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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04963-00

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04963-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A : 1º) Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la parte demandante contra la sentencia del 4 de julio de 2024 del Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 25000-23-42-000-2019- 01029-01. 2º) Condénase en costas a Álvaro Ninco Bermúdez en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) liquídense por la secretaría e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. 3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04963-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

24 de agosto de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04963-00 (7.814)
Demandante: ÁLVARO NINCO BERMÚDEZ
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL -
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA
NACIONAL - CASUR
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Asunto: SENTENCIA CONTRARIA A OTRA ANTERIOR QUE
CONSTITUYA COSA JUZGADA

Síntesis del caso: el señor Álvaro Ninco Bermúdez, coronel retirado de la Policía Nacional,
presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Defensa - Policía Nacional y CASUR, por considerar que los incrementos
salariales aplicados durante su vida laboral —especialmente entre 1992 y 2004— no
reflejaron la actualización plena del poder adquisitivo que, según él, debía aplicarse
conforme a la Sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional y a la inflación causada
y acumulada; reclamó la nulidad de los actos administrativos contenidos en dos oficios
expedidos en el año 2019 que negaron el reajuste de su salario en actividad y la
reliquidación de su asignación de retiro, así como también el pago de diferencias salariales,
prestaciones, cesantías, intereses, perjuicios y la corrección de su hoja de servicio; sin
embargo, sus súplicas fueron negadas en las sentencias de primera y segunda instancia
proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección, Segunda Subsección
A y del Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, respectivamente, razón por la
cual el actor interpuso recurso extraordinario de revisión con sustento en que tales fallos
desconocieron la obligación constitucional de aplicar la actualización salarial plena
ordenada por la Sentencia C-931 de 2004, situación que, en su criterio, configura la causal
consagrada en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA.

La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado1 decide el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el señor Álvaro Ninco Bermúdez en contra
de la sentencia de segunda instancia proferida el 4 de julio de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y de primera instancia del 28 de abril
de 2022 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de los recursos extraordinarios
de revisión contra las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, sin
exclusión de la sección que profirió la decisión, según lo expresamente previsto en el artículo 249 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual fue declarado exequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-450 de 2015, sumado al hecho de la decisión contenida en el auto
de unificación jurisprudencial emitido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
el 24 de mayo de 2023 en el proceso número 11001-03-15-000-2020-00471-00, con ponencia del magistrado
Milton Chaves García; por su parte, el artículo 29 del Reglamento Interno de la Corporación asigna la decisión
de estos asuntos a las Salas Especiales de Decisión.

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Expediente 11001-03-15-000-2025-04963-00 (7.814)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
Recurso extraordinario de revisión

Subsección A, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación número 25000-23-42-000-2019-01029-01; en el primero de los fallos
mencionados se resolvió lo siguiente:

“Primero. Modificar el ordinal primero de la sentencia proferida el 28 de
abril de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el cual se
declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho. En su
lugar, se dispone: negar las pretensiones de la demanda presentada por
Álvaro Ninco Bermúdez contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida el 28 de abril de
2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Tercero. Sin condena en costas por esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las
anotaciones en el aplicativo sama”2.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1) El señor Álvaro Ninco Bermúdez, coronel retirado de la Policía Nacional,
promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional (en adelante CASUR) con el fin de obtener la nulidad de los
siguientes actos administrativos: (i) el contenido en el oficio no. S-2019-
01574/ANOPA-GRULI-1-10 del 11 de enero de 2019 proferido por el jefe del Grupo
de Liquidación de Nómina de la Dirección de Talento Humano de la Policía
Nacional, a través del cual se negó el reconocimiento y pago del reajuste de salarios
en actividad hasta la fecha del retiro y; (ii) del oficio no. E-00001-201905968-
CASUR Id 412000 del 19 de marzo de 2019, por medio del cual CASUR negó la
reliquidación de la asignación de retiro.

2) A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la Policía
Nacional lo siguiente: (i) reliquidar, reajustar y pagar las diferencias salariales
dejadas de percibir desde enero de 2004 y hasta la fecha de retiro de la institución,
derivadas de la no aplicación de la inflación causada y acumulada en la asignación

2
SAMAI índice 2, págs. 155 a 173, archivo digital denominado “7_110010315000202504963005
DemandaWeb2025811214940.pdf”.

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básica, teniendo en cuenta como referente el sueldo de un oficial en el grado de
General o Almirante; (ii) reflejar dichos reajustes en la hoja de servicios del
demandante, (iii) reconocer y pagar las diferencias correspondientes en haberes
mensuales, cesantías, indemnizaciones y demás prestaciones sociales causadas
durante la relación laboral.

