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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00570-01

Fecha
30 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00570-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección D), que negó las pretensiones de la demanda, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00570-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

30 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado : 25000-23-42-000-2021-00570-01
Nº Interno : 3322-20221
Demandante : Juan Carlos León Jaime
Demandada : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (Casur)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437
de 2011
Tema : Reliquidación de asignaciones salarial y de retiro con
fundamento en la sentencia C-931 de 2004 de la
Corte Constitucional

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 17 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección D), que
negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda.

1.1. Pretensiones.

El señor Juan Carlos León Jaime, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad << Oficio No. S-2021- 006401/ANOPA-GRULI-1.10
del 16 FEB 2021, por medio del cual la Policía Nacional, negó al actor la
reliquidación (reajuste) de la asignación mensual (haberes mensuales),
cesantías, indemnizaciones y demás prestaciones sociales, en los meses
de enero a diciembre del año 2004, establecidos según los Decretos 4150
y 4158 de 2004; igualmente se negó el reajuste a la asignación mensual
(Salario) pagada por la entidad a partir del mes de enero del año 2005 y
hasta la fecha de su retiro de la Institución; no teniendo en cuenta en dicha
actuación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los servidores
públicos, lo anterior, tomando como ingreso base de liquidación en la

1 Las presentes diligencias reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica

para la gestión judicial denominada Samai.

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Nº Interno: 3322-2022
Demandante: Juan Carlos León Jaime
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y otro

ESCALA GRADUAL PORCENTUAL, la asignación básica (Sueldo Básico)
del Grado de General de la República Ajustada con base en la inflación
causada y acumulada en el periodo comprendido entre los años 1992 a
2004.>>

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a las
demandadas a: (i) <<[…] Que, como consecuencia de la anterior
declaración y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ordene
reliquidar, reajustar y pagar el incremento equivalente al 2.49%, resultado
de la diferencia entre la asignación mensual (Salario) pagada por la entidad
en los meses de enero a diciembre del año 2004, según lo establecido en
los Decretos 4150 y 4158 de 2004, y la que realmente corresponde por
ajustes de actualización conforme a la inflación causada del año 2003 y
que afectaron el valor de la asignación básica (sueldo básico) de un oficial
en el grado de General o Almirante, el cual sirve de referente para
establecer de conformidad con la Escala Gradual Porcentual, el sueldo
básico de mi poderdante; téngase para dicho reajuste el sueldo básico, los
subsidios, las primas, las compensaciones y las bonificaciones
consagrados en las normas que regulan la materia, factores computables
como base de liquidación en la asignación mensual y demás prestaciones
sociales.>>

(ii) <<Igualmente, se ordene reliquidar, reajustar y pagar el incremento
equivalente al 52.2543%, resultado de la diferencia entre la asignación
mensual (Salario) pagada por la entidad a partir del mes de enero del año
2005 y hasta la fecha de retiro de la Institución del actor, conforme a los
decretos de salarios expedidos por el Gobierno Nacional y la que realmente
corresponde por ajustes de actualización plena conforme a la inflación
acumulada y causada entre los años 1992 a 2004 y que afectaron el valor
de la asignación básica (sueldo básico) de un oficial en el grado de General
o Almirante, el cual sirve de referente para establecer de conformidad con
la Escala Gradual Porcentual, el sueldo básico de mi poderdante; téngase
para dicho reajuste el sueldo básico, los subsidios, las primas, las
compensaciones y las bonificaciones consagrados en las normas que

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Nº Interno: 3322-2022
Demandante: Juan Carlos León Jaime
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y otro

regulan la materia, factores computables como base de liquidación en la
asignación mensual y demás prestaciones sociales.>>

(iii) << El reajuste e incremento resultado de los salarios y prestaciones
sociales, deberá liquidarse y reflejarse mes a mes, desde el año 2004 con
los nuevos valores tomándose como referencia la diferencia indicada en los
numerales anteriores; además, deberán aplicarse los ajustes posteriores a
partir del año 2005 teniendo en cuenta, la diferencia entre la inflación
causada sobre la asignación básica (sueldo básico) de un oficial en el
grado de General o Almirante del año inmediatamente anterior y/o lo
decretado por el Gobierno Nacional, en todo caso ha de aplicarse el más
favorable para mi prohijado.>>

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El actor ingresó a la Policía Nacional, « escalonándose como Subteniente
el pasado cinco (5) de noviembre de 1992 » (sic) y se retiró el 22 de junio
de 2018 en el grado de coronel.

