RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2021-00143-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00143-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00143-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR el ordinal «SEGUNDO» de la sentencia de Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, para, en su lugar, ABSTENERSE de condenar en costas de primera instancia. SEGUNDO. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2021-00143-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 73001-23-33-000-2021-00143-01 (0541-2024)1
Demandante : Fidias León Pérez
Demandada : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro2
Acción : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reajuste salarial y de asignación de retiro
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante, contra la
sentencia de Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda3

1.1.1 Pretensiones

1. El señor Fidíaz León Pérez, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de obtener la nulidad del Oficio 2020-012971 de 21 de julio de
2020, mediante el cual, la Fuerza Aeroespacial Colombiana negó el reajuste de su

1 Expediente digital.
2 Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
3 Samai del tribunal de origen, índice 33, archivo 05.

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

asignación básica mensual y demás emolumentos laborales, teniendo en cuenta la
escala salarial porcentual y la asignación básica del grado de General de la
República para los años 1992 a 2004, calculados sobre aumentos anuales
efectuados de acuerdo con la inflación causada y acumulada durante ese período.

2. Asimismo, deprecó la nulidad del acto ficto presuntamente originado en el
silencio de la administración, respecto de la petición de reajuste de asignación de
retiro elevada el 9 de julio de 2020.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) el reconocimiento y pago de
las diferencias entre lo percibido en actividad y lo que corresponda luego de realizar
el reajuste de sus emolumentos en actividad, de acuerdo con la escala salarial
porcentual y la asignación básica del grado de General de la República para los
años 1992 a 2004, calculada sobre aumentos anuales efectuados de acuerdo con
la inflación causada y acumulada durante ese período; (ii) la corrección de su hoja
de servicios; (iii) el reajuste de su asignación de retiro de acuerdo con la
reliquidación de sus haberes en actividad, y el pago de las respectivas diferencias;
(iv) se declare la pérdida de poder adquisitivo de las asignaciones de los miembros
de las Fuerzas Militares, entre 1992 y 2004, y se declare patrimonialmente
responsable a las entidades demandadas; (v) el pago de sendas indemnizaciones
por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, y la sanción moratoria por el pago
incompleto de cesantías; y (vi) se condene en costas y agencias en derecho al
demandante.

1.1.2 Hechos y omisiones

4. El señor Fidias ingresó a la entonces Fuerza Aérea Colombiana el 1° de marzo
de 1988, y prestó sus servicios hasta el 30 de junio de 2007.

5. Fue elaborada la hoja de servicios 11312405 de 2 de mayo de 2007, donde
fueron consignados los emolumentos laborales que venían siendo reconocidos al
actor.

6. Entre los años 1992 y 2004, las asignaciones del personal de la Fuerza Pública
perdieron poder adquisitivo, toda vez que los aumentos anuales fueron practicados
de acuerdo con los decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional en la

2

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

materia, en porcentajes inferiores a la variación anual de la inflación.

7. El 9 de julio de 2020, solicitó a la Fuerza Aérea la reliquidación de sus haberes
en actividad, con aplicación de la inflación causada y acumulada entre los años 1992
a 2004, y el pago de las diferencias resultantes.

8. El 9 de julio de 2020, radicó petición ante la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, en la cual, deprecó la reliquidación de su asignación de retiro, como
producto del ajuste de sus haberes salariales y prestacionales con aplicación de la
inflación causada y acumulada entre los años 1992 a 2004, y el pago de las
respectivas diferencias.

9. La Fuerza Aeroespacial Colombiana negó la petición a través de Oficio 2020-
012971 de 21 de julio de 2020.

10. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no contestó la solicitud.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

11. Refiere que se desconocieron las siguientes disposiciones:

7.1. Constitución Política: preámbulo y artículos 4, 48, 53, 218, 220, 230 y 373.

7.2. Legales y reglamentarias: Ley 1450 de 2011; y Decretos 1211, 1212 y 1214

de 1990.

