los cuales determinaron las asignaciones básicas,
primas y porcentajes aplicables a oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo y agentes. Arguyó
que los aumentos salariales del actor siempre se ajustaron a esas disposiciones y que
no existe obligación jurídica de aplicar un reajuste adicional ligado al Índice de Precios al
Consumidor (IPC) de los años 1992-2004, como lo plantea la demanda.
10. Reiteró que el régimen salarial de la Fuerza Pública no depende de factores
aplicables a otros servidores públicos ni de la proporcionalidad automática frente a
salarios ministeriales. Añadió que el actor desconoce que la Prima de Alto Mando, el
sueldo básico y demás componentes ya están regulados en decretos específicos, los
cuales han definido históricamente el porcentaje que compone la asignación mensual
para cada grado.
11. Frente a la pretensión de reliquidación retroactiva de la asignación de retiro, la
Policía señaló que CASUR liquidó la prestación de acuerdo con la hoja de servicios del
actor y con los parámetros legales vigentes. Advirtió que el demandante no puede
pretender que su ingreso sea equiparado al de un Ministro ni reclamar ajustes
extraordinarios no previstos en la ley. Subrayó que el salario percibido por el coronel
retirado resulta adecuado y digno y no existe prueba de afectación al mínimo vital o
desactualización indebida.
12. En relación con las pretensiones indemnizatorias, la entidad sostuvo que el actor
no demostró perjuicio cierto, directo y cuantificable. También descarta la existencia de un
daño moral pues la controversia es de naturaleza netamente económica.
13. En cuanto a los hechos alegados por la parte actora, la entidad aceptó únicamente
la vinculación del coronel pero rechazó la existencia de un derecho a un reajuste por
fuera de los parámetros decretados. Precisó que la desvinculación se produjo mediante
acto administrativo en 2019.
14. Finalmente, la entidad planteó excepciones de fondo como: acto administrativo
ajustado a la Constitución, la ley y la jurisprudencia, inexistencia del derecho y la
obligación reclamada, prescripción extintiva, cobro de lo no debido y la genérica.
15. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional no contestó la demanda.
Sentencia apelada
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 12 de marzo de
2024, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer
condena en costas y agencias en derecho.
17. El a quo encontró acreditado que el demandante prestó sus servicios como oficial
de la Policía Nacional desde el 5 de noviembre de 1991 hasta su retiro en 2019. No
obstante, concluyó que la pretensión de reliquidación salarial carece de sustento jurídico,
en la medida en que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 limitó el reajuste conforme al
IPC exclusivamente a las pensiones y asignaciones de retiro, más no a los salarios del
personal activo. En consecuencia, durante los años 1997 a 2004, el actor —por
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encontrarse en servicio activo— estaba sujeto a los incrementos salariales fijados por el
Gobierno Nacional, los cuales se expidieron en cumplimiento de la Constitución y la ley.
18. Señaló que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-1017 de 2003, avaló
la posibilidad de que los salarios de servidores públicos con ingresos medios y altos —
como es el caso del actor— se incrementen por debajo del IPC sin que ello vulnere el
derecho a la igualdad, siempre que no se afecte el salario mínimo. Asimismo, precisó que
la sentencia C-391 de 2004 no ordenó la actualización individualizada de los salarios de
cada servidor, sino la conservación del poder adquisitivo global dentro del marco
presupuestal, objetivo que, según el Tribunal, se ha cumplido a través de la escala
gradual porcentual vigente para la Fuerza Pública desde 1997 y los decretos salariales
expedidos anualmente por el Ejecutivo.
19. En esa línea, al no existir una obligación legal que imponga el reajuste salarial del
actor con base en la inflación, tampoco resulta procedente modificar su hoja de servicios
ni ordenar a CASUR la reliquidación de su asignación de retiro. Por tanto, se declaró
probada la excepción de inexistencia del derecho y se negaron las pretensiones
manteniendo la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados.
Recurso de apelación
20. El demandante apeló la sentencia de primera instancia al considerar que se apartó
de la Constitución, de la Ley 4ª de 1992, del régimen salarial especial de la Fuerza Pública
y, especialmente, del mandato fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C-931
de 2004. Afirmó que dicha decisión constitucional ordenó actualizar plenamente, desde
2004, los salarios de los servidores públicos de ingresos medios y altos conforme a la
inflación acumulada entre 1992 y 2004, al constatar una pérdida del poder adquisitivo que
debía corregirse integralmente.