3) También se consignó como pretensión que, como consecuencia de lo anterior,
se ordenara a CASUR que (i) adelante el trámite correspondiente para que tales
reajustes fueran tenidos en cuenta en la asignación de retiro con el fin de
reliquidarla desde la fecha de su reconocimiento; (ii) la reliquidación, reajuste y
pago de la asignación de retiro, teniendo en cuenta la actualización plena del
ingreso base de liquidación conforme a la inflación acumulada y (iii) el pago de las
sumas adeudadas debidamente indexadas.

4) Adicionalmente se solicitó: (i) el pago de intereses moratorios sobre las sumas
dejadas de pagar, así como la sanción moratoria por el pago tardío y desactualizado
de las cesantías definitivas y (ii) el reconocimiento de perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales, incluyendo daño moral, lucro cesante y otros conceptos
indemnizatorios, así como la condena en costas.

2. La sentencia de primera instancia

El 28 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A3, declaró probada la excepción de prescripción extintiva
del derecho, por cuanto:

1) Si bien en principio el problema jurídico a abordar se encaminaba a verificar, de
una parte, la procedencia del reajuste de la asignación básica devengada en
servicio activo entre los años 1992 al 2004 por razón de la modificación introducida
por el Decreto 921 de 1992 al porcentaje del salario básico de los oficiales en los
grados de General y Almirante y, de otra, la posibilidad de aplicar el IPC en lugar
de los incrementos anuales decretados por el Gobierno nacional con fundamento
en la jurisprudencia constitucional, lo cierto es que, para la fecha de la presentación
de las correspondientes solicitudes de reliquidación ante los entes demandados ya
se había configurado el término de prescripción extintiva del derecho.

3 SAMAI índice 15, págs. 364 a 371, archivo digital denominado “01.CUADERNOPRINCIPAL.pdf”.

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2) De este modo, se advirtió que el demandante presentó las reclamaciones
administrativas el 6 de diciembre de 2018 cuando ya habían transcurrido cerca de
catorce (14) años desde el último reajuste pretendido; en ese contexto, se configuró
la excepción de prescripción extintiva propuesta por la Policía Nacional con
fundamento en el artículo 155 del Decreto 1212 de 1990 que establece un término
de cuatro (4) años para reclamar derechos salariales y prestacionales.

3) En consecuencia, en atención a que los reajustes salariales pretendidos se
habrían causado entre los años 1996 y 2004, el término de prescripción para
reclamarlos se encontraba ampliamente vencido en el momento de la presentación
de las solicitudes administrativas de reliquidación de salarios y de asignación de
retiro.

3. El recurso de apelación

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia4, pidió acceder a las
pretensiones de la demanda y ordenar la reliquidación desde el 1 de enero de 2004,
por las siguientes consideraciones: (i) el tribunal aplicó indebidamente la
prescripción respecto de un derecho irrenunciable e imprescriptible como lo es
la asignación de retiro, lo cual contraría los principios de favorabilidad, pro homine
y de la condición más beneficiosa para el trabajador; (ii) ignoró la estructura
del régimen salarial especial aplicable a los integrantes de la Fuerza Pública y la
prohibición contenida en el artículo 2 de la Ley 4ª de 1992, según la cual en ningún
caso pueden desmejorarse los salarios y prestaciones sociales; (iii) desconoció
la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional que impone el deber de
reconocer la actualización plena del poder adquisitivo del salario de los miembros
de la Fuerza Pública cuyo ingreso fue limitado entre 1992 y 2004, y que obligaba al
Gobierno y al Congreso de la República a asegurar la actualización plena respecto
de dicho periodo; (iv) analizó erróneamente las pretensiones, pues, el propósito de
la demanda consistía en obtener la nulidad de los oficios mediante los cuales la
Policía Nacional y CASUR negaron los reajustes salariales y de la asignación de
retiro, a pesar de que entre 1992 y 2004 el demandante dejó de percibir un 2,49
% de reajuste correspondiente al año 2004, y un 52,2543 % acumulado para el

4 SAMAI índice 15, págs. 378 a 390, archivo digital denominado “01.CUADERNOPRINCIPAL.pdf”.

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periodo 2005–2009, por efecto de la falta de actualización plena respecto de la
asignación básica de los grados de General o Almirante y (v) los decretos salariales
de los ministros y de la Fuerza Pública no reconocieron la actualización plena
ordenada por la Corte Constitucional, y por tanto, deben ser inaplicados para
efectos de reconocer el derecho reclamado.