Mediante «la sentencia C-931 de veintinueve (29) de septiembre de dos mil
cuatro (2004) […] la Corte Constitucional, ordenó al Gobierno Nacional y al
Congreso de la República, realizar el pago de los reajustes salariales de
todos los servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general
de la Nación, antes de que expirara la vigencia fiscal del año 2004;
adicionalmente ordenó que en la aprobación de la Ley del Presupuesto […]
debe haberse reconocido la actualización plena del derecho a
mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores
públicos […]» (sic).

El 28 de noviembre de 2020 presentó reclamación ante la Policía Nacional
y Casur, con el fin de obtener la reliquidación de sus salarios y asignación
de retiro, respectivamente, conforme «[…] a la inflación causada y
acumulada entre los años 1992 a 2004 […]», lo que le fue negado a través
de los actos administrativos acusados.

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Demandante: Juan Carlos León Jaime
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y otro

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

De la Constitución Política, los artículos 4, 48, 53, 217, 218, 220, 230 y 373.
De la Ley 4ª de 1992, los artículos 1, 2, 3 y 13.
De la Ley 1450 de 2011, el artículo 271.
Los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990; 100 de 1991, 334 y 872 de 1992,
11 de 1993, 42 de 1994, 25 de 1995, 10 de 1996, 31 de 1997, 40 de 1998,
35 de 1999, 2720 de 2000, 2710 de 2001, 660 de 2002, 3535 de 2003,
4150 de 2004, 916 de 2005, 372 de 2006, 600 de 2007, 643 de 2008, 708
de 2009, 1374 de 2010, 1031 de 2011, 853 de 2012, 1029 de 2013, 199 de
2014, 1101 de 2015, 229 de 2016, 999 de 2017, 330 de 2018, 1011 de
2019, 304 de 2020, 335 y 921 de 2012, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de
1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000,
2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005,
407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010,
1050 de 2011, 842 de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015,
214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018, 1002 de 2019 y 318 de 2020.

La parte demandante expuso que «[e]l daño antijurídico, se refleja en las
remuneraciones actuales de todo el personal de la Fuerza pública como
quiera que los salarios, prestaciones sociales y las asignaciones de retiro o
pensiones, presentan una pérdida acumulada de poder adquisitivo […],
fruto de incrementos porcentuales inferiores a la inflación causada y que en
el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004 acumularon un
porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) de lo reconocido por
parte del Gobierno Nacional; generándose así un déficit o pérdida salarial y
prestacional en las remuneraciones y demás derechos de este personal».

2. Contestación de la demanda.

2.1 Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional. Se
opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Señala que
la Policía siempre le canceló al ex funcionario los salarios que legalmente
fijó el Gobierno Nacional, lo cual, enrostra, no es desvirtuado en el plenario.

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Demandante: Juan Carlos León Jaime
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Por tal motivo, indica que las pretensiones deben ser declaradas como
infundadas.

Formula como excepciones las de acto administrativo acorde con la
constitución y la Ley y prescripción extintiva.

2.2. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Se opone a todas
y cada una de las pretensiones del libelo. Arguye que considera ajustado a
Derecho el oficio atacado y se fundamenta en las normas en que deben
fundarse, de acuerdo con las pruebas recolectadas y en el marco de la
constitución y la ley, y sobre el cual no se puede desvirtuar, ni hay medio
de prueba pertinente para hacerlo, la legalidad, cuya presunción debe
prevalecer como se demostrará en juicio. Propone la excepción de
legalidad del acto acusado.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda,
Subsección D), mediante sentencia proferida el 17 de febrero de 2022,
negó las pretensiones de la demanda (sin condena en costas).