21. Sostuvo que el Tribunal aplicó precedentes anteriores superados por la aludida
sentencia C-931 de 2004 y desconoció que, en el régimen especial de la Fuerza Pública,
la asignación básica del grado de general —referente para toda la escala gradual
porcentual— depende de la remuneración del ministro de Despacho. Por tanto, si estas
asignaciones no se actualizan según la inflación acumulada toda la estructura salarial y
la asignación de retiro resultan afectadas generando un daño antijurídico continuo.
22. Expuso además que el Tribunal ignoró pruebas determinantes —oficios de
Función Pública, series históricas y cuadros de pérdida del poder adquisitivo— que
evidenciaban que entre 1992 y 2004 hubo una merma real del salario no compensada ni
corregida por los decretos posteriores. Por ello, insistió en que corresponde aplicar la
actualización ordenada por la Corte Constitucional: 2,49 % en 2004 y 52,2543 % a partir
de 2005.
23. Alegó que el fallo contiene un defecto sustantivo, por interpretar de forma
restrictiva la exequibilidad condicionada de la Ley 848 de 2003 y omitir el carácter erga
omnes y obligatorio del precedente constitucional. Asimismo, reprochó que se invocara
la presunción de legalidad de los decretos salariales sin verificar su conformidad con el
mandato de actualización y recordó que la protección del salario —por principios como
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favorabilidad, irrenunciabilidad y Convenio 95 de la OIT— hace que la actualización
reclamada sea imprescriptible.
24. En conclusión, pidió revocar el fallo porque desatendió el régimen especial de la
Fuerza Pública, omitió la valoración de pruebas esenciales, desconoció el precedente de
la Corte Constitucional y prolongó una reducción salarial que desde 2004 debía ser
corregida.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
25. Mediante auto del 1.° de noviembre de 2024 se admitió el recurso de apelación y
se le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia
para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta
antes de que el expediente ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.
26. La CASUR sostuvo en esta etapa del proceso que el régimen aplicable a la
asignación de retiro es especial y que el reajuste debe hacerse exclusivamente mediante
el principio de oscilación previsto en el Decreto 1212 de 1990. Afirmó que el IPC solo
puede aplicarse si resulta más favorable después del reconocimiento de la prestación, lo
que no ocurre en este caso, pues el actor solo adquirió asignación de retiro en 2019.
Señaló que la sentencia C-931 de 2004 no es aplicable porque el demandante no
demostró que su salario en actividad estuviera congelado ni que existiera pérdida del
poder adquisitivo no reconocida. En consecuencia, sostuvo que su acto administrativo
está ajustado a derecho y solicitó negar las pretensiones.
27. La Nación (Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional) se pronunció
indicando que se debe confirmar la negativa de las pretensiones al no existir derecho al
reajuste salarial por IPC para personal activo, dado que el régimen salarial de la Fuerza
Pública es especial y solo puede fijarse mediante decretos del Gobierno. Sostuvo que las
normas y la jurisprudencia citadas por el actor aplican únicamente a pensionados o
retirados, no a activos, y que no hubo vulneración alguna pues los salarios se pagaron
conforme a la Ley 4 de 1992 y los decretos anuales.
28. El demandante insistió en que la sentencia C-931 de 2004 ordenó la actualización
plena del salario de todos los servidores públicos según la inflación 1992-2004 y dejó sin
efecto los precedentes previos. Enfatizó que el Gobierno incumplió esta orden al no
ajustar la Escala Gradual Porcentual, lo que generó pérdida del poder adquisitivo que
afectaron su salario y asignación de retiro. Pidió nuevamente inaplicar los decretos
salariales posteriores a 2004 y reliquidar sus emolumentos conforme al mandato
constitucional.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
29. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
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primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
30. Conforme con los reparos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a
esta Sala determinar si el demandante —quien ingresó al disfrute de la asignación de
retiro en 2019 y se desempeñó como coronel de la Policía Nacional— tiene derecho al
reajuste salarial correspondiente al período 1992-2004 y, en consecuencia, a la
reliquidación de su asignación de retiro con base en dichos ajustes.
Análisis del problema jurídico
31. La Sala considera que la parte demandante no tiene derecho al reajuste de los
salarios percibidos entre 1992 y 2004, ni a la reliquidación de las asignaciones de retiro
causadas con posterioridad. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia, de conformidad con las consideraciones que se desarrollarán a continuación.
