Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01029-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01029-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01029-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01029-01 (6330-2022)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otro
Tema: Reajuste de la asignación básica. Aplicación de la sentencia C-
931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 28 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que declaró probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Álvaro Ninco Bermúdez solicitó la anulación de los
siguientes actos administrativos:
1.1. Oficio S-2019-001574/ANOPA-GRULI-1.10 del 11 de enero de 2019, por
medio del cual se negó el reajuste de la asignación mensual, cesantías y
1 En adelante CPACA.
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Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
demás prestaciones sociales en los meses de enero a diciembre de 2004,
así como del salario pagado a partir de enero de 2005 y hasta la fecha de
retiro.
1.2. Oficio E-00001-201905968-CASUR del 19 de marzo de 2019, por el cual la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional negó el reajuste de la
asignación de retiro.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a la entidad
demandada a:
2.1. Reconocer el incremento «resultado de la diferencia» entre la asignación
mensual pagada por la entidad en 2004, de conformidad con el Decreto 4158 de
2004 y la que correspondía por «ajustes de actualización conforme a la inflación
causada del año 2003 y que afectaron el valor de la asignación básica [...] de un oficial en
el grado de General o Almirante, el cual [servía] de referente para establecer de
conformidad con la Escala Gradual Porcentual, el sueldo básico [...]»; igualmente, el
reajuste de los subsidios, primas, compensaciones y prestaciones que son
computables como base de liquidación en la asignación mensual.
2.2. Pagar la diferencia entre el salario pagado por la entidad a partir de enero
de 2005 hasta la fecha de retiro, «conforme a los decretos de salarios expedidos por el
Gobierno Nacional y la que realmente corresponde por ajustes de actualización plena
conforme a la inflación acumulada y causada entre los años 1992 a 2004 y que afectaron
el valor de la asignación básica (sueldo básico) de un oficial en el grado de General o
Almirante [...]», así como de las primas, compensaciones y demás prestaciones que
eran factores computables como base de liquidación en la asignación mensual.
2.3. Liquidar el reajuste de salarios y prestaciones sociales desde el año 2004
con los nuevos valores, «además, de los ajustes posteriores a partir del año 2005
teniendo en cuenta, el ajuste que resulte más favorable [...] entre la inflación causada
sobre la asignación básica [...] de un oficial en el grado de General o Almirante del año
inmediatamente anterior y/o decretado por el Gobierno Nacional».
2.4. Corregir, adicionar o modificar la hoja de servicios, en el sentido de
evidenciar el incremento por ajuste de la asignación básica y reajustar la
asignación de retiro, así como pagar las diferencias «entre la asignación mensual de
retiro pagada por la entidad, conforme a los decretos de salarios expedidos por el
Gobierno Nacional y la que realmente corresponde por ajustes de actualización plena
conforme a la inflación acumulada [...] de un oficial en el grado de General o Almirante».
2.5. Igualmente, solicitó el pago (i) del equivalente a 100 SMLMV2 por la
«aflicción, frustración y congoja del perjuicio que ha sufrido, al evidenciar como meras
2 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
ilusiones o promesas incumplidas la política económica y social que tenía como finalidad
solucionar la problemática salarial, prestacional y de asignaciones de retiro o pensiones
que vienen afrontando los miembros de la Fuerza Pública»; (ii) de la sanción moratoria
prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 [artículo 5]; y (iii) del
equivalente al 25% sobre el valor total de la sentencia, a título de daño emergente.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:
3.1. Ingresó a la Policía Nacional y ascendió como oficial en el grado de
subteniente el 1 de noviembre de 1989.
3.2. El 24 de julio de 2017 fue retirado del servicio en el grado de mayor general de
la Policía Nacional.
3.3. En la hoja de servicios 80383357 del 11 de mayo de 2017 se consignaron los
emolumentos salariales que se le habían pagado. De conformidad con esta, le fue
reconocida la asignación de retiro que está a cargo de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional.
3.4. El 6 de diciembre de 2018 solicitó al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y
a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional que se pagara la diferencia
entre la asignación reconocida desde el 1 de enero de 2004 y las que
correspondían por ajustes de actualización conforme con la inflación causada y
acumulada desde 1992 a 2004; asimismo, el reajuste de la asignación de retiro.
No obstante, las peticiones fueron negadas a través de los actos administrativos
acusados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como normas violadas se citaron los artículos 4, 48, 53, 217, 220, 230 y 373 de
la Constitución Política; 1, 2, 3 y 13 de la Ley 4 de 1992; y 271 de la Ley 1450 de
2011, así como los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990. En el concepto de
violación se argumentó:
5. Mediante la sentencia C-931 de 2004, la Corte Constitucional ordenó al
gobierno nacional y al Congreso de la República realizar el pago de los reajustes
salariales de todos los servidores públicos antes de que expirara la vigencia fiscal
2004 y que, para la vigencia 2005, debía haberse reconocido la actualización
plena del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario. Las entidades
desconocieron que el artículo 271 de la Ley 1450 de 2011 ordenó establecer una
estrategia para «resolver la litigiosidad en torno a los asuntos relativos a las
asignaciones salariales, a las asignaciones de retiro, al ajuste del IPC».
