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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2019-00040-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2019-00040-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de junio de 2021 proferida por Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda promovida por Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. 13 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez. 25 Interno: 4292-2023 Demandante: Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor. Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 88001-23-33-000-2019-00040-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

18 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 88001-23-33-000-2019-00040-01(4292-2023)
Demandante : Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional y Casur
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho- Ley 1437 de
2011
Tema : Reliquidación asignación salarial de retiro con fundamento
en la sentencia C-931 de 2004 de la corte constitucional
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 11 de junio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1.

1.1. Pretensiones.

Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
solicitar lo siguiente:

1
Samai-otras corporaciones-índice 002.

2

Interno: 4292-2023
Demandante: Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros

“PRIMERA: LA NULIDAD del Acto Administrativo contenido en el Oficio No.
5-2019- 017438/ANOPA-GRULI-1.10 del 02 ABR 3019, por medio del cual
la Policía Nacional, negó al actor la reliquidación (reajuste) de la asignación
mensual (haberes mensuales, Cesantías, indemnizaciones y demás
prestaciones sociales, en los meses de enero a diciembre del año 2004,
establecidos según el Decreto de 4158 de 2004; igualmente se negó el
reajuste a la asignación mensual (Salario) pagada por la entidad a partir del
mes de enero del año 2005 y hasta la fecha de su retiro de la Institución; no
teniendo en cuenta en dicha actuación, la pérdida del poder adquisitivo de
los salarios de los servidores públicos, Io anterior, tomando como ingreso
base de liquidación en la ESCALA GRADUAL PORCENTUAL, la Asignación
Básica (Sueldo Básico) del Grado de General de la Republica Ajustado con
el IPC dejado de percibir en el periodo comprendido entre los años 1992 a
2004.
SEGUNDA. Que, como consecuencia de la anterior declaración a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene reliquidar, reajustar y
pagar el incremento resultado de la diferencia entre la asignación mensual
(Salario) pagada por la entidad en los meses de enero a diciembre del año
2004, según lo establecido en el Decreto de 4158 de 2004, y la que
realmente corresponde por ajustes de actualización conforme a la inflación
causada del año 2003 y que afectaron el valor de la asignación básica
(sueldo básico) de un oficial en el grado de General o Almirante, el cual sirve
de referente para establecer de conformidad con la Escala Gradual
Porcentual, el sueldo básico de mi poderdante; téngase para dicho reajuste
el sueldo básico, los subsidios, las primas, las compensaciones y las
bonificaciones consagrados en las normas que regulan la materia, factores
computables como base de liquidación en la asignación mensual y demás
prestaciones sociales.
TERCERA: Igualmente, se ordene reliquidar, reajustar y pagar el incremento
resultado de la diferencia entre la asignación mensual (Salario) pagada por
la entidad a partir del mes de enero del año 2005 y hasta la fecha de retiro
de la Institución del actor, conforme a los decretos de salarios expedidos por
el Gobierno Nacional y la que realmente corresponde por ajustes de
actualización plena conforme a la inflación acumulada y causada entre los
años 1992 a 2004 y que afectaron el valor de la asignación básica (sueldo
básico) de un oficial en el grado de General o Almirante, el cual sirve de
referente para establecer de conformidad con la Escala Gradual Porcentual,
el sueldo básico de mi poderdante; téngase para dicho reajuste el sueldo
básico, los subsidios, las primas, las compensaciones y las bonificaciones
consagrados en las normas que regulan la materia, factores computables
como base de liquidación en la asignación mensual y demás prestaciones
sociales.
CUARTA. El reajuste e incremento resultado de los salarios y prestaciones
sociales, debe liquidarse y reflejarse ano por año, desde el año de 2004 con
los nuevos valores tomándose como referencia la diferencia indicada en los
numerales anteriores; además, de los ajustes posteriores a partir del año
2005 teniendo en cuenta, el ajuste que resulte más favorable para mi
prohijado, entre la inflación causada sobre la asignación básica (sueldo
básico) de un oficial en el grado de General o Almirante del ano
inmediatamente anterior y/o Io decretado por el Gobierno Nacional.
QUINTA: Solicito que una vez se realice el reconocimiento del incremento
resultado de las diferencias entre Io pagado y lo dejado de pagar por parte

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Interno: 4292-2023
Demandante: Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros

de la entidad Policía Nacional, se hagan las correcciones, adiciones o
modificaciones necesarias en la correspondiente Hoja de Servicios, donde
se evidencie el incremento por el ajuste real de la actualización plena de la
asignación básica (sueldo básico) de un oficial en el grado de General o
Almirante el cual sirve de referente para establecer de conformidad con la
Escala Gradual Porcentual, el sueldo básico y por consiguiente el salario de
mi poderdante.

SEXTA: Como consecuencia de Io anterior se ordene, además, el
reconocimiento, liquidación y pago del incremento resultado de las
diferencias entre Io pagado y lo dejado de pagar por parte de la entidad
Policía Nacional; y que corresponden, a los haberes mensuales, cesantías,
indemnizaciones y demás prestaciones sociales unitarias, que Ie fueron
reconocidas a mi poderdante en su vida laboral, sin realizarse en dichos
emolumentos la plena actualización al momento de la terminación laboral
que desempeñaba mi poderdante como miembro de Policía Nacional.
SEPTIMA: Adicionalmente, se haga el trámite ante la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional “CASUR” de dicho reconocimiento, con todas
las implicaciones que, en materia de seguridad social ello conlleva; con el
fin de que dicha corrección o modificación en la Hoja de Servicios, sea
reconocida y liquidada en la correspondiente Asignación de Retiro de mi
poderdante desde la fecha en que esta Ie fue reconocida por parte de dicha
entidad “CASUR”.