12. Sostuvo que, «[…] la sentencia C-931 de veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro
(2004) […] la Corte Constitucional, ordenó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República,
realizar el pago de los reajustes salariales de todos los servidores públicos cobijados por la ley de
presupuesto general de la Nación, antes de que expirara la vigencia fiscal del año 2004;
adicionalmente ordenó que en la aprobación de la Ley del Presupuesto […] debe haberse
reconocido la actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario
de todos los servidores públicos […]».

13. Por lo tanto, el Gobierno Nacional debió actualizar los salarios hasta 2005,
teniendo en cuenta la inflación causada y acumulada entre los años 1992 a 2004,
con el fin de cubrir la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los servidores
públicos, en especial, los miembros de las Fuerzas Armadas.

3

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

14. Expuso que «[e]l daño antijurídico, se refleja en las remuneraciones actuales de todo el
personal de la Fuerza pública como quiera que los salarios, prestaciones sociales y las asignaciones
de retiro o pensiones, presentan una pérdida acumulada de poder adquisitivo […], fruto de
incrementos porcentuales inferiores a la inflación causada y que en el periodo comprendido entre los
años 1992 a 2004 acumularon un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) de lo reconocido
por parte del Gobierno Nacional; generándose así un déficit o pérdida salarial y prestacional en las
remuneraciones y demás derechos de este personal».

1.2 Contestaciones de la demanda

1.2.1. Fuerza Aeroespacial Colombiana4

15. La Fuerza Aeroespacial Colombiana se opuso a las pretensiones de la
demanda, al estimar que, no resulta viable reliquidar los salarios percibidos por el
actor entre 1997 a 2004 con fundamento en el índice de precios al consumidor,
por cuanto, dicho ejercicio solo resulta posible respecto de las asignaciones de
retiro, en virtud de lo previsto por la Ley 238 de 1995, que permitió aplicar a los
pensionados de la Fuerza Pública el reajuste anual previsto en la Ley 100 de
1993.

16. Dijo que, «[l]os incrementos salariales del personal activo de las FFMM se hace a través de
Decretos del Gobierno Nacional y no por aplicación del sistema de oscilación o el incremento con
base en el IPC, tal cual como se le ha mencionado al actor en el acto a impugnar».

1.2.2. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares5

17. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares contestó la demanda de manera
oportuna, y solicitó desestimar las pretensiones, toda vez que, «[l]a reliquidación de
la asignación de retiro para miembros de las fuerzas militares conforme al ipc, no procede para el
personal que se encontraba activo en el servicio durante el periodo 1992 a 2004».

18. Argumentó que, «[la] fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos
vinculados a la Fuerza Pública corresponde de manera privativa al Gobierno Nacional» , y

destacó que, los incrementos salariales anuales que ordena, «[…] además de
ajustarse a la ley de apropiaciones para cada vigencia fiscal, que guarda estrecha armonía con el

4 Ib., archivo: 20.
5 Ib., archivo: 16.

4

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

Plan Nacional de Desarrollo, está orientado a garantizar que los empleados conserven el poder
adquisitivo de su salario, pero sin olvidar los compromisos que emanan de la política social en un
Estado carente de los recursos suficientes para cubrir la totalidades de las necesidades básicas
insatisfechas de la sociedad colombiana y, en particular, de las clases menos favorecidas» .

19. Señaló que, no existe «[…] una obligación imperativa por parte del Gobierno nacional de
incrementar los salarios de los miembros de la fuerza pública con fundamento en el Índice de
Precios al Consumidor como lo afirma el demandante, pues esto no se hace de manera
caprichosa, sino que atiende a la realidad económica de las finanzas públicas y a la Ley de
Presupuesto».

1.3. La sentencia de primera instancia6

20. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de Veintitrés (23) de
Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), negó las pretensiones de la demanda, y
condenó en costas a la parte actora.

21. Como sustento de su decisión, recordó que, «[l]a sentencia C-931 de 2004 reconoció
el deber estatal de preservar el poder adquisitivo del salario, pero precisó que no es un derecho
absoluto y que su concreción se sujeta a la distribución de competencias: el Congreso fija criterios
por ley marco (Ley 4ª de 1992) y el Gobierno determina anualmente los incrementos mediante
decretos».