32. Para abordar este tema, es menester precisar que la asignación de retiro del
personal de las Fuerzas Militares y de Policía ha tenido un sistema de actualización
distinto al que se ha establecido de manera general para las pensiones de los servidores
públicos y trabajadores del sector privado. Este sistema es conocido como el principio de
oscilación, que establece una relación de dependencia entre las asignaciones que
perciben los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y aquellos que se
encuentran en retiro, quienes disfrutan de prestaciones como la asignación de retiro,
pensiones por invalidez o pensiones de sobrevivientes1.
33. En este sentido, es evidente que el reajuste de las asignaciones de retiro no
depende del porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el
artículo 14 de Ley 100 de 19932, sino que está determinado por el porcentaje de
incremento en el salario de los miembros activos de la Fuerza Pública.
34. Se debe resaltar que esta Sala3 ha sostenido de manera pacífica que, conforme al
artículo 4 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional tiene la obligación de modificar
anualmente el sistema salarial de los servidores mencionados en los literales a, b y c del
artículo 1.° de dicha norma, que incluye a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva
Nacional, sin distinción de sector, denominación o régimen jurídico; así como a los
empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía
General de la Nación, la Organización Electoral, la Contraloría General de la República y
la Fuerza Pública.
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de septiembre de 2024, rad. 25000
23 42 000 2021 00692 01 (6519-2023), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
2 Ley 100 de 1993: «ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de
vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del
sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de
oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor,
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. […]»
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, rad. 50001-23-
33-000-2016-00116-01 (0278-2023), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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35. Además, el artículo 13 de la misma ley establece que el Gobierno Nacional deberá
implementar una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal
activo y retirado de la Fuerza Pública, de acuerdo con los principios establecidos en la
norma.
36. Por lo tanto, la Ley 4 de 1992, en sus artículos 4 y 13, no establece condiciones
específicas sobre el porcentaje de incremento anual de los salarios, sino que impone esta
obligación al Gobierno Nacional, lo cual significa que no proporciona un fundamento
normativo para exigir que la asignación salarial se incremente anualmente en un
porcentaje igual o superior al IPC.
37. En el expediente obra la hoja de servicios No. 79539935 del 10 de enero de 2019,
expedida por la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional4. En dicho
documento consta que el demandante ingresó a la entidad como oficial el 5 de noviembre
de 1991 y que se desvinculó del servicio activo el 21 de marzo de 2019, fecha para la
cual ostentaba el grado de coronel.
38. Asimismo, reposa el Decreto 2298 del 17 de diciembre de 20185, mediante el cual
el presidente de la República dispuso el retiro del actor del servicio activo de la Policía
Nacional «por solicitud propia», conservando su alta en la institución durante tres meses
contados a partir de la ejecutoria del acto.
39. De igual forma, a través de la Resolución 834 del 1.º de marzo de 20196, el director
general de la Policía Nacional reconoció y ordenó pagar al demandante una asignación
mensual de retiro equivalente al 95% del sueldo básico de actividad correspondiente al
grado y partidas computables, con cargo al presupuesto de la misma entidad y efectiva a
partir del 21 de marzo de 2019.
40. Así, para el periodo comprendido entre 1992 y 2004, por el cual el demandante
solicita el ajuste acumulado, el Gobierno Nacional, en cumplimiento del artículo 13 de la
Ley 4 de 1992, estableció la escala gradual porcentual para los miembros de la Fuerza
Pública mediante los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107
de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de
2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004.
41. Dado que durante esos años el actor era miembro activo de la Policía Nacional, el
incremento de su sueldo básico mensual debía ajustarse a las disposiciones
gubernamentales mencionadas y no podía basarse en una norma distinta.
42. Inclusive, un eventual desacuerdo respecto a los salarios fijados en esos años
debió discutirse en función del contenido de los decretos mencionados, donde se reflejó
la voluntad de la Administración sobre este asunto. Antes bien, esos preceptos gozan de
presunción de legalidad y no se avizora providencia ejecutoriada que los haya anulado o
suspendido provisionalmente.
4 SAMAI, expediente digital, documento «3_ED_DEMANDAACTUALIZACIO», pág. 71.
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Ibidem, pág. 95.
6 Ibidem, pág. 72-73.
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43. Es evidente entonces la improcedencia del reajuste de la asignación básica
recibida en servicio activo que reclama el recurrente, habida cuenta que el Gobierno
Nacional no se encontraba legalmente atado a incrementar con base en el IPC las
asignaciones salariales para los años 1992 a 2004 y, por demás, durante ese interregno
aun no devengaba la asignación de retiro de la cual pudiera predicarse el reajuste al que
alude7.