4. La sentencia de segunda instancia

Mediante sentencia del 4 de julio de 2024 el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, modificó5 la decisión del tribunal que declaró próspera la excepción
de prescripción extintiva del derecho y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, con apoyo en los siguientes razonamientos jurídicos:

1) La Constitución Política y la Ley prevén el deber de asegurar el poder adquisitivo
del salario, pero, dicha garantía no solo se materializa mediante la aplicación del
porcentaje de variación del índice de precios al consumidor -IPC- o de la inflación,
sino que, el Gobierno nacional en los decretos que expide anualmente puede acudir
a otros parámetros.

2) En esa dirección, como el litigio se concentra en que la asignación salarial y la
asignación de retiro del demandante debieron actualizarse conforme a la sentencia
C-931 de 2004 no se advierte vulneración del derecho a mantener el poder
adquisitivo del salario, pues, precisamente esa providencia reconoce que para el
reajuste puede acudirse a parámetros diferentes a la variación del índice de precios
al consumidor -IPC-, aunado al hecho de que el Gobierno nacional es el único
competente para establecer el aumento de los salarios; de modo que, a las
entidades accionadas les está vedado reconocer un mayor valor al fijado en los
decretos que establecen las remuneraciones del personal.

3) Por lo anterior, el demandante no tiene derecho al reconocimiento de las
diferencias salariales solicitadas en la demanda ni al reajuste de la asignación de
retiro ya que, por razón del principio de oscilación, este depende de la prosperidad
del incremento del salario; en consecuencia, resulta inocuo pronunciarse sobre la
prescripción del derecho determinada en la sentencia de primera instancia.

5 SAMAI índice 2, págs. 155 a 173, archivo digital denominado “7_110010315000202504963005
DemandaWeb2025811214940.pdf”.

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Recurso extraordinario de revisión

5. El recurso extraordinario de revisión

El 11 de agosto de 20256, el apoderado del señor Álvaro Ninco Bermúdez formuló
recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal octava del artículo
250 del CPACA, dirigida contra las sentencias de primera y segunda instancia antes
referidas con base en los argumentos que a continuación se ponen de presente:

1) Las decisiones judiciales cuestionadas desconocieron el mandato constitucional
vinculante contenido en la Sentencia C‑931 de 2004 de la Corte Constitucional que
constituye cosa juzgada constitucional con efectos erga omnes, pues, ordenó al
Gobierno nacional y al Congreso de la República efectuar la actualización plena de
las asignaciones salariales de todos los servidores públicos cobijados por la ley del
presupuesto general de la Nación afectados por la política de limitación salarial
entre los años 1992 y 2004, por lo tanto se trata de una decisión de carácter
obligatorio, oponible e inmodificable por las autoridades públicas de carácter
administrativo y judicial.

2) En ese orden de ideas, las sentencias ordinarias son contrarias a la providencia
de constitucionalidad C-931 de 2004 porque mientras esta ordenó la actualización
plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real de los salarios de los
servidores públicos cuyos ingresos fueron limitados entre los años 1992 y 2004,
aquellas negaron el reajuste solicitado al concluir erradamente que los beneficios
previstos en la Ley 100 de 1993 no resultaban aplicables al personal de la Fuerza
Pública; en consecuencia, esa contradicción material configura la causal octava de
revisión, debido a que el fallo de la Corte Constitucional prevalece sobre cualquier
decisión posterior y debe ser aplicada por todas las autoridades, incluidas las
judiciales.

3) Al mismo tiempo, existe identidad de objeto, causa petendi y partes entre la
sentencia de constitucionalidad y aquellas cuya infirmación se solicita a través del
recurso extraordinario de revisión del epígrafe, porque los efectos erga omnes de
la providencia C-931 de 2004 conllevan a que el derecho allí reconocido se irradie
a toda la comunidad y “si bien el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo ejercicio (sic) una persona natural, contra las entidades del Estado; la
misma identidad se causó en la Acción de Inconstitucionalidad, es decir que ella

6
SAMAI índice 2, archivo digital denominado “3_110010315000202504963003DemandaWeb
2025811214940.pdf”.

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fue ejercida por una persona (que de manera oficiosa representó a mi prohijado)
contra un acto administrativo proferido por el Estado”7; además, en el trámite del
proceso ordinario no se invocó la excepción de cosa juzgada.