22. Dijo que, dicha providencia «[…] no: (i) convierte el IPC en fórmula única y obligatoria para
el salario público activo; (ii) ordena reliquidaciones retroactivas por IPC a servidores en actividad; ni
(iii) desplaza el régimen especial de la Fuerza Pública».

23. Señaló que, «[…] la Ley 238 de 1995 extendió, de manera excepcional y temporal, el criterio
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 (IPC) a las asignaciones de retiro de los regímenes
exceptuados, entre ellos, la Fuerza Pública, mas no a los salarios en actividad».

24. Finalmente, indicó que, «[…] aunque en el proceso no se haya demostrado que la parte
demandante actuara con mala fe o deslealtad procesal, es innegable que la demandada tuvo que
constituir un apoderado para oponerse a las pretensiones de la demanda» , razón por la cual,

«[…] se cumple el presupuesto de carácter económico para la concesión de costas a favor de la
parte demandada».

6 Samai del tribunal de origen, índice 54.

5

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

1.4 Recurso de apelación7

25. Inconforme con la decisión de primera instancia, el accionante interpuso recurso
de apelación, en el que insistió en los argumentos expuestos en la demanda y
solicitó se acceda a las pretensiones formuladas.

26. Argumentó que, lo pretendido en nada obedece a la aplicación del principio de
favorabilidad, ni de ajuste de asignaciones de retiro y pensiones en virtud del artículo
14 de la Ley 100 de 1993, sino al mandato de orden superior emitido por la Corte
Constitucional mediante la sentencia C-931 de 2004, en la cual, dio órdenes al
Congreso de la República y al Gobierno Nacional relacionadas con la pérdida del
poder adquisitivo de los salarios, oponibles a cualquier autoridad, razón por la cual,
el fallo impugnado se encuentra viciado por un defecto sustantivo y en tal sentido
se deberá revocar y en su lugar reconocer lo pretendido de conformidad al libelo de
la demanda.

27. Señaló que, conforme a lo dispuesto en la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional, el Estado debe garantizar a los servidores públicos «[…] alcanzar la
actualización plena de su salario, incrementos iguales o superiores de conformidad con el índice
acumulado de inflación», y, por tanto, «[…] se debe reconocer la actualización plena del derecho

a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos, entre los cuales se
encuentran los integrantes de la Fuerza Pública; y esto no podrá llevarse a cabo, si no se actualiza
la asignación básica y los gastos de representación fijados a los Ministros del Despacho de
conformidad con el índice acumulado de inflación en el periodo comprendido entre los años 1992 a
2004».

1.5. Trámite de segunda instancia

28. Con auto de 28 de abril de 20268, el consejero de Estado ponente admitió el
recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el
proceso ingresó al Despacho para fallo.

29. Las partes no emitieron pronunciamiento sobre el recurso de apelación, dentro
del término de ejecutoria del auto admisorio de la alzada.

7 Ib. índice 75.
8 Samai, índice 4.

6

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

30. El Representante del Ministerio Público no intervino, en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).

2.2. Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

32.1. ¿Le asiste derecho al demandante a obtener el reajuste de las
asignaciones salariales y prestacionales recibidas en servicio activo, de
acuerdo con la inflación causada y acumulada entre 1992 y 2004, según lo
ordenado en la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional?
32.2. En consecuencia, ¿tiene derecho el demandante a la reliquidación de su

asignación de retiro?
32.3. Asimismo, ¿deben ser reconocidas las indemnizaciones y sanciones
pretendidas por el actor?
32.4. ¿Resulta procedente la condena en costas impuesta en primera instancia?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

33. En principio, debe precisar la Sala que la Constitución Política, en el numeral 19
(letras e y f) del artículo 150, le asigna al Congreso de la República competencia
para dictar las normas generales, desde luego a través de leyes, a las cuales debe
sujetarse el Gobierno, entre otras materias, en punto a fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, los miembros del Congreso Nacional y de
la fuerza pública, así como la regulación del régimen de prestaciones sociales
mínimas de los trabajadores oficiales. A su vez, los artículos 217 y 218 de la norma
superior contemplan que la ley determinará el régimen especial de carrera,
prestacional y disciplinario propio de los miembros de las fuerzas militares y de la

7

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

Policía Nacional.