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Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
6. El mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro ha estado
ligado al incremento de las asignaciones en actividad para cada grado, lo cual
operó a partir del 31 de diciembre de 2004 y ha desconocido lo indicado en la
sentencia de constitucionalidad antes referida. Además, el porcentaje de los
sueldos básicos se ha mantenido incólume, «lo cual signific[ó] que no [pudiera]
producirse ningún ajuste que tuviese como finalidad un aumento de dichas
remuneraciones o aun el solo mantenimiento del poder adquisitivo».
7. La asignación básica de un oficial en el grado de general fue el parámetro con
el que se establecieron los sueldos básicos para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la fuerza pública; sin
embargo, el gobierno nacional «no fijó la valoración de la asignación básica del oficial
en el grado de General, solo continuó dando aplicación al sueldo básico de dicho grado es
decir al de General o Almirante, de acuerdo con la fórmula que venía aplicando desde el
año 1992, según el artículo 14 del Decreto 921 de ese año», con lo cual se dejó de
establecer el porcentaje indicado para cada grado.
8. Con el Decreto 921 de 1992 se modificó el porcentaje señalado en el Decreto
335 de 1992 y se determinó uno menor, es decir, se disminuyó del 40% al 31%;
entonces, con independencia del porcentaje que se asignaba, debía atenderse
que el sueldo básico de un oficial en el grado de general o almirante correspondía
a la remuneración mensual de los ministros de despacho, por concepto de
asignación básica y gastos de representación.
9. El ajuste del salario no correspondía propiamente a su incremento, en razón a
que, para que este existiera, se requería que se revisara y modificara,
«aumentándolo», luego del ajuste por inflación, conforme con los factores reales de
carácter socioeconómico que incidieran en su determinación y, especialmente, en
la necesidad de asegurar el mínimo vital del trabajador.
10. De conformidad con la sentencia antes referida, se debía reconocer la
actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de
todos los servidores públicos, incluidos los integrantes de la Fuerza Pública, lo
cual no podía realizarse si no se actualizaban la asignación básica y los gastos de
representación fijados a los ministros de despacho, de conformidad con el índice
acumulado de inflación.
11. Para el año 2004 se debían «ajustar los valores establecidos por el Gobierno
Nacional en el año 2003 con la correspondiente inflación causada en dicho año (2003); y
[...] que a partir del año 2005 se deb[ía] establecer la actualización plena de la asignación
básica y los gastos de representación fijados a los Ministros del Despacho de conformidad
con el índice acumulado de inflación causada en los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, adicionándole a ello, a partir del año 1997 la
bonificación de compensación aplicándole a partir del año 1998 la respectiva actualización
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Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
indicada».
12. La entidad demandada no tuvo en cuenta los mandatos constitucionales y
legales, pues indicó que los sueldos básicos para el personal de la Policía
Nacional eran fijados por el gobierno nacional, conforme con el cual, debían
mantener el poder adquisitivo constante, a pesar de que el aumento se hizo por
debajo de la inflación causada.
1.2. Contestación de la demanda
13. Las entidades demandadas se opusieron a las pretensiones, con fundamento
en lo que sigue:
1.2.1. Ministerio de Defensa, Policía Nacional
14. La entidad pagó los salarios que legalmente fijó el gobierno nacional y, por lo
tanto, lo pedido no tenía vocación de prosperidad porque se pretendió el
reconocimiento del salario con valores distintos de los establecidos por la
autoridad autorizada por la Ley 4 de 1992; además, de conformidad con esta
disposición, carecía de todo efecto y no creaba derecho adquirido cualquier
disposición que desconociera los decretos expedidos por aquel.
15. Si no estaba de acuerdo con el salario fijado por el gobierno nacional, debió
iniciar las acciones que considerara pertinentes contra los decretos que, en cada
anualidad, expidió el gobierno nacional «y no pretender [...] la nulidad de un oficio a
través del cual la Policía respondió un derecho de petición, en el que claramente se le
indicó que esta entidad no [era] la competente constitucional ni legalmente para fijarle
salario alguno, que contrario a ello, simplemente se limit[ó] a reconocer y pagar el salario
mensual que [...] fue fijado por el competente [...]».
16. Se debían declarar probadas las excepciones de «acto administrativo acorde con
la Constitución y la ley» y «prescripción extintiva».
1.2.2. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
17.El reajuste de las asignaciones mensuales de retiro se dio en el periodo 1997
a 2004, cuando se estableció la escala gradual porcentual y, para esas
anualidades, el actor se encontraba activo en la Policía Nacional. De cualquier
modo, «Casur ha dado cumplimiento a los reajustes ordenados en virtud del principio de
oscilación establecido [...]».