4) Por consiguiente se solicita: (i) se infirmen las sentencias acusadas y que, en su
lugar, se declaren nulos los actos administrativos que negaron los reajustes y se
ordene la reliquidación de los salarios en actividad con incrementos proporcionales
a la inflación acumulada y causada entre los años 1992 a 2004, específicamente
los porcentajes del 2.49 % para el año 2004 y 52.2543 % desde el año 2005 hasta
la fecha de retiro del demandante, así como también las diferencias entre lo pagado
y lo dejado de pagar por cesantías y prestaciones sociales; (ii) se ordene la
reliquidación de la asignación de retiro y la corrección de la hoja de servicios, (iii)
se inapliquen por vía de excepción los decretos salariales expedidos desde el año
2004 que no dieron cumplimiento a la sentencia C‑931 de 2004 y (iv) la declaratoria
de responsabilidad patrimonial de la Nación —Policía Nacional y CASUR— por los
daños ocasionados con el consecuente reconocimiento de perjuicios materiales y
morales, el pago de indexaciones e intereses y de la sanción moratoria por el pago
desactualizado de las cesantías.

6. Oposición al recurso

A través de autos del 6 de octubre de 2025 (SAMAI índice 5) y del 16 de enero de
2026 (SAMAI índice 17), previo a resolver sobre la admisión del recurso
extraordinario de revisión, se requirió a la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para que remitiera copia digitalizada del
expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
de origen, así como también de la constancia de ejecutoria de la sentencia objeto
de revisión; en atención a dichas providencias, la secretaría del tribunal remitió los
memoriales electrónicos incorporados en los índices 11, 13 y 15 de SAMAI y,
posteriormente, el 28 de enero de 2026 allegó a esta Corporación el expediente en
medio físico.

El 20 de mayo de 2026, se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó
correr traslado de la demanda al Ministerio de Defensa Nacional, a CASUR y al
Ministerio Público por el término de diez (10) días de conformidad con el artículo

7
SAMAI índice 2, pág. 16 archivo digital denominado “3_110010315000202504963003Demanda
Web2025811214940.pdf”.

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253 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021
(SAMAI índice 30), en el referido término expresaron lo siguiente:

1) El 1 de junio de 2026, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional8
rebatió las súplicas del recurso extraordinario por cuanto no está debidamente
fundado ni se configuran los presupuestos para dejar sin efectos las providencias
judiciales que decidieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
tanto que la liquidación de los haberes salariales y prestacionales del actor se
realizó de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables a su
situación, por lo tanto, el acto administrativo contenido en el oficio S-2019-
001574/ANOPA-GRULI-1.10 del 11 de enero de 2019 no está viciado de nulidad y
no hay lugar a acceder a las pretensiones de condena.

Al propio tiempo, no se configura la causal de revisión alegada debido a que entre
la sentencia C-931 de 2004 y las adoptadas en el proceso ordinario no hay identidad
de objeto, causa y partes, pues, los respectivos litigios no se edificaron sobre
idénticas pretensiones, se promovieron respecto de partes disímiles y abordaron el
estudio de una causa diferente, por cuanto, en la primera de las referidas se abordó
el estudio constitucional de exequibilidad de una ley y en las segundas una
situación particular de reajuste salarial y prestacional.

2) El 9 de junio de 2026, CASUR se opuso integralmente a las súplicas del recurso
extraordinario de revisión sobre la base de sostener que al demandante se le
reconoció la asignación de retiro desde el 24 de julio de 2017 en cuantía equivalente
al 95 % del sueldo básico y demás partidas legalmente computables, por lo tanto
no transgredió los derechos del demandante, sino que, atendió el régimen laboral
aplicable prestablecido por el Gobierno nacional, esto es, el régimen especial de la
Fuerza Pública; en esa dirección, explicó que la asignación de retiro del
demandante se ha actualizado anualmente con fundamento en la remuneración del
personal activo, de conformidad con el principio de oscilación el cual, precisamente,
tiene como finalidad mantener el poder adquisitivo de la mesada (SAMAI índice 38).

