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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-00-000-2019-00176-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-00-000-2019-00176-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional,
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

Tema: Reajuste de la asignación en actividad y de la asignación de retiro. Subtema
1. Índice de precios al consumidor.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 18 de abril de 2024, por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó
las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El accionante, quien es oficial retirado de la Policía Nacional, solicitó la nulidad de
los actos administrativos expedidos por esta entidad y por Casur, que le negaron el
reajuste de la asignación en actividad y el consecuente incremento de la asignación
de retiro. El Tribunal negó las súplicas de la demanda porque la competencia para
fijar los incrementos recae en el Gobierno nacional. Inconforme con esta decisión,
el demandante interpuso recurso de apelación. La Subsección confirmará el fallo
apelado.
2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Saul Torres Mojica, por conducto de apoderado judicial, formuló
demanda1 el 26 de marzo de 2019, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), de

1 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 127.

Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones

2. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio núm. S-
2018-057520/ANOPA-GRULI-1.10 del 25 de octubre de 2018, expedido por la
Policía Nacional, que le negó el reajuste de la asignación mensual, cesantías,
indemnizaciones y demás prestaciones sociales de enero a diciembre de 2004; y el
reajuste de la asignación mensual a partir de enero de 2005 y hasta su retiro.

3. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio núm. E-
00001-201824303-CASUR Id 376948 del 20 de noviembre de 2018, emitido por
Casur, que le negó el reajuste de su asignación de retiro.

4. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó reliquidar, reajustar y pagar el incremento de la diferencia entre la asignación
en actividad mensual pagada de enero a diciembre de 2004, y la que realmente
corresponde por los ajustes de actualización conforme a la inflación de 2003, que
afectó el valor de la asignación de un oficial de grado general o almirante, que le
sirve de referente. Pidió que, para ese efecto, se tuviera en cuenta el sueldo básico,
los subsidios, las primas, las compensaciones y bonificaciones, como factores
computables en la base de liquidación.

5. Asimismo, el accionante reclamó que se reliquidara, reajustara y pagara el
incremento de la diferencia entre la asignación mensual en actividad pagada por la
entidad a partir de 2005, y hasta la fecha de retiro, y la que realmente correspondía
por los ajustes de inflación acumulada, causada entre los años 1992 y 2004, que
afectaron el valor de la asignación de un oficial de grado general o almirante, que le
sirve de referente. Pidió que, para ese efecto, se tuviera en cuenta el sueldo básico,
los subsidios, las primas, las compensaciones y bonificaciones, como factores
computables en la base de liquidación.

6. Solicitó que el reajuste de los salarios y prestaciones se liquidara y reflejara
anualmente, desde el 2004 y que, a partir del 2005, se tuviera en cuenta el que le
resultara más favorable, entre la inflación causada sobre la asignación básica de un
oficial en el grado de general o almirante, del año inmediatamente anterior, y lo
decretado por el Gobierno nacional. Pidió que se realizaran las correcciones,
adiciones o modificaciones en la hoja de servicios; que se reconocieran las
diferencias entre lo pagado y lo dejado de pagar en haberes mensuales, cesantías,
indemnizaciones y demás prestaciones sociales unitarias; y que se efectuara el
trámite frente a las implicaciones en materia de seguridad social y la hoja de
servicios, para su inclusión en la asignación de retiro.

7. El accionante reclamó la reliquidación, reajuste y pago del incremento entre
la diferencia en la asignación de retiro pagada por la entidad y la que correspondía,
2

Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

como consecuencia la actualización plena de los salarios, derivada de la inflación
acumulada entre 1992 y 2004.

8. También solicitó la indexación de las sumas en los términos del artículo 187
del CPACA; 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por daño
moral; el pago de intereses legales y moratorios a título de lucro cesante; la sanción
moratoria de la Ley 244 de 1995; y el daño emergente. Finalmente, pidió el
cumplimiento de la sentencia, realizar las declaraciones extra y ultra petita; y
condenar a la demandada al pago de costas y agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

9. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

10. El señor Saul Torres Mojica ingresó a la Policía Nacional, el 1° de diciembre
de 1984, como oficial en el grado de subteniente.

11. La entidad expidió, el 19 de octubre de 2015, hoja de servicios en la que
constan los emolumentos salariales reconocidos a favor del accionante.

12. El actor, el 7 de enero de 2015, se retiró del servicio activo en el grado de
brigadier general. En consecuencia, se le reconoció asignación de retiro.

13. En criterio del actor, de conformidad con los decretos 324 y 330 de 2018, la
administración debió disponer la actualización plena ordenada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-931 de 2004.

14. El 5 de octubre de 2018, el señor Saul Torres Mojica le pidió a la Policía
Nacional la reliquidación, reconocimiento y diferencia entre la asignación mensual
en actividad y las prestaciones sociales pagadas desde enero de 2004 hasta la
fecha de retiro, y las que realmente le correspondían según la actualización plena
conforme a la inflación acumulada de los años 1992 a 2004.

15. Por otro lado, el 9 de octubre de 2018, el actor reclamó ante Casur la
reliquidación, reconocimiento y diferencia entre la asignación mensual reconocida y
a la que tenía derecho, según la actualización plena conforme la inflación
acumulada de los años 1992 a 2004.

16. La Policía Nacional expidió el Oficio núm. S-2018-057520/ANOPA-GRULI-
1.10 del 25 de octubre de 2018, que le negó lo pedido.

17. Por su parte, Casur emitió el Oficio núm. E-00001-201824303-CASUR Id
376948 del 20 de noviembre de 2018, en el que igualmente negó lo reclamado.