18. Los aumentos de la asignación de retiro se realizaron conforme con los
factores salariales que se consignaron en la hoja de servicios y en los reajustes
determinados por el principio de oscilación.
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Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
1.3. La sentencia apelada
19. Mediante sentencia proferida el 28 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca3 declaró probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho y se abstuvo de condenar en costas. Para tal efecto, resolvió el caso
concreto en los siguientes términos:
20. El solicitante pretendió el reajuste de la asignación básica y la consecuente
afectación sobre las partidas que sirvieron de base para liquidar la asignación de
retiro hasta el 6 de diciembre de 2018, es decir, cuando habían transcurrido
aproximadamente 14 años desde el último reajuste pretendido. Por lo tanto, de
conformidad con el artículo 155 del Decreto 1212 de 1990, el término de 4 años
para reclamar el pago de dichas diferencias «se configuró año a año entre las
anualidades transcurridas entre 2000 y 2008».
21.En consecuencia, se debía declarar la excepción de prescripción, en razón a
que extingue el derecho sustancial pretendido e impedía su reconocimiento, «no
siendo por tanto una negación de pretensiones sino la declaratoria de prescripción de
derechos que se extinguieron por no haber sido reclamadas en tiempo, indistintamente a
que le [asistiera] razón o no a quien los reclam[ó]».
22. Como el análisis giraba en torno a la aplicación o no de las normas que
regularon el derecho salarial, no se resolvió previamente la excepción, en razón a
que se trataba de un asunto de puro derecho, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 que adicionó el artículo 182A del CPACA;
además, en auto del 28 de septiembre de 2021 se anunció que procedía dictar
sentencia anticipada.
1.4. El recurso de apelación
23.Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y lo sustentó en los siguientes términos:
24. Si se aceptara la tesis propuesta por la Policía Nacional, se interpretaría
erróneamente el derecho sustancial; además, la prescripción extintiva sobre un
derecho irrenunciable e imprescriptible, constituyó una violación a los principios y
garantías laborales como la condición más beneficiosa, la favorabilidad, así como
el desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales y del bloque de
constitucionalidad concretado en el artículo 12.2 del Convenio 95 de la OIT; por
consiguiente, se debía aplicar el ajuste final de todos los salarios, en razón a que
la petición se radicó el 6 de diciembre de 2018, «fecha en la cual no se había dado la
prescripción cuatrienal, la cual inici[ó] su cómputo de acuerdo a la norma indicada, a partir
de la terminación del vínculo laboral».
3 Con salvamento de voto del magistrado Néstor Javier Calvo Chaves.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01029-01 (6330-2022)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
25. No era «aceptable» que el a quo se apartara de los precedentes
jurisprudenciales para negar sistemáticamente un derecho previsto en la
Constitución Política y ordenado en una sentencia «con carácter de mandato
constitucional inoponible a todas las autoridades incluso la misma judicial».
26. El a quo incurrió en defecto sustantivo porque, por «la mala interpretación», se
apartó sin justificación ni argumentación alguna del mandato constitucional
ordenado en la sentencia C-931 de 2004, la cual ordenó al gobierno nacional y al
Congreso de la República que, para el año 2005, debían reconocer la
actualización plena del derecho y mantener el poder adquisitivo del salario de
todos los servidores públicos.
27. También se desconoció que lo pretendido era la aplicación del régimen salarial
establecido para los integrantes de la Fuerza Pública, de conformidad con los
artículos 217 y 218 de la Constitución y la Ley 4 de 1992, sin que se pudiera
desmejorar, pues el derecho a mantener el poder adquisitivo emanaba de esa
disposición superior, el cual se debía garantizar con los parámetros de la inflación
causada y acumulada entre los años 1992 a 2004. «No [era] explicable la
argumentación del trato discriminatorio que se aduce en el AQUO, pues lo solicitado
obedec[ió] al trámite que ha de hacerse ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional “CASUR”, del reconocimiento con todas las implicaciones que, en materia de
seguridad social conlleva a partir del año 2005 de la actualización plena de los salarios en
actividad de acuerdo a la inflación causada y acumulada entre los años 1992 a 2004 y
que ha de ser reconocida y liquidada en la correspondiente Asignación de Retiro» [sic].
28. En el año 2004, no se actualizó lo ordenado por la Corte Constitucional, sino
que, de 2005 a 2011, el gobierno nacional congeló la pérdida acumulada, pues en
2005 creó la bonificación de dirección a favor de los ministros de despacho como
una prestación social equivalente a 4 veces la remuneración mensual compuesta
por la asignación y los gastos de representación.