Consideró que se observa que el señor León devengaba más de 2 SMLMV
y que en ningún momento fue congelado su salario, ya que siempre
tuvieron un incremento anual de este.

Ahora bien, respecto a las reglas de actualización salarial fijadas por la
Corte Constitucional para los años 2004, 2005 y 2006, la Sala observa del
acervo probatorio, que la demandante, no tuvo una desmejora salarial.

Discurre en que el demandante para el año 2004 obtuvo un incremento
salarial inferior al porcentaje de la inflación, sin embargo, la Corte
Constitucional convalidó que, para ese año, el incremento fuera menor
mientras no estuviera por debajo del 50%, en otras palabras, el aumento
mínimo para el 2004 estaba en 3,2.

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Asimismo, para el año 2005 el accionante obtuvo un incremento salarial
superior o igual a la inflación del año anterior, razón por la cual, es posible
entender que, con ese acrecentamiento salarial, se buscó dar cumplimiento
a la orden de la Sentencia C-931 de 2004, de reajustar para mantener el
poder adquisitivo real del salario a todos los servidores públicos antes de
finalizar el cuatrienio del Plan Nacional de Desarrollo.

Concluyendo que, a la parte demandante no le asiste razón en lo
pretendido con su demanda, en consecuencia, no se logró desvirtuar la
presunción de legalidad propia de los actos administrativos acusados, por
lo que los mismos, continúan surtiendo sus efectos jurídicos y fueron
expedidos conforme a las disposiciones normativas, por lo que las
pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.

4. El recurso de apelación.

La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia.
Insistió en los argumentos de demanda y añadió que conforme a lo
dispuesto en la sentencia C-931 de 29 de septiembre de 2004 de la Corte
Constitucional, el Estado debe garantizar a los servidores públicos «[…]
alcanzar la actualización plena de su salario, incrementos iguales o
superiores de conformidad con el índice acumulado de inflación».

5. Alegatos de conclusión

En auto del 23 de agosto de 2022, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del
numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a
las partes para alegar; no obstante, el apoderado del actor presentó escrito
en el que reitera lo expresado en su memorial de alzada, en el sentido de
dar aplicación a lo dispuesto en el fallo C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional.

Luego, insiste en que se avoque conocimiento para emitir una sentencia de
unificación sobre el tema, sin embargo se le negó dicha petición treinta y

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uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024) bajo los siguientes
argumentos: << contrastado con la determinación adoptada por la sección
segunda de esta Corporación, antes trascrita y que, por demás, ha sido
reiterada, el despacho observa que aquella versa sobre el mismo asunto,
esto es, la reliquidación de la asignación de retiro con base en el índice de
precios al consumidor (IPC), por lo que resulta imperativo reiterar la
posición a la que se ha hecho referencia, que comporta, sin lugar a dudas,
que no se acceda a la solicitud de la referencia y, por tanto, no se avoque
conocimiento para unificar jurisprudencia en la materia, por lo que, una vez
ejecutoriada esta decisión, el expediente ingresará al despacho para emitir
la decisión de fondo que en derecho corresponda.>>.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso
(CGP)2, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección
B), que negó las pretensiones. Para el efecto se analizará si al actor le
asiste derecho o no para reclamar de la parte accionada (i) la reliquidación
de la asignación básica «por ajustes de actualización plena conforme a la
inflación acumulada y causada entre los años 1992 a 2004», con

2
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

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fundamento en la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional; y, en
consecuencia, (ii) el reajuste de su asignación de retiro.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos
probados; y 2.3. Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial

En principio, debe precisar la Sala que la Constitución Política, en el
numeral 19 (letras e y f) del artículo 150, le asigna al Congreso de la
República competencia para dictar las normas generales, desde luego a
través de leyes, a las cuales debe sujetarse el Gobierno, entre otras
materias, en punto a fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza
pública, así como la regulación del régimen de prestaciones sociales
mínimas de los trabajadores oficiales. A su vez, los artículos 217 y 218 de
la norma superior contemplan que la ley determinará el régimen especial
de carrera, prestacional y disciplinario propio de los miembros de las
fuerzas militares y de la Policía Nacional.