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Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

18. El demandante citó como normas vulneradas: la Constitución Política,
artículos 4; 48, incisos 6, 8, 10 y 13; 53, incisos 2, 3, 4 y 5; 218, inciso 3; 220; 230,
y 373; Ley 4ª de 1992, artículos 2 y 13; y Ley 1450 de 2011, artículo 271.

19. Planteó como cargo de nulidad la violación directa de la Constitución Política
y la ley. Adujo que el valor de los salarios y prestaciones debía conservar el poder
adquisitivo. Así, sostuvo que se desconocía un mandato constitucional, al
aumentarse las asignaciones en actividad y las asignaciones de retiro por debajo
de la inflación.

20. Asimismo, en criterio del actor, no se tuvo en cuenta la asignación básica de
un general de la República, y que el reajuste reclamado está regido por el principio
de oscilación. Puntualmente, el accionante sostuvo que entre 1992 y 2004 las
asignaciones se vieron disminuidas al ajustarse con índices menores a la inflación.
A su vez, a partir de 2005 existe una desactualización que pasa por alto los
mandatos constitucionales.

21. En línea con esto, el accionante expresó que se desconocieron los derechos
adquiridos, pese a que la Corte Constitucional ordenó la actualización en la
sentencia C-931 de 2004. Por ende, se produjo una desmejora salarial y
prestacional, en contravía de la Ley 4ª de 1992.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional

22. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por conducto de
apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el
régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública debía ser fijado
exclusivamente por el Gobierno nacional, con fundamento en la Ley 4 de 1992.
Explicó que el reajuste de las asignaciones de retiro se regía por el principio de
oscilación, conforme al cual estas debían incrementarse en el mismo porcentaje en
que aumentaran las asignaciones del personal en servicio activo, sin que fuera
procedente aplicar fórmulas propias de otros sectores, como el índice de precios al
consumidor.

23. Señaló que ese principio fue recogido en la Ley 923 de 2004 y en el artículo
42 del Decreto 4433 de 2004, y que tenía por finalidad preservar la igualdad entre
el personal activo y retirado de la Fuerza Pública. Agregó que, entre 1997 y 2007,
el demandante permaneció en servicio activo y recibió los incrementos salariales
establecidos anualmente por el Gobierno nacional, por lo que la institución carecía
de competencia para reconocer salarios o prestaciones distintos de los previstos en
los decretos que regulaban su régimen especial.

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Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

24. Finalmente, afirmó que la sentencia constitucional invocada por el actor no
produjo efectos jurídicos respecto de los decretos salariales expedidos antes de
2004 ni autorizó directamente la reliquidación reclamada. Por ello, consideró que el
acto administrativo demandado fue expedido por la autoridad competente, conforme
al ordenamiento jurídico y sin falsa motivación, desviación de poder o irregularidad,
razón por la cual solicitó negar la totalidad de las pretensiones. Planteó, como
excepciones «presunción de los actos acusados»; «inexistencia de la obligación»,
y «cobro de lo no debido»2.

2.2.2. Casur

25. Casur, por conducto de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la
demanda. Señaló que carecía de legitimación en la causa por pasiva frente a las
reclamaciones relacionadas con los salarios, emolumentos y reajustes
correspondientes al periodo en que el demandante permaneció en servicio activo,
pues tales asuntos eran atribuibles a la Policía Nacional. Añadió que tampoco
procedía el reconocimiento de los perjuicios reclamados, porque no fueron
acreditados ni se demostró un nexo causal con su actuación.

26. Sostuvo que la asignación mensual de retiro fue reconocida a partir del 7 de
enero de 2016 y se liquidó conforme al régimen especial aplicable a los miembros
de la Policía Nacional. Desde entonces, afirmó que la prestación había sido
reajustada anualmente mediante el principio de oscilación y de acuerdo con los
decretos expedidos por el Gobierno nacional. Por ello, consideró improcedente
aplicar el IPC a los años 1992 a 2004, periodo durante el cual el actor se encontraba
en servicio activo, así como acudir a normas generales sobre pensiones de
jubilación, pues estas no regulaban las asignaciones de retiro y su aplicación
desconocería el principio de inescindibilidad del régimen especial.

27. Finalmente, como excepciones, propuso la «inexistencia del derecho», la
«indebida escogencia de la acción», la «falta de fundamento jurídico de las
pretensiones», la «violación del principio de inescindibilidad», la «falta de
legitimación en la causa por pasiva», la «prescripción de las mesadas» y la
excepción genérica. En subsidio, solicitó que, si se reconocía algún derecho, se
declararan prescritos los reajustes anteriores al periodo permitido por la ley,
teniendo en cuenta que la petición fue presentada en 2018. Asimismo, pidió que no
se condenara en costas a la entidad, por no encontrarse acreditada su causación3.

2.3. Sentencia de primera instancia

28. El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del 18 de abril de 20244,
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas, con
fundamento en los siguientes argumentos.

2 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 156.
3 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 165.
4 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 209.

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Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
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Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

29. Como fundamento de la decisión, el Tribunal concluyó que el señor Saul
Torres Mojica no tenía derecho al reajuste de la asignación básica devengada
durante el servicio activo con base en la variación del índice de precios al
consumidor entre 1992 y 2004 ni a la reliquidación de la asignación de retiro
reconocida a partir de 2016. Explicó que los miembros de la Fuerza Pública estaban
sujetos a un régimen salarial y prestacional especial, por lo que los incrementos de
sus asignaciones básicas debían ajustarse a los porcentajes fijados anualmente por
el Gobierno nacional, sin que fuera procedente sustituir este sistema por la
actualización conforme al IPC.