29. De acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional, se debía reconocer el
derecho a que se mantuviera el poder adquisitivo del salario de todos los
servidores públicos, entre ellos, los integrantes de la Fuerza Pública, lo cual no
podía llevarse a cabo si no se actualizaba la asignación básica y los gastos de
representación de los ministros de despacho, de conformidad con el índice
acumulado de inflación desde 1992 a 2004.
30. Por lo anterior, debían inaplicarse, con efectos inter partes, los decretos que
fijaron las escalas de asignación básica de los cargos desempeñados por los
empleados públicos de la rama ejecutiva [ministros de despacho] y de los sueldos
básicos para los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, a partir de 2004 «y
hasta la fecha que ponga fin al presente medio de control y su consecuente
reconocimiento hacia el futuro en la asignación de retiro».
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01029-01 (6330-2022)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
1.5. Trámite de la segunda instancia
31. En auto del 16 de diciembre de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 28 de abril de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los términos de la Ley 2080 de
2021.
32. La parte demandante presentó memorial; sin embargo, se radicó
extemporáneamente, en razón a que la notificación del auto admisorio se surtió el
6 de febrero de 2023 y este fue radicado el 23 de mayo de 2023.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
33. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as
salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
34. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿Álvaro Ninco Bermúdez
tiene derecho a que se reliquide la asignación de retiro reconocida, como
consecuencia del reajuste de la asignación básica que percibió en los años 1992 a
2004, de conformidad con la inflación acumulada y, de acuerdo con la sentencia
C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional?
35. El a quo consideró que debía declararse la prescripción extintiva del derecho,
pero en el recurso de apelación, la parte demandante insistió en que tenía derecho
al reajuste de la asignación básica; en consecuencia, la Sala abordará este
argumento y, en caso de resolverse afirmativamente, se procederá a examinar la
figura de la prescripción. Para tal efecto, primero se desarrollará el marco
normativo y jurisprudencial aplicable y, a continuación, se resolverá el caso
concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre el régimen salarial de la Fuerza
Pública
36. El artículo 150 de la Constitución Política previó que el Congreso de la
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Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
República tiene, entre otras, la función de dictar las normas generales y señalar en
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para
«[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y la Fuerza Pública».
37. Con fundamento en la anterior disposición, se expidió la Ley 4 de 1992 4, en la
cual se ordenó que, para dicha fijar el régimen salarial y prestacional de los
miembros de la Fuerza Pública [entre otros], el gobierno nacional debía tener en
cuenta, entre otras cosas, la sujeción al marco general de la política
macroeconómica y fiscal y la racionalización de los recursos públicos y su
disponibilidad, esto es las limitaciones presupuestales para cada organismo o
entidad. Con base en lo anterior, dispuso que el gobierno nacional modificaría el
régimen salarial correspondiente a los empleados «aumentando sus
remuneraciones».
38. Adicionalmente, en el artículo 13, previó que el gobierno nacional establecería
una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y
retirado de la Fuerza Pública, la cual debía producirse en las vigencias fiscales de
1993 a 1996.
39. Como se observa, las asignaciones básicas están sujetas a los decretos que
expide anualmente el gobierno nacional5, los cuales constituyen única fuente para
realizar el incremento salarial, pues el artículo 10 ibidem, estableció expresamente
que «[t]odo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos».
40. Ahora bien, el artículo 14 de la Ley 100 de 19936 ordenó que las pensiones
«se reajustar[ía]n anualmente de oficio [...] según la variación porcentual del Índice de
Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior». El
objetivo principal de esta norma se contrajo a que dichas prestaciones
mantuvieran su poder adquisitivo.
41. Asimismo, el artículo 279 ibidem previó que lo dispuesto en la ley no se
4 «[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
5 Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de
1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923
de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011,
842 de 2012 y 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018,
1002 de 2019, 318 de 2020, 976 de 2021, 466 de 2022, 910 de 2023.
6 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
aplicaría a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, pero
mediante la Ley 238 de 19957 se adicionó en el sentido de que dichas
excepciones no implicaban «la negación de los beneficios y derechos determinados en
los artículos 14 y 142 [...] para los pensionados de los sectores aquí contemplados».
42. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación8 ha señalado
pacíficamente que el reajuste conforme con el IPC procedía únicamente cuando
se trataba de asignaciones de retiro, siempre y cuando resultara más favorable y
hasta antes de que fuera expedida la Ley 923 de 20049, reglamentada por el
Decreto 4433 de 200410, pues a partir de este momento se estableció que las
asignaciones de retiro y pensiones, se incrementarían «en el mismo porcentaje en
que se aument[aran] las asignaciones en actividad para cada grado» [artículo 42].
43. Ciertamente, desde el año 200711, esta Corporación sostuvo lo que a
continuación se transcribe:
«[...] no existe la menor duda en el sentido que bajo los mandatos del
artículo original 279 de la ley 100 de 1993 los pensionados de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional no eran acreedores del reajuste de sus
pensiones como lo dispone el artículo 14 de aquella, vale decir, teniendo en
cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, sino como lo
disponía el decreto 1212 de 1990, o sea mediante la oscilación de las
asignaciones de los miembros de la Policía Nacional en actividad.