OCTAVA: Se declare la NULIDAD del Acto Administrativo contenido en el
Oficio No. E-00001-201910482-CASUR Id 429196, de fecha 2019-05-03,
por medio del cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía “CASUR” niega
la reliquidación (reajuste) de la asignación de retiro; no teniendo en cuenta
en dicha actuación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los
servidores públicos, Io anterior, tomando como ingreso base de liquidación
en la escala gradual porcentual, la Asignación Básica (Sueldo Básico) del
Grado de General de la República, Ajustada con el IPC dejado de percibir
en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004.

NOVENA: Que, como consecuencia de la anterior declaración a Título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene reliquidar, reajustar y
pagar el incremento resultado de la diferencia entre la asignación mensual
de retiro pagada por la entidad, conforme a los decretos de salarios
expedidos por el Gobierno Nacional y la que realmente corresponde por
ajustes de actualización plena conforme a la inflación acumulada y causada
entre los años 1992 a 2004 y que afectaron el valor de la asignación básica
(sueldo básico) de un oficial en el grado de General o Almirante, el cual sirve
de referente para establecer de conformidad con la Escala Gradual
Porcentual, el sueldo básico de mi poderdante; téngase para dicho reajuste
el sueldo básico, los subsidios, las primas, las compensaciones y las
bonificaciones consagrados en las normas que regulan la materia, factores
computables como base de Iiquidación en la asignación mensual y demás
prestaciones sociales.

DECIMA: CONDENAR a los demandados a pagar en forma actualizada
(indexación) las sumas adeudadas, desde el momento en que se causó el
derecho pretendido y hasta que se haga efectivo su pago total, de acuerdo
con la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado
por el DANE, con fundamento en el artículo 187 inciso 4 del C.P.A.C.A.
ONCE: Que a título de indemnización de perjuicios patrimoniales y

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Demandante: Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros

extrapatrimoniales, reconocer los perjuicios inmateriales en la modalidad de
daño moral y en consecuencia, sírvase condenar a los accionados a pagar
solidariamente, a favor de mi poderdante la cuantía equivalente a cien
salarios mínimos legales mensuales (100 S.M.L.M.V.); como consecuencia
de la aflicción, frustración y congoja del perjuicio que ha sufrido, al evidenciar
como meras ilusiones o promesas incumplidas la política económica y social
que tenía como finalidad solucionar la problemática salarial, prestacional y
de asignaciones de retiro o pensiones que vienen afrontando los miembros
de la Fuerza Publica

DOCE: Que a título de indemnización de perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales, reconocer los perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante y en consecuencia, sírvase condenar a los accionados a pagar
solidariamente, y a favor de mi poderdante sobre las sumas retenidas por la
Policía Nacional, desde el primero de enero de 2004 y hasta la fecha de
retiro de la institución, los intereses legales, conforme a lo establecido en el
Art. 1617 del Código Civil; daño que no es mera expectativa, sino que es un
daño real, por la certeza de la retención, reconocimiento y falta de pago
hecha por la accionada. Adicionalmente, sírvase condenar a los accionados
a pagar solidariamente, y a favor de mi poderdante sobre las sumas
retenidas, desde el 8 de octubre de 2018 y hasta la fecha de la providencia
que ponga fin a este proceso, los intereses moratorios, certificados por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

TRECE: Que a título de indemnización de perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales, reconocer los perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante y en consecuencia, sírvase condenar a la Policía Nacional a
pagar a favor de mi poderdante, la sanción moratoria, de que trata la Ley
244 de 1995 y el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, por el pago injustificado
y desactualizado de las cesantías definitivas de mi prohijado; liquidada
desde el momento del retiro o finalización del vínculo laboral y hasta la fecha
de la providencia que ponga fin a este proceso.

CATORCE: Que a título de indemnización de perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales, reconocer los perjuicios materiales en la modalidad de
daño emergente y en consecuencia, sírvase condenar a los accionados a
pagar solidariamente, y a favor de mi poderdante la cuantía equivalente al
veinticinco por ciento (25%) sobre el valor total de la sentencia que ponga
fin a la violación de los derechos acá indilgados, daño que no es mera
expectativa, sino que es un daño real, por la certeza de la negación hecha
por las accionada y ante la imposibilidad del demandante de acudir
directamente ante la Justicia para reclamar su derecho, lo que lo obligo a
contratar los servicios jurídicos profesionales con la finalidad de que Ie fuese
reconocido, pagado y con ello solucionar la problemática salarial,
prestacional y de asignaciones de retiro o pensiones que vienen afrontando.

QUINCE: ORDENAR a la demandada dar cumplimiento el fallo objeto del
presente proceso, dentro de los términos previstos en los artículos 189 a 195
del C.P.A.C.A.

DIECISEIS: Que se realicen las declaraciones Extra y Ultra petita que el
Tribunal, Ilegare a encontrar debidamente probadas dentro del proceso.

DIECISIETE: Que se condene y reconozcan los derechos y sumas de dinero
que el señor magistrado considere Extra y Ultra Petita, por tener la presente

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Interno: 4292-2023
Demandante: Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros

acción el carácter de seguridad social, ser prestaciones correspondientes
a un régimen especial y por ende no inferiores del régimen general.

DIECIOCHO: Se condene a los accionados a pagar las costas y agencias
en derecho del presente proceso”.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:

Indicó que, Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero ingresó a la Policía
Nacional, escalonándose como Oficial en el grado de Subteniente el 1 de
noviembre de 1989.

Destacó que, el 6 de enero de 2018 el demandante fue retirado del servicio
activo en el grado de teniente coronel de la Policía Nacional.