30. Lo anterior, dado que la controversia consistió en determinar si, por haber
ostentado el grado de brigadier general al momento de su retiro, el demandante
tenía derecho al reajuste, con base en el IPC acumulado entre 1992 y 2004, de la
asignación básica que devengó en servicio activo, tomando como referencia la
correspondiente al grado de general. Asimismo, debía establecerse si ese
incremento debía proyectarse sobre la asignación de retiro reconocida por Casur.
El actor afirmó que la falta de actualización había ocasionado la pérdida de poder
adquisitivo de su remuneración y desconocido lo dispuesto en la Sentencia C-931
de 2004.

31. Para resolver la controversia, el Tribunal explicó que la Constitución Política
y la Ley 4 de 1992 atribuyeron al Gobierno nacional la competencia para fijar,
mediante decretos anuales, el régimen salarial y prestacional de los miembros de la
Fuerza Pública. Agregó que el Decreto 107 de 1996 estableció una escala gradual
porcentual para los oficiales, suboficiales y demás integrantes de la institución,
calculada con base en la asignación básica correspondiente al grado de general.
Asimismo, precisó que, si bien entre 1996 y 2004 la jurisprudencia admitió la
aplicación del principio de favorabilidad cuando el incremento fijado para el personal
activo era inferior a la variación del IPC, a partir del 1.º de enero de 2005, el Decreto
4433 de 2004 dispuso que las asignaciones de retiro se reajustarían conforme al
principio de oscilación, es decir, en el mismo porcentaje en que aumentaran las
asignaciones del personal en servicio activo.

32. Con fundamento en las pruebas, el Tribunal tuvo por acreditado que el actor
ingresó a la Policía Nacional en [1984], ascendió al grado de brigadier general y se
retiró del servicio por solicitud propia el 7 de octubre de 2015. Asimismo, constató
que Casur, mediante la Resolución 9600 del 1.º de diciembre de 2015, le reconoció,
con efectos a partir del 7 de enero de 2016, una asignación mensual de retiro
equivalente al 95 % del sueldo básico y de las demás partidas legalmente
computables.

33. Del análisis de esos documentos, de los actos administrativos demandados
y de los decretos salariales aplicables, en particular el Decreto 1028 de 2015,
concluyó que la asignación básica devengada en servicio activo se liquidó conforme
a la escala gradual porcentual y a los incrementos fijados por el Gobierno nacional.

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Por ello, descartó la existencia de una base salarial distinta que debiera incorporarse
en la hoja de servicios y proyectarse sobre la asignación de retiro.

34. El Tribunal explicó que la asignación de retiro se liquidaba una sola vez, con
base en el salario y las partidas computables vigentes al momento de su
reconocimiento, y que posteriormente se reajustaba conforme al principio de
oscilación. Como el derecho del demandante se causó en 2015 y se hizo efectivo
en 2016, concluyó que debía regirse por la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de
2004, y no por una actualización retroactiva con base en la variación del IPC entre
1992 y 2004. En consecuencia, negó el reajuste de la asignación básica, la
reliquidación de la asignación de retiro y las demás pretensiones, incluido el
reconocimiento de perjuicios extrapatrimoniales.

35. Finalmente, el Tribunal no condenó en costas, porque no se acreditó su
causación ni una conducta temeraria, de mala fe o dilatoria del demandante.

2.4. Recurso de apelación

36. El accionante, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, al considerar que el Tribunal
desconoció precedentes constitucionales y contenciosos-administrativos aplicables
al régimen salarial y prestacional de la Fuerza Pública, con sustento en los
siguientes argumentos.

37. Sostuvo que la Sentencia C-931 de 2004 impuso al Gobierno nacional y al
Congreso de la República el deber de reconocer la actualización plena del derecho
de los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo real de sus salarios.
Afirmó que ese mandato también cobijaba a los integrantes de la Fuerza Pública y
que su incumplimiento no podía justificarse en interpretaciones judiciales que
desconocieran la especial protección de sus derechos laborales y prestacionales.

38. Señaló que el sistema de oscilación de las asignaciones de retiro exigía
aplicar integralmente el régimen salarial de la Fuerza Pública. Para sustentar esa
postura, invocó la sentencia de unificación CE-SUJ2-015-19 del Consejo de Estado
y afirmó que la pérdida del poder adquisitivo sufrida entre 1992 y 2004 debía
reflejarse tanto en los salarios del personal activo como en las asignaciones de retiro
y pensiones.

39. Explicó que la Ley 4.ª de 1992 ordenó establecer una escala gradual
porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza
Pública. Según el recurrente, los decretos salariales fijaron la asignación básica del
grado de general o almirante con referencia a la asignación básica y los gastos de
representación de los ministros del despacho, parámetro que debía conservarse
para determinar los salarios de los demás grados.

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Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
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40. Alegó que el Gobierno nacional no mantuvo de manera uniforme esa
proporción y que, desde 1992, las variaciones de los factores salariales reconocidos
a los ministros ocasionaron una pérdida acumulada en la asignación básica de los
oficiales. Aclaró que la actualización reclamada no pretendía modificar la escala
gradual porcentual, sino aplicarla correctamente sobre una base salarial reajustada,
teniendo en cuenta las diferencias entre los incrementos decretados y la inflación
certificada por el DANE.