[...] a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados
de los sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen
derecho a que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE
como lo dispuso el artículo 14 de la última y a la mesada 14 en los términos
del artículo 142 ibidem».
44.Más recientemente, en la sentencia proferida el 14 de julio de 2022 12, se
puntualizó lo siguiente:
«1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de
1995 fecha de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 presentaron una modificación consistente en que
a los pensionados de los sectores allí contemplados entre ellos los de las
7 «Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993».
8 Ver, por ejemplo, las sentencias proferidas el 17 de mayo de 2007 (8464-2005), 15 de noviembre
de 2012 (25000-23-25-000-2010-00511-01).
9 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política».
10 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».
11 Sentencia proferida el 17 de mayo de 2017, número interno 8464-2005.
12 Número interno 25000-23-42-000-2019-00883-01 (0501-2022).
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01029-01 (6330-2022)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
Fuerzas Militares y Policía Nacional, en virtud del principio de favorabilidad y
conforme a los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993 se les podía
reajustar la asignación de retiro conforme al índice de precios al consumidor
del año inmediatamente anterior certificado por el DANE y la mesada 14,
respectivamente, siempre que el incremento realizado por el Gobierno
Nacional en los decretos anuales de las asignaciones en actividad de los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional sea inferior.
2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las
asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional conforme al índice de precios al consumidor señalado en el artículo
14 de la ley 100 de 1993, en cada caso concreto, aplica desde el año 1993
hasta 2004, toda vez que a partir del 1.° de enero de 2005 se implementó
nuevamente el principio de oscilación a través de la expedición del Decreto
4433 de 2004.
3.- El reajuste conforme al IPC incide directamente en la base de la
respectiva prestación pensional y debe servir para la liquidación de los
incrementos que a partir del año 2005 se efectuaran sobre dicha
prestación».
45. En suma, el reajuste conforme con el IPC procede únicamente respecto de las
asignaciones de retiro y pensiones, pero no de las asignaciones básicas, en razón
a que las leyes y decretos reglamentarios no especificaron modificación alguna o
disposición diferente de que el gobierno nacional, a través de decretos, es el que
establece el incremento de las asignaciones básicas de los miembros de la Fuerza
Pública.
2.4. De lo probado
46. En el expediente se encuentran los siguientes hechos probados:
46.1. Álvaro Ninco Bermúdez prestó sus servicios a la Policía Nacional como
oficial desde el 1 de noviembre de 1989 hasta el 24 de julio de 2017.
46.2. Mediante la Resolución 3131 del 1 de junio de 2017, la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional le reconoció la asignación mensual de retiro en
cuantía equivalente al 95% del sueldo básico de actividad para el grado, a
partir del 24 de julio de 2017.
46.3. El 6 de diciembre de 2018, solicitó a la Policía Nacional y a la Caja de
Sueldos de Retiro el reajuste salarial y de la asignación de retiro,
respectivamente. Sin embargo, las peticiones fueron negadas a través de
los actos administrativos acusados.
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Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
2.5. Caso concreto
47. En el recurso de apelación, se indicó que la asignación básica debía ser
reajustada porque la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Constitución
Política estableció que se debía reconocer la actualización plena del derecho.
48. La sentencia que sirvió de sustento a la apelación, esto es la C-931 de 2004,
declaró la exequibilidad del artículo 2 de la Ley 848 de 2003 «[p]or la cual se decreta
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004» con las condiciones que se
transcriben:
«Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en
cuanto prevé un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación
registrada para el año 2003, a favor de aquellos servidores públicos que
devengan hasta dos salarios legales mínimos mensuales.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003
condicionado a que el Gobierno y el Congreso, al momento definir
concretamente cuál será la limitación del derecho a mantener el poder
adquisitivo real de los salarios de los servidores públicos que devengan más
de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la vigencia
presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales
recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente
Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse
como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para
mantener, en los términos de esta providencia, actualizados los salarios de
los servidores públicos de ingresos medio o altos.
En consecuencia, ORDENA al Gobierno Nacional y al Congreso de la
República que con carácter urgente, si aun no lo ha hecho, dentro del
ámbito de sus competencias, tomen las medidas necesarias para realizar el
pago de los reajustes salariales de todos los servidores públicos cobijados
por la ley de presupuesto general de la Nación, antes de que expire la
vigencia fiscal del año 2004. Para esos propósitos, deberán efectuarse las
adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire dicha
vigencia fiscal.»