En desarrollo de la citada competencia, el legislador expidió la Ley 4ª de
1992, «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que
debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones […]»,
que, en lo pertinente, establece:

Artículo 1. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas,
criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial
y prestacional de:

a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional,
cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico;

b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización
Electoral y la Contraloría General de la República;

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c) Los miembros del Congreso Nacional, y

d) Los miembros de la Fuerza Pública [destaca la Sala].
[…]

Artículo 4. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el
artículo 2°. el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días
del mes de enero3de cada año, modificará el sistema salarial
correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1º
literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones.
[…] (negrilla de la Sala).

Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional
establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la
remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de
conformidad con los principios establecidos en el artículo 2º.

En ejercicio de la facultad conferida en las anteriores disposiciones, el
Gobierno nacional ha fijado anualmente los sueldos básicos para el
personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares4, a través de
porcentajes que son definidos para cada grado respecto de la asignación
básica de un general, que a su vez constituyen el referente para reajustar
las asignaciones de retiro que se reconocen a tales servidores en virtud del
principio de oscilación.

Por otra parte, resulta menester precisar que el artículo 14 de la Ley 100 de
1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones», preceptuó que las pensiones debían ser
reajustadas «[…] de oficio, el primero de enero de cada año, según la
variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el
DANE para el año inmediatamente anterior», con la finalidad de que
mantuvieran su poder adquisitivo constante.

De igual modo, el artículo 279 de la misma normativa previó:

Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido
en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el

3
Frase tachada declarada inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-710 de 22 de septiembre de
1999, magistrado ponente doctor José Gregorio Hernández.
4
Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de
1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515
de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012 y 1017 de 2013.

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Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a
partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas [negrillas fuera de texto].

Sin embargo, el Congreso de la República expidió la Ley 238 de 1995, por
medio de la cual adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, así:

Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no
implican negación de los beneficios y derechos determinados en los
artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores
aquí contemplados.

Del anterior recuento normativo, se colige que el aumento de los sueldos
del personal uniformado de las fuerzas militares se fija anualmente por el
Gobierno nacional a través de decreto, mientras que el incremento de las
asignaciones de retiro que se reconoce a tales servidores se efectúa
conforme al principio de oscilación, que, en todo caso, no puede ser inferior
al índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año inmediatamente
anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 279 (parágrafo 4.º) de la
Ley 100 de 1993, empero, a partir de la interpretación jurisprudencial del
Consejo de Estado al respecto5, dicho personal retirado contó con la
posibilidad de que sus asignaciones de retiro fueran ajustadas anualmente
con la variación porcentual del IPC, de conformidad con el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993, siempre y cuando resultara más favorable.

Esa posibilidad se mantuvo hasta la expedición de la Ley 923 de 30 de
diciembre de 2004, reglamentada a través del Decreto 4433 de 2004, por
medio del cual fue establecido el régimen pensional de asignación de retiro
de los miembros de la fuerza pública, normativa que impuso nuevamente
de manera expresa el sistema de ajuste anual de las prestaciones en retiro
con aplicación del principio de oscilación.

5
Sobre la tesis de aplicación de la Ley 238 de 1995, puede verse: Consejo de Estado, sala de lo contencioso -
administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 15 de noviembre de 2012, expediente
2500023250002010005111 01, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

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Dicho lo anterior, resulta evidente que, conforme a la interpretación que la
jurisprudencia ha desarrollado6, la Ley 238 de 1995, al referirse al artículo
14 de la Ley 100 de 1993, únicamente lo hizo respecto de los pensionados
excluidos de la aplicación del sistema integral de seguridad social (dentro
de los cuales se encuentran los pensionados de la fuerza pública); en
consecuencia, es dable concluir que su alcance y objetivos no tienen la
vocación de incidir en los ajustes anuales de salario alguno y, en
específico, no fijó ningún tipo de modificación al régimen salarial que cobija
a los miembros activos de las fuerzas militares y la Policía Nacional.