Refirió que, según se evidencia en la Hoja de Servicios 5260381 la policía
nacional le reconoce los emolumentos salariares.

Informó que, de conformidad con el documento anterior le fue reconocida la
asignación de retiro, la cual es cancelada por la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional “CASUR”. Sin embargo, “a la fecha, no se evidencia la
actualización plena ordenada por la Corte Constitucional”.

Señaló que, el 20 de febrero de 2019 el actor solicitó a la Policía Nacional le
reliquidara las diferencias entre la asignación mensual, salarios y prestaciones
sociales pagadas desde el primero de enero de 2004 hasta la fecha del retiro
de la Institución y las que realmente corresponden por ajustes de la
actualización plena, conforme a la inflación causada y acumulada entre los
años 1992 a 2004.

Sostuvo que, por oficio S-2019017438/ANOPA- GRULI-1.10 de 2 de abril de
2019, la entidad demandada le negó lo solicitado, argumentando que “…no
ha recibido Decreto alguno expedido por el Gobierno Nacional, que disponga
la reliquidación y reajuste de la asignación mensual con base en la inflación
causada, motivo por el cual, jurídicamente no es viable atender de manera
favorable su petición”. Decisión respecto de la cual no interpuso recurso; dado
que, el oficio se señaló la improcedencia de estos; por lo que, quedó agotada
la vía gubernativa.

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Demandante: Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros

Adujo que, La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional por Oficio E-
00001-201910A82-CASUR de 3 de mayo de 2019 que “no adeuda valor
alguno por el citado concepto, como tampoco es procedente atender
favorablemente la petición de reajuste de asignación mensual de retiro en los
términos de su solicitud”. Decisión, que no fue susceptible de los recursos de
ley.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

El actor invocó como infringidos los artículos 4, 48 inciso 6, 8, 10, 13 ibidem;
53 inciso; 318 inciso 3°; 218, 220, 230 y 373; Leyes 4 de 1992 y 1450 del 16
de junio de 2011 artículo 271.

Al desarrollar el concepto de violación adujo que, la entidad accionada no
tuvo en cuenta los mandatos del orden Constitucional y Legal; dado que,
indicó que los sueldos básicos para el personal uniformado y no uniformado
de la Policía Nacional, los fija anualmente el Gobierno Nacional de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992. Dicho
artículo ordenó al Gobierno Nacional establecer una escala gradual porcentual
para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza
Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2, que
ordena claramente que los salarios, prestaciones sociales, asignaciones de
retiro o pensiones, no se pueden desmejorar; y por lo tanto, deben mantener
el poder adquisitivo constante, mandato que se viola cuando el aumento se
hace por debajo de la inflación causada.

También, que la accionada desconoció la normatividad, en especial lo que
establece el artículo 2º de la Ley 4 de 1992, toda vez que no se podrán
desmejorar los salarios y prestaciones sociales entre otros, a los integrantes
de la Fuerza Pública. Asimismo, no tuvo en cuenta lo dicho por la Corte
Constitucional en Sentencia C931 de 2004, pues, existe un régimen especial,
que garantiza el respeto a los derechos adquiridos y que en ningún caso se
podrán desmejorar.

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Demandante: Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros

2. Contestación de la demanda.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional2, por intermedio de
apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones al señalar
que:

La entidad ha reajustado la prestación de conformidad con las disposiciones
que regulan la situación salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza
Pública y de Policía, en especial los Decretos de aumento anual expedidos
por el Gobierno Nacional, según los parámetros establecidos por el legislador,
lo cual en virtud del principio de oscilación se hace extensivo a las
asignaciones de retiro, como es el caso de la prestación que devenga el
demandante a partir del 11 de junio de 2016, por cuanto no existen
emolumentos a reconocer por parte de la Caja de Sueldos de retiro de la
Policía Nacional, en virtud del reajuste pretendido en el libelo; por lo que,
consideró que deben ser despachadas desfavorablemente.

Señaló que, se opone a la condena en costas, teniendo en cuenta que
al actor, la Entidad le canceló los haberes pertinentes conforme al decreto
que se encontraba vigente al momento de adquirir su derecho, junto a la
hoja de servicios expedida por la Policía Nacional; y con ocasión de ello,
fue reconocida su asignación de retiro; por lo tanto, CASUR siempre ha
estado presta al cabal cumplimiento de las normas legales pertinentes-
especiales, aplicables a las prestaciones de los retirados y sus
beneficiarios; y en tal sentido, considera que la parte demandada no ha
observado una conducta dilatoria o de mala fe; por lo que no, procede la
condena en costas, conforme lo establece el artículo 55 de la ley 446 de
1998, y lo estatuido en el artículo 188 del CPACA en concordancia con
el artículo 365 del CGP.

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional3, pidió se nieguen las
súplicas de la demandad, al argumentar que:

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Samai-otras corporaciones-índice 002.
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Samai-otras corporaciones-índice 002.

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La administración (Policía Nacional) durante el período en el cual el
demandante estuvo nominado en dicha institución, le liquidó y pagó los
salarios y demás prestaciones a las que tuvo derecho, conforme a lo
decretado o fijado en cada anualidad por el Gobierno Nacional; por lo tanto,
en la actualidad no le adeuda dinero alguno; y como consecuencia de ello, no
existe razón constitucional ni legal para decretar la nulidad de los actos
acusados ni para acceder a las infundadas pretensiones.

3. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Departamento de Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia proferida el 11 de junio de
2021, negó las pretensiones de la demandada, al estimar que4:

Si bien es cierto, el demandante hace un recuento detallado de la evolución
que ha tenido la normatividad y la jurisprudencia que rige esta materia,
ilustrando en los cuadros que se relacionan en el escrito de su demanda, la
Escala Gradual Porcentual que ha sido fijada mediante Decreto para liquidar
los sueldos básicos del personal de la Fuerza Pública, la proyección de los
factores salariales de un Ministro de Despacho, su asignación, actualización
y equivalencias, los haberes mensuales, viáticos y prima de instalación;
haberes mensuales - viáticos y prima de alojamiento en el exterior según el
grado; lo cierto es que, esta información no es suficiente para probar los
valores que manifiesta se le adeudan, pues no permite a ciencia cierta
determinar las diferencias y saldos a favor del actor.

Refirió que, según lo expuesto por el apoderado del señor Carpio Guerrero y
la información que contiene los documentos que fueron aportados para ser
tenidos como prueba dentro del presente proceso, se infiere lo siguiente:

Prueba de la diferencia dejada
Concepto Valor que indica el de pagar por la entidad y/o del
demandante se le adeuda pago recibido por la parte
interesada

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Demandante: Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero
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Salarios entre el 01-01- 51.832.228$ -
2004 al 30-11-2007

Salarios entre el 01-12- 144.356.650$ -
2007 al 30-11-2012

Salarios entre el 01-12- 207.155.994$ -
2012 al 06-01-2018

Asignación de retiro 94.398.590$ -

Precisó que, en la demanda, aun cuando se indica que el total de salarios
adeudados entre el (01/012004 y el 06/01/2018) corresponden a
$403.344.872, y respecto de la asignación de retiro $626.092.422, no obra
en el plenario prueba alguna de ello; dado que, solo se cuenta con la
información suministrada por el demandante en su escrito, quien se
encuentra en el deber procesal de allegarla, además, cualquier otra prueba
documental idónea que respalde sus pretensiones. Por consiguiente, no
puede hacerse una confrontación en este caso de los valores dejados de
pagar, con el incremento que legalmente corresponde para efectivamente
constatar la diferencia que se adeuda, y, por tanto, iteró que no existe prueba
de los pagos que mes a mes recibió el interesado por parte de la entidad, lo
que se acredita con los respectivos desprendibles de nómina.

Resaltó que, la copia del formato hoja de servicio aportado por el accionante,
además de ser poco legible, no es suficiente la información allí consignada
para que concluya que hay lugar a la reliquidación de la asignación de retiro
en los términos solicitados por Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero.

Señaló que, en la contestación de la demanda y en los actos demandados, la
entidad accionada indicó que a partir del reconocimiento de la asignación de
retiro y hasta la fecha, ha dado cumplimiento al incremento de esta
prestación, de conformidad con los Decretos expedidos por el Gobierno
Nacional que establecen la escala gradual porcentual; por consiguiente, no
se adeuda valor alguno por dicho concepto. Luego, advirtió que la presunción
de legalidad de los actos administrativos demandados en el asunto de la

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referencia, se encuentra incólume; y en razón de ello, negó las pretensiones
de la demanda.

Iteró que, sobre la eventual responsabilidad patrimonial del Estado en este
caso (pese a que ya fue determinado que no procede la nulidad de los actos
por falta de pruebas suficientes para reconocer el derecho al reajuste de la
asignación de retiro), consideró importante referirse respecto de los
supuestos daños y perjuicios ocasionados al actor y la solicitud de
indemnización que hace en la demanda así:

<<La responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra consagrada en el
inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que
establece lo siguiente: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de
las autoridades públicas.”

De acuerdo a lo anterior, surge un interrogante: ¿Es procedente la
indemnización de perjuicios con ocasión de la declaratoria de nulidad de un
acto administrativo como consecuencia de una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho?. >>

En tal sentido, sostuvo que esta Colegiatura ha dicho que la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho instaurada en contra de un acto administrativo
tiene dos efectos; por un lado, un efecto “erga omnes” (para todos) respecto
a la declaratoria de nulidad, y por otro lado, un efecto “inter partes” (para las
partes) en relación con las declaratorias de restablecimiento del derecho.

Frente a este último efecto, existen casos en los que procede además de la
nulidad del acto administrativo y el correspondiente restablecimiento del
derecho, la indemnización de los perjuicios con ocasión a la expedición del
acto demandado.

Para este caso, el Consejo de Estado sostiene que las condenas a título del
restablecimiento del derecho pueden ser de tipo indemnizatorio, como
cuando no es posible restablecer el derecho del demandante al estado
anterior de la expedición del acto administrativo, caso en el cual, el Estado

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Demandante: Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero
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deberá indemnizar los perjuicios causados, ya sea a título de daño emergente
o lucro cesante.

Sin embargo, en el presente asunto con la lectura de lo expuesto en el acápite
respectivo del libelo introductorio, advirtió que, el demandante se refiera a un
hecho causante y daño antijurídico que pareciera no provenir del acto
administrativos cuya declaratoria de nulidad se pretende. Es decir, observó
grosso modo que, “la pretensión encaminada al reconocimiento del pago
indemnizatorio, posiblemente no tiene su origen en la ilegalidad del acto sino,
en hechos y/u omisiones por parte del gobierno nacional, lo que podría
tornarse confuso y exigiría del Juez un estudio serio que permitiera establecer
con claridad la debida escogencia del medio de control y su procedencia en
el caso particular, pues ello NO depende de la discrecionalidad del
demandante sino del origen del perjuicio alegado”. Por lo que, invitó al actor,
que, en futuras demandas haga mejores precisiones sobre el tema.