41. Con fundamento en los cálculos y tablas incorporados al recurso, estimó que
la pérdida acumulada entre 1992 y 2004 ascendió al 52,2543 %. Por ello, pidió
reconocer ese incremento sobre la asignación básica del brigadier general retirado
y trasladarlo a su asignación de retiro mediante el sistema de oscilación. También
solicitó inaplicar los decretos salariales expedidos desde 2004 que desconocieran
ese ajuste, declarar la nulidad del acto administrativo acusado, acceder a las
pretensiones de la demanda y dejar sin efecto la condena en costas.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

42. Mediante auto del 27 de agosto de 20245, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación. Además, prescindió del período para correr traslado a las
partes, por no existir pruebas por decretar en segunda instancia.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

43. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

44. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
debe resolver si ¿procede el reajuste de la asignación en actividad con el índice de
precios al consumidor y en consecuencia, el incremento de la asignación de retiro?

45. Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos:
3.3. Régimen salarial y prestacional de los integrantes de la Fuerza Pública; 3.4.
Hechos probados; y 3.5. Caso concreto.

5 Samai, índice 4.

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Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
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3.3. Régimen salarial y prestacional de los integrantes de la Fuerza Pública

46. El Congreso de la República y el presidente tienen una competencia
compartida en la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, los miembros del congreso y de la Fuerza Pública, acorde con el literal e)
del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política. En ejercicio de esta
función, el legislador expide las leyes marco, como la Ley 4 de 1992 6, que en el
artículo 13 dispone «en desarrollo de la presente Ley el Gobierno nacional
establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del
personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios
establecidos en el artículo 2», y el parágrafo indica «la nivelación de que trata el
presente artículo debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996».

47. Tal como lo explicó esta corporación en la sentencia del 23 de octubre de
20247, uno de los objetivos del legislador de 1992 al promulgar la Ley 4 de ese año
fue establecer una escala gradual porcentual para equiparar la remuneración de los
miembros activos y retirados de la Fuerza Pública. Con este propósito, se creó
temporalmente la prima de actualización, cuya vigencia se mantendría hasta
alcanzar dicha equiparación, lo cual se concretó con la expedición de los Decretos
335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995.

48. Así pues, el artículo 15 del Decreto 335 de 19928 estableció una prima de
actualización para los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y la Policía
Nacional en servicio activo. Dicha prima, calculada sobre la asignación básica en
los porcentajes señalados para cada grado, permanecería vigente hasta la
implementación de una escala salarial porcentual única para estas instituciones, con
el propósito de nivelar gradualmente la remuneración de sus miembros. La prima
de actualización representó una modificación gradual en las asignaciones de
actividad, que era computable para el reconocimiento de la asignación de retiro.

49. Posteriormente, el Decreto 107 de 1996, al desarrollar el artículo 13 de la Ley
4 de 1992, fijó la escala gradual porcentual para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública, y precisó
que «los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo
[primero] corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto
a la asignación básica del grado de General» (inc. 2, art. 1°.), así:

6 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la

fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política».
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 85001-23-33-000-2017-00260-02

(5695-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
8 «Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares,

Oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional y empleados públicos del Ministerio de Defensa, las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines,
Grumetes y Soldados, y se dictan otras disposiciones en materia salarial».

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Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

Oficiales
General 100%
Mayor general 90%
Brigadier general 80%
Coronel 60%
Teniente coronel 44.30%
Mayor 38.60%
Capitán 30.50%
Teniente 26.70%
Subteniente 23.70%
Suboficiales
Sargento mayor 26.40%
Sargento primero 22.60%
Sargento viceprimero 19.50%
Sargento segundo 17.40%
Cabo primero 16.40%
Cabo segundo 17.90%
Nivel Ejecutivo
Comisario 45.50%
Subcomisario 38.30%
Intendente 33.90%
Subintendente 26.40%
Patrullero 20.30%

[…]

Artículo 2o. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los
grados de General y Almirante, percibirán por todo concepto una asignación
mensual igual a la que devenguen los Ministros del Despacho como asignación
básica y gastos de representación, en todo tiempo, distribuida así: el cuarenta y
cinco por ciento (45%) como sueldo básico y el cincuenta y cinco por ciento (55%)
como prima de alto mando. Esta última no tendrá carácter salarial para ningún efecto
legal.

50. Posteriormente, el presidente expidió anualmente desde 1997 los decretos
salariales, y tomó como base el porcentaje de la asignación básica del grado de
general. De modo que, tal como se concluyó en la sentencia del 23 de octubre de
2024 «la asignación básica del personal de la Fuerza Pública está sujeta a los
decretos que anualmente expide el Gobierno nacional, en los que se fijan las pautas
para determinar el monto que devengarán sus miembros anualmente, así se impidió
recurrir a una fuente distinta para realizar el correspondiente incremento salarial,
puesto que, a partir del Decreto 107 de 1996, quedaron debidamente nivelados los
salarios de dicho personal»9.

51. Ahora bien, «las asignaciones básicas están sujetas a los decretos que
expide anualmente el gobierno nacional, los cuales constituyen única fuente para
realizar el incremento salarial, pues el artículo 10 [de la Ley 4 de 1992] estableció

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 85001-23-33-000-2017-00260-02

(5695-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

10

Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

expresamente que todo régimen salarial o prestacional que se establezca
desconociendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos
que dicte el Gobierno nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y
no creará derechos adquiridos»10.

52. Por otra parte, en lo que se refiere al reajuste de las pensiones, el artículo 14
de la Ley 100 de 1993 dispone que las pensiones de vejez, jubilación, invalidez o
de sobrevivientes, se reajustarán anualmente de oficio, el 1°. de enero de cada año,
según el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año
anterior. Esta norma se lee en consonancia con el parágrafo 4 del artículo 279 idem,
adicionado por el artículo 1°. de la Ley 238 de 1995, según el cual «las excepciones
consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y
derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados
de los sectores aquí contemplados», es decir, para los exceptuados del SGSSP,
como el caso de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional.