Por consiguiente, la Sala concluye que el reajuste del salario básico que
reciben los miembros activos de la fuerza pública sigue rigiéndose por los
decretos que para el efecto expida el Gobierno nacional, teniendo como
referente el salario señalado para el grado de general en actividad.

2.2. Hechos probados.

i) De acuerdo con la hoja de servicios del demandante, este prestó sus
servicios a la Policía Nacional por 28 años y 12 días, desde el 23 de enero
de 1990 (como oficial a partir del 5 de noviembre de 1992) hasta el 22 de
junio de 2018, incluidos los tres meses de alta, y su último grado fue el de
coronel.

ii) Mediante Resolución 2991 del 22 de mayo de 2018, Casur reconoce al
actor una asignación de retiro, a partir del 22 de junio de ese mismo año,
en cuantía del 93% del sueldo básico de actividad correspondiente a su
grado, más las partidas computables de acuerdo con la ley.

iii) Oficio 20144000138271 de 1° de octubre de 2014, por el cual el director
de desarrollo organizacional de la Policía Nacional señala que los
incrementos al sueldo básico para generales y almirantes de 1996 a 2004 y
el IPC del año inmediatamente anterior fueron los siguientes:
6
Al respecto, entre otras, se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, sala de lo
contencioso - administrativo, sección segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, consejero ponente: Jaime
Moreno García, expediente 8464-05; sentencia de 9 de octubre de 2017, expediente 1865-16; sentencia de 8 de
febrero de 2018, consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández, expediente 0014-16, sentencia 5 de mayo de
2016, número interno: 1640-2012; sentencia 27 de enero de 2011, consejero ponente: Gustavo Gómez
Aranguren, número interno: 1479-2009; sentencia 4 de marzo de 2010, consejero ponente: Luis Rafael Vergara
Quintero, número interno: 0479-2009.

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INCREMENTO IPC AÑO
AÑO NORMA SUELDO BÁSICO
SUELDO ANTERIOR
BÁSICO
1996 DECRETO 107 1.662.495 15,00% 19,46%
1997 DECRETO 122 1.795.495 8,00% 21,63%
1998 DECRETO 58 2.198.484 22,44% 17.68%
1999 DECRETO 62 2.418.332 10,00% 16,70%
2000 DECRETO 2724 2.641.544 9,23% 9,23%
2001 DECRETO 1463 2.707.583 2,50% 8,75%
2002 DECRETO 745 2.833.756 4,66% 7,65%
2003 DECRETO 3552 2.932.938 3,50% 6,99%
2004 DECRETO 4158 3.050.256 4,00% 6,49%
[…]

[…].

Actuación administrativa

i) El señor Juan Carlos León Jaime formuló reclamación administrativa el
28 de noviembre de 2020, ante Casur y la Policía Nacional, en su orden,
para obtener el incremento del salario básico que devengó «conforme a la
inflación acumulada y causada entre los años 1992 a 2004» y la
reliquidación de su asignación de retiro «a partir de la fecha en que fue
reconocida».

ii) A través de oficio S-2021-06401/ANOPA-GRULI-1.10 de 16 de febrero
de 2021, el responsable de procedimientos de nómina de la Policía
Nacional negó la petición del actor, por cuanto «[…] no ha recibido Decreto
alguno expedido por el Gobierno Nacional, que disponga reliquidación de
asignación mensual percibida en los invocados años, motivo por el cual
jurídicamente no es viable atender de manera favorable sus pretensiones.»
(sic).

iii) Por oficio 627295 de 28 de enero de 2021, emitido por Casur, se negó la
solicitud del demandante y se le informó que «[…] De otra parte el
Gobierno Nacional al expedir el Decreto anual de incremento del sueldo
para la Fuerza Pública, ha establecido los parámetros que rigen los
reajustes de los salarios dando aplicación a la escala gradual porcentual
contemplada en las normas especiales que han regulado la materia y que

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Nº Interno: 3322-2022
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la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ha venido acatando, sin
que pueda variar los criterios fijados por el Gobierno Nacional, toda vez que
dichos reajustes se fundamentan en el sistema prestacional de los
miembros de la Fuerza Pública, correspondiendo al Congreso de la
República, mediante ley, modificar los parámetros fijados para el aumento
de las asignaciones de retiro.
Así mismo y revisado su expediente administrativo, se constató que a partir
de la fecha del reconocimiento de su asignación de retiro y hasta la
presente la Caja de Sueldos de Retiro ha incrementado la prestación de
conformidad con los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional que
establecen la Escala Gradual Porcentual.».