49. En la parte considerativa de la decisión, la Corte Constitucional se detuvo en
los siguientes temas:
49.1. La jurisprudencia precedente en materia de reajuste de los salarios de los
servidores públicos cobijados por la ley anual de presupuesto, concretada en las
sentencias C-815 de 1999, C-1017 de 2003, C-1433 de 2000, C-1064 de 2001, en
las cuales se indicó que la Constitución Política protegió el derecho constitucional
a mantener el poder adquisitivo del salario y que ello comprende que cada año
fuera reajustado para los servidores cobijados por la ley anual de presupuesto. Al
respecto, sostuvo lo siguiente:
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Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
«En otras palabras, en la Sentencia C-1064 de 2001 la Corte mantuvo la
ratio decidendi de la C-1433 de 2000, es decir, la consideración según la
cual la Constitución protege el derecho constitucional a mantener el poder
adquisitivo del salario y que ello comprende que cada año éste sea
reajustado para todos los servidores cobijados por la ley anual de
presupuesto. Pero se apartó de las consecuencias deducidas de esta
premisa en la Sentencia anterior. En consecuencia, en 2001 no impartió una
orden específica contentiva de una fórmula única para aumentar los salarios
de todos los servidores públicos, sino que, tomando como pauta artículo 187
de la Constitución Política, que señala el criterio para determinar el aumento
salarial de los congresistas acudiendo al promedio ponderado de los salarios
de los servidores de la administración central, diferenció el conjunto de
servidores públicos que por su nivel de salario merecían una protección
reforzada, de aquellos que devengan más y no la requerían. Aquellos cuyo
salario fuera menor a dicho promedio ponderado tenían un derecho “de
carácter intangible” a mantener el poder adquisitivo real, en virtud de la
protección constitucional reforzada que la Constitución dispone a su favor
(C.P Art. 334.), de la obligación del Estado de velar la igualdad sea real y
efectiva (C.P Art. 13) y asegurar a todas las personas condiciones de vida
digna. (C.P Art.1). Este primer grupo de trabajadores, dijo la Sentencia C-
1064 de 2001, tenía derecho a que se les aumentara su salario, no sólo
nominalmente sino de forma tal que se mantuviera el poder adquisitivo real
del mismo. Para tal efecto debía tenerse como criterio preponderante la
inflación. En el caso de los servidores públicos que devengaran salarios más
altos a este tope, la situación era diferente, pues no se trataba de sujetos
que merecieran una protección reforzada. Por lo tanto su derecho a
mantener el poder adquisitivo real del salario podía ser limitado, siempre y
cuando la limitación fuera razonable. Sobre la razonabilidad de la limitación
estimó que el juicio del juez constitucional debía ser estricto, por cuanto la
limitación podía llegar a afectar derechos constitucionales como el salario
móvil, el mínimo vital o la dignidad.»
49.2. Los criterios generales que han fundamentado el conjunto de decisiones en
lo relativo al derecho constitucional de los servidores públicos a mantener el poder
adquisitivo real del salario son, entre otros: (i) el principio recogido en el artículo 53
de la CP que debía ser interpretado como un derecho constitucional de los
trabajadores a mantener el poder adquisitivo; (ii) este no es un derecho absoluto,
como no lo es ninguno en el Estado de Derecho, «por lo cual puede ser limitado más
no desmejorado, desconocido o vulnerado»; (iii) «no resultan igualmente afectados por el
fenómeno inflacionario todos los servidores públicos, por lo cual los límites impuestos al
derecho al mantener la capacidad adquisitiva del salario pueden ser diferentes, según se
trate de servidores que devengan salarios bajos, medios, o altos»; y (iv) a los servidores
públicos a quienes se les limite el derecho, «el Estado les debe garantizar que, dentro
de la vigencia del plan de desarrollo de cada cuatrienio, progresivamente se avance en
los incrementos salariales que les corresponden, en forma tal que se les permita a estos
servidores alcanzar la actualización plena de su salario, de conformidad con las
variaciones en el I.P.C.».
50. Con fundamento en lo anterior, la Corte sostuvo que, ante la imposibilidad de
aplicar el parámetro de congelación total de los salarios de los trabajadores de
ingresos medios y altos, se debía tener en cuenta para esa vigencia fiscal [2004],
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01029-01 (6330-2022)
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«a fin de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario», los
siguientes criterios:
«[...]
a. Existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores
públicos, a mantener el poder adquisitivo de sus salarios (artículo 53 y
concordantes, CP) y, por ende, a que se realicen ajustes anuales en
proporción igual o superior a la inflación causada en el año inmediatamente
anterior, sin que éste sea el único parámetro que pueda ser tenido en
cuenta. En consecuencia, no puede haber una política permanente del
Estado que permita la disminución del poder adquisitivo del salario.
b. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no es
un derecho absoluto. No obstante, no cualquier interés estatal justifica su
limitación. Sólo puede ser limitado para promover el fin constitucionalmente
imperioso de preservar la estabilidad macroeconómica reduciendo el gasto
en circunstancias de déficit fiscal y elevado endeudamiento para no afectar
el gasto público social (artículo 350, CP), asegurando así la efectividad de la
solidaridad como principio fundamental del Estado Social de Derecho
(artículo 1, CP), dentro de un contexto económico que justifique la necesidad
de la limitación (artículo 2, CP).
c. El derecho de los servidores públicos que perciban salarios iguales o
inferiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales a mantener el poder
adquisitivo de su salario no podrá ser objeto de limitaciones dado que tales
servidores se encuentran en las escalas salariales bajas definidas por el
Congreso de la República a iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, éstos
servidores deberán recibir el pleno reajuste de sus salarios de conformidad
con el nivel de inflación registrada en el año 2003.
d. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los
servidores públicos a mantener el poder adquisitivo del salario sólo puede
afectar a aquellos que tengan un salario superior a los dos (2) salarios
mínimos legales mensuales. El derecho de tales servidores públicos puede
ser objeto de limitaciones, es decir, su salario podrá ser objeto de ajustes en
una proporción menor a la de la inflación causada en año 2003, siempre y
cuando se dé cumplimiento a los siguientes parámetros normativos: [...]».
51. Como se observa, en la sentencia que sirvió de sustento a la apelación, la
Corte Constitucional acudió a las sentencias C-1433 de 2000, C-1064 de 2001 y
se detuvo en la imposibilidad de congelar los salarios de los servidores públicos y
limitar el derecho a mantener el poder adquisitivo de su salario, pero como este no
era absoluto, determinó que aquellos que lo percibieran en cuantía superior a 2
smlmv13 podían ser objeto de limitación, en razón a que no eran sujetos de
especial protección del Estado.
52. Sobre dichas sentencias, esta sección se ha pronunciado en los siguientes
términos:
13 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01029-01 (6330-2022)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
«En esa medida, el alto tribunal constitucional, tomó distancia respecto de
los precedentes invocados en los que señaló un aumento salarial a partir de
una fórmula única y específica, v.gr. la indexación con base en la inflación
del año anterior como criterio mínimo al estimar que la orden de aplicar una
fórmula única y específica de indexación salarial para cualquier nivel salarial
no es compatible con la ratio decidendi de las sentencias que constituyen
precedente inmediato y directo del fallo C-1433 de 2000.
Lo anterior deja ver que, si bien el IPC es una variable económica que
puede ser tenida en cuenta para determinar el aumento anual de los salarios
de los servidores públicos, también lo es que, no constituye la única fórmula
aplicable para ello, pues, también lo son el peso de la situación real del país,
las finalidades de la política macroeconómica, la ponderación racional del
gasto público entre otras.»
53. Así las cosas, considera la Sala que, ciertamente, la Constitución Política y la
ley prevén el deber de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo del
salario, pero no únicamente conforme con la variación porcentual del IPC o la
inflación, pues el gobierno nacional, a través de los decretos que expide
anualmente, puede acudir a otros parámetros.
54. Como en el sub examine no se ha debatido que en las anualidades solicitadas
se disminuyó el salario, sino que debía ser reajustado en los términos de la
sentencia antes mencionada, debe comprenderse que no se vulneró ese derecho
y, como se desempeñó como oficial de la Policía Nacional, al tenor de la misma
sentencia, ese derecho se podía limitar. Ahora, el hecho de que esos ajustes se
hubieran dispuesto en proporción inferior a la inflación causada en el año
inmediatamente anterior no conlleva por sí mismo a la vulneración de los derechos
del actor, en razón a que, en la sentencia mencionada, la Corte Constitucional
consideró que este no es «el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta» para
esos efectos.
55. Agregase a lo anterior que, tal como lo sostuvo la entidad demandada, el
único competente para fijar el aumento de los salarios es el gobierno nacional, de
manera que no son las entidades vinculadas a esta litis las que están llamadas a
reconocer un valor mayor del dispuesto por aquel, en virtud del artículo 10 de la
Ley 4 de 1992. Al respecto, en la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021,
esta Subsección sostuvo lo siguiente:
«La asignación básica del personal de la Fuerza Pública está sujeta a los
decretos que anualmente expide el Gobierno Nacional, en los que se fijan
las pautas para determinar el monto que devengarán sus miembros
anualmente, impidiendo recurrir a una fuente distinta para realizar el
correspondiente incremento salarial, puesto que, a partir del Decreto 107 de
1996, quedaron debidamente nivelados los salarios del personal castrense.
Para la Sala resulta improcedente acceder a las pretensiones de la
demanda, toda vez que los incrementos efectuados a la asignación básica
del actor en las anualidades referidas fueron realizados conforme a los
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01029-01 (6330-2022)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
lineamientos contenidos en los decretos que para el efecto expidió el
Gobierno Nacional, lo cual torna también inviable acceder a la reliquidación
de su asignación de retiro incorporando los porcentajes del IPC dejados de
incluir en su asignación básica desde 1997 hasta la fecha de su pago
efectivo.