8
SAMAI índice 37.

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II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) generalidades del recurso extraordinario de revisión, 3) la causal
octava de revisión extraordinaria: ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada y 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentado el recurso de manera oportuna9, corresponde a la Sala de Decisión
determinar si se configura la causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
respecto de la sentencia del 4 de julio de 2024 del Consejo de Estado Sección
Segunda, Subsección B.

Al respecto, es igualmente necesario precisar que aunque el recurso también se
dirige en contra de la sentencia del 28 de abril de 2022 del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, lo cierto es que, el medio de
impugnación excepcional solo procede en contra de la sentencia de segunda
instancia por cuanto fue respecto de esta que fue admitido mediante auto del 20 de
mayo de 2026 (SAMAI índice 30), adicionalmente, es la providencia del 4 de julio
de 2024 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, la que decidió
de manera definitiva el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala declarará infundado el recurso porque no se probó la configuración de la
causal de revisión alegada y, aunado a ello, lo que pretende el recurrente es revivir
el análisis probatorio y jurisprudencial surtido en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho con lo cual se evidencia su intención de convertir este

9 El 4 de julio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B profirió la sentencia en segunda

instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 25000-23-42-000-2019-01029-01;
la cual quedó ejecutoriada el 20 de agosto de 2024 (según certificación visible a folio 239 del expediente físico),
por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión presentado el 11 de agosto de 2025 (SAMAI índice 1), lo fue
dentro del término de un (1) año contemplado en el artículo 251 del CPACA.

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Recurso extraordinario de revisión

asunto, indebidamente, en una tercera instancia, lo cual jurídicamente no es
procedente.

2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

1) El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada,
puesto que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre
que se configure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, sin perjuicio de las dos causales adicionales consagradas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 atinentes a la posibilidad de revisar las sentencias
que reconozcan prestaciones periódicas con cargo a recursos públicos.

2) El objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material,
cuando se advierte que esta ha sido afectada por situaciones o circunstancias
exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten
tal gravedad que autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada, “(…) la
revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la
justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a
derecho, sino de aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º,
228 y 230 del estatuto superior”10.

3) El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos 250
de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797 de 200311.

4) El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante
escrito que deberá contener (i) la indicación de las partes y sus representantes, (ii)
el nombre y domicilio del recurrente, (iii) los hechos u omisiones que le sirvan de
fundamento y, (iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada12.

10 Corte Constitucional, sentencia C-739 del 11 de julio de 2001, exp. D-3293, MP Álvaro Tafur Galvis.
11 En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a fondos de

naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, en
los supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso y/o cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Al respecto, ver: Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 5
de marzo de 2019, exp. 2018-00394-00, CP Rocío Araújo Oñate.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp. 2013-

00212-01(REV), CP Fredy Ibarra Martínez.

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Expediente 11001-03-15-000-2025-04963-00 (7.814)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
Recurso extraordinario de revisión

5) En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una “tercera
instancia” en la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en
relación con la sentencia que se pretende revisar, por tal razón las pretensiones y
fundamentos deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los
supuestos contemplados en las causales para su procedencia13.

6) Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son
eminentemente procedimentales, pues, ninguno está dirigido a cuestionar la labor
intelectual de juzgamiento “sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5, referido a la existencia de causal de nulidad originada
en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o
bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos
de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a
excepción de la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se
pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo”14.

3. La causal octava de revisión: ser la sentencia contraria a otra anterior
que constituya cosa juzgada

1) En relación con la causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del
CPACA, esto es, ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada, el Consejo de
Estado ha considerado que es indispensable la concurrencia de los siguientes
factores: (i) la existencia de dos sentencias contradictorias; (ii) la providencia en
sentido contrario debió hacer tránsito a cosa juzgada, en procesos donde exista
identidad de partes, objeto y causa y, (iii) que en el segundo proceso no hubiera
sido posible proponer la excepción de cosa juzgada15.

13 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1º de diciembre de 1997,

exp. REV 117, CP Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, exp. 2006-
00318-00(REV), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
sentencia del 2 de febrero de 2016, exp. 2015-02342-00(REV), CP Alberto Yepes Barreiro.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, expediente

11001-03-15-000-2001-00118-01 (REV), CP Gerardo Arenas Monsalve.

12

Expediente 11001-03-15-000-2025-04963-00 (7.814)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
Recurso extraordinario de revisión

Igualmente, es necesario precisar que el aparte final del numeral 8 del artículo 250
del CPACA también indica que no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso
se propuso la excepción de cosa juzgada y esta fue rechazada.