53. Así pues, a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995 los pensionados de
los sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993 tuvieron derecho al
reajuste de sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de
precios al consumidor, certificado por el DANE. Sin embargo, la Ley 923 de 2004
volvió a regular el principio de oscilación, así:

Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
[…]
3.13. El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del personal de
la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de
los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.

54. Por otra parte, el artículo 42 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004
establece que «las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el
presente decreto, se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las
asignaciones en actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro
o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente». En cuanto al
derecho al reajuste de la asignación de retiro con el principio de oscilación, la
jurisprudencia de esta corporación ha manifestado que11:

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2019-00849-

01 (7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
11 Al respecto, entre otras, se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, consejero ponente: Jaime
Moreno García, expediente 8464-05; sentencia de 9 de octubre de 2017, consejero ponente: William Hernández
Gómez, expediente 1865-16; sentencia de 8 de febrero de 2018, consejero ponente: Gabriel Valbuena
Hernández, expediente 0014-16, sentencia 5 de mayo de 2016, consejero ponente: William Hernández Gómez,
número interno: 1640-2012; sentencia 27 de enero de 2011, consejero ponente: Gustavo Gómez Aranguren,
número interno: 1479-2009; sentencia 4 de marzo de 2010, consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero,
número interno: 0479-2009.

11

Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de 1995 fecha
de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993 presentaron una modificación consistente en que a los pensionados de los
sectores allí contemplados, entre ellos los de las Fuerzas Militares y Policía
Nacional,12 en virtud del principio de favorabilidad13 y conforme a los artículos 14 y
142 de la Ley 100 de 1993 se les podía reajustar la asignación de retiro conforme al
índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior certificado por el
DANE y la mesada 14, respectivamente, siempre que el incremento realizado por el

Gobierno nacional en los Decretos anuales de las asignaciones en actividad de los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional sea inferior.

2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones
de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional conforme al
índice de precios al consumidor señalada en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 en
cada caso concreto aplica desde el año de 1996 hasta el 2004, toda vez que a partir
del 1.º de enero de 2005 se implementó nuevamente la aplicación del principio de
oscilación a través de la expedición del Decreto 4433 de 2004.

3.- El reajuste conforme al IPC, incide directamente en la base de la respectiva
prestación pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que a partir
del año 2005 se efectuaran sobre dicha prestación14.

55. Consecuentemente, la Subsección B ha concluido que «el reajuste conforme
con el IPC procede únicamente respecto de las asignaciones de retiro y pensiones,
pero no de las asignaciones básicas, en razón a que las leyes y decretos
reglamentarios no especificaron modificación alguna o disposición diferente de que
el gobierno nacional, a través de decretos, es el que establece el incremento de las
asignaciones básicas de los miembros de la Fuerza Pública»15.

3.4. Hechos probados

56. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala
encuentra acreditado lo siguiente:

57. Según el Formato Hoja de Servicio núm. 79370138 del 19 de octubre de
201916, expedido por el director general de la Policía Nacional, el señor Saul Torres
Mojica laboró en la entidad: (i) como cadete y alférez del 11 de enero de 1983 al 30
de noviembre de 1984; y (ii) como oficial del 1° de diciembre de 1984 al 7 de octubre
de 2015. Prestó sus servicios en total 33 años, 5 mes y 18 días, en el grado de
brigadier «BG» y fue dado de alta por tres meses, comprendidos del 7 de octubre
de 2015 al 7 de enero de 2016.

12 La Corte Constitucional en la sentencia C-432 de 2004 afirmó que la asignación de retiro se asimilaba a las

pensiones de vejez o de jubilación.
13 Frente a la aplicación del Decreto 1211 de 1990.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de octubre de 2017, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01350-01 (1865-2016), M.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de agosto de 2024, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2019-00849-01 (7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
16 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 69.

12

Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

58. El Ministerio de Defensa Nacional, mediante la Resolución núm. 1833 de 16
de septiembre de 201517, retiró del servicio activo de la Policía Nacional, por
solicitud propia, al brigadier Saul Torres Mojica.

59. Según las certificaciones emitidas por el tesorero de la Policía Nacional, el 6
de mayo de 2021, el señor Saul Torres Mojica percibió los siguientes salarios
(asignación básica) desde 2003 a 201518:

Año Salario
2003 $1.444.551,00
2004 $1.521.978,00
2005 $1.685.077,00
2006 $1.769.258,00
2007 $ 2.370.282,00
2008 $2.505.152,00
2009 $2.697.297,00
2010 $2.751.243,00
2011 $2.838.458,00
2012 $3.845.965,00
2013 $3.978.267,00
2014 $4.095.228,00
2015 $4.286.066,00
Tabla 1. Asignación de básica percibida entre 2003 a 2015.

60. El director general de Casur expidió la Resolución núm. 9600 del 1 de
diciembre de 201519, en la que le reconoció al señor Saul Torres Mojica asignación
mensual de retiro, en cuantía equivalente al 95% del sueldo básico en actividad para
el grado y partidas legalmente computables, efectiva a partir del 7 de enero de 2016.
En ese orden, la liquidación comprendió las siguientes partidas liquidables (2018)20:

Descripción de la partida Total
Doceava prima de navidad $1.133.533
Academia $1.036.373
Subsidio familiar $1.813.652
Prima de actividad $ 2.565.023
Sueldo básico $5.181.864
Prima de antigüedad $1.450.922
Gastos de representación $1.554.559
Total $14.735.926
% asignación 95%
Valor asignación $13.999.129
Tabla 2. Partidas para la asignación de retiro.