Lo anterior por cuanto el reajuste previsto en la Ley 238 de 1995 se refiere a
las asignaciones de retiro del personal que prestó sus servicios a las fuerzas
militares y no a los sueldos devengados por dichos servidores en actividad;
por lo cual, la Sala arriba a la conclusión de que no se encuentra
desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos
acusados, porque el demandante carece del derecho a la reliquidación de
las asignaciones básicas que devengó como miembro activo del Ejército
Nacional con aplicación del IPC para los años de 1997 a 2003, toda vez que
los incrementos determinados por el Gobierno nacional tienen pleno
sustento constitucional y legal, y no están llamados a ser sustituidos en
virtud de la expedición de la Ley 238 de 1995 y, por ende, tampoco es viable
ordenar el reajuste de su asignación de retiro».
56. Y es que la sentencia examinó la constitucionalidad de la Ley 848 de 2003 que
decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital para el año 2004, de
manera que no podría aplicarse a las vigencias anteriores como lo pretendió la
parte actora, máxime si el gobierno nacional incrementó los salarios.
57. Sobre el particular, en la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022 14,
esta Sección sostuvo que «la Corte Constitucional ordenó la actualización plena del
derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos,
en los precisos términos de la consideración jurídica número 3.2.11.8.4, y en este numeral
la Corte no hizo mención a esa actualización histórica como lo indica el demandante»;
asimismo, puntualizó que no eran contrarios a la Constitución los reajustes
salariales de los altos funcionarios con un porcentaje menor al de la inflación,
siempre y cuando no fuera permanente, sino temporal; de ahí que la Corte haya
explicado que «la aludida limitación no es una deuda que adquiere el Estado con los
servidores públicos» y «tampoco es reembolsable al final de un determinado periodo,
porque se trata de un ahorro fiscal para asegurar otros fines y principios constitucionales
de mayor envergadura».
58. En la misma providencia citada, se examinó la legalidad de los Decretos 4150
de 2004, 916 de 2005 y 372 de 2006 en lo que concernía al incremento salarial
establecido por el gobierno nacional, para concluir que (i) este y el Congreso de la
República cumplieron con las directrices trazadas en las sentencias C-1017 de
2003 y C-931 de 2004 proferidas por la Corte Constitucional, en razón a que, a
partir del año 2004, se aumentó el porcentaje de los funcionarios hasta alcanzar
como incremento uno superior al 100% de la inflación cuando finalizó la vigencia
del Plan de Desarrollo 2003- 2006; y (ii) en los años posteriores a 2005 se
expidieron los decretos en cumplimiento de los lineamientos impuestos por la alta
14 Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2015-00277-00 (0541-2015).
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corporación.
59. Para ahondar en razones, debe precisarse que el Decreto 107 de 199615 fijó la
escala gradual porcentual y, de conformidad con el artículo 1, los sueldos básicos
corresponderían «al porcentaje que se indic[ó] para cada grado, con respecto a la
asignación básica del grado de General».
60. En ese orden argumentativo, ha de señalarse que, como el demandante no
tiene derecho a las diferencias salariales que solicitó, huelga pronunciarse sobre la
prescripción; además como el reajuste de la asignación de retiro depende de la
prosperidad del incremento del salario, no hay lugar a conceder dicha petición, en
razón a que el régimen de la Fuerza Pública ordena la aplicación del principio de
oscilación. En consecuencia, se modificará el ordinal primero de la sentencia y, en
su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.
2.6. Costas
61. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil, hoy Código General del Proceso.
62. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201616, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la
sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per
se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean
impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su
liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
15 «[P]or el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, Personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas,
Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en
materia salarial».
16 Subsección B, expediente 1908-2014.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01029-01 (6330-2022)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
63. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas por esta instancia.
2.7. Conclusión
64. Por las razones anotadas en precedencia, se modificará el ordinal primero de
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán las pretensiones, en
razón a que el demandante no tenía derecho a que se reajustara la asignación
básica devengada en los años 1992 a 2004 porque el incremento de la asignación
básica mensual del personal activo de las Fuerzas Militares y de Policía recae
únicamente en el gobierno nacional, de conformidad con la Ley 4 de 1992 y,
aunque no se haya dado en los precisos términos de la inflación, no puede
considerarse que ello vulnere sus derechos laborales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Modificar el ordinal primero de la sentencia proferida el 28 de abril de
2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el cual se declaró
probada la excepción de prescripción extintiva del derecho. En su lugar, se
dispone: negar las pretensiones de la demanda presentada por Álvaro Ninco
Bermúdez contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida el 28 de abril de 2022
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Tercero. Sin condena en costas por esta instancia.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01029-01 (6330-2022)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
PTH
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