2) Esta causal se interpreta de manera armónica en conjunto con el alcance y
efectos de la cosa juzgada según los preceptos de los artículos 303 del Código
General del Proceso16 y 189 de la Ley 1437 de 201117, los cuales regulan los
elementos a considerar para que dicha figura se materialice, es decir, identidad de
partes, objeto y causa.

3) En la demanda de revisión extraordinaria, el demandante Álvaro Ninco
Bermúdez plantea que la decisión contraria a lo decidido en la sentencia que por
esta vía se controvierte es la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional
que hizo tránsito a cosa juzgada con efectos erga omnes.

4) Para efectos de dilucidar si al recurrente le asiste razón debe destacarse el
contenido de la sentencia C-931 de 2004; en esta decisión se resolvió una demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 848 de 2003 que fijó los
parámetros de reajuste salarial en la vigencia fiscal de 2004; en esta decisión la
Corte Constitucional determinó que esa norma era exequible, pero condicionó su
constitucionalidad al cumplimiento del deber del Gobierno nacional y del Congreso
de la República de garantizar el derecho de los servidores públicos y de los
pensionados a mantener el poder adquisitivo real de sus ingresos de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 48, 53 y 366 de la Constitución Política.

16 El artículo 303 del Código General del Proceso prevé: “La sentencia ejecutoriada proferida en proceso

contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde
en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes (…). La cosa
juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.
17El artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, preceptúa: “La sentencia que declare la nulidad de un acto

administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida
producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la
legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga
omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal,
en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.
Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución
Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer
unos efectos diferentes.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, producirá efectos
de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos
haya identidad jurídica de partes.
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido
en ellos y obtenido esta declaración a su favor (…).” (Aparte tachado INEXEQUIBLE).

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Expediente 11001-03-15-000-2025-04963-00 (7.814)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
Recurso extraordinario de revisión

En ese fallo se realiza un análisis del contexto macroeconómico, la política salarial
y la inactividad estatal frente a los mandatos del salario mínimo vital y móvil, en el
sentido de precisar que cualquier restricción temporal en los incrementos del salario
solamente es válida si es razonable, proporcional y justificada y, siempre que se
adopten las medidas necesarias para no deteriorar los ingresos laborales, razón
por la cual le ordenó al Gobierno nacional y al Congreso de la República lo
siguiente:

“Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en
cuanto prevé un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación
registrada para el año 2003, a favor de aquellos servidores públicos que
devengan hasta dos salarios legales mínimos mensuales.

Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003
condicionado a que el Gobierno y el Congreso, al momento definir
concretamente cuál será la limitación del derecho a mantener el poder
adquisitivo real de los salarios de los servidores públicos que devengan
más de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la vigencia
presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales
recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente
Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede
tenerse como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas
necesarias para mantener, en los términos de esta providencia,
actualizados los salarios de los servidores públicos de ingresos medio o
altos.

En consecuencia, ORDENA al Gobierno Nacional y al Congreso de la
República que con carácter urgente, si aún no lo ha hecho, dentro del
ámbito de sus competencias, tomen las medidas necesarias para realizar
el pago de los reajustes salariales de todos los servidores públicos
cobijados por la ley de presupuesto general de la Nación, antes de que
expire la vigencia fiscal del año 2004. Para esos propósitos, deberán
efectuarse las adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes de
que expire dicha vigencia fiscal.

Tercero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, con
el condicionamiento según el cual las autoridades competentes, es decir,
el Gobierno y el Congreso, deberán respetar el derecho de los
pensionados a mantener el poder adquisitivo real de la pensión, mediante
su reajuste anual en los términos del artículo 53 y del último inciso del
artículo 48 de la Constitución Política. En consecuencia, para esos
propósitos el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, dentro de
sus competencias, si aún no lo han hecho, deberán efectuar las adiciones
o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire la vigencia
fiscal de 2004.

Cuarto: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en el
entendido según el cual el rubro allí mencionado debe incluir las partidas
necesarias para mantener, cuanto menos, los niveles alcanzados de
cobertura y calidad del servicio público de educación superior, en los
términos de la parte motiva de la presente Sentencia. En consecuencia,
el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, dentro de sus
competencias, si aún no lo han hecho, deberán efectuar las adiciones o
traslados presupuestales necesarios, antes de que expire la vigencia
fiscal de 2004. Además, esto es sin perjuicio de mantener la actualización

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Expediente 11001-03-15-000-2025-04963-00 (7.814)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
Recurso extraordinario de revisión

de los salarios de los servidores públicos de las universidades, teniendo
en cuenta como mínimo lo previsto en esta sentencia, en especial la
consideración jurídica 3.2.11.8.4.