61. El señor Saul Torres Mojica, el 5 de octubre de 201821, reclamó a la Policía
Nacional el reajuste de su asignación mensual de enero a diciembre de 2004 y el
que realmente correspondía conforme a la inflación del 2003; pidió el pago de las

17 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 68.
18 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 88 a 113.
19 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 70.
20 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 114.
21 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 71.

13

Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
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diferencias salariales causadas por la inflación acumulada entre 1992 y 2004;
asimismo, exigió la corrección de la hoja de servicios y la reliquidación de las
prestaciones. Finalmente, solicitó efectuar los trámites frente a la seguridad social
para que la corrección de la hoja de servicios incidiera en la liquidación de la
asignación de retiro.

62. El 9 de octubre de 201822, el accionante le pidió a Casur el reajuste de su
asignación de retiro, como resultado del incremento de la asignación en actividad
conforme a la inflación causada entre 1992 y 2004; que se le pagaran las diferencias
y que se hicieran las correcciones que reflejaran la aludida actualización.

63. El jefe del Grupo de Liquidación de Nómina de la Dirección de Talento
Humano de la Policía Nacional expidió el Oficio núm. S-2018-057520/ANOPA-
GRULI-1.10 del 25 de octubre de 201823, que le negó lo pedido. Sostuvo que los
sueldos básicos del personal de las fuerzas militares los fija el Gobierno nacional y,
por ende, solo tiene competencia para liquidar estas erogaciones de conformidad
con los decretos anuales de sueldo. Señaló que la entidad no estaba facultada, en
ese sentido, para hacer reconocimientos fuera de la ley, y hasta el momento el
Gobierno no había dispuesto la modificación con la inflación causada.

64. Por su parte, el director general de Casur emitió el Oficio núm. E-00001-
201824303-CASUR Id 376948 del 20 de noviembre de 2018, que no atendió
favorablemente lo pedido. Indicó que al actor se le reconoció asignación de retiro a
partir de la normativa vigente y que los decretos anuales del Gobierno nacional han
previsto los parámetros que rigen el reajuste de los salarios, sin que esto se pueda
variar24.

3.5. Caso concreto

65. El accionante como oficial retirado, solicitó la nulidad de los oficios dictados
por la Policía Nacional y Casur, que le negaron el reajuste de su asignación mensual
de enero a diciembre de 2004, y a partir de enero de 2005, en adelante, y el
consecuente reajuste de la asignación de retiro reconocida en el año 2015.

66. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el
accionante no tiene derecho al reajuste de su asignación mensual con el índice de
precios al consumidor, dado que el monto de su salario era determinado por los
decretos dictados por el Gobierno nacional.

67. Inconforme con esta decisión, el accionante interpuso recurso de apelación
para lo cual alegó que tiene derecho al reajuste de los salarios y, por ende, el
reajuste de la asignación de retiro, al considerar que entre 1992 y 2004 perdió poder
adquisitivo por la indebida aplicación de la escala salarial de la Fuerza Pública.

22 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 75.
23 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 81.
24 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 82.

14

Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

Solicitó un incremento del 52,2543 %, con fundamento en la Sentencia C-931 de
2004 y pidió dejar sin efecto la condena en costas.

68. Ahora bien, con el objeto de resolver el problema jurídico, en el proceso se
acreditó que el señor Saul Torres Mojica fue integrante de la Policía Nacional25, se
retiró el 7 de octubre de 2015 como oficial, prestó sus servicios desde el 11 de enero
de 1983 al 7 de octubre de 2015, más los tres meses de alta26, y Casur, mediante
la Resolución núm. 9600 del 01 de diciembre de 201527, le reconoció una asignación
de retiro.

69. Igualmente, está demostrado que el actor solicitó el incremento de la
asignación en actividad28 y el reajuste de la asignación de retiro29. Sin embargo,
estas reclamaciones fueron negadas por la Policía Nacional y por Casur en los actos
administrativos demandados.

70. Bajo esta perspectiva, se resalta que la Corte Constitucional, en la sentencia
C-931 de 200430, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 2 de la Ley 848
de 200331, en los siguientes términos:

Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003 condicionado a
que el Gobierno y el Congreso, al momento definir concretamente cuál será la limitación
del derecho a mantener el poder adquisitivo real de los salarios de los servidores
públicos que devengan más de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la
vigencia presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales
recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente Sentencia. Es
decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse como ajustada a la
Constitución si incorpora las partidas necesarias para mantener, en los términos de esta
providencia, actualizados los salarios de los servidores públicos de ingresos medio o
altos.

En consecuencia, ORDENA al Gobierno nacional y al Congreso de la República que con
carácter urgente, si aún no lo ha hecho, dentro del ámbito de sus competencias, tomen
las medidas necesarias para realizar el pago de los reajustes salariales de todos los
servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la Nación, antes de
que expire la vigencia fiscal del año 2004. Para esos propósitos, deberán efectuarse las
adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire dicha vigencia
fiscal.

71. En dicha providencia, se consideró que ante la falta de un estatuto del trabajo
que defina el alcance del derecho a una remuneración mínima vital y móvil (art. 53
de la Carta Política), la Corte debía reiterar los criterios jurisprudenciales para

25 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 87.
26 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 69.
27 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 70.
28 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 71.
29 Expediente físico, 19001-23-00-005-2019-00176-00, C. Principal, folios 75.
30 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
31 «Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la

vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004».