2.3. Caso concreto.

El señor Juan Carlos León Jaime acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar el incremento del salario básico
que devengó «conforme a la inflación acumulada y causada [de] 1992 a
2004» y el consecuente reajuste de su asignación de retiro, a partir de la
fecha en que fue reconocida.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda,
Subsección D) negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la
fuerza pública tiene un régimen especial, según el cual: <<es claro que el
demandante para el año 2004 obtuvo un incremento salarial inferior al
porcentaje de la inflación, sin embargo, la Corte Constitucional convalidó
que, para ese año, el incremento fuera menor mientras no estuviera por
debajo del 50%, en otras palabras, el aumento mínimo para el 2004 estaba
en 3,2. Asimismo, para el año 2005 el accionante obtuvo un incremento
salarial superior o igual a la inflación del año anterior, razón por la cual, es
posible entender que, con ese acrecentamiento salarial, se buscó dar
cumplimiento a la orden de la Sentencia C-931 de 2004, de reajustar para
mantener el poder adquisitivo real del salario a todos los servidores
públicos antes de finalizar el cuatrienio del Plan Nacional de Desarrollo.>>

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior

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decisión, puesto que, en su criterio, de acuerdo con lo dispuesto en la
sentencia C-931 de 29 de septiembre de 2004 de la Corte Constitucional, el
Estado debe garantizar a los servidores públicos «[…] alcanzar la
actualización plena de su salario, incrementos iguales o superiores de
conformidad con el índice acumulado de inflación» (sic).

Analizados los argumentos planteados por el actor en el escrito de alzada,
observa la Sala que en el presente asunto depreca el reajuste salarial y de
la asignación de retiro, con fundamento en lo establecido por la Corte
Constitucional en sentencia C-931 de 20047, que estudió una demanda de
inconstitucionalidad presentada contra el artículo 2° de la Ley 848 de
20038, que dispone:

Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y
servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación
durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004
una suma por valor de: SETENTA Y SEIS BILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIUNMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA LEGAL ($76.647.602.221.850), según el detalle que se
encuentra a continuación: […]

Ahora bien, en esa oportunidad la Corte Constitucional realizó un análisis
concerniente al derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de
los servidores públicos, para lo cual sostuvo:

A pesar de que la jurisprudencia ha dejado sentado que el derecho a
mantener el poder adquisitivo real del salario no es un derecho
absoluto, sino que antes bien por esencia es limitable, estas
limitaciones deben cumplir ciertas condiciones […], que evitan que el
derecho se diluya en las consideraciones relativas al principio de
prevalencia del interés general. Conforme a tales condicionamientos,
(i) el derecho a obtener el reajuste salarial de los servidores públicos
que devengan bajos salarios es “intangible”; (ii) en principio, el
derecho de estos servidores al reajuste anual implica que el aumento
de su salario mantenga su poder adquisitivo real, por lo cual el criterio
de reajuste debe ser el del índice de inflación; (iii) los servidores que
devengan salarios medios o altos pueden ver limitado su derecho en
mayor o menor proporción, según el nivel salarial de cada uno. En
estos rangos, a mayor nivel salarial caben mayores limitaciones y

7
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
8
«por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004», aplicable a los órganos que conforman el presupuesto general
de la Nación.

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viceversa; (iv) el poder adquisitivo del salario de los servidores
públicos que devengan salarios medios o altos puede ser limitado
pero no desconocido, “de tal forma que no es dado dejar de reconocer
algún porcentaje de aumento salarial, en términos nominales, a dichos
servidores”; (v). En los salarios medios y altos “la limitación admisible
debe respetar el principio de progresividad de tal forma que a menor
capacidad económica, menor sea el grado de la limitación”, condición
ésta que es importante para respetar el derecho de los servidores que
devengan salarios medios.