4. Recurso de apelación.

Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero, inconforme con la decisión, interpuso
recurso de apelación, en el que solicitó sea revocar la decisión de primera
instancia, al precisar que5:

El a quo hizo un análisis contrario a la interpretación decantada por la Corte
Constitucional referente al presente asunto, pues empleó “una interpretación
normativa, sin tener en cuenta que ésta, resultaba contraria a los derechos y
principios consagrados en la Carta Fundamental, y al marco consagrado en
la sentencia C-931 de 2004, que refiere al ajuste y plena actualización de los
salarios de su prohijado mientras estuvo en servicio activo en la Policía
Nacional. Por lo tanto, basó la decisión en una norma o sentencia que, de
acuerdo con el principio de interpretación conforme a la Constitución, no
podría existir en nuestro ordenamiento”.

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Demandante: Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero
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También, que no es explicable la argumentación del trato discriminatorio que
aduce en el juez de primera instancia; dado que, lo solicitado “obedece al
trámite que ha de hacerse ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional “CASUR”, del reconocimiento con todas las implicaciones que, en
materia de seguridad social conlleva la actualización plena de los salarios en
actividad y que ha de ser reconocida y liquidada en la correspondiente
Asignación de Retiro de mi poderdante desde la fecha en que esta le fue
reconocida por parte de dicha entidad”.

Por otro lado, aseguró que no se tuvo en cuenta el acervo probatorio que se
aportó, contentivo de “pruebas necesarias, conducentes, pertinentes y útiles,
cuya finalidad es poder evidenciar, no solo la pérdida acumulada del poder
adquisitivo de los salarios, sino el incumpliendo de la actualización a partir del
año 2004 y subsiguientes, de dichos salarios teniendo en cuenta la inflación
causada y acumulada en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004”.

Por último, deprecó que se debe “aplicar el ajuste final de todos los salarios
de conformidad a la integración dentro del bloque de constitucionalidad, de la
Ley 54 de 1992, con la cual se incorporó el Convenio 95 de la OIT, en especial
el numeral 2 artículo 12, lo cual es concordante con el artículo 53 y 93 de la
Constitución Política”.

5. Alegatos de conclusión.

En auto del 22 de marzo de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 de la Ley
1437 de 2011, se prescindió de la etapa de alegaciones.

6. Concepto del Ministerio público

No hizo uso de esta oportunidad

II. CONSIDERACIONES

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2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La
Sala se pronunciará de los argumentos expuestos por el apelante.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si es procedente (i) el reajuste de la
asignación básica del actor “conforme a la inflación acumulada y causada
entre los años 1992 a 2004” y, en consecuencia, (ii) el reajuste de su
asignación de retiro.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados; 2.3.
Análisis del caso concreto; y 2.4. Condena de costas.

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial.

En principio, debe precisar la Sala que la Constitución Política, en el numeral
19 (letras e y f) del artículo 150, le asigna al Congreso de la República
competencia para dictar las normas generales, desde luego a través de leyes,
a las cuales debe sujetarse el Gobierno, entre otras materias, en punto a fijar
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros del
Congreso Nacional y de la fuerza pública, así como la regulación del régimen
de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. A su vez, los
artículos 217 y 218 de la norma superior contemplan que la ley determinará el
régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario propio de los
miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional.

En desarrollo de la citada competencia, el legislador expidió la Ley 4ª de 1992,
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y

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prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones […]», que, en lo
pertinente, establece:

Artículo 1. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y
prestacional de:

a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera
que sea su sector, denominación o régimen jurídico;

b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización
Electoral y la Contraloría General de la República;

c) Los miembros del Congreso Nacional, y

d) Los miembros de la Fuerza Pública [destaca la Sala].
[…]

Artículo 4. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el
artículo 2°. el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del
mes de enero 6 de cada año, modificará el sistema salarial
correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1º
literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones.
[…] (negrilla de la Sala).

Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional
establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración
del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con
los principios establecidos en el artículo 2º.

En ejercicio de la facultad conferida en las anteriores disposiciones, el
Gobierno nacional ha fijado anualmente los sueldos básicos para el personal
de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares7, a través de porcentajes
que son definidos para cada grado respecto de la asignación básica de un
general, que a su vez constituyen el referente para reajustar las asignaciones
de retiro que se reconocen a tales servidores en virtud del principio de
oscilación.

6
Frase tachada declarada inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-710 de 22 de septiembre de
1999, magistrado ponente doctor José Gregorio Hernández.
7
Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999,
2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de
2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012 y 1017 de 2013.

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Por otra parte, resulta menester precisar que el artículo 14 de la Ley 100 de
1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones», preceptuó que las pensiones debían ser reajustadas
«[…] de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual
del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior», con la finalidad de que mantuvieran su poder
adquisitivo constante.

De igual modo, el artículo 279 de la misma normativa previó:

Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas [negrillas fuera de texto].

Sin embargo, el Congreso de la República expidió la Ley 238 de 1995, por
medio de la cual adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, así:

Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no
implican negación de los beneficios y derechos determinados en los
artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí
contemplados.

Del anterior recuento normativo, se colige que el aumento de los sueldos del
personal uniformado de las fuerzas militares se fija anualmente por el
Gobierno nacional a través de decreto, mientras que el incremento de las
asignaciones de retiro que se reconoce a tales servidores se efectúa conforme
al principio de oscilación, que, en todo caso, no puede ser inferior al índice de
precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) para el año inmediatamente anterior, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 279 (parágrafo 4.º) de la Ley 100 de 1993,
empero, a partir de la interpretación jurisprudencial del Consejo de Estado al

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respecto 8 , dicho personal retirado contó con la posibilidad de que sus
asignaciones de retiro fueran ajustadas anualmente con la variación
porcentual del IPC, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993,
siempre y cuando resultara más favorable.
Esa posibilidad se mantuvo hasta la expedición de la Ley 923 de 30 de
diciembre de 2004, reglamentada a través del Decreto 4433 de 2004, por
medio del cual fue establecido el régimen pensional de asignación de retiro
de los miembros de la fuerza pública, normativa que impuso nuevamente de
manera expresa el sistema de ajuste anual de las prestaciones en retiro con
aplicación del principio de oscilación.