44. Por su parte, el recurrente sustenta su inconformidad en la aplicación que, a su
juicio, debe darse a la sentencia C-931 de 2004, mediante la cual la Corte Constitucional
examinó el artículo 2.º de la Ley 848 de 2003 y desarrolló el alcance del derecho
constitucional a mantener el poder adquisitivo real del salario (art. 53 CP).
45. En dicha providencia la Corte precisó que: (i) el reajuste pleno es intangible para
quienes devengan hasta dos salarios mínimos; (ii) para los salarios medios y altos el
incremento puede ser limitado, pero no desconocido; (iii) la limitación debe obedecer a
criterios de progresividad y proporcionalidad, de manera que afecte más a quienes
perciben mayores ingresos; y (iv) es inconstitucional fijar incrementos de cero por ciento
para todo el grupo de salarios medios y altos, como ocurrió en la vigencia presupuestal
de 2004.
46. De lo anterior se desprende que el derecho previsto en el artículo 53 de la
Constitución no es ilimitado pues se encuentra sujeto a las condiciones
macroeconómicas del país. Por razones de igualdad y solidaridad, los salarios de los
servidores públicos de medianos y altos ingresos pueden ajustarse por debajo del IPC,
siempre que ello no implique desconocer los principios de proporcionalidad, movilidad y
razonabilidad del incremento.
47. La exequibilidad del precepto fue condicionada a que el Gobierno y el Congreso
incorporaran en el presupuesto las partidas necesarias para actualizar los salarios
medios y altos conforme a tales criterios, y garantizaran, además, el reajuste anual de las
pensiones de acuerdo con el artículo 48 superior. En síntesis, la C-931 de 2004 reconoció
el derecho a conservar el poder adquisitivo del salario, pero en términos limitados, no
absolutos, cuya restricción solo es admisible si responde a criterios estrictos de
razonabilidad fiscal, proporcionalidad e igualdad.
48. Ahora bien, como se dejó sentado, el actor pertenece al régimen especial de la
Fuerza Pública, cuyas asignaciones están sometidas a lo dispuesto por el Gobierno
nacional en cada anualidad, en virtud del artículo 13 de la Ley 4ª de 1992. La sentencia
C-931 de 2004 examinó exclusivamente la constitucionalidad del presupuesto de la
vigencia 2004; por ende, claramente no es extensible a vigencias anteriores, como
pretende el recurrente.
7 Sobre este razonamiento, ver las siguientes sentencias de esta Subsección que sirven de fundamento
jurisprudencial: i) sentencia del 21 de agosto de 2024, rad. 25000 23 42 000 2019 00987 01, C.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves; ii) sentencia del 20 de noviembre de 2024, rad. 25000 23 42 000 2018 02165 01
(3026-2024), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; iii) sentencia del 27 de febrero de 2025, rad. 76001 23 33
000 2016 01667 01 (4898–2022), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; iv) sentencia del 14 e mayo de 2025,
rad. 25000-23-42-000-2019-01530-01 (5066-2024), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Demandante: Óscar Octavio González Parra
49. De igual forma, entre 2004 y 2019 —año del retiro del actor— la asignación salarial
del personal uniformado se ajustó conforme a los porcentajes previstos en los Decretos
4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530
de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de
2016, 984 de 2017, 324 de 2018 y 1002 de 2019, expedidos en ejercicio de las facultades
otorgadas por la Ley 4ª de 1992.
50. De lo explicado se advierte que entre 1992 y 2004 los incrementos salariales del
actor se realizaron conforme al régimen legal y constitucional aplicable al personal
uniformado. De igual forma, desde 2004 en adelante, las asignaciones de retiro se
actualizaron anualmente conforme a los decretos dictados por el Gobierno Nacional en
ejercicio de las mismas competencias otorgadas por la Ley 4ª de 1992. Para ese
momento, el demandante aún no era titular de la asignación de retiro —situación que solo
se consolidó en 2019—, razón por la cual no es posible predicar afectación alguna sobre
dicho rubro en esas anualidades.
51. En conclusión, se impone confirmar la sentencia de primera instancia por cuanto
no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados
debido a que los reajustes aplicados cuentan con pleno respaldo constitucional y legal.
En tales condiciones, no es procedente acceder a las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
55. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Radicación: 25000 23 42 000 2021 00541 01 (5060-2024)
Demandante: Óscar Octavio González Parra
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 12 de marzo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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