Quinto. Ordenar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que,
en la aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación
correspondiente al año 2005, tengan en cuenta que al final de cuatrienio
correspondiente a la vigencia del actual Plan Nacional de Desarrollo,
debe haberse reconocido la actualización plena del derecho a mantener
el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos, en
los términos de la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la
presente Sentencia”. (negrillas y mayúsculas sostenidas del original)

5) En claro contraste con lo anterior, la sentencia de segunda instancia proferida en
el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se originó en una
demanda presentada por el señor Álvaro Ninco Bermúdez, quien pretendía tanto la
reliquidación del sueldo básico que percibió en actividad como de su asignación de
retiro, para lo cual se apoyó en que el reajuste salarial de los ministros afectaba la
escala gradual porcentual de la Fuerza Pública y en que la sentencia C-931 de 2004
había ordenado actualizar los salarios conforme al IPC, frente a lo cual se decidió
lo siguiente:

a) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
declaró probada la prescripción extintiva de los derechos salariales y prestacionales
reclamados porque comprobó que el actor presentó sus reclamaciones más de
catorce (14) años después de la última solicitud de reajuste, y que el artículo 155
del Decreto 1212 de 1990 establece un término de 4 años para reclamar
prestaciones devengadas en actividad; además, la corporación enfatizó que la
prescripción extingue el derecho sustancial sin importar si la pretensión es
fundada18.

b) En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
modificó la decisión para negar las pretensiones de la demanda, debido a que “el
demandante no tenía derecho a que se reajustara la asignación básica devengada
en los años 1992 a 2004 porque el incremento de la asignación básica mensual del
personal activo de las Fuerzas Militares y de Policía recae únicamente en el
gobierno nacional, de conformidad con la Ley 4 de 1992 y, aunque no se haya dado

18
SAMAI índice 2, págs. 134 a 141, archivo digital denominado “7_110010315000202504963005
DemandaWeb2025811214940.pdf”.

15

Expediente 11001-03-15-000-2025-04963-00 (7.814)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
Recurso extraordinario de revisión

en los precisos términos de la inflación, no puede considerarse que ello vulnere sus
derechos laborales”19.

6) Con sustento en lo anterior, no existe duda de que no se configura la causal 8
del artículo 250 del CPACA porque no se advierte que el fallo atacado sea contrario
a otra decisión judicial anterior que haya decidido un litigio entre las mismas partes
con identidad de objeto y causa, por las razones que a continuación se exponen:

a) No existe identidad de partes, la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional invocada por el recurrente resolvió una demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 848 de 2003 y no un litigio entre
el señor Álvaro Ninco Bermúdez y las entidades demandadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Es decir, la providencia supuestamente contraria a lo decidido en el proceso
contencioso administrativo no involucra a las partes del presente proceso ni versa
sobre una relación jurídica individual, sino que constituye un fallo de control
abstracto de constitucionalidad con efecto erga omnes propio de ese instrumento
jurídico de conformidad con lo expresamente dispuesto en el artículo 48 de la Ley
270 de 199620.

b) No se configura la identidad de objeto, el propósito de la sentencia C-931 de
2004 consistió en determinar la exequibilidad de una ley anual de presupuesto en
relación con los criterios adoptados para el reajuste salarial del sector público; en
cambio, el objeto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho decidido
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se centró en la
legalidad de dos oficios contentivos de sendos actos administrativos que le negaron
al demandante el reajuste de su asignación en actividad y de retiro según su
situación salarial y prestacional particular y específica.

19
SAMAI índice 2, págs. 155 a 173, archivo digital denominado “7_110010315000202504963005
DemandaWeb2025811214940.pdf”.
20 El artículo 48 de la ley 270 de 1996 dispone: “Las sentencias proferidas en cumplimiento del control
constitucional tienen el siguiente efecto: 1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen
de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control
automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte
resolutiva (…)”.

16

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Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
Recurso extraordinario de revisión

Así, uno es un control abstracto jurisdiccional de constitucionalidad normativa, y
otro muy distinto el control concreto de legalidad sobre actos administrativos
individuales, por tanto, no existe identidad de objeto entre las sentencias.

c) Tampoco se advierte identidad de causa, el origen del proceso que dio lugar a la
expedición de la sentencia C-931 de 2004 consistió en determinar la conformidad
de una ley presupuestal con el ordenamiento constitucional sobre el derecho al
salario mínimo vital y móvil en tensión con la racionalización del gasto público.