34. En desarrollo de la citada competencia, el legislador expidió la Ley 4ª de 1992,
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones […]» , que, en lo pertinente,

establece:

Artículo 1. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su
sector, denominación o régimen jurídico;
b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de
la República;
c) Los miembros del Congreso Nacional, y
d) Los miembros de la Fuerza Pública.

[…]
Artículo 4. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2° el
Gobierno Nacional, cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los
empleados enumerados en el artículo 1º literal a), b) y d), aumentando sus
remuneraciones.

[…]
Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una
escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado
de la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo
2º.

35. En ejercicio de las facultades conferidas en las anteriores disposiciones, el
Gobierno Nacional ha fijado anualmente los sueldos básicos para el personal de
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares9, a través de porcentajes que son
definidos para cada grado respecto de la asignación básica de un general, que, a
su vez, constituyen el referente para reajustar las asignaciones de retiro que se
reconocen a tales servidores en virtud del principio de oscilación.

36. Por otra parte, resulta menester precisar que, el artículo 14 de la Ley 100 de
1993, preceptúa que las pensiones debían ser reajustadas «[…] de oficio, el primero de
enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado
por el DANE para el año inmediatamente anterior», con la finalidad de que mantuvieran su

poder adquisitivo constante.

9 Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745

de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012
y 1017 de 2013.

8

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

37. De igual modo, el artículo 279 de la misma normativa previó:

Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente
Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
[…]. (énfasis de la Sala)

38. Sin embargo, el Congreso de la República expidió la Ley 238 de 1995, por medio
de la cual adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, así:

Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican
negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de
esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados.

39. Del anterior recuento normativo, se colige que, el aumento de las asignaciones
del personal uniformado de las Fuerzas Militares es fijado anualmente por el
Gobierno Nacional a través de decreto, mientras que, el incremento de las
asignaciones de retiro que se reconoce a tales servidores, se efectúa conforme al
principio de oscilación, que, en todo caso, no puede ser inferior al índice de precios
al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) para el año inmediatamente anterior, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 279 (parágrafo 4.º) de la Ley 100 de 1993, empero, a partir de la
expedición de la Ley 238 de 1995, dicho personal retirado contó con la posibilidad
de que sus asignaciones de retiro fueran ajustadas anualmente con la variación
porcentual del IPC, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, siempre
y cuando resultara más favorable10.

40. Esa posibilidad se mantuvo hasta la expedición de la Ley 923 de 30 de
diciembre de 2004, reglamentada a través del Decreto 4433 de 2004, por medio del
cual fue establecido el régimen pensional de asignación de retiro de los miembros
de la fuerza pública, normativa que impuso nuevamente de manera expresa el
sistema de ajuste anual de las prestaciones en retiro con aplicación del principio de
oscilación.

41. Dicho lo anterior, resulta evidente que, conforme a la interpretación que la

10 Sobre la tesis de aplicación de la Ley 238 de 1995, puede verse: Consejo de Estado, sala de lo contencioso - administrativo, sección segunda,

subsección B, sentencia de 15 de noviembre de 2012, expediente 2500023250002010005111 01, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

9

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

jurisprudencia ha desarrollado11, la Ley 238 de 1995, al referirse al artículo 14 de la
Ley 100 de 1993, únicamente lo hizo respecto de los pensionados excluidos de la
aplicación del sistema integral de seguridad social (dentro de los cuales se
encuentran los pensionados de la fuerza pública); en consecuencia, es dable
concluir que su alcance y objetivos no tienen la vocación de incidir en los ajustes
anuales de salario alguno y, en específico, no fijó ningún tipo de modificación al
régimen salarial que cobija a los miembros activos de las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional.