15

Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
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Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

garantizar la actualización del salario de los servidores públicos. Esos criterios,
establecidos en la sentencia C-1017 de 200332, debían ser considerados por el
Gobierno y el Congreso en el marco de la ley anual de presupuesto, con el objetivo
de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar políticas estatales que
redujeran el salario real.

72. En este sentido, se determinó que los servidores públicos tienen derecho a
los ajustes salariales anuales en proporción a la inflación del año anterior. Sin
embargo, este derecho no es absoluto y puede ser limitado solo en casos de crisis
económica grave, cuando sea necesario para garantizar la estabilidad
macroeconómica y proteger el gasto público social.

73. De tal suerte que los servidores públicos que devengan hasta dos salarios
mínimos deben recibir el ajuste completo de su salario con base en la inflación, sin
excepciones. Para aquellos que ganan más de esta cantidad, pueden imponerse
restricciones, pero respetando la progresividad y proporcionalidad, de modo que las
mayores limitaciones afecten a los salarios más altos.

74. Por consiguiente, la Corte Constitucional estableció como criterio de decisión
que los servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a dos SMLMV
tenían derecho a mantener el poder adquisitivo de conformidad con el nivel de
inflación registrada en el año 2003. Sin embargo, el derecho a una remuneración
mínima vital y móvil, sí se podía limitar para los servidores que tenían un salario
superior a dos SMLMV, sin que se entendiera que era posible congelarlos. En
consecuencia, esta Subsección ha considerado que el Gobierno nacional, en el
caso de los servidores con mayores salarios, puede mantener el poder adquisitivo
de la remuneración con incrementos diferentes al IPC, y que por ese hecho no se
vulneran los derechos del actor, en los siguientes términos:

Así las cosas, considera la Sala que, ciertamente, la Constitución Política y la ley prevén
el deber de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, pero no
únicamente conforme con la variación porcentual del IPC o la inflación, pues el Gobierno
nacional, a través de los decretos que expide anualmente, puede acudir a otros
parámetros.

Como en el sub examine no se ha debatido que en las anualidades solicitadas se hubiese
disminuido el salario, sino que debía ser reajustado en los términos de la sentencia antes
mencionada, debe comprenderse que no se vulneró ese derecho y, como se desempeñó
como oficial de la Policía Nacional, al tenor de la misma sentencia, aquel se podía limitar.
Ahora, el hecho de que esos ajustes se hubieran dispuesto en proporción inferior a la
inflación causada en el año inmediatamente anterior no conlleva por sí mismo a la
vulneración de los derechos del actor, en razón a que, en la sentencia mencionada, la
Corte Constitucional consideró que este no es «el único parámetro que pueda ser tenido
en cuenta» para esos efectos33.

32 Magistrados ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa y Rodrigo Escobar Gil.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de agosto de 2024, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2019-00849-01 (7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

75. En conclusión, a partir del análisis de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el Gobierno nacional no tiene una facultad discrecional absoluta para
determinar los incrementos salariales anuales de los empleados públicos, pero
tampoco existe un derecho absoluto al ajuste salarial en el mismo porcentaje del
IPC para cada año, pues ello depende de la situación fiscal y de los ingresos del
servidor, de modo que a mayores ingresos sí es posible incrementar los salarios en
un porcentaje inferior al IPC, sin que, en todo caso, puedan ser congelados.

76. Ahora bien, en el asunto bajo estudio, el demandante reitera, en su recurso
de apelación, que su salario a partir del año 2004 se debió haber incrementado de
conformidad con la inflación acumulada con el fin de no generar la pérdida del poder
adquisitivo.

77. No obstante, a partir del análisis de la sentencia C-931 de 2004, se comparte
lo considerado por el Tribunal en cuanto a que la competencia para determinar los
incrementos salariales corresponde al Gobierno nacional. A lo cual debe agregarse
que el derecho al ajuste anual salarial no es absoluto, máxime cuando no se acredita
afectación a derechos fundamentales.

78. Es de anotar que en el caso puntual el actor percibió la asignación básica
incrementada por el ejecutivo para los años 2003 a 2015, sin que se observe que
sus salarios se congelaron. En concreto, de la información salarial extraída del
expediente, se advierte que el accionante percibió más de 2 SMLMV, lo que hacía
procedente un reajuste inferior, como se evidencia a continuación:

Año Salario 2 SMLMV
2003 $1.444.551,00 $664.000
2004 $1.521.978,00 $716.000
2005 $1.685.077,00 $763.000
2006 $1.769.258,00 $816.000
2007 $ 2.370.282,00 $867.400
2008 $2.505.152,00 $923.000
2009 $2.697.297,00 $993.800
2010 $2.751.243,00 $1.030.000
2011 $2.838.458,00 $1.071.200
2012 $3.845.965,00 $1.133.400
2013 $3.978.267,00 $1.179.000
2014 $4.095.228,00 $1.232.000
2015 $4.286.066,00 $1.288.700
Tabla 3. Cuadro comparativo asignación básica y dos salarios mínimos legales mensuales.

79. Por ello, es improcedente ordenar un incremento equivalente al IPC, en tanto
el artículo 10 de la Ley 4 de 1992 prevé que «todo régimen salarial o prestacional
que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley
o en los decretos que dicte el Gobierno nacional en desarrollo de la misma, carecerá
de todo efecto y no creará derechos adquiridos». Por ende, no se advierte que exista
un fundamento normativo que respalde la tesis del actor consistente en que su

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salario en actividad debe incrementarse en el mismo porcentaje del IPC, para que
a partir de ese aumento se reajuste la asignación de retiro.