Confrontando la norma acusada con las anteriores condiciones que
han sido señaladas por la jurisprudencia, la Corte aprecia que el
artículo acusado respeta el carácter intangible del derecho al reajuste
que tienen los servidores públicos de bajos salarios, pues permite que
haya un aumento salarial equivalente a la inflación registrada durante
2003, para todos los servidores públicos que devengan hasta dos
salarios mínimos.

En cambio, en cuanto al derecho al reajuste salarial de los demás
servidores públicos, es decir aquellos que reciben salarios superiores
a dos SLMM, la Corte estima que la limitación introducida mediante el
artículo 2° de la Ley 848 de 2003 no respeta las condiciones
jurisprudencialmente deducidas que hacen que tal limitación sea
constitucionalmente aceptable.

En efecto, para esa clase de servidores no se reconoce en absoluto
ningún tipo de actualización salarial; además, todos quedan afectados
por la misma medida, de manera tal que la limitación no es
proporcional al nivel salarial en que se encuentra el servidor, ni
progresiva en la medida en que el salario sea mayor. La ley no
distingue entre salarios medios y altos, desconociendo los principios
de proporcionalidad y progresividad, y haciendo más gravosa la
limitación para el grupo de los servidores que reciben salarios medios.

Por todo lo anterior la Corte concluye que, respecto de la limitación
que se aplica al derecho de los servidores de salarios medios y bajos
a obtener el reajuste de sus asignaciones, el medio utilizado por el
legislador en esta oportunidad no es constitucionalmente válido.
[…]

“4.2.2.2. El derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario no
es absoluto. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo
real del salario no es un derecho absoluto, como no lo es ningún
derecho en un Estado Social y Democrático. La conceptualización del
derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario como derecho
limitable es un desarrollo específico de la doctrina según la cual los
derechos, incluso los fundamentales, no son absolutos, de lo que se
deriva la posibilidad de armonizarlos para asegurar en la práctica su
ejercicio efectivo.”
[…]

a. Existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores
públicos, a mantener el poder adquisitivo de sus salarios (artículo 53 y

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Nº Interno: 3322-2022
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concordantes, CP) y, por ende, a que se realicen ajustes anuales en
proporción igual o superior a la inflación causada en el año
inmediatamente anterior, sin que éste sea el único parámetro que
pueda ser tenido en cuenta. En consecuencia, no puede haber una
política permanente del Estado que permita la disminución del poder
adquisitivo del salario.

b. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del
salario no es un derecho absoluto. No obstante, no cualquier interés
estatal justifica su limitación. Sólo puede ser limitado para promover el
fin constitucionalmente imperioso de preservar la estabilidad
macroeconómica reduciendo el gasto en circunstancias de déficit
fiscal y elevado endeudamiento para no afectar el gasto público social
(artículo 350, CP), asegurando así la efectividad de la solidaridad
como principio fundamental del Estado Social de Derecho (artículo 1,
CP), dentro de un contexto económico que justifique la necesidad de
la limitación (artículo 2, CP).
[…]

d. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los
servidores públicos a mantener el poder adquisitivo del salario sólo
puede afectar a aquellos que tengan un salario superior a los dos (2)
salarios mínimos legales mensuales. El derecho de tales servidores
públicos puede ser objeto de limitaciones, es decir, su salario podrá
ser objeto de ajustes en una proporción menor a la de la inflación
causada en año 2003, siempre y cuando se dé cumplimiento a los
siguientes parámetros normativos:

• Las limitaciones de los ajustes salariales anuales deben respetar el
principio de progresividad por escalas salariales, de tal manera que
quienes perciban salarios más altos se vean sujetos a las mayores
limitaciones y los servidores ubicados en la escala salarial más alta
definida por el Gobierno sean quienes estén sometidos al grado más
alto de limitación.
• En todo caso, para respetar el principio de proporcionalidad, las
diferencias en los ajustes entre escalas salariales deberán ser
mínimas, y a ninguno de los servidores públicos se le podrá afectar el
núcleo esencial de ese derecho.
[…]

De lo anterior se colige que el derecho del trabajador a que su salario
mantenga el poder adquisitivo contenido en el artículo 53 de la Carta
Política, no es un concepto absoluto, sino que está ligado a la situación
fiscal del país. Con base en los principios de igualdad y solidaridad, el
aumento del salario de los servidores públicos puede limitarse debido a que
son quienes tienen mayor capacidad para soportarlo, sin que ello conlleve
el desconocimiento de los principios de proporcionalidad y de movilidad
salarial.