42. Por consiguiente, la Sala concluye que el reajuste del salario básico que reciben
los miembros activos de la Fuerza Pública sigue rigiéndose por los decretos que
para el efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo como referente el salario
señalado para el grado de general en actividad.

2.5. Caso concreto

43. En el sub lite, el señor Fidias León Pérez pretende el incremento del salario
básico que devengó «conforme a la inflación acumulada y causada [de] 1992 a 2004», los
consecuentes ajustes de sus demás haberes salariales recibidos en servicio activo,
reliquidación de su asignación de retiro, y una serie de indemnizaciones por distintos
perjuicios materiales e inmateriales.

44. El Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda, por
considerar que, la Fuerza Pública tiene un régimen especial, y que sus asignaciones
son fijadas anualmente por el Gobierno Nacional a través de decretos, sin que
resulte posible aplicar el índice de inflación causada para establecer esos aumentos,
toda vez que, «[l]a sentencia C-931 de 2004 reconoció el deber estatal de preservar el poder
adquisitivo del salario, pero precisó que no es un derecho absoluto y que su concreción se sujeta a
la distribución de competencias: el Congreso fija criterios por ley marco (Ley 4ª de 1992) y el
Gobierno determina anualmente los incrementos mediante decretos».

45. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
puesto que, conforme a lo dispuesto en la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional, el Estado debe garantizar a los servidores públicos «[…] alcanzar la

11 Al respecto, entre otras, se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, sala de lo contencioso - administrativo, sección segunda,

sentencia de 17 de mayo de 2007, consejero ponente: Jaime Moreno García, expediente 8464-05; sentencia de 9 de octubre de 2017, expediente 1865-
16; sentencia de 8 de febrero de 2018, consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández, expediente 0014-16, sentencia 5 de mayo de 2016, número
interno: 1640-2012; sentencia 27

10

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

actualización plena de su salario, incrementos iguales o superiores de conformidad con el índice
acumulado de inflación», y, por tanto, «[…] se debe reconocer la actualización plena del derecho

a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos, entre los cuales se
encuentran los integrantes de la Fuerza Pública; y esto no podrá llevarse a cabo, si no se actualiza
la asignación básica y los gastos de representación fijados a los Ministros del Despacho de
conformidad con el índice acumulado de inflación en el periodo comprendido entre los años 1992 a
2004».

46. Planteado el alcance del recurso de apelación, la Sala observa que, se
encuentra acreditado que el señor Fidias León Pérez: (i) prestó sus servicios a la
ahora Fuerza Aeroespacial Colombiana, entre el 1° de marzo de 1988 y el 30 de
junio de 200712; y (ii) acumuló 21 años, 6 meses y 17 días de servicio, razón por la
cual, mediante Resolución 2034 de 24 de julio de 2007, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares le reconoció una asignación de retiro, a partir del 1° de julio de
2007.

47. Ahora bien, observa la Sala que, con fundamento en la condición de miembro
de la Fuerza Pública, persigue el reajuste de su asignación básica, demás haberes
laborales en actividad, y de su asignación de retiro, en virtud de la aplicación de la
sentencia C-931 de 200413, a través de la cual, la Corte Constitucional estudió una
demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 2° de la Ley 848 de
200314. En esa oportunidad, el Tribunal Constitucional realizó un análisis sobre el
derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de los servidores públicos,
ocasión en la cual, sostuvo:

A pesar de que la jurisprudencia ha dejado sentado que el derecho a mantener el
poder adquisitivo real del salario no es un derecho absoluto, sino que antes bien por
esencia es limitable, estas limitaciones deben cumplir ciertas condiciones […], que
evitan que el derecho se diluya en las consideraciones relativas al principio de
prevalencia del interés general. Conforme a tales condicionamientos, (i) el derecho
a obtener el reajuste salarial de los servidores públicos que devengan bajos salarios
es “intangible”; (ii) en principio, el derecho de estos servidores al reajuste anual
implica que el aumento de su salario mantenga su poder adquisitivo real, por lo cual
el criterio de reajuste debe ser el del índice de inflación; (iii) los servidores que
devengan salarios medios o altos pueden ver limitado su derecho en mayor o menor
proporción, según el nivel salarial de cada uno. En estos rangos, a mayor nivel
salarial caben mayores limitaciones y viceversa; (iv) el poder adquisitivo del salario
de los servidores públicos que devengan salarios medios o altos puede ser limitado,
pero no desconocido, “de tal forma que no es dado dejar de reconocer algún
porcentaje de aumento salarial, en términos nominales, a dichos servidores”; (v). En
los salarios medios y altos “la limitación admisible debe respetar el principio de
progresividad de tal forma que, a menor capacidad económica, menor sea el grado

12 Samai del tribunal de origen, índice 33, archivo 06: pp. 4-6.
13 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
14 «por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de

diciembre de 2004», aplicable a los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación.

11

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

de la limitación”, condición ésta que es importante para respetar el derecho de los
servidores que devengan salarios medios.

Confrontando la norma acusada con las anteriores condiciones que han sido
señaladas por la jurisprudencia, la Corte aprecia que el artículo acusado respeta el
carácter intangible del derecho al reajuste que tienen los servidores públicos de
bajos salarios, pues permite que haya un aumento salarial equivalente a la inflación
registrada durante 2003, para todos los servidores públicos que devengan hasta dos
salarios mínimos.

En cambio, en cuanto al derecho al reajuste salarial de los demás servidores
públicos, es decir aquellos que reciben salarios superiores a dos SLMM, la Corte
estima que la limitación introducida mediante el artículo 2° de la Ley 848 de 2003
no respeta las condiciones jurisprudencialmente deducidas que hacen que tal
limitación sea constitucionalmente aceptable.

En efecto, para esa clase de servidores no se reconoce en absoluto ningún tipo de
actualización salarial; además, todos quedan afectados por la misma medida, de
manera tal que la limitación no es proporcional al nivel salarial en que se encuentra
el servidor, ni progresiva en la medida en que el salario sea mayor. La ley no
distingue entre salarios medios y altos, desconociendo los principios de
proporcionalidad y progresividad, y haciendo más gravosa la limitación para el grupo
de los servidores que reciben salarios medios.

Por todo lo anterior la Corte concluye que, respecto de la limitación que se aplica al
derecho de los servidores de salarios medios y bajos a obtener el reajuste de sus
asignaciones, el medio utilizado por el legislador en esta oportunidad no es
constitucionalmente válido.

[…]
“4.2.2.2. El derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario no es absoluto.
El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo real del salario no es un
derecho absoluto, como no lo es ningún derecho en un Estado Social y Democrático.
La conceptualización del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario
como derecho limitable es un desarrollo específico de la doctrina según la cual los
derechos, incluso los fundamentales, no son absolutos, de lo que se deriva la
posibilidad de armonizarlos para asegurar en la práctica su ejercicio efectivo.”

[…]
a. Existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores públicos, a
mantener el poder adquisitivo de sus salarios (artículo 53 y concordantes, CP) y, por
ende, a que se realicen ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación
causada en el año inmediatamente anterior, sin que éste sea el único parámetro que
pueda ser tenido en cuenta. En consecuencia, no puede haber una política
permanente del Estado que permita la disminución del poder adquisitivo del salario.

b. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no es un
derecho absoluto. No obstante, no cualquier interés estatal justifica su limitación.
Sólo puede ser limitado para promover el fin constitucionalmente imperioso de
preservar la estabilidad macroeconómica reduciendo el gasto en circunstancias de
déficit fiscal y elevado endeudamiento para no afectar el gasto público social
(artículo 350, CP), asegurando así la efectividad de la solidaridad como principio
fundamental del Estado Social de Derecho (artículo 1, CP), dentro de un contexto
económico que justifique la necesidad de la limitación (artículo 2, CP).