80. Esta Subsección también ha considerado que la sentencia C-931 de 2004 no
puede ser aplicada de forma retroactiva, puesto que «para los períodos de 1992 a
2003 el Gobierno nacional incrementó los salarios del personal uniformado de las
Fuerzas Militares, a través de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994,
133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000,
2737 de 2001, 745 de 2002 y 3552 de 2003, en ejercicio de las facultades conferidas
por el Congreso de la República, mediante la Ley 4ª de 1992»34.

81. En este orden de ideas, lo dispuesto por el Tribunal se encuadra en los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004, según
las particularidades del caso. A su vez, no se desconoció el régimen especial de la
Fuerza Pública, en cambio, se estableció que los ajustes salariales respondieron a
los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional, en este caso a partir del
Decreto 4158 de 2004, en adelante.

82. En consecuencia, se estudió la procedencia del reajuste de acuerdo con lo
ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004. Así pues, no
se desconoció el carácter vinculante y los efectos del aludido fallo de
constitucionalidad, y el respeto por el precedente, ni se incurrió en una interpretación
restrictiva de los derechos.

83. Adicionalmente, se tiene que, en criterio del apelante, se deben inaplicar los
decretos salariales dictados por el Gobierno nacional, porque le causaron una
pérdida de la capacidad adquisitiva. No obstante, el juicio de legalidad que plantea
la parte actora, solamente con efectos para el presente proceso, no logra acreditar
que dichos decretos estén viciados de nulidad, ya que claramente la Corte
Constitucional determinó que para quienes devengaban más de 2 SMLMV, como
en su caso, en la calidad de oficial de la Policía Nacional, sí era posible establecer
un incremento salarial inferior al IPC.

84. A su vez, se destaca que la inaplicación de los decretos reglamentarios no
fue una pretensión de la demanda y tampoco resulta procedente una actualización
sistemática y estructural de todo el sistema salarial. Asimismo, esta Subsección ha
establecido que, aun en el evento que «la asignación básica y los gastos de
representación de un ministro de despacho durante los años 1992 a 2004 hubieran
sido reajustados por debajo del IPC, esto no genera el que se le pueda reajustar»
la pensión, dado que «aquellos eran servidores públicos activos y por tanto su
reajuste anual estaba supeditado a los decretos que sobre la materia el Gobierno

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2019-01408-01 (6060-2024), M.P. Jorge Portocarrero Banguera.

18

Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

nacional hubiera dictado cada año, no existiendo norma que impusiera el derecho
a que su reajuste fuera con base en el IPC»35.

85. En consecuencia, el accionante no tiene derecho a los incrementos en la
asignación en actividad y de retiro pedidos en la demanda, tal como lo ha
establecido la jurisprudencia de esta corporación de las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en las sentencias del 18 de julio 36, 22 de
agosto37, 4 de septiembre38, 23 de octubre de 202439, en el sentido que:

(i) Los incrementos salariales anuales son fijados de manera privativa por el
Gobierno nacional cada año, para desarrollar la competencia prevista en la Ley 4
de 1992, la cual en el artículo 10 prohíbe modificar la escala gradual porcentual;

(ii) dado que no hay lugar al incremento de las asignaciones en actividad desde
el año 2004, por sustracción de materia, es improcedente la reliquidación de la
asignación de retiro; y

(iii) para el personal retirado después del año 2004, la asignación de retiro no se
puede reajustar anualmente con el índice de precios al consumidor, toda vez que el
incremento con el IPC solo fue viable para las asignaciones de retiro causadas en
los años 1997 a 2004.

86. En virtud de lo anterior, se desestiman los reproches del recurso de
apelación. Así las cosas, la Subsección confirmará el fallo de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.

87. Finalmente, el apelante solicitó que se revocara la condena en costas que le
fue impuesta en primera instancia. Sin embargo, la Sala advierte que este reparo
carece congruencia con lo resuelto en la sentencia de primera instancia, pues el
Tribunal Administrativo del Cauca, en la providencia del 18 de abril de 2024, no
condenó en costas al demandante, pese a que fue la parte vencida. Así lo dispuso
el a quo:

De acuerdo con los parámetros legales, en razón a que dentro del sublite se niegan
las pretensiones de la demanda, la parte actora debería ser condenada al pago de
costas como vencida en el proceso; no obstante, atendiendo lo dispuesto en el
numeral 8.º ut supra y las previsiones jurisprudenciales aplicables, dado que en el
expediente no está justificada la causación de costas procesales ni se comprueba
temeridad o mala fe, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2019-01408-01 (6060-2024), M.P. Jorge Portocarrero Banguera.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 88001-23-33-000-2019-00040-

01(4292-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2019-00849-

01 (7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 25000 23 42 000 2021 00692 01

(6519-2023), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 85001 23 33 000 2017 00260 02

(5695–2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

19

Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

3.6. Conclusión

88. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no procede el reajuste de
la asignación en actividad y de retiro del señor Saul Torres Mojica con base en el
índice de precios al consumidor, toda vez que los incrementos salariales del
personal de la Policía Nacional han sido determinados de manera privativa por el
Gobierno nacional conforme a la Ley 4 de 1992.

4. Costas

89. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 40 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar a imponer dicha condena,
en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

90. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda,
de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

40 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 19001-23-00-000-2019-00176-01 (3426-2024)
Demandante: Saul Torres Mojica
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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