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En consecuencia, la Corte declaró exequible el artículo controvertido, «[…]
en cuanto prevé un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación
registrada para el año 2003, a favor de aquellos servidores públicos que
devengan hasta dos salarios legales mínimos mensuales» (sic), pero lo
condicionó a que el Gobierno nacional y el Congreso de la República «[…]
al momento [de] definir concretamente cuál será la limitación del derecho a
mantener el poder adquisitivo real de los salarios de los servidores públicos
que devengan más de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable
en la vigencia presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios
jurisprudenciales recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4.
de la presente Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo
puede tenerse como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas
necesarias para mantener, en los términos de esta providencia,
actualizados los salarios de los servidores públicos de ingresos medio o
altos» (sic); y respeten «[…] el derecho de los pensionados a mantener el
poder adquisitivo real de la pensión, mediante su reajuste anual en los
términos del artículo 53 y del último inciso del artículo 48 de la Constitución
Política. En consecuencia, para esos propósitos el Gobierno Nacional y el
Congreso de la República, dentro de sus competencias, si aun no lo han
hecho, deberán efectuar las adiciones o traslados presupuestales
necesarios, antes de que expire la vigencia fiscal de 2004» (sic) [destaca la
Sala].

Ahora bien, como se dejó consignado en el acápite precedente, en razón
al régimen especial de las fuerzas militares, del que goza el actor, los
aumentos salariales se efectúan de acuerdo con lo que determine el
Gobierno nacional en cada anualidad, por mandato expreso del artículo 13
de la Ley 4ª de 1992.

En cuanto al criterio fijado por la Corte Constitucional, resulta oportuno
advertir que el precitado fallo, como se dijo, estudió la constitucionalidad
de la Ley 848 de 2003, por medio de la cual se decretó el presupuesto de
rentas y recursos de capital para el 2004, por lo que no podría aplicarse
siquiera a las vigencias anteriores, como lo pretende el actor, máxime
cuando para los períodos de 1992 a 2003 el Gobierno nacional

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incrementó los salarios del personal uniformado de las fuerzas militares, a
través de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995,
107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de
2001, 745 de 2002 y 3552 de 2003.

En todo caso, para las anualidades de 2004 a 2018 (en el que ocurrió su
retiro), el aumento de su asignación salarial, se insiste, debía efectuarse
conforme a las cifras porcentuales contempladas en los Decretos 4158 de
2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009,
1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014,
1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017 y 324 de 2018, expedidos por el
Gobierno nacional, en ejercicio de las facultades conferidas por el
Congreso de la República, se reitera, mediante la Ley 4ª de 1992.

Así las cosas, fluye con claridad que en el asunto sub examine los ajustes
de las asignaciones salariales del actor se hicieron de conformidad con lo
determinado por el Gobierno nacional, máxime cuando, dado su régimen
especial, el personal uniformado cuenta con otras prebendas
remunerativas, que les permite mantener el poder adquisitivo del dinero,
razón por la que no se encuentra desvirtuada la presunción de legalidad de
los actos administrativos acusados, toda vez que dichos aumentos tienen
pleno sustento constitucional y legal, por ende, tampoco es dable ordenar
el reajuste de su asignación de retiro.

2.4. Condena en costas.

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo
365 del Código General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]». Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se
observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta
Sala no condenará en costas a la parte vencida.

III. DECISIÓN

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En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección D), que
negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de febrero de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda,
Subsección D), que negó las pretensiones de la demanda, por las razones
esbozadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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