[…]
d. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los servidores
públicos a mantener el poder adquisitivo del salario sólo puede afectar a aquellos
que tengan un salario superior a los dos (2) salarios mínimos legales mensuales. El
derecho de tales servidores públicos puede ser objeto de limitaciones, es decir, su
salario podrá ser objeto de ajustes en una proporción menor a la de la inflación
causada en año 2003, siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes
parámetros normativos:

12

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

• Las limitaciones de los ajustes salariales anuales deben respetar el principio de
progresividad por escalas salariales, de tal manera que quienes perciban
salarios más altos se vean sujetos a las mayores limitaciones y los servidores
ubicados en la escala salarial más alta definida por el Gobierno sean quienes
estén sometidos al grado más alto de limitación.

• En todo caso, para respetar el principio de proporcionalidad, las diferencias en
los ajustes entre escalas salariales deberán ser mínimas, y a ninguno de los
servidores públicos se le podrá afectar el núcleo esencial de ese derecho.

[…]

48. De lo anterior se colige que, el derecho del trabajador a que su salario mantenga
el poder adquisitivo contenido en el artículo 53 de la Carta Política, no es un
concepto absoluto, sino que está ligado a la situación fiscal del país, razón por la
cual, el aumento del salario de los servidores públicos puede limitarse con base en
los principios de igualdad y solidaridad, debido a que son quienes tienen mayor
capacidad para soportarlo, sin que ello conlleve el desconocimiento de los principios
de proporcionalidad y de movilidad salarial.

49. En consecuencia, la Corte Constitucional declaró exequible la norma acusada
en dicha oportunidad, «[…] en cuanto prevé un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación
registrada para el año 2003, a favor de aquellos servidores públicos que devengan hasta dos salarios
legales mínimos mensuales», pero lo condicionó a que el Gobierno nacional y el

Congreso de la República «[…] al momento [de] definir concretamente cuál será la limitación
del derecho a mantener el poder adquisitivo real de los salarios de los servidores públicos que
devengan más de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la vigencia presupuestal en
curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales recogidos en la consideración jurídica número
3.2.11.8.4. de la presente Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse
como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para mantener, en los términos
de esta providencia, actualizados los salarios de los servidores públicos de ingresos medio o altos»
(sic); y respeten «[…] el derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo real de la
pensión, mediante su reajuste anual en los términos del artículo 53 y del último inciso del artículo 48
de la Constitución Política. En consecuencia, para esos propósitos el Gobierno Nacional y el
Congreso de la República, dentro de sus competencias, si aún no lo han hecho, deberán efectuar
las adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire la vigencia fiscal de 2004»
(sic).

50. Por consiguiente, como se dejó consignado en el acápite precedente, en razón
al régimen especial de las Fuerzas Militares del que goza el actor, los respectivos
aumentos salariales se efectúan de acuerdo con lo que determine el Gobierno
Nacional en cada anualidad, por mandato expreso del artículo 13 de la Ley 4ª de

13

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

1992.

51. Ahora bien, resulta oportuno advertir que, el precitado fallo de la Corte
Constitucional estudió la constitucionalidad de la Ley 848 de 2003, por medio de la
cual se decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital para el 2004, por lo
que, no podría aplicarse siquiera a las vigencias anteriores, como lo pretende la
parte accionante, máxime si, para los períodos de 1992 a 2003, el Gobierno
Nacional incrementó los salarios del personal uniformado de las Fuerzas Militares,
a través de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107
de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745
de 2002 y 3552 de 2003.

52. En todo caso, para las anualidades de 2004 a 2007 (en el que se retiró el actor),
el aumento de su asignación salarial, se insiste, debía efectuarse conforme a los
porcentajes contemplados en los Decretos 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de
2006, y 1515 de 2007, expedidos por el Gobierno Nacional, en ejercicio de las
facultades conferidas por el Congreso de la República, se reitera, mediante la Ley
4ª de 1992.