En cambio, la causa petendi del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
es la alegada afectación individual del salario y de la asignación de retiro del
demandante derivada de la aplicación de los decretos de ajuste salarial de la
Fuerza Pública entre los años 1992 y 2004, así como la obligación de reajustar su
asignación de retiro según el IPC y el efecto de la escala gradual porcentual.

Luego, se trata de causas jurídicas completamente diferentes, una de naturaleza
constitucional general y otra de carácter prestacional particular.

7) Aunado a lo anterior, es preciso señalar que, más que la existencia de una
verdadera contradicción entre las decisiones proferidas en el proceso contencioso
administrativo y la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, lo que
plantea el recurrente es un supuesto desconocimiento de dicha sentencia, en
cuanto considera que el fallo de constitucionalidad era aplicable al caso concreto y
que las autoridades judiciales debieron acoger su contenido para ordenar el
reajuste pretendido.

Sin embargo, este reproche no se enmarca en la causal 8 del artículo 250 del
CPACA, por el hecho de que no está prevista para revisar la correcta o incorrecta
aplicación de un precedente jurisprudencial, sino únicamente para resolver
contradicciones entre sentencias anteriores que constituyan cosa juzgada entre las
mismas partes del proceso; en este orden de ideas, el desconocimiento del
precedente no es un defecto que se ventile a través de la causal invocada dado
que es un yerro ajeno al medio excepcional de la revisión.

La argumentación del actor, en realidad, corresponde a una inconformidad con la
interpretación judicial de las normas aplicables —incluida la lectura y alcance de la
sentencia C-931 de 2004—, lo cual no configura una antinomia entre sentencias,

17

Expediente 11001-03-15-000-2025-04963-00 (7.814)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
Recurso extraordinario de revisión

sino un desacuerdo respecto de la valoración jurídica realizada por el juez natural,
materia que excede el ámbito restringido del recurso extraordinario de revisión que,
como antes se anunció no puede ser utilizado como si se tratase de una tercera
instancia.

En efecto, sobre el tema el Consejo de Estado ha expresado en otras oportunidades
que no es dable emplear el recurso extraordinario de revisión para cuestionar la
labor hermenéutica del juez que emitió la sentencia recurrida21.

En consecuencia, el señalamiento del recurrente no encaja en la causal invocada,
pues no se refiere a un fenómeno de cosa juzgada contradictoria, sino a la supuesta
omisión de un precedente, circunstancia que no habilita la revisión extraordinaria
conforme al numeral 8 del artículo 250 del CPACA.

4. Condena en costas

En los términos de los artículos 255 del CPACA y 366 (numeral 4) del Código
General del Proceso, el señor Álvaro Ninco Bermúdez debe asumir las costas
porque se le declara infundado el recurso extraordinario de revisión; la condena
incluye las agencias en derecho que se fijan, en atención al concepto y los criterios
definidos para su causación en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo
Superior de la Judicatura, en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha
de ejecutoria de esta sentencia y en favor de la Nación – Ministerio de Defensa -
Policía Nacional y de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR).

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

21
“Es posible afirmar, que este recurso persigue como finalidad principal la revisión de las decisiones
que fueron adoptadas injustamente, es decir, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de
enmendar los errores judiciales como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de
hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de
derecho)”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial
de Decisión, sentencia del 13 de octubre de 2020, radicación no. 11001-03-15-2019-00119 (REV),
CP Alberto Montaña Plata.

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Expediente 11001-03-15-000-2025-04963-00 (7.814)
Demandante: Álvaro Ninco Bermúdez
Recurso extraordinario de revisión

III. F A L L A :

1º) Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la
parte demandante contra la sentencia del 4 de julio de 2024 del Consejo de Estado
Sección Segunda, Subsección B, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación número 25000-23-42-000-2019-
01029-01.

2º) Condénase en costas a Álvaro Ninco Bermúdez en favor de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional (CASUR) liquídense por la secretaría e inclúyase, por concepto
de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala 12 Especial de Decisión

CARLOS FERNANDO MANTILLA JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
NAVARRO Magistrado
Magistrado (Con salvamento de voto parcial)

WILSON RAMOS GIRÓN LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado Magistrado

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