Dicho lo anterior, resulta evidente que, conforme a la interpretación que la
jurisprudencia ha desarrollado9, la Ley 238 de 1995, al referirse al artículo 14
de la Ley 100 de 1993, únicamente lo hizo respecto de los pensionados
excluidos de la aplicación del sistema integral de seguridad social (dentro de
los cuales se encuentran los pensionados de la fuerza pública); en
consecuencia, es dable concluir que su alcance y objetivos no tienen la
vocación de incidir en los ajustes anuales de salario alguno y, en específico,
no fijó ningún tipo de modificación al régimen salarial que cobija a los
miembros activos de las fuerzas militares y la Policía Nacional.

Por consiguiente, la Sala concluye que el reajuste del salario básico que
reciben los miembros activos de la fuerza pública sigue rigiéndose por los
decretos que para el efecto expida el Gobierno nacional, teniendo como
referente el salario señalado para el grado de general en actividad.

8
Sobre la tesis de aplicación de la Ley 238 de 1995, puede verse: Consejo de Estado, sala de lo contencioso -
administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 15 de noviembre de 2012, expediente
2500023250002010005111 01, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
9
Al respecto, entre otras, se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, sala de lo
contencioso - administrativo, sección segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, consejero ponente: Jaime
Moreno García, expediente 8464-05; sentencia de 9 de octubre de 2017, expediente 1865-16; sentencia de 8 de
febrero de 2018, consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández, expediente 0014-16, sentencia 5 de mayo de
2016, número interno: 1640-2012; sentencia 27 de enero de 2011, consejero ponente: Gustavo Gómez Aranguren,
número interno: 1479-2009; sentencia 4 de marzo de 2010, consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero,
número interno: 0479-2009.

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2.3. Hechos probados. En atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación,
se destaca10:

El 23 de octubre de 2017, la Policía Nacional expidió la hoja de servicios
5260381, por medio de la cual certifica que el señor Carpio Guerrero Pedro
Carlos Alberto, prestó sus servicios en dicha entidad por espacio de 30 años
7 meses, y 5 días, siendo desvinculado del servicio activo a partir del 6 de
enero de 2018.

Por Resolución 6842 de 20 de noviembre de 2017 el Director General de la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, dispuso: ARTÍCULO
PRIMERO: “Reconocer y ordenar pagar con cargo al presupuesto de esta
entidad asignación mensual de retiro al señor TC (r) CARPIO GUERRERO
PEDRO CARLOS ALBERTO identificado con cédula de ciudadanía No.
5260381, en cuantía equivalente al 95% del sueldo básico de actividad para
el grado y partidas legalmente computables, efectiva a partir del 06 de enero
de 2018…” ARTÍCULO SEGUNDO: Descontar el 5% mensual de la
prestación y las diferencias por aumentos en el primer mes que estos
ocurran, de conformidad con las normas legales (…)”.

El 20 de febrero de 2019, el actor solicitó la reliquidación y/o reajuste de la
asignación mensual con base en la inflación causada y no reconocida por la
entidad, en los haberes mensuales, cesantías, indemnizaciones y demás
prestaciones sociales.

El respuesta al pedimento anterior el Ministerio de Defensa Nacional Policía
Nacional indicó que: “los sueldos básicos para el personal uniformado y no
uniformado de la Policía Nacional, los fija anualmente el Gobierno Nacional
de conformidad con lo establecido en el Art. 13 de la Ley 4 de 1992, siendo
importante resaltar que la Policía Nacional a través del área de nómina del
personal activo, únicamente es competente para liquidar los haberes del

10
Samai-otras corporaciones-índice 002.

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personal en servicio activo, contemplados en los Decretos anuales de sueldo,
por consiguiente, no está facultada para realizar reconocimiento de salarios
y/o prestaciones que no estén establecidos en las disposiciones legales que
rigen la materia. (……) Siendo importante señalar que la Policía Nacional no
ha recibido Decreto alguno, expedido por el Gobierno Nacional que disponga
la reliquidación y reajuste de la asignación mensual con base en la inflación
causada, motivo por el cual jurídicamente no es viable atender de forma
favorable su petición.” (cursivas fuera del texto)

Nuevamente el actor presentó escrito rogando la concesión de la
reliquidación de la asignación de retiro, frente a lo cual la entidad demandada
respondió que: “revisado el expediente administrativo se pudo constatar que
le fue reconocida la asignación mensual de retiro a partir del 06-01-2018,
dando aplicación a lo preceptuado en la norma vigente a la fecha del retiro
con la cual se consolidó el derecho al reconocimiento de la prestación. Que
el Gobierno Nacional al expedir el Decreto anual de incremento del sueldo
para la fuerza pública, ha establecido los parámetros que rigen los reajustes
de los salarios dando aplicación a la escala gradual porcentual contemplada
en las normas especiales que han regulado la materia y que la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, toda vez que dichos reajustes se
fundamentan en el sistema prestacional de los miembros de la Fuerza
Pública, correspondiendo al Congreso de la República, mediante Ley,
modificar los parámetros fijados para el aumento de las asignaciones de
retiro. Asimismo, y revisado su expediente administrativo, se constató que a
partir de la fecha del reconocimiento de su asignación de retiro y hasta la
presente la Caja de Sueldos de Retiro ha incrementado la prestación de
conformidad con los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional que
establecen la Escala Gradual Porcentual. Por lo anterior, la Entidad no
adeuda valor alguno por el citado concepto, como tampoco es procedente
atender favorablemente la petición de reajuste de asignación mensual de
retiro en los términos de su solicitud”.

2.4. Caso concreto

19

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De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que el demandante
(i) prestó sus servicios a la Policía Nacional por 30 años, 7 meses, y 5 días,
desde el 1 de noviembre de 1989 hasta el 6 de enero de 2018, y su último
grado fue el de Teniente Coronel; (ii) Casur le reconoció asignación de retiro,
a través de la Resolución 6842 de 20 de noviembre de 2017, con efectos
fiscales desde el 6 de enero de 2018, en cuantía del 95% del sueldo básico
de actividad correspondiente a su grado, más las partidas computables de
acuerdo con la ley; y (iii) mediante escrito de 20 de febrero de 2019 el actor
solicitó de la Policía Nacional el reajuste de la asignación mensual con base
en la inflación causada y no reconocida por la entidad, en los haberes
mensuales, cesantías, indemnizaciones y demás prestaciones sociales.

Analizados los argumentos planteados por el actor, observa la Sala que en el
presente asunto depreca el reajuste salarial y de la asignación de retiro, con
fundamento en lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-931
de 2004 11 , que estudió una demanda de inconstitucionalidad presentada
contra el artículo 2. ° de la Ley 848 de 200312, que dispone:

“Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio
de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004 una suma por
valor de: SETENTA Y SEIS BILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNMIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL
($76.647.602.221.850), según el detalle que se encuentra a continuación:
(…)”

Ahora bien, en esa oportunidad la Corte Constitucional realizó un análisis
concerniente al derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de los
servidores públicos, para lo cual sostuvo:

“A pesar de que la jurisprudencia ha dejado sentado que el derecho a
mantener el poder adquisitivo real del salario no es un derecho absoluto,
sino que antes bien por esencia es limitable, estas limitaciones deben
cumplir ciertas condiciones […], que evitan que el derecho se diluya en las
consideraciones relativas al principio de prevalencia del interés general.
Conforme a tales condicionamientos, (i) el derecho a obtener el reajuste
salarial de los servidores públicos que devengan bajos salarios es
“intangible”; (ii) en principio, el derecho de estos servidores al reajuste anual

11
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
12
«por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004», aplicable a los órganos que conforman el presupuesto general
de la Nación.

20

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implica que el aumento de su salario mantenga su poder adquisitivo real, por
lo cual el criterio de reajuste debe ser el del índice de inflación; (iii) los
servidores que devengan salarios medios o altos pueden ver limitado su
derecho en mayor o menor proporción, según el nivel salarial de cada uno.
En estos rangos, a mayor nivel salarial caben mayores limitaciones y
viceversa; (iv) el poder adquisitivo del salario de los servidores públicos que
devengan salarios medios o altos puede ser limitado pero no desconocido,
“de tal forma que no es dado dejar de reconocer algún porcentaje de
aumento salarial, en términos nominales, a dichos servidores”; (v). En los
salarios medios y altos “la limitación admisible debe respetar el principio de
progresividad de tal forma que a menor capacidad económica, menor sea el
grado de la limitación”, condición ésta que es importante para respetar el
derecho de los servidores que devengan salarios medios.

Confrontando la norma acusada con las anteriores condiciones que han sido
señaladas por la jurisprudencia, la Corte aprecia que el artículo acusado
respeta el carácter intangible del derecho al reajuste que tienen los
servidores públicos de bajos salarios, pues permite que haya un aumento
salarial equivalente a la inflación registrada durante 2003, para todos los
servidores públicos que devengan hasta dos salarios mínimos.

En cambio, en cuanto al derecho al reajuste salarial de los demás servidores
públicos, es decir aquellos que reciben salarios superiores a dos SLMM, la
Corte estima que la limitación introducida mediante el artículo 2° de la Ley
848 de 2003 no respeta las condiciones jurisprudencialmente deducidas que
hacen que tal limitación sea constitucionalmente aceptable.

En efecto, para esa clase de servidores no se reconoce en absoluto ningún
tipo de actualización salarial; además, todos quedan afectados por la misma
medida, de manera tal que la limitación no es proporcional al nivel salarial
en que se encuentra el servidor, ni progresiva en la medida en que el salario
sea mayor. La ley no distingue entre salarios medios y altos, desconociendo
los principios de proporcionalidad y progresividad, y haciendo más gravosa
la limitación para el grupo de los servidores que reciben salarios medios.

Por todo lo anterior la Corte concluye que, respecto de la limitación que se
aplica al derecho de los servidores de salarios medios y bajos a obtener el
reajuste de sus asignaciones, el medio utilizado por el legislador en esta
oportunidad no es constitucionalmente válido.

[…]

“4.2.2.2. El derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario no es
absoluto. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo real del
salario no es un derecho absoluto, como no lo es ningún derecho en un
Estado Social y Democrático. La conceptualización del derecho a mantener
el poder adquisitivo real del salario como derecho limitable es un desarrollo
específico de la doctrina según la cual los derechos, incluso los
fundamentales, no son absolutos, de lo que se deriva la posibilidad de
armonizarlos para asegurar en la práctica su ejercicio efectivo.”

[…]

21

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a. Existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores
públicos, a mantener el poder adquisitivo de sus salarios (artículo 53 y
concordantes, CP) y, por ende, a que se realicen ajustes anuales en
proporción igual o superior a la inflación causada en el año inmediatamente
anterior, sin que éste sea el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta.
En consecuencia, no puede haber una política permanente del Estado que
permita la disminución del poder adquisitivo del salario.

b. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario
no es un derecho absoluto. No obstante, no cualquier interés estatal justifica
su limitación. Sólo puede ser limitado para promover el fin
constitucionalmente imperioso de preservar la estabilidad macroeconómica
reduciendo el gasto en circunstancias de déficit fiscal y elevado
endeudamiento para no afectar el gasto público social (artículo 350, CP),
asegurando así la efectividad de la solidaridad como principio fundamental
del Estado Social de Derecho (artículo 1, CP), dentro de un contexto
económico que justifique la necesidad de la limitación (artículo 2, CP).

[…]

d. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los
servidores públicos a mantener el poder adquisitivo del salario sólo puede
afectar a aquellos que tengan un salario superior a los dos (2) salarios
mínimos legales mensuales. El derecho de tales servidores públicos puede
ser objeto de limitaciones, es decir, su salario podrá ser objeto de ajustes en
una proporción menor a la de la inflación causada en año 2003, siempre y
cuando se dé cumplimiento a los siguientes parámetros normativos:

• Las limitaciones de los ajustes salariales anuales deben respetar el
principio de progresividad por escalas salariales, de tal manera que quienes
perciban salarios más altos se vean sujetos a las mayores limitaciones y los
servidores ubicados en la escala salarial más alta definida por el Gobierno
sean quienes estén sometidos al grado más alto de limitación.

• En todo caso, para respetar el principio de proporcionalidad, las diferencias
en los ajustes entre escalas salariales deberán ser mínimas, y a ninguno de
los servidores públicos se le podrá afectar el núcleo esencial de ese derecho.

[…]”

De lo anterior, se colige que el derecho del trabajador a que su salario
mantenga el poder adquisitivo contenido en el artículo 53 de la Carta Política,
no es un concepto absoluto, sino que está ligado a la situación fiscal del país.
Con base en los principios de igualdad y solidaridad, el aumento del salario
de los servidores públicos puede limitarse debido a que son quienes tienen
mayor capacidad para soportarlo, sin que ello conlleve el desconocimiento de
los principios de proporcionalidad y de movilidad salarial.

22

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En consecuencia, la Corte declaró exequible el artículo controvertido, “(…) en
cuanto prevé un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación registrada
para el año 2003, a favor de aquellos servidores públicos que devengan hasta
dos salarios legales mínimos mensuales” (sic), pero lo condicionó a que el
Gobierno Nacional y el Congreso de la República “(…) al momento [de] definir
concretamente cuál será la limitación del derecho a mantener el poder
adquisitivo real de los salarios de los servidores públicos que devengan más
de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la vigencia
presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales
recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente
Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse
como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para
mantener, en los términos de esta providencia, actualizados los salarios de los
servidores públicos de ingresos medio o altos» (sic); y respeten «[…] el
derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo real de la
pensión, mediante su reajuste anual en los términos del artículo 53 y del último
inciso del artículo 48 de la Constitución Política. En consecuencia, para esos
propósitos el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, dentro de sus
competencias, si aun no lo han hecho, deberán efectuar las adiciones o
traslados presupuestales necesarios, antes de que expire la vigencia fiscal de
2004” (sic) (Destaca la Sala).

Ahora bien, como se dejó consignado en el acápite precedente, en razón al
régimen especial de las Fuerzas Militares, del que goza el actor, los aumentos
salariales se efectúan de acuerdo con lo que determine el Gobierno Nacional
en cada anualidad, por mandato expreso del artículo 13 de la Ley 4ª de 1992.

En cuanto al criterio fijado por la Corte Constitucional, resulta oportuno advertir
que el precitado fallo, como se dijo, estudió la constitucionalidad de la Ley 848
de 2003, por medio la cual se decretó el presupuesto de rentas y recursos de
capital para el 2004, por lo que no podría aplicarse siquiera a las vigencias
anteriores, como lo pretende el actor, máxime cuando para los períodos de
1992 a 2003 el Gobierno Nacional incrementó los salarios del personal
uniformado de las Fuerzas Militares, a través de los Decretos 335 de 1992, 25

23

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de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998,
62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002 y 3552 de 2003.

En todo caso, para las anualidades de 1992 a 2004, el aumento de su
asignación salarial, se insiste, debía efectuarse conforme a las cifras
porcentuales contempladas en los Decretos 4158 de 2004, 923 de 2005, 407
de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008 y 737 de 2009, expedidos por el
Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades conferidas por el Congreso
de la República, mediante la Ley 4ª de 1992.

Así las cosas, es advierte con claridad que en el asunto sub examine los
ajustes de las asignaciones salariales del actor se hicieron de conformidad
con lo determinado por el Gobierno Nacional, máxime cuando, dado su
régimen especial, el personal uniformado cuenta con otras prebendas
remunerativas, que les permite mantener el poder adquisitivo del dinero, razón
por la que no se encuentra desvirtuada la presunción de legalidad de los actos
administrativos acusados, toda vez que dichos aumentos tienen pleno
sustento constitucional y legal, por ende, tampoco es dable ordenar el reajuste
de su asignación de retiro.

Condena en costas.

Frente a la condena en costas, la Sala hace las siguientes manifestaciones:

El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:

“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho.
Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en
el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.”
(Resaltado por la Sala).

A su vez, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”

24

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No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida,
tenerse certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del proceso13.

En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe; y en tal sentido, la Sala no condena en
costas es esta instancia.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala confirma la sentencia de 11 de junio de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de junio de 2021 proferida por
Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda
promovida por Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

13
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado:
13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

25

Interno: 4292-2023
Demandante: Pedro Carlos Alberto Carpio Guerrero
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, por Secretaría, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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