53. Así las cosas, fluye con claridad que, en el asunto sub examine los ajustes de
las asignaciones salariales del demandante, efectuados de acuerdo con lo
determinado anualmente por el Gobierno Nacional, se encuentran conforme a
derecho, máxime, si se tiene en cuenta que, dado el régimen especial que disfrutó,
tenía acceso a otras prebendas remunerativas, que le permite mantener el poder
adquisitivo del dinero, razón por la cual, no se encuentra desvirtuada la presunción
de legalidad de los actos administrativos acusados, toda vez que, dichos aumentos
tienen pleno sustento constitucional y legal.

54. La anterior conclusión comporta la posición pacífica de la Sala sobre el
particular, que, en un caso de similares contornos facticos al presente15, sostuvo:

Así las cosas, considera la Sala que, ciertamente, la Constitución Política y la ley
prevén el deber de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario,
pero no únicamente conforme con la variación porcentual del IPC o la inflación, pues
el gobierno nacional, a través de los decretos que expide anualmente, puede acudir
a otros parámetros.

Como en el sub examine no se ha debatido que en las anualidades solicitadas se
hubiese disminuido el salario, sino que debía ser reajustado en los términos de la

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 22 de mayo de 2026; expediente: 25000-23-42-000-2019-01074-01 (5004-2024);

consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.

14

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

sentencia antes mencionada, debe comprenderse que no se vulneró ese derecho
y, como el demandante se desempeñó como intendente jefe de la Policía Nacional
desde 1994, al tenor de la misma sentencia, aquel se podía limitar. Ahora, el hecho
de que esos ajustes se hubieran dispuesto en proporción inferior a la inflación
causada en el año inmediatamente anterior no conlleva por sí mismo a la
vulneración de los derechos del actor, en razón a que, en la sentencia mencionada,
la Corte Constitucional consideró que este no era «el único parámetro que pueda
ser tenido en cuenta» para esos efectos.

Se agrega a lo anterior que, tal como lo sostuvo la entidad demandada, el único
competente para fijar el aumento de los salarios es el gobierno nacional, de manera
que no son las vinculadas a esta litis las que están llamadas a reconocer un valor
mayor del dispuesto por aquel, en virtud del artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

55. Por lo tanto, la Sala concluye que, los aumentos anuales practicados sobre la
asignación básica en actividad del demandante, fueron realizados conforme a la
normatividad aplicable, y de acuerdo con los principios constitucionales que prevén
el carácter móvil de toda remuneración de trabajo, razón por la cual, no le asiste el
derecho a obtener el ajuste solicitado, y, como consecuencia, tampoco tiene
derecho a la reliquidación de sus demás haberes laborales, ni de su asignación de
retiro.

56. Siendo así las cosas, es evidente que no le asiste vocación de prosperidad al
recurrente, motivo suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia, en
cuanto negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Sobre las condenas en costas

57. El criterio mayoritario de esta Sala acerca de la procedencia de condena en
costas y agencias en derecho, se orienta a establecer que, esta solo resulta
necesario si se encuentran reunidos los presupuestos exigidos en el artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del Código General del
Proceso.

58. En el caso de autos, no se observa que dichos presupuestos se encuentren
reunidos en ninguna de las instancias, toda vez que, la conducta procesal de las
partes refleja el ejercicio de sus derechos dentro de la controversia, en orden a
exponer y sostener las tesis que, cada una de ellas promueve.

59. En tal virtud, la Sala revocará el ordinal «SEGUNDO» de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, que condenó en costas a la parte accionante, y se
abstendrá de emitir condena por dicho concepto, en segunda instancia.

15

Número Interno: 0541-2026
Demandante: Fidias León Pérez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aeroespacial Colombiana y Otro

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR el ordinal «SEGUNDO» de la sentencia de Veintitrés (23) de
Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, para, en su lugar, ABSTENERSE de condenar en costas de primera
instancia.

SEGUNDO. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia Veintitrés (23) de Octubre de
Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que
negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada
Